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Sentencia CL-660-19 — Registro 13820

Resumen

Segunda instancia confirmó parcialmente con lugar; la demanda ordinaria laboral para que se declare por tiempo indefinido la relación laboral originada por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos, en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo, en consecuencia concederle todos los derechos que ostentan los empleados con carácter permanente, pago de salarios adeudados retroactivamente

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente asunto, examinada que fue la sentencia impugnada y se estima que el mismo se encuentra dictado conforme a derecho, como también que se ha analizado la prueba aportada por las partes para tomar la decisión de fondo del juicio. A razón de lo antes expuesto estima este Tribunal, que no se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los trece días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha 04 de mayo del 2021, por la Abogada DENI MARITZA PONCE IZCANO, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, el señor SALVADOR ANTONIO CLAROS TROCHEZ, representado en juicio por el Abogado JUAN ÁNGEL BENAVIDES PAZ. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para que se declare por tiempo indefinido la relación laboral originada por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos, en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo, en consecuencia concederle todos los derechos que ostentan los empleados con carácter permanente, pago de salarios adeudados retroactivamente, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 02 de mayo del 2016, por el señor SALVADOR ANTONIO CLAROS TROCHEZ, mayor de edad, soltero, Médico General, hondureño y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD PÚBLICA, por medio del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 26 de julio del 2019, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 07 de enero del 2019, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por el señor SALVADOR ANTONIO CLAROS TROCHEZ en contra del ESTADO DE HONDURAS a través de su representante legal el señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA en su condición de Procurador General de la República.-

SEGUNDO: CONDENA a reconocer y declarar una relación de trabajo por tiempo indefinido y de carácter permanente la que sostiene el señor SALVADOR ANTONIO CLAROS TROCHEZ con el Estado de Honduras representado por el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA en su condición de Procurador General de la República, directamente con la Secretaria de Estado en los Despachos de Salud, con la Región Sanitaria Metropolitana, por lo que conforme a lo dispuesto en el artículo 47 párrafo segundo del Código del Trabajo, se le reconoce una antigüedad laboral desde el 01 de Septiembre del 2009, asimismo se le reconoce al demandante todos los derechos que ostentan los empleados de carácter permanente; TERCERO: SE CONDENA al ESTADO DE HONDURAS a través del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA al pago de vacaciones correspondiente a los periodos 2014-2015 la cantidad de (Lps. 8,810.20) y 2015-2016 la cantidad de (Lps. 8,810.20).- CUARTO: se ABSUELVE al ESTADO DE HONDURAS a través del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA a pagar al señor SALVADOR ANTONIO CLAROS TROCHEZ cantidad en concepto de décimo tercer y cuarto mes de los periodos 2014-2015 y 2015-2016. -QUINTO: se ABSUELVE al ESTADO DE HONDURAS a través del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA a pagar al señor SALVADOR ANTONIO CLAROS TROCHEZ cantidad alguna en concepto de salarios adeudados. SEXTO: SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inició a laborar para el Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud Pública en la Región Sanitaria Metropolitana de Tegucigalpa, el 08 de septiembre del 2009, en el puesto de Médico General, devengando un salario mensual de L.13,215.15 mediante la suscripción de varios contratos de trabajo continuos e ininterrumpidos; manifestó que desde que inició a laborar se desempeñó en las mismas funciones de manera permanente e ininterrumpida, bajo la subordinación del empleador, tal como consta en los contratos suscritos entre las partes, los cuales reunían los requisitos exigidos en el artículo 20 del Código del Trabajo, por lo que la relación que los unía era de orden laboral, y que las funciones son de carácter continuas y permanentes en la institución demandada, entendiéndose entonces que se está, ante un contrato de trabajo por tiempo indeterminado regido por la jurisdicción laboral del trabajo; argumentó que la causa que originó el surgimiento de la relación laboral subsistió y subsistirá siempre, pues es el mismo puesto y funciones que ha venido desempeñando durante la relación laboral con la parte demandada, actividades que por la naturaleza de las mismas no pueden desaparecer, dejando ver una simulación de contrato de trabajo por tiempo determinado, ocultando un verdadero contrato de trabajo por tiempo indefinido, acto simulatorio que tiene como finalidad evadir las obligaciones estipuladas en la Ley Laboral (en fraude a la ley), todo en vista de que la relación laboral se dio por la suscripción de varios contratos de trabajo, de forma continua e ininterrumpida y al tenor de lo preceptuado en los artículos 47 y 52 del Código de Trabajo; asimismo con el ánimo de buscar una solución en cuanto a la permanencia al puesto de trabajo, el demandante presentó reclamo administrativo ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a fin de llegar a un arreglo conciliatorio, siendo imposible el mismo, dándose por agotado el trámite administrativo respectivo.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que el demandante fue contratado por la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, para prestar sus servicios profesionales, técnicos y de apoyo, de conformidad a lo que establece el artículo 14 del Reglamento Interno de Personal de la Secretaría de Salud; en cuanto a la fecha de inicio y salario mensual que aduce devengar el demandante, deberá probarlo en el momento oportuno del proceso puesto que cada contrato por razones presupuestarias es independiente uno del otro, ya que la suscripción de cada contrato depende de la aprobación que otorgue la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas y lo que establezcan las Disposiciones Generales del Presupuesto de cada año fiscal, la contravención a estas normas infringirían lo establecido en los artículos 321 y 364 de la Constitución de la Republica; alegó que el demandante no es médico de planta sino que su contrato únicamente es por tres horas en el establecimiento de salud La Monterrey de la Región Sanitaria Metropolitana de Tegucigalpa, contando actualmente con un contrato a término de prestación de servicios profesionales, técnico y de apoyo del 21 de enero al 30 de junio del 2016, para lo cual el artículo 117 de las Disposiciones Generales del Presupuesto claramente puntualiza que no pueden ser considerados empleados permanentes al preceptuar dicho artículo lo siguiente: “La contratación de personal con cargo al Objeto Específico del Gasto, 12100 Sueldos Básicos (Personal No Permanente) financiado con Recursos del Tesoro Nacional (fuente 11) se debe realizar en casos excepcionales bajo la responsabilidad del titular de cada institución, siempre y cuando el personal a contratar figure en el Plan Operativo Anual (POA) y que exista la disponibilidad presupuestaria…”. Que si bien es cierto que el demandante presta sus servicios profesionales para el Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, no es menos cierto que tal obligación se regía mediante cláusulas contractuales aceptadas y consentidas por las partes en legal y debida forma comprometiéndose al fiel cumplimiento de lo prescrito en el contrato y dado que la obligación contractual del demandante no es como médico de planta o sea que no goza de una jornada de tiempo completo según el artículo 19 del Reglamento del Estatuto del Médico Empleado, por lo que no es procedente el artículo 20 del Código de Trabajo citado por el demandante, en virtud de que el actor de la demanda no trabaja tiempo completo sino un tiempo ordinario de tres horas únicamente y el artículo en referencia de conformidad al Código del Trabajo es para una persona que labora ocho horas consecutivas y no tres como es el caso del demandante, que de no tratarse de un profesional médico se contemplaría dentro de la Ley de Empleo por hora, por otra parte el demandante no puede calificar como una simulación de contrato lo que se calificaría como fraude contractual para el demandante, con lo que entonces estaría afirmando que el demandado no tiene la facultad de suscribir ese tipo de contratos, por lo tanto estaríamos frente a un contrato sin validez jurídica y en su defecto este contrato que firmó el demandante no tiene existencia ni objeto su reclamo. Siendo desacertado el derecho subjetivo citado por la parte actora, en los artículos 47 y 52 del Código de Trabajo, al haber equivocado el camino al venir ante este juzgado laboral incompetente para conocer de la causa a solicitar un derecho que debió haber ejercido las diligencias respectivas ante las autoridades correspondientes de la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud o la Dirección General de Servicio Civil a efecto de que se hiciera el análisis necesario de su petición y de ser factible promover ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas el presupuesto permanente para la creación de la plaza a las funciones que desempeña el demandante, además el reclamo presentado por el demandante no corresponde a la Ley Laboral en virtud que el contrato referido ya establece como jurisdicción el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 07 de enero del 2019, dictó sentencia que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por el señor SALVADOR ANTONIO CLAROS TROCHEZ en contra del ESTADO DE HONDURAS a través de su representante legal el señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA en su condición de Procurador General de la República.-

SEGUNDO: CONDENA a reconocer y declarar una relación de trabajo por tiempo indefinido y de carácter permanente la que sostiene el señor SALVADOR ANTONIO CLAROS TROCHEZ con el Estado de Honduras representado por el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA en su condición de Procurador General de la República, directamente con la Secretaria de Estado en los Despachos de Salud, con la Región Sanitaria Metropolitana, por lo que conforme a lo dispuesto en el artículo 47 párrafo segundo del Código del Trabajo, se le reconoce una antigüedad laboral desde el 01 de Septiembre del 2009, asimismo se le reconoce al demandante todos los derechos que ostentan los empleados de carácter permanente; TERCERO: SE CONDENA al ESTADO DE HONDURAS a través del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA al pago de vacaciones correspondiente a los periodos 2014-2015 la cantidad de (Lps. 8,810.20) y 2015-2016 la cantidad de (Lps. 8,810.20).- CUARTO: se ABSUELVE al ESTADO DE HONDURAS a través del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA a pagar al señor SALVADOR ANTONIO CLAROS TROCHEZ cantidad en concepto de décimo tercer y cuarto mes de los periodos 2014-2015 y 2015-2016. -QUINTO: se ABSUELVE al ESTADO DE HONDURAS a través del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA a pagar al señor SALVADOR ANTONIO CLAROS TROCHEZ cantidad alguna en concepto de salarios adeudados. SEXTO: SIN COSTAS…”. Bajo el criterio que se ha demostrado que el demandante ha suscrito varios contratos con el mismo empleador y en el mismo cargo, renovándose estos contratos de manera ininterrumpida, uno en pos de otro, dejando entrever que aún subsiste la causa que le dio origen al contrato de trabajo suscrito inicialmente y que sigue subsistiendo la causa de contratación. También hay que agregar que el puesto de trabajo que desempeña el demandante en la institución como Medico General, no puede ni debe considerarse de carácter temporal, pues los servicios que proporciona dicho trabajo son necesarios para la plena operatividad de la institución, tomando en cuenta la función y el objeto de lo que es y será la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud, por lo que no pueden ser accidentales. Acotado lo anterior se deja ver claramente una simulación de contrato de servicios temporal, ocultando un verdadero contrato de trabajo por tiempo indefinido, este acto simulado u ocultamiento del verdadero contrato de trabajo, tiene como fin último evadir las obligaciones estipuladas en la Ley Laboral en fraude a la ley o abuso de derecho (art. 3 del Código del Trabajo y art. 6 Código Procesal Civil); el Código del Trabajo y sus principios resuelven éste tipo de abusos y violaciones contra los trabajadores, con lo establecido en el artículo 3 del Código del Trabajo que dice: "Son nulos ipso iure todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la constitución, el presente código, sus reglamentos o las demás ley es de trabajo o previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato de trabajo u otro pacto cualquiera". Por lo que si el empleador, utilizando el contrato de prestación de servicios por tiempo determinado, pretendía rehuir sus obligaciones patronales, son nulos ipso jure dichos contratos ya que los mismos eliminan y disminuyen derechos laborales y constitucionales, ya adquiridos por los trabajadores derivados de una relación típica de trabajo; haciendo la aclaración que lo que se invalida es la declaración fraudulenta o simulada de la voluntad de las partes (o la de una de ellas en realidad), no respecto de la decisión de relacionarse o de vincularse jurídicamente; que dentro de las pretensión se encuentra el pago de décimo tercer y cuarto mes de los periodos 2014-2015 y 2015-2016 se ha acreditado mediante la prueba exhibición de documentos (F.85 al 91) que al demandante si se le hizo efectivo el pago de los mismos por lo que dicha pretensión deberá ser declarada sin lugar; de igual forma dentro de las pretensiones se encuentra el pago de vacaciones de los periodos 2014-2015 y 2015-2016 y ya que la contratación no contempla el pago de las vacaciones únicamente el goce en consecuencia procede el pago de las vacaciones al demandante de los periodos antes descritos de la manera siguiente: periodos 2014-2015 la cantidad de L. 8,810.20 y 2015-2016 la cantidad de L.8,810.20; referente al pago de salarios adeudados no se aportó prueba alguna y tomando en consideración que las decisiones judiciales no pueden descansar nunca sobre los hechos alegados, sino que deben fundamentarse sobre su demostración por alguno o algunos de los medios de prueba reconocidos por la ley, es por ello que dicha pretensión deberá ser declarada sin lugar. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 26 de julio del 2019, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que esta Corte de Apelaciones en reiterados fallos ha dejado establecido que el Estado de Honduras al contratar a sus trabajadores, lo hace en base a contratos de servicios profesionales, nombrándolos en plazas vacantes cuya naturaleza es de carácter permanente; lo que ha llevado a que dicho trabajador solicite su permanencia y se les considere como trabajador permanente; ya que se ha dejado claro que dichos contratos de trabajo reúnen los requisitos señalados en el artículo 20 del Código del Trabajo, por lo que también de acuerdo con el artículo 47 del mismo cuerpo legal, estos trabajadores han desarrollado sus labores de manera continua, ejerciendo las mismas actividades y funciones, bajo las órdenes del mismo patrono y recibiendo un pago como retribución a sus labores y cumpliendo una jornada de trabajo; por lo que es claro que el contrato suscrito entre las partes es de naturaleza permanente. Que habiéndose ya pronunciado la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia, que: “…si las estipulaciones consignadas en el contrato no corresponden a la realidad, y además implican renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución y el Código del Trabajo le otorgan al trabajador, son nulas de pleno derecho”; esta Corte de Apelaciones reafirma aún más su criterio de que la relación existente entre el señor Salvador Antonio Claros Trochez con el Estado de Honduras, es de carácter permanente; que habiendo sido probado el despido legado y vistas las consideraciones anteriores, es procedente confirmar la sentencia definitiva apelada.- 5.- Mediante auto de fecha 06 de marzo del 2020, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada DENI MARITZA PONCE IZCANO, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 04 de mayo del 2021, compareció ante este Tribunal la Abogada DENI MARITZA PONCE IZCANO, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 13 de septiembre del 2021, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado JUAN ÁNGEL BENAVIDES PAZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO: I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que la Abogada DENI MARITZA PONCE IZCANO en el primer motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva nacional y de índole laboral, en infracción directa de la disposición contenida en el artículo 117 en relación con los artículos 113 párrafo primero, interpretado 116 literal e y 120 literal c) reformado, todos del código de trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero extinción de la relación laboral por mutuo acuerdo o por despido injustificado, de la simple lectura de la demanda se puede apreciar que esta no reúne los requisitos establecidos en la comprensión de la pretensión, para lo cual por su falta de precisión y claridad, dejo en plena desventaja procesal a mi representado y le llevo a la corte recurrida a otorgar los derechos o indemnizatorios laborales reclamados por la parte demandante señalados en el acápite CUANTÍA DE LA DEMANDA. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La corte sentenciadora, al confirmar por unanimidad de votos el fallo dictado por el juzgado de primera instancia incurrió en una clara violatoria de la Ley sustantiva nacional y de índole laboral, por haberse declarado la relación laboral como indefinida cuando la relación laboral por el tiempo que duro estaba regida por contratos de servicios profesionales y técnicos , y como un acto administrativo estos contratos fueron elevados a acuerdos ministeriales, no obstante estos contratos no eran continuos. A si mismo se continua violentando la ley laboral al declararle la relación de trabajo permanente y que se le paguen salarios hasta el año 2013 cuando no existe registro en la base de datos de mi representada de la señora calderón como empleada de esta institución por la simple razón que no lo era, la relación que ella pretendió tener era una relación de VOLUNTARIA DE SALUD, y no que ahora su pretensión es que se le reconozca esa labor que voluntariamente realizo y se le considere permanente por que alguien le hizo la promesa que se le renovaría el contrato y que en ningún momento se le renovó contrato y tampoco ella interpuso ningún reclamo administrativo por el incumplimiento de la promesa que le hicieron en vista que no existe solicitud de reclamo ante la autoridad nominadora, Para la formalización del mismo, y esta relación de trabajo no puede considerarse como consentida puesto que la Administración Pública, sigue un ordenamiento jurídico, por lo que su labor es considerada como AD-HONOREN, por lo tanto este derecho que reclama es inexistente. PRECEPTO AUTORIZANTE: NORMAS ADJETIVAS QUE SIRVIERON DE MEDIO: Las normas adjetivas que sirvieron de medio para la violación de las sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del código de trabajo.”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) invoca infracción directa, pero enuncia normas adjetivas, lo cual no es permitido en la infracción directa; b) el precepto autorizante no es preciso ni claro; resultando todo en un alegato de instancia.- IV. Que la Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Que la sentencia que se revisa en Apelación dictada por el Juzgado de Letras de Francisco Morazán, de fecha SIETE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE que literalmente expresa FALLA: 1) Declarando parcialmente con lugar la Demanda Ordinaria Laboral para que en sentencia definitiva se declare por tiempo indefinido mi relación laboral originada por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del código de trabajo en consecuencia todos los derechos que ostentan los empleados con carácter permanente pago de salarios adeudados retroactivamente instaurado por el señor SALVADOR ANTONIO CLAROS TROCHEZ, contra el Estado de Honduras por medio de su representante Legal el señor Procurador General de la Republica abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, y condena al Estado de Honduras por medio de su representante legal el señor Procurador de la Republica a Reconocer la Relación Laboral como indefinida, Que se le reconozca todos los Derechos que gozan los empleados permanente de la institución demandada, se condena a reconocer y declarar una relación de trabajo por tiempo indefinido y de carácter permanente, que conforme a lo dispuesto en el artículo 47 párrafo segundo del código de trabajo se le reconoce una antigüedad laboral desde 01 de septiembre del 2009, a si mismo se le reconocen todos los derechos de los empleados permanentes como es el pago de vacaciones correspondiente a los periodos 2014 y 2015. Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley Sustantiva Nacional y de Índole Laboral, por in fracción indirecta por la apreciación errónea de los medios de Prueba Presentados ya que en los considerandos señalan el hecho de celebrar Contratos estableciendo la Labor a desempeñar, duración de la Jornada, y el salario principios básicos para elaborar un Contrato así como la duración del mismo se considere como CONTINUO cuando ambas partes firman aceptando los términos del mismo donde se expresa la finalización de la misma. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este artículo está comprendido en el artículo 765 del Código de Trabajo. NORMAS ADJETIVAS QUE SIRVIERON DE MEDIO: Las Normas Adjetivas que sirvieron de medio para la violación de las Sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código de Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La corte sentenciadora al CONFIRMAR por unanimidad de votos el fallo dictado por el Juzgado de Primera Instancia, incurre en Infracción directa o falta de aplicación del artículo 117 del Código de Trabajo, ya que en el hecho de que la parte actora reconozca en su escrito de Demanda específicamente en la suma y en el desarrollo de la misma que la demandante la señora MARIA LUISA CALDERÓN BAQUEDANO FUE DESPEDIDA INJUSTAMENTE, por el Estado de Honduras y al ser negado ese extremo por la demandante se invirtió la carga de prueba, es decir el actor devenía obligado a probar el despido injustificado alegado, en consecuencia tal situación se convirtió en el principal objeto de debate o de discusión, ante este reconocimiento de la parte actora que fue despedido injustamente de su puesto de trabajo, vuelve CONFESO al mismo para lo cual la corte recurrida debió aplicarle el principio legal de PROBANZA que reza "Quien afirma una cosa, es quien está obligado a probarla (ONUS PROBANDO INCUMBIT ACTORI) por lo que resulta evidente el error judicial en la valoración de ese material probatorio, ya que al considerar que los contratos que por su labor permanente o continuas en la empresa, se consideran por tiempo indefinido pero Honorables Magistrados la causa que da origen a esta relación Laboral permanecerá porque es una necesidad que las personas demandan pero por el hecho de alguna vez contratar a una persona significa que al momento de ya no estar desempeñando dicho puesto este tenga que dejar de existir que se le violen derechos cuando al terminar cada Contrato se honra el salario adeudado por lo antes expuesto y en virtud de que el fallo en el caso de mérito no es congruente con las pretensiones deducidas en el juicio se proceda de conformidad a derecho, ya todo indica que dicho tribunal en su sentencia no es clara ni congruentes con las cuestiones de debate y las pretensiones deducidas oportunamente en dichas diligencias”.- V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) el precepto autorizante no es preciso ni claro; b) las normas que indica como violadas (Artículo 47 del Código del Trabajo) no ostentan el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, c) en el desarrollo del cargo formula alegatos de instancia.- VI. Que el Censor alega nulidad subsidiaria: “La nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe cuando conste en autos declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen y no puede subsanarse por la confirmación de las partes, ni por un lapso menor que el que se exige para la prescripción ordinaria. En virtud de ello, se alega en forma subsidiaria la nulidad absoluta de la sentencia recurrida de fecha veintisiete de febrero del 2019 dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, señalando los errores procesales siguientes: a) La Jurisdicción de competencia de este Juicio era el Juzgado de lo Contencioso Administrativo ya que eran contratos administrativos del Gobierno Central. b) El contenido de la sentencia establece que no se encontraba la comparecencia de los apoderados de las partes cuando dicto sentencia, pero establece pero que quedan notificados en estrados los apoderados de las partes. La aplicación de la norma del derecho para la permanencia era la de Servicio Civil que establece el artículo 11 de la Ley de Servicio Civil para que le fuera reconocido el estatus que pretende le sea otorgado por esta Corte al margen de lo que establecen las leyes especiales establecidas al efecto, las que determinan un análisis conforme a ley para la creación de una plaza y un presupuesto permanente para la permanencia de un cargo y no como quiere hacerlo ver al juzgador de la causa, que sin haber ejercido el procedimiento establecido en dicho artículo y lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Servicio Civil, desea se le reconozca un status que legalmente no le ha sido otorgado mediante el acuerdo”.- VII. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente asunto, examinada que fue la sentencia impugnada y se estima que el mismo se encuentra dictado conforme a derecho, como también que se ha analizado la prueba aportada por las partes para tomar la decisión de fondo del juicio. A razón de lo antes expuesto estima este Tribunal, que no se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- VIII. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación y sin lugar la nulidad alegada de forma subsidiaria.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN LUGAR la nulidad subsidiaria. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFÍQUESE.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los dieciocho días del mes de enero del dos mil veintidós; certificación de la sentencia de fecha trece de diciembre del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número CL 660-19.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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