Sentencia CL-73-20 — Registro 12755
Resumen
Demandas Ordinarias Laborales acumuladas para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido directo, pago de vacaciones, proporcionales, pago de aguinaldos, pago de décimo cuarto mes, pago de bonificación sobre vacaciones, pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, aumento de salario desde el primer periodo de enero del 2014, hasta la fecha de su cancelación, todo conforme a la contratación colectiva vigente del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA)
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Entre las normas que indica como violadas los artículos 99,100 y 101 del Código del Trabajo no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) Cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; c) Entre las normas procesales que indica que sirvieron de medio para la violación el artículo 206 del Código Procesal Civil no ostenta ese carácter; d) Debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente; y, e) Formula alegatos propios de instancia."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los catorce días del mes de mayo del dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 11 de febrero del 2021, por el Abogado DANIEL ALEXANDER ORTIZ, en su condición de representante procesal del SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), como recurrente; además, es parte recurrida, los señores JOSÉ HORACIO MERINO MIDENCE, SAMUEL ANTONIO MONTOYA LÓPEZ, RONY ALEXY EUCEDA BONILLA, MARIANO DE JESÚS LÓPEZ DÍAZ e IRMA JANETH ANDINO GONZALES, representados en juicio por el Abogado JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ BONILLA. OBJETO DEL PROCESO: Demandas Ordinarias Laborales acumuladas para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido directo, pago de vacaciones, proporcionales, pago de aguinaldos, pago de décimo cuarto mes, pago de bonificación sobre vacaciones, pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, aumento de salario desde el primer periodo de enero del 2014, hasta la fecha de su cancelación, todo conforme a la contratación colectiva vigente del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANA), condena en costas, promovidas ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, por el señor JORGE ALFREDO ÁVILA GÁLVEZ, casado, Ingeniero Civil, en fecha 11 de agosto del 2015; EDUARDO SALVADOR MELGAR BERRIOS, Bachiller en Computación, RUBEN ANTONIO AMADOR GÓMEZ, Técnico en Electromecánica, ambos mayores de edad y casados, en fecha 12 de agosto del 2015; HECTOR ADALID MARTINEZ MORENO, casado, Peón, JOSÉ HORACIO MERINO MIDENCE, casado, Pintor de Brocha Gorda, PEDRO VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ, casado, Soldador, SAMUEL ANTONIO MONTOYA LÓPEZ, casado, Perito Mercantil y Contador Público, RONY ALEXY EUCEDA BONILLA, soltero, Técnico en Refrigeración, GERMAN MARIN SOSA GÓMEZ, soltero, Vigilante, MARIANO DE JESÚS LÓPEZ DÍAZ, casado, IRMA YANETH ANDINO GONZALEZ, soltera, Perito Mercantil y Contador Público, OLGA MARINA QUIROZ, casada, Perito Mercantil y Contador Público, CARLOS HUMBERTO MARTÍNEZ VELÁSQUEZ, casado, Peón, EDWYN RENIERY ZORTO RODRÍGUEZ, casado, Mecánico Electricista, VIERIS RENE MELGAR LOZANO, casado, Motorista, ALEX RAFAEL SANCHEZ MATAMOROS, casado Motorista, todos ellos mayores de edad, hondureños y de este domicilio, en fecha 12 de agosto del 2015, contra el SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), a través de la Presidenta de la Junta Interventora Abogada NIVIDA FLOR HERNÁNDEZ AGURCIA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 13 de noviembre del 2019, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 7 de noviembre del 2018, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por JOSE HORACIO MERINO MIDENCE, SAMUEL ANTONIO MONTOYA LOPEZ, RONY ALEXY EUCEDA BONILLA; MARIANO DE JESUS LOPEZ DIAZ; e IRMA JANETH ANDINO GONZALES, contra EL SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), a través de la Presidenta de su Junta Interventora NIVIDA HERNANDEZ, en cuanto al pago por los siguientes conceptos: preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones proporcionales, bono de verano proporcional, décimo tercer mes proporcional y décimo cuarto mes proporcional y salario de 120 días de suspensión; 30 días de indemnización por no notificar la suspensión con anticipación; y para todos los salarios dejados de percibir, calculados desde la fecha de la terminación laboral hasta que este firme el presente fallo; en consecuencia, 2) CONDENA AL DEMANDADO, EL SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), a través de la Presidenta de su Junta Interventora NIVIDA HERNANDEZ, a pagar la cantidad de diez MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON SETENTA CENTAVOS (L.10,545,952.70) desglosados de la siguiente forma: para el señor JOSE HORACIO MERINO MIDENCE, la cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (L.695,674.65), por los siguientes conceptos: preaviso L.306,832.50; auxilio de cesantía L. 306,832.50; auxilio de cesantía proporcional L.10,674.84; vacaciones proporcionales L. 3,566.27, bonificación de vacaciones L.7,421.15, bono de verano proporcional L.5,850.00, décimo tercer mes proporcional L.7,954.64, décimo cuarto mes proporcional L.3,668.15, salario de 120 días de suspensión L.34,299.60, 30 días de indemnización por no notificar la suspensión con anticipación L. 8,575.00; para el señor SAMUEL ANTONIO MONTOYA LOPEZ, la cantidad de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL DIECIOCHO LEMPIRAS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS (L.4,380,018.95) por los siguientes conceptos: preaviso L.2,047,034.25; auxilio de cesantía L. 2,047,034.25; auxilio de cesantía proporcional L.92,970.01; vacaciones proporcionales L.11,312.19, bonificación de vacaciones L.25,659.59, bono de verano proporcional L.5,850.00, décimo tercer mes proporcional L.14,046.08, décimo cuarto mes proporcional L.22,781.58, salario de 120 días de suspensión L.90,664.80; 30 días de indemnización por no notificar la suspensión con anticipación L.22,666.20; para RONY ALEXY EUCEDA BONILLA, la cantidad de DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (L.2,225,086.44), por los siguientes conceptos: preaviso L.1,015,854.00; auxilio de cesantía L. 1,015,854.00; auxilio de cesantía proporcional L.73,277.94; vacaciones proporcionales L.6,919.09, bonificación de vacaciones L.15,695.48, bono de verano proporcional L.5,850.00, décimo tercer mes proporcional L.8,381.96, décimo cuarto mes proporcional L.13,934.47, salario de 120 días de suspensión L.55,455.60, 30 días de indemnización por no notificar la suspensión con anticipación L.13,863.90; para MARIANO DE JESUS LOPEZ DIAZ; la cantidad de DOS MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS (L.2,609,933.37) por los siguientes conceptos: preaviso L.1,205,216.10; auxilio de cesantía L. 1,205,216.10; auxilio de cesantía proporcional L.75,597.78; vacaciones proporcionales L.7,138.28, bonificación de vacaciones L.16,192.70, bono de verano proporcional L.5,850.00, décimo tercer mes proporcional L.8,831.00, décimo cuarto mes proporcional L.14,375.91, salario de 120 días de suspensión L.57,212.40, 30 días de indemnización por no notificar la suspensión con anticipación L.14,303.10; y para IRMA JANETH ANDINO GONZALES la cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON TREINTA Y UN CENTAVOS (L.635,239.31) por los siguientes conceptos: preaviso L.210,070.35; auxilio de cesantía L. 210,070.35; auxilio de cesantía proporcional L.139,860.26; vacaciones proporcionales L. 3,670.20, bonificación de vacaciones L.7,637.46, bono de verano proporcional L.5,850.00, décimo tercer mes proporcional L.5,061.72, décimo cuarto mes proporcional L.8,894.97, salario de 120 días de suspensión L.35,299.20, 30 días de indemnización por no notificar la suspensión con anticipación L.8,824.80; y para todos los salarios dejados de percibir, calculados desde a fecha de la terminación laboral hasta que este firme el presente fallo, de conformidad con las normas procesales; 3) Declarando SIN COSTAS”.ANTECEDENTES DE HECHO. 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que el señor José Horacio Merino Midence, comenzó a laborar en fecha 7 de febrero del 2005, con número de personal 15736, ocupando el puesto de Vigilante cumpliendo y ejerciendo diligentemente hasta su cancelación el día 4 de mayo del 2015, devengando un sueldo mensual de (L.8,750.00); el señor Samuel Antonio Montoya López, en fecha 1 de junio del 1989, con número de personal 11965, ocupando el puesto de Auditor II, hasta su cancelación el día 4 de mayo del 2015, devengando un sueldo mensual de L.22,666.26; el señor Rony Alexy Euceda Bonilla, en fecha 1 de junio de 1994, con número de personal 14589, ocupando el puesto de Vigilante, hasta su cancelación el día 4 de mayo del 2015, devengando un sueldo mensual de L.15,019.44; el señor Mariano de Jesús López Díaz, en fecha 9 de septiembre de 1991, con número de personal 14190, ocupando el puesto de Vigilante hasta su cancelación el 4 de mayo del 2015, devengando un sueldo mensual de L. 14,300.00; la señora Irma Janeth Andino Gonzáles, en fecha 7 de octubre del 2007, con número de personal 15688, ocupando el puesto de Oficinista, hasta su cancelación el día 4 de mayo del 2015, devengando un sueldo mensual de L. 8,824.00. En fecha 2 de enero del 2015, se les notificó la decisión de suspender por un término de 120 días su contrato individual de trabajo, efectiva a partir del día 3 de enero del 2015, hasta el 2 de mayo del 2015, debiendo reintegrarse a sus labores el 4 de mayo del 2015, basándose en el artículo 100 numeral 4, 5 y 15, 101 y 102 demás aplicables del Código del Trabajo. Transcurrido el tiempo de la suspensión, el día 4 de mayo del 2015, se presentaron a sus puestos de trabajo, pero en ese momento se les hizo entrega de una notificación de fecha 4 de mayo del 2015, debidamente firmada por el Gerente, donde se les manifestaba que se daba por terminado su contrato de trabajo a partir de esa misma fecha, fundamentando tal determinación en lo enunciado en los artículos 100 numeral 4, 5, 15, 111 numeral 8 del Código del Trabajo, notificación misma que en su inciso C estableció “que conforme a los incisos anteriores, dada la persistencia de las condiciones y causales que dieron lugar a la suspensión de su contrato individual de trabajo, no es posible reanudar las labores en la forma en que se había previsto y por consiguiente reincorporarle a su puesto de trabajo, en consecuencia nos vemos en la obligación de tomar la determinación de dar por terminado su contrato de trabajo en virtud de lo cual el SANAA está en la disposición de reconocerle el importe de las prestaciones e indemnizaciones laborales que conforme a la ley corresponden ...” y se les solicitó presentar todas las constancias correspondientes para hacerle efectivo el pago de sus derechos, lo cual generó un costo más a su persona dado que estaban sin empleo e ingresos, pero haciendo un esfuerzo y con la ilusión que se les pagarían sus prestaciones laborales llevaron los documentos requeridos, pero la institución ha sido evasiva sin dar respuestas para el cumplimiento de tal deber, a pesar de que el Gerente General y Representante Legal en reiteradas ocasiones a través de los diferentes medios tanto escritos como radiales y televisivos, les ha hecho la promesa que les cancelarán sus derechos. En cuanto a la fundamentación legal que la demandada utilizó para sustentar la suspensión y terminación del contrato, señaló que el artículo 100 del Código del Trabajo contempla la suspensión de los contratos de trabajo y las causales entre otras son las enumeradas como 4, 5, 15, en cuanto al artículo 101 del Código de Trabajo, habrá de acreditarse en el transcurso del juicio con la prueba pertinente de inspección ocular en la misma Secretaría del Trabajo si la empresa obtuvo previo a la suspensión de los contratos de trabajo la correspondiente autorización para notificar a los empleados que sus contratos individuales de trabajo quedaban suspendidos; asimismo, el artículo 102 del Código de Trabajo no fue aplicado, en vista que no se le avisó con anticipación la suspensión, siendo esta una desconsideración y una clara violación a un derecho constitucional, pues entre la notificación de la suspensión y el inicio de la misma no trascurrieron ni veinticuatro horas, referente a la causa argumentada sobre la falta de fondos y la imposibilidad para obtenerlos, el Código del Trabajo en su artículo 23 establece que el trabajador puede participar de las utilidades o beneficios de su patrono, pero nunca asumir sus riesgos o pérdidas, igual lo establece la Constitución de la República en su artículo 136, por lo que dicha suspensión y posterior despido fueron ilegales e injustos, pues el Código del Trabajo en su artículo 112 ya establece cuales son las causales por las que un trabajador puede ser despedido con causa justa y al no invocar ninguna de las ahí establecidas en el ordenamiento jurídico relacionado, se violentó la Constitución de la República en sus artículos 127,129 y 134 y el 112 del Código del Trabajo. Dando por agotado el trámite administrativo correspondiente en virtud que las partes no lograron llegar a un acuerdo conciliatorio. En lo que respecta a los señores Jorge Alfredo Ávila Gálvez, Eduardo Salvador Melgar Berrios, Rubén Antonio Amador Gómez, Héctor Adalid Martínez Moreno, Pedro Velásquez Rodríguez, German Marín Sosa Gómez, Olga Marina Quiroz, Carlos Humberto Martínez Velásquez, Edwyn Reiniery Zorto Rodríguez, Vieris Rene Melgar Lozano, Alex Rafael Sánchez Matamoros, llegaron a un acuerdo conciliatorio ante Juez Conciliador del Juzgado de Letras del Trabajo en fecha 24 de marzo del 2017, mismos que también presentaron comparecencia de fecha 19 de abril del 2017, solicitando que se requiriera de pago a la demandada por el incumplimiento del acuerdo celebrado y en consecuencia de la comparecencia mencionada la parte demandada en fecha 21 de abril del 2017, compareció manifestando que ya se habían realizado los pagos correspondientes mediante cheques librados en Banco Ficohsa, y entregados a los demandantes, por lo que se tuvo por conciliada parcialmente la demanda. 2. La parte demandada, el SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), contestó dicha demanda señalando que la suspensión tenía efectividad a partir del 2 de enero de 2015, al 4 de mayo de 2015 y fue notificada a los demandantes mediante una nota cuyo contenido literal era el siguiente: "por este medio se le notifica la decisión del SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), de suspender por un término de CIENTO VEINTE (120) DIAS el Contrato Individual de Trabajo que sirve de vinculo jurídico entre usted y la institución. Esta suspensión de labores será efectiva a partir del 03 de enero de 2015 hasta el 02 de mayo de 2015, debiéndose reincorporar a sus labores el día 04 de mayo de 2015. La anterior decisión se fundamenta en lo estipulado en el Artículo 100 numerales 4), 5) y 15) del Código de Trabajo, … sirviendo también de fundamento los artículos no. 101, 102 y demás aplicables del Código de Trabajo"; sin embargo, las causas invocadas aún persistían al 4 de mayo de 2015 y fue por ello una vez notificada la Secretaría del Trabajo de tales extremos, decidió recurrir al precepto autorizante contenido en el Artículo 111 numeral 8) y segundo párrafo, dando de esta manera por terminado el Contrato de Trabajo sin responsabilidad de su parte, por lo que es improcedente el pago de los conceptos reclamados, no obstante a pesar que el precepto autorizante invocado en la terminación del contratos de trabajo señala que no tenía responsabilidad laboral alguna, decidió ofrecer el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales y que se procedió prematuramente a solicitar la condena de extremos y conceptos que dependen íntimamente del resultado o resolución que emita al efecto la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social como órgano administrativo competente para resolver si se autorizó o no la suspensión de los contratos de trabajo, conforme a los artículos 101 y 102 del Código del Trabajo, por lo que el órgano competente para autorizar en sede administrativa la suspensión de contratos de trabajo, es la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, además para que el trabajador suspendido pueda ejercitar los derechos emanados del contrato de trabajo, es necesario que primero exista un pronunciamiento mediante resolución por parte de dicho órgano competente en sede administrativa. En conclusión arguyó que el demandante carecía de presupuesto jurídico en aquél momento para incoar la demanda, por carecer de legitimación pasiva, en virtud de hacer falta el pronunciamiento por parte del órgano competente para emitirlo, no era el tribunal el llamado en ese momento a censurar la suspensión, ni a condenarla al reintegro y pago de los valores reclamados, pues dependía de la resolución que al efecto emitiera la autoridad administrativa del trabajo, que la misma quedara firme para posteriormente hacer cualquier pronunciamiento sobre el procedimiento y demás conceptos. De igual modo expresó que sobre la suspensión del contrato de trabajo el Artículo 101 del Código del Trabajo señala que los trabajadores únicamente podrán reclamar sus derechos hasta que exista un pronunciamiento de la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, sin embargo cuando el Artículo 111 del Código del Trabajo se refiere a la terminación del contrato de trabajo, y señala como causa de terminación del contrato la suspensión de labores por más de 120 días, no consigna ninguna condición previa para que el empleador pueda invocar dicha causal como motivo para dar por terminado el Contrato de Trabajo, por lo que la obligación de esperar el pronunciamiento de la autoridad de trabajo para poder proceder contra cualquier decisión, es de los trabajadores y no del empleador quien en virtud del artículo 111 numeral 8) y el segundo párrafo de ese mismo artículo, se encuentra total y absolutamente facultado para dar por terminado el contrato de trabajo sin responsabilidad, pues de los conceptos reclamados los salarios y colaterales correspondientes a los días de suspenso del Contrato de Trabajo solo procederán si la suspensión no es autorizada por la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, lo que tiene como consecuencia jurídica directa que no le corresponde a los Tribunales de la República determinar la legalidad o no de la suspensión y estos se encuentran íntimamente sujetos al pronunciamiento que haga la autoridad competente que en este caso es la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, la autorización o no de la suspensión, únicamente es para efectos del pago de los salarios correspondientes a los días de suspenso y no para efectos de Terminación del Contrato de Trabajo, sumado a lo anterior, rechazó el argumento que el no haber notificado con 30 días de anticipación la decisión de suspender el Contrato de Trabajo es motivo de nulidad de la suspensión, ya que el Artículo 102 del citado Código establece que el patrono que no haya dado el preaviso aludido, podrá indemnizar con 30 días de salario a los trabajadores suspendidos, pero no establece lo anterior como causa de nulidad de la suspensión, el Artículo 9 del Código Civil establece que los actos que prohíbe la ley son nulos y de ningún valor, salvo en cuanto designe expresamente otro efecto que de nulidad para el caso de contravención y el Artículo 102 del Código del Trabajo señala cual es el efecto jurídico de no haber dado el preaviso y es que el patrono indemnice con 30 días de salario, pero nunca consigna la nulidad de la suspensión con motivo de esta omisión. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 7 de noviembre del 2018, dictó sentencia declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por los señores José Horacio Merino Midence, Samuel Antonio Montoya López, Rony Alexy Euceda Bonilla, Mariano de Jesús López Diaz e Irma Janeth Andino Gonzales, contra el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), en cuanto al pago por los siguientes conceptos: preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones proporcionales, bono de verano proporcional, décimo tercer mes proporcional y décimo cuarto mes proporcional y salario de 120 días de suspensión; 30 días de indemnización por no notificar la suspensión con anticipación y para todos los salarios dejados de percibir, calculados desde la fecha de la terminación laboral hasta que esté firme el presente fallo, sin costas; bajo el criterio que se violentó el procedimiento infringiendo las normas laborales, pues el día que los demandantes debían de reincorporarse a sus labores fueron cancelados, por lo que el vínculo que estaba interrumpido por la suspensión al ser notificados de la terminación de la relación laboral nunca se restauró, además la demandada ofreció en la nota de terminación del contrato el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales, situación que fue contraria, ya que por un lado arguyó tener causas justas para ejecutar el despido sin responsabilidad y por otro extremo ofreció el pago de los derechos laborales. Por lo anterior, fue del convencimiento para declarar con lugar la demanda de mérito, en vista que se probó de manera irrefutable el despido ilegal e injusto conllevando al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, en cuanto a la aplicación del contenido del Acta No. 021-A-2012 CB, la misma no fue inscrita en la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, para que surtiera efectos a las partes suscribientes, en consecuencia no tenía fuerza legal para ser aplicada al caso concreto, dejándose establecido que el contrato colectivo vigente es el que corresponde al periodos del 2012-2013, instrumento legal bajo el cual se realizó los cálculos de prestaciones e indemnizaciones laborales y demás derechos. En cuanto a los demandantes Jorge Alfredo Ávila Gálvez, Eduardo Salvador Melgar Berrios, Rubén Antonio Amador Gómez, Héctor Adalid Martínez Moreno, Pedro Velásquez Rodríguez, German Marín Sosa Gómez, Olga Marina Quiroz, Carlos Humberto Martínez Velásquez, Edwyn Reiniery Zorto Rodríguez, Vieris René Melgar Lozano, Alex Rafael Sánchez Matamoros, declaró sin lugar la demanda en virtud que conciliaron durante el juicio. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha 13 de noviembre del 2019, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el A-quo, sin costas. Bajo el criterio que de la revisión de la fecha en que la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social aprobó la suspensión de los contratos de trabajo el 24 de noviembre de 2015, resultó que la misma ocurrió después haberse notificado la terminación de los contratos de trabajo, lo que ocurrió el 4 de mayo de 2015, siendo que la autoridad administrativa no se había pronunciado con respecto a la suspensión solicitada mucho menos se había autorizado la suspensión para que surgiera con todos los efectos legales previstos en la ley, por ello la decisión de poner término a los contratos de trabajo no estaba exenta de responsabilidad y procedió a confirmar la sentencia dictada en primera instancia por el juez A-quo. 5. Mediante auto de fecha 10 de marzo del 2020, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado DANIEL ALEXANDER ORTIZ, en su condición de representante procesal del SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha 11 de febrero del 2021, compareció ante este Tribunal el Abogado DANIEL ALEXANDER ORTIZ, formalizando su demanda exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 11 de febrero del 2021, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 18 de marzo del 2021, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ BONILLA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I. Que acorde a lo dispuesto en los artículos 764, 765 y 769 del Código del Trabajo, la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II. Que el Abogado DANIEL ALEXANDER ORTIZ, en su primer y único motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva nacional de índole laboral por infracción indirecta proveniente de error de hecho debido a la apreciación errónea del medio de prueba documental propuesta por la parte demandada que obra a folios 148, 149, 150, 160, 161, 162, 167, 168, 169, 179, 180, 181, 185, 186, 362, 427 AL 454 de la primera pieza de autos. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS EN ESTE MOTIVO Las normas sustantivas nacionales de índole laboral violada por la sentencia recurrida están contenidas en los artículos 99, 100 numerales 4, 5 y 15, 101, 102, 111 numeral 8 párrafo segundo REGLAS PROCESALES VIOLADAS EN ESTE MOTIVO Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo y 206 del Código Procesal Civil. PRUEBA APRECIADA ERRONEAMENTE La prueba apreciada erróneamente en este motivo es: DOCUMENTAL: Notificación de suspensión de labores y notificación de terminación de contrato que corre agregada a folios 148, 149, 150, 160, 161, 162, 167, 168, 169,179, 180, 181, 185, 186, 362, todos de la primera pieza de autos. PRECEPTO AUTORIZANTE CON RESPECTO A ESTE MOTIVO Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN En la motivación de la sentencia de fecha 13 de noviembre de 2019, se pueden percibir los errores en que incurrió el Tribunal A Quem en la formación de su convencimiento. Tanto al momento de aplicar la norma sustantiva al caso concreto, así como en la apreciación de los medias probatorios los cuales describiré a continuación: Primero: Honorables Magistrados tanto el Tribunal Aquo como el Tribunal Ad Quem han quebrantado el ordenamiento jurídico al inobservar la norma establecida en los artículos 101 y 102 del Código de Trabajo ya que la Secretaria de Trabajo y Seguridad social como órgano administrativo competente para resolver, si se autoriza o no la suspensión de los contratos de trabajo según lo estipulado en los referidos artículos del Código de Trabajo que literalmente exponen lo siguiente: “la suspensión de contratos de trabajo surtirá efecto desde la conclusión del día en que ocurrió el hecho que le dio origen, siempre que la comprobación de la causa en que se funde se inicie ante la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, o ante los representantes de la misma debidamente autorizados, dentro de los tres días posteriores al ya mencionado .... Si la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social no autorizare la suspensión por no existir la causa alegada o por ser injusta, la declara sin lugar, los trabajadores podrán ejercitar los derechos emanados del Contrato de Trabajo.” De lo anterior se coligen los siguientes elementos: 1) Que el órgano competente para autorizar en sede administrativa la suspensión de contratos de trabajo, es la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social; 2) Que para que el trabajador suspendido pueda ejercitar los derechos emanados del contrato de Trabajo es Necesario que primero exista un pronunciamiento mediante resolución por parte de dicho órgano competente en sede administrativa; 3) Que previo a recurrir a los tribunales para ejercitar estos derechos la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social deberá declarar sin lugar en virtud de no existir la causa alegada o por ser injusta, es decir tienen que pronunciarse primero antes de que puedan demandar Ahora bien, señores Magistrados la Resolución 154-2015 la cual se declara CON LUGAR la suspensión por parte de la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, exime a mi representada al pago de cantidades derivadas de la suspensión. Como se expone en el numeral anterior, para que mi representada sea condenada a los pagos reclamados, dicha solicitud, tuvo que declararse SIN LUGAR y por consecuencia que sea procedente el pago de las cantidades que los demandantes reclaman, y como se demostró en el presente juicio este no fue el caso, por lo tanto, es improcedente que se condene a mi representada al pago de las cantidades que se reclaman durante los cuatro meses que duró la suspensión. En el presente caso señores magistrados los tribunales de primera instancia y segunda instancia han inobservado lo estipulado en el artículo 111 numeral 8 párrafo segundo el cual literalmente establece son causas de terminación de los contratos de trabajo: “La suspensión de actividades por más de ciento (120) días en los casos 1) 2) 3) 4) 5) y 6) del artículo 100”. Ya que en el caso de autos quedo comprobado que mi representada suspensión por el termino ciento veinte ( 120 días) amparados en las siguientes causales: 1) la imposibilidad de explotar la empresa con un mínimo razonable de utilidad 2) la falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajos, causales que fueron plenamente acreditadas ante la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social conduciendo a declarar con lugar la solicitud de suspensión de contratos de trabajo por lo anterior nos lleva a una desnaturalización del despido injustificada que aduce la parte demandante ya que al ampararse en la normativa legal establecida en el Código de Trabajo nos resulta improcedente que se condene a mi representada al pago de salarios de percibir.- otro punto tomar en cuenta que el mismo código de trabajo al terminar la relación laboral conforme al artículo 111 numeral 8 el cual sirve de fundamento para dar por terminada la relación con el demandante, existe un apartado especial mediante el cual libera de responsabilidad a mi representada a excepción de la muerte o incapacidad del patrono, circunstancias que no ha ocurrido en el caso de autos por tal razón no hay lugar a dar el pago de salarios dejados de percibir ya que no se enmarca en la figura de despido injustificado, sino en la terminación de la relación laboral sin responsabilidad para las partes”. III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Entre las normas que indica como violadas los artículos 99,100 y 101 del Código del Trabajo no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) Cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; c) Entre las normas procesales que indica que sirvieron de medio para la violación el artículo 206 del Código Procesal Civil no ostenta ese carácter; d) Debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente; y, e) Formula alegatos propios de instancia. IV. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los dieciocho días del mes de agosto del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha catorce de mayo del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número CL73-20. Firma y sello.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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