Sentencia CL-651-19 — Registro 13735
Resumen
El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones que falló confirmando la sentencia Declarando sin lugar la demanda ordinaria laboral para que el patrono pruebe la justa causa del despido, caso contrario se reintegre a su puesto de trabajo, más los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios desde la fecha del despido hasta que con sujeción de las normas procesales quede firme la sentencia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- XI.- Que es deber ineludible de la Corte Suprema de Justicia no solo observar la técnica rigurosa y formalista del recurso de casación, sino que se garantice el debido proceso y el derecho de defensa a las partes, particularmente que las resoluciones deben ser dictadas con la suficiente explicación de los puntos en litigio y los temas debatidos, como que sean congruentes y los resuelvan debidamente"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 207, numeral 1 y 2 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que por Acceso a la Justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.-"...
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 28 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que por Acceso a la Justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.-"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..." Que toda persona tiene el derecho de poder ejercitar o promover las acciones que estime pertinentes en defensa de sus derechos y derivado de ello también tiene el derecho a recibir una respuesta del órgano jurisdiccional, previo a seguirse el debido proceso, resolución que deberá ser congruente, motivada, imparcial y apegada al ordenamiento jurídico y a los principios generales del derecho laboral.- VIII.- Que toda persona tiene el derecho de poder ejercitar o promover las acciones que estime pertinentes en defensa de sus derechos y derivado de ello también tiene el derecho a recibir una respuesta del órgano jurisdiccional, previo a seguirse el debido proceso, resolución que deberá ser congruente, motivada, imparcial y apegada al ordenamiento jurídico y a los principios generales del derecho laboral.- IX.- Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de fondo del 5 de octubre de 2015, dictada en el caso Ruano Torres y otros Vs. El Salvador, Serie C No. 30319 151, estableció sobre el debido proceso: “La Corte ha señalado que el derecho al debido proceso se refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado, adoptado por cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que pueda afectarlos.- El debido proceso se encuentra, a su vez, íntimamente ligado con la noción de justicia, que se refleja en: i) un acceso a la justicia no sólo formal, sino que reconozca y resuelva los factores de desigualdad real de los justiciables, ii) el desarrollo de un juicio justo, y iii) la resolución de las controversias de forma tal que la decisión adoptada se acerque al mayor nivel de corrección del derecho, es decir que se asegure, en la mayor medida posible, su solución justa.”.-"...
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION.- El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., trece de diciembre de dos mil veintiuno.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha cuatro de mayo de dos mil veintiuno, por la Abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO, en su condición de representante procesal de la señora ONEYDA AZUCENA JIMENEZ MARTINEZ, como recurrente; además es parte recurrida, la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), representada en juicio por la Abogada HANYI SARAHI ACOSTA REYES. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para que el patrono pruebe la justa causa del despido, caso contrario se reintegre a su puesto de trabajo, más los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios desde la fecha del despido hasta que con sujeción de las normas procesales quede firme la sentencia condenatoria, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce de octubre del dos mil quince, por la señora ONEYDA AZUCENA JIMENEZ MARTINEZ, mayor de edad, casada, hondureña, Licenciada en Administración de Empresas y de este domicilio, contra la UNIVERSIDAD NACIONAL DE HONDURAS (UNAH), por medio de su Representante Legal la Licenciada JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintisiete de septiembre del dos mil diecinueve, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha veintisiete de marzo del dos mil diecinueve, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que en su parte conducente, dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando SIN LUGAR la DEMANDA ODINARIA LABORAL promovida por la señora ONEYDA AZUCENA JIMENEZ MARTINEZ, contra la UNIVERSIDAD NACIONAL DE HONDURAS (UNAH) por medio de su Representante Legal señora Rectora Licenciada JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ. SEGUNDO: ABSUELVE a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE HONDURAS (UNAH) por medio de su Representante Legal señora Rectora Licenciada JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ de toda responsabilidad en el presente juicio TERCERO: SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral para la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), en fecha 4 de febrero de 1991, nombrada mediante acuerdo No. 057-91 de fecha 12 de febrero del año 1991, como Profesor Auxiliar III, en el Departamento de Administración de Empresas, sin embargo manifiesta la parte actora que desde el 20 de diciembre del año 2004 hasta la fecha de su despido se desempeñó en el cargo de Profesor Titular II, mismo que lo obtuvo mediante reclasificación según acuerdo No. 1190-2004 devengando un salario mensual en los últimos seis meses de L. 44,616.45. Señala a su vez que en fecha 30 de julio del año 2015, se le notificó a la demandante mediante el oficio No. 764-SEDP, su cancelación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, según acuerdo No. 1430-2015 de fecha 29 de julio del 2015 mismo que literalmente dice: "Oficio No. 764-SEDP, 29 de julio de 2015, LICENCIADA ONEYDA AZUCENA JIMENEZ MARTINEZ, PROFESOR AUXILIAR II, EMPLEADO NO. 7865, DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS, PRESENTE, Licenciada Jiménez Martínez: su conocimiento y demás fines transcribo a usted el Acuerdo No. 1430-2015 de fecha 29 de julio de 2015, que literalmente dice: "ACUERDO NO. 14302015, 29 DE JULIO DE 2015. LICENCIADA JACINTA RUIZ BONILLA. SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO PERSONAL. PRESENTE. SEÑORA SECRETARIA EJECUTIVA: EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 19 DE LA LEY ORGANICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS Y EN ATENCION AL OFICIO #749 DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL DE FECHA 29 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, ESTA RECTORA ACUERDA: "Cancelar el contrato individual de trabajo a partir de la fecha de su notificación, sin responsabilidad para la UNAH, a la Licenciada Oneyda Azucena Jimenez Martinez, con su número de empleado 7865, Profesor Auxiliar II, en el Departamento de Administración de Empresas, de la facultad de ciencias económicas Administrativas y Contables por haber faltado dos días 25, 26, 29 y 30 de junio, así como los días 01, 02, 03, 06 07 y 08 de julio de 2015, sin justificación alguna y sin autorización de su jefe inmediato, lo que constituye un abandono de trabajo, violando gravemente con su actuar las obligaciones que le incumben como y trabajador de la UNAH, contenidas en el Código del Trabajo en sus artículo 97 numeral 2 y 3, 98 numeral 1, y 112 inciso h) y 192 inciso c) del Estatuto del docente universitario, ATENTAMENTE FIRMA JULIETA CASTELLANOS, RECTORA". Atentamente JACINTA RUIZ BONILLA, SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL”. Señala la parte actora que esta causa es injusta en vista de que la demandada ha violentado su derecho a la defensa y del debido proceso, ya que no se siguió el procedimiento establecido, no realizaron las investigaciones previas tal y como lo manda la cláusula 1 párrafo segundo y clausula 11 y 12 del Contrato Colectivo vigente, para determinar si efectivamente había faltado o no a su trabajo, por lo que lo que hizo la demandada fue llevar un Inspector de trabajo el 9 de julio de 2015, a las aulas en donde impartía clases la demandante y que se verificara quien estaba impartiendo las mismas, lo que evidencia la mala fe con la que actuado la parte demandada, ya que el Jefe de Departamento en fecha 30 de junio de 2015 ya había reasignado su carga académica, por lo que no era posible que estuviera en las aulas de clase, señala a su vez que los días 25, 26, 29 y 30 de junio que aunque no dice de que año a la fecha de su notificación del despido el 30 de julio, el mismo ya estaba totalmente prescrito, ya que según el artículo 863 del Código del Trabajo las faltas prescriben en el término de un mes contados a partir del día en que se cometió la falta en el presente caso la Universidad ejerce una supervisión diaria de la asistencia de cada uno de sus docentes únicamente en sus aulas asignadas para impartir clases, además señala la parte demandante que esos días que se le imputan haber faltado en el mes de junio están debidamente justificados, para el caso del día 25 de junio se encontraba inhabilitada para trabajar por incapacidad medica otorgada por el IHSS al igual que el día 29 de junio de 2015, se presentó a consulta al IHSS para una evaluación requerida por el Departamento de Incapacidades para proceder al refrendo de la incapacidad presentada, en cuanto a los días 26 y 30 de junio de 2015, se presentó a trabajar hecho que según la demandante alegó y lo probó en la audiencia de descargo, en tal sentido no solo no existe falta, sino que el hipotético caso que existiera la misma esta prescrita señaló la demandante. Argumenta la parte actora que en cuanto a los días 1, 2 y 3 de julio de 2015, es oportuno aclarar que también tenía incapacidad médica, no obstante al ver la negativa manifiesta del patrono de recibir la incapacidad médica, se presentó a trabajar los días 1, 2 y 3 de julio del 2015, en cuanto a los días 6, 7 y 8 de julio del 2015, se presentó a trabajar y firmo las listas de asistencia diaria que fueron acordadas de seguir firmando en Asamblea de Docentes del Departamento de Administración de Empresas, pero además el día 7 de julio compareció a la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social a solicitar los servicios de un Inspector de Trabajo, después de la reunión que sostuvo en su centro de trabajo a las 8 de la mañana con el Coordinador Académico del Departamento de Administración de Empresa Lic. Rafael Núñez, quien le dijo a la demandante que no podía apoyarle en su solicitud de reasignación o reubicación por su estado de salud (seguir padeciendo conjuntivitis severa) y que esa era una función del Jefe del Departamento, con quien quiso entrevistarse pero con la Licenciada Luz Salgado se le notificó a las 9:30 a.m. que se retiraba de su casa por padecer de un fuerte dolor de cabeza, que le atendería al día siguiente a las 9:00 a.m.; lo que tampoco hizo, por tal situación solicitó los servicios de un Inspector a fin de que constatara el estado actual de su solicitud de permiso sin goce de salario y porque no se había resuelto dicha solicitud, así mismo solicito que se constatara que si se estaba presentante a su centro de trabajo, para tal efecto le asignaron un inspector de trabajo para los días 8 y 9 de julio de 2015, esto probo según la parte actora que se presentó a trabajar y busco la autoridad de trabajo según lo señalado en el artículo 10 del Código del Trabajo. Señala que su carga académica a partir del 30 de junio de 2015 fue asignada a otros docentes por decisión del Jefe de Departamento tal como lo aceptó el Licenciado Oscar Arquímedes Zelaya Villafranca, en el momento que se celebró su audiencia de descargo, todos esos actos eran hostigamiento hacia su persona, pues esa reasignación nunca se le notifico, por lo cual no realizo sus funciones de impartir clases a partir del 30 de junio de 2015, por lo que se presentó a laborar los días 6, 7 y 8 de julio de 2015, aunque ya no tenía labor docente que desempeñar por la reasignación de clases y señala que el despido es ilegal e injusto y todo conlleva a un trasfondo de persecución, hostigamiento laboral o mejor conocido como Mobbing Laboral, donde las autoridades del Departamento de Administración de Empresas buscaron la forma de que la demandante renunciara, llegando incluso al extremo de notificarle en el mes de mayo que su despido era una decisión institucional, pero que le permitían que renunciara para no perder sus prestaciones, esa persecución debido a que junto con la Licenciada Alba Luz Hernandez Reyes desde el año 2014, iniciaron un proceso ante la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, como oposición a la imposición de la obligación de marcar un reloj dactilar o reloj marcador, siendo lo anterior nulo de pleno derecho, pues nunca se les indico un horario de trabajo, sino que su horario obedece a las horas clase de la carga académica asignada para cada periodo. Aduce la demandante que sus incapacidades medicas se debieron a trabajos de construcción en el edificio de la Facultad de Ciencias Económicas, y adquirió conjuntivitis severa, por lo que varias ocasiones incapacitada por médico especialista, incapacidades que el Jefe de Departamento Lic. Oscar Arquímedes Zelaya Villafranca en varias ocasiones se negaba a recibir. En vista de lo expuesto señala la parte actora hasta el 25 de junio del año 2015, estuvo incapacitada por médico especialista privado y refrendada por el IHSS, debido a su estado de salud y a las recomendaciones otorgadas por escrito por el médico especialista, viendo que no se recuperaba solicito permiso sin goce de sueldo para ausentarse de sus labores, por lo que restaba el tiempo para que finalizara el segundo periodo académico, sin embargo el Jefe del Departamento argumentó que por su expertis no podían conceder tal permiso aun y cuando no tenía carga académica. Señala así mismo que la demandada ha sido sancionada en varias ocasiones tal es el caso de la sanción de fecha 24 de julio del año 2015 por parte de la Inspectora a la UNAH, por no conceder permiso a la trabajadora por salud y señala que la Inspección General del Trabajo y la Secretaría General de la Secretaria del Trabajo y Seguridad Social están conociendo los reclamos presentados por la demandante y la Licenciada Alba Luz Hernández Reyes, en el mes de febrero del año 2015, por lo que también se le han impuesto sanciones pecuniarias a la UNAH por parte de la autoridad administrativa, se destaca que por ello a la presente fecha se sigue firmando los listados de asistencias en el departamento y son varios catedráticos que no marcamos por derecho de igualdad y principio de analogía de los demás catedráticos a quienes la Sala Constitucional les amparó en sus derechos de no marcar en el dactilar porque unilateralmente ha aplicado el IUSVARIANDI en perjuicio de la UNAH, en general. Ante lo acontecido la parte actora la UNAH docentes de acude a la oficina de Conciliación Mediación de la Dirección General del Trabajo dependiente de la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, no compareciendo la parte demandada por lo que se dio por agotado el trámite administrativo.- 2. La parte demandada, la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que la demandante estaba gozando de una incapacidad comprendida del 11 al 24 de junio del año 2015, debiendo presentarse a impartir sus clases el 25 de junio de 2015, obligación que no cumplió argumentando que el Jefe del departamento tenía que llevarla a dar sus clases y notificarle a sus alumnos, cuando la carga académica y su asignación de aulas ya había sido distribuida antes de irse con una incapacidad; que la UNAH cuenta con una oficina llamada de Control de Efectividad y Recurso Humano, que es la encargada de monitorear el personal docente administrativo y de servicio, creada para erradicar el abandono de trabajo en virtud que algunos empleados solo marcaban su hora de entrada y salida en el reloj dactilar u otros controles análogos pero no permanecía en sus puestos de trabajo y en caso de docentes no se presentaban a impartir clases a sus alumnos, en tal sentido el señor Joselito Aguilera quien se desempeña como auxiliar de monitoreo y que es encargado de hacer supervisiones diarias en la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, rindió un informe en donde destaca que la demandante no se presentó a impartir clases las fechas 25, 26, 29 y 30 de junio, así como los días 01, 02, 03, 06, 07 y 08 de julio del año 2015. Es de hacer notar que la demandante se ha negado rotundamente a marcar en el reloj dactilar, que para el control implemento la institución desafiando una y otra vez a su patrono al no seguir instrucciones; que en fecha 20 de julio del año 2015, la demandada citó a la demandante para audiencia de derecho a la defensa, a fin de que pudiera descargar las faltas que se le imputaban, acudiendo a la citación por lo que se celebró la audiencia en fecha 22 de julio del año 2015, en esa audiencia y en el uso de la palabra la señora Jiménez Martínez cuando se le pregunta sobre los días que no se presentó a dar clase manifiesta: “He permanecido en los predios universitarios, en el departamento en compañía de compañeros y en el sindicato", su ubicación es estar en su puesto de trabajo no en los alrededores de la institución, demás acepta que no se presentó a las aulas a impartir sus clases incumpliendo con ello en sus obligaciones emanadas del Código del Trabajo y del Estatuto del Docente Universitario, abandonando el trabajo hecho constatado mediante actas levantadas por inspectores del trabajo, como se observa es una conducta inadecuada de la demandante lo que faculta al patrono para dar por terminada la relación de trabajo sin responsabilidad de su parte. De igual forma la parte demandada señala que la demandante a lo largo de su relación laboral ha gozado de permisos los cuales han sido otorgados por la demandada, en cuanto al último que solicitó en fecha 23 de junio del año 2015, le fue negado primero porque requerían que ella impartiera sus clases en virtud de que no se contaban con otros docentes disponibles con el experiencia requerida para cubrir sus asignaturas y segundo es potestad del patrono otorgar el permiso o negarlo, lo que es evidente es la rebeldía de la demandante al no seguir instrucciones de sus superiores y al contrario manteniéndose en una continua actitud de desafío hacia su patrono, como es el caso del año 2013 donde fue sancionada por cancelar unos talleres programados y extraviar las listas de los docentes escritos en dichos talleres y solicitar programación diferente de un taller sin autorización, como una referencia de lo antes planteado.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete de marzo del dos mil diecinueve, dictó sentencia que, en su parte conducente, dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando SIN LUGAR la DEMANDA ODINARIA LABORAL promovida por la señora ONEYDA AZUCENA JIMENEZ MARTINEZ, contra la UNIVERSIDAD NACIONAL DE HONDURAS (UNAH) por medio de su Representante Legal señora Rectora Licenciada JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ. SEGUNDO: ABSUELVE a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE HONDURAS (UNAH) por medio de su Representante Legal señora Rectora Licenciada JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ de toda responsabilidad en el presente juicio TERCERO: SIN COSTAS…”. bajo el criterio que la parte demandante no ha comprobado en el proceso la presencia a sus labores como docente en la Universidad Nacional Autónoma De Honduras (UNAH) los días 30 de junio, 01, 02, 03, 06, 07 y 08 de julio del año 2015; que si bien es cierto la parte demandante acompaña una lista de asistencia en donde se establece que esta se encontraba en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH); que en todos los días relacionados no asistió a sus labores encomendadas como docente cuando devenía en la obligación de hacerlo, no considerando de manera alguna como se reitera la justificación de la trabajadora de no realizarlas por la no asignación de su carga académica; en consecuencia el empleador estaba facultado para dar por terminado el contrato de trabajo, según el artículo 112 inciso h) el cual indica: “…h) Cuando el trabajador deje de asistir al trabajo sin permiso del patrono o sin causa justificada durante dos (2) días completos y consecutivos o durante tres (3) días hábiles en el término de un (1) mes”, dicho precepto en relación al artículo 97 numeral 2) del Código del Trabajo, relacionado con el 98 numeral 1 del mismo cuerpo legal y los artículos 192 inciso c) y 219 inciso g) del Estatuto del Docente Universitario.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete de septiembre del dos mil diecinueve, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que la relación laboral entre la demandante y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, dio inicio en fecha 04 de febrero de 1991 como Profesor Auxiliar III, en el Departamento de Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables, desempeñándose como Profesor Titular III desde el 20 de diciembre del 2004 hasta la fecha del despido 29 de julio del 2015, por haber faltado los días 25 al 30 de junio y del 01 al 03, y del 06 al 08 de Julio del 2015, argumentando la parte demandante que del día 25 de junio 2015 tenía incapacidad médica extremo acreditado en autos, expedida en fecha 02 de julio del 2015; que el día 29 de junio del 2015, asistió a consulta médica en el IHSS y que los días 26 y 30 de junio 2015 se presentó al centro de trabajo; que los días 1, 2, y 3 de julio 2015 presentó incapacidad extendida por médico privado; no obstante, se presentó debido a la negativa del demandado de recibirle la incapacidad médica; en cuanto a los días 6,7 y 8 de julio de 2015, se presentó y firmo las listas de asistencia diaria, aceptando la demandante que ha permanencia en los predios universitarios, esperando que la Jefatura le notifique, a los estudiantes, el cambio de docente, lo que en ningún momento sucedió; que tal proceder de la demandante consiente y voluntario de su parte, sin autorización, ni justificación legal, su ausentismo en la impartición de catedra, una vez vencida su incapacidad médica, hace que no cumpliera con su deber, en lo correspondiente al resto del segundo periodo académico 2015, en el horario y en la aula previamente designada por su empleador, y que la demandante tenía conocimiento, desde el momento en que comenzó a impartir catedra, debiendo retomar sus obligaciones, una vez cesada su incapacidad laboral temporal comprendida del 11 al 24 de junio del 2015; debiendo reintegrarse el día 25 de junio del 2015; no obstante, para ese día la demandante se encontraba con incapacidad médica, expedida en fecha 02 de julio del 2015; sin embargo, acontece de autos, que la demandante decidió permanecer en los predios de la universidad, firmando únicamente un listado de asistencia, sin impartir su catedra, a la espera de que la Jefatura le notifique, a los estudiantes, el cambio de docente, sin que por esa razón, se justifique legalmente su ausencia ante el deber de realizar personalmente sus labores. Que el despido disciplinario es mucho más duro que el de causas objetivas porque, como su propio nombre indica. se debe a una conducta imputable del trabajador constitutiva de una falta sancionable. En realidad, el despido disciplinario se produce cuando el patrono alega un incumplimiento grave de las obligaciones del trabajador, tal es que el trabajador deje de asistir al trabajo sin permiso del patrono o sin causa justificada durante dos días completos y consecutivos o durante tres días hábiles en el término de un mes; lo cual, es un incumplimiento grave de la trabajadora demandante, que dio lugar a una causa justa de despido sin responsabilidad del patrono; debidamente comprobado, y habiendo el patrono en la aplicación de la sanción observando el respectivo procedimiento convencional, tal como acontece en el presente juicio. No obstante, a la sanción del despido la trabajadora tiene derecho a que se le pague el importe económico correspondiente a los derechos adquiridos.- 5. Mediante auto de fecha seis de marzo del dos mil veinte, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO, en su condición de representante procesal de la señora ONEYDA AZUCENA JIMENEZ MARTINEZ, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha cuatro de mayo del dos mil veintiuno, compareció ante este Tribunal la Abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO, en su condición de representante procesal de la señora ONEYDA AZUCENA JIMENEZ MARTINEZ, formalizando su demanda, exponiendo tres motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de fecha cuatro de mayo del dos mil veintiuno, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha uno de noviembre del dos mil veintiuno, se declaró precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte de la Abogada HANYI SARAHI ACOSTA REYES, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES, CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II.- Que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además, es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV.- Que por Acceso a la Justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI.- Que conforme el principio y deber de congruencia procesal, los jueces y magistrados deberán resolver las cuestiones planteadas, después de un proceso de deliberación y valoración, produciéndose a continuación la redacción escrita de la sentencia, fase en la que necesariamente ha de tenerse en cuenta la motivación, como medio de exteriorizar el juicio mental realizado por el Órgano Jurisdiccional, para llegar a la emisión de la declaración de voluntad que se materializa en el fallo, en el subjudice la sentencia recurrida carece de congruencia en base a lo establecido en el artículo 208 del Código procesal Civil, en virtud que el Ad Quem confirma la sentencia apelada y se contradice en su considerando NUMERO CINCO (5), al establecer que se debe hacer el pago de los derechos adquiridos debiendo reformar la misma y condenar por tales conceptos, en virtud que el pago de los derechos adquiridos se hace sin importar la forma que se da la terminación laboral.- VII.- Que toda persona tiene el derecho de poder ejercitar o promover las acciones que estime pertinentes en defensa de sus derechos y derivado de ello también tiene el derecho a recibir una respuesta del órgano jurisdiccional, previo a seguirse el debido proceso, resolución que deberá ser congruente, motivada, imparcial y apegada al ordenamiento jurídico y a los principios generales del derecho laboral.- VIII.- Que toda persona tiene el derecho de poder ejercitar o promover las acciones que estime pertinentes en defensa de sus derechos y derivado de ello también tiene el derecho a recibir una respuesta del órgano jurisdiccional, previo a seguirse el debido proceso, resolución que deberá ser congruente, motivada, imparcial y apegada al ordenamiento jurídico y a los principios generales del derecho laboral.- IX.- Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de fondo del 5 de octubre de 2015, dictada en el caso Ruano Torres y otros Vs. El Salvador, Serie C No. 30319 151, estableció sobre el debido proceso: “La Corte ha señalado que el derecho al debido proceso se refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado, adoptado por cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que pueda afectarlos.- El debido proceso se encuentra, a su vez, íntimamente ligado con la noción de justicia, que se refleja en: i) un acceso a la justicia no sólo formal, sino que reconozca y resuelva los factores de desigualdad real de los justiciables, ii) el desarrollo de un juicio justo, y iii) la resolución de las controversias de forma tal que la decisión adoptada se acerque al mayor nivel de corrección del derecho, es decir que se asegure, en la mayor medida posible, su solución justa.”.- X.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- XI.- Que es deber ineludible de la Corte Suprema de Justicia no solo observar la técnica rigurosa y formalista del recurso de casación, sino que se garantice el debido proceso y el derecho de defensa a las partes, particularmente que las resoluciones deben ser dictadas con la suficiente explicación de los puntos en litigio y los temas debatidos, como que sean congruentes y los resuelvan debidamente.- XII.- Que conforme con el artículo 701 numeral 3) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral, dispone que el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieran denunciado por el recurrente.- XIII.- Que, por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida, para que el Ad-quem proceda de conformidad a derecho.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 30, 59, 60, 90 párrafo primero, 112, 127, 128, 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1, 8.2. h) 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 666 letra c) 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 39 y 43 de la Ley de Salario Mínimo; 22, 200, 206, 208 del Código Procesal Civil; 9 y 11del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de fecha 27 de septiembre del 2019, visible a folios 9 al 12 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. - NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los veinte días del mes de enero del dos mil veintidós; certificación de la sentencia de fecha trece de diciembre del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número CL 651-19.- Firma y sello.- OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ, RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.