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Sentencia CL-71-19 — Registro 14477

Resumen

Segunda instancia confirmó sin lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de ajuste salarial de acuerdo al arancel del colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, pago de ajuste de prestaciones laborales, pago de ajuste de salario de los dos últimos años, pago de ajuste de vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes causado de los dos últimos años, pago de ajuste de vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes proporcionales, pago de salarios caídos, costas

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el Recurso de Casación configura un medio de impugnación que a la vez sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del Derecho y es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. En materia de trabajo, la censura es dirigida contra un fallo que hace tránsito a cosa juzgada dictado por un Tribunal de Apelación, alegándose infracción de la ley o invocándose el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la norma legal sustancial; por ello, el Litigante que hace uso de esta vía procesal extraordinaria está obligado a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del juicio laboral con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo primero se debe revisar si el libelo casacional llena todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales. "...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 764 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..." Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) las normas que indica como violadas (artículo 16, letras a) y f de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras) no ostentan el carácter de norma sustantiva laboral, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, b) formula alegatos propios de instancia"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) no indica la norma legal sustantiva violada, requisito sine qua non exigida en el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código de Trabajo; y, b) formula alegatos propios de instancia"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- Tegucigalpa, M.D.C., a los tres días del mes mayo del dos mil veintiuno.

La Corte Suprema de Justicia integrada por los Magistrados Propietarios ROLANDO EDGARDO ARGUETA PÉREZ PRESIDENTE, LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ, JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ, JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, RAFAEL BUSTILLO ROMERO, WILFREDO MÉNDEZ ROMERO, RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA, JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA Y MAGISTRADOS INTEGRANTES GARIN ENOC URQUIA CASTRO MENDOZA, YIMY DANIEL CHIRINOS ORELLANA, RUBEN RIVERA FLORES Y ROXANA LICETH MORALES TORO; dicta la siguiente RESOLUCIÒN:

VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha veintiséis de junio del dos mil diecinueve, por el Abogado GUSTAVO ADOLFO ERAZO DOBLADO, en su condición de representante procesal de la señora ALMA GLORIA MENDOZA RODRIGUEZ, como recurrente; además es parte recurrida, la MUNICIPALIDAD DE LA LIMA, CORTES, representada en juicio por la Abogada MARTHA ISABEL GUTIERREZ CHINCHILLA. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de ajuste salarial de acuerdo al arancel del colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, pago de ajuste de prestaciones laborales, pago de ajuste de salario de los dos últimos años, pago de ajuste de vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes causado de los dos últimos años, pago de ajuste de vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes proporcionales, pago de salarios caídos, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha siete de mayo del dos mil dieciocho, por la señora ALMA GLORIA MENDOZA RODRIGUEZ, mayor de edad, casada, ingeniera Civil, hondureña, con domicilio en San Pedro Sula, Departamento de Cortes, contra la MUNICIPALIDAD DE LA LIMA, CORTES, por medio de su representante legal, señor JOSE SANTIAGO MOTINO. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha catorce de enero del dos mil diecinueve, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha nueve de noviembre del dos mil dieciocho, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, misma que: “FALLA: 1): DECLARANDO SIN LUGAR la demanda Laboral para el pago de ajuste salarial de acuerdo al arancel del colegio de Ingenieros Civiles de Honduras.- Pago de ajuste de prestaciones laborales, pago de ajuste de salario de los dos últimos años, pago de ajuste de vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes causado de los dos últimos años, pago de ajuste de vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes proporcionales, pago de salarios caídos y costas del juicio promovida ALMA GLORIA MENDOZA RODRIGUEZ, contra el LA MUNICIPALIDAD DE LA LIMA, CORTES, a través de su representante legal el señor JOSE SANTIAGO MOTIÑO, ambos de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia; 2) En consecuencia ABSUELVE: LA MUNICIPALIDAD DE LA LIMA, CORTES, a través de su representante legal el señor JOSE SANTIAGO MOTINO, de toda responsabilidad proveniente del presente juicio.- 3) SIN COSTAS”.

ANTECEDENTES DE HECHO

  1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con la demandada, en fecha 26 de enero del año 2010, desempeñándose como Ingeniero Municipal, devengando un salario ordinario de L.27,830.00 mensuales. El actor, por tener master en Administración de Proyectos solicitó por escrito varias veces la nivelación de salario de acuerdo al Arancel del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras en virtud de desempeñar un trabajo con tares netamente técnicas o administrativos de los Proyectos del departamento y en el manejo de personal, y nunca se le concedió dicha nivelación salarial. La demandante fue despedida el 27 de febrero del año 2018, y en fecha 25 de abril del ario 2018 se celebró una audiencia ante la Procuraduría del Trabajo, en la cual la Municipalidad de la Lima reconoció que el despido era injusto y le pagaron las prestaciones sociales y derechos adquiridos a la fecha del despido con un salario base devengado en los últimos seis meses de L.27,830.00, dejando en reserva su derecho de reclamar por la vía judicial los ajustes salariales debidos. salario que devengue durante los últimas dos años fue de L.27,830.00, y lo establecido en el Arancel del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras es de L.26,500.00 el cual debe aplicar un factor de 2.40 establecido por cargo y clase de funciones para hacer un ajuste salarial y tomando en cuenta el cargo que desempeñaba le corresponde haber ganado un salario mensual de L. 63,000.00, y siendo que la demandada le pagaba L.27,830.00 al mes le adeuda un ajuste salarial de L.35,170.00, por mes, y en los últimos dos años da una cantidad de L.844,080.00 y por ajuste al décimo tercer mes de los dos últimos años L.70,3400.00, por ajuste al décimo cuarto mes de los dos últimos años L. 70,3400.00, por ajuste a las vacaciones de los dos últimos años L. 70,3400.00, por ajuste al décimo tercer mes proporcional L.10,500.00, por ajuste al décimo cuarto mes proporcional L.42,000.00, vacaciones proporcionales equivalentes a L. 10,500.00.- Todo hace una cantidad de L.1,118,100.00, más el pago de salarios caídos y costas.

  2. La parte demandada, la MUNICIPALIDAD DE LA LIMA, CORTES, contestó dicha demanda señalando que la demandada en fecha 02 de febrero del año 2010 inició su relación con la demandante en el cargo de Ingeniero Municipal, pactando entre las partes un salario mensual de L. 23,000.00 ya la fecha de la culminación de la relación laboral el salario de la demandante era de L. 27,830.00 mensuales. En el caso de la demandante la relación finalizó por faltas graves en el desempeño de sus funciones, desde antes del despido se intentó llegar a un acuerdo con la demandante a fin de que la relación terminara de manera armoniosa, fue entonces cuando hizo llegar a la Municipalidad un documento que tenía un supuesto reajuste por los 8 años de trabajo. Por otra parte, el Arancel del Colegio de ingenieros no tiene carácter de ley en el País, y que así fuera no podría exigir el mismo por más de dos años. Tras una negociación directa se acorde cancelar el 100% de sus derechos laborales, mas no los reajustes salariales solicitados en virtud de que no le corresponden. Finalmente manifestó que la presente demanda es improcedente por que el arancel del Colegio del Profesional de ingenieros no tiene el rango de ley y porque ya fueron canceladas en su totalidad las prestaciones y derechos laborales por tanto no corresponden la solicitud del pago de salarios dejados de percibir.

  3. El Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha nueve de noviembre del dos mil dieciocho, dictó sentencia declarando SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por la señora ALMA GLORIA MENDOZA RODRIGUEZ, contra la MUNICIPALIDAD DE LA LIMA, CORTES, sin costas; bajo el criterio que se acreditó en autos que la demandada pago a la demandante las prestaciones sociales que le correspondían según el tiempo devengado y el salario devengado hacienda un pago por la cantidad de L.420,748.01, menos las deducciones que se le realizo en concepto de deuda contraída con la empresa de Servicios Diversos por la cantidad de L. 46,030.78, razón por la cual no procede condenar a la demandada al pago de salarios dejados de percibir. La demandante reclamó en su demanda el ajuste al salario de los dos últimos años conforme las disposiciones contenidas en el arancel de honorarios profesionales del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, en razón de su profesión, ser miembro activo del Colegio profesional en mención y las actividades desempeñadas para la demandada, así como también reclamó el ajuste al pago de prestaciones laborales, ajuste de vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes causados y proporcionales de los últimos dos años; sin embargo dicho reclamo no procede porque si bien el arancel de honorarios profesionales invocado fue publicado en el Diario Oficial la gaceta y forma parte del conjunto de disposiciones aprobadas por la asamblea General extraordinaria del Colegio de Ingenieros civiles de Honduras el mismo no constituye normativa de observancia general y obligatoria como ley interna, pues su origen descansa en la voluntad de sus agremiados al Colegio profesional en mención y no en la declaratoria de la voluntad soberana manifestada en la forma prescrita en la Constitución de la república, tal como lo dispone el artículo 1 del Código Civil, consecuentemente no es posible conceder el ajuste salarial en cuestión.

  4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha catorce de enero del dos mil diecinueve, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que en el presente caso la demandante reclamó el ajuste a su salario con efecto retroactivo en base al Arancel del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, señalando que se desempeñaba en el cargo de Ingeniero Municipal, actividad por la cual devengaba la suma de L 27,830.00, más en base al citado arancel le correspondía haber ganado la suma de L. 63,000.00; desde ese contexto factico jurídico, si bien dicho Arancel es un cuerpo normativo que establece los montos mínimos de los honorarios que devengaran dichos profesionales, este se limita a los miembros de dicho Colegio por tratarse de regulaciones internas, ya que tal texto legal fue aprobado por la Asamblea General de dicho instituto, siendo por lo tanto de observancia únicamente para los miembros de la institución en referencia; pues para que una normativa tenga carácter imperativo y obligatorio con efectos erga omnes, se requiere que el ente estatal respectivo así lo haya decretado.

  5. Mediante auto de fecha dos de mayo del dos mil diecinueve, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado GUSTAVO ADOLFO ERAZO DOBLADO, en su condición de representante procesal de la señora ALMA GLORIA MENDOZA RODRIGUEZ, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.

  6. En fecha veintiséis de junio del dos mil diecinueve, compareció ante éste Tribunal el Abogado GUSTAVO ADOLFO ERAZO DOBLADO, en su condición de representante procesal de la señora ALMA GLORIA MENDOZA RODRIGUEZ, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos, por lo que mediante providencia de fecha veintidós de julio del dos mil diecinueve, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha trece de agosto del dos mil diecinueve, tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte de la Abogada MARTHA ISABEL GUTIERREZ CHINCHILLA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.

  7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.

  8. Que la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo en fecha veintisiete (27) de agosto del año dos mil veinte (2020) en relación al recurso de casación interpuesto y del que se ha hecho mención, dicta sentencia la que puede ser vista de los folios 36 al 42 de la pieza de casación, y que por mayoría de votos de sus miembros declaro NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho merito en sus dos motivos. SIN COSTAS. Contra la Sentencia Definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo, de San Pedro Sula, departamento de Cortes, en fecha 14 de enero del año 2019, siendo disidente la Magistrada Castro Mendoza, quien en su voto particular resolvió: Declarando LA NULIDAD de la Sentencia Definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo, de San Pedro Sula, departamento de Cortes, en fecha 14 de enero del año 2019.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- El artículo 316 de la Constitución de la República, establece entre otros argumentos que cuando las sentencias de las salas se pronuncien por unanimidad de votos, se proferirán en nombre de la Corte Suprema de Justicia y tendrán el carácter de definitivas y que cuando no haya unanimidad en la toma de decisión del asunto, los magistrados que hayan participado en la Sala, no deben integrar el Pleno; de lo cual se deduce o infiere que las sentencias que se pronuncien en las distintas salas, por mayoría de votos, deberán someterse al Pleno de la Corte Suprema de Justicia; en el caso subjudice el conocimiento de las diligencias relacionadas, surge como consecuencia de un pronunciamiento derivado por mayoría de votos de los miembros de la Sala de lo Laboral Contencioso Administrativo, por lo que el Honorable Pleno de la Corte Suprema de Justicia en acatamiento irrestricto de la norma constitucional precitada, verifica las valoraciones tanto fácticas y normativas del caso concreto.-

II.- Que el Recurso de Casación configura un medio de impugnación que a la vez sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del Derecho y es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. En materia de trabajo, la censura es dirigida contra un fallo que hace tránsito a cosa juzgada dictado por un Tribunal de Apelación, alegándose infracción de la ley o invocándose el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la norma legal sustancial; por ello, el Litigante que hace uso de esta vía procesal extraordinaria está obligado a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del juicio laboral con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo primero se debe revisar si el libelo casacional llena todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales.

III.- Que el Abogado GUSTAVO ADOLFO ERAZO DOBLADO, en el primer motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva Nacional por Infracción directa de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras en su artículo 16 que se refiere a las atribuciones de la Asamblea General, letras a) que autoriza a la Asamblea a redactar, proponer y aprobar los ante proyectos de reformas y modificaciones a la Ley Orgánica; y f) que autoriza a la Asamblea General a acordar y poner en vigencia el Arancel de Honorarios Mínimos que regule la remuneración por los servicios profesionales; todos de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras que es una ley especial de carácter laboral que fue creada mediante el DECRETO 30, de fecha 28 de febrero de 1964 por el Jefe de Gobierno Don OSWALDO LOPEZ ARELLANO, publicada en La Gaceta número 18,322 del 15 de julio de 1964, en relación con el artículo 221 de la Constitución de la Republica. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO: La señora ALMA GLORIA MENDOZA RODRIGUEZ promovió su demanda laboral contra la MUNICIPALIDAD DE LA LIMA, CORTES, para el pago de ajuste de salario de conformidad al Arancel del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, pago de ajuste de salario de los dos últimos aros, pago de ajuste de vacaciones, pago de ajuste del décimo tercero y décimo cuarto mes causados de los dos últimos aros, pago de ajuste de décimo tercero y décimo cuarto mes proporcionales, pago de ajuste de vacaciones proporcionales; acredito que su profesión es la de Ingeniero Civil debidamente colegiada y que su patrono no le pagaba el salario de conformidad con el arancel del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras que fue aprobado por la Asamblea General y publicado en el diario oficial La Gaceta de conformidad a su propia Ley Orgánica, por ello cuando fue injustamente despedida hizo el reclamo del ajuste salarial en la instancia administrativa correspondiente y no le fue satisfecho, por ello promovió su demanda; La Corte de Apelaciones del Trabajo de la ciudad de San Pedro Sula, Cortes, en su sentencia acepta que el reclamo de la demandante se fundamenta en lo que dispone la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, pero no le concede los ajustes de salaries reclamados, argumentando que esa Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras no aplica a terceros solo a los Ingenieros Civiles de Honduras porque esa ley no fue aprobada por el Congreso Nacional. Con ese argumento la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortes, violenta en forma directa la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras que es ley que fue creada y aprobada por un Jefe de Gobierno haciendo uso de sus facultades y publicada en el Diario Oficial La Gaceta, ver los folios del 30 al 34 de la primera pieza de los autos.”

IV. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) las normas que indica como violadas (artículo 16, letras a) y f de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras) no ostentan el carácter de norma sustantiva laboral, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, b) formula alegatos propios de instancia.

V. Que el Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva Nacional por lnfracci6n indirecta por apreciaci6n err6nea de pruebas documentales publicas auténticas que fueron decretadas y aportadas legalmente en el juicio. Pruebas que singularizo así: a) La Gaceta número 18,322 del 15 de julio de 1964 que contiene el Decreto 30, cuando se emite la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, ver los folios del 30 al 34 de la primera pieza de autos; b) La Gaceta número 34,099 de fecha 30 de julio del ario 2016 que contiene las reformas al Arancel del Colegio de Abogados de Honduras, hecha por la Asamblea General del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, en aplicaci6n a la Ley Orgánica de dicho colegio, ver los folios del 46 al 53 de la primera pieza de autos; En esta Gaceta esta la Tabla de salaries base conforme a L25,400.00 y los aumentos según categorías; ver folio 50 de la primera pieza de autos; La Gaceta número 34, 263 de fecha 11 de febrero del 2017 donde va la última reforma del salario mínimo de los Ingenieros Civiles de Honduras, ver el folio 114 de la primera pieza de autos; La Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras que es una ley especial de carácter laboral que fue creada mediante el DECRETO 30, de fecha 28 de febrero de 1964 por el Jefe de Gobierno Don OSWALDO LOPEZ ARELLANO, publicada en La Gaceta número 18,322 del 15 de julio de 1964, en relaci6n con el artículo 221 de la Constitución de la Republica. Ver los folios del 30 al 34 de la primera pieza de autos donde va la referida ley. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO: La señora ALMA GLORIA MENDOZA RODRIGUEZ promovió su demanda laboral contra la MUNICIPALIDAD DE LA LIMA, CORTES, para el pago de ajuste de salario de conformidad al Arancel del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, pago de ajuste de salario de los dos últimos años, pago de ajuste de vacaciones, pago de ajuste del décimo tercero y décimo cuarto mes causados de los dos últimos años, pago de ajuste de décimo tercero y décimo cuarto mes proporcionales, pago de ajuste de vacaciones proporcionales; acredito que su profesión es la de Ingeniero Civil debidamente colegiada y que su patrono no le pagaba el salario de conformidad con el arancel del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras que fue aprobado por la Asamblea General y publicado en el diario oficial La Gaceta de conformidad a su propia Ley Orgánica, por ello cuando fue injustamente despedida hizo el reclamo del ajuste salarial en la instancia administrativa correspondiente y no le fue satisfecho, por ello promovió su demanda; En Asamblea General del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras reformo y aprobó un incremento en el Arancel y esa reforma fue publicada en La Gaceta número 34,263 del 11 de febrero del 2017 y es fundamentada en ese aumento que la demandante planteó su reclamo de ajuste salarial; La Corte de Apelaciones del Trabajo de la ciudad de San Pedro Sula, Cortes, en su sentencia acepta que el reclamo de la demandante se fundamenta en lo que dispone la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, pero no le concede los ajustes de salaries reclamados, argumentando en forma equivocada que ese nuevo Arancel que aprob6 la Asamblea General no fue aprobado por el Congreso Nacional, desconociendo que la misma Ley Orgánica en su Artículo 1 e que se refiere a las atribuciones de la Asamblea General, letras a) que autoriza a la Asamblea a redactar, proponer y aprobar los ante proyectos de reformas y modificaciones a la Ley Orgánica; y f) que autoriza a la Asamblea General a acordar y poner en vigencia el Arancel de Honorarios Mínimos que regule la remuneración por los servicios profesionales; es la misma Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras que autoriza a la Asamblea General para hacer esas reformas, ver el articulo 16 letra f de la Ley orgánica del Colegio de Ingenieros Civiles a folio 31 de la primera pieza de autos. Con ese argumento la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortes, violenta en forma directa la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras que es ley que fue creada y aprobada por un Jefe de Gobierno hacienda uso de sus facultades y publicada en el Diario Oficial La Gaceta, ver los folios del 30 al 34 de la primera pieza de los autos.”

VI. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) no indica la norma legal sustantiva violada, requisito sine qua non exigida en el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código de Trabajo; y, b) formula alegatos propios de instancia.

VII. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación.

POR TANTO: El Pleno de La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por mayoría de votos, por haber disentido los Magistrados JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ, RAFAEL BUSTILLO ROMERO Y JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que una vez notificada la presente resolución a las partes personadas, se remitan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de estilo, para los efectos legales consiguientes.- NOTIFÍQUESE.

Expediente S.L 71-2019