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Sentencia CL-86-21 — Registro 13722

Resumen

Se interpuso recurso de casación en la sentencia que declaro con lugar la demanda ordinaria laboral para que se declare la existencia de una relación de trabajo de índole permanente regida por contratos de servicios profesionales concurriendo los tres elementos esenciales del contrato de trabajo, se declare la antigüedad desde el inicio de la relación laboral, una vez reconocida la relación laboral que se condene a la demandada al reintegro al puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones en virtud de despido ilegal, directo e injusto, los incrementos salariales que se den durante su ausencia. Confirmada en segunda instancia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..." Que el cargo que antecede resulta inadmisible por los defectos técnicos siguientes: a) los artículos 2 numeral 2) y 665 del Código del Trabajo, señalados como normas sustantivas infringidas no ostentan tal calidad, requisito indispensable, para que el motivo alcance sus fines artículo 769 numeral 5 literal a) del Código del Trabajo. Es importante recordar que normas sustantivas, son aquellos que establecen derechos y obligaciones reciprocas o los modifican."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente asunto, examinada que fue la sentencia impugnada y se estima que el mismo se encuentra dictado conforme a derecho, como también que se ha analizado la prueba aportada por las partes para tomar la decisión de fondo del juicio. A razón de lo antes expuesto estima este Tribunal, que no se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION.- El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los trece días del mes de diciembre de dos mil veintiuno.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha siete de junio del dos mil veintiuno, por la Abogada MARGARITA MOLINA REYES, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además es parte recurrida, el señor OSCAR ANTONIO ORTEGA VALLECILLO, representado en juicio por el Abogado DANIEL ALEXANDER ORTIZ. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para que se declare la existencia de una relación de trabajo de índole permanente regida por contratos de servicios profesionales concurriendo los tres elementos esenciales del contrato de trabajo, se declare la antigüedad desde el inicio de la relación laboral, una vez reconocida la relación laboral que se condene a la demandada al reintegro al puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones en virtud de despido ilegal, directo e injusto, los incrementos salariales que se den durante su ausencia; asimismo, a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha que sea reintegrado, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de agosto del dos mil dieciocho, por el señor OSCAR ANTONIO ORTEGA VALLECILLO, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN PUBLICA, por medio de la Procuradora General de la República, Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha treinta de octubre del dos mil veinte, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha catorce de octubre del dos mil diecinueve, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: I) DECLARANDO CON LUGAR LA DEMANDA promovida por OSCAR ANTONIO ORTEGA VALLECILLO; Contra del ESTADO DE HONDURAS a través de su representante legal y Procuradora General de la República LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, en cuanto a lo siguiente: 1) Reconocer la condición de permanente en el cargo de ASISTENTE DE ENLACE; 2) el reintegro a su puesto de trabajo como ASISTENTE DE ENLACE, por lo menos en las mismas condiciones que tenía al momento de la terminación de la relación del despido, más el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de terminación de la relación laboral, hasta la fecha en que la demandante sea reintegrada a su puesto de trabajo, más el reconocimiento de todos los derechos otorgados a los empleados de la empresa demandada, en su ausencia; consecuentemente, II) CONDENA al demandado Contra del ESTADO DE HONDURAS a través de su representante legal y Procuradora General de la República LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, a lo siguiente: 1) Reconocer la condición de permanente en el cargo de ASISTENTE DE ENLACE; 2) el reintegro a su puesto de trabajo como ASISTENTE DE ENLACE, por lo menos en las mismas condiciones que tenía al momento de la terminación de la relación del despido, más el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de terminación de la relación laboral, hasta la fecha en que la demandante sea reintegrada a su puesto de trabajo, más el reconocimiento de todos los derechos otorgados a los empleados de la empresa demandada, en su ausencia; al señor OSCAR ANTONIO ORTEGA VALLECILLO; III) SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inicio la relación laboral con el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado de Educación, el 23 de septiembre del 2013, desempeñándose en el cargo de Asistente de Enlace en el Departamento de Educación y Comunicación Ambiental y Salud (DECOAS) devengando un salario mensual de L.10,000.00 en los últimos 6 meses; que de conformidad a los artículos 47 párrafo primero y segundo; 52 párrafo tercero y 347 del Código del Trabajo, se entiende que nos encontramos ante un verdadero contrato de trabajo por tiempo indefinido regido por la jurisdicción laboral del trabajo, pues las labores que realizaba dentro de la institución demandada son permanentes y continuas, la causa del contrato subsiste y los puestos son aún vigentes dentro de la institución demandada, adquiriendo el demandante la estabilidad en su puesto de trabajo, con fundamento en el artículo 129 de la Constitución de la República que contiene el principio de estabilidad laboral y continuidad y que el contrato es de tracto sucesivo, por lo que la concertación del contrato de trabajo por tiempo limitado, no puede basarse en la simple decisión de las partes y debe observarse siempre la verdad de los hechos sobre la apariencia o por encima de los acuerdos formales; debiendo computarle al demandante su antigüedad desde la fecha de la suscripción del primer contrato de trabajo. Sucedió después de laborar más de cuatro años para la institución demandada de forma continua e interrumpida se le notificó al demandante en fecha 13 de junio del 2018 el OFICIO 1550-SG-2018 la cual en su parte conducente literalmente estipula lo siguiente: "DE LA MANERA MÁS ATENTA Y CON INSTRUCCIONES DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN, ME PERMITO NOTIFICARLE QUE LA VIGENCIA DE SU CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES, SUSCRITO ENTRE LAS SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y SU PERSONA VENCERÁ EL 30 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, POR LO ANTERIOR SE LE COMUNICA QUE DICHO CONTRATO NO SERÁ RENOVADO", violentando de esta manera los principios de estabilidad laboral y el principio de buena fe en la relación laboral, en el presente caso la empresa demandada ha actuado de mala fe, dando por terminada la relación laboral sin ninguna justa causa de conformidad a lo estipulado en el artículo 112 del Código del Trabajo.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que a la demandante no le es aplicable las disposiciones del Código del Trabajo, pues las disposiciones legales aplicables al caso de mérito es la Ley del Servicio civil, su reglamento, y demás normas administrativas, es por ello que considerando las necesidades de la demandada se contrató al demandante, el que se realizó aplicando los artículos 200, 201 y 202 y subsiguientes del Reglamento de la Ley del Servicio Civil, en este orden de ideas, y en el caso que hubiere surgido un conflicto entre las partes contratantes, el competente para dirimirlos era la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tal como lo reza la cláusula decima del contrato y el artículo 3 inciso a) párrafo final de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, razón por la cual el demandante no puede solicitar un derecho subjetivo que no le pertenece y que no es competente para reconocer este Juzgado del Trabajo. Que se debe aclarar que no existió despido directo, en consecuencia, al no existir el mismo, el juez se ve vedado en calificarlo como justificado o injustificado y por ende no podría condenar al reintegro y demás derechos, ya que un acto es consecuencia del otro, pues el derecho al reintegro surte efecto en el caso en que el despido sea injustificado, no pudiéndose ser impuesta esa sanción por ser inexistente dicho acto; todo lo anterior debido a que el contrato entre las partes era temporal, mismo que tenía fecha de finalización, razón por la que en ningún momento se le notificó despido alguno, mucho menos un despido arbitrario e injusto, pues con la nota de fecha 13 de junio del 2018, únicamente se le recordó que su contrato llegaría a su fin, por lo que al no ser una nota de despido no se debe ceñir a lo establecido en el artículo 117 del Código del Trabajo, ni a ninguna otra disposiciones del Código del Trabajo, ya que como anteriormente se dijo, esta relación se regula por la Ley de Servicio Civil y su Reglamento.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce de octubre del dos mil diecinueve, dictó sentencia que en su parte condicente, dice: “FALLA: I) DECLARANDO CON LUGAR LA DEMANDA promovida por OSCAR ANTONIO ORTEGA VALLECILLO; Contra del ESTADO DE HONDURAS a través de su representante legal y Procuradora General de la República LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, en cuanto a lo siguiente: 1) Reconocer la condición de permanente en el cargo de ASISTENTE DE ENLACE; 2) el reintegro a su puesto de trabajo como ASISTENTE DE ENLACE, por lo menos en las mismas condiciones que tenía al momento de la terminación de la relación del despido, más el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de terminación de la relación laboral, hasta la fecha en que la demandante sea reintegrada a su puesto de trabajo, más el reconocimiento de todos los derechos otorgados a los empleados de la empresa demandada, en su ausencia; consecuentemente, II) CONDENA al demandado Contra del ESTADO DE HONDURAS a través de su representante legal y Procuradora General de la República LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, a lo siguiente: 1) Reconocer la condición de permanente en el cargo de ASISTENTE DE ENLACE; 2) el reintegro a su puesto de trabajo como ASISTENTE DE ENLACE, por lo menos en las mismas condiciones que tenía al momento de la terminación de la relación del despido, más el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de terminación de la relación laboral, hasta la fecha en que la demandante sea reintegrada a su puesto de trabajo, más el reconocimiento de todos los derechos otorgados a los empleados de la empresa demandada, en su ausencia; al señor OSCAR ANTONIO ORTEGA VALLECILLO; III) SIN COSTAS…”. Bajo el criterio que haciendo un análisis de las pruebas allegadas al juicio y los argumentos de ambas partes, se ha acreditado que el demandante realizaba una labor continua dentro de la institución como ser Asistente de Enlace; que el artículo 47 del Código del Trabajo en su párrafo segundo establece que: "Los contratos relativos a labores que, por su naturaleza sean permanentes o continuos en la empresa, se consideraran celebrados por tiempo indefinido, aunque en ellos se exprese termino de duración..... En consecuencia, los contratos a plazo fijo para obra determinada tienen carácter de excepción y sólo pueden celebrarse en los casos en que así lo exija la naturaleza accidental o temporal del servicio que se va a prestar o de la obra que se va a ejecutar.”, aplicando el artículo antes mencionado al caso que nos ocupa la parte demandada no acreditó fehacientemente la temporalidad de la relación laboral puesto que el demandante ha ejercido el cargo por tres (3) años, nueve (9) meses, llegando al firme convencimiento que efectivamente se trataba de una relación laboral por lo tanto debe declarase con lugar la relación de trabajo de forma permanente a partir de la fecha de inicio de la relación de trabajo, reconociendo los derechos que se otorguen a los empleados permanentes a partir que adquiera el carácter de firme la presente sentencia. Que en consonancia con lo antes relacionado el demandante solicitó el reintegro a su puesto de trabajo y que analizada la nota de notificación de vencimiento de contrato de fecha 13 de junio del 2018, se denota que la parte demandada no indica con claridad y precisión cual fue la causa o causas que dio motivo para dar por finalizada la relación laboral de manera unilateral de las contenidas en el artículo 112 del Código del Trabajo ni que a efecto de garantizar el derecho de defensa al trabajador se siguió un procedimiento disciplinario previo al despido, determinándose que por faltas imputables al mismo haga insostenible la relación laboral, liberándose con ello de toda responsabilidad que en materia laboral corresponda, de lo contrario violenta lo dispuesto en el artículo 117 del Código del Trabajo.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de octubre del dos mil veinte, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que se ha determinado la existencia de una relación laboral desde el 23 de septiembre de 2013 hasta que se le comunico la no renovación de su contrato de trabajo el cual vencería el 30 de junio de 2018, que la controversia en el presente caso, radica en que la parte apelante ha venido sosteniendo durante el proceso que si bien existe dicha relación, la misma no es de manera indefinida, sino que a través de contratos de servicios profesionales o temporales a término, por lo cual el demandante no ha adquirido la permanencia en su puesto de trabajo, ni mucho menos los derechos de que gozan los mismos, al revisar dichos contratos, por lo que se ha observado que por sus características esta reúne todos los requisitos que la Ley exige para considerar en un contrato los elementos típicos de un contrato de trabajo, al cual se le denomino contrato temporal de trabajo, en el puesto de Asistente de enlace en el Departamento de Educación y Comunicación Ambiental y Salud (IDECOAS) estableciendo un horario ordinario de trabajo, la prestación del servicio de manera personal, describiéndole sus funciones mediante el pago de una remuneración, por lo que se desprende que existe subordinación y dependencia del patrono, y el pago correspondiente por el trabajo que realizaba, mediante contratos suscritos de manera continua, en el mismo trabajo y para el mismo patrono, lo que volvió dicha relación de carácter indefinido para los efectos legales correspondiente, que le han permitido solicitar no solo su reintegro, sino su permanencia en dicho cargo, con todos los derechos de que gozan los empleados permanentes. Que la demandada en el transcurso del proceso, no probó las razones que tuvo para dar por terminada la relación de trabajo, ni la temporalidad del mismo, ya que se demostró, que el trabajo era de naturaleza permanente, por lo tanto, se prorrogo en el tiempo, adquiriendo de esa manera el carácter de una relación de modo indefinido. Que en sus alegaciones el apelante menciona que los contratos son de servicios profesionales y que tenían término, fundamentándose en el Código del Trabajo, pero resulta ser, que debió en el desarrollo del proceso probar, que esos contratos a término o de carácter temporal lo que eran, ya que estos deben finalizar en un tiempo determinado, dicha modalidad se utiliza para labores accidentales o para obra determinada. Que el despido se considera ilegal e injusto cuando no se ha probado alguna causa de justificación que faculte al patrono para dar por terminado el vínculo contractual, por lo tanto, tampoco se ha seguido el procedimiento legal que la Ley ha dispuesto.- 5. Mediante auto de fecha dieciséis de marzo del dos mil veintiuno, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada MARGARITA MOLINA REYES, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha siete de junio del dos mil veintiuno, compareció ante este Tribunal la Abogada MARGARITA MOLINA REYES, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de fecha siete de junio del dos mil veintiuno, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha dos de agosto del dos mil veintiuno, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte del Abogado DANIEL ALEXANDER ORTIZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO: I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que la Abogada MARGARITA MOLINA REYES en su primer y único motivo de casación alega: “Acuso a la Sentencia recurrida de ser violatoria de Ley sustantiva de Orden Nacional e infracción directa por falta de aplicación de los artículos 728, 729, 738, como precepto autorizante los artículos 765 No. 1 y 2 del Código del trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el artículo, 765 No. 1 y 2, Párrafo Primero del Código del Trabajo. NORMA SUSTANTIVA VIOLADA: La norma sustantiva de orden nacional violada, está contenida en el artículo 714 de la ilegitimidad para ser demandada por no existir patrono, 738 falta de apreciación de la Prueba por el Juzgador Aquem, del Código del Trabajo. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo en la convicción legal del Juzgador Aquem y juez aquo para la apreciación de la prueba. EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION. PRIMER MOTIVO DE CASACION.- Acuso a la sentencia de ser violatoria de la Ley Sustantiva de Orden Nacional e Internacional por Infracción Directa porque el Tribunal A quem, quien no apreció o no aplicó, o ignoró normas de estricto cumplimiento como ser Artículo 738 del Código del Trabajo, así como la declaración o expresión motivada por el demandante en el libelo de su demanda, señor Ortega Vallecillo, se funda en hechos irreales y no concretos ( al expresar: "existiendo todavía la causa del contrato y los puestos aún existen"), circunstancia que no probó, al no constatarse en la Secretaría de Educación si existe el cargo que él ocupaba. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo primero del Artículo 765 del Código del Trabajo. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE: El Convenio 111-OIT y a los convenios de los Derechos Humanos tienen como pretensión proteger y garantizar los Derechos de los Trabajadores a todo lo cual en ningún acto se pretende violentar los mismos, pero tampoco es influyente, ni se puede permitir que se violente derechos de los entes públicos y mucho menos violentar normas de general cumplimiento, por defender, sin limitarse a la legalidad, estos derechos del trabajador amparados en el Código del Trabajo de Honduras que es garante de tales derechos, violentando lo preceptuado en el artículo 62 de la Constitución de la República y lo preceptuado por la misma que no deberá violentarse normas de estricto cumplimiento, en este caso Decretos Legislativos, Acuerdos y demás Leyes Administrativas, procediendo a violentar normas o preceptos autorizantes que se deben mantener para la validez de un juicio y asimismo, en el presente caso no apreciar en ningún momento las pruebas propuestas y practicadas, mucho menos determinar la expresión del demandante cuando dice: "Fui Contratado por La Secretaría de Educación, para desempeñar el cargo de Asistente de Enlace del Departamento de Educación y Comunicación Ambiental y Salud (DECOAS)", y el señor Ortega Vallecillo, se funda en hechos irreales y no concretos al expresar: "existiendo todavía la causa del contrato y los puestos aún existen", circunstancia que no probó, al no constatarse en la Secretaría de Educación si existe el cargo que él ocupaba, cuando quedó bastamente probado que mi representado, no lo contrató de forma permanente, hecho que quedó, no solamente con los contratos relacionando sus cláusulas, probado, sino también, con los diferentes cargos que desempeñó, durante la Secretaría requirió de sus servicios profesionales, ya que se le designaba diferentes funciones por el carácter de contratista de Servicios Profesionales, folios 20, 27, 67, 82, 83 (en éstos dos últimos folios se constata que siempre se le notificó de la finalización de su contrato), quedando muy claro que mi representado, solamente es un ente benefactor de los ciudadanos, así como de la educación a nivel nacional como lo ratifica la Constitución de la República en su Artículo 62: "ningún ciudadano tiene más derechos que los demás ciudadanos", probado en el presente caso, que el demandante no tiene más que únicamente el derecho a ostentar un cargo público, contratado como un servidor del Estado en su calidad de Profesional, dada la actividad gubernamental que realiza mi representado el Estado de Honduras, a través de su labor de representar y por ende beneficiar a todo el pueblo hondureño, tal como quedó debidamente probado y comprobado al evacuarse como medio de prueba por la parte demandada, las cláusulas establecidas en el último contrato firmado por ambas partes, conscientes de la necesidad, del Estado, de solventar situaciones de requerimiento de personal, así como por parte del demandante, de percibir un salario a través de una contratación al menos. En el presente caso, si se dan los tres elementos enmarcados en el artículo 20 del Código del Trabajo, por ser un servicio de índole personal profesional, debiendo sujetarse al menos a una autoridad, percibir un salario cumpliendo el artículo 70 de la Constitución de la República, que manda que nadie puede prestar servicios gratuitos, requerido para cubrir actividades varias que debe cumplir el Estado de Honduras, que maneja fondos exclusivos para apoyo a la educación quien subsiste de las transferencias que a través de la Ley General del Presupuesto se le asigna a mi representado el Estado de Honduras, hecho que como consecuencia no califica para cubrir de manera absoluta las necesidades laborales de toda la ciudadanía como para asignar plazas permanentes a todos los ciudadanos. Bajo tal circunstancia mi representado, no puede comprometerse a asignar una plaza de carácter permanente al servidor que ingrese al sector público bajo la modalidad de contratación, existiendo para tal fin la modalidad de contratación por nombramiento por Acuerdo a través de la Dirección General de Servicio Civil; el Estado de Honduras, no tiene esa capacidad, por lo que no está obligado a cumplir las exigencias planteadas por el demandante OBJETO DEL DEBATE: El presente juicio se centra en determinar por un lado si existe relación de trabajo permanente entre el señor OSCAR ANTONIO ORTEGA VALLECILLO y el ESTADO DE HONDURAS, si corresponde el pago de indemnizaciones legales por despido injusto, o por el contrario no le corresponde ningún derecho porque no es empleado permanente de la parte demandada y no fue despedido, como lo alega la parte demandante; Otro hecho controvertido es determinar si el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en los Despachos de Educación, contrató en forma permanente al demandante y si ocurrió un despido injustificado.- HECHOS PROBADOS: Que de las pruebas alegadas al proceso se encuentra acreditado las circunstancias siguientes: Uno: Que el demandante OSCAR ANTONIO ORTEGA, desempeñaba sus funciones contratado bajo la modalidad de Contrato por Servicios Profesionales, que por su naturaleza es de índole temporal, razón por la que se le elaboraba un contrato cada vez que finalizaba el anterior y cada vez se le notificaba de la finalización del mismo, lo cual no se entiende las razones por las que no demandó oportunamente; Dos: Que dicha relación finalizó en vista que fue informada por parte de mi representado, que el último contrato firmado había llegado a su término de vencimiento.- FUNDAMENTOS DE DERECHO. Que la carga de probar el despido le corresponde al trabajador y su justificación al patrono, que en el presente caso se encuentra acreditado que el demandante, dejó de laborar porque la parte demandada y por cuestiones presupuestarias, le notificó que su contrato había finalizado.-Tres: Según lo establece la doctrina, "en materia laboral los datos formales que resultan de documentos contractuales o similares, que sean elaborados de buena fe, no necesariamente son definitivos para establecer la existencia o inexistencia del vínculo contractual laboral, ya qué deben preferirse los datos que ofrece la realidad de la relación jurídica analizada, tal como quedó probado en juicio. En el fallo o parte dispositiva de la sentencia recurrida, la Corte Sentenciadora, aplica normas que solo se aplican favoreciendo al trabajador. El Tribunal sentenciador admite el recurso de apelación de la parte demandada, y resuelve únicamente al demandante, en intereses que solo mi representado se ve afectado, y a su vez, admite el criterio de la Juzgadora Aquo, donde se nota que su fallo no es solo por su propia convicción; asimismo, por la veracidad y fehaciencia de las pruebas propuestas y evacuadas, sino también por existir precedentes anteriores emitidos por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo en casos fallados anteriormente, tanto por los Juzgadores Aquo, como los Juzgadores Aquem, por causas iguales a la presente. Que por los motivos antes expresados, La Máxima Autoridad Casacionista, en el fallo del Recurso de Casación que emita podrá fundamentarse para Casar el presente recurso de casación, emitiendo el fallo favorable a la parte demandada, "El tópico de las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentación y motivación, ya que la primera es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez. Quien motiva explica las causas de sus decisiones y esas pueden ser incluso irracionales, por lo que la Ley general obliga probar. Quien explica da razones para hacer aceptable lo resuelto. Por eso en materia jurídica, las decisiones solo son válidas si están respaldadas por razonamiento legales, esto es: Facticos, Probatorios y Jurídicos". Por la naturaleza de la violación a una norma de imperativa aplicación como es la prueba que le da validez y razón de ser al juicio, la Honorable Corte Suprema de Justicia, Casacionista, en el Acápite Resolutivo podrá expresar que por las razones antes expuestas, es procedente Declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida, para que el Juzgador Ad Quem proceda de conformidad a Derecho, revocando el fallo emitido por el juzgador Aquo.”.- III. Que el cargo que antecede resulta inadmisible por los defectos técnicos siguientes: a) los artículos 2 numeral 2) y 665 del Código del Trabajo, señalados como normas sustantivas infringidas no ostentan tal calidad, requisito indispensable, para que el motivo alcance sus fines artículo 769 numeral 5 literal a) del Código del Trabajo. Es importante recordar que normas sustantivas, son aquellos que establecen derechos y obligaciones reciprocas o los modifican.- IV. Que el Censor alega nulidad subsidiaria: “La nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe cuando conste en autos declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen y no puede subsanarse por la confirmación de las partes, ni por un lapso menor que el que se exige para la prescripción ordinaria. En el presente Recurso de Casación es evidente que la autoridad Juzgadora a Nivel de Recurso de Casación, habrá notado y deberá tomar en consideración que el juzgador Aquem no ha tomado en consideración normas de rigurosa aplicación. En virtud de ello, se alega en forma subsidiaria la nulidad absoluta de la sentencia recurrida de fecha treinta (30) de octubre del año dos mil veinte (2020) dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta ciudad de Tegucigalpa, del Departamento de Francisco Morazán, que solamente tomó en cuenta lo establecido en el artículo 19 del Código del Trabajo, sin que se haya probado la existencia del mismo, quedando claramente probado que no hubo tal contrato permanente de trabajo, sino que se favoreció únicamente al demandante, sin que éste, haya probado lo expresado en el libelo de la demanda, en consecuencia Pido: Revocar la Sentencia Definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad Departamento de Francisco Morazán, en primera instancia; En este caso, emitido el presente fallo de Casación, la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, no podrá negarse a reconocer la prueba Documental Publica presentada por el Demandado, que constituyen documentos autorizados por Fe Pública ante la Señora Juez de Letras del Trabajo de esta ciudad, por lo que son documentos indubitables por estar autorizados ante Funcionario de Fe Pública”.- V. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente asunto, examinada que fue la sentencia impugnada y se estima que el mismo se encuentra dictado conforme a derecho, como también que se ha analizado la prueba aportada por las partes para tomar la decisión de fondo del juicio. A razón de lo antes expuesto estima este Tribunal, que no se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- VI. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus cinco motivos de casación y sin lugar la nulidad alegada de forma subsidiaria.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo. 2) SIN LUGAR la nulidad la nulidad subsidiaria. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los veinte días del mes de enero del dos mil veintidós; certificación de la sentencia de fecha trece de diciembre del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número CL 86-21.- Firma y sello.- OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ, RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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