Sentencia CL-125-20 — Registro 14947
Resumen
Demanda ordinaria laboral para que en sentencia definitiva se declare por tiempo indefinido la relación laboral originada por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos, en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo, en consecuencia concederle todos los derechos que ostentan los empleados con carácter permanente, asimismo reinstalación al puesto de trabajo y restitución a sus funciones, que fue suspendida y ante la negativa del patrono de la no suscripción de un nuevo contrato de trabajo, pago de salarios dejados de percibir, vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes causados y proporcionales
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."V. Conforme a la rigurosidad y especialidad de la técnica de casación, se concluye que el segundo motivo no es admisible a razón de lo que a continuación se establece: La infracción directa es un tipo de violación directa, en el que se alega la falta de aplicación de una norma sustantiva. Las normas sustantivas son todas aquéllas mediante las cuales se establecen derechos u obligaciones o bien se extinguen. Por lo anterior, el Artículo 46 literal B del Código de Trabajo que establece el censor, no invoca una norma sustantiva sobre la cual pueda alegarse la infracción directa que pretende mediante este motivo de casación.- "...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..." El contrato contiene los tres elementos señalados por el Artículo 20 del Código de Trabajo para considerarse como uno de índole laboral, siendo estos requisitos los siguientes: las actividades descritas en los contratos fueron realizadas por la Demandante; existió una subordinación de la Demandante respecto de su patrono, la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, cumpliendo la primera con sus actividades mediante las diferentes órdenes, modos, tiempo y cantidad de trabajo establecidas en las contrataciones (ver folios 64 al 83). B. Las contrataciones presentadas como medios de prueba, consisten en cláusulas con funciones análogas (todas atinentes a la planificación, control y evaluación del Recurso Humano) no siendo un requisito sine qua non que las actividades deban ser exactamente las mismas para ser considerado como un contrato de trabajo por tiempo indefinido. En consecuencia, procede concederle a la Demandante los derechos que ostentan los empleados con carácter permanente, así como la reinstalación en su puesto de trabajo con la respectiva restitución de sus funciones"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 20 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 21 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que también se debe recordar que en el ámbito laboral existe limitación de la autonomía de la voluntad, ya que las normas de trabajo y seguridad social son de orden público y, por ello, aunque en la práctica las partes pueden pactar lo quieran, lo cierto es que dicho pacto será válido solamente si es respetuoso de la normativa laboral, esto en consonancia con los artículos 128 de la Constitución de la República (preámbulo) y 3 del Código del Trabajo, preceptos que le niegan eficacia a los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos laborales que tiene el trabajador; y que, en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que efectivamente sucede en el terreno de los hechos, ya que dicha divergencia así como puede proceder de un simple error involuntario, puede también estar inspirada intencionalmente para simular o esconder la verdad y eludir el cumplimiento de obligaciones legales u obtener un provecho ilícito. Debe, entonces, quedar claro que la existencia o no de una relación o un contrato de trabajo, su permanencia o temporalidad y demás cualidades dependen, no de lo que las partes previamente hubieren pactado por escrito o en forma verbal, o de si se esté o no en determinada partida presupuestaria, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre prestando sus servicios, pues siempre deben prevalecer los aspectos fáctico-sustanciales por sobre los jurídico-formales.- "...
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 128 (Rango Constitucional)
- Código del Trabajo, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 18 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..." No se condena en costas, dado el carácter social del derecho del trabajo y el principio de gratuidad.-"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 18 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 717 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 219 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede reúne los requisitos necesarios para su admisión, por lo que habiéndose establecido con precisión y claridad el mismo, es procedente declarar ha lugar el recurso de mérito, casar la sentencia impugnada y a continuación, en sede de instancia, decidir lo que proceda conforme a la ley.-"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veinticinco días del mes de julio del año dos mil veintidós.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha siete de diciembre del dos mil veintiuno, por el Abogado JUAN ANGEL BENAVIDES PAZ, en su condición de representante procesal de la señora TIFANY SEBASTIANA MELENDEZ SUAZO, como recurrente; además es parte recurrida, EL ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por la Abogada NANCY MELISSA OBANDO MENDOZA. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para que en sentencia definitiva se declare por tiempo indefinido la relación laboral originada por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos, en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo, en consecuencia concederle todos los derechos que ostentan los empleados con carácter permanente, asimismo reinstalación al puesto de trabajo y restitución a sus funciones, que fue suspendida y ante la negativa del patrono de la no suscripción de un nuevo contrato de trabajo, pago de salarios dejados de percibir, vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes causados y proporcionales, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintidós de febrero del dos mil dieciséis, por la señora TIFANY SEBASTIANA MELENDEZ SUAZO, mayor de edad, soltera, Licenciada en Ciencias Jurídicas, hondureña y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION, por medio del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintiséis de septiembre del dos mil diecinueve, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha ocho de abril del dos mil diecinueve, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO SIN LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL, promovida por la señora TIFANY SEBASTIANA MELENDEZ SUAZO contra ESTADO DE HONDURAS a través del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA.- SEGUNDO: ABSOLVER al ESTADO DE HONDURAS a través del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, de toda responsabilidad en el presente juicio.- TERCERO: SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inicio la relación laboral para el Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Educación, mediante la suscripción de varios contratos individuales de trabajo desde el 01 de abril del 2014, en el puesto de Jefe del Departamento de Recursos Humanos, de la Subdirección General de Educación para pueblos indígenas y Afro-hondureños, devengando un salario mensual de L. 23,000.00, desempeñando sus labores de manera continua e ininterrumpida por la naturaleza de las mismas, pues son labores permanentes en la institución demandada, siendo el último contrato vigente hasta el 31 de Diciembre del 2015; que desde hace varios años la demandante ha venido desempeñando sus funciones de manera continua e ininterrumpida, bajo la subordinación de su empleador, así consta en los contratos que han venido suscribiendo las partes, mismos que reúnen los elementos establecidos en el artículo 20 del Código del Trabajo, una vez reunidos, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen; que en el caso que nos ocupa la relación laboral de la demandante con la hoy demandada, siempre ha sido de naturaleza continua, es decir que a pesar de que el empleador a tratado de encubrir como contratos transitorios o temporales, la causa que ha originado el surgimiento de la relación laboral ha subsistido y subsistirá siempre, y es el puesto que ha venido desempeñando la demandante durante varios años para la institución demandada, actividades que por la naturaleza de las mismas no pueden desaparecer. Sigue manifestando que sucedió que la Institución demandada una vez vencido el último contrato no renovó el mismo, a pesar de estar el empleador consiente que le asiste el derecho a la permanencia en el puesto de trabajo que ha venido desempeñando por la continuidad de dichos contratos ininterrumpidos se ve en la obligación de pedir por la vía judicial tanto la permanencia como la reinstalación a su puesto de trabajo y sus funciones; agotándose el trámite administrativo respectivo, sin poder llegar a un arreglo conciliatorio con la parte demandada.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que no existió una relación laboral de carácter permanente con la demandante ya que la prestación de sus Servicios Profesionales se encuentran enmarcados bajo la modalidad de Contrato Administrativo por un periodo determinado con fecha de inicio y finalización el cual era del conocimiento de la ahora demandante la cual consintió y aprobó sin objeción de su parte, formalizándolo con la firma que calza en el contrato suscrito, razón por la cual no le asiste el derecho sobre el reclamo de su reintegro y demás peticiones formulada en su demanda ya que al tratarse de Contratos Administrativos de Servicios Profesionales, los mismos se encuentran enmarcados dentro del Derecho Administrativo específicamente en el literal a) del artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; al vencimiento del plazo cesara la relación sin responsabilidad para ninguna de las partes, sino es así se estaría violentando el artículo 35 párrafo primero de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas anti-Evasión. Se rechaza la utilización del texto legal del artículo 20 del Código de Trabajo, que si bien es cierto señala los elementos esenciales para considerar la existencia de una relación de trabajo, no es menos cierto que todo contrato de trabajo bajo las distintas modalidades que establece una prestación de servicios conlleva esos mismos elementos para ejercer la actividad de trabajo para lo cual fue contratada; en consecuencia se deduce que la reclamante solo pretende aplicar una norma jurídica laboral con el único objeto de utilizarlo para el reconocimiento de un derecho que no existe ni tiene ningún sustento jurídico, por ser este meramente ilusorio e imaginario y sostener un supuesto contrato de trabajo por tiempo indeterminado.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha ocho de abril del dos mil diecinueve, dictó sentencia que en su parte conducente, dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO SIN LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL, promovida por la señora TIFANY SEBASTIANA MELENDEZ SUAZO contra ESTADO DE HONDURAS a través del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA.- SEGUNDO: ABSOLVER al ESTADO DE HONDURAS a través del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, de toda responsabilidad en el presente juicio.- TERCERO: SIN COSTAS…”. Bajo el criterio que el trabajador al pretender hacer valer los derechos establecidos en el artículo 47 y 52 del Código del Trabajo, este deberá de reunir los presupuestos de hecho y de derecho que establece dicha norma, es decir, para obtener el derecho de permanencia laboral, bastará que el solicitante del derecho haya suscrito un contrato de trabajo por tiempo fijo, que éstos contratos se hayan renovado varias veces y que la causa que le dio origen al trabajo o la materia del trabajo aún subsista. Además, como complemento a este precepto legal, y así reforzar aún más el derecho de la Permanencia Laboral, el Código del Trabajo aclara en el artículo 47, que estos contratos deberán de celebrarse antes de transcurrido 1 año, entre las mismas partes contratantes y para la misma clase de trabajo. Y en el caso bajo estudió, existen dos contratos de trabajo de la demandante, el primero denominado como Contrato de Servicios Profesionales No. 009-2015 en el puesto de Jefe del Departamento de Recursos Humanos de la Subdirección General de Educación para Pueblos Indígenas y Afro-hondureños, y el segundo denominado Contrato de Servicios Profesionales No. 135/2014 en el puesto de Asistente del Departamento de Planificación Monitoreo y Evaluación de la Dirección General de Educación Intercultural Multilingüe (DGEIM), por lo que una vez analizado el contenido de las funciones, estas son totalmente distintas para cada puesto de trabajo, por lo que, al no congregarse este requisito (mismo puesto), no se configura el derecho a la Permanencia de la Relación Laboral, debiendo declarar sin lugar la presente demanda laboral, por ende la terminación del contrato de trabajo no constituye un despido, pues éste constituye la ruptura o disolución de la relación de trabajo realizada directa y unilateralmente por el patrono, situación que ha sucedido en el presente caso.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de septiembre del dos mil diecinueve, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que está acreditado en autos la existencia de dos contratos de trabajo por servicios profesionales celebrados, en los cuales se establecieron las funciones a realizar por la demandante: una como Asistente de departamento de Planificación, Monitoreo y Evaluación, dependiente de la Dirección General de Educación Intercultural Multilingüe y otro como Jefe del departamento de Recursos Humanos de la Subdirección General de Educación para Pueblos Indígenas y Afro hondureños. En ambos contratos las funciones no han sido las mismas durante el período de tiempo por el cual se celebraron los contratos de trabajo, por lo que la relación existente entre las partes, no han sido por tiempo indeterminado, ya que no existieron ni se han ejercido las mismas actividades y funciones, durante la vigencia de dichos contratos.- 5. Mediante auto de fecha veintisiete de agosto del dos mil veinte, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado JUAN ANGEL BENAVIDES PAZ, en su condición de representante procesal de la señora TIFANY SEBASTIANA MELENDEZ SUAZO, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha siete de diciembre del dos mil veintiuno, compareció ante este Tribunal el Abogado JUAN ANGEL BENAVIDES PAZ, en su condición de representante procesal de la señora TIFANY SEBASTIANA MELENDEZ SUAZO, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha siete de diciembre del dos mil veintiuno, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha treinta y uno de marzo del dos mil veintidós, se declaró precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte de la Abogada NANCY MELISSA OBANDO MENDOZA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. El recurso de casación configura una acción de impugnación que, por un lado, sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del Derecho y por otro, es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. En materia de trabajo, la censura puede ser dirigida contra un fallo que hace tránsito a cosa juzgada, dictado por un Tribunal de Apelación, alegándose violación de la Ley o invocándose el principio prohibitivo de la reformatio in pejus. Requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica, pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la normativa legal sustancial. Por ello, la parte litigante que hace uso de esta vía procesal dispositiva y extraordinaria, está obligada a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del debate procesal con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo primero, debe procederse a revisar si el libelo casacional cumple todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales.- II. Que el Abogado Juan Ángel Benavides Paz, actuando en su condición de representante procesal de la señora Tifany Sebastiana Meléndez Suazo, en su primer motivo de casación alega: “EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. PRIMER MOTIVO. Acuso la sentencia impugnada violatoria de ley sustantiva laboral por violación indirecta proveniente de error de hecho por apreciación errónea del medio de prueba documental público (folio 22 al 28 y 77 al 83). NORMA SUSTANTIVA VIOLADA. La norma sustantiva de orden nacional violada está contenida en el artículo 113 párrafo segundo en cuanto al derecho al reintegro y párrafo tercero literal b. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo está comprendido en el numeral primero, párrafo segundo del artículo 765 del Código del Trabajo. NORMAS PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓN DE LA NORMA SUSTANTIVA SEÑALADA. Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de la norma sustantiva señalada están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. MEDIO DE PRUEBA ERRONEAMENTE APRECIADO. Los medios de prueba erróneamente apreciados son la documental público (folio 22 al 28 y 77 al 83) consistentes en los contratos de trabajo suscritos entre la parte recurrente y la parte recurrida. EXPLICACION DE LA INFRACCION. Los elementos de una relación de trabajo se encuentran establecidos en la norma positiva a través del artículo 20 del Código del Trabajo, que en resumen son: 1) la actividad personal del trabajador; la continuada subordinación y un salario como retribución. El Ad quem confirma el criterio del A Quo que consiste en declarar sin lugar la demanda bajo el argumento que, al cambiar de puesto en el segundo contrato suscrito, no hay una relación de trabajo continua. Aprecia erróneamente el medio de prueba ya que introduce un elemento fuera de la norma positiva ya citada, que consiste en permanecer en el mismo puesto, cuando la subordinación, no especifica si debe o no permanecer en un puesto determinado por equis cantidad de tiempo, simplemente establece que la subordinación es la facultad que tiene el empleador para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos durante la duración de todo el contrato. El error es tan claro y evidente por parte del Ad quem que ha inventado un nuevo requisito inexistente en el artículo 20 del Código del Trabajo. Lo anterior es suficiente para declarar ha lugar este motivo.- III. Que el cargo que antecede reúne los requisitos necesarios para su admisión, por lo que habiéndose establecido con precisión y claridad el mismo, es procedente declarar ha lugar el recurso de mérito, casar la sentencia impugnada y a continuación, en sede de instancia, decidir lo que proceda conforme a la ley.- IV. Que el Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: SEGUNDO MOTIVO. Acuso la sentencia impugnada violatoria de ley sustantiva laboral por interpretación errónea del artículo 20 del Código del Trabajo. NORMA SUSTANTIVA VIOLADA. La norma sustantiva de orden nacional violada está contenida en el artículo 113 párrafo segundo en cuanto al derecho al reintegro y párrafo tercero literal b. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo está comprendido en el numeral primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. EXPLICACION DE LA INFRACCION. Los elementos de una relación de trabajo se encuentran establecidos en la norma positiva a través del artículo 20 del Código del Trabajo, que en resumen son: 1) la actividad personal del trabajador; la continuada subordinación y un salario como retribución. El Ad quem confirma el criterio del A Quo que consiste en declarar sin lugar la demanda bajo el argumento que, al cambiar de puesto en el segundo contrato suscrito, no hay una relación de trabajo continua. Aprecia erróneamente el artículo 20 del Código del Trabajo ya que introduce como requisito para una relación laboral de carácter indefinido permanecer en el mismo puesto, cuando la subordinación, no especifica si debe o no permanecer en un puesto determinado por equis cantidad de tiempo, simplemente establece que la subordinación es la facultad que tiene el empleador para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos durante la duración de todo el contrato. El error es tan claro y evidente por parte del Ad quem que ha inventado un nuevo requisito inexistente en el artículo 20 del Código del Trabajo. debió el Ad quem interpretar el artículo 20 del Código del Trabajo en el sentido que no importa el trabajo que realice el trabajador, siempre y cuando este bajo la subordinación del empleador la relación es de carácter indefinida. Si el criterio del Ad quem persiste implicaría una ventana para cometer fraude laboral pues bastaría cambiar de puesto en cada contrato al trabajador y funcionalmente colocarlo en otro.
Lo anterior es suficiente para declarar ha lugar este motivo”.- V. Conforme a la rigurosidad y especialidad de la técnica de casación, se concluye que el segundo motivo no es admisible a razón de lo que a continuación se establece: La infracción directa es un tipo de violación directa, en el que se alega la falta de aplicación de una norma sustantiva. Las normas sustantivas son todas aquéllas mediante las cuales se establecen derechos u obligaciones o bien se extinguen. Por lo anterior, el Artículo 46 literal B del Código de Trabajo que establece el censor, no invoca una norma sustantiva sobre la cual pueda alegarse la infracción directa que pretende mediante este motivo de casación.- VI. Durante la sustanciación del presente juicio, se estableció como Objeto de Debate el siguiente: Si la Demandante tenía derecho a que se le reconociera su permanencia laboral y consecuentemente se ordenara su reinstalación en su puesto de trabajo con todos sus derechos laborales.- VII. Las partes procesales interpusieron, ante la primera instancia, los siguientes medios de prueba: Parte Demandante: A. Documental pública (que corre agregada a folios 5 y 22 al 52 de la primera pieza). B. Exhibición de Documentos evacuado mediante Oficio No. 316-SDGEPIAH-2017 de fecha 20 de octubre de 2017 contentiva de dos fichas de personal concernientes al goce de vacaciones y pago de decimotercer y decimocuarto mes de salario para el periodo 2014-2015, así como los contratos suscritos entre la Demandante y el Demandado denominados “Contrato de Servicios Profesionales No. 009-2015” y “Contrato de Servicios Profesionales No. 0135/2014” (que corre agregada a folios 64 al 83 de la primera pieza).- VIII. Derivado de las pruebas aportadas por las partes, son hechos que han quedado probados en el proceso: A. Entre la señora Tifany Sebastiana Meléndez Suazo y la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación se suscribieron dos contratos de trabajo sucesivos. B. Dichos contratos cumplen con los requisitos legales de actividad personal del trabajador, subordinación o dependencia continuada respecto del patrono y un salario como retribución del servicio. Por lo que, al no estar tipificado el Contrato de Servicios Profesionales dentro de la legislación laboral y considerando superado el periodo de prueba de 60 días ordenado por el Artículo 49 del Código de Trabajado, el contrato en cuestión consiste en uno por tiempo indefinido. C. En consecuencia, a la trabajadora le corresponden todos los derechos que ostentan los trabajadores de carácter permanente, incluyendo su reinstalación a su puesto de trabajo con la respectiva restitución de sus funciones.- IX. La cuestión debatida en este caso, se circunscribe a determinar si la Demandante tiene el derecho a que se le considere como un empleado contratado por tiempo indeterminado o, si, por el contrario, como lo señala el Demandado, la Demandante deba ser considerada mediante la modalidad de contratación de servicios profesionales regulada por el Derecho Administrativo, específicamente la Ley de Contratación del Estado. A efecto de dilucidar lo planteado, y acudiendo a lo alegado por el Demandado, la contratación del caso particular no se circunscribe a lo preceptuado por el Artículo 94 de la Ley de Contratación del Estado, por lo que en aplicación del Artículo 8 literales 1 y 2 de la precitada Ley, las contrataciones no son sujetas al Derecho Administrativo. Por lo anterior, las contrataciones celebradas se sometieron bajo los requisitos de la legislación laboral, encontrándose las siguientes ponderaciones: A. El contrato contiene los tres elementos señalados por el Artículo 20 del Código de Trabajo para considerarse como uno de índole laboral, siendo estos requisitos los siguientes: las actividades descritas en los contratos fueron realizadas por la Demandante; existió una subordinación de la Demandante respecto de su patrono, la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, cumpliendo la primera con sus actividades mediante las diferentes órdenes, modos, tiempo y cantidad de trabajo establecidas en las contrataciones (ver folios 64 al 83). B. Las contrataciones presentadas como medios de prueba, consisten en cláusulas con funciones análogas (todas atinentes a la planificación, control y evaluación del Recurso Humano) no siendo un requisito sine qua non que las actividades deban ser exactamente las mismas para ser considerado como un contrato de trabajo por tiempo indefinido. En consecuencia, procede concederle a la Demandante los derechos que ostentan los empleados con carácter permanente, así como la reinstalación en su puesto de trabajo con la respectiva restitución de sus funciones.- X. Que la jurisdicción del trabajo esta instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del contrato de trabajo.- XI. Que con base al análisis en su conjunto de todas las pruebas allegadas en tiempo y forma, formando libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes, se concluye y estima procedente declarar HA LUGAR el recurso de Casación de mérito, Demanda ordinaria laboral en la que la Demandante solicita se declare en sentencia judicial la existencia de una relación laboral por tiempo indefinido derivada de la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos, concediéndole todos los derechos que ostentan los empleados con carácter permanente. Asimismo, solicita la reinstalación a su puesto de trabajo y restitución de sus funciones ante la negativa del patrono en la no suscripción de un nuevo contrato de trabajo; pago de los salarios dejados de percibir, vacaciones, decimotercer y decimocuarto mes causados y proporcionales.- XII. Que también se debe recordar que en el ámbito laboral existe limitación de la autonomía de la voluntad, ya que las normas de trabajo y seguridad social son de orden público y, por ello, aunque en la práctica las partes pueden pactar lo quieran, lo cierto es que dicho pacto será válido solamente si es respetuoso de la normativa laboral, esto en consonancia con los artículos 128 de la Constitución de la República (preámbulo) y 3 del Código del Trabajo, preceptos que le niegan eficacia a los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos laborales que tiene el trabajador; y que, en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que efectivamente sucede en el terreno de los hechos, ya que dicha divergencia así como puede proceder de un simple error involuntario, puede también estar inspirada intencionalmente para simular o esconder la verdad y eludir el cumplimiento de obligaciones legales u obtener un provecho ilícito. Debe, entonces, quedar claro que la existencia o no de una relación o un contrato de trabajo, su permanencia o temporalidad y demás cualidades dependen, no de lo que las partes previamente hubieren pactado por escrito o en forma verbal, o de si se esté o no en determinada partida presupuestaria, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre prestando sus servicios, pues siempre deben prevalecer los aspectos fáctico-sustanciales por sobre los jurídico-formales.- XIII. No se condena en costas, dado el carácter social del derecho del trabajo y el principio de gratuidad.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, y haciendo aplicación de los artículos 129, 134, 303, reformado, 304 reformado, 313 numeral 5) reformado, y 316 reformado de la Constitución de la República; 7, 8 y 23 numeral 1) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 4, 5, 20, 25, 26, 47, 97, 98, 112 letra h), 117, 664, 665, 738, 739, 765 numeral 1) párrafo primero y segundo, 778, 858, 862, 868 literal a) del Código del Trabajo; 8 numerales 1 y 2 y 94 de la Ley de Contratación del Estado; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: PRIMERO: CASAR la sentencia definitiva de fecha 26 de septiembre de 2019, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo esta sección judicial. SEGUNDO: DECLARA CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE EN SENTENCIA DEFINITIVA SE DECLARE POR TIEMPO INDEFINIDO UNA RELACION LABORAL ORIGINADA POR LA SUSCRIPCION DE VARIOS CONTRATOS CONTINUOS E ININTERRUMPIDOS, EN APLICACIÓN ESTRICTA DE LO PRECEPTUADO EN EL ARTICULO 47 DEL CODIGO DEL TRABAJO, EN CONSECUENCIA CONCEDER TODOS LOS DERECHOS QUE OSTENTAN LOS EMPLEADOS CON CARÁCTER PERMANENTE, ASIMISMO, LA REINSTALACION AL PUESTO DE TRABAJO Y RESTITUCION DE FUNCIONES QUE FUE SUSPENDIDA Y ANTE LA NEGATIVA DEL PATRONO DE LA NO SUSCRIPCION DE UN NUEVO CONTRATO DE TRABAJO, PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, VACACIONES, DECIMO TERCER Y DECIMO CUARTO MES CAUSADOS Y PROPORCIONALES, promovida por la señora TIFANY SEBASTIANA MELÉNDEZ SUAZO, CONTRA EL ESTADO DE HONDURAS, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN. TERCERO: En consecuencia, se condena a la Demandada a que reconozca a la señora TIFANY SEBASTIANA MELÉNDEZ SUAZO como empleada con carácter permanente en la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN desde el 01 de abril de 2014, ordenando la reinstalación a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones a las que ostentaba. CUARTO: CONDENAR a la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN a través de su Representante Legal de ese entonces, el señor Abraham Alvarenga Urbina como Procurador General de la República, al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de la suspensión de la relación laboral hasta que quede firme la presente sentencia. QUINTO: SIN COSTAS. Y MANDA: Que firme que sea esta sentencia, con la certificaron de estilo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veinticuatro días del mes agosto del dos mil veintidós; certificación de la sentencia de fecha veinticinco de julio del dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Casación número CL 125-20.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
Página 2 de 2