Sentencia CL-153-21 — Registro 15404
Resumen
Demanda Ordinaria Laboral para el pago de prestaciones laborales y demás indemnizaciones sociales, a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, vacaciones, décimo tercer mes, décimo cuarto mes en virtud de despido ilegal, injusto y discriminativo, se reconozca el vínculo laboral de empleado permanente, costas
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..." Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) se indican los conceptos de “…aplicación indebida e interpretación errónea y apreciación errónea de un medio de prueba”, modalidades de violación a la ley sustantiva incompatibles entre sí, que se deben formular en forma separada por la independencia de los cargos; b) en la formulación se cita como norma sustantiva infringida el artículo “…2 numeral 2, del Código del Trabajo Vigente…” disposición que carece de esa esa calidad. Conviene recordar que norma sustantiva, es aquella que establece derechos y obligaciones correlativos o los extinguen; c) el precepto autorizante resulta impreciso al omitirse el párrafo en que se encuentra contenido el concepto de la infracción; d) en la explicación se alude a los artículos 256 de la Constitución de la República y 679 disposiciones que en primer lugar no fueron relacionadas en la formulación y que dicho sea de paso, en la última no se establece a que ordenamiento corresponde; y, e) el desarrollo se realizan alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario.- 4.- Por lo expuesto en los numerales que anteceden, procede declarar no haber lugar al recurso de casación interpuesto en su primer y único motivo de casación formulado.-"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769, Numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil veintidós.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 17 de febrero del 2022, por el Abogado SAMUEL EDGARDO PACHECO VILLAFRANCA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, el señor ALLAN FABRICIO ORTEGA CONTRERAS, representado en juicio por la Abogada EDNA PATRICIA GONZALEZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria Laboral para el pago de prestaciones laborales y demás indemnizaciones sociales, a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, vacaciones, décimo tercer mes, décimo cuarto mes en virtud de despido ilegal, injusto y discriminativo, se reconozca el vínculo laboral de empleado permanente, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha 26 de mayo del 2016, por el señor ALLAN FABRICIO ORTEGA CONTRERAS, mayor de edad, casado, pasante de la carrera de Gerencia de Negocios, contra EL ESTADO DE HONDURAS por medio de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 22 de marzo del 2021, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 29 de octubre del 2020, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la demanda laboral para al pago de prestaciones laborales e indemnizaciones legales, pago de salarios caídos, reconozca el vínculo laboral de empleado permanente promovida por el señor ALLAN FABRICIO ORTEGA CONTRERAS, contra EL ESTADO DE HONDURAS por medio del PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, representado por el señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA, ambos generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; En consecuencia: 2) CONDENA: Al EL ESTADO DE HONDURAS a través del Procurador General de la Republica Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, a pagar al demandante ALLAN FABRICIO ORTEGA CONTRERAS, la cantidad CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON VEINTIDOS CENTAVOS (L. 46,222.22), cantidad distribuidas así: preaviso L. 11,666.67, auxilio de cesantía L. 11,666.67, auxilio de cesantía proporcional L. 5,833.33, vacaciones proporcionales L. 2,000.00, décimo tercer mes proporcional L. 10,027.78, décimo cuarto mes proporcional L. 5,027.78; Mas a título de daños y perjuicios al pago de los salarios dejados de percibir por los demandantes desde la fecha del despido hasta que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia condenatoria.- 3) Declara SIN LUGAR la excepción perentoria de prescripción de la acción interpuesta por el demandado.- 4) SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que comenzó a laborar el 1 de julio del 2014, desempeñándose en el puesto de Encargado de Compras en la Secretaría de Salud de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, devengando un salario mensual de L. 10,000.00 y un salario promedio de L.10, 666.66, siendo despedido en fecha en 31 de diciembre del 2015; en fecha 29 de diciembre del 2015, se le envió el oficio número 736-2015 RRHH-RSDC, en el cual se le notifica que en vista de la reducción presupuestaria que ha afectado la partida 12100, no podrán continuar con la relación de trabajo que mantenían con el demandante y que a partir del 31 de diciembre del 2015, cesan sus funciones y que no le renovarían el contrato, sin reconocerle el pago de sus prestaciones y demás indemnizaciones laborales que le pudieran corresponder, ya que tenía más de un año de trabajar en forma continua y permanente en esa institución, primero como Jefe de Servicios Generales y luego hasta el despido injusto de que fue objeto como encargado de compras, es decir que el vínculo laboral que le unía con el demandante era de carácter permanente por tal razón debe reconocérsele también el vínculo laboral permanente tal como lo establece el artículo 47 del Código del Trabajo en relación a que los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la Empresa, se consideraran como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese su termino de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que le dio origen o la materia del trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas, extremo este que se probara en el transcurso del Juicio; este despido dista de lo que establece el artículo 117 del Código del Trabajo en cuanto a que la parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo debe expresar por escrito el motivo que la mueve para tomar esa determinación al tenor del artículo 112 del mismo cuerpo de leyes que es el que señala cuales son las causas que facultan al patrono para dar por terminado el Contrato de trabajo sin responsabilidad de su parte, por lo tanto, la Secretaría de Salud le ha despedido sin ningún fundamento legal para dar por terminada la relación de trabajo en forma unilateral, violentándosele el derecho constitucional que garantiza la estabilidad de los trabajadores, las causas de separación y el derecho a elegir entre las indemnizaciones por despido injusto o a que se le reintegre a su trabajo con el reconocimiento de los salarios dejados de percibir; en ningún momento al demandante se le aplicaron los procedimientos que deben seguirse para poder despedir, es decir que se le violento el derecho de defensa, por lo que dicho despido se ajusta exclusivamente a las terminaciones injustas e ilegales de contratos individuales de trabajo al no saber cuáles son las causas o motivos de su despido; que al ser despedido sin causa justa también se le ha discriminado, ya que cuando fue despedido también despidieron a otros compañeros que tenían contratos firmados como el que el demandante firmó, y a estos compañeros les notificaron que serían nuevamente contratados a partir del 04 de enero del 2016 a excepción de él, violentando lo que establece el artículo 60 de la Constitución de la República en cuanto al derecho de igualdad que tienen todos los Hondureños, gozar de la adecuada protección contra todo acto de discriminación menoscabando el derecho al trabajo; dándose por agotada la vía administrativa sin llegar a un arreglo conciliatorio con la parte demandada.- 2. La parte demandada, EL ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que en los hechos de la demanda se narra que se suscribieron varios Contratos, lo que no menciona es que esos contratos son de Servicios Profesionales y Técnicos, pudiéndose apreciar claramente que los mismos son de diferentes fechas de terminación, igualmente contienen clausulas claras y concretas, en donde se fijan los parámetros de Legalidad Administrativa, con los cuales se rigen dichos Contratos, tal como se puede apreciar en la cláusula tercera la cual manifiesta, Validez y Vigencia del Contrato, el cual tendrá validez una vez suscrito por las partes contratantes y será aprobado mediante el acuerdo ministerial correspondiente, estará sujeto a la normativa del derecho administrativo vigente prestando el Contratista, además menciona en sus hechos que no hay expediente disciplinario en su contra por hechos contentivos de falta, cuando él sabe que hay informes de la Unidad de Gestión y Desarrollo del Recurso Humano y Jefatura Regional de estos hechos, y debido a que sus contratos tendrían fecha de expedición es que no se culminó con ellos, y la misma naturaleza de los mismos, además con el recorte de presupuesto para seguirlo contratando; se aprecia claramente en los Contratos de Servicios Profesionales y Técnicos, la disparidad de fechas de un Contrato a otro, también es preciso recalcar que aun así todos tienen el respaldo de la respectiva estructura presupuestaria, el cual es regulado siembre por los decretos legislativos que contienen la Aprobación Presupuestaria de los ejercicios Fiscales Correspondientes; que los Contratos y/o Acuerdos ministeriales objetos de estos contratos son documentos de orden Públicos, ya que una vez firmados por los titulares de la Secretaría respectiva son elevados a los respectivos Acuerdo Ministeriales, ya que la Ley General de la Administración Pública, en su artículo, 116 dice “LOS ACTOS DE LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA ADOPTARAN LA FORMA DE DECRETOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES O PROVIDENCIAS, SEGÚN SEA EL CASO PUES DE LO CONTRARIO EL MISMO SERIA NULO DE PLENO DERECHO, IGUAL LA MISMA LEY MANIFIESTA QUE LAS MOTIVACIONES EN ESTOS ACTOS SERÁ PROCEDIDA POR LA DESIGNACIÓN DE LA AUTORIDAD QUE LOS EMITE Y SEGUIDA POR LA FORMULA “ACUERDA”, CUANDO SON ACUERDOS IGUAL DICE LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES Y PROVIDENCIAS SERÁN FIRMADOS POR EL TITULAR DEL ÓRGANO QUE LOS EMITE Y AUTORIZADOS POR EL FUNCIONARIO QUE INDIQUEN LAS DISPOSICIONES LEGALES”.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha 29 de octubre del 2020, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la demanda laboral para al pago de prestaciones laborales e indemnizaciones legales, pago de salarios caídos, reconozca el vínculo laboral de empleado permanente promovida por el señor ALLAN FABRICIO ORTEGA CONTRERAS, contra EL ESTADO DE HONDURAS por medio del PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, representado por el señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA, ambos generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; En consecuencia: 2) CONDENA: Al EL ESTADO DE HONDURAS a través del Procurador General de la Republica Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, a pagar al demandante ALLAN FABRICIO ORTEGA CONTRERAS, la cantidad CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON VEINTIDOS CENTAVOS (L. 46,222.22), cantidad distribuidas así: preaviso L. 11,666.67, auxilio de cesantía L. 11,666.67, auxilio de cesantía proporcional L. 5,833.33, vacaciones proporcionales L. 2,000.00, décimo tercer mes proporcional L. 10,027.78, décimo cuarto mes proporcional L. 5,027.78; Mas a título de daños y perjuicios al pago de los salarios dejados de percibir por los demandantes desde la fecha del despido hasta que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia condenatoria.- 3) Declara SIN LUGAR la excepción perentoria de prescripción de la acción interpuesta por el demandado.- 4) SIN COSTAS…”. Bajo el criterio que del estudio y análisis de las pruebas en su conjunto estima procedente declarar con lugar la demanda de mérito en base a las circunstancias siguientes, que los contratos celebrados entre la Secretaría de Salud y el demandante bajo la denominación de Contratos de Servicios Profesionales y Técnicos va inserta una relación de trabajo la cual reúne los requisitos establecidos en el artículo 20 del Código del Trabajo, aunque la demandada de una manera disfrazada les dio una denominación distinta a un Contrato de Trabajo; en la relación laboral sostenida entre las partes hubo continuidad, nunca se interrumpió desde que inicio en fecha 1 de julio del año 2014 hasta que finalizo el 31 de diciembre del año 2015, la cual se prolongó mediante la celebración de varios contratos denominados Servicios Profesionales y Técnicos a término los cuales fueron prolongados por más de un año, las funciones desempeñadas por el demandante no requerían conocimientos especiales que justifiquen la celebración de un Contrato de Servicios Profesionales y Técnicos durante duro la relación laboral el demandante desempeñó los cargos de estadígrafo, con sede en Recursos Humanos, auxiliar administrativo y encargado de compras; que la parte demandada interpuso la excepción perentoria de prescripción de la acción basada en el hecho que entre la celebración de cada contrato hay un mes de interrupción, por ende se considera que procede declarar sin lugar la Excepción planteada por no ser cierto que entre la celebración de cada contrato exista un mes de interrupción pues al haber revisado minuciosamente cada contrato se observa que los mismos fueron celebrados continuamente a excepción del contrato celebrado en fecha 25 de agosto del 2014 con vigencia desde el 1 de octubre del 2014 al 31 de diciembre del 2014 y el contrato celebrado en fecha 2 de febrero del 2015, con vigencia del 2 de febrero del 2015 al 30 de abril del 2015, en el cual si bien es cierto existe un intervalo de un mes de receso también lo es que en esa fecha ninguna de las partes puso fin a la relación de trabajo, por lo que por el tracto sucesivo de la relación los mismos se consideraron celebrados por tiempo indefinido, naciendo de esa forma el derecho al demandante a ser considerado como empleado permanente.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha 22 de marzo del 2021, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas. Bajo el criterio que el demandante no requería de conocimientos técnicos o especiales a efecto de cumplir con la actividad de Encargado de Compras en las oficinas regionales, y aunque el demandado asevere que dicha contratación fue elevada a un Acuerdo Ministerial, lo cierto es que no corre agregado a la compulsa acuerdo de nombramiento del demandante para el cargo que desempeñaba; de ahí que se presume la existencia de una relación laboral sometida a la normativa del Código de Trabajo, sin perjuicio de la valoración de las probanzas que se incorporen al proceso; razón por la cual el Tribunal de Alzada no puede hacer un nuevo pronunciamiento al respecto; la parte demandada interpuso una excepción perentoria de prescripción argumentando que no existió continuidad laboral, debido a que los contratos tenían fechas de vigencia determinadas; sobre la continuidad y permanencia de la relación de trabajo objeto de este proceso, ya se estableció la misma en consideraciones precedentes, no obstante, habría que agregar que aunque se aprecia que de la revisión de los contratos resulta que existió un período de tiempo que no estuvo cubierto por los mismos, del 1 de enero al 2 de febrero del 2015; de conformidad con el artículo 52 del Código del Trabajo se considera que no hay interrupción, por consiguiente se tiene válida la continuidad de la relación, la cual finalizó en fecha 31 de diciembre del 2015, por lo que habiéndose interrumpido la prescripción, por la gestiones realizadas en vía administrativa, la demanda está presentada en tiempo y la excepción debe ser declarada sin lugar, tal como lo ha hecho la juzgadora de primera instancia; de la revisión de los autos es visto que la demanda fue presentada el 26 de mayo del 2016 y la sentencia definitiva se emitió el 29 de octubre del año 2020; que el oficio número 2603/2017 librado a la Unidad de Gestión de Desarrollo de Recursos Humanos de la Región Sanitaria de Cortés fue recibido por la representante procesal de la parte demandante el 16 de marzo del 2018, y es hasta el 13 de marzo del 2020, luego de haber librado varias veces dicho oficio, que se declara impracticable dicho medio de prueba; este acto de comunicación, en atención a los principios que rigen en la materia, debe diligenciarse lo más pronto posible a fin de que la decisión del órgano jurisdiccional se adopte en un plazo razonable como lo indica el artículo 80 de la Constitución y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, debiendo el juzgador garantizar la debida dirección del procedimiento de conformidad con lo establecido en el artículo 726 del Código de Trabajo. Por los actos que se ejecuten en la administración pública responden los servidores del Estado, así lo dispone artículo 321 de la Constitución de la República; y sí se infringe la Ley en perjuicio de los particulares, el servidor público será civil y solidariamente responsable junto con el Estado o con la institución estatal a cuyo servicio se encuentre, pudiendo éstos ejercer la acción de repetición contra el servidor responsable, en los casos de culpa o dolo, según lo establece el artículo 324 de la Constitución de la República; por lo que quedan los entes contralores del Estado en libertad de realizar las acciones legales que estimen necesarias contra el funcionario público que considere responsable de infringir la Ley. Por las razones de hecho y de derecho antes expresadas, se confirma la sentencia dictada en primera instancia.- 5. Mediante auto de fecha 29 de abril del 2021, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado SAMUEL EDGARDO PACHECO VILLAFRANCA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha 17 de febrero del 2022, compareció ante este Tribunal el Abogado SAMUEL EDGARDO PACHECO VILLAFRANCA, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 17 de febrero del 2022, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 13 de mayo del 2022, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por la Abogada EDNA PATRICIA GONZALEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- 1.- Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- 2.- Que el Abogado SAMUEL EDGARDO PACHECO VILLAFRANCA, en su condición de representante procesal de ESTADO DE HONDURAS, en un primer y único motivo de casación alega: “Acuso la Sentencia de fecha Veintinueve de Octubre del año Dos Mil Veinte emitida por el Juzgado de Letras de Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortes y el fallo de fecha Veintidós de Marzo del dos mil Veintiunos emitido por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, de ser violatoria la Ley Sustantiva de orden Nacional por aplicación indebida e interpretación errónea y apreciación errónea de un medio de prueba, y que se refiere al artículo 2 numeral 2, del Código del Trabajo Vigente, además que la parte demandada comprobó la justa causa que porque no se le suscribieron más contratos según el medio de prueba DOCUMENTALES como ser los CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS Y LOS ACUERDOS MINISTERIALES. NORMA SUSTANTIVA VIOLADAS: La norma sustantiva de orden nacional violada es al artículo 2 numeral 2, del Código del Trabajo Vigente. PRUEBA ERRONEAMENTE APRECIADA: El error de apreciación de prueba se refiere al que la Corte de Apelaciones de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, no consolido totalmente válidos, los CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS, elevados a sus Acuerdos respectivos. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para el quebrantamiento de las normas sustantivas violadas es el artículo 738 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el artículo 765 numeral 1, del Código del Trabajo. LA VIOLACION DE LA LEY SUSTANTIVA DE ORDEN NACIONAL POR APLICACIÓN INDEBIDA E INTERPRETACION ERRONEA LA EXPLICO DE LA SIGUIENTE MANERA: Que la Corte de Apelaciones de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, al dictar la Sentencia deviene en la obligación de aplicar las normas que regulan los aspectos debatidos en juicio, sin apartarse de los principios que informan al critica de la prueba, los hechos relevantes del proceso y la conducta procesal observada por las partes para poder proferir un fallo apegado a derecho; es evidente que las normas sustantivas invocadas fueron interpretadas erróneamente ya que la competencia es la pertenencia a un órgano, a un funcionario, o a un encargado del poder sobre la litis o un negocio determinado; naturalmente esta competencia es un requisito de validez del acto procesal en el que el poder encuentra su desarrollo.... Para señalar la competencia hay que tener en cuenta cinco factores principales, que son: 1) el objetivo; 2) el subjetivo; 3) el funcional, 4) el territorial; y 5) el de conexión, en este caso interesa el contenido del "factor objetivo" este factor se relaciona con el objeto del negocio, ya en cuanto a su naturaleza propi, o con respecto a su cuantía. El criterio derivado de la naturaleza del pleito se refiere al contenido especifico de la relación jurídica en litigio, o sea, a la naturaleza misma de la pretensión o pretensiones que el actor invoca en el petitum de la demanda con que se inicia el proceso judicial. Es importante mencionar que la competencia objetiva en materia de trabajo es especializada y para ello la norma 679 del Código de la materia de fija el conocimiento de los Juzgados del Trabajo: 1: De todas las controversias que surjan del contrato de trabajo, 2......y 5: De todos los demás asuntos que determine este Código, de manera pues, que si bien el objetivo de los procesos laborales, son las controversias jurídicas laborales con su valor económico, que los sujetos son los trabajadores y empleadores, no lo es menos que su competencia está circunscrita a lo que ya establece la Ley: controversias que surjan del Contrato d Trabajo.- Que de acuerdo al artículo 256 de la Constitución de la Republica, el régimen de Servicio Civil regula las relaciones de empleo y función pública que se establecen entre el Estado y sus servidores y de conformidad a lo prescrito por el articulo 2 numeral 2 del Código del Trabajo, EXCEPTÚA de su régimen de aplicación, a los empleados públicos nacionales, departamentales y municipales, señalando que las relaciones entre el Estado, el Departamento y el Municipio y sus servidores, se regirán por las Leyes del Servicio Civil que se expidan; se entiende por empleado público, aquel, cuyo puesto ha sido creado por la Constitución, la Ley. Decreto ejecutivo o acuerdo Municipal, con lo anteriormente expresado, está claramente demostrado que la jurisdicción del Trabajo, no es competente para conocer del reclamo laboral presentado por el demandante y se ratifica la aplicación indebida e interpretación errónea que la Corte de Apelaciones San Pedro Sula, departamento de Cortes, hace de la norma sustantiva violada al dictar la sentencia por la que en este acto se recurre. LA APRECIACION ERRONEA DE LA PRUEBA LA EXPLICO DE LA SIGUIENTE MANERA: Que la Corte de Apelaciones de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes hace apreciación errónea de MEDIOS DE PRUEBA QUE NO FUE VALORADO, ya que todo CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS aprobados y suscritos por el Estado de Honduras a través de los órganos competentes en nuestro caso la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud por intermedio de su Secretario de Estado TIENEN SUS REGULACIONES EN DIFERENTES ESTAMENTOS LEGALES, por consiguiente todo lo allí pactado tendrá consecuencias jurídicas estrictamente Administrativas que se resolverán en caso de conflictos en los Juzgados de lo Contencioso Administrativo, para el caso tenemos que: la Ley de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en su Artículos 1,manifiesta, Por la Presente Ley se regula la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo encargada de conocer de las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de carácter particular o general de la Administración Pública , sujetos al Derecho Administrativo. Artículo 2,..., b; Articulo 3, La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá también de: Artículo a) Las cuestiones referentes al cumplimiento, interpretación, resolución, rescisión y efectos de los Contratos regulados por la Ley de Contratación del Estado que hayan sido celebrados por cualquiera de los poderes del Estado, por Municipalidades y por Instituciones Autónomas y todo lo relativo a los Contratos de Servicios Profesionales o Técnicos que celebren los poderes del Estado. Precepto que se aplica sin discusión al CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS objetos de esta improcedente demanda y valedero para que se aplique la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.- También está claramente definido que el Demandante lo que suscribió fue un Contrato de Servicios Profesionales y Técnicos y con Clausulas claras y concretas y en donde expresamente establecidas las pautas y disposiciones de los mismos, tal y como se puede apreciar en la CLAUSULA TERCERA la cual manifiesta: VALIDEZ Y VIGENCIA, ESTE CONTRATO TENDRA VALIDEZ, UNA, VEZ, SUSCRITOS POR LAS PARTES Y SER APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL. Y ESTARA SOMETIDO A LA NORMATIVA DEL DERECHO ADMINISTRATIVO VIGENTE PRESTANDO SUS SERVICIOS PROFESIONALES A PARTIR DEL........ AL.........DEL AÑO...., igualmente la CLAUSULA OCTAVA dice: jurisdicción aplicable: Para dirimir las controversias que surjan de la aplicación de este Contrato, las partes se someten a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, por lo cual queda establecido que el mismo se regirá por el Derecho Administrativo.- En atención a lo anteriormente expresado es que consideramos, que la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copan, al dictar el fallo recurrido no hizo apreciación de una prueba que es válida por todas las razones de hecho y de derecho relacionadas, en consecuencia se produce la infracción de Ley por apreciación errónea de una prueba”.- 3.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) se indican los conceptos de “…aplicación indebida e interpretación errónea y apreciación errónea de un medio de prueba”, modalidades de violación a la ley sustantiva incompatibles entre sí, que se deben formular en forma separada por la independencia de los cargos; b) en la formulación se cita como norma sustantiva infringida el artículo “…2 numeral 2, del Código del Trabajo Vigente…” disposición que carece de esa esa calidad. Conviene recordar que norma sustantiva, es aquella que establece derechos y obligaciones correlativos o los extinguen; c) el precepto autorizante resulta impreciso al omitirse el párrafo en que se encuentra contenido el concepto de la infracción; d) en la explicación se alude a los artículos 256 de la Constitución de la República y 679 disposiciones que en primer lugar no fueron relacionadas en la formulación y que dicho sea de paso, en la última no se establece a que ordenamiento corresponde; y, e) el desarrollo se realizan alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario.- 4.- Por lo expuesto en los numerales que anteceden, procede declarar no haber lugar al recurso de casación interpuesto en su primer y único motivo de casación formulado.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 770, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación interpuesto en su primer y único motivo; 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. SECRETARIO DE LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los once días del mes noviembre del dos mil veintidós; certificación de la sentencia de fecha veintisiete de septiembre del dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Casación número CL 153-21.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
SECRETARIO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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