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Sentencia CL-667-19 — Registro 14510

Resumen

Demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones sociales, derechos adquiridos, reajuste del salario mínimo, salarios dejados de percibir como indemnización de daños y perjuicios, costas del juicio

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que la finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código del Trabajo, no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el país, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 764 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..." Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) El artículo 113 párrafo 1) Literal a) del Código del Trabajo, señalado como violado indirectamente, si bien tienen el carácter sustantivo exigido en este extraordinario recurso, los mismos regulan situaciones jurídicas que no tienen incidencia en la decisión final objeto del recurso; b) Olvida que para que se configure el error de hecho alegado, por un lado, no basta señalar un medio de prueba determinado, sino que es necesario relacionar el mismo con la prueba en su conjunto, para así poder determinar que el Tribunal recurrido haya incurrido o no en una violación a la Ley, y por otro, que debe ser ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos, pero en circunstancias dudosas, los Tribunales quedan en libertad de decidirse en caso tal por el extremo que, a su juicio, consideren mejor demostrado; en este caso, al revisarse la situación jurídica planteada se advierte que el Tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia, hizo suyos los argumentos del Juez A-quo, observándose que se realizó el análisis y valoración de todo el material probatorio allegado al juicio y donde se concluyera entre otros puntos, que el despido de la demandante fue con causa justificada; y c) En su explicación realiza alegatos propios de instancia"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- Tegucigalpa, M.D.C., once de octubre de dos mil veintiuno.

El pleno de la Corte Suprema de Justicia integrado por los Magistrados ROLANDO EDGARDO ARGUETA PÉREZ Magistrado Presidente, LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ, JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ, JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, RAFAEL BUSTILLO ROMERO, WILFREDO MÉNDEZ ROMERO, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA, JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, y Magistrados Integrantes GARIN ENOC URQUIA CASTRO, ROXANA LICETH MORALES TORO, YIMY DANIEL CHIRINOS ORELLANA, CONAN RAFAEL ARGUETA BOURDETT Y LISSIEN GICELA CHIUZ LAITANO

VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado, en fecha quince de enero del dos mil veintiuno, por los Abogados KAREN NAZARETH FLORES BONILLA y MIGUEL HONORIO DOMINGUEZ MEJIA, en su condición de representantes procesales de la EMPRESA DE TRANSPORTES CATRACHOS, S. DE R.L., como recurrente; además es parte recurrida, la señora ENGIEBETH NAZARETH BARAHONA ANDINO, representada en juicio por la Abogada RITA ARACELY HERNANDEZ MARTINEZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones sociales, derechos adquiridos, reajuste del salario mínimo, salarios dejados de percibir como indemnización de daños y perjuicios, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha ocho de agosto del dos mil dieciocho, por la señora ENGIEBETH NAZARETH BARAHONA ANDINO, mayor de edad, soltera, hondureña, estudiante de Administración de Empresa, con domicilio en la ciudad de Comayagua, Departamento de Comayagua, contra la empresa denominada TRANSPORTES CATRACHOS, S. DE R. L., por medio de su representante legal el señor CARLOS NAUN ZUNIGA ENRRIQUEZ, El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha ocho de noviembre del dos mil diecinueve, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, misma que: "FALLA: PRIMERO: DECLARANDO SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada KARINA ROCIO BARDALES ZELAYA, en su condición de Apoderada lega de la EMPRESA DE TRANSPORTES CATRACHOS, S. de R.L., contra la sentencia definitiva pronunciada por el Juzgado de Letras de la sección judicial de Comayagua el 29 de julio del 2019 (folio 152.154) de los antecedentes, en virtud de la cual se declara con lugar demanda laboral para el pago de prestaciones sociales, derechos adquiridos, y salarios dejados de percibir como indemnización de daños y perjuicios y condena a la empresa demandada al pago de prestaciones laborales. SEGUNDO: DECLARA CON LUGAR, el recurso de apelación interpuesto por la Abogada RITA ARACELY HERNANDEZ MARTINEZ en su condición de representante legal de la trabajadora demandante señora ENGIEBETH NAZARETH BARAHONA ANDINO. TERCERO: REFORMA LA SENTENCIA DEFINITIVA SUPRA, en cuanto al numeral dos de la parte dispositiva del fallo, por lo tanto CONDENA a la EMPRESA TRANSPORTES CATRACHOS S. de R.L., a través de su represéntate legal el señor CARLOS NAUN ZUNIGA ENRRIQUEZ, al pago de prestaciones y derechos adquiridos a la trabajadora ENGIEBETH NAZARETH BARAHONA ANDINO, por los siguientes conceptos así: Preaviso: L 24,066.00; Cesantía: L. 48,132.00; Auxilio de Cesantía Proporcional: L. 11,397.96; Vacaciones Pendientes: L. 14,038.50; Vacaciones proporcionales: L 7,598.62; Aguinaldo Proporcional: L. 4,612.65; Décimo Cuarto Mes Proporcional: L, 9,769.65. Pago de Horas extras Adeudadas: L. 12,890.40; Mas otros derechos adeudados por impago o no transferencia de un finiquito, (documental visible a folio 6): L. 11,000.00. Para un total de CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCO LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS. ASÍ MISMO AL PAGO DE SALARIOS CAÍDOS DEJADOS DE PERCIBIR EN CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, DESDE EL DESPIDO HASTA QUE SUJECIÓN A LAS NORMAS PROCESALES LABORALES CAUSE EJECUTORIA LA PRESENTE SENTENCIA. CUARTO: CONDENA ADEMAS AL PAGO DE COSTAS PERSONALES O PROFESIONALES, CONFORME ARANCEL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO, INCLUSIVE LAS OCACIONADAS EN PRIMERA INSTANCIA”.

ANTECEDENTES DE HECHO

  1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que comenzó a laborar para la EMPRESA DE TRANSPORTES CATRACHOS S. DE R.L., desde el 01 de julio del 2013, devengando un salario promedio de L. 4,500.00 en el puesto de boletera, en la Terminal de Buses de los Catrachos en la ciudad de Tegucigalpa, mediante un contrato verbal por el gerente general de aquel entonces don Benjamín Zúñiga; en el año 2015, le hicieron firmar un finiquito, diciéndole que tendría derecho a continuar trabajando, pero que por razones contables tenían que hacerlo así, continuo trabajando y en marzo del 2017. firmó otro finiquito, continuó trabajando sin contrato hasta el mes de septiembre del mismo año; en fecha 6 de septiembre del 2017, cuando se reintegró de su posnatal firmó un nuevo contrato el cual se vencía en el mes de julio del año 2018, en el que se le pidió firmar un contrato por horas, en el cual devengaría L. 53.72 la hora, para hacer un monto de L. 429.73 diarios, los que al mes serían L. 12,892.80, contrato que fue totalmente irreal: ya que lo que devengaba era la cantidad L. 10,314.00, restándole L.2,578.00, aceptando esta situación por la necesidad del trabajo, pues siempre la dejaban trabajando, dando finiquitos a la empresa. En el mes de junio del 2018, el señor Carlos Naún Zúñiga le dijo a la demandante, que si quería seguir trabajando debía de firmar el finiquito, situación a la cual la demandante accedió. Posteriormente el día 11 de junio del año 2018, la actora fue despedida por el señor Carlos Naún Zúniga, porque reportó a otros socios que el señor Zúniga, estaba revolviendo los archivos y estaba sustrayendo documentos; sin embargo, ésta manifestó que ella no era responsable porque ese archivo se le había asignado a la demandante y el señor Carlos Zúniga le pidió la llave, razón por la cual éste se molestó y le dijo a la demandante que ya no trabajaba más para la empresa; agotándose el trámite administrativo correspondiente, sin llegar a ningún acuerdo conciliatorio con la parte demandada.

  2. La parte demandada, la empresa denominada TRANSPORTES CATRACHOS, S, DE R. L., contestó dicha demanda señalando que contestó la demanda laboral rechazando totalmente lo alegado, ya que la relación laboral comenzó en julio 2014, como consta en el punto de acta número 303 del libro de actas de la empresa, haciendo la anotación de la elaboración de un contrato por dos meses, por la anterior gerente la señora Karina Yamileth Carías Romero; asimismo, desde que hubo cambio de gerente en la empresa, la demandante no acataba instrucciones del nuevo gerente: del cual a la demandante se le habló muchas veces que cambiara su actitud, al grado de causar problemas dentro de la empresa, como desórdenes de horarios de buses, de lo cual se le enviaron dos memorándums y que el despido se realizó de manera legal presentándose la demandada ante las oficinas del Ministerio del Trabajo y se reporta así la terminación laboral, elaborando un cálculo de prestaciones en fecha 6 de junio del año 2018, procediéndose con el despido por haber suficientes causas para la terminación laboral.

  3. El Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha veintinueve de julio del dos mil diecinueve, dictó sentencia declarando CON LUGAR la demanda laboral para el pago de prestaciones sociales, derechos reajuste del salario mínimo, salarios dejados de percibir como indemnización de daños y perjuicios, promovida por la señora ENGIEBETH NAZARETH BARAHONA ANDINO, de la empresa denominada TRANSPORTES CATRACHOS, S. DE R.L.; CONDENA a la demandada al pago de los siguientes conceptos: 1) PREAVISO LPS. 24,066.00, CESANTÍA PROPORCIONAL LPS. 11,397.03, VACACIONES PROPORCIONAL LPS. 7598.62, AGUINALDO PROPORCIONAL LPS. 4612.65, DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL LPS. 9,769.65, PAGO HORAS EXTRA ADEUDADAS: LPS. 12,890.40, haciendo un total de LPS. 70,335.25 más el pago de salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que quede firme la sentencia condenatoria; SIN LUGAR las tachas; bajo el criterio que se establece que la demandante mantuvo una relación laboral con la empresa demandada desde el uno de julio del dos mil trece, hasta el once de junio del año dos mil dieciocho, situación que fue confirmada por los testigos propuestos por la misma parte demandante, siendo que una de ellas fungió como Gerente en ese entonces y trabajó de manera directa con la ahora demandante, manifestó que se realizaron varios contratos de trabajo de los cuales se firmaron varios finiquitos suscritos entre las partes que se hacían al finalizar cada contrato en virtud de haber recibido la parte demandante lo que le corresponde en concepto de derechos adquiridos, documentos que fueron incorporados al proceso probándose con ello que existió una relación laboral entre las partes litigantes, la cual finalizó mediante un despido realizado por el patrono no pudiéndose justificar dicho despido al no haberse acreditado el Reglamento Interno de Trabajo para verificar que se haya seguido el respectivo trámite, motivos para declarar con lugar la demanda y condenándose a pagar al patrono solo en las cantidades adeudadas ante la existencia de varios finiquitos.

  4. La Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha ocho de noviembre del dos mil diecinueve, dictó sentencia declarando SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada KARINA ROCIO BARDALES ZELAYA, en su condición de Apoderada legal de la EMPRESA DE TRANSPORTES CATRACHOS, S. de R.L.; declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada RITA ARACELY HERNANDEZ MARTINEZ, en su condición de representante legal de la trabajadora demandante señora ENGIEBETH NAZARETH BARAHONA ANDINO; REFORMA LA SENTENCIA DEFINITIVA SUPRA, en cuanto al numeral dos de la parte dispositiva del fallo, por lo tanto. CONDENA a la EMPRESA TRANSPORTES CATRACHOS, S. De R.L., pago de prestaciones y derechos adquiridos a favor de la trabajadora ENGIEBETH NAZARETH BARAHONA ANDINO, por los siguientes conceptos así: Preaviso; L. 24:066.00; Cesantía: L. 48,132.00; Auxilio de Cesantía Proporcional: L. 11,397.96; Vacaciones Pendientes: L. 14,038.50; Vacaciones proporcionales: L. 7,598.62; Aguinaldo Proporcional: L. 4,612.65; Décimo Cuarto Mes Proporcional: L. 9:769.65; Pago de Horas extras Adeudadas: L. 12.890.403 más otros derechos adeudados por impago o no transferencia de un finiquito, (documental visible a folio 6): L, 113000.00, para un total de ciento cuarenta y tres mil quinientos cinco lempiras con setenta y cinco centavos, así mismo al pago de salarios caídos dejados de percibir en concepto de daños y perjuicios, CONDENA además al pago de costas personales o profesionales, conforme Arancel del Profesional del Derecho, inclusive las ocasionadas en primera instancia; bajo el criterio que obra en los antecedentes una serie de contratos por hora que carecen de fuerza legal y que han vulnerado los derechos laborales de la demandante, pues conforme constancia emitida por la Secretaría del Trabajo, la demandada no está registrada en la Ley del Trabajo por Hora; sin embargo, es visto de que la variedad de contratos celebrados excepcionalmente por periodos de meses, esto al tenor del artículo 47 del Código del Trabajo, son y deben ser considerados por tiempo indefinido: habida cuenta, de que el cargo y función de boletera de la demandante es por su naturaleza y el rubro de transporte de pasajeros de carácter permanente, es decir, aunque las cláusulas de los contratos laborales tenían término de duración, es indudable que adquirió carácter indefinido en favor de la trabajadora Contratos sinalagmáticos laborales que al término de su duración generaron finiquitos de pago, que con la perceptiva del artículo 379 del Código del Trabajo debieron hacerse ante las autoridades del Trabajo, no obstante, se acreditó en autos y por declaración de la testigo Karina Yamileth Cañas Romero, quien tiene una acción o parte social por herencia, quien refiere que esas cantidades generadas por finiquito al término de un contrato, se hacían o verificaban por cheques o transferencias a cuenta de la demandante y nunca en efectivo, como erróneamente lo afirmaron los testigos Sergio Mejía Baide y Cándida Mercedes Cálix Gonzáles, que le pagaban en efectivo, razón por la cual se estima procedente la condena al pago de L. 11:000.00, que nunca fueron recibidos por la demandante, así mismo se estima como derecho adquirido e irrenunciable la condena al pago de vacaciones adeudadas pendientes por la suma de L. 14.038.50, que la parte patronal demandada nunca acreditó haberla hecho efectivo. Finalmente, se concluye que la causal de despido alegada por el patrono demandado es ilegal, pues no se acreditó y probó en autos, inhabilidad o ineficiencia de la trabajadora, si bien, se le enviaron memorándums, nunca fue oída, ni se le practicó audiencia de descargo, no habiéndose seguido el procedimiento de rigor, dado que la empresa demandada carece de un reglamento interno de trabajo por lo que no se pudo precisar si es que se cometió la calidad de la falta, si fue leve o grave y la sanción a imponer, la testigo Karina Yamileth Carias Romero, declaró que ella entrenó a la trabajadora demandante y que ocupó el cargo de boletera y despachadora en Tegucigalpa, que no le consta que haya sustraído documentos, observando que la denuncia planteada por el Gerente de la empresa demandada contra la demandante Barahona Andino, ante el Departamento de Investigación Criminal, sobre la posible comisión de sustracción de documentos, recibos talonarios y libretas contables, denuncia de fecha 23 de junio del 2018, pero cierto es, así lo aprecia esta Corte, que no existe evidencia de haber prosperado dicha denuncia y mucho menos la formulación de un requerimiento fiscal contra la trabajadora demandante, antes bien, ese elemento de juicio evidencia y demuestra la inexistencia de una justa causa que fáctica y jurídicamente pudiesen respaldar el despido de la trabajadora por lo que es procedente la sanción o condena para el patrono.

  5. Mediante auto de fecha cinco de noviembre del dos mil diecinueve, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada KARINA ROCIO BARDALES ZELAYA, en su condición de representante procesal de la EMPRESA DE TRANSPORTES CATRACHOS, S. DE RL., contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.

  6. En fecha quince de enero del dos mil veintiuno comparecieron ante este Tribunal los Abogados KAREN NAZARETH FLORES BONILLA y MIGUEL HONORIO DOMINGUEZ MEJIA, en su condición de representante procesal de EMPRESA DE TRANSPORTES CATRACHOS S. DE R.L., formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de fecha quince de enero del dos mil veintiuno, se tuvo por devuelto el traslado conferido a los recurrentes y por formalizado en tiempo el recurso de casación ordenándose el traslado al opositor par que en el término de diez días procediera a contestarla demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha diecinueve de marzo del dos mil veintiuno se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte de la Abogada RITA ARACELY HERNANDEZ MARTINEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.

7.- Que la honorable Sala Laboral Contencioso Administrativo en fecha catorce de mayo del año dos mil veintiuno en relación al recurso de casación interpuesto y del que se ha hecho mención, dicto sentencia que puede ser de la pieza de casación, por mayoría, donde declarando no ha lugar el recurso de casación de que se ha hecho merito en su único motivo; sin lugar la nulidad solicitada de forma subsidiaria ; sin costas, siendo disidente el Magistrado Miguel Alberto Pineda Valle, quien resolvió declarar con lugar la Nulidad de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha ocho de noviembre del dos mil diecinueve.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- La cognición del presente recurso de casación por parte de la Corte Suprema de Justicia es consecuencia de no alcanzar unanimidad en la Sala de lo Laboral Contencioso Administrativo, tal como lo dispone el artículo 316 de la Constitución de la Republica: “Cuando las sentencias de la sala se pronuncien por unanimidad de votos, se proferirán en nombre de la Corte Suprema de Justicia y tendrán el Carácter de definitivas y que cuando no haya unanimidad de votos, se proferirán en nombre de la Corte Suprema de Justicia y tendrán el carácter de definitivas y que cuando no haya unanimidad en la toma de decisión del asunto, los magistrados que hayan participado en la sala, no deben integrar el pleno; de lo cual se desprende que las sentencias que se pronuncien en las distintas salas, por mayoría de votos deberán imperativamente someterse al pleno de la Corte Suprema de Justicia como es el caso que nos ocupa:”

II. Que la finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código del Trabajo, no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el país, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice.

III. Que los Abogados KAREN NAZARETH FLORES BONILLA y MIGUEL HONORIO DOMINGUEZ MEJIA, en su primer y único motivo de casación alegan: “Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta del artículo 113 párrafo l) literal a) del Código del Trabajo, por error de hecho derivado de la apreciación errónea de la prueba documental visible a folios del expediente de primera instancia, que adelante singularizo. SINGULARIZACIÓN DE LA PRUEBA: La prueba erróneamente apreciada es la documental que obra a folios 35, 37, 38 del expediente de primera instancia, que se refieren a los finiquitos presentados por la parte demandada. NORMAS PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓV DE LA LEY SUSTANTIVA: Las normas procesales que llevaron a la violación de las normas sustantivas indicadas como violadas son los artículos 738 v 739. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 numeral primero párrafo segundo del Código del Trabajo. DOCTRINA: Para que se configure el error de hecho es necesario: l) Que exista una mala apreciación de la prueba producida; 2) que esa mala apreciación sea originada por un error de hecho, es decir, respecto de la prueba considerada en sí misma y no con relación a las normas legales que reglamentan la prueba de que se trate; 3) que el error de hecho genere como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva; y, 4) que el error de hecho sea manifiesto, o sea, que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN: El Ad Quem, al confirmar la sentencia de primera instancia, incurrid en infracción indirecta por error de hecho de las normas señaladas como infringidas, por cuánto aprecia de manera equivocada la prueba arriba singularizada en la que mi representada finiquitaba de manera correcta y con voluntariedad de ambas partes. La Corte al confirmar la sentencia de primer grado hace suyos los extremos expuestos en la misma, en la cual el juzgador acepta los finiquitos y que el empleador le pagaba correctamente los derechos adquiridos al trabajador. Olvidando el Ad Quem que al hablar de finiquito es que pone fin a la relación de trabajo porque el empleador le cancela todos sus derechos y no existe ninguna prohibición en nuestra legislación laboral que no se pueda realizar de esta manera el procedimiento, al contrario, eso es lo que promueve que el empleador pueda cumplir con las obligaciones que establece la legislación.- Por lo que procede conforme a derecho la admisión de este motivo”.

IV. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) El artículo 113 párrafo 1) Literal a) del Código del Trabajo, señalado como violado indirectamente, si bien tienen el carácter sustantivo exigido en este extraordinario recurso, los mismos regulan situaciones jurídicas que no tienen incidencia en la decisión final objeto del recurso; b) Olvida que para que se configure el error de hecho alegado, por un lado, no basta señalar un medio de prueba determinado, sino que es necesario relacionar el mismo con la prueba en su conjunto, para así poder determinar que el Tribunal recurrido haya incurrido o no en una violación a la Ley, y por otro, que debe ser ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos, pero en circunstancias dudosas, los Tribunales quedan en libertad de decidirse en caso tal por el extremo que, a su juicio, consideren mejor demostrado; en este caso, al revisarse la situación jurídica planteada se advierte que el Tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia, hizo suyos los argumentos del Juez A-quo, observándose que se realizó el análisis y valoración de todo el material probatorio allegado al juicio y donde se concluyera entre otros puntos, que el despido de la demandante fue con causa justificada; y c) En su explicación realiza alegatos propios de instancia.

V. El impetrante alega nulidad subsidiaria, la cual aduce que: “En el remoto caso de no prosperar los motivos aquí bien explicados, solicito subsidiariamente se declare la NULIDAD de la sentencia impugnada, la que baso en los términos siguientes: Conforme al principio del debido proceso que regula el artículo 3 del Código Procesal Civil, las partes tiene derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las Leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada; todo ello conforme a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, y como antes se relaciona, mediante un procedimiento establecido con el fin de cumplir con el principio de legalidad procesal y formas (artículo 7 CPC), de manera que la ejecución del acto procesal implique la mejor más rápida consecución de los fines pretendidos por la Ley; en tal sentido, para determinar que se ha garantizado el debido proceso es indispensable analizar en la decisión que se revisa el principio de congruencia, que marca al Juzgador el camino para su decisión y fijan un límite a su poder discrecional. La sentencia del ad quem resulta imprecisa, ya que al confirmar la sentencia declarando con lugar la demanda, violentando el debido proceso constitucional que es el principio más sagrado que tenemos contemplado en la Carta Magna, que nadie puede ser juzgado sino por Juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece, el ad quem de manera temeraria, vulnera el debido proceso, la jurisprudencia, la costumbre, condenando al pago de honorarios profesionales transgrede así el principio de gratuidad el que es un principio RECTOR del derecho laboral y asimismo un principio procesal del derecho laboral, principios que se ven claramente en el Código de Trabajo en los artículo 17 y 717. Solamente establece la jurisprudencia que se podría condenar en los casos en que se advierta que se ha litigado con abuso o notoria falta de derecho, falta de lealtad procesal, temeridad, etc. y no por el principio del vencimiento previsto en el Código Procesal Civil, porque si bien es cierto el artículo 858 establece la supletoriedad del Código Procesal Civil solamente puede utilizarse si no existe una norma especial, lo cual no es el caso; olvida el ad quem que el artículo 775 establece también que "vencido el plazo del traslado sin que se haya fundado el recurso, el Tribunal lo declarará desierto, condenará en costas al recurrente y ordenará devolver el expediente al Tribunal o Juzgado de origen". El ad quem ni siquiera fundamenta su sentencia se limita a decir que "en el proceso laboral se refiere únicamente a las costas procesales en favor del trabajador" sin dar ningún fundamento legal al momento de hacer semejante afirmación ni en la fundamentación jurídica de la sentencia volviendo la sentencia IMPRECISA e INCONGRUENTE olvidando el juzgador que la Sala de lo Laboral Contencioso Administrativo cuenta con innumerable jurisprudencia de las costas tal como se puede apreciar en las sentencias CL 500-12, CL 476-13 y CL 456-13 y además sin necesidad que existiese previa jurisprudencia el juzgador está obligación de estudiar la materia especializada que es lo laboral.- Violentado con la mayor brusquedad los derechos que otorga la Constitución y las leyes a las empresas ya que es el juzgador quien tiene que adoptar la imparcialidad en cada caso que conozca, porque las empresas ya llegan a un proceso judicial con las leyes inclinadas hacia la parte del trabajador, pero en materia procesal el juzgador de instancia está obligado a ver de igual manera a las partes y no inclinarse y mucho menos sin motivar con la debida EXHAUSTIVITDAD una sentencia y mucho menos transgrediendo los derechos contemplados en nuestra Carta Magna; como lo es el debido proceso, Además necesariamente ha de tenerse en cuenta la motivación de la sentencia, como medio de exteriorizar el juicio mental realizado por el Órgano Jurisdiccional, para llegar a la emisión de la declaración de voluntad que se materializa en el fallo.- También se violentó el artículo 738 del Código del Trabajo y 206 del Código Procesal Civil, que establecen que el Juez al proferir su decisión, analizara todas las pruebas allegadas en tiempo y que las sentencias deben ser dictadas con: CLARIDAD, PRECISIÓN Y EXHAUSTIVIDAD. 1. Las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas. 2. El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes. 3. Cuando los puntos objeto del litigio hayan sido varios, el tribunal hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. Como podéis apreciar, el Ad quem, no observó las normas procesales laborales que conlleven a una sana decisión del asunto, pues no observo estas normas procedimentales al no valorar ni razonar todos los extremos del debate y las pruebas aportadas.- Siendo notorio que el fallo recurrido afecta el derecho de defensa de nuestro representado, como el debido proceso, se debe anular el mismo, a efecto de que las partes sean restituidas al estado en que se encontraban antes de esa resolución, para que además, ese Tribunal proceda de conformidad a derecho, observando los deberes de congruencia y motivación, profiriendo la sentencia que corresponda conforme los extremos del debate ya que se violentó su deber de resolver conforme a los hechos debatidos, así como de las pretensiones y extremos del debate, causando indefensión a mi representada. Por todo lo expuesto procede se declare la NULIDAD SUBSIDIARIA de la sentencia recurrida”.

VI. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que este Tribunal deba enmendar; en el presente caso, donde la situación planteada ya ha sido resuelta en el momento procesal oportuno por el A-quo y confirmado por el Tribunal de apelación lo constituye en un objeto de litigio ya dirimido y agotadas sus instancias: sin embargo estudiado el caso en examen, este Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación. Y declarar sin lugar la petición de nulidad subsidiaria.

POR TANTO: El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por mayoría de votos, por disentir los Magistrados RAFAEL BUSTILLO ROMERO, JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, ROXANA LICETH MORALES TORO, YIMY DANIEL CHIRINOS ORELLANA, CONAN RAFAEL ARGUETA BOURDETT Y LISSIEN GICELA CHIUZ LAITANO, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 82 h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 664, 665, 666 literal c). 764. 765, 769, 777 v 858 del Código del Trabajo; 222, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral l) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN LUGAR la nulidad solicitada de forma subsidiaria. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia para los efectos legales subsiguientes NOTIFIQUESE.

Expediente: S.L 667-2019