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Sentencia CL-143-21 — Registro 14958

Resumen

Demanda ordinaria laboral para que se otorgue el nombramiento por acuerdo en la Secretaría de Salud en virtud de laborar en forma consecutiva por más de siete años continuos

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) no cita el precepto autorizante, tal como es requisito sine quanon del artículo 769 del Código de Trabajo; y, b) las normas que indica como violadas (Artículo 2 numeral 2 del Código del Trabajo) no ostenta el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa.- "...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) no indica la norma legal sustantiva violada, requisito sine qua non exigida en el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código de Trabajo; b) no demuestra el error en que incurrió el Juzgador, debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos; y, c) formula alegatos propios de instancia.- VI. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veinticinco días del mes de julio del año dos mil veintidós.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 04 de marzo del 2022, por la Abogada SONIA PATRICIA IZCANO MARTINEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, las señoras DANIA LIZZETH ANDINO AMADOR y LIZI MARLEN MALDONADO DIAZ, representadas en juicio por la Abogada DELMY ARACELY MARQUEZ GALDAMEZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para que se otorgue el nombramiento por acuerdo en la Secretaría de Salud en virtud de laborar en forma consecutiva por más de siete años continuos, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 26 de abril del 2018, por las señoras DANIA LIZZETH ANDINO AMADOR, soltera, Bachiller en Ciencias y Letras, y LIZI MARLEN MALDONADO DIAZ, unión libre, Perito Mercantil y Contador Público; ambas mayores de edad, hondureñas y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD, por medio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 13 de noviembre del 2020, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló REFORMANDO la sentencia de fecha 02 de septiembre del 2019, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto por la Abogada SONIA PATRICIA IZCANO MARTINEZ actuando en su condición de apelante. 2) REFORMANDO los numerales 2 y 3 de la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de fecha dos de septiembre del año dos mil diecinueve y que corre a folios 116 al 118 frente de la primera pieza.- El numeral 2 en el único sentido de revocar la decisión mediante la cual el juez otorga el Acuerdo Ministerial como empleado permanente de la Secretaria de Salud a la demandante por no ser su competencia, confirmando el resto de los pronunciamientos de ese mismo numeral; asimismo revocando el numeral 3, en el sentido de que los derechos salariales que se le conceden, no son en base al acuerdo ministerial, ya que estos se le otorgan por la relación indefinida y permanente que ha sostenido la demandante, y debe de ser reconocidos desde ese momento en que nace la relación laboral, confirmando el resto de la decisión. 3) SIN COSTAS en esta instancia…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que iniciaron la relación de trabajo, así: Dania Lizzeth Andino Amador, el 01 de marzo del 2010, como Oficinista, devengaba un salario mensual de L. 8,000.00; y Lizi Marlen Maldonado Diaz, el 01 de agosto del 2010, como Auxiliar Administrativo, devengaba un salario mensual de L.12,000.00, ambas en la Secretaría de Salud por la modalidad de contrato; labor que desempeñaron en forma continua, sin interrupción desde la fecha de inicio, manifestaron que habían gestionado muchas solicitudes para lograr el nombramiento por acuerdo, sin lograr mejorar las condiciones de trabajo, y que habían desarrollado un trabajo en igualdad de obligaciones y restringidos derechos laborales, en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 52 del Código del Trabajo en su párrafo final "Si antes de transcurrir un año se celebra nuevo contrato entre las mismas partes contratantes y para la misma clase de trabajo, deberá entenderse este por tiempo indefinido, sin que tenga lugar a este caso el periodo de prueba”; manifestaron además que el 14 de marzo del 2018 comparecieron ante la Oficina de Conflictos Laborales, para lograr conciliar con las autoridades de la Secretaria de Salud y para plantearle la necesidad de obtener los nombramientos por acuerdo, por haberse anulado los trabajos temporales, sin poder llegar a un acuerdo se dio por agotada la vía administrativa; asimismo argumentando que de acuerdo a lo que establece el Artículo 127 del Código del Trabajo, toda persona tiene derecho al trabajo, a escoger libremente su ocupación y a renunciar a ella, a condiciones equitativas y satisfactorias al trabajo y a la protección contra el desempleo, y en ese caso particular de las demandantes como empleadas que poseían las mismas obligaciones de un trabajador nombrado por acuerdo, pero no poseían derecho al pago de vacaciones remuneradas, y a cotizar con el INJUPEMP, siendo un derecho de todo trabajador gozar de un sistema de protección ante los riesgos de invalidez, vejez y muerte; no gozaban de los incrementos salariales de los empleados permanentes y volviéndose vulnerables a otro despido por cuanto solo firmaban contratos temporales todos los meses; y que a pesar de que estaban sometidas a todas las obligaciones de todo empleado permanente como era someterse a la jornada de trabajo; sometidos a las órdenes de un Jefe Superior y bajo las condiciones establecidas del reglamento interno de la Institución Estatal; no obstante los derechos fueron sumamente restringidos en comparación a los trabajadores permanentes.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda rechazando los hechos de la misma, alegando en su defensa que la relación existente entre ambas partes fue por medio de contratos de servicios profesionales y técnicos, Contratos que se efectuaron en aplicación a los artículos 200, 201 y 202 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil; y que es por ello que rechazó totalmente la pretensión de la parte actora, donde pide que se reconozca una relación laboral y se otorgue acuerdos; de igual forma alegó que de ninguna forma se puede considerar que lo existente entre la parte demandada y las demandantes fue una relación laboral, pues para que eso ocurriera se debió de reunir los tres requisitos esenciales enumerados en el artículo 20 del Código del Trabajo; y dentro de esos requisitos el que no se cumplió por ninguna parte fue el de la continua subordinación, pues las demandantes no estaban sometidas a las ordenes e instrucciones de la Secretaria de Salud; ellas simplemente cumplían con la descripción de servicios que constan en los contrato en el numeral segundo, contentivo de los "servicios técnicos a prestar", es decir, dieron cumplimiento a los servicios profesionales contratados; y que al ser contratos de servicios profesionales a término no puede considerarse que los mismos sean de carácter continuos, al establecerse una vigencia para la terminación de su contratación, lo que demuestra que existió interrupción a las obligaciones contraídas por las demandantes en los contratos suscritos, y ello al amparo de lo que establece el Reglamento de personal de la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud, y de los Contratos de Servicios Profesionales; razón por la cual, no puede tratarse de permanencia en el caso que nos ocupa; tomando en consideración a la vez que no es suficiente la afirmación que hagan las demandantes en sus hechos de demanda, ya que debe de fundarse en hechos reales y concretos, mismos que deben ser probados en juicio; agregó que a las demandantes en ningún momento se les restringió derechos laborales, ya que no existió una relación laboral regida por el Código del Trabajo, lo que hace que el Artículo 52 del Código del Trabajo, y cualquier otra disposición de éste Código resulte inaplicable debido a que la parte demandada por disposición legal, reguló sus relaciones con sus servidores por medio de la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, y que los servicios contratados con las demandantes, se realizó en estricto apego a lo establecido en el artículo 200 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, por lo tanto, la relación contractual existente entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud y las demandantes no era laboral, a contrario censu las contrataciones se realizaron en estricto apego a normas de derecho que son aplicables atendiendo la especialidad de los servicios a prestar y la naturaleza jurídica de la demandada, y como eran servicios prestados al Estado, los mismos se regulaban por leyes especiales y no por el Código del Trabajo como pretenden hacerlo ver las demandantes; y que en atención al artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso que dispone "La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá también de: a) Las cuestiones referentes al cumplimiento, interpretación, resolución, rescisión y efectos de los contratos regulados por la Contratación del Estado que hayan sido celebrados por cualquiera de los Poderes del Estado, por las Municipalidades y por las Instituciones Autónomas, y todo lo relativo a los Contratos de Servicios Profesionales o Técnicos que celebren los Poderes del Estado..." y vista la normativa anteriormente citada, es evidente que no es posible considerar que la relación que existió entre las demandantes y el demandado era regida por el Código del Trabajo, en todo caso, y solo de existir algún conflicto entre las partes contratantes, ser dirimido ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de conformidad a lo dispuesto en dicho artículo, y en lo dispuesto en la cláusula novena de los contratos de servicios profesionales; asimismo manifestó que a las demandantes en ningún momento se le impidió el derecho al trabajo ya que en la medida de lo posible y según las necesidades exigidas para la prestación de algunos servicios profesionales, para lo cuales aún no cuentan con plaza permanente legalmente, por lo tanto las demandantes actualmente prestan sus servicios profesionales mediante la modalidad de contrato de Servicios Profesionales y/o técnicos con fecha de inicio y terminación; y que además no se pudo llegar a un acuerdo conciliatorio, en vista de que el demandado no tiene facultades para comparecer a conciliar.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 02 de septiembre del 2019, dictó sentencia que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral promovida por LIZI MARLEN MALDONADO DIAZ en contra del ESTADO DE HONDURAS a través de la Procuradora General de la República y representante legal el Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. 2) SE DECLARA que la relación de trabajo que ha mantenido y mantiene la demandante LIZI MARLEN MALDONADO DIAZ con el ESTADO DE HONDURAS a través de la Secretaria de Salud, desde su inicio fue por tiempo indefinido, por lo que se le reconoce la antigüedad a partir del 1 del mes de agosto año 2010, para lo cual se ordena a la Secretaría de Estado de Salud que proceda a realizar los trámites correspondientes para que se le otorgue a la demandante LIZI MARLEN MALDONADO DIAZ en el puesto de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, el Acuerdo Ministerial como empleado permanente de la Secretaria de Salud. 3) Una vez formalizada la relación mediante el Acuerdo Ministerial, deberá reconocerle todos los derechos salariales de acuerdo a la categoría del puesto, que el resto de los trabajadores de Salud han gozado mientras la demandante ostento la categoría de empleada por contrato. SIN COSTAS…”. Bajo el criterio que, de la documentación aportada al proceso resulta evidente de la sucesiva contratación de la demandante para ocupar un mismo puesto de trabajo en la Secretaría de Estado en las Despachos de Salud, que las labores que desempeñaban son de naturaleza permanente por lo cual el contrato celebrado se debe considerar por tiempo indefinido desde la fecha en que ingreso a laborar el 1 del mes de agosto del 2010, de conformidad con los artículos 47 y 52 del Código del Trabajo que establece el principio de continuidad del derecho del trabajo y que parte de la presunción de que todo contrato de trabajo debe suscribirse por tiempo indefinido y excepcionalmente por tiempo determinado.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 13 de noviembre del 2020, dictó sentencia REFORMANDO la proferida por el a quo, que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto por la Abogada SONIA PATRICIA IZCANO MARTINEZ actuando en su condición de apelante. 2) REFORMANDO los numerales 2 y 3 de la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de fecha dos de septiembre del año dos mil diecinueve y que corre a folios 116 al 118 frente de la primera pieza.- El numeral 2 en el único sentido de revocar la decisión mediante la cual el juez otorga el Acuerdo Ministerial como empleado permanente de la Secretaria de Salud a la demandante por no ser su competencia, confirmando el resto de los pronunciamientos de ese mismo numeral; asimismo revocando el numeral 3, en el sentido de que los derechos salariales que se le conceden, no son en base al acuerdo ministerial, ya que estos se le otorgan por la relación indefinida y permanente que ha sostenido la demandante, y debe de ser reconocidos desde ese momento en que nace la relación laboral, confirmando el resto de la decisión. 3) SIN COSTAS en esta instancia…”. Bajo el criterio que, en el caso sub examine, nos encontramos que la demandante suscribió no uno, sino varios contratos nominados como de servicios profesionales y técnicos, en un puesto de trabajo que es de naturaleza permanente, para un mismo patrono y para el desempeño de las mismas labores, que se fueron prorrogando en el tiempo, por lo cual, no puede considerarse contrato de servicios profesionales, puesto que el objeto de este último es diferente, no existiendo subordinación ni dependencia hacia el patrono, los honorarios profesionales se pactan, no hay horario de trabajo, y se estipulan condiciones de entrega ya sea del producto terminado o de la obra, necesitando alguna experticia para su desempeño, y tiene fecha de finalización, por lo cual no se va a prorrogar en el tiempo.- Si lo vemos dentro de ese contexto llegamos fácilmente a la conclusión, que estamos ante la existencia de un contrato de trabajo, por tiempo indefinido, que le permiten a la demandante gozar de todos los derechos de que gozan los empleados permanentes, siendo por consiguiente competentes los tribunales del trabajo para dilucidar cualquier conflicto nacido de esa relación laboral. Que aunado a lo anterior, si partimos del hecho que el Derecho del trabajo, se rige y nutre de sus principios, que conforman el marco jurídico laboral, haciendo acopio del principio de primacía de la realidad, así como del principio protectorio en su regla de aplicación de la ley o norma más favorable, así como la de indubio pro operario, que surgen precisamente para regular los abusos que puedan ser cometidos en una relación de trabajo, en las que se pretendan disminuir, tergiversar o menoscabar los derechos que la Constitución de la República, y el marco jurídico nacional e internacional le han concedido a los trabajadores, que son la parte más vulnerable en una relación de esta naturaleza, llegamos igualmente a la decisión de que esta relación laboral que ha surgido de esa manera debe ser regulada y decidida por el ámbito jurídico laboral, en consecuencia se ratifica la competencia de los tribunales del trabajo. Que por la razones antes expuestas, esta Corte considera que la sentencia de primera instancia, debe de ser reformada en el pronunciamiento de los numerales 2 y 3 del fallo recurrido, en el único sentido de revocar lo concerniente al otorgamiento del Acuerdo Ministerial, ya que no es competencia del Juez de Letras del Trabajo, máxime habiendo considerado una relación por tiempo indefinido lo que de por sí ya le da los derechos de que gozan los empleados permanentes, que son los que se le conceden en este fallo, los cuales no nacen del Acuerdo Ministerial, mucho menos a partir de la concesión del mismo, nacieron desde el momento mismo que la relación es de carácter permanente e indefinida, tal como lo expresa en la motivación de su fallo la misma juzgadora.- 5.- Mediante auto de fecha 28 de abril del 2021, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada SONIA PATRICIA IZCANO MARTINEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 04 de marzo del 2022, compareció ante este Tribunal la Abogada SONIA PATRICIA IZCANO MARTINEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 01 de abril del 2022, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada DELMY ARACELY MARQUEZ GALDAMEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que la Abogada SONIA PATRICIA IZCANO MARTINEZ, en el primer motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de la Ley sustantiva nacional y de índole laboral, en infracción directa de la disposición contenida en el artículo 2 numeral 2 que establece lo siguiente "Son de orden público las disposiciones contenidas en el presente Código y obligan a todas las empresas, explotaciones o establecimientos, así como a las personas naturales. Se exceptúan: 1... 2. Los empleados públicos nacionales, departamentales y Municipales. Se entiende por empleado público aquel cuyo puesto ha sido creado por la Constitución, la Ley decreto ejecutivo o acuerdo municipal. Las Relaciones entre el Estado, El departamento y el Municipio y sus servidores se regirán por las leyes del Servicio Civil que se expidan; y…. Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de la Ley sustantiva nacional y de índole laboral, en infracción directa de la disposición contenida en el artículo 117 en relación con los artículos 113 párrafo primero, interpretado, 116 literal e) y 120 literal c) reformado, todos del Código de Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 2 numeral 2 del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. La Corte sentenciadora, al confirmar por unanimidad de votos, el fallo dictado por el Juzgado de primera instancia, incurrió en infracción directa o falta de aplicación del 2 numeral 2 del Código de Trabajo en virtud que está debidamente acreditado en autos que la relación que tuvo la señora Lizi Marlen Maldonado Diaz fue a través de Contrato, estando plenamente probado en autos que la relación con la parte demandante fue empleado público de carácter temporal, si bien es cierto la labor realizada por la demandante tiene similitud y proximidad con el termino genérico de actos laborales, pero los Contratos le dieron a la demandante el status legal y la condición de empleado público solo que en carácter temporal, ya que dichos contratos cuentan con estructuras presupuestarias que dependen de la disponibilidad de dicho presupuesto- El mismo artículo establece que las Relaciones entre el Estado, el departamento y el Municipio y sus servidores se regirán por las leyes del servicio Civil que se expidan.”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) no cita el precepto autorizante, tal como es requisito sine quanon del artículo 769 del Código de Trabajo; y, b) las normas que indica como violadas (Artículo 2 numeral 2 del Código del Trabajo) no ostenta el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa.- IV. Que la Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de la ley sustantiva nacional y de índole laboral, por infracción indirecta por la apreciación errónea del medio de prueba documental admitido, y que hizo incurrir en error de hecho que aparece manifiesto en autos y que llevó en forma indirecta a la Corte sentenciadora a la violación de ley, siendo que la sentencia de fecha trece de noviembre del dos mil veinte carece de coherencia jurídica y lógica. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. NORMAS ADJETIVAS QUE SIRVIERON DE MEDIO: Las normas adjetivas que sirvieron de medio para la violación de las sustancias señaladas, están contenidos en los artículos 738 y 739 del Código de Trabajo. PRUEBA APRECIADA ERRÓNEAMENTE: Singularizo las pruebas erróneamente apreciadas, de la siguiente manera: La documental consistente en los contratos de servicios profesionales entre el demandante y mi representado: Admitida a la parte demandada (ver folios del 60 al 112 de la primera pieza procesal), en relación con la prueba en su conjunto. Donde se puede constar en su cláusula tercera que el mismo... “será aprobado mediante acuerdo ministerial correspondiente y será aprobado mediante acuerdo ministerial correspondiente, estará sujeto a la normativa del derecho administrativo". EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La Corte sentenciadora, al confirmar por unanimidad de votos el fallo dictado por el Juzgado de Primera Instancia, manifiestamente, incurrió en error de hecho, al apreciar erróneamente el medio de prueba documental consistente en los contratos de servicios profesionales entre el demandante y mi representado, los cuales fueron evacuados en su oportunidad, en relación a los demás medios de prueba en su conjunto; ya que si bien es cierto el juzgador no está sujeto a la tarifa legal de las pruebas, sino que forma libremente su convencimiento inspirándose en los principios científicos que informan la sana critica de la prueba, tal y como está consagrado en el artículo 739 del Código de Trabajo. En ese sentido, esta disposición no impide de manera alguna que el tribunal se coloque en una posición de profundo análisis para poder llegar a la verdad de los hechos e impartir justicia aplicando la Ley, por lo que deviene obligado a efectuar la apreciación de las pruebas en su conjunto lo que es una obligación insoslayable y esa apreciación debe ser acertada y completa. Así las cosas, la corte recurrida al apreciar este medio de prueba erróneamente arriba a la conclusión de que:" .... este tipo de contratos celebrados entre los trabajadores con el estado de Honduras han sido desnaturalizados, ya que los mismos reúnen los requisitos señalados en el artículo 20 del Código del Trabajo...". Cuando dicho medio de prueba lo que revela es una relación temporal entre un empleado público con el estado, lo cual no implica, una desprotección para el empleado, pues tiene expedita otra vía denominada contencioso administrativa. En el caso en particular, si se hubieses apreciado correctamente por parte del Tribunal recurrido el medio de prueba señalado, se hubiera dado por establecido en forma indubitable que la señora LIZI MARLEN MALDONADO DIAZ, empleada pública en carácter temporal por medio de contratos de Servicios Profesionales y Técnicos; consecuentemente la corte sentenciadora evidentemente violento de forma indirecta lo preceptuado el articulo 2 numeral 2 del Código del Trabajo, en el cual se establece que: Las Relaciones entre el Estado, El departamento y el Municipio y sus servidores se regirán por las leyes del Servicio Civil que se expidan"; además, los artículos 117 en relación con los artículos 113 párrafo primero, interpretado, 116 literal e) y 120 literal c) reformado, todos del Código de Trabajo, al obligar a mi representado a cumplir con disposiciones legales que no le conciernen”.- V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) no indica la norma legal sustantiva violada, requisito sine qua non exigida en el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código de Trabajo; b) no demuestra el error en que incurrió el Juzgador, debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos; y, c) formula alegatos propios de instancia.- VI. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diecinueve días del mes agosto del dos mil veintidós; certificación de la sentencia de fecha veinticinco de julio del dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Casación número CL 143-21.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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