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Sentencia CL-119-20 — Registro 14946

Resumen

Demanda Ordinaria Laboral para que en sentencia definitiva se restituya a su representada al puesto de Inspectora de Caza y Pesca que ha venido desempeñando desde el inicio de su relación laboral, hasta la fecha que fue trasladada a un puesto de menor categoría de manera ilegal, en un acto discriminatorio por ser su contratación laboral bajo el sistema de jornal; asimismo, se le otorgue su Acuerdo de Nombramiento con el reconocimiento de su antigüedad y demás derechos laborales que no gozaba por estar contratada bajo el sistema de jornal, costas

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) La violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba, ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley; b) La norma que indica como violada el artículo 3 del Código del Trabajo no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; c) Señala que dirige su ataque por vía directa por falta de aplicación, pero incluye un acápite intitulado: “NORMAS PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓN DE LA NORMA SUSTANTIVA SEÑALADA ”, lo cual es incongruente con ese tipo de infracción o violación, ya que la inclusión de normas procesales es propio de una violación indirecta, donde se aducen los errores de hecho y de derecho provenientes de la apreciación probatoria; y, d) Formula alegatos de instancia.-"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) La violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba, ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley; b) La norma que indica como violada el artículo 3 del Código del Trabajo no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; c) Señala que dirige su ataque por vía directa por falta de aplicación, pero incluye un acápite intitulado: “NORMAS PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓN DE LA NORMA SUSTANTIVA SEÑALADA”, lo cual es incongruente con ese tipo de infracción o violación, ya que la inclusión de normas procesales es propio de una violación indirecta, donde se aducen los errores de hecho y de derecho provenientes de la apreciación probatoria; y, d) Formula alegatos de instancia.-"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) La violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba, ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley; b) La norma que indica como violada el artículo 3 del Código del Trabajo no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; c) Señala que dirige su ataque por vía directa por falta de aplicación, pero incluye un acápite intitulado: “NORMAS PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓN DE LA NORMA SUSTANTIVA SEÑALADA”, lo cual es incongruente con ese tipo de infracción o violación, ya que la inclusión de normas procesales es propio de una violación indirecta, donde se aducen los errores de hecho y de derecho provenientes de la apreciación probatoria; y, d) Formula alegatos de instancia."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) La violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba, ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley; b) La norma que indica como violada el artículo 3 del Código del Trabajo no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; c) Señala que dirige su ataque por vía directa por falta de aplicación, pero incluye un acápite intitulado: “NORMAS PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓN DE LA NORMA SUSTANTIVA SEÑALADA”, lo cual es incongruente con ese tipo de infracción o violación, ya que la inclusión de normas procesales es propio de una violación indirecta, donde se aducen los errores de hecho y de derecho provenientes de la apreciación probatoria; y, d) Formula alegatos de instancia."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el motivo que antecede resulta inadmisible, ya que la Recurrente incurre en los siguientes defectos técnicos: a) En su formulación omite señalar las normas sustantivas laborales del orden nacional infringidas y por ello no se cumple con el requisito establecido el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código de Trabajo; b) No es clara y precisa en el concepto de la infracción, ya que invoca los tres conceptos de la violación directa, al enunciar: “Ser la Sentencia violatoria de la ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea…”, c) El precepto autorizante señalado no es compatible, ya que el mismo es propio de los casos de infracción indirecta."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..." Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ha ocasionado un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; sin embargo, estudiada la petición del Censor del Fallo, aparece que los puntos expuestos en la misma pudieron haber sido expuestos como motivos del recurso, debidamente estructurados, sin que se evidencia ninguna violación a los derechos de defensa y debido proceso, resultando por ello inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veinticinco días del mes de julio del dos mil veintidós.- VISTO: Para dictar sentencia en los Recursos de Casación Laboral formalizados ante este Tribunal de Justicia, en fecha 13 de diciembre del 2021, por la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en su condición de representante procesal de la señora GREGORIA OLEGARIA VALLADARES RODRIGUEZ, y, en fecha 8 de febrero del 2022, por la Abogada PATRICIA YAMILETH ACOSTA JERONIMO, en condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, ambos como recurrentes y recurridos, respectivamente. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria Laboral para que en sentencia definitiva se restituya a su representada al puesto de Inspectora de Caza y Pesca que ha venido desempeñando desde el inicio de su relación laboral, hasta la fecha que fue trasladada a un puesto de menor categoría de manera ilegal, en un acto discriminatorio por ser su contratación laboral bajo el sistema de jornal; asimismo, se le otorgue su Acuerdo de Nombramiento con el reconocimiento de su antigüedad y demás derechos laborales que no gozaba por estar contratada bajo el sistema de jornal, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 10 de octubre del 2017, por la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, como Apoderada Legal de la señora GREGORIA OLEGARIA VALLADARES RODRIGUEZ, contra EL ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERIA (SAG). El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 27 de septiembre del 2019, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que en su parte conducente dice: “FALLA: I.- Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada PATRICIA YAMILETH ACOSTA JERONIMO, en su condición de Representante Procesal de la parte apelante-demandada.- II.- REFORMAR DE OFICIO PARCIALMENTE la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán de fecha treinta de noviembre del año dos mil dieciocho que corre a folios del 759 al 762 de la primera pieza de autos de la forma siguiente: UNO: CONFIRMAR el numeral 1) de la parte dispositiva de la sentencia apelada.- DOS: REVOCAR PARCIALMENTE el numeral 2) de la sentencia apelada en cuanto a declarar SIN LUGAR a que se proceda a tramitar un Acuerdo Ministerial para el nombramiento de la demandante de manera permanente y CONFIRMAR dicho numeral en los demás pronunciamientos como ser el reconocimiento de la relación de trabajo que es por tiempo indefinido y la declaración de SIN COSTAS en primera instancia.- III.- SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral para la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería, el 2 de noviembre del año 2003, desempeñando el puesto de Inspectora de Caza y Pesca, asignada al Departamento de Control de Fiscalización (DIGEPESCA), actualmente desempeñando el puesto de Conserje en la Dirección de SEDUCA, devengando un salario mensual de L.9,089.28; después de laborar por más de 14 años en el puesto de Inspectora de Caza y Pesca, de manera arbitraria e ilegal y en total discriminación a la dignidad humana, mediante nota SGRH-276-2017, de fecha 15 de junio del año 2017, fue trasladada a un puesto de menor categoría como Conserje en la Dirección de SEDUCA, lo cual es ilegal e injusto porque menoscaba sus derechos laborales, además en el puesto que venía desempeñando se nombró al señor Elvin Alexis Miralda Blanco, bajo el argumento que la demandante estaba contratada bajo la modalidad de jornal, en total discriminación laboral y en flagrante violación a la Constitución de la República, al Código del Trabajo, al Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que versa sobre la Discriminación y demás leyes protectoras del trabajo, por lo que al bajarla a un puesto de menor categoría en condiciones muy desfavorables a las que ostentaba, atenta en contra de la dignidad humana, y para la reparación del daño causado debe ser restituida en el puesto de Inspectora de Caza y Pesca en el Departamento de Control y Fiscalización (DIGEPESCA); además se condene a la demandada al nombramiento mediante el Sistema de Acuerdo, reconociéndole por endela antigüedad laboral. Teniendo por agotada la vía administrativa correspondiente en virtud que las partes no lograron llegar a un acuerdo conciliatorio, quedando expedita la vía judicial.- 2. La parte demandada, EL ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que la relación contractual sostenida con la demandante ha sido bajo la modalidad de sistema por jornal, por un periodo temporal y determinado, con fecha de inicio y finalización, razón por la cual rechaza la fecha que puntualiza la demandante, así como los puestos que manifiesta haber desempeñado y el salario que aduce haber devengado; expresa que la Resolución de Nombramiento Número 001-2017, de fecha 19 de enero del 2017, en el cual se aprueba el Nombramiento del Personal mediante la modalidad de Jornal, con efectividad a partir de enero hasta el 31 de diciembre del 2017, estableciendo también el cargo que ocuparía según la modalidad de su contratación, siendo este como Auxiliar de Campo, este sistema se desprende de Nombramientos Ministeriales por periodos determinados y con fecha de inicio y finalización, que al concluir por llegar a su fecha de cumplimiento, acarrea responsabilidad para ninguna de las partes, pues ya existe un procedimiento para optar a una plaza dentro de la Administración Pública, el artículo 2 de la Ley de Servicio Civil instituye: “el régimen del Servicio Civil comprenderá a los servicios públicos que laboran en Secretarías de Estado cuyo ingreso al servicio se haya efectuado llenando las condiciones y los que establezcan esta Ley y su Reglamento” procedimiento que no ha cumplimentado la demandante y que pretende obviar y desnaturalizar la modalidad bajo la cual ha sido contratada, quien desde el inicio aceptó y consintió sin objeción alguna dicha particularidad, procurando se le conceda un beneficio que no le corresponde, soslayando todo procedimiento exigido por las Leyes Administrativas como ser Ley de Servicio Civil y su Reglamento, Leyes Administrativas Especiales; asimismo, rechaza algunas de las funciones que la demandante asevera haber desempeñado como producto de su trabajo y que son incongruentes con la que se encuentra establecida en la Resolución de Nombramiento; sin embargo, la parte actora pretende el reconocimiento de un derecho subjetivo e inexistente argumentando que ha sido trasladada a un puesto de menor categoría, cuando en ningún momento se le ha asignado el cargo de Inspectora de Caza y Pesca, ya que es un cargo administrativo y las personas contratadas bajo la modalidad de Jornal, no pueden desempeñar ese tipo de cargos, pues según lo establecido en las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República del año 2017, que en su artículo 128 establece: “se prohíbe el nombramiento de personal cuyas funciones sean diferentes a las que corresponde a la naturaleza del trabajo como jornales”, en tal sentido, en ningún momento ha violentado la Constitución de la República, el Código del Trabajo, ni mucho menos el Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación, normativas que no se objetan, ya que son de orden público y su aplicación es generalizada, no obstante la demandante, por pretender un derecho subjetivo que no le corresponde y carecer de soporte jurídico que sustente sus argumentos para exigir los supuestos derechos que reclama, manifiesta que por el hecho de estar contratada bajo la modalidad de Jornal se ha cometido discriminación laboral y se han violentado la Constitución de la República, el Código del Trabajo y el Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las cuales determinan los principios generales del derecho al trabajo pero que en ningún momento dan validez jurídica a sus pretensiones particulares, pues en ningún momento ha ejercido discriminación de ninguna índole con la demandante, como irresponsablemente lo manifiesta en este hecho, por el contrario, únicamente ha dado cumplimiento a lo pactado y en ningún momento ha violentado ninguna norma jurídica; además, la demandante aceptó la forma de contratación, sin objeción alguna de su parte, ya que al momento de la contratación no se opuso, por el contrario, aceptó y consintió la modalidad bajo la cual estaba regida su relación contractual, en tal sentido, no existe fundamento legal en el cual se ampare que la demandante para exigir los supuestos derechos que reclama porque no le corresponden. En cuanto a la Conciliación realizada ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, dijo que además de no proceder la misma, no ostenta con las facultades para comparecer a ningún tipo de conciliación, ni aceptar obligaciones de derechos subjetivos inexistentes provenientes de nombramientos ministeriales transitorios por tiempo determinado y solicita se condene en costas.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 30 de noviembre del 2018, dictó sentencia que en su parte resolutiva dice: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral promovida por la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO en su condición de representante procesal de GREGORIA OLEGARIA VALLADARES RODRIGUEZ en contra del ESTADO DE HONDURAS del Procurador General de la República y representante legal de aquél entonces el Abogada ABRAHAM ALVARENGA URBINA. 2) SE DECLARA que la relación de trabajo que mantiene la demandante GREGORIA OLEGARIA VALLADARES RODRIGUEZ con el ESTADO DE HONDURAS a través de la Secretaria de Estado en los despachos de Agricultura y Ganadería, desde su inicio fue por tiempo indefinido, por lo que se le reconoce la antigüedad a partir del 2 de noviembre del año 2003, para lo cual se ordena a la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería que proceda a realizar los trámites correspondientes para que se le otorgue el respectivo Acuerdo de nombramiento a la demandante GREGORIA OLEGARIA VALLADARES RODRIGUEZ el Acuerdo Ministerial como empleada permanente de la Secretaría de Estado en los despachos de Agricultura y Ganadería. SIN COSTAS…”. Bajo el criterio que la demandante por más de 10 años ha sido contratada bajo distintas modalidades, ya sea por Contrato de Servicios Profesionales para desempeñarse como Archivera o bajo la modalidad de Jornal, pero no para desempeñar labores eventuales de carácter emergente, sino labores permanentes dentro de la institución que de manera simulada contrata personal para desempeñar labores continuas y permanentes con el fin de encubrir la verdadera naturaleza del Contrato celebrado, como lo es la contratación por tiempo indefinido; el Contrato por tiempo determinado durará hasta cuándo se ha previsto la fecha pactada de la terminación del contrato; la contratación por tiempo indefinido constituye la regla general porque corresponde a la realidad continuada de la prestación de labores, la relación indeterminada de las relaciones es el principio base, no depende su eficacia de la voluntad de las partes y únicamente se flexiona si lo requiere la naturaleza de las cosas; el contrato por tiempo indeterminado se encuentra más favorecido por las disposiciones legales protectoras basadas en la permanencia de la relación de trabajo, por lo que existe una firme corriente favorable a constituir esta regla en el imperativo legal, del cual sólo se reconocen excepciones en casos determinados, de ahí, que existe una marcada tendencia a declarar existente un Contrato por Tiempo Indeterminado, en casos de prórrogas sucesivas a los que se refiere el artículo 48 del Código del Trabajo y en general en todos aquellos donde la fijación del término con la intención de hacer fraude a la ley, pueda considerarse simulada; de la documentación aportada al proceso, resulta evidente que la prestación de la demandante nombrada como Auxiliar de Campo, en realidad se desempeñaba como Inspectora de Caza y Pesca, aunque no exista documento que la nombre como tal, pero si existe suficiente documentación que le permite otorgar validez a las estipulaciones alegadas por la trabajadora, por lo tanto, el demandado está obligado a otorgar el carácter de empleada permanente, desde la fecha que inicio a laborar el 2 de noviembre del 2003, ya que las labores que desempeñaba eran de naturaleza permanente, de conformidad con los artículos 47 y 52 del Código del Trabajo que establece el principio de continuidad del derecho del trabajo y que parte de la presunción que todo contrato de trabajo debe suscribirse por tiempo indefinido y excepcionalmente por tiempo determinado.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 27 de septiembre del 2019, dictó sentencia que en su parte conducente dice: “FALLA: I.- Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada PATRICIA YAMILETH ACOSTA JERONIMO, en su condición de Representante Procesal de la parte apelante-demandada.- II.- REFORMAR DE OFICIO PARCIALMENTE la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán de fecha treinta de noviembre del año dos mil dieciocho que corre a folios del 759 al 762 de la primera pieza de autos de la forma siguiente: UNO: CONFIRMAR el numeral 1) de la parte dispositiva de la sentencia apelada.- DOS: REVOCAR PARCIALMENTE el numeral 2) de la sentencia apelada en cuanto a declarar SIN LUGAR a que se proceda a tramitar un Acuerdo Ministerial para el nombramiento de la demandante de manera permanente y CONFIRMAR dicho numeral en los demás pronunciamientos como ser el reconocimiento de la relación de trabajo que es por tiempo indefinido y la declaración de SIN COSTAS en primera instancia.- III.- SIN COSTAS…”. Bajo el criterio que al revisar las diligencias, así como la motivación y fundamentación de la sentencia emitida por el Juez de primera instancia, esta tuvo como hechos probados, que la demandante laboraba para la Dirección de Pesca y Agricultura (DIGEPESCA), desempeñándose en el Departamento de Control y Fiscalización como Inspectora, desempeñando las funciones que se encuentran en el Manual aprobado en el año 1993, teniendo su carnet de identificación; el 15 de junio del 2017, le fue notificado que pasaría a desempeñarse en la Dirección de SEDUCA como Conserje; en el expediente constan además varias resoluciones que datan desde el año 2006, donde aparece que la demandante inicialmente fue nombrada como Peón Especial en dicho Programa de Pesca y Agricultura, pero es a partir de mayo del 2017, que no es nombrada como Peón Especial sino como Auxiliar de Campo durante los años 2015, 2016, 2017 y 2018, inclusive negando la Secretaría que se haya desempeñado como Inspector de Caza y Pesca, aludiendo que existe una prohibición que el personal pagado por jornal desempeñó funciones administrativas, llegando a la conclusión con la prueba aportada que la demandante por más de 10 años ha sido contratada por dicha Secretaría de distintas modalidades, ya sea por Contrato de Servicios Profesionales para desempeñarse como Archivera o bajo la modalidad de Jornal, pero no para desempeñar labores eventuales de carácter emergente, sino para labores permanentes dentro de la institución, con lo cual encubría la verdadera naturaleza del Contrato, que es de naturaleza indefinida y en base a ello es que se pronunció declarando Con Lugar la demanda ordinaria, declarando la relación de trabajo como de naturaleza indefinida, reconociendo su antigüedad, ordenando el Acuerdo de Nombramiento de la demandante; efectivamente ha quedado probada la relación laboral existente entre las partes; asimismo, ha sido aceptado el hecho que el empleo era por Jornal, en circunstancias en las cuales la demandante realizaba diferentes trabajos, que por su naturaleza eran de carácter permanente y por lo cual debe considerarse la relación por tiempo indefinido, y no por Jornal, ya que existe basta jurisprudencia en el sentido que los empleados contratados bajo la modalidad de jornal en cuanto a la temporalidad de la relación de trabajo debe ser de manera excepcional, debiendo ser acreditada por la parte empleadora, no siendo así, se considerara que laboran por tiempo indefinido, situación que ha ocurrido, en donde la demandante ha laborado por muchos años bajo esta modalidad, sin que el patrono haya acreditado la temporalidad, por lo que debe considerarse el trabajo de la demandante como que fue contratada por tiempo indefinido y darle el carácter de tal, con los derechos que le corresponden; conforme el Principio de Primacía de la Realidad que rectora el derecho del trabajo, no importa lo que digan los documentos, ni acuerdos, lo que realmente establece la existencia de una relación de trabajo es lo que sucede en el terreno de la realidad, en este caso la demandante se desempeñaba últimamente como Inspectora de Caza y Pesca, trabajo de naturaleza permanente, en ese sentido debe reconocérsele además su antigüedad que vienen desde los otros trabajos que ha venido desempeñando que también son de naturaleza permanente; las normas del derecho del trabajo son de orden público y su cumplimiento de carácter obligatorio, en ese sentido el Contrato por tiempo indefinido, le garantiza los derechos al trabajador, ya que se rige por normas de carácter protectorio, por ende, tutela más ampliamente todos los derechos que emanan del mismo, siendo esta modalidad a todas luces más beneficiosa, situación que debió reconocer el patrono, antes de ser demandado, ya que no desconocía la situación laboral de la demandante; si bien el Juez del trabajo deviene en la obligación de tutelar los derechos que nacen de los Contratos de Trabajo o de las relaciones laborales, también existe una limitación en sus atribuciones, por lo cual no puede ordenar que una Secretaría de Estado le otorgue un Acuerdo de Nombramiento, ya que esto le cambiaria el estatus de trabajadora con un Contrato por Tiempo Indefinido al de empleada pública, en ese aspecto, la orden del Tribunal llega hasta otorgarle el carácter indefinido a la relación laboral, por lo cual debe reformarse la sentencia que se conoce en apelación, en el único sentido de revocar el pronunciamiento sobre la elaboración del Acuerdo antes mencionado, confirmando todos los demás aspectos de la misma.- 5. Mediante auto de fecha 10 de marzo del 2020, este Tribunal de Justicia resolvió admitir los recursos de casación interpuestos por la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en su condición de representante procesal de la señora GREGORIA REDONDO; y, PATRICIA YAMILETH ACOSTA JERONIMO, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a cada una de las Recurrentes por el plazo de veinte (20) días, para que formulen sus demandas de casación de la siguiente forma: a) A la apoderada demandante dicho término le comenzará a contar a partir del día siguiente de la notificación de esta resolución y, b) A la representante procesal de la parte demandada, a partir del día siguiente de la notificación de la resolución en que se tenga por devuelto el traslado anterior.- 6. En fecha 13 de diciembre del 2021, compareció ante este Tribunal la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de fecha 13 de diciembre del 2021, se tuvo por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado a la Abogada PATRICIA YAMILETH ACOSTA JERONIMO, por el término de veinte días para que formule su demanda de casación; y en fecha 08 de febrero del 2022, compareció ante este Tribunal, la Abogada PATRICIA YAMILETH ACOSTA JERONIMO, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por formalizado en tiempo el recurso de casación; omitiéndose el traslado, se ordenó dar copia a la parte contraria para la contestación en forma común, por el término de diez días, el cual surtirá efecto en esta Secretaría, donde se mantendrán los autos a su disposición; por lo que mediante providencia de fecha 21 de marzo del 2022, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte de la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO; y en proveído de fecha 2 de mayo del 2022, se declaró precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte de la Abogada PATRICIA YAMILETH ACOSTA JERONIMO, para contestar la demanda de casación planteada, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en su condición de representante procesal de la señora GREGORIA OLEGARIA VALLADARES RODRIGUEZ, en su primer motivo de casación alega: “Acuso la sentencia impugnada violatoria de ley sustantiva laboral por violación directa de la norma establecida en el artículo 3 del Código del Trabajo relacionada con la norma constitucional establecida en los artículos 128 numeral 15 en relación con el contrato individual y 304 primera oración del primer párrafo. NORMA SUSTANTIVA VIOLADA La norma sustantiva de orden nacional violada está contenida en el artículo 3 del Código del Trabajo relacionada con la norma constitucional establecida en los artículos 128 numeral 15 en relación con el contrato individual y 304 primera oración del primer párrafo. PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo está comprendido en el numeral primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. NORMAS PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓN DE LA NORMA SUSTANTIVA SEÑALADA Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de la norma sustantiva señalada están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. EXPLICACION DE LA INFRACCION El Ad Quem al reformar la sentencia y limitar el poder del juez a no poder exigir un trámite administrativo para la efectividad reconocido en la sentencia es violatorio de la norma sustantiva señalada como violada. Establece nuevos límites sin fundamento legal en su considerando siete y comete el error de no llevar a una ejecución lo fallado, impidiendo de esta manera la plena tutela de la recurrente en sus derechos como jubilación o pensión, preaviso, cesantía, aumentos salariales y demás derechos conexos de los cuales gozan los empleados públicos. Comete el error evidente en creer que en la administración pública del Estado existen los contratos de trabajo por tiempo indefinido, desconociendo que estos son los denominados acuerdos, que no es otra que la decisión unilateral del Estado en nombrar a una persona como empleado público y la del empleado en aceptar las condiciones del puesto. Seguir con la reforma realizada por el Ad Quem equivaldría en dejar a la recurrente en una isla presupuestaria que le impediría gozar de todos los beneficios de la sentencia dictada. Además, desconoce la jurisprudencia existente que esta Corte Suprema de Justicia ha creado en los procesos de Casación número SL.146-18, S.L. 240-18 y S.L. 576-19, entre otros, donde confirmo la condena en cuanto a ordenar al Estado de Honduras a emitir el acuerdo de nombramiento en los casos semejantes al presente. Debió en todo caso, reconocer la jurisprudencia y ejecutar lo juzgado a través del nombramiento de la recurrente”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) La violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba, ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley; b) La norma que indica como violada el artículo 3 del Código del Trabajo no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; c) Señala que dirige su ataque por vía directa por falta de aplicación, pero incluye un acápite intitulado: “NORMAS PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓN DE LA NORMA SUSTANTIVA SEÑALADA ”, lo cual es incongruente con ese tipo de infracción o violación, ya que la inclusión de normas procesales es propio de una violación indirecta, donde se aducen los errores de hecho y de derecho provenientes de la apreciación probatoria; y, d) Formula alegatos de instancia.- IV. Que la Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso la sentencia impugnada violatoria de ley sustantiva laboral por Aplicación Indebida de la norma establecida en el artículo 3 del Código del Trabajo relacionada con la norma constitucional establecida en los artículos 128 numeral 15 en relación con el contrato individual y 304 primera oración del primer párrafo. NORMA SUSTANTIVA VIOLADA La norma sustantiva de orden nacional violada está contenida en el artículo 3 del Código del Trabajo relacionada con la norma constitucional establecida en los artículos 128 numeral 15 en relación con el contrato individual y 304 primera oración del primer párrafo. PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo está comprendido en el numeral primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. NORMAS PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓN DE LA NORMA SUSTANTIVA SEÑALADA Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de la norma sustantiva señalada están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. EXPLICACION DE LA INFRACCION El Ad Quem al reformar la sentencia y limitar el poder del juez a no poder exigir un trámite administrativo para la efectividad reconocido en la sentencia es violatorio de la norma sustantiva señalada como violada. Establece nuevos límites sin fundamento legal en su considerando siete y comete el error de no llevar a una ejecución lo fallado, impidiendo de esta manera la plena tutela de la recurrente en sus derechos como jubilación o pensión, preaviso, cesantía, aumentos salariales y demás derechos conexos de los cuales gozan los empleados públicos. Comete el error evidente en creer que en la administración pública del Estado existen los contratos de trabajo por tiempo indefinido, desconociendo que estos son los denominados acuerdos, que no es otra que la decisión unilateral del Estado en nombrar a una persona como empleado público y la del empleado en aceptar las condiciones del puesto. Seguir con la reforma realizada por el Ad Quem equivaldría en dejar a la recurrente en una isla presupuestaria que le impediría gozar de todos los beneficios de la sentencia dictada. Además, desconoce la jurisprudencia existente que esta Corte Suprema de Justicia ha creado en los procesos de Casación número S.L.146-18, S.L. 240-18 y S.L. 576-19 entre otros, donde confirmo la condena en cuanto a obligar al Estado de Honduras a emitir el acuerdo de nombramiento en los casos semejantes al presente. Debió en todo caso, reconocer la jurisprudencia y ejecutar lo juzgado a través del nombramiento de la recurrente”.- V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) La violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba, ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley; b) La norma que indica como violada el artículo 3 del Código del Trabajo no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; c) Señala que dirige su ataque por vía directa por falta de aplicación, pero incluye un acápite intitulado: “NORMAS PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓN DE LA NORMA SUSTANTIVA SEÑALADA”, lo cual es incongruente con ese tipo de infracción o violación, ya que la inclusión de normas procesales es propio de una violación indirecta, donde se aducen los errores de hecho y de derecho provenientes de la apreciación probatoria; y, d) Formula alegatos de instancia.- VI. La impetrante alega nulidad subsidiaria la cual aduce que: “Si los anteriores motivos no resultan suficientes para enmendar el fallo emitido por el Ad Quem y garantizar la aplicabilidad de la jurisprudencia creada, interpongo NULIDAD SUBSIDIARIA a partir del folio nueve de la segunda pieza de autos (Corte de Apelaciones del Trabajo) en virtud de que la sentencia dictada por el Ad Quem no garantiza la ejecución de lo juzgado, es decir, procesalmente está incompleta pues no existe en la estructura presupuestaria del Estado de Honduras, renglones que permitan pagar contratos por tiempo indefinidos, esto como consecuencia de que todo trabajador que celebre un contrato de trabajo por tiempo indefinido con el Estado de Honduras es denominado empleado público y goza de un acuerdo de nombramiento. Mantener el fallo resultaría ir en contra de la norma Constitucional establecida en el artículo 304 en cuanto a juzgar y ejecutar lo juzgado, en contra de la jurisprudencia creada por esta Corte Suprema de Justicia y en contra de los derechos que establece el Código de Trabajo en su artículo 3. Finalmente, es necesario indicar que el argumento expresado por el Ad Quem en su considerando 7 carece de fundamento jurídico, limita los poderes del juez, pero no establece bajo que norma jurídica crea ese razonamiento, hecho que resulta en una violación al debido proceso, a las normas procesales que rigen las condiciones en que se deben dictar las sentencias según el Código Procesal Civil y limita el ejercicio del juez consagrado en la Ley de Organización y Atribución de los Tribunales. En virtud de lo anterior, resulta procedente decretar la nulidad del fallo, indicándole al Ad Quem el rumbo correcto en que debe dictar su sentencia”.- VII. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ha ocasionado un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; sin embargo, estudiada la petición del Censor del Fallo, aparece que los puntos expuestos en la misma pudieron haber sido expuestos como motivos del recurso, debidamente estructurados, sin que se evidencia ninguna violación a los derechos de defensa y debido proceso, resultando por ello inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- VIII. Que la Abogada PATRICIA YAMILETH ACOSTA JERONIMO, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, en su primer y único motivo de casación alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea en lo establecido en las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica del año 2017 que en su artículo 128:" … Leyes aplicables, asimismo ampararse en una jurisprudencia por error de hecho consistente en apreciación errónea de la prueba y que aparece de manifiesto en los autos. NORMAS PROCESALES VIOLADAS. Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas son las siguientes: en lo establecido en las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica del año 2017 que en su artículo 128: Establece "se prohíbe el nombramiento de personal cuyas funciones sean diferentes a las que corresponde a la naturaleza del trabajo como jornales". EXPLICACION DEL MOTIVO La Corte Sentenciadora, incurre en error de hecho, al no apreciar los medios probatorios, propuestos por la parte demandada, ya que no se tomó en cuenta los artículo 26 del Código de Trabajo relacionado con el artículo 3 del reglamento interno de trabajo de la Secretaria de Agricultura y Ganadería, establecidas en al artículo 29 de la Ley General de la Administración Pública y 80 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo y como tal está regulada por leyes del ámbito administrativo que inciden en su organización y funcionamiento, una de ellas la Ley General de la Administración Pública que establece las normas a que estarán sujetos los entes que conforman la administración del Estado”.- IX. Que el motivo que antecede resulta inadmisible, ya que la Recurrente incurre en los siguientes defectos técnicos: a) En su formulación omite señalar las normas sustantivas laborales del orden nacional infringidas y por ello no se cumple con el requisito establecido el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código de Trabajo; b) No es clara y precisa en el concepto de la infracción, ya que invoca los tres conceptos de la violación directa, al enunciar: “Ser la Sentencia violatoria de la ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea…”, c) El precepto autorizante señalado no es compatible, ya que el mismo es propio de los casos de infracción indirecta.- X. Por las razones expuestas anteriormente, no procede la admisión de los recursos de casación formalizados por las Abogadas MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en su condición de representante procesal de la señora GREGORIA OLEGARIA VALLADARES RODRIGUEZ, en sus dos motivos de casación: sin lugar la petición de nulidad subsidiaria, PATRICIA YAMILETH ACOSTA JERONIMO, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, en su único motivo.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación formalizado por la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en su condición de representante procesal de la señora GREGORIA OLEGARIA VALLADARES RODRIGUEZ, en sus dos motivos de casación: sin lugar la petición de nulidad subsidiaria. 2) DECLARANDO NO HABER LUGAR al recurso de Casación formulado por la Abogada PATRICIA YAMILETH ACOSTA JERONIMO, en condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, en su único motivo. 4) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. - NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veinticinco días del mes agosto del dos mil veintidós; certificación de la sentencia de fecha veinticinco de julio del dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Casación número CL 119-20.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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