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Sentencia CL-677-19 — Registro 13159

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral de pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido arbitrario e ilegal e injusto, pago de salarios dejados de percibir, salarios adeudados, horas extras adeudadas

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible por los defectos técnicos siguientes: a) el Recurrente señala el artículo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, como norma sustantiva infringida la cual no forma parte del área jurisdiccional del caso de merito ya que pertenece a otra materia; b) no demuestra el error en que incurrió el Juzgador, debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos; y, c) formula alegatos propios de instancia.- IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación."....

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., diecinueve de agosto de dos mil veintiuno.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 6 de mayo del 2021, por el Abogado JIMMY ALCIDES UMANZOR BACA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, los señores DENIS JOVEL MARTINEZ VALERIANO, SILVIA ISABEL SALMERON HERNANDEZ y VICTOR HUGO CHAVEZ MAZARIEGOS, representados en juicio por la Abogada ANA MERCEDES CORRALES FLORES. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria Laboral de pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido arbitrario e ilegal e injusto, pago de salarios dejados de percibir, salarios adeudados, horas extras adeudadas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 4 de mayo del 2016, por los señores DENIS JOVEL MARTINEZ VALERIANO, soltero, Perito Mercantil, SILVIA ISABEL SALMERON HERNANDEZ, casada, Enfermera, VICTOR HUGO CHAVEZ MAZARIEGOS, soltero, Perito Mercantil, todos ellos hondureños, mayores de edad y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (SEDIS), por medio de la Procuraduría General de la República. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 19 de agosto del 2019, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 3 de diciembre del 2018, aclarada en auto de fecha 4 de diciembre del 2018, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por DENIS JOVEL MARTINEZ VALERIANO, SILVIA ISABEL SALMERÓN HERNANDEZ y VÍCTOR HUGO CHÁVEZ MAZARIEGOS, contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en cuanto al pago por los siguientes conceptos: preaviso, auxilio de cesantía proporcional; vacaciones proporcionales, décimo tercer mes proporcional, salarios adeudados, más los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que quede firme el presente fallo de conformidad a derecho; en consecuencia; 2) CONDENA AL DEMANDADO, EL ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, a pagar la cantidad de CINCUENTA (L. 61,297.56), desglosados de la manera siguiente DENIS JOVEL MARTINEZ VALERIANO L.17,709.28 por los siguientes conceptos: preaviso L.6,261.08; auxilio de cesantía proporcional L.8,944.40; vacaciones proporcionales L.2,312.13; décimo tercer mes proporcional L.191,67; SILVIA ISABEL SALMERÓN HERNANDEZ L. 17,665.19 por los siguientes conceptos: preaviso L.6,261.08; auxilio de cesantía proporcional L.8,944.40; vacaciones proporcionales L. 2,298.71; décimo tercer mes proporcional L.161,00; y VÍCTOR HUGO CHÁVEZ MAZARIEGOS L.23,349.04 por los siguientes conceptos: preaviso L. 8,166.62; auxilio de cesantía proporcional L. 11,666.60; vacaciones proporcionales L.3,015.82; décimo tercer mes proporcional L.250.00; y para todos más los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que quede firme el presente fallo de conformidad a derecho; 3) Declarando SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por DENIS JOVEL MARTINEZ VALERIANO, SILVIA ISABEL SALMERÓN HERNANDEZ y VÍCTOR HUGO CHÁVEZ MAZARIEGOS, contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en cuanto al pago de horas extras y salario adeudado; en consecuencia; 4) ABSUELVE AL DEMANDADO, EL ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, a pagar horas extras y salario adeudado a los señores DENIS JOVEL MARTINEZ VALERIANO, SILVIA ISABEL SALMERÓN HERNANDEZ y VÍCTOR HUGO CHÁVEZ MAZARIEGOS; 5) Declarar SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que iniciaron la relación laboral de la manera siguiente: Denis Jovel Martínez Valeriano, en fecha 01 de julio del 2015, en la Secretaría De Desarrollo E Inclusión Social, en el Centro Pedagógico de Asistencia de Menores Infractores (JALTEVA), en el cargo de Orientador Social, devengando un salario promedio mensual de L. 13,416.66, siendo despedido el 6 de enero de 2016; Silvia Isabel Salmerón Hernández, el 1 de julio del 2015, en el cargo de Auxiliar de Enfermería, devengando un salario promedio mensual de L. 13,416.66, siendo despedida el 5 de enero de 2016; y, Víctor Hugo Chávez Mazariegos, el 01 de julio del año 2015, en el cargo de Administrador, devengando un salario promedio mensual de L. 17,500.00, siendo despedido el 6 de enero de 2016; expresaron haber celebrado Contratos a Término del 01 de julio del 2015 al 31 de diciembre del 2015, pudiendo apreciar que conforme al artículo 47 del Código del Trabajo el Centro Pedagógico de asistencia de menores Infractores (JALTEVA), es un Centro adscrito a la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, quien preside el Comité Técnico Asesor para la Atención de la Niñez de carácter permanente, por lo tanto de conformidad a la disposición legal citada, aun y cuando se haya determinado que el contrato es a término o a tiempo limitado, es nulo por cuanto violenta la Garantía Constitucional establecida en el artículo 129, en cuanto a la estabilidad que gozan los trabajadores en sus cargos de acuerdo con las características de las industrias y profesiones, en tal sentido la relación de trabajo no era eventual u ocasional, sino de naturaleza permanente definida por las normas constitucionales del trabajo y del Código Laboral, además indicó que las relaciones de trabajo cumplían con los elementos que menciona el artículo 20 del Código del Trabajo, pues los Contratos escritos a término vencían el 31 de diciembre del año 2015, y les enviaron la notificación de mérito, para luego decirles que siguieran laborando en el mes de enero del año 2016, siendo hasta el día 05 y 06 de enero respectivamente del 2016 que se les notificó verbalmente que no se les iba a recontratar y por ende no podían seguir laborando, no obstante al autorizar que siguieran laborando se suscribió de manera implícita un nuevo contrato de trabajo, por tiempo indefinido ya el artículo 48 párrafo segundo dispone: “todo contrato por tiempo fijo es susceptible de prorroga expresa o tácita. Lo será de esta última manera por el hecho de que el trabajador continúe prestando sus servicios sin oposición del patrono”, asimismo el párrafo último del artículo 52 del Código del Trabajo dice: “si antes de transcurrido un año se celebra nuevo contrato entre las mismas partes contratantes y para la misma clase de trabajo deberá entenderse este por tiempo indefinido, sin que tenga lugar en este caso el periodo de prueba” y siendo que inicialmente celebraron un contrato de trabajo a tiempo fijo por 6 meses, el cual inició el 01 de julio del 2015 y culminó el 31 de diciembre del 2015, pero de manera tácita se suscribió un nuevo contrato al continuar laborando, razón por la cual la relación de trabajo se volvió de naturaleza permanente y máximo al cumplir los presupuestos establecidos en el artículo 47 del Código del Trabajo.- 2. La parte demandada, EL ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que se acepta que los demandantes prestaron sus servicios profesionales a la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), pero tal prestación de servicios se formalizó mediante cláusulas contractuales por tiempo determinado con fecha de inicio y terminación, por lo que rechazó tanto el despido como el hecho que fue arbitrario, ilegal e injusto, en vista que los demandantes suscribieron un compromiso contractual el cual tenía fecha de vigencia, y al llegar a su término fenecía sin compromiso alguno de las partes, quedando finiquitada cualquier obligación contraída por las partes, ya que la Administración Pública bajo la modalidad de contratación está regida por lo establecido en la Ley de Servicio Civil, no por el Código de Trabajo, por ende los conflictos que se deriven de tales contrataciones son dilucidadas ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo y no ante el Juzgado de Letras del Trabajo, además los demandantes a través de la cláusula décima segunda del Contrato eran del conocimiento que en caso de controversia el Tribunal que conocería cualquier conflicto derivado sería el competente en la materia Contencioso Administrativo, además en la cláusula décimo tercera expresamente indica que dada la naturaleza del contrato, y en aplicación del artículo 146 de la Ley de Procedimiento Administrativo, artículos 1 y 3 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y en el ejercicio de sus derechos se estaría exclusivamente a lo que dispone la Ley General Administración Pública, así como a lo pactado expresamente en el Contrato, y todo aquello que no haya sido motivo de pacto expreso será asimismo regi

do por las disposiciones del Derecho Administrativo vigente, razón por la cual considera es improcedente la aplicación del artículo 47 del Código del Trabajo, puesto que los demandantes no se pueden considerar como empleados permanentes por el simple hecho de haberlos contratado, obviando el Principio de Legalidad al pretender dejar a un lado los requisitos sine qua non exigidos por ley, los cuales al eludirlos estaría en flagrante violación de las leyes exigidas, considerando que los demandantes citan normativa insustancial al caso, en virtud de que si fuera factible estaría facultado para respaldar su posición en lo que establece el mismo estamento legal citado, en el Artículo 46 literal b) al amparo del artículo 202 de la Ley de Servicio Civil que dispone, “todo contrato deberá contener según su clase o tipo, aquella clausulas y disposiciones que fueren necesarias para su ejecución y control, incluyendo, entre otras obligaciones, lugar y condiciones de prestación de los servicios informe, remuneraciones y forma de pago. Tendrá plazo determinado y no podrán renovarse, sino cuando conste acreditada su necesidad. Al vencimiento del plazo cesará la relación sin responsabilidad para ninguna de las partes”, lo que hace claro y contundente lo improcedente que resulta la normativa citada por los actores de la demanda, igual que el Artículo 129 de la Constitución de la República, pues procede tal artículo cuando se trata de personal permanente, siendo por iguales razones inaplicable el artículo 20 del Código del Trabajo, ya que la prestación de los servicios se regían por cláusulas contractuales acordadas por las partes, dentro de las cuales se fijó la fecha de terminación de la relación contractual sin compromiso posterior alguno, además el artículo 35 de la Ley Ordenamiento de las Finanzas Públicas dispone “queda estrictamente prohibido a las instituciones del sector público adquirir compromisos extrapresupuestarios. Los mismos no serán reconocidos como deuda pública ni registrados en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI). La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas no tramitará ninguna solicitud de modificación presupuestaria por este concepto y queda autorizada para establecer las regulaciones pertinentes de rechazo automático en el Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI)”, en correlación a lo que instituye el Decreto Legislativo Número 266-2013, de la Ley Para Optimizar La Administración Pública, Mejorar Los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, dentro del cual se reformó el Artículo 124-C, de la Ley General de la Administración Pública, que establece: “en caso de los empleados por contrato, los mismos deberán sujetarse al plazo y a las condiciones contractuales convenidas entre las partes”, agregando a la vez que los demandantes equivocaron la vía para ejercer su reclamo cuando el artículo 3 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo prescribe “la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo conocerá también de: a) Las cuestiones referentes al cumplimiento, interpretación, resolución, rescisión y efectos de los contratos y todo lo relativo a los Contratos de Servicios Profesionales o Técnicos que celebren los Poderes del Estado” aunado a ello el artículo 36 del Código del Trabajo en lo cual se fundamentan los demandantes establece “todo contrato de trabajo como sus modificaciones o prórrogas deben constatar por escrito”, por lo tanto lo argumentado sobre la continuidad de la relación contractual debe ser fehacientemente acreditado en el momento oportuno del proceso, en virtud de lo cual también es improcedente aplicar lo que establecen los artículos 47, 48 y 52 del Código del Trabajo, ya que dichos estamentos legales no son adaptables al caso concreto, y por ende los artículos citados no cuentan con la sustentación legal para dirimir la petición formulada. En cuanto al reclamo del pago de horas extras, de haber existido pago alguno por tal prestación, prescribió tal derecho de conformidad a lo que establece el Artículo 867 del Código del Trabajo “todos los derechos y acciones provenientes de este Código, de sus reglamentos o de las demás leyes de trabajo o previsión social que se originen directamente en contratos de trabajo prescriben el término de dos meses ... El término de prescripción para el cobro de jornadas extraordinarias de trabajo empezará a contarse el día en que fue pagado o debió pagarse el salario ordinario correspondiente al período en que hubiere sido laborado el trabajo extraordinario” una vez finalizado el contrato y canceladas las obligaciones provenientes del mismo, con ello se finiquitó la relación contractual contraída, no debiendo por lo tanto sustraer del erario público más de lo que las leyes le conceden como facultad, de lo contrario hubiera actuado en flagrante violación de la ley, conforme a lo que establece el artículo el Artículo 321 de la Constitución de la República, ya que una vez finalizado el contrato suscrito la obligación contraída finalizaba de pleno derecho. Sumado a lo anterior al apoyar su demanda en el Código del Trabajo, los demandantes obviaron cumplimentar lo que establece el artículo 691 del citado Código, ya que no consta en su demanda que acudieron a realizar ante autoridad competente la conciliación previa a la demanda, y por ende hubieran interpuesto su acción ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, y no ante un Juzgado incompetente para conocer de la causa.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 3 de diciembre del 2018, aclarada mediante auto de fecha 4 de diciembre del 2018, dictó sentencia que en su parte conducente, dice: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por DENIS JOVEL MARTINEZ VALERIANO, SILVIA ISABEL SALMERÓN HERNANDEZ y VÍCTOR HUGO CHÁVEZ MAZARIEGOS, contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en cuanto al pago por los siguientes conceptos: preaviso, auxilio de cesantía proporcional; vacaciones proporcionales, décimo tercer mes proporcional, salarios adeudados, más los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que quede firme el presente fallo de conformidad a derecho; en consecuencia; 2) CONDENA AL DEMANDADO, EL ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, a pagar la cantidad de CINCUENTA (L. 61,297.56), desglosados de la manera siguiente DENIS JOVEL MARTINEZ VALERIANO L.17,709.28 por los siguientes conceptos: preaviso L.6,261.08; auxilio de cesantía proporcional L.8,944.40; vacaciones proporcionales L.2,312.13; décimo tercer mes proporcional L.191,67; SILVIA ISABEL SALMERÓN HERNANDEZ L. 17,665.19 por los siguientes conceptos: preaviso L.6,261.08; auxilio de cesantía proporcional L.8,944.40; vacaciones proporcionales L. 2,298.71; décimo tercer mes proporcional L.161,00; y VÍCTOR HUGO CHÁVEZ MAZARIEGOS L.23,349.04 por los siguientes conceptos: preaviso L. 8,166.62; auxilio de cesantía proporcional L. 11,666.60; vacaciones proporcionales L.3,015.82; décimo tercer mes proporcional L.250.00; y para todos más los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que quede firme el presente fallo de conformidad a derecho; 3) Declarando SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por DENIS JOVEL MARTINEZ VALERIANO, SILVIA ISABEL SALMERÓN HERNANDEZ y VÍCTOR HUGO CHÁVEZ MAZARIEGOS, contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en cuanto al pago de horas extras y salario adeudado; en consecuencia; 4) ABSUELVE AL DEMANDADO, EL ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, a pagar horas extras y salario adeudado a los señores DENIS JOVEL MARTINEZ VALERIANO, SILVIA ISABEL SALMERÓN HERNANDEZ y VÍCTOR HUGO CHÁVEZ MAZARIEGOS; 5) Declarar SIN COSTAS…”. Bajo el criterio que haciendo un análisis de los argumentos planteados por ambas partes, pruebas aportadas al proceso y la fundamentación jurídica aplicada al caso concreto, fue del convencimiento que si bien es cierto el desarrollo de la relación laboral se dio bajo la modalidad de Contratos de Servicios Profesionales por tiempo determinado, no es menos cierto que de acuerdo a lo que establece la legislación laboral y de la lectura de los Contratos, se desprendió que dentro de los mismos concurren los tres elementos esenciales establecidos en el artículo 20 del Código del Trabajo relacionados con los artículos 47 y 347 del citado Código, ya que una vez reunidos los tres elementos se concluye que existe una un verdadero contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen, por lo tanto se está frente a una verdadera relación de trabajo, aunado a lo anterior la parte demandada no invocó justa causa de despido y por ende no justificó la sanción del mismo, en consecuencia declaró con lugar la demanda reconociendo el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, derechos adquiridos, pago de salarios adeudados y dejados de percibir.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha 19 de agosto del 2019, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas. Bajo el criterio que de las pruebas aportadas al juicio observó que los demandantes en fecha 01 de julio del 2015 suscribieron Contratos de Servicios Profesionales para el desempeño de labores de Orientación Social, Enfermería y Administración en el Centro Pedagógico de Asistencia de Menores Infractores (JALTEVA), para la realización de labores de forma continua y de naturaleza permanente a cambio de un salario mensual, sucesos que encajan en las disposiciones legales contenidas en los artículos 20, 47, 52 párrafo 2) del Código del Trabajo, por lo que al apreciar los hechos conforme a las normas laborales, indicó que los contratos relativos a labores permanentes o continuas en la institución, se consideran como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese termino de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que le dio origen o la materia del trabajo para la prestación de servicio, y no habiendo la parte demandada acreditado lo contrario en juicio, y con la decisión unilateral de dar por terminada la relación laboral por haber llegado a la fecha vencimiento el contrato suscrito entre las partes, sin que por tal motivo haya lugar a la terminación de la relación laboral, provocó que los demandantes hicieran uso del derecho que les conceden los artículos 113 y 117 del Código del Trabajo, a fin de emplazar a su patrono ante los Tribunales del Trabajo para que probara la justa causa en que fundó el despido, caso contrario, debe pagar las prestaciones laborales reclamadas, y a título de daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir.- 5. Mediante auto de fecha 6 de marzo del 2020, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado JIMMY ALCIDES UMANZOR BACA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha 6 de mayo del 2021, compareció ante éste Tribunal el Abogado JIMMY ALCIDES UMANZOR BACA, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 6 de mayo del 2021, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 22 de junio del 2021, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por la Abogada ANA MERCEDES CORRALES FLORES, en condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.-Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que el Abogado JIMMY ALCIDES UMANZOR BACA en el primer y único motivo de casación alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta proveniente de falta de apreciación por error de hecho que resulta evidente de los autos, del medio de prueba DOCUMENTAL, que obran a folios 50 a 60 de la primera pieza de autos. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS. La norma sustantiva de orden público violada, está contenida en el artículo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. - FALTA DE APRECIACIÓN DE LA PRUEBA. La falta de apreciación de la prueba son los DOCUMENTOS PUBLICOS consistentes en los Contratos de Servicios Profesionales suscrito entre mi representado y los ahora demandantes, y como ya se dijo, corren del folio 50 al 60 de la primera pieza de autos. NORMAS procésales VIOLADAS. Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 1, 4, 5, 19, 20, 25, 729 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este único motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero párrafo segundo del Código del Trabajo. - LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE: La Corte Sentenciadora hace suyos las consideraciones del Juzgado de Letras de Primera Instancia y confirma la sentencia y no aprecia el medio de prueba que fue propuesto y evacuado en tiempo y forma, específicamente el medio de prueba DOCUMENTAL. La falta de apreciación del medio probatorio que afirmamos se produjo en los autos por error de hecho que es evidente en el caso por las razones siguientes: El Estado de Honduras en sus distintas manifestaciones dispone de una serie de contrataciones, a saber: Contratos para Suministros, Contratos de Consultoría. Para los distintos contratos existen diferentes modalidades de contratación que dependen del monto del contrato, hablamos de Licitación Pública, Licitación Privada, Concurso Público, Concurso Privado, Contratación Directa; además podemos relacionar los Contratos de Obra Pública, Contrato de Consultoría, Contratos de Servicios Profesionales. Atendiendo las necesidades y demandas de la población el Estado, con carácter previo al inicio de un procedimiento de contratación, la Administración deberá contar con los estudios en función de las necesidades a satisfacer y disponiendo de los presupuestos y partidas económicas para atender las erogaciones que ocasionarán las contrataciones. Dentro de esta rigurosidad administrativa se enmarcan los contratos de servicios profesionales, que no deben confundirse con los Contratos de trabajo, tal y como ha ocurrido en la primera instancia. Estos pruebas documentales y que se refieren a los contratos por servicios profesionales erróneamente fueron considerados como contratos de trabajo, conllevando a emitir un fallo contrario a derecho, ocurriendo que la sentencia fue confirmada en la segunda instancia y que a través del presente procedimiento extraordinario de Casación se acude a este Tribunal Supremo para que después de los procedimientos correspondientes sea CASADA.- Los hechos manifestados por los demandantes sorprendieron al Juzgador de la causa en su análisis, en virtud de que si bien es cierto que los demandantes prestaron sus servicios para mi representada, lo hicieron a través de un contrato de SERVICIOS PROFESIONALES y no por medio de un contrato individual de trabajo. Del primero no se desprenden obligaciones laborales sino que otro tipo y que dados los mismos son dilucidados por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, tal y como lo ordena el Artículo 3 a). - Contrario Censu, y por su naturaleza, el Contrato de Trabajo origina obligaciones reciprocas para el Patrono y para el Trabajador y la competencia para dirimir los conflictos corresponden al Juzgado del Trabajo. Además siempre se debe tener en cuenta que la Administración Central del Gobierno y su relación laboral también se regula por la Ley de Servicio Civil. Sabiamente Los Profesionales acordaron con la Administración Pública, en el contrato suscrito lo siguiente: "Clausula Decima Segunda: CONTROVERSIAS: Para dirimir las controversias que pudieren surgir en la aplicación de este contrato, ambas partes aceptan someterse a la Jurisdicción de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo ubicados en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central"; asimismo también acordaron en la Cláusula Decima Tercera: LEYES APLICABLES. Las partes contratantes manifiestan expresamente que dada la naturaleza del presente contrato y en aplicación de los artículos 146 Ley de Procedimiento Administrativo y articulo 1 y 3 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y en el ejercicio de sus derechos se estará exclusivamente a lo que dispone la Ley General de la Administración Pública y expresamente a lo pactado en este contrato y en todo aquello que no haya sido motivo de pacto expreso en el presente documento será asimismo, regido por las disposiciones del Derecho Administrativo Vigente"; Empero todas las particularidades jurídicas fueron erróneamente interpretadas al momento del juzgamiento, violándose así las normas sustantivas referidas de orden nacional. Por ello la sentencia recurrida es violatoria de ley sustantiva por infracción directa, por aplicación indebida. La violación proviene a falta de apreciación de la prueba documental consistente en los Contratos de Servicios Profesionales que ha llevado al sentenciador a error de hecho que aparece de manifiesto en los autos dando por demostrado un hecho sin existir prueba al efecto. Es de lato conocimiento que la infracción directa consiste en aplicar una disposición a un caso no contemplado por ella, o dejar de aplicarla cuando debe hacerse; participa pues, de lo que se llama "Falsa aplicación, que es una forma de violación de la ley que se da ordinariamente cuando, aun entendiendo rectamente una norma en sí mismo, se hace aplicación de ella a un hecho no regulado por la misma o se aplica de una manera de llegar consecuencias jurídicas contrarias a las queridas por la ley".- Por aplicación indebida, que tiene lugar cuando se aplica la norma a una situación que no corresponde. Jurídicamente, puede suceder, que la violación de la ley provenga de la apreciación errónea de determinada prueba, en cuyo caso nos encontramos ante cualquiera de estas dos situaciones: a) Error de hecho sin existir prueba al efecto; y 2) En no darlo por demostrado cuando sí lo está. El error de hecho equivale a la violación de la norma cuando la estimación que se hace de los hechos; y b) Error de derecho que constituye el principio alrededor del cual se desenvuelven las relaciones jurídicas entre trabajadores y patronos, que no viene sino a constituirlo el principio reformatio in pejus, no condenarse en la parte que no es objeto del recurso.- La sentencia recurrida padece del mal que los juristas llaman unilateralidad, cuando se contrae al considerando de la sentencia de la Corte de Apelaciones del Trabajo y la parte resolutiva de dicha sentencia, olvidando que se trata de una sentencia confirmatoria y, por consiguiente, se extiende a los fundamentos mismos del falla de primera instancia. Consecuentemente la violación consistente en que la Juez de Letras del Trabajo de Francisco Morazán al momento de dictar su sentencia no tomo en consideración la prueba de los contratos de prestación de servicios profesionales que corren agregados del folio 50 al 60 de los autos, lo cual constituye, como ya se estableció en la falsa aplicación que es una forma de violación de la ley que produjo en un fallo extendido a la segunda instancia que a través de un fallo confirmatorio que padece, como ya se estableció, del mal unilateralidad. Hago pues un juicio de apreciación en conjunto de todos los elementos de prueba que han venido al juicio, demostrando el error de la sentencia impugnada. Si bien es cierto que el Juez no está sujeto a la tarifa legal de la prueba, formulará su convencimiento inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito. Queda demostrado que el Tribunal sentenciador en abierta rebeldía con la ley, dejó de aplicar el derecho, razón por la que debe ser admitido y casar la sentencia recurrida en este único motivo”.- III. Que el cargo que antecede resulta inadmisible por los defectos técnicos siguientes: a) el Recurrente señala el artículo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, como norma sustantiva infringida la cual no forma parte del área jurisdiccional del caso de merito ya que pertenece a otra materia; b) no demuestra el error en que incurrió el Juzgador, debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos; y, c) formula alegatos propios de instancia.- IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintisiete días del mes de octubre del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha diecinueve de agosto del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número 677-19.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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