Sentencia CL-633-19 — Registro 13180
Resumen
demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones laborales e indemnizaciones por despido directo e injusto, salarios dejados de percibir, costas del juicio
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Por lo antes expresado, el recurso de casación resulta justificado en el primer motivo, por ello es procedente declarar ha lugar el recurso de mérito, casar la sentencia impugnada y a continuación, en sede de instancia, decidir lo que proceda conforme a la ley. "...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."El superior valor de los derechos fundamentales debe ser criterio orientador en la interpretación y aplicación del Derecho, en el caso específico del Derecho Laboral, deben también tenerse muy en cuenta los principios que le informan; en el ámbito laboral existe limitación de la autonomía de la voluntad, ya que las normas de trabajo y seguridad social son de orden público y, por ello, aunque en la práctica las partes pueden pactar lo que quieran, lo cierto es que dicho pacto será válido solamente si es respetuoso de la normativa laboral, esto en consonancia con los artículos 128 preámbulo de la Constitución de la República y 3 del Código del Trabajo, preceptos que niegan eficacia a los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos laborales; y, que, en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que efectivamente sucede en el terreno de los hechos, ya que dicha divergencia así como puede proceder de un simple error involuntario, puede también estar inspirada intencionalmente para simular o esconder la verdad y eludir el cumplimiento de obligaciones legales u obtener un provecho ilícito. Debe, entonces, quedar claro que la existencia o no de una relación o un contrato de trabajo, su permanencia o temporalidad y demás cualidades dependen, no de lo que las partes previamente hubieren pactado por escrito o en forma verbal, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre prestando sus servicios, pues siempre deben prevalecer los aspectos fáctico-sustanciales por sobre los jurídico-formales (principio de primacía de la realidad)."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 18 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 36 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 40 (Jerarquía Ordinaria)
- Constitución de la República, art. 128 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
..."Este Tribunal también ha venido reiterando el criterio, de que no es la voluntad de las partes la que determina si un contrato representa o no una relación de trabajo, sino el hecho de que si esta relación cumple o no los requisitos establecidos por la ley para que se configure como tal, conforme el principio de primacía de la realidad. Por eso es necesario estudiar los elementos esenciales determinados por el Código del Trabajo para la existencia del contrato de trabajo, sin perder de vista que una vez reunidos los elementos de que trata el artículo 20 del precitado cuerpo legal, se entiende que existe contrato de trabajo y que no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen. En tal sentido, si se cumplen a cabalidad los elementos esenciales del precepto citado, existirá relación o contrato de trabajo a pesar de cualquier acto, estipulación o convención entre las partes. Por otra parte, se debe recordar que en la materia laboral, se informa y se nutre de principios generales que obligan tutelar las relaciones y contratos de trabajo, conforme lo previenen los artículos 128 numeral 15) y 135 de la Constitución de la República, en armonía al carácter de orden público que informa el Derecho del Trabajo, así como su irrenunciabilidad. Además, el juzgador en esta materia, está facultado para tomar en consideración el actuar de las partes, ya que las mismas se encuentran obligadas a comportarse con lealtad y probidad durante el proceso, lo cual envuelve estimar su buena fe y conducta, por situaciones que configuren algún abuso de derecho o lo que comúnmente se denomina como simulación o fraude laboral[2]. "...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 20 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., diecinueve de agosto de dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 01 de marzo del 2021, por el Abogado JUAN MANUEL SIBAJA SALINAS, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del señor EFRAIN HUMBERTO QUEZADA ESPINAL, como recurrente; además, es parte recurrida, la empresa PRESTA EXPRESS, representada en juicio por la Abogada EVELYN JACKELINE CASTRO CHAVEZ.OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones laborales e indemnizaciones por despido directo e injusto, salarios dejados de percibir, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras Seccional de Olanchito, Departamento de Yoro, en fecha 25 de julio del 2015, por el señor EFRAIN HUMBERTO QUEZADA ESPINAL, mayor de edad, soltero, hondureño, Cobrador y con domicilio en la ciudad de Olanchito, Departamento de Yoro, contra la empresa PRESTA EXPRESS, por medio de su Gerente General, la señora LUISA FERNANDA RIOS VALDIVIESO, quién actúa también en su condición personal, mayor de edad, casada, hondureña por naturalización, empresaria, con domicilio en la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 30 de octubre del 2019, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, misma que: “FALLA: PRIMERO: Declarando con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Abogada EVELYN JACKELINE CASTRO CHAVEZ en su condición de apoderada legal de la parte demandada. SEGUNDO: Revoca la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Olanchito, departamento de Yoro, emitida en fecha veintisiete de octubre del año dos mil diecisiete, recaída en la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones laborales e indemnizaciones por despido directo e injusto, salarios dejados de percibir promovida por el señor EFRAIN HUMBERTO QUEZADA ESPINAL contra la señora LUISA FERNANDA RIOS VALDIVIESO en su condición personal como gerente de la empresa mercantil PRESTA EXPRESS. TERCERO: Se declara SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones laborales e indemnizaciones por despido directo e injusto salarios dejados de percibir promovida por el señor EFRAIN HUMBERTO QUEZADA ESPINAL contra la señora LUISA FERNANDA RIOS VALDIVIESO, en su condición personal como gerente de la empresa mercantil PRESTA EXPRESS, en consecuencia se absuelve a la señora LUISA FERNANDA RIOS VALDIVIESO en su condición personal como gerente de la empresa mercantil PRESTA EXPRESS de toda responsabilidad laboral que pudiere tener con el señor EFRAIN HUMBERTO QUEZADA ESPINAL… Sin Costas.” ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que comenzó una relación laboral con la señora LUISA FERNANDA RIOS VALDIVIESO, en su condición personal y como representante de la Empresa PRESTA EXPRESS el día 10 de abril del año 2012, habiendo sido contratado verbalmente como cobrador de la Empresa antes mencionada en la sucursal de la ciudad de Olanchito, empresa que se dedica a otorgar préstamos no bancarios a personas cuyo requisito es ser propietarios de negocios para poder optar al mismo, el trabajo consistía en realizar los cobros a dichas personas diariamente, los cuales los recibía en efectivo, no firmaba recibos, ni planillas de pago, teniendo un salario promedio en base al 20% (veinte por ciento) de comisión a los cobros realizados, siendo el salario base en los últimos seis meses, la cantidad de L130,197.83; que el día lunes 16 de febrero del año 2015 fue despedido injustificadamente por la señora Luisa Fernanda Ríos Valdivieso, sin razón alguna, ese mismo día le dijo a todos los clientes mediante un comunicado que ya no se realizaran ningún tipo de pago a su persona (demandante), ya que no era empleado de dicha empresa; que se dio por agotada la vía administrativa, se acompaña la certificación del acta de comparecencia extendida por la Procuraduría del Trabajo. La presente demanda tiene el propósito que mediante sentencia definitiva tutele los derechos que se han sido vulnerados al demandante por parte de la demandada y sea obligada al pago de la cantidad de L.1,132,910.17, más los salarios dejados de percibir y costas del juicio. 2.- La parte demandada, la empresa PRESTA EXPRESS, contestó dicha demanda señalando que el demandante se comprometió a dedicarse profesionalmente a realizar actos de comercio a favor de la empresa demandada sujetándose expresamente a las instrucciones emanadas de ésta en el desempeño de su cargo, sin embargo el demandante se negó a seguir los procedimientos indicados, e incluso llegando a cometer actos inmorales los cuales constan en el arqueo de caja y auditoria levantadas al efecto, por lo que al negarse el demandante a cumplir por sí mismo su labor en los términos estipulados, las instrucciones y ordenes que de modo particular le impartía el patrono o su representante, con la mayor eficiencia, cuidado y esmero, en el tiempo, lugar y condiciones convenidas, habiendo incurrido el demandante en violación a lo regulado expresamente por el Código del Trabajo en el artículo 112 numerales d), e) y l). 3.- El Juzgado de Letras Seccional de Olanchito, Departamento de Yoro, en fecha 27 de octubre del 2017, dictó sentencia definitiva declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por el señor EFRAÍN HUMBERTO QUEZADA ESPINAL, contra la empresa mercantil PRESTA EXPRESS, representada por la señora LUISA FERNANDA RÍOS VALDIVIESO; condenó a la demandada a pagar a favor del demandante la suma de L.1,132,910.17 en concepto de prestaciones e indemnizaciones laborales y al pago de los salarios dejados de percibir, sin costas; bajo el criterio que el demandante solicita en su demanda el pago de sus indemnizaciones consistentes en: preaviso l. 303,394.94; auxilio de cesantía l. 303,394.94; auxilio de cesantía proporcional l.129,112.87; vacaciones l. 111,391.50; vacaciones proporcionales l. 64,556.44; décimo tercer mes año 2014 l. 67,250.00; décimo tercer mes proporcional del año 2015 l.16,621.93; catorceavo mes del año 2013-2014 l. 54,666.67; catorceavo mes proporcional del año 2015 l. 81,720.88; ascendiendo el reclamo en la suma de L. 1,132,910.17), además solicita se le reconozca el derecho a los salarios dejados de percibir, lo cual se declara con lugar, en virtud de estar apegado a derecho, pues quedó debidamente acreditada la relación de trabajo entre las partes, desde el 10 de abril de 2012 y que finalizó por el despido de que fue objeto el demandante, el 16 de febrero de 2015. Esto de conformidad con el artículo 120 del Código del Trabajo. 4.- La Corte de Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha 30 de octubre del 2019, dictó sentencia REVOCANDO la proferida por el a quo, por lo que declarósin lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones laborales e indemnizaciones por despido directo e injusto, salarios dejados de percibir en consecuencia se absuelve a la demandada de toda responsabilidad laboral que pudiere tener con el demandante, sin costas; bajo el criterio que en el caso de autos con la prueba de cargo aportada no quedó plenamente acreditado los elementos de subordinación continua del demandante para con la demandada y el salario mensual de L.130,197.83 que según el demandante percibía de forma mensual como consecuencia de su actividad personal, pues el cálculo de prestaciones elaborado por la Secretaría del Trabajo donde se establece el salario y que fue presentado en la oferta probatoria no constituye prueba de que tal aseveración es cierta, fue un dato proporcionado por el mismo demandante y el hecho que de que la demandada no haya comparecido a la referida institución gubernamental a desvirtuar el reclamo presentado y oponerse al cálculo de prestaciones no indica que tales extremos tienen que ser considerados como ciertos. Por lo que se concluye que la relación que hubo entre las partes no es de naturaleza laboral y que la misma terminó en fecha 16 de febrero del 2015 pero no como consecuencia de un despido, sino de un acuerdo suscrito por estas en la Dirección Nacional de Investigación Criminal, considerándose errónea la valoración que hace la juzgadora de primera instancia respecto a la declaración de los testigos Wilmer de Jesús Cáceres y Marlen Azucena Amador Núñez pues estos en ningún momento refieren haber sido testigos de la relación laboral existente entre las partes ni testigos presenciales del supuesto despido. Cabe mencionar que existen otros medios de prueba aportados por la parte demandante y de los cuales no hubo pronunciamiento por parte de la Juez A-quo pero que en realidad en nada abona a la pretensión del demandante, prueba está dentro de la que se destaca la hoja de arqueo de fecha 13 de febrero del 2015, copia del libro de control diario donde se detalla actividades de cliente y supuestos beneficios que obtenía PRESTA EXPRESS; comunicado de la gerente propietario donde informa a los clientes que el demandante ya no forma parte de la empresa, en este último medio de prueba aun y cuando haya sido suscrita por la señora Luisa Fernanda Ríos Valdivieso, en ningún momento se reconoce que el demandante era un empleado pues lo que señala es que ya no formaba parte de la empresa sin indicar la relación existente si era de socio o trabajador y lo cierto es que la relación terminó pero no se probó que haya sido producto de un despido o que el demandante haya sido empleado de la demandada. 5.- Mediante auto de fecha 29 de enero del 2020, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado JOSÉ YAMIL GARCÍA DÍAZ, en su condición de representante procesal del señor EFRAIN HUMBERTO QUEZADA ESPINAL, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.-En fecha 01 de marzo del 2021, compareció ante éste Tribunal el Abogado JUAN MANUEL SIBAJA SALINAS, en su condición de representante procesal del señor EFRAIN HUMBERTO QUEZADA ESPINAL, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación y solicitando la nulidad subsidiaría del fallo, por lo que mediante providencia de fecha 08 de marzo del 2021, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 27 de mayo del 2021, se declaró precluído de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte dela Abogada EVELYN JACKELINE CASTRO CHAVEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Que el Abogado JUAN MANUEL SIBAJA SALINAS, en el primer motivo de casación expresa: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva nacional de índole laboral por infracción indirecta proveniente de error de hecho debido a la apreciación errónea del medio de prueba documental propuesta por la parte demandante que obra a folios 116 al 119, de la primera pieza de autos. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. Las normas sustantivas nacionales de índole laboral violada por la sentencia recurrida están contenidas en los artículos 113, párrafo primero, en relación con los artículos 3, 27, 112 literales d), e) y l), 117 del Código del Trabajo, 129 de la Constitución de la República. REGLAS PROCÉSALES VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. Las normas procésales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRUEBA APRECIADA ERRONEAMENTE. La prueba apreciada erróneamente en este motivo es: DOCUMENTAL: consistente en: Acta de fecha 25 de febrero del 2015, que corre agregada del folio 116 al 119 de la primera pieza de autos, en relación con el escrito de contestación de la demanda, en su acápite RAZONES DE LA DEFENSA, asimismo con el medio de prueba DECLARATORIA DE PARTE que corre a folio 145 de autos en la que interrogan a la señora LUISA FERNANDA RIOS VALDIVIESO, cuando es interrogada por el apoderado de la parte demandante. PRECEPTO AUTORIZANTE CON RESPECTO A ESTE MOTIVO. Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN. El Juzgador Ad Quem, al revocar la sentencia de fecha 27 de octubre del 2017, incurre en una clara apreciación errónea del medio de prueba documental que corre agregado a folio 145 frente y vuelto de autos, en donde es interrogada la señora Luisa Fernanda Rios Valdivieso, cuando al ser preguntada por el apoderado de la parte demandante establece que conoce al demandante desde el año 2011 o 2012, y que decidió ayudarle junto con su esposo, trabajando el dinero… si bien es cierto no establece una fecha específica, coincide con la fecha en que expone el demandante comenzó a laborar con la demandada, probando la relación laboral que existió entre las partes, asimismo el medio de prueba documental que corre agregado a folios 116 al 119 de autos, admitido a la parte demandante, que consta de un acta levantada ante la Dirección Nacional de Investigación Criminal de fecha 25 de febrero del 2015, firmada por ambas partes, en la cual consta en el folio 118, en su párrafo cuarto: “Que a partir del 16 de febrero del 2015, el señor EFRAIN HUMBERTO QUEZADA ESPINAL Y los señores, LUISA FERNANDA RIOS VALDIVIESO Y RUBEN DARIO GALCEZ PIÑEROS, dan por terminado cualquier vínculo profesional o laboral en razón de responsabilidades, a actos futuros, no se responsabilizan LUISA FERNANDA RIOS VALDIVIESO Y RUBEN DARIO GALCEZ PIÑEROS de actividades y aptitudes del señor EFRAIN HUMBERTO QUEZADA ESPINAL, de sus actos y consecuencias.” (lo remarcado en negrita es nuestro), lo que sin lugar a dudas es la prueba de la existencia de la relación laboral existente entre las partes, así como de la terminación laboral en la que se puede observar que simplemente dan por terminada la relación laboral sin expresar motivo alguno, que justifique la terminación de la relación laboral, y sumado a ello, en el escrito de contestación de la demanda en el acápite RAZONES DE LA DEFENSA, la parte demandada alega: “En demandante se comprometió dedicarse profesionalmente a realizar actos de comercio a favor de PRESTA EXPRESS sujetándose expresamente a las instrucciones emanadas de esta en el desempeño de su cargo, sin embargo éste se negó a seguir los procedimientos indicados, e incluso llegando a cometer actos inmorales los cuales constan en el arqueo de caja y Auditorías levantadas al efecto, por lo que al negarse el demandante EFRAIN HUMBERTO QUEZADA ESPINAL a cumplir por sí mismo su labor en los términos estipulados, cumplir las instrucciones y ordenes que de modo particular les imparten el patrono o su representante, con la mayor eficiencia, cuidado y esmero, en el tiempo, lugar y condiciones convenidas, ha incurrido en violación a lo regulado expresamente por el Código del Trabajo en el artículo 112 numerales d), e) y l)” quedando así probada nuevamente la relación laboral existente entre las partes, pues es de esa forma en que acepta que si existió una relación de trabajo y no mercantil o comercial que alega el juzgador Ad Quem en su fundamentación, por lo que al hacer un estudio minucioso y un análisis del juicio, podemos observar que la parte demandada no probó en juicio que el demandante haya cometido las faltas que equivocadamente alega en su escrito de contestación de la demanda, así como se puede observar que en la referida acta de 25 de febrero del 2015 y de acuerdo al artículo 117 del Código del Trabajo “La parte que termina unilateralmente el contrato, de trabajo, debe dar el preaviso por escrito, personalmente a la otra parte, pero si el contrato es verbal puede darlo de palabra ante dos (2) testigos, con expresión de la causa o motivo que la mueve a tomar esa determinación. Después no podrá alegar válidamente causales o motivos distintos.” Lo que, al no estudiar correctamente el juzgador, incurrió en una apreciación errónea, pues como se puede observar en el medio de prueba que corre a folio 118 de autos, NO CONSTA LA CAUSA O MOTIVO POR LA QUE SE DA POR TERMINADA LA RELACION LABORAL, y nos encontramos claramente ante un despido directo, ilegal e injustificado. Motivos por el cual debe de ser declarado ha lugar el presente motivo de casación.” II.- Que el cargo que antecede reúne los requisitos exigidos para su prosperidad, habiéndose establecido con precisión y claridad el mismo, por lo que procede su admisión y en su momento, se determinará lo referente a sus efectos en el presente recurso. III.- Que en el segundo motivo el Recurrente alega: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva nacional de índole laboral por infracción directa proveniente de la falta de aplicación del artículo 113, en su párrafo primero del Código del Trabajo. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. Las normas sustantivas nacionales de índole laboral violada por la sentencia recurrida están contenidas en los artículos 113, párrafo primero del Código del Trabajo, en relación con el artículo 20, 112 literales d), e) y l), 117 del Código del Trabajo y 129 de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE CON RESPECTO A ESTE MOTIVO. Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN. Que el Juzgador Ad Quem, al emitir su fallo, omitió la aplicación del Artículo 113 en su párrafo primero del Código del Trabajo, pues podemos observar que en el numeral CUARTO de la FUNDAMENTACION JURIDICA, de la sentencia impugnada el juzgador AD QUEM, desconoce totalmente la relación laboral que existió entre las partes al exponer “existe prueba documental aportada tanto por la parte demandante como la parte demandada que nos indica que la relación entre el señor EFRAIN HUMBERTO QUEZADA y la señora LUISA FERNANDA RIOS VALDIVIESO era producto de un acuerdo de índole comercial” sin existir aportado a juicio documento alguno que constate una relación comercial, sino al contrario, en el escrito de contestación de la demanda, la parte demandada acepta la relación laboral existente entre las partes, ver folios 50 y 51 frente y vuelto; asimismo en el numeral QUINTO de la FUNDAMENTACION JURIDICA expone “que la relación que hubo entre las partes no es de naturaleza laboral”, pero la relación laboral existente entre las partes fue aceptada por la demandada en el escrito de contestación de la demanda, por lo que se vuelve al fin y al cabo en un hecho NO CONTROVERTIDO, y al dar por terminada la relación de trabajo, en fecha 16 de febrero del 2015 sin establecer causal alguna de las establecidas en el artículo 112 del Código del Trabajo, (ver folio 118, párrafo cuarto) vuelve a aceptar la relación existente entre las partes, por lo que de acuerdo a lo establecido en el artículo 117, el patrono no podía posteriormente alegar la causa o motivo por la que dio por terminada la relación laboral, y mucho menos probó en juicio que el demandante haya incurrido en las faltas que alega en su escrito de contestación de la demanda, y al haber a todas luces desconocido la relación laboral existente y aceptada entre las partes, omitió aplicar lo establecido en el artículo 113 en su párrafo primero, que establece “La terminación del contrato conforme a una de las cusas enumeradas en el artículo anterior, surte efecto desde que el patrono la comunique al trabajador, pero éste goza del derecho de emplazarlo a los Tribunales del Trabajo, antes de que transcurra el término de prescripción, con el objeto de que le pruebe la justa causa en que fundó el despido. Si el patrono no prueba dicha causa debe de pagar al trabajador las indemnizaciones que según este Código le puedan corresponder, y a título de daños y perjuicios los salarios que éste habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del presente Código quede firme la sentencia condenatoria respectiva.”, razón por la cual declaró sin lugar la demanda, y si hubiese aplicado el artículo 113 párrafo primero del Código del Trabajo, hubiese dictado una sentencia confirmatoria. Razón por la cual debe declararse HA LUGAR el recurso de casación.” IV.- Que el anterior cargo no resulta ser admisible, ya que la infracción directa de la ley consiste en su desconocimiento o en la disposición contra su mandato, con independencia de toda cuestión probatoria y en el sub-júdice las cuestiones debatidas o controvertidas tienen vinculación con la existencia o no de la relación de trabajo y su terminación, lo cual fue sometido a las pruebas. La infracción directa, en el fondo, equivale a dejar de aplicar la ley al caso o conflicto de intereses discutido en el proceso. La doctrina ha considerado que el concepto de infracción directa es el término más adecuado porque la infracción legal típica o característica se presenta cuando el juez deja de aplicar la ley al caso que lo requiere. En estas condiciones el juez lo que produce es un desconocimiento de la ley abstracta, se rebela contra ella. V.- Que de forma subsidiaria se pide la nulidad del fallo impugnado, en la forma siguiente: “NULIDAD SUBSIDIARIA. El artículo 858 del Código del Trabajo, en relación con la aplicación del artículo 208 del Código Procesal Civil, nos habla de la congruencia de las sentencias, y establece: “1. Las sentencias deben ser congruente con las demandas y las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito.” En el presente caso, las pretensiones fueron: a) por un lado el demandante alega que fue despedido injustamente, y b) la parte demandada alega que si fue empleado suyo y que fue despedido por haber faltado a lo establecido en el artículo 112, literales d), e) y l) del Código del Trabajo, por lo que el hecho controvertido se resumía a establecer si el trabajador incurrió o no en dichas faltas, y es el caso Honorable Corte, que el Juzgador Ad Quem, le da un giro totalmente extraño al desconocer la relación laboral existente entre las partes, aceptada por la demandada, al exponer que lo que hubo es una relación comercial, por lo tanto no es congruente su sentencia, entre lo solicitado y lo fallado, pues basa su fallo en hechos no controvertidos entre las partes, razón por la cual de acuerdo al artículo 214 del Código Procesal Civil, en su numeral primero, establece: “1. La nulidad, en todo caso, y los defectos de forma en los actos procesales que impliquen ausencia de los requisitos indispensables para alcanzar su fin o determinen efectiva indefensión, se hará valer por medio de los recursos establecidos en la ley contra la resolución de que se trate.” Y en el presente caso, la sentencia carece del requisito de CONGRUENCIA, razón por la cual debe de ser anulada de pleno derecho, la sentencia recurrida. Le recuerdo a este honorable tribunal, que el 05 de septiembre del año 2019, en el presente juicio y a petición de parte recurrente se anuló la sentencia proferida por el tribunal Ad Quem por carecer de claridad, precisión y CONGRUENCIA ver folio 36 frente de la segunda pieza de autos.” VI.- Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ha ocasionado un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente caso, lo argumentado por el Censor del Fallo, sobre la violación al principio de congruencia, no resulta atendible, toda vez que se admite uno de los motivos del recurso y se casa la sentencia recurrida, resultando por ello inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria. VII.- Por lo antes expresado, el recurso de casación resulta justificado en el primer motivo, por ello es procedente declarar ha lugar el recurso de mérito, casar la sentencia impugnada y a continuación, en sede de instancia, decidir lo que proceda conforme a la ley. VIII.- Que son hechos en controversia, determinar si la relación o vinculación en la prestación de servicios que existió entre las partes puede ser calificada del tipo laboral, y por su finalización si existe o no responsabilidad en el pago de prestaciones e indemnizaciones sociales, más a título de daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir reclamados por el señor QUEZADA ESPINAL. Por otro lado, el argumento de la parte demandada, es que el demandante se comprometió a dedicarse profesionalmente a realizar actos de comercio a favor de la empresa demandada, que el demandante incurrió en violación a lo regulado expresamente por el Código del Trabajo en el artículo 112 literales d), e) y l). IX.- Que la parte demandante propuso como medios de prueba: Documental (públicos y privados) que constan a folios 5, 6, 40 al 126; testifical que obra a folios 144 al 146, con la declaración de los testigos WIMER DE JESUS CACERES MARTINEZ y MARLEN ASUCENA AMADOR NUÑEZ; Reconocimiento Judicial 1 y 2 que fuera renunciada su práctica, la 3 en la Procuraduría del Trabajo fue practicada y consta a folio 143, todos de la primera pieza; la demandada por su parte propuso la documental que obra a folios 127 al 129; Reconocimiento Judicial que no fue evacuado y la Testifical con la declaración de los testigos RUBEN DARIO GUELVEZ y LUIS FERNANDA RIOS VALDIVIESO, que consta practicada a folios 144 al 146 del expediente de primera instancia. X.- Que haciendo un análisis de los hechos y de las pruebas allegadas al juicio, se constata la existencia de una relación de trabajo entre las partes, dado que concurren los 3 elementos de prestación personal del servicio, salario o remuneración y subordinación o dependencia. Que el hecho de que no exista un contrato de trabajo por escrito es imputable al patrono, tal como se establece en el artículo 30 del Código de Trabajo, por lo que en caso de controversia se entenderá que lo afirmado por el trabajador es cierto, salvo prueba en contrario. XI.- Que por otra parte, la parte demandada acepta y reconoce implícitamente la existencia de la referida relación laboral, ya que en el acápite intitulado RAZONES DE LA DEFENSA del escrito de contestación de la demanda, a folios 16 y 17 de la primera pieza, aduce que el demandante se comprometió a dedicarse profesionalmente a realizar actos de comercio a favor de la empresa demandada sujetándose expresamente a las instrucciones emanadas de ésta en el desempeño de su cargo, sin embargo el demandante se negó a seguir los procedimientos indicados, e incluso llegando a cometer actos inmorales los cuales constan en el arqueo de caja y auditoria levantadas al efecto, por lo que al negarse el demandante a cumplir por sí mismo su labor en los términos estipulados, las instrucciones y ordenes que de modo particular le impartía el patrono o su representante, con la mayor eficiencia, cuidado y esmero, en el tiempo, lugar y condiciones convenidas, habiendo incurrido el demandante en violación a lo regulado expresamente por el Código del Trabajo en el artículo 112 numerales d), e) y l). XII.- Aunado a lo anterior, la prueba documental revela que el demandante realizaba actividades de cobro a los clientes de la empresa y que por ello la misma le pagaba una comisión, ya que el argumento esbozado por los testigos de la demandada, de que el señor EFRAIN HUMBERTO QUEZADA ESPINAL, fuera socio de la empresa, choca con el tipo de comerciante que era la empresa PRESTA EXPRESS, ya que siendo constituido como comerciante individual, no permite lo que concebir lo que sería una sociedad de hecho o similar, lo cual tampoco se ha evidenciado con prueba suficiente y convincente de la existencia de esa situación. XIII.- Que conforme lo dispuesto en el artículo 21 del Código de Trabajo, se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo. Por lo que el mismo existe, no en virtud del acuerdo de las partes, sino de la realidad de la prestación del servicio, ya que lo que importa es lo que pasa en la vida real y no lo que aparece de los documentos; lo anterior determina que la sola prestación personal del servicio, su remuneración y dependencia producen los mismos efectos jurídicos como si existiera un contrato escrito; más bien su inexistencia o el incumplimiento de los requisitos que deben contener los contratos, determina que en caso de controversia, se presumirá que son ciertas las condiciones o estipulaciones de trabajo alegadas por el trabajador, sin perjuicio de prueba en contrario, tal como lo determinan los artículos 29 y 30 del mismo Código. Que es lo que ocurre en el caso de autos, donde la inexistencia del documento que debió regir esa relación de trabajo, presume que el cargo y salario devengado, sea determinado conforme lo expuesto por el actor en su demanda, ya que no existe prueba en contrario de esos extremos, por lo que para los efectos del presente juicio, se determinan dichos puntos así: la fecha de inicio de la relación laboral fue el 10 de junio del 2014, en el cargo de cobrador y el salario promedio devengado en los últimos 6 meses es de L130,197.83, conforme las comisiones del 20% de los cobros efectuados a los clientes. XIV.- Que el contrato individual de trabajo conforme nuestra legislación laboral, es aquel por el cual una persona natural, se obliga a ejecutar una obra o a prestar sus servicios personales a otra persona, natural o jurídica, bajo la continua dependencia o subordinación de ésta, y mediante una remuneración. Por dependencia continua se entiende la obligación que tiene el trabajador de acatar órdenes del patrono y de someterse a su dirección, ejercida personalmente o por medio de terceros, en todo lo que se refiera al trabajo. Para que exista contrato de trabajo se requiere que concurran éstos tres (3) elementos esenciales: a) la actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo; b) la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrono, que faculta a este para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento en cuanto el modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato; y, c) un salario como retribución del servicio. Una vez reunidos esos tres (3) elementos, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen. XV.- Que acorde a lo establecido en el artículo 18 del Código del Trabajo, es viable tomar en consideración de forma supletoria, la recomendación sobre la relación de trabajo, 2006 (núm. 198) de la Organización Internacional del Trabajo, que determina entre los indicios que configuran la existencia de la relación de trabajo, entre otros, los siguientes: “(a) el hecho de que el trabajo: se realiza según las instrucciones y bajo el control de otra persona; que el mismo implica la integración del trabajador en la organización de la empresa; que es efectuado única o principalmente en beneficio de otra persona; que debe ser ejecutado personalmente por el trabajador, dentro de un horario determinado, o en el lugar indicado o aceptado por quien solicita el trabajo; que el trabajo es de cierta duración y tiene cierta continuidad, o requiere la disponibilidad del trabajador, que implica el suministro de herramientas, materiales y maquinarias por parte de la persona que requiere el trabajo, y (b) el hecho de que se paga una remuneración periódica al trabajador; de que dicha remuneración constituye la única o la principal fuente de ingresos del trabajador; de que incluye pagos en especie tales como alimentación, vivienda, transporte, u otros; de que se reconocen derechos como el descanso semanal y las vacaciones anuales; de que la parte que solicita el trabajo paga los viajes que ha de emprender el trabajador para ejecutar su trabajo; el hecho de que no existen riesgos financieros para el trabajador.”. XVI.- En la doctrina encontramos que Mario de la Cueva se refiere al contrato-realidad, señalando que: “la existencia de una relación de trabajo depende, en consecuencia no de lo que las partes hayan pactado, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre colocado y es que, como dice Scelle, la aplicación del Derecho del Trabajo depende cada vez menos de una relación jurídica subjetiva, cuanto de una situación objetiva, cuya existencia es independiente del acto que condiciona su nacimiento.- De donde resulta erróneo pretender juzgar la naturaleza de una relación de acuerdo con lo que las partes hubieren pactado, ya que, si las estipulaciones consignadas en el contrato no corresponden a la realidad, carecerán de todo valor”; Devealli por su parte sostiene: “Para simular un contrato de servicio o de obra que oculta un verdadero contrato de trabajo se utilizan diversos recursos.- En todos los casos debe tratarse como hemos dicho, de llegar al contrato realidad, a la efectiva prestación, al orden de la relación habida entre las partes, para determinar la verdadera naturaleza jurídica del acto cumplido.”[1] XVII.- El superior valor de los derechos fundamentales debe ser criterio orientador en la interpretación y aplicación del Derecho, en el caso específico del Derecho Laboral, deben también tenerse muy en cuenta los principios que le informan; en el ámbito laboral existe limitación de la autonomía de la voluntad, ya que las normas de trabajo y seguridad social son de orden público y, por ello, aunque en la práctica las partes pueden pactar lo que quieran, lo cierto es que dicho pacto será válido solamente si es respetuoso de la normativa laboral, esto en consonancia con los artículos 128 preámbulo de la Constitución de la República y 3 del Código del Trabajo, preceptos que niegan eficacia a los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos laborales; y, que, en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que efectivamente sucede en el terreno de los hechos, ya que dicha divergencia así como puede proceder de un simple error involuntario, puede también estar inspirada intencionalmente para simular o esconder la verdad y eludir el cumplimiento de obligaciones legales u obtener un provecho ilícito. Debe, entonces, quedar claro que la existencia o no de una relación o un contrato de trabajo, su permanencia o temporalidad y demás cualidades dependen, no de lo que las partes previamente hubieren pactado por escrito o en forma verbal, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre prestando sus servicios, pues siempre deben prevalecer los aspectos fáctico-sustanciales por sobre los jurídico-formales (principio de primacía de la realidad). XVIII.- Este Tribunal también ha venido reiterando el criterio, de que no es la voluntad de las partes la que determina si un contrato representa o no una relación de trabajo, sino el hecho de que si esta relación cumple o no los requisitos establecidos por la ley para que se configure como tal, conforme el principio de primacía de la realidad. Por eso es necesario estudiar los elementos esenciales determinados por el Código del Trabajo para la existencia del contrato de trabajo, sin perder de vista que una vez reunidos los elementos de que trata el artículo 20 del precitado cuerpo legal, se entiende que existe contrato de trabajo y que no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen. En tal sentido, si se cumplen a cabalidad los elementos esenciales del precepto citado, existirá relación o contrato de trabajo a pesar de cualquier acto, estipulación o convención entre las partes. Por otra parte, se debe recordar que en la materia laboral, se informa y se nutre de principios generales que obligan tutelar las relaciones y contratos de trabajo, conforme lo previenen los artículos 128 numeral 15) y 135 de la Constitución de la República, en armonía al carácter de orden público que informa el Derecho del Trabajo, así como su irrenunciabilidad. Además, el juzgador en esta materia, está facultado para tomar en consideración el actuar de las partes, ya que las mismas se encuentran obligadas a comportarse con lealtad y probidad durante el proceso, lo cual envuelve estimar su buena fe y conducta, por situaciones que configuren algún abuso de derecho o lo que comúnmente se denomina como simulación o fraude laboral[2]. XIX.- Que las disposiciones del Código del Trabajo constituyen un conjunto de normas jurídicas de orden público que regulan las relaciones entre capital y el trabajo colocándolas sobre la base de una justicia social a fin de garantizar al trabajador las condiciones necesarias para una vida normal y al capital una compensación equitativa de su inversión. XX.- Que por otro lado, la prueba documental visible a folios 116 a 121, relacionadas con el acta de fecha 25 de febrero de 2015 y del comunicado donde la Gerente Propietario de PRESTA EXPRESS informa al público y clientes que el señor QUEZADA ESPINAL ya no forma parte de la empresa y que los pagos se deben realizar con el cobrador designado, evidencia la terminación de la relación laboral que existía entre las partes, sin que conste que se haya notificado de tal determinación al trabajador, conforme lo requerido en el artículo 117 del Código de Trabajo, por lo que ello vuelve ilegal e injustificada tal decisión. XXI.- Por lo que con base al análisis en su conjunto de todas las pruebas allegadas en tiempo y forma por las partes, formando libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes, se concluye y estima procedente declarar con lugar la demanda, condenando a la demandada al pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales, más el pago, en concepto de daños y perjuicios, de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la firmeza de este fallo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y, en aplicación de los artículos 59, 60, 127, 128, 129, 136, 303, 304, 313 atribución 5 y 316 reformados de la Constitución de la República; 7, 8 y 23 numeral 1) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 3, 4, 5, 7, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 30, 36, 37, 113 interpretado párrafos primero, segundo y tercero literal a), 117, 345, 360, 361, 375, 664, 665, 666 letra c), 738, 739, 764, 765, 769, 778 y 858 del Código del Trabajo; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia; Cláusulas. FALLA: PRIMERO: CASA la sentencia definitiva recurrida dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida, de fecha 30 de octubre del 2019. SEGUNDO: DECLARA CON LUGAR la Demanda ordinaria laboral promovida por el señor EFRAIN HUMBERTO QUEZADA ESPINAL contra la señora LUISA FERNANDA RIOS VALDIVIESO, en su condición de Gerente Propietaria de la empresa mercantil PRESTA EXPRESS.- TERCERO: CONDENA a la señora LUISA FERNANDA RIOS VALDIVIESO, en su condición de gerente propietaria de la empresa mercantil PRESTA EXPRESS, a pagarle al señor EFRAIN HUMBERTO QUEZADA ESPINAL la cantidad de TRESCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (L.304,538.45) por las prestaciones e indemnizaciones laborales, consistente en los siguientes conceptos: preaviso L. 70,885.50; auxilio de cesantía proporcional L. 101,265.00; vacaciones proporcionales L. 34,739.52; décimo tercer mes proporcional L. 16,274.74; catorceavo mes proporcional L. 81,373.69, más los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, desde la fecha del despido hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales quede firme esta sentencia.- CUARTO: SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los ocho días del mes de septiembre del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha diecinueve de agosto del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número CL633-2019. Firma y sello.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
[1]REGIMEN LABORAL COLOMBIANO, 6ª. edición, pag. 30
[2]sentencias dictadas por la Sala Laboral en expedientes números CL 232-12, 326-15 y 112-15.