Sentencia CL-08-21 — Registro 15349
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para que se declare la nulidad de la simulación de unos contratos de servicios profesionales y que el empleador pretendió dar a verdaderos contratos de trabajo, en consecuencia se solicita se declare por tiempo indefinido la relación laboral originada por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos, en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo, así mismo concederle todos los derechos que ostentan los empleados con carácter permanente, pago de vacaciones, decimotercer y decimocuarto mes causados y proporcionales todos estos conceptos a los dos últimos años, pago de reajuste al salario mínimo, pago de sanción indemnizatoria por el no pago del salario mínimo, pago de salarios adeudados y demás derechos que por ley le corresponden, costas del juicio
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible por los defectos técnicos siguientes: a) las normas señaladas como infringidas no ostentan la calidad de sustantivas, requisito indispensable para la prosperidad del motivo de conformidad a lo preceptuado en el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código del Trabajo; b) en la formulación se indica el concepto de infracción indirecta, pero se omite si es por error de hecho o de derecho es hasta en la explicación que se alude al error de derecho, volviendo el cargo confuso; c) el precepto autorizante no concuerda con el concepto de infracción indirecta invocado; d) en la explicación se alude a los artículos 1 del Decreto Legislativo Número 266-2013, 124-C de la Ley General de la Administración Pública, 117 párrafo primero Disposiciones generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República para el año fiscal del 2017 y 200 del reglamento de Ley de Servicio Civil, que todo caso, no tienen relación con el sub-judice y vuelve la explicación carente de fundamento o razón.- 5. Por lo antes señalado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo.-"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil veintidós.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 18 de febrero de 2022, por el Abogado JORGE ALBERTO RIVERA MARTINEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, la señora KAREM YASMIN SANTOS CARIAS, representada en juicio por la Abogada NANCY KARINA BENAVIDES ALVARADO. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para que se declare la nulidad de la simulación de unos contratos de servicios profesionales y que el empleador pretendió dar a verdaderos contratos de trabajo, en consecuencia se solicita se declare por tiempo indefinido la relación laboral originada por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos, en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo, así mismo concederle todos los derechos que ostentan los empleados con carácter permanente, pago de vacaciones, decimotercer y decimocuarto mes causados y proporcionales todos estos conceptos a los dos últimos años, pago de reajuste al salario mínimo, pago de sanción indemnizatoria por el no pago del salario mínimo, pago de salarios adeudados y demás derechos que por ley le corresponden, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 03 de noviembre del 2017, por la señora KAREM YASMIN SANTOS CARIAS, mayor de edad, soltera, Ama de Casa, hondureña y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN PÚBLICA, por medio del Procurador General de la República, en ese entonces el Abogado ABRAHAN ALVARENGA URBINA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 28 de enero del 2020, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 27 de mayo del 2019, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) DECLARA CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE EN SENTENCIA DEFINITIVA SE DECLARE LA NULIDAD DE LA SIMULACION DE UNOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES Y QUE EL EMPLEADOR PRETENDIÓ DAR A VERDADEROS CONTRATOS DE TRABAJO, EN CONSECUENCIA PIDO SE DECLARE POR TIEMPO INDEFINIDO MI RELACIÓN LABORAL, QUE SE CONCEDAN TODOS LOS DERECHOS QUE OSTENTAN LOS EMPLEADOS CON CARÁCTER PERMANENTE, PAGO DE VACACIONES, DECIMO TERCER, DECIMO CUARTO MES CAUSADOS Y PROPORCIONALES TODOS ESTOS CONCEPTOS A LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS, PAGO DE REAJUSTE AL SALARIO MÍNIMO (ARTÍCULO 39 DE LA LEY DE SALARIO MÍNIMO). PAGO DE SALARIOS ADEUDADOS Y DEMAS DERECHOS QUE POR LA LEY ME CORRESPONDEN, instaurada por la señora KAREM YASMIN SANTOS CARIAS Contra EL ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE EDUCACIÓN representado por la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, a través de la abogada LIDIA ESTELA CARDONA; 2) CONDENA: AL ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE EDUCACIÓN representado por la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, a través de la abogada LIDIA ESTELA CARDONA; A) Nombrar en forma permanente a la demandante señora KAREM YASMIN SANTOS CARIAS desde la fecha de inicio de la relación laboral, es decir 29 de octubre de 2010 con el reconocimiento de todos los derechos que gozan los empleados permanentes; B) a pagar la cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS (L.199,727.42) desglosado de la siguiente manera: VACACIONES CAUSADAS L.15,117.60; VACACIONES PROPORCIONALES L.41.57; DECIMO TERCER MES CAUSADO L.19,437.00; DECIMO TERCER MES PROPORCIONAL L.8,098.75; DECIMO CUARTO MES CAUSADO L.19,437.00; DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL L.3,239.50; REAJUSTE AL SALARIO MINIMO L.43,644.00; INDEMINIZACIÓN DE SALARIO MÍNIMO L.43,644.00. 3) SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que, inició la relación laboral para el Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, desde el 29 de octubre del 2010, desempeñándose en el puesto de aseadora, devengando un salario mensual de L.7,900.00; que en virtud de la suscripción de varios contratos de trabajo de forma continua e ininterrumpida y al tenor de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo en relación con el artículo 52 último párrafo del mismo cuerpo legal que establece: “…Si antes de transcurrido un (1) año se celebra nuevo contrato entre las mismas partes contratantes y para la misma clase de trabajo, deberá entenderse este por tiempo indefinido…”, por lo que a la demandante le asiste el derecho a la permanencia en el puesto que ha venido desempeñando, con todos los derechos que ostentan los empleados con estatus permanente, pues ha quedado acreditado con claridad meridiana la relación de dependencia que es una relación social que en el marco de la misma una de las partes se encuentra legitimada para dicta órdenes y la otra (el trabajador) acepta dicha legitimación en su consecuente deber de obediencia, puesto que es el patrono quien dirige la institución y es con quien se relacionan jerárquicamente los trabajadores, además en el caso que nos ocupa es evidente que al haber trabajado bajo las órdenes del patrono pone a su disposición su fuerza de trabajo el trabajador, con lo cual no cabe duda que el patrono ha menoscabado un derecho fundamental (Derecho al Trabajo) garantizado por la Constitución de la República, Código del Trabajo, Tratados, Convenios y Recomendaciones de la OIT, artículos 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; así mismo se le conceda la antigüedad desde el inicio de la relación laboral, más todos los aumentos, pago de reajuste al salario mínimo, pago de sanción indemnizatoria por el no pago del salario mínimo al 100% reajustado de acuerdo con el artículo 39 de la Ley del Salario Mínimo y demás derechos que por ley le corresponden.- 2. La parte demandada, EL ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que se acepta lo referente a que la demandante presta sus servicios en el cargo de aseadora, en la Dirección General de Educación, dependencia de la Secretaría de Educación, por un periodo limitado y determinado, y bajo la modalidad de Contrato Temporal de Trabajo; que se rechaza en cuanto a la fecha de inicio que establece la demandante para su prestación de servicio a través de las contratos referidos, el salario que aduce haber devengado, y su argumento de realizar labores que corresponden a su formación de manera continua, pues estos contratos de servicios temporales están sujetos a lo que dispone la estimación presupuestaria de Ingresos de la Administración Central para el Ejercicio Fiscal vigente cada año y que literalmente establecen: "La contratación de personal con cargo al Objeto Especifico del Gasto, 12100 Sueldos Básicos (Personal No Permanente) se debe de realizar en casos excepcionales bajo la responsabilidad del titular de cada institución, siempre y cuando el personal a contratar figure en el Plan Operativo Anual (POA) y que exista la disponibilidad presupuestaria"; en consecuencia estos tienen vigencia por el periodo fiscal vigente a efecto de estar regidos por las Disposiciones Generales de Presupuesto y al finalizar el ejercicio fiscal concluye el contrato suscrito entre las partes. Que la demandante procura sustentar sus pretensiones en el artículo 47 del Código del Trabajo, que si bien es cierto esta norma señala que: "Los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se consideran como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese término de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que le dio origen a la materia del trabajo para la prestación de servicios iguales o análogas", es también aventurado afirmar que esta prestación de servicios por la suscripción de varios contratos es continua e ininterrumpida, pues estos contratos son transitorios y temporales, sujeta a disposiciones y a normas presupuestarias con prohibiciones, por lo que no se puede aplicar irresponsablemente la normativa laboral de este texto legal ni considerarse por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese término de duración, pues la figura del "Contrato" involucra dos partes que se someten a las obligaciones y derechos plasmados en el mismo y no pueden prevalecer derechos subjetivos por muy convenientes que sean para un de las partes, ni tampoco cambiarse los términos del contrato, argumentando la aplicación de esta normativa del artículo 47 del Código del Trabajo, pues además de violarse el principio de equidad, equilibrio y legitimidad de las partes, desnaturalizaría el objeto del contrato; en consecuencia, se deduce que la demandante solo pretende aplicar una norma jurídica laboral con el único objeto de utilizarlo para el reconocimiento de un derecho que no existe ni tiene ningún sustento jurídico, por ser este meramente ilusorio e imaginario y sostener un supuesto contrato de trabajo por tiempo indeterminado, y será en el proceso del debate que se demostrara que su argumento para exigir sus pretensiones no causan una tutela judicial efectiva. En cuanto que se condene a la parte demandada a pagar las costas de este juicio ya la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno Publicada, el 23 de enero del 2014, en su artículo 8 establece: "“Disposición General.- El Estado o sus entidades, en juicio de cualquier naturaleza, estará exento del pago de costas…”, en ese efecto su pretensión de pago de costas del juicio estaría en flagrante vulneración de la norma, por lo tanto no puede exigir ni manipular al juzgador de la causa exponer motivos de forma exhaustiva en que se basa para condenar o absolver al demandado en el pago de costas, interviniendo la amenaza de que de no hacerlo so pena de nulidad para generar una defensa que se requiera para interponer un recurso de apelación, puesto que no está sujeto a la tarifa legal de fijar sus argumentos al dictar su sentencia la cual se basa en el principio del debido proceso en condiciones de igualdad y que se dicte una resolución independiente e imparcial y justa. Que la parte actora de la demanda, no cumplió con el requisito establecido en el artículo 691 del Código de Trabajo, que dispone: "Las acciones contra una entidad de derecho público, una persona administrativa autónoma, o una institución o entidad de derecho social, podrán iniciarse solo cuando se haya agotado el procedimiento gubernativo o reglamentario correspondiente", no obstante que el Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, no ostenta las facultades para comparecer a ningún tipo de conciliación, ni mucho menos al tratarse de Contratos Temporales por periodos limitados y determinada su fecha de inicio y finalización, como es el caso que nos refiere el cual además de haberse acordado a satisfacción de las partes, en la Cláusula Decima Séptima del contrato señala: "que en caso de controversias es competente la jurisdicción de lo contencioso Administrativo", siendo en su defecto incompetente para conocer de este asunto la Secretaría de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social, a razón de la materia.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 27 de mayo del 2019, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: 1) DECLARA CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE EN SENTENCIA DEFINITIVA SE DECLARE LA NULIDAD DE LA SIMULACION DE UNOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES Y QUE EL EMPLEADOR PRETENDIÓ DAR A VERDADEROS CONTRATOS DE TRABAJO, EN CONSECUENCIA PIDO SE DECLARE POR TIEMPO INDEFINIDO MI RELACIÓN LABORAL, QUE SE CONCEDAN TODOS LOS DERECHOS QUE OSTENTAN LOS EMPLEADOS CON CARÁCTER PERMANENTE, PAGO DE VACACIONES, DECIMO TERCER, DECIMO CUARTO MES CAUSADOS Y PROPORCIONALES TODOS ESTOS CONCEPTOS A LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS, PAGO DE REAJUSTE AL SALARIO MÍNIMO (ARTÍCULO 39 DE LA LEY DE SALARIO MÍNIMO). PAGO DE SALARIOS ADEUDADOS Y DEMAS DERECHOS QUE POR LA LEY ME CORRESPONDEN, instaurada por la señora KAREM YASMIN SANTOS CARIAS Contra EL ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE EDUCACIÓN representado por la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, a través de la abogada LIDIA ESTELA CARDONA; 2) CONDENA: AL ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE EDUCACIÓN representado por la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, a través de la abogada LIDIA ESTELA CARDONA; A) Nombrar en forma permanente a la demandante señora KAREM YASMIN SANTOS CARIAS desde la fecha de inicio de la relación laboral, es decir 29 de octubre de 2010 con el reconocimiento de todos los derechos que gozan los empleados permanentes; B) a pagar la cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS (L.199,727.42) desglosado de la siguiente manera: VACACIONES CAUSADAS L.15,117.60; VACACIONES PROPORCIONALES L.41.57; DECIMO TERCER MES CAUSADO L.19,437.00; DECIMO TERCER MES PROPORCIONAL L.8,098.75; DECIMO CUARTO MES CAUSADO L.19,437.00; DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL L.3,239.50; REAJUSTE AL SALARIO MINIMO L.43,644.00; INDEMINIZACIÓN DE SALARIO MÍNIMO L.43,644.00. 3) SIN COSTAS…”. Bajo el criterio que, la presente litis se contrae al reconocimiento de la permanencia en el puesto de trabajo, habiendo portado la parte demandada como prueba documental el último contrato temporal suscrito por el Estado y la demandante con vigencia del 02 de enero al 31 de diciembre de 2017; en donde consta además, el puesto a desempeñar es de aseadora, asimismo a través de las presunciones legales se acreditó que la demandante tenía una antigüedad superior a los 7 años, se probó que la naturaleza de 1as funciones desempeñada por la demandante son permanentes ya que el mismo es necesario para la operatividad de la empresa y no requieren ningún tipo de especialización o tecnicidad; y que si bien es cierto en materia contractual rige el Principio de PACTA SUNT SERVANDA: que establece que las cláusulas de los contratos deben de cumplirse de buena fe entre las partes, tal como lo alega la demandada en la contestación de la demanda, no es menos cierto que en el caso de los Contratos de Trabajo, por ser un contrato de regulación especial, por la desventaja que lleva consigo el trabajador por la relación de subordinación, se presume que todos los Contratos de Trabajo deben tener incluidos expresa o tácitamente los contenidos mínimos de protección a los derechos de los Trabajadores establecidos en las normas laborales so pena de Nulidad, al tenor de lo establecido en la Constitución de la Republica y Código de Trabajo vigente que expresa: son nulos ipso jure todos los actos y estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución, el Código del Trabajo, sus Reglamentos o las demás Leyes de Trabajo y Previsión Social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato de trabajo u otro pacto cualquiera. Y que en atención al artículo precitado se tendrá la cláusula del vencimiento o del término de finalización; como nula, ya que el derecho de permanencia está íntimamente ligado con la estabilidad Laboral tal como lo establece el artículo 129 de la Constitución de la República, que reza: "La Ley garantiza la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y las justas causas de separación" entendiéndose como estabilidad como el derecho que tiene el trabajador de permanecer en su empleo durante su vida laboral, siempre y cuando no sobrevengan las circunstancias que al tenor de lo establecido en nuestra normativa laboral se consideren Justas Causas de terminación de la Relación laboral, por las razones expuestas es procedente declarar CON LUGAR, la demanda de mérito en cuanto al reconocimiento de la permanencia desde el inicio de la relación laboral es decir el 29 de octubre de 2010. Que la parte actora además de prestaciones e indemnizaciones laborales solicita el pago de décimo tercer y décimo cuarto mes de salario proporcional, vacaciones causadas y proporcionales de los últimos dos años de la relación laboral, en cuanto a estos conceptos no consta en el expediente que los mismos hayan sido satisfechos a favor de la demandante, debido a la falta de colaboración de la demandada no se pudieron acreditar tales extremos; procediendo la aplicación de las presunciones legales en consecuencia se declara CON LUGAR el pago de los mismos. En cuanto al pago de ajuste al salario mínimo, es preciso mencionar que la demandante devengaba un salario de L.7,636.67 tomando en cuenta que el salario mínimo para el año 2017 asciende a la cantidad de L.9,718.53; por lo anterior se colige que la demandante devengaba un salario inferior al mínimo legalmente establecido por lo que corresponde su reajuste por la cantidad de L.2,081.86 dos años atrás es decir 2016 y 2017. Asimismo, la actora solicita el pago de indemnización a título de daños y perjuicios por no pago de salario mínimo de conformidad a lo que establece la ley de salario mínimo en su artículo 39 que reza: "Todo trabajador al que le sean aplicables salarios mínimos y reciba salarios inferiores a los salarios mínimos a que tiene derecho, podrá recuperar las sumas que se le adeuden por la vía judicial en juicio que se sustanciará sumariamente. El trabajador podrá cobrar en concepto de daños y perjuicios, además de lo que se le adeude, una suma igual" al haberse constatado que la violación al derecho de la demandante a devengar un salario mínimo procede declarar CON LUGAR el pago de dicha indemnización.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 28 de enero del 2020, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas. Bajo el criterio que, esta Corte de Apelaciones ha dejado establecido como suficiente jurisprudencia que en el caso sometido a recurso, que este tipo de contratos celebrados entre los trabajadores con el Estado de Honduras, han sido desnaturalizado, ya que los mismos reúnen los requisitos señalados en el artículo 20 del Código del Trabajo, ya que el trabajador ha desarrollado sus labores de manera continua, ejerciendo las mismas actividades y funciones, bajo las órdenes del mismo patrono y recibiendo un pago como retribución a sus labores y cumpliendo una jornada de trabajo; por lo que es claro que el contrato suscrito entre las partes es de naturaleza laboral; que al estar acreditado la existencia de varios contratos de trabajo temporales celebrados, en los que se estableció que la función a realizar por la demandante como Aseadora en la Dirección General de Educación adscrita a la Secretaría de Estado en los Despachos de Educación, las funciones desempeñadas siempre han sido las mismas durante el período de tiempo por el cual se celebraron los contratos de trabajo, por lo que no cabe duda a este Tribunal de Alzada, que la relación existente entre el Estado de Honduras y la demandante era por tiempo indeterminado.- 5. Mediante auto de fecha 15 de febrero del 2021, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado JORGE ALBERTO RIVERA MARTINEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha 18 de febrero del 2022, compareció ante este Tribunal el Abogado JORGE ALBERTO RIVERA MARTINEZ, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 18 de febrero del 2022, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 21 de junio del 2022, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por la Abogada NANCY KARINA BENAVIDES ALVARADO, en condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- 1. Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- 2. Que el Abogado JORGE ALBERTO RIVERA MARTINEZ, en un primer y único motivo de casación alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de la Ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta de los artículos 19, 21, 26 y 46 inciso, ya que la Corte de Apelaciones del Trabajo violentó la ley por falta de apreciación de lo expuesto en el medio de prueba documental publico correspondientes a los Contratos suscritos entre el demandante y la Secretaría de Educación que se encuentran en los Folios 16, al 21, donde consta que la relación laboral es Por tiempo determinado, pues en cada uno de los Contratos se establece la fecha de inicio y la fecha de finalización.- Tampoco Honorables Magistrados, el Tribunal Ad Quem no hizo una valoración jurídica La contratación de personal con cargo al Objeto Especifico del Gasto, 12100 Sueldos Básicos (personal No Permanente) se debe realizar en casos excepcionales bajo la responsabilidad del titular de cada institución, siempre y cuando el personal a contrata figure en el Plan Operativo Anual (POA) y que exista la disponibilidad presupuestaria. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral 1° del Código del Trabajo: el cual textualmente dice: son causales de casación: 1°. Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea. Si la violación de la ley proviene de apreciación errónea o falta de apreciación de determinada prueba, es necesario que se alegue por el recurrente sobre este punto, demostrando haberse incurrido por el sentenciador en error de hecho o de derecho que aparezca de manifiesto en los autos. Solo habrá lugar a error de derecho en la casación de trabajo cuando se haya dado por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la ley. Por exigir esta al efecto una determinada solemnidad para la validez del acto, pues en Este caso no se debe admitir su prueba por otro medio y también cuando deja de apreciarse una prueba de esta naturaleza, siendo el caso de hacerlo, porque así mismo no se concibe como juzgar a mi representada por contratar bajo una de las modalidades contempladas en la Ley nacional vigente. EL CONCEPTO DE LA INFRACCION LO EXPLICO ASI: El Tribunal Ad Quem, no aplicó en el presente caso el Artículo 46 numeral b) del Código de Trabajo, mediante el cual se establece que los contratos individuales de trabajo pueden ser a) ... b) Por tiempo limitado, tal es el caso de la contratación de la señora KAREN YASMIN SANTOS CARIAS quien fue contratada por la secretaría de Educación por media de contratos por lo que para ingresar de forma permanente necesita cumplir con una serie de requisitos en virtud que la normativa en que sustentan el reclamo de un supuesto derecho subjetivo no le corresponden a la señora (a) demandante en atención a lo que establece el artículo 1 del DECRETO LEGISLATIVO NUMERO 266-2013, que contiene la LEY PARA OPTIMIZAR LA ADMINISTRACION PUBLICA, MEJORAR LOS SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA EN EL GOBIERNO, de fecha dieciséis (16) de diciembre de dos mil trece (2013), Publicado en el Diario oficial La gaceta numero 33,336 el veintitrés (23) de enero de dos mil catorce (2014), entrando en vigencia ese mismo día de publicación, que la hace de obligatorio cumplimiento, y que en uno de sus apartados reforma el ARTÍCULO 124-C DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA, que en su párrafo primero literalmente dice: "ARTICULO 124-C.- Los empleados servidores públicos que ostentes acuerdos ejecutivos de nombramiento, de las dependencias del Poder Ejecutivo que, en aplicación de esta Ley se fusionen, escindan o supriman, conservaran su antigüedad y derechos adquiridos de conformidad a la ley y continuarán prestando sus servicios en la dependencia que se les notifique y que corresponda de conformidad a la reorganización administrativa que se ejecute. En caso de los empleados por contrato los mismos deberán sujetarse al plazo y a las condiciones contractuales convenidas entre las partes. En relación a lo dispuesto mediante este artículo, lo no previsto o para incluso modificar, variar o ampliar lo aquí dispuesto, deberá ser resuelto o decidido mediante Decreto Ejecutivo, por el Presidente de la República por sí o por medio del Consejo de Secretarios de Estado" (Lo subrayado es mío), en las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República para el año fiscal del 2017 que en su Artículo 117 párrafo primero prescribe "La contratación de personal con cargo al Objeto Especifico del Gasto 12100 Sueldos Básicos (Personal No Permanente) debe realizar en casos excepcionales bajo la responsabilidad del titular de cada institución, siempre y cuando el personal a contratar figure en el Plan Operativo Anual (POA) y que exista la disponibilidad presupuestaria", en estricta observancia del artículo 200 del reglamento de Ley de Servicio Civil. Este tipo de contrataciones se formalizará mediante Acuerdo Interno de cada institución del Sector Público. Lo anterior es de aplicación para los recursos provenientes del Tesoro Nacional". Mientras en su párrafo tercero establece "Estos contratos tiene vigencia únicamente dentro el presente Ejercicio Fiscal, no debiendo considerarse, para ningún efecto, al personal contratado bajo esta modalidad como permanente y su efectividad se contará desde la fecha en que este personal tome posesión del cargo". (Lo subrayado es nuestro). Por otra parte, en el caso que nos ocupa el beneficio de permanencia a la corresponde a los demandantes porque solamente es otorgado a empleados por acuerdo, y no está contemplado para la prestación de servicio por tiempo determinado y con fecha de culminación, es así que el reconocimiento de la pretensión de la demandante mediante una sentencia ES IMPROCEDENTE”.- 3. Que el cargo que antecede resulta inadmisible por los defectos técnicos siguientes: a) las normas señaladas como infringidas no ostentan la calidad de sustantivas, requisito indispensable para la prosperidad del motivo de conformidad a lo preceptuado en el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código del Trabajo; b) en la formulación se indica el concepto de infracción indirecta, pero se omite si es por error de hecho o de derecho es hasta en la explicación que se alude al error de derecho, volviendo el cargo confuso; c) el precepto autorizante no concuerda con el concepto de infracción indirecta invocado; d) en la explicación se alude a los artículos 1 del Decreto Legislativo Número 266-2013, 124-C de la Ley General de la Administración Pública, 117 párrafo primero Disposiciones generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República para el año fiscal del 2017 y 200 del reglamento de Ley de Servicio Civil, que todo caso, no tienen relación con el sub-judice y vuelve la explicación carente de fundamento o razón.- 5. Por lo antes señalado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación formulado en su único motivo; 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. SECRETARIO DE LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los cuatro días del mes noviembre del dos mil veintidós; certificación de la sentencia de fecha veintisiete de septiembre del dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Casación número CL 08-21.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
SECRETARIO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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