Sentencia CL-144-21 — Registro 14948
Resumen
..."Demanda Ordinaria Laboral para el reintegro al puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones por despido directo e injustificado, reconocimiento de la permanencia en el cargo de motorista mediante acuerdo en virtud de haberse desempeñado en el mismo puesto de trabajo de manera continua e ininterrumpida desde el día 5 de octubre del 2015 hasta la fecha, de conformidad con los artículos 24, 47, 48, y 52 del Código del Trabajo, reconocimiento de la relación laboral de forma indefinida al igual que el reconocimiento de la antigüedad en el cargo de motorista a partir de la firma del primer contrato es decir desde el día 5 de octubre del 2015, pago de la bonificación de vacaciones de los 2 últimos años (2016-2018) en virtud que el objeto de la naturaleza de su puesto de trabajo es permanente, pago de reajuste y nivelación de salarios de los 2 últimos años (2016-2018), en vista de realizar las mismas funciones, actividades y tareas asignadas a puestos de trabajo de trabajadores permanentes con base al numeral 3) del artículo 128 de la Constitución de la República, reconocimiento e inscripción al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) e Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) de acuerdo con el capítulo VI (seguridad social) de la Carta Magna y Ley Marco del Sistema de Protección Social, pago de salarios dejados de percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios, y aumentos de sueldo, y demás beneficios producidos al cargo durante el tiempo que dure el proceso, costas"...
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo 765 del Código del Trabajo en que encuentra comprendido el cargo; b) las normas que indica como violadas (Artículos 20 y 47 tercer párrafo del Código del Trabajo) no ostentan el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; c) no demuestra el error en que incurrió el Juzgador, debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos; y, d) formula alegatos propios de instancia.- IV. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación.- "...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los doce días del mes de mayo del año dos mil veintidós.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 4 de febrero del 2022, por el Abogado GABRIEL ALEJANDRO SORTO MENDOZA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, el señor JAMEY GERARDO ESPINAL REYES, representado en juicio por el señor SERGIO DANIEL ELVIR AMAYA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria Laboral para el reintegro al puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones por despido directo e injustificado, reconocimiento de la permanencia en el cargo de motorista mediante acuerdo en virtud de haberse desempeñado en el mismo puesto de trabajo de manera continua e ininterrumpida desde el día 5 de octubre del 2015 hasta la fecha, de conformidad con los artículos 24, 47, 48, y 52 del Código del Trabajo, reconocimiento de la relación laboral de forma indefinida al igual que el reconocimiento de la antigüedad en el cargo de motorista a partir de la firma del primer contrato es decir desde el día 5 de octubre del 2015, pago de la bonificación de vacaciones de los 2 últimos años (2016-2018) en virtud que el objeto de la naturaleza de su puesto de trabajo es permanente, pago de reajuste y nivelación de salarios de los 2 últimos años (2016-2018), en vista de realizar las mismas funciones, actividades y tareas asignadas a puestos de trabajo de trabajadores permanentes con base al numeral 3) del artículo 128 de la Constitución de la República, reconocimiento e inscripción al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) e Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) de acuerdo con el capítulo VI (seguridad social) de la Carta Magna y Ley Marco del Sistema de Protección Social, pago de salarios dejados de percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios, y aumentos de sueldo, y demás beneficios producidos al cargo durante el tiempo que dure el proceso, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 28 de septiembre del 2018, por el señor JAMEY GERARDO ESPINAL REYES, mayor de edad, hondureño, soltero, Motorista, de este domicilio, contra EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE ENERGIA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS (SERNA), a través de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 15 de diciembre del 2020, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que en su parte conducente, dice: “FALLA: I. DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado FRANCISCO ALBERTO ORDOÑEZ CATIVO como apoderado procesal del Estado de Honduras, por medio de la Secretaria de Estado en los Despachos de Derechos de Recursos Energía, Recursos Naturales y Ambiente.- II. REFORMAR DE OFICIO la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán; de fecha veintiuno (21) de octubre del dos mil diecinueve (2019), que corre agregada a la primera pieza de autos a folios 192 al 202 de los autos. – III.- CONFIRMAR: I. numeral 2), 3), 4), 5); II. numeral 2), 3), 4), 5) y III de la sentencia dictada.- IV. REVOCAR: I. numeral 1), 6); II numerales 6 de la sentencia dictada, los cuales se leerán así: I. 1) Declarar que la relación laboral del demandante JAMEY GERARDO ESPINAL REYES, con el estado de honduras es de carácter permanente, reconociéndole todos los derechos de empleado permanente que le corresponde desde que ingreso a laborar para la demandada en fecha 05 de octubre del 2015. 6) Declarar SIN LUGAR la inscripción del demandante señor JAMEY GERARDO ESPINAL REYES, en el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP). - II.- 1) Declarar que la relación laboral del demandante JAMEY GERARDO ESPINAL REYES, con el estado de honduras es de carácter permanente, reconociéndole todos los derechos de empleado permanente que le corresponde desde que ingreso a laborar para la demandada en fecha 05 de octubre del 2015. 6) Declarar SIN LUGAR la inscripción del demandante señor JAMEY GERARDO ESPINAL REYES, en el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP). V.-SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inició sus labores en la Secretaría de Estado en los Despachos de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (SERNA), el 5 de octubre del 2015, desempeñándose en el puesto de Motorista particularmente en la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, contratado bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios Personales; es de hacer énfasis que las personas que comparecían y firmaban siempre en estos contratos eran los señores José Antonio Galdames Fuentes en su condición de Secretario de Estado y Narciso Enrique Manzanares Rojas en su calidad de Secretario General; que desde su primer dia de labores hasta la fecha del despido, el demandante siempre fue contratado bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios Personales, y que lo único que cambiaba en los Contratos eran las fechas de la renovación; expresa que durante la relación de trabajo siempre se desarrolló de forma normal, es decir que no existieron lapsos de tiempo dejados de laborar, siempre trabajó de manera permanente, continua e ininterrumpida, además las funciones, actividades, tareas asignadas a su puesto de trabajo fueron las mismas siempre, no obstante el demandado pretende simular la relación de trabajo, con los Contratos Administrativos de Servicios Personales, porque le hacen llamar en los mismos el contratista y sus funciones asignadas como Motorista son meramente manuales y artesanales, y no técnicas o científicas, sin embargo dicho tipo de contratación administrativa de servicios personales violentan e infringen totalmente el derecho al Trabajo, consignado en la Declaración Americana de Derechos Humanos, e implica una negación a la estabilidad laboral y protección contra el desempleo, en ese sentido éste tipo de actuaciones efectuadas por el demandado, no pueden considerarse una conducta que como norma puede ser aceptada dentro de un Estado de Derecho; concluye que los Contratos Administrativos de Servicios Personales detallan las mismas funciones, actividades y tareas asignadas a su puesto de trabajo como Motorista, además se constata que cumplía con un período de prueba, horario y jornada de trabajo, salario mensual, exclusividad de labores, subordinación verbal y escrita del Jefe Inmediato y/o Superior Jerárquico, desempeño personal, deducciones legales, jornada extraordinaria y cotización al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), de igual modo gozaría del pago del décimo tercer mes de salario en concepto de aguinaldo, décimo cuarto mes de salario en concepto de compensación social y disfrute de Vacaciones, características que son propias e inherentes de un Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Indefinido e ilimitado, de conformidad con lo que se define en los artículos 19, 20, 24, 47, 48, y 52 del Código del Trabajo; el demandado jamás le hizo efectivo el pago de la bonificación de vacaciones, porque según las máximas autoridades no correspondían porque no era un empleado permanente, de igual modo nunca le inscribieron en el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), por lo tanto no pudo cotizar para poder beneficiarse del derecho de una jubilación o pensión, por tal razón solicitó al demandado que se le hiciera efectivo el pago de la bonificación de vacaciones de los 2 últimos años (2016-2018), porque es un derecho que le corresponde como trabajador en vista que el objeto de la naturaleza de su puesto de trabajo es permanente, tal y como lo determinan los artículos 19, 20, 24, 47, 48 y 52 del Código del Trabajo, también solicita que se le registre e inscriba inmediatamente en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) e Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), porque es un derecho que se encuentra elevado a rango Constitucional en comunión con la Ley Marco del Sistema de Protección Social, Régimen del Piso de Protección Social, Régimen del Seguro de Previsión Social, Régimen del Seguro de Atención de la Salud Régimen del Seguro de Riesgos Profesionales y Régimen del Seguro de Cobertura Laboral; el último salario mensual que devengó el demandante como Motorista en la Dirección de Recursos Hídricos fue por la cantidad de L. 10,317.00, pero existen otras personas como el señor Héctor Walter Nájera y Fernando Gonzáles, que se encuentran nombradas en el mismo puesto de trabajo desempeñando sus mismas funciones, actividades y tareas pero con la diferencia que ellos devengan salarios superiores por la cantidad de L.13,225.25 y L. 11,075.25, por consiguiente, solicita el pago del reajuste y nivelación de salario de los 2 últimos años (2016-2018), en virtud que esta nombrado en el mismo puesto de trabajo y desempeña las mismas funciones, actividades y tareas asignadas de trabajadores permanentes, de conformidad al artículo 128 numeral 3) de la Constitución de la República, además requiere que se le reconozca la antigüedad en el cargo a partir de la firma del primer Contrato Administrativo de Servicios Personales, desde el 5 de octubre del 2015, al mismo tiempo se reconozca la relación de trabajo de forma indefinida, porque su puesto de trabajo se encuentra comprendido dentro de la estructura organizativa de la institución; en fecha 31 de agosto del 2018 recibió una nota por parte del Sub Gerente de Recursos Humanos de la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente, cuyo contenido detallaba lo siguiente “por este medio y con suficientes facultades para realizar este acto, en nombre y representación de la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente se le notifica que su Contrato Administrativo de Servicios Personales, será suspendido el 31 de agosto del 2018 se da por cancelada le relaciòn laboral, lo anterior en aplicación a la Cláusula 8, numeral 12) del referido Contrato” tal nota contiene la terminación de su relación de trabajo resultando ser injusta, arbitraria e ilegal, porque no se estableció con precisión cual fue la causal o motivo del despido, de conformidad con los artículos 112 y 117 del Código del Trabajo, para que ésta Institución del Estado, tomará la determinación en despedirlo, por otra parte no le señalaron los artículos que violentó del marco jurídico nacional e internacional, en consecuencia el demandado ha infringido completamente el Principio Universal del Derecho de Defensa y Debido Proceso, contenidos en las Garantías y Derechos de la Constitución de la República, Convenios y Tratados Internacionales Ratificados y Adheridos por Honduras con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Declaración Universal de Derechos Humanos, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Convención Americana Sobre Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Código del Trabajo; finalmente expresó que presentó reclamo Administrativo ante la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social (STSS) para tratar de llegar a un arreglo conciliatorio sobre sus pretensiones, pero dichos intentos no fueron posibles en virtud que el demandado no compareció.- 2. La parte demandada, EL ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que
en materia laboral la carga probatoria se invierte solamente en cuanto a que le corresponde a la parte demandada probar la justa causa en que fundamentó el despido, hecho que no será controvertido en este juicio, debido a que el demandante en ningún momento fue objeto de despido directo, en consonancia a lo dispuesto en el artículo 2 numeral 2) del Código del Trabajo, no le son aplicables las disposiciones del Código del Trabajo, siendo las disposiciones legales aplicables al caso de mérito las que devienen del derecho administrativo y que normatizan la contratación del recurso humano como Ley de Servicio Civil, su Reglamento y demás normas administrativas, es por ello que considerando las necesidades del demandado contrató al demandante mediante un Contrato Administrativo de Servicios Personales, de forma temporal, el que se realizó aplicando los artículos 200, 201, 202 y subsiguientes del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, en el caso que hubiese surgido un conflicto entre las partes contratantes, el competente para dirimirlos era la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal como lo reza la décimo cláusula décimo primera del Contrato, y el artículo 3 numeral l) parte final de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, razón por la cual el demandante no puede solicitar un derecho subjetivo que no le pertenece y que no es competente para reconocer el Juzgado del Trabajo, al pretender sustentar el reclamo de derechos subjetivos que no se ostentan, puesto que fue contratado por periodos temporales y determinados, con fecha de inicio y finalización, no obstante suscribió su contrato bajo condiciones y cláusulas que rigen y limitan a las partes en cuanto a sus derechos y obligaciones; en consecuencia cualquier contratación de talento humano en la Administración Pública deviene de un Plan Operativo Anual (POA) y que exista la disponibilidad presupuestaria, es decir, debe sujetarse a las Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República para el Ejercicio Fiscal, el contrato se desprende y se sujeta al derecho administrativo, ya que su contratación deviene de una Secretaría de Estado, y por ende existe una obligatoriedad de la existencia de una estructura presupuestaria del cual provienen los fondos suficientes para su contratación, y en cumplimiento de esa norma en la Cláusula Quinta del referido Contrato, se establece la estructura presupuestaria bajo el Objeto del Gasto 12100, disposición esta que se sujeta a la normativa del artículo 117 párrafo primero de la estimación presupuestaria de Ingresos de la Administración Central para el Ejercicio Fiscal año 2015 y 2016, artículo 127 párrafo primero de las Disposiciones Generales del Presupuesto que literalmente disponen “la contratación de personal con cargo al Objeto Especifico del Gasto, 12100 Sueldos Básicos (Personal No Permanente) se debe de realizar en casos excepcionales bajo la responsabilidad del titular de cada institución, siempre y cuando el personal a contratar figure en el Plan Operativo Anual (POA) y que exista la disponibilidad presupuestaria, en estricta observancia del artìculo 203 de la Ley de Servicio Civil, ... lo anterior es de aplicación para los recursos provenientes del Tesoro Nacional” por lo que el derecho subjetivo reclamado no se ampara bajo la tutela del Código de Trabajo; en cuanto a que el demandante quiere hacer ver que el Contrato Administrativo de Servicios Personales de forma temporal, suscrito por ambas partes sin objeción alguna, es una relación de trabajo regida por el Código del Trabajo, que el demandado actuó en aplicación a las normas de derecho administrativo, es decir conforme a lo estipulado en el Reglamento de la Ley de Servicio Civil en el Capítulo XX relativo a los Contratos, artículo 200 y 202, por lo que no existe simulación, ya que los mismos son legales al estar contemplados en las leyes vigentes aprobadas por el Poder Legislativo, conforme al procedimiento ya establecido en nuestra Constitución, y debido a que los servicios son prestados al Estado, los mismos se regulan por leyes especiales y no por el Código del Trabajo, es por ello que el artículo 3 de la Ley de La Jurisdicción de lo Contencioso dispone “la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá también de: a) Las cuestiones referentes al cumplimiento, interpretación, resolución, rescisión y efectos de los contratos regulados por la Ley de Contratación del Estado que hayan sido celebrados por cualquiera de los Poderes del Estado, Municipalidades y por las Instituciones Autónomas, todo lo relativo a los Contratos de Servicios Profesionales o Técnicos que celebren los Poderes del Estado”; por otra parte, se debe establecer que si el demandante pretende que se le reintegre a su puesto de trabajo, deberá ostentar un acuerdo de nombramiento, sin embargo previo a que se le otorgue debe promover en tiempo y forma las diligencias respectivas ante la Dirección General de Servicio Civil, al efecto de que le pueda ser aprobada en legal y debida forma una plaza permanente para sus funciones, y lograr así los beneficios que él considera no tiene en la actualidad, para esto se debe cumplimentar un procedimiento de conformidad a la Ley de Servicio Civil y no de la forma casi coercitiva como se pretende acudiendo al Juzgado, que atendiendo la competencia genérica es incompetente para dirimir el caso a reclamar un derecho subjetivo que no le asiste, soslayando con ello el procedimiento administrativo que debe cumplir; para obtener el acuerdo se debe crear una plaza, debiendo ser aprobada por la Dirección de General de Servicio Civil y la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, pues a contrario sensu el demandado estaría en flagrante violación a la ley de conformidad a lo que establece el artículo 35 de la Ley Ordenamiento de las Finanzas Públicas que dispone “queda estrictamente prohibido a las instituciones del sector público adquirir compromisos extrapresupuestarios. Los mismos no serán reconocidos como deuda pública ni registrados en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI). La Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas no tramitará ninguna solicitud de modificación presupuestaria por este concepto queda autorizada para establecer las regulaciones pertinentes de rechazo automático en el Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI)”, asimismo el demandante debe dar cumplimiento a lo que establece el artículo 11 de la Ley de Servicio Civil y artículo 6 de su Reglamento, normativas estas que no han sido cumplimentadas por el demandante y que por consiguiente no puede excluir para realizar un nombramiento fuera de las normas y procedimiento legales que para lograr su nombramiento deben ser cumplimentados, pues de lo contrario estaría en flagrante transgresión de las leyes administrativas atinentes al caso, aunado a lo anterior, el artículo 108 de las Disposiciones Generales del Presupuesto del 2018 en el párrafo quinto “estos contratos tienen vigencia únicamente dentro del presente ejercicio fiscal, no debiendo considerarse, para ningún efecto, al personal contratado bajo esta modalidad como permanente y su efectividad se contará desde la fecha en que este personal tome posesión del cargo”, dejando evidenciado que el reclamo formulado es improcedente
; el demandante en ningún momento ha sido objeto de despido directo, pues lo acaecido fue la llegada de la fecha de finalización del contrato por tiempo determinado, cuya vigencia era del 2 de enero del 2018 al 3l de agosto de 2018, en consecuencia, al no acreditarse ni existir un despido, éste no se puede calificar como legal o ilegal, y al no poderse calificar como ilegal no procedería la imposición al reintegro, pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios y otros derechos que infundadamente solicita el demandante;
lo que el demandante recibió en fecha 31 de agosto del 2018 no fue una nota de despido, sino que una nota por escrito por medio de la cual nada más se le recordaba que su contrato llegaba a su fin, y que por lo tanto la relación contractual cesaba sin responsabilidad para la parte demandada.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 21 de octubre del 2019, dictó sentencia que en su parte conducente, dice: “FALLA: I. Declarar CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral promovida por el señor JAMEY GERARDO ESPINAL REYES; contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la Procuradora General de la República en su condición de Representante Legal del Estado de Honduras, Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, en cuanto a: 1) DECLARAR que la relación laboral del demandante JAMEY GERARDO ESPINAL REYES, con el ESTADO DE HONDURAS es de CARÁCTER PERMANENTE en consecuencia se le nombre mediante ACUERDO DE NOMBRAMIENTO en el puesto de motorista, reconociéndole todos los derechos como empleado PERMANENTE que le corresponde desde que ingreso a laborar para la demandada en fecha 05 de octubre del año 2015, 2) Que sea REINSTALADO a su puesto de trabajo por lo menos en igualdad de condiciones, 3) Que se le pague los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios desde la fecha del despido el 31 de agosto del 2018, hasta que sea reinstalado a su puesto de trabajo, 4) A la NIVELACIÓN DE SALARIO por la cantidad de L.12,846.00, así mismo que se le pague la cantidad de OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON DIECISEIS CENTAVOS (L.87,569.16) en concepto de ajuste al salario de los dos (2) últimos años, al momento del despido, 5) Al pago de la bonificación de vacaciones correspondientes a los dos últimos años 2016 -2018, 6) A inscribir al demandante señor JAMEY GERARDO ESPINAL REYES, en el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), una vez que la demandada haya emitido el respectivo Acuerdo de Nombramiento en su condición de empleado permanente. II. CONDENAR: Al ESTADO DE HONDURAS, a través de la Procuradora General de la República en su condición de Representante Legal del Estado de Honduras, Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA: 1) DECLARAR que la relación laboral del demandante JAMEY GERARDO ESPINAL REYES, con el ESTADO DE HONDURAS es de CARÁCTER PERMANENTE en consecuencia se le nombre mediante ACUERDO DE NOMBRAMIENTO en el puesto o plaza de Motorista, reconociéndole todos los derechos como empleado PERMANENTE desde que ingreso a laborar para la demandada en fecha 05 de octubre del año 2015, 2) Que sea REINSTALADO a su puesto de trabajo por lo menos en igualdad de condiciones, 3) Que se le pague los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios desde la fecha del despido 31 de agosto del 2018, hasta que sea reinstalado en su puesto de trabajo. 4) A que se le realice la NIVELACIÓN DEL SALARIO por la cantidad de L. 12,846.00, así mismo que se le pague la cantidad de OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON DIECISEIS CENTAVOS (L. 87,569.16) en concepto de ajuste al salario de los dos (2) últimos años, al momento del despido, 5) Al pago de la cantidad de NUEVE MIL
CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS (L. 9,420.40) en concepto de bonificación por las vacaciones correspondientes a los dos últimos periodos 2016-2017 y 2017-2018, 6) A inscribir al demandante señor JAMEY GERARDO ESPINAL REYES, en el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), una vez que la demandada haya emitido el respectivo Acuerdo de Nombramiento en su condición de empleado permanente. III. SIN COSTAS…”. Bajo el criterio que del estudio realizado a los Contratos firmados por las partes, específicamente en la cláusula segunda de los mismos, se establecen las funciones y actividades encomendadas al demandante como ser revisar el vehículo asignado, hacer mantenimiento preventivo, informar novedades, solicitar cotizaciones de talleres, transportar personal, colaborar en carga y descarga de productos y artículos, realizar tareas afines que se le asignen, probando con esto que las funciones o actividades realizadas son permanentes y no temporales; si bien es cierto, el demandante no aporto como medio de prueba haber aprobado exámenes de competencia establecidos en la Ley de Servicio Civil y su respectivo Reglamento, no es menos cierto que independientemente que se haya sometido o no a un proceso de selección para optar a la plaza, esta omisión sobre el proceso de Selección de Personal previo, como mecanismo legal para optar a una plaza de trabajo en el Poder Ejecutivo, como obligación no corre a cargo del trabajador, sino del empleador en virtud que este es el que tiene la posibilidad de realizarlo en los términos y condiciones establecidos en el ordenamiento jurídico aplicable; que el Tribunal ha logrado establecer criterios unificados en innumerables resoluciones judiciales, en la búsqueda de lograr una tutela judicial efectiva y seguridad jurídica, así como una mejor impartición de justicia en el ámbito del derecho laboral, que es precisamente en estos casos en donde más uniformidad se ha llegado a establecer, declarando este tipo de relaciones de trabajo como una verdadera relación laboral por tiempo indefinido, teniendo en cuenta que en el derecho laboral rigen principios que informan le dan vida a esta materia, y que principalmente, tienen una clara vocación de tutela y protección del más débil, el trabajador, entre ellos el Principio Protectorio que básicamente consiste en una tutela preferencial a favor del trabajador, para equilibrar desigualdades de carácter social, económicos y cultural, lo que se traduce en menor poder de negociación para el empleador; acompañándole el principio de continuidad, entendiéndose que la relación de trabajo regulada por un contrato de trabajo tiene como característica que es de tracto sucesivo, por lo que día a día nace el derecho de los trabajadores de reclamar cualquier violación a las garantías o derechos establecido a su favor; por todo lo antes expuesto, es del parecer que se declare con lugar la demanda, asistiendo el derecho al demandante a ser reintegrado al puesto de trabajo que tenía al momento de la ruptura del contrato de trabajo, y a título de daños y perjuicios pago los salarios que este habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que sea reinstalado a su puesto de trabajo, por lo menos en igualdad de condiciones, por cuanto el demandado deberá mediante la acción de personal a través del respectivo Acuerdo de Nombramiento correspondiente realizar el reconocimiento a la permanencia en el cargo de Motorista de forma indefinida, en virtud de haberse desempeñado en el mismo puesto de trabajo de manera continua e ininterrumpida desde el día 5 de octubre del 2015; el demandante también solicita el pago de la bonificación de vacaciones de los dos últimos años 2016-2018, y siendo que con los elementos probatorios aportados se demostró que el demandante tiene el derecho a que se le considere su relación laboral por tiempo indefinido, y a que se le reconozca la permanencia en el puesto que desempeña, por lo tanto declara con lugar lo solicitado; también se solicita el pago de reajuste y nivelación de salarios de los 2 últimos años (2016-2018), en vista de realizar las mismas funciones, actividades y tareas asignadas a puestos de trabajo de trabajadores permanentes con base al numeral 3) del artículo 128 de la Constitución de la República; que al realizar el análisis de la prueba practicada y evacuada mediante de oficio, se solicitó información de los trabajadores Héctor Nájera y Fernando Gonzales, quienes se desempeñan como Motoristas para la demandada, de quienes entre otras aspectos se solicitó fecha de ingreso y salarios devengados por los mismos, sin embargo la demandando omitió responder varios extremos solicitados, limitando a responder únicamente el salario devengados por los trabajadores para el puesto de Motorista, por lo que al no haber aportado todos los extremos solicitados, se tendrán como probados en su contra los hechos que la parte solicitante se proponía demostrar, y puesto que el demandante desempeñaba funciones permanentes y continuas como Motorista, siendo su salario menor que otros trabajadores tales como Héctor Nájera y Fernando Gonzales quienes devengan los salarios mensuales siguientes L. 12,846.00 y L. 12,138.60 respectivamente, evidentemente ha existido un trato desigual y los demás trabajadores que ocupan el mismo cargo de Motorista, en ese sentido, siendo que existen principios que tutelan el derecho que tiene el trabajador a una remuneración no discriminatoria, tomando en que la Constitución de la República ejerce Supremacía de las normas estableciendo en el artículo 128; en relación con los principios que rigen la materia laboral, entre ellos, el Principio Protectorio, que manda a tutelar a favor del trabajador, para equilibrar desigualdades de carácter social, económico y cultural, sin dejar a un lado el Principio de Irrenunciabilidad que consiste en la imposibilidad del trabajador de renunciar o disponer en su propio perjuicio, aun con el concurso de su propia voluntad, a los derechos y créditos que derivan del contrato de trabajo y de las leyes, es por todo lo anteriormente expuesto que es del convencimiento que es procedente declarar con lugar la pretensión solicitada, asistiendo el derecho a la nivelación de salario, debiendo devengar un salario igual al que devengan sus compañeros en la plaza de Motorista por la cantidad de L. 12,846.00, así mismo que se le pague la cantidad de L. 87,569.16 en concepto de ajustarle al salario de los 2 últimos años, al momento del despido; el demandante también solicita el reconocimiento e inscripción al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) e Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) de acuerdo con el Capítulo VI, Seguridad Social, de la Carta Magna y Ley Marco del Sistema de Protección Social, que de conformidad al medio de prueba documental mediante Oficio aportado por la parte demandada, teniendo por hecho que el actor está debidamente inscrito en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), no estando inscrito Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), en consecuencia es procedente declarar con lugar lo solicitado en cuanto a que se inscriba en el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), una vez que la demandada haya emitido el respectivo Acuerdo de Nombramiento en su condición de empleado permanente al demandante.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 15 de diciembre del 2020, dictó sentencia que, en su parte conducente, dice: “FALLA: I. DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado FRANCISCO ALBERTO ORDOÑEZ CATIVO como apoderado procesal del Estado de Honduras, por medio de la Secretaria de Estado en los Despachos de Derechos de Recursos Energía, Recursos Naturales y Ambiente.- II. REFORMAR DE OFICIO la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán; de fecha veintiuno (21) de octubre del dos mil diecinueve (2019), que corre agregada a la primera pieza de autos a folios 192 al 202 de los autos. – III.- CONFIRMAR: I. numeral 2), 3), 4), 5); II. numeral 2), 3), 4), 5) y III de la sentencia dictada.- IV. REVOCAR: I. numeral 1), 6); II numerales 6 de la sentencia dictada, los cuales se leerán así: I. 1) Declarar que la relación laboral del demandante JAMEY GERARDO ESPINAL REYES, con el estado de honduras es de carácter permanente, reconociéndole todos los derechos de empleado permanente que le corresponde desde que ingreso a laborar para la demandada en fecha 05 de octubre del 2015. 6) Declarar SIN LUGAR la inscripción del demandante señor JAMEY GERARDO ESPINAL REYES, en el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP). - II.- 1) Declarar que la relación laboral del demandante JAMEY GERARDO ESPINAL REYES, con el estado de honduras es de carácter permanente, reconociéndole todos los derechos de empleado permanente que le corresponde desde que ingreso a laborar para la demandada en fecha 05 de octubre del 2015. 6) Declarar SIN LUGAR la inscripción del demandante señor JAMEY GERARDO ESPINAL REYES, en el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP). V.-SIN COSTAS…”. Bajo el criterio que la sentencia definitiva de primera instancia declara que la relación laboral es de carácter permanente, en consecuencia se le nombre mediante Acuerdo de Nombramiento en el puesto de Motorista, desde la fecha en que ingreso a laborar, asimismo ordena a inscribir al demandante en el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), una vez que la demandada haya emitido el respectivo Acuerdo de Nombramiento en su condición de empleado permanente, actuación que no encaja dentro de las disposiciones del Código del Trabajo, por cuanto, el demandante bajo las consideraciones anteriores es un trabajador y no un empleado público, en consecuencia, se estima que la sentencia recurrida no se encuentra dictada conforme a derecho, procediendo en consecuencia a su reforma.- 5. Mediante auto de fecha 29 de abril del 2021, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado GABRIEL ALEJANDRO SORTO MENDOZA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha 4 de febrero del 2022, compareció ante este Tribunal el Abogado GABRIEL ALEJANDRO SORTO MENDOZA, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 4 de febrero del 2022, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 14 de marzo del 2022 se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por el Abogado SERGIO DANIEL ELVIR AMAYA, en condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que el abogado GABRIEL ALEJANDRO SORTO MENDOZA, en el primer y único motivo de casación alega: “Para enmendar las infracciones e ilegalidades cometidas por el Tribunal AQUO, como la inadecuada aplicación de justicia del Tribunal AD QUEM es meritorio indicar los motivos de casación que se cometieron en el fallo recurrido. PRIMER MOTIVO: SER LA SENTENCIA VIOLATORIA DE LA LEY SUSTANTIVA. Precepto Legal Sustantivo Violado: La disposición sustantiva infringida es el artículo 765 numeral 1 en relación con los artículos 20, 47 tercer párrafo del Código del Trabajo; en relación especial con el articulo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Precepto Legal Adjetivo Autorizante: La norma procesal que se infringió de forma indirecta las disipaciones sustantivas las constituye el artículo 765 del Código de Trabajo. Apreciación errónea de Las pruebas: Que el Tribual Ad Quem en su conjunto al haber incurrido en error de hecho es: Que las Pruebas Propuestas por la Parte demandada: No fueron apreciados correctamente ya que los contratos Administrativos de Servicios Personales suscritos entre el demandante y mi representada son la expresión de la voluntad de las partes; asimismo no aprecio y por consiguiente no aplicó al demandante que se le contrato bajo la Ley de Contratación del Estado y de la Ley de Servicio Civil y por consiguiente la Ley aplicable es la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. CONCEPTO DE LA VIOLACION El Tribunal sentenciador estimó la presente demanda en virtud que considera que los contratos Administrativos de Servicios Personales, suscritos entre mi representada el Estado de Honduras por conducto de la Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (MIAMBIENTE+), y el demandante reúnen los tres elementos que establece el artículo 20 del Código de Trabajo para que exista una relación de trabajo, en virtud de lo establecido en los artículos 47 y 52 del Código de Trabajo la supuesta relación de trabajo se ha convertido por tiempo indefinido, aplicando dichas disposiciones legales sin tomar en consideración lo establecido en el artículo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que tipifica los contratos de Servicios Personales o Técnicos que celebren los poderes del Estado. Son contratos de orden público no sujetos del Código de Trabajo que es para los particulares. El Tribunal Ad Quem no aprecia correctamente el medio de prueba documental propuesto por nuestra parte consistente en los contratos de Servicios Personales suscritos entre el demandante y mi representada, ya que no se percata que en dichos contratos se establece la cláusula denominada LEYES APLICABLES que establece: Las partes contratantes manifiestan expresamente que dada la naturaleza de este contrato, está regido por las disposiciones del derecho administrativo vigente y en tal virtud en el goce de los derechos se estará a lo expresamente pactado en el mismo; asimismo las partes acordaron que para dirimir los interpretaciones que surjan de la aplicación de los contratos se someten a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, y en virtud de no apreciar este cuando, aplicó indebidamente el artículo 20 del Código del Trabajo estableciendo que esos contratos reúnen los tres elementos esenciales para que surja la relación de trabajo, olvidando que esa disposición es aplicable para cualquier tipo de contrato excepto los contratos administrativos de servicios profesionales, ya que los mismos estar tipificados en el artículo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo "La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá también de: a) Las cuestiones referentes al cumplimiento, interpretación, resolución, rescisión y efectos de los contratos regulados por la Ley de Contratación del Estado que hayan sido celebrados por cualquiera de los Poderes del Estado, por las Municipalidades y por las Instituciones Autónomas, y todo lo relativo a los Contratos de Servicios Profesionales o Técnicos que celebren los Poderes del Estado b)..c)...ch)...d)....; (el subrayado y cursiva es propio), por tanto mi representada, el Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (MIAMBIENTE+), que forma parte de uno de los poderes del Estado, como ser el Poder Ejecutivo, se encuentra facultado por Ley, es decir por la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución de la República manda, prohíbe o permite, para celebrar contratos administrativos de Servicios Personales son aceptados por las partes sin ninguna reserva. Por lo anteriormente expuesto, es evidente la apreciación indebida de los medios de pruebas antes relacionados y como consecuencia de ello la indebida aplicación de los artículos 20, 47, 52 y 738, del Código del Trabajo; en relación al artículo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, siendo procedente la presente demanda de Casación”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo 765 del Código del Trabajo en que encuentra comprendido el cargo; b) las normas que indica como violadas (Artículos 20 y 47 tercer párrafo del Código del Trabajo) no ostentan el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; c) no demuestra el error en que incurrió el Juzgador, debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos; y, d) formula alegatos propios de instancia.- IV. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. - NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA.FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los cuatro días del mes de agosto del dos mil veintidós; certificación de la sentencia de fecha doce de mayo del dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Casación número 144-21.- Firma y sello,
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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