Sentencia CL-613-19 — Registro 13811
Resumen
Demanda Ordinaria Laboral para que se declare la nulidad de la simulación de unos Contratos de Servicios Profesionales, que el empleador en fraude de ley pretendiendo dar a verdaderos contratos de trabajo, se declare por tiempo indefinido la relación laboral originada por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos, en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo, pago de vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes, demás conceptos adeudados, costas
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) en el desarrollo del cargo hace referencia a la falta de apreciación del medio de prueba, sin embargo, alega violación directa, causales diferentes que debió invocar de forma separada por la independencia de los cargos; b) menciona de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica correctamente el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; c) La norma que indica como violada, siendo el artículo 20 del código del Trabajo, no ostenta el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce y consagra correlativamente derechos y obligaciones o extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, d) hace alegatos de instancia.- IV.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo.- "...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., trece de diciembre de dos mil veintiuno.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 20 de agosto del 2021, por el Abogado LUIS ANTONIO ROMERO SALAS, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, el señor JAIME ARTURO MONTALVO QUESADA, representado en juicio por el Abogado JUAN ANGEL BENAVIDES PAZ. OBJETO DEL PROCESO: 1) Demanda Ordinaria Laboral para que se declare la nulidad de la simulación de unos Contratos de Servicios Profesionales, que el empleador en fraude de ley pretendiendo dar a verdaderos contratos de trabajo, se declare por tiempo indefinido la relación laboral originada por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos, en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo, pago de vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes, demás conceptos adeudados, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 3 de abril del 2014, por los señores JAIME ARTURO MONTALVO QUESADA, casado, y MOISES ABRAHAM AREVALO BONILLA, soltero, ambos mayores de edad, hondureños, y de este domicilio; 2) Demanda Ordinaria Laboral para la reinstalación en su puesto de trabajo, restitución a sus funciones, en virtud de haber sido despedido de las mismas y ante la negativa del patrono de la no suscripción de un nuevo Contrato de Trabajo, en represalias por haber interpuesto una acción judicial para que se declare la permanencia en su puesto de trabajo, pago de salarios dejados de percibir, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 1 de agosto del 2014, por el señor JAIME ARTURO MONTALVO QUESADA, de generales ya mencionadas, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA (SOPTRAVI), ahora conocida como SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS (INSEP), por medio del Procurador General de la República, Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 30 de julio del 2019, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 1 de febrero del 2019, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que en su parte conducente dice: “FALLA: I. Declarar SIN LUGAR el DEFECTO MATERIAL DE PRESCRIPCION opuesto por la Representante Procesal de la parte demandada; II.- Declarar CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral PARA QUE SE DECLARE POR TIEMPO INDEFINIDO LA RELACION LABORAL ORIGINADA POR LA SUSCRIPCION DE VARIOS CONTRATOS CONTINUOS E ININTERRUMPIDOS EN APLICACIÓN ESTRICTA DE LO PRECEPTUADO EN EL ARTICULO 47 DEL CODIGO DEL TRABAJO; PAGO DE VACACIONES. REINSTALACION EN SU PUESTO DE TRABAJO Y RESTITUCION A SUS FUNCIONES. PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR Y LAS COSTAS DEL JUICIO; instaurada por el Señor JAIME ARTURO MONTALVO QUESADA; contra EL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante (Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA; III.- CONDENAR: AL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA; a lo siguiente: a) Reintegrar al Señor JAIME ARTURO MONTALVO QUESADA; a su puesto de trabajo por lo menos en igualdad de condiciones de trabajo que mantenía al momento de operarse la ruptura del contrato; al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se materialice el reintegro ordenado, y demás derechos adquiridos en su ausencia, debiendo la Institución demandada nombrarlo como empleado permanente desde el inicio de la relación laboral 09 de julio de 2010 para lo cual deberá emitir el Acuerdo Ministerial correspondiente en el cual se nombre al Señor JAIME ARTURO MONTALVO QUESADA; b) Asimismo a pagarle al Señor JAIME ARTURO MONTALVO QUESADA las vacaciones del periodo 2012-2013 y 2013-2014 así como el goce de ellas; Conceptos que serán liquidados junto con los salarios dejados de percibir que en su momento procesal oportuno corresponda; IV. Declarar SIN LUGAR la demanda instaurada por el Señor JAIME ARTURO MONTALVO QUESADA para declarar la nulidad de la simulación de unos Contratos; pago de décimo tercer y décimo cuarto de los periodos 2012-2013 y 2013-2104; contra EL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA; ABSUELVE: AL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA de pagar al Señor JAIME ARTURO MONTALVO QUESADA dichos conceptos. V.- SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. Los señores Jaime Arturo Montalvo Quesada y Moisés Abraham Arévalo Bonilla, expresaron en el escrito de su demanda presentada en fecha 3 de abril de 2014, que iniciaron a laborar para la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), hoy Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), en fecha 9 de julio del 2010, devengando un salario mensual de L. 28,000.00, y el 03 de enero del 2011, devengando un salario de L. 25,000.00, respectivamente, ambos en el puesto de Ingenieros Coordinadores; desde que iniciaron a laborar se desempeñaban en las mismas funciones de manera continua e ininterrumpida, bajo subordinación de su empleador, así como consta en los contratos suscritos, mismos que reúnen los elementos establecidos en el artículo 20 del Código del Trabajo, los cuales una vez reunidos los tres elementos que trata la figura legal precitada, se entiende que existe un Contrato de Trabajo, y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni otras condiciones o modalidades que se le agreguen, pues de acuerdo con la doctrina, existe simulación cuando las partes otorgantes del acto aparente han acordado declarar una voluntad distinta a la real; en virtud de lo anterior, la relación que los une es de orden laboral, pues desempeñaban funciones bajo las órdenes del patrono, sujetos a una jornada de trabajo, recibiendo un salario mensual por el trabajo desempeñado, no obstante, el patrono simuló dichas contrataciones al firmar contratos de Servicios Profesionales, haciendo la observancia que sus funciones son de carácter continuas y permanentes, entendiéndose que están ante un contrato de trabajo por tiempo indeterminado, regido por la jurisdicción laboral del Trabajo, además la causa que ha originado el surgimiento de la relación laboral ha subsistido y subsistirá siempre, actividades que por la naturaleza de las mismas no pueden desaparecer; por lo antes expuesto solicitaron declarar la nulidad de la simulación de naturaleza de prestación de servicios profesionales, pues de acuerdo a lo establecido en el artículo 128 párrafo primero de la Constitución de la República, “las leyes que rigen las relaciones laborales entre patronos y trabajadores son de orden público”, complementada con lo preceptuado en el artículo 3 del Código del Trabajo, aunque se haya intentado encubrir y simular una relación diferente a la de orden laboral, debe entenderse que subsiste de pleno derecho la relación laboral que se intenta desvirtuar, acto simulatorio que tiene como finalidad evadir obligaciones estipuladas en la Ley Laboral en fraude a la Ley; al tenor de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo “los contratos relativos que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se consideran como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese termino de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que le dio origen a la materia del trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas”, además el artículo 52 párrafo tercero del citado Código reza: “si antes de transcurrido un (1) año se celebra nuevo contrato entre las mismas partes contratantes y para la misma clase de trabajo, deberá entenderse este por tiempo indefinido”, por ello consideran que les asiste el derecho a la permanencia en el puesto que han desempeñado, por ser los mismos verdaderos contratos de trabajo, por ende se declare por tiempo indefinido la relación laboral originada por la suscripción de varios contratos de trabajo continuos e ininterrumpidos, más el pago de salarios adeudados por la cantidad de L. 330,653.64, en concepto de vacaciones, aguinaldo y décimo cuarto mes, causados y proporcionales. Dando por agotada la vía administrativa ante la Secretaría del Trabajo al no lograr las partes llegar a un acuerdo conciliatorio. El señor Jaime Arturo Montalvo Quesada, expresó en el escrito de su demanda presentada en fecha 1 de agosto de 2014, que inició su relación laboral para el Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Publicas Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), ahora conocida como Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), bajo la figura de contratos en fecha 09 de julio de 2010, en el puesto de Ingeniero Coordinador, devengando un salario mensual de L.28,000.00; en fecha 03 de abril del año 2014, presentó demanda judicial para que en sentencia definitiva se declare por tiempo indefinido su relación laboral originada por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos, juicio que se registra bajo el expediente número 37-14 del Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán; sucedió que la demandada al tener conocimiento de la acción incoada, una vez vencido su último contrato vigente hasta el 01 de abril de 2014, no se renovó el mismo, a pesar de estar consciente que le asiste el derecho a la permanencia por la continuidad de dichos contratos, por lo que se vio obligado a pedir por la vía administrativa ante la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, la reinstalación a su puesto de trabajo y restitución a sus funciones, y al no ser posible se dio por agotado el trámite administrativo, a fin de incoar su demanda con la finalidad de obtener por la vía judicial la reinstalación a su puesto de trabajo, en virtud de las labores continuas que ha venido desempeñando a través de Contratos de Trabajo por casi cuatro años, al tenor de lo preceptuado en el artículo 47 y 52 del Código del Trabajo, por ser labores permanentes y no pueden desaparecer por la naturaleza de las mismas, por lo que considera le asiste el derecho reclamado.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda expresando no constarle que los demandantes se hayan desempeñado para la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), hoy Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), pues no realiza contrataciones bajo Contratos de Trabajo, haciéndolo únicamente bajo la modalidad de Contratos Administrativos de Prestación de Servicios Profesionales, en cuyas cláusulas se pacta que para dirimir las controversias, las partes se someten a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y que contrario a reunir elementos establecidos en el artículo 20 del Código del Trabajo, al haber desempeñado las funciones para las cuales fueron contratados y recibir el pago como retribución a éstas, se cumplieron los requisitos esenciales para su validez, y en atención a la libre contratación la simulación alegada además de ser inexistente es extemporánea, porque si los demandantes refieren que la relación sostenida ha sido constitutiva de simulación por las partes otorgantes del acto aparente acordando declarar una voluntad distinta a la real, se entiende que ellos han sido participes de dicha simulación por formar parte de las partes otorgantes, y por Analogía el error del contratante ha sido subsanado con el error del contratado, de igual forma si considerando que la relación contractual se encontraba regida por las normas establecidas en el Código del Trabajo, y que el contrato adolecía de engaño al tratar de simular contrataciones de dependencia continuas y permanentes, en contrataciones transitorias o temporales suscritas bajo contratos de servicios profesionales, se devenían obligados a hacer uso de lo que reza el artículo 114 literal a), mismo que autoriza al trabajador a dar por terminado el Contrato de Trabajo, sin preaviso y sin responsabilidad de su parte, sin embargo al no haberlo hecho dentro los 30 días subsiguientes a la suscripción del Contrato convalidaron la simulación que hoy pretenden hacer valer, pretendiendo anular actos de la Administración Pública, los cuales según lo prescrito en el artículo 30 de la Ley de Procedimiento Administrativo se presume su legitimidad, aún en el caso que el patrono hubiese incurrido en la simulación de un contrato, no por tal razón al trabajador le asistiría el derecho a que se declare por tiempo indefinido la relación, ni que se les otorgue pago de prestaciones por la cantidad de L. 330,653.64, ya que además de ser excluyente entre sí ambas peticiones, los demandantes no refieren haber sido despedidos, razón por la cual no han emplazado al patrono para que les pruebe la justa causa en que se fundó el despido, y no siendo este el caso no puede ser susceptible de lo que preceptúa el artículo del Código del Trabajo referente a la reinstalación o al reclamo de indemnizaciones, pues la aplicación de dicha normativa sería indebida y colocaría al patrono en indefensión; pudiendo haber sido la situación de los demandantes susceptible del pago de prestaciones e indemnizaciones legales, en el caso de despido injusto, cuando hubieren alegado el supuesto engaño en tiempo y forma, no cuando de sus mismas manifestaciones se intuye que han pasado más de 30 días, y que los contratos han surtido todos sus efectos al referir que han desarrollado sus labores, y percibido por ellos el pago como retribución, concluyéndose de ello que los contratos suscritos no les han causado daño alguno; rechazó que se declare la nulidad de los contratos de servicios profesionales, en virtud que el Juzgado del Trabajo no posee facultad alguna para anular actos de la administración Pública, por lo que la declaración de nulidad únicamente puede realizarse en vía de revisión por el mismo órgano que dictó el acto o por el superior, previo dictamen favorable de la Procuraduría General de La República, siempre y cuando el mismo no aparezca firme y consentido, aunado a lo anterior el artículo 123 de la Ley de Procedimiento Administrativo dispone “la anulación, revocación y modificación de un acto solamente dará lugar a indemnización cuando la misma esté prevista en la ley”, sin embargo la Ley no previene indemnización para este tipo de actos, asimismo el artículo 1 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo dispone “por la presente ley se regula la jurisdicción de lo Contencioso -Administrativo encargada de conocer las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos, de carácter particular o general, de la Administración Pública sujetos al derecho Administrativo”, de igual manera el artículo 3 de la referida Ley establece “la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá también de: a) Las cuestiones referentes al cumplimiento, interpretación, resolución, rescisión y efectos de los contratos regulados por la Ley de Contratación del Estado que hayan sido celebrados por cualquiera de los poderes del Estado, por las Municipalidades y por la Instituciones Autónomas, y todo lo relativo a los Contratos de Servicios Profesionales o Técnicos que celebren los Poderes del Estado”, entendiéndose de ello que la declaración de nulidad de actos de la Administración Pública efectuados por el Juzgado del Trabajo al no contar con atribuciones para ello no puede producir ningún efecto legal, en observancia de lo que dispone el artículo 665 del Código del Trabajo “la Jurisdicción del trabajo está instituida para decidir los conflictos que se originen directamente del contrato de trabajo”, relacionado con las excepciones establecidas en el artículo 2 numeral 2) párrafo segundo del Código del Trabajo “son de orden Público las disposiciones contenidas en el presente Código y obligan a todas las empresas, explotaciones o establecimientos, así como a las personas naturales. Se exceptúan... las relaciones entre el Estado, el departamento y el Municipio y sus servidores, se regirán por las Leyes del Servicio Civil que se expidan”, normativa jurídica relacionada con lo ordenado en el artículo 108 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo “Las acciones que tuvieren por objeto cancelación o separación de servidores públicos, se sujetarán a lo que se establece en esta Sección” y el artículo 109 de dicha ley en su párrafo segundo refiere “asimismo, podrán impugnarse por esta vía los actos de cancelación o separación de aquellos servidores públicos que hayan sido nombrados para períodos determinados”, concluyéndose de ello que el conocimiento de las relaciones entre el Estado y sus servidores Públicos no pertenece a la jurisdicción de un Juzgado del Trabajo, y que las mismas no son de orden público, sino de orden privado, cuyo conocimiento pertenece a la Jurisdicción del Juzgado de Lo Contencioso Administrativo, mismo que el Tribunal del Trabajo se deviene obligado apreciar de oficio que su conocimiento corresponde a otra jurisdicción ordinaria, y que por lo tanto procede su abstención, tal como lo manda el artículo 25 del Código Procesal Civil. Por las razones antes descritas, ni el artículo 128 de la Constitución de la República, Tratados Internacionales, ni el artículo 3 del Código del Trabajo u otro artículo de dicho cuerpo Legal pueden ser aplicables. En base a la presunción de legitimidad que se encuentran revestidos los actos de la Administración Pública, se devienen los demandantes obligados acreditar la simulación invocada, así como el referido fraude; en atención al artículo 2 del Código del Trabajo, que las relaciones establecidas entre el Estado y sus servidores tiene carácter de excepción en relación a las disposiciones de orden público que el mismo establece, entendiéndose de ello que aunque el artículo 47 del precitado Código dispone que “los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se considerarán como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese término de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que le dio origen a la materia del trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas”, de igual manera aunque el artículo 52 del mismo cuerpo legal en relación al periodo de prueba, que en su párrafo tercero estipula “si antes de transcurrido un (l) año se celebra nuevo contrato entre las mismas partes contratantes y para la misma clase de trabajo, deberá entenderse éste por tiempo indefinido, sin que tenga lugar en este caso el período de prueba”, los mismos no aplican al presente caso, ya que al fundamentar un fallo en las referidas normativas, se incurriría en una indebida aplicación de éstas, originándose la misma en la interpretación errónea del referido artículo 2 numeral 2) párrafo segundo, en virtud que la interpretación errónea de una disposición legal consiste en la equivocada estimación que se hace del contenido de ella, considerada en sí misma, es decir cuando la norma regula un hecho de determinada forma, pero el sentenciador le concede un sentido diferente al que el contenido de la norma establece en forma clara, contrariando con ello el artículo 17 del Código Civil “no podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador”, y aún en el supuesto caso que se encontraran ante relaciones sometidas a la jurisdicción del trabajo, los demandantes por el solo hecho de no hacer uso de lo que dispone el
artículo 114 literal a) del Código del Trabajo, subsanan situaciones como las reclamadas, al prescribirle el derecho para reclamar, ya que la aplicación del referido cuerpo legal no debe hacerse de manera parcial acomodado a la conveniencia de las partes, sino que debe aplicarse en todo su contenido al caso concreto, rechazándose el pago reclamado de L.330,653,64 en concepto de vacaciones, aguinaldo y décimo cuarto mes, causados y proporcionales, en razón que dentro del presupuesto del Estado únicamente existe estructura presupuestaria para el pago de vacaciones y demás derechos a los empleados permanentes, es decir aquellos que se encuentran nombrados por Acuerdo y regidos por la Ley de servicio Civil, motivo por el cual en la cláusula cuarta de los Contratos de Servicios Profesionales, consensua que el contratado no tendrá derecho a pago de vacaciones y demás derechos propios de los empleados permanentes, de igual manera en la cláusula séptima exonera a los contratados de cumplir una jornada de trabajo, exigiéndoles únicamente el cumplimiento de los servicios que se han comprometido a prestar, en consecuencia, habiendo llegado la obligación contractual de las partes a su final por el acaecimiento de la fecha estipulada en el contrato, no existe obligación posterior, ni mucho menos sostener un Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, ya que la relación existió bajo las disposiciones de un contrato a término sin obligación alguna para las partes conforme a lo que establece el artículo 124-C párrafo segundo de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, que establece “en caso de los empleados por contrato, los mismos deberán sujetarse al plazo y a las condiciones contractuales convenidas entre las partes”. Finalmente expresó que El Estado de Honduras, en materia de Contratos de Prestación de Servicios Profesionales, no se deviene obligado a llegar a ningún arreglo conciliatorio ante la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, ya que además de no ser este el ente indicado para el agotamiento de la vía Administrativa, cualquier divergencia que de los mismos surjan, la cláusula décimo tercera establece que “para dirimir las controversias que surjan de la aplicación de este contrato, las partes se someten a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo de esta Jurisdicción”, no surtiendo por tal razón ningún efecto el agotamiento que la referida Secretaría realiza, constituyendo únicamente la usurpación de funciones del sistema interno de la Secretaría contra la cual se reclama. En cuanto a la demanda interpuesta en fecha 1 de agosto de 2014, por el señor Jaime Arturo Montalvo Quesada, contestó aceptando haber mantenido con él una relación contractual por tiempo determinado, que su contratación fue mediante Contratos de Servicios Profesionales y Técnicos, rechazó la fecha de ingreso, cargo y salario que devengaba, expresó que la parte demandante erróneamente trató de aplicar la normativa de los artículos 47 y 52 párrafo tercero del Código de Trabajo a efecto de pretender un derecho subjetivo e inexistente, ya que él aceptó y se sometió a las condiciones y obligaciones que regía el contrato aceptando taxativamente cada una de las cláusulas, por lo que no debe considerarse en ningún momento trabajo de carácter permanente, por el simple hecho que se hayan suscrito varios Contratos de Servicios Técnicos o Profesionales entre las partes, pues cada contrato es independiente uno de otro, con una vigencia determinada, tal y como establece el artículo 111 párrafo primero de la estimación presupuestaria de Ingresos de la Administración Central para el Ejercicio Fiscal 2014, vigente al momento de la terminación del último contrato en el año 2014 que literalmente dice “la contratación de personal con cargo al Objeto Especifico del Gasto, 12100 Sueldos Básicos (Personal No Permanente) se debe de realizar en casos excepcionales bajo la responsabilidad del titular de cada institución, siempre y cuando el personal a contratar figure en el Plan Operativo Anual (POA) y que exista la disponibilidad presupuestaria, en estricta observancia del artículo 203 de la Ley de Servicio Civil. Este Tipo de Contrataciones se formalizará mediante acuerdo interno de cada Institución del Sector Público. Lo anterior es de aplicación para los recursos provenientes del Tesoro Nacional”, el párrafo tercero del mismo artículo establece “Estos contratos tienen vigencia únicamente dentro del presente Ejercicio Fiscal, no debiendo considerarse, para ningún efecto, al personal contratado bajo esta modalidad como permanente y su efectividad se contará desde la fecha en que este personal tome posesión del cargo”, de igual manera el artículo 201 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil establece “para la validez de estos contratos deberán de observarse las normas presupuestarias; no podrá suscribirse contrato alguno sino hubiera disponibilidad suficiente en la correspondiente asignación para gastos del ejercicio fiscal que corresponda. La contravención a lo acá dispuesto hará incurrir en responsabilidad”, no obstante, la parte actora en forma errónea aduce que el contrato debe considerarse por tiempo indefinido, ignorando que suscribió varios contratos de servicios profesionales y técnicos con una vigencia determinada, pretendiendo ignorar las cláusulas establecidas en los mismos. Rechazó que se presentó reclamo administrativo ante la Secretaria de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social, con el ánimo de conciliar las diferencias a efecto de lograr la reinstalación al puesto de trabajo y restitución de funciones, en virtud que el Estado de Honduras no está facultado para aceptar imposiciones de derechos subjetivos inexistentes ni beneficios que no le corresponden, de forma errónea se presentó reclamo ante dicha Secretaría, haciendo caso omiso de lo que establece el contrato, señalando la jurisdicción para resolver los conflictos que surjan entre las partes contratantes, y lo que dispone el artículo 3 inciso a) de la Ley de lo Contencioso Administrativo; por consiguiente la pretensión exigida debe ser declarada sin lugar porque no asiste el derecho reclamado, y será en el proceso del debate que acreditará que la parte actora no tuvo sustentación jurídica para litigar, en consecuencia se le condene en costas.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 1 de febrero del 2019, dictó sentencia que en su parte conducente dice: “FALLA: I. Declarar SIN LUGAR EL DEFECTO MATERIAL DE PRESCRIPCION opuesto por la Representante Procesal de la parte demandada; II.- Declarar CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral PARA QUE SE DECLARE POR TIEMPO INDEFINIDO LA RELACION LABORAL ORIGINADA POR LA SUSCRIPCION DE VARIOS CONTRATOS CONTINUOS E ININTERRUMPIDOS EN APLICACIÓN ESTRICTA DE LO PRECEPTUADO EN EL ARTICULO 47 DEL CODIGO DEL TRABAJO; PAGO DE VACACIONES. REINSTALACION EN SU PUESTO DE TRABAJO Y RESTITUCION A SUS FUNCIONES. PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR Y LAS COSTAS DEL JUICIO; instaurada por el Señor JAIME ARTURO MONTALVO QUESADA; contra EL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante (Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA; III.- CONDENAR: AL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA; a lo siguiente: a) Reintegrar al Señor JAIME ARTURO MONTALVO QUESADA; a su puesto de trabajo por lo menos en igualdad de condiciones de trabajo que mantenía al momento de operarse la ruptura del contrato; al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se materialice el reintegro ordenado, y demás derechos adquiridos en su ausencia, debiendo la Institución demandada nombrarlo como empleado permanente desde el inicio de la relación laboral 09 de julio de 2010 para lo cual deberá emitir el Acuerdo Ministerial correspondiente en el cual se nombre al Señor JAIME ARTURO MONTALVO QUESADA; b) Asimismo a pagarle al Señor JAIME ARTURO MONTALVO QUESADA las vacaciones del periodo 2012-2013 y 2013-2014 así como el goce de ellas; Conceptos que serán liquidados junto con los salarios dejados de percibir que en su momento procesal oportuno corresponda; IV. Declarar SIN LUGAR la demanda instaurada por el Señor JAIME ARTURO MONTALVO QUESADA para declarar la nulidad de la simulación de unos Contratos; pago de décimo tercer y décimo cuarto de los periodos 2012-2013 y 2013-2104; contra EL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA; ABSUELVE: AL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA de pagar al Señor JAIME ARTURO MONTALVO QUESADA dichos conceptos. V.- SIN COSTAS”. Bajo el criterio que en relación al defecto material de prescripción opuesto por la parte demandada, se concluye que se ha acreditado que en fecha 01 de abril de 2014, se envió Memorándum DM-011-2014, dirigido a Sub Secretarios, Directores Generales, Jefes de Unidades, Gerencia de Recursos Humanos, personal en general mediante el cual adjuntaron el listado del personal bajo contrato a quienes no les había sido renovado el mismo, y prestaron sus servicios profesionales hasta el día 31 de marzo del 2014, por lo tanto se les instruyó en el sentido que estaba terminantemente prohibido asignarles funciones de cualquier naturaleza y permanecer en las Oficinas Administrativas de esta Secretaría y en dicho listado se encuentra el señor Jaime Arturo Montalvo Quesada; en fecha 7 de mayo del 2014, se instauro el reclamo ante la vía administrativa, el 3 de junio del 2014, se dio por agotado el trámite administrativo, y comparece instaurando demanda en fecha 1 de agosto del 2014, concluyendo que se hizo dentro del término que señala el artículo 867 del Código del Trabajo, en razón de lo anterior declaró sin lugar el defecto material de prescripción opuesto por la Representante Procesal de la parte demandada; que con los medios de prueba aportados se acreditó el Acta de Cierre de las Diligencias Administrativas Gubernativas de fecha 03 de junio del 2014; Memorándum DM-011-2014 de fecha 01 de abril del 2014 dirigido a Sub Secretarios, Directores Generales, Jefes de Unidades, Gerencia de Recursos Humanos, personal en general; que el Señor Jaime Arturo Montalvo Quesada suscribió contratos en el cargo de Ingeniero Coordinador devengando la suma de L. 28,000.00 del 09 de julio del 2010 al 30 de septiembre del 2010; del 04 de octubre al 31 de diciembre del 2010; del 03 de enero al 31 de marzo del 2011; del 04 de abril al 30 de junio del 2011; del 04 de julio al 30 de septiembre del 2011; del 04 de octubre al 31 de diciembre del 2011; 03 de enero al 31 de marzo del 2012; 09 de abril al 30 de junio del 2012; 02 de julio al 30 de septiembre del 2012; 02 de octubre al 31 de diciembre del 2012; 02 de enero al 31 de marzo del 2013; 01 de abril al 31 de diciembre del 2013; 01 de enero al 26 de enero del 2014, 04 de febrero al 28 de marzo del 2014 y del 30 de marzo al 31 de marzo del 2014; también se acreditó que la demandada no brindo información si el demandante gozo de vacaciones, únicamente que las mismas no son remuneradas; que se efectuó el pago del décimo tercer y décimo cuarto mes de los periodos 2012-2013 y 2013-2014; si bien es cierto la parte demandada invocó que se trataban de Contratos por Tiempo Determinado, cuya terminación ya estaba establecida y aceptada por las partes, también es cierto que de conformidad con lo señalado en la Constitución de la República y Código del Trabajo, son nulos ipso jure todos los actos y estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la constitución, el Código del Trabajo, sus Reglamentos o las demás Leyes de Trabajo y Previsión Social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato de trabajo u otro pacto cualquiera, los Contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se consideraran como celebrados por tiempo indefinido, aunque en ellos se exprese termino de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que le dio origen a la materia de trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas; si bien es cierto el señor Jaime Arturo Montalvo Quesada laboró a través de Contratos de Servicios Profesionales por tiempo determinado, no es menos cierto que las labores que realizaba son de naturaleza permanentes, asimismo no se acreditó en autos que el patrono haya tenido justa causa para ejecutar la terminación del trabajo; al hacer un estudio de las pruebas aportadas al proceso concluyó que desde el inició la relación laboral ha sido continua, y para la misma clase de trabajo, por lo consiguiente la continuidad de celebración de Contratos se entiende por tiempo indefinido, por lo que se cumple con la condición para considerar un trabajador permanente; de igual forma la parte demandada en el Memorándum DM-011-2014, de fecha 01 de abril del 2014, no señaló una causa justa al momento de la terminación de la relación laboral, razón por la cual la Suscrita es del criterio que procede declarar con lugar la demanda de mérito, asistiéndole el derecho a ser reintegrado al puesto de trabajo que tenía al momento de la ruptura del Contrato de Trabajo, así como la restitución a sus funciones, pago de salarios dejados de percibir, demás derechos que se hayan otorgado en su ausencia. En cuanto a la solicitud de nulidad de la simulación de Contratos Administrativos declaró sin lugar el mismo, ya que el demandante al laborar gozó de todos los beneficios estipulados en dicha contratación; en lo que respecta el pago y goce de vacaciones 2012-2013 y 2013-20143 se declaran con lugar las mismas, ya que no se acreditó que se hayan gozado ni que se hayan hecho efectivas; en lo que concierne al pago del décimo tercer y décimo cuarto mes de los periodos 2012-2013 y 2013-2014 procede declarar sin lugar dichas pretensiones, ya que se acreditó con el medio de prueba reconocimiento judicial que la demandada ya los hizo efectivos, conceptos que serán liquidados junto con los salarios dejados de percibir que en el momento procesal oportuno que corresponda.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 30 de julio del 2019, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas. Bajo el criterio que existe una vasta jurisprudencia sobre la permanencia del tipo de trabajadores en condiciones similares al demandante, y como la jurisprudencia cumple el cometido de fuente jurídica adicional que garantiza la uniforme aplicación del derecho, conforme al principio de igualdad, al haber decidido la Corte de Apelaciones en incontables fallos que el tipo de Contratos celebrados entre los trabajadores con el Estado de Honduras, han sido desnaturalizados, ya que los mismos reúnen los requisitos señalados en el artículo 20 del Código del Trabajo, ya que el trabajador ha desarrollado sus labores de manera continua, ejerciendo las mismas actividades y funciones, bajo las órdenes del mismo patrono, y recibiendo un pago como retribución a sus labores y cumpliendo una jornada de trabajo, por lo que es claro que el contrato suscrito entre las partes es de naturaleza laboral. Las relaciones laborales se encuentran reguladas por un Contrato de Trabajo, que estipula los derechos y obligaciones de ambas partes, por lo que para dilucidar una cuestión debe servir el concepto de subordinación jurídica establecida entre el patrono y el trabajador, siendo que el Procurador General de la República al contestar la demanda aceptó que existió una relación laboral entre las partes, ya que la contratación fue mediante un Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, y al estar acreditada la existencia de varios Contratos de Trabajo, en el cual las funciones desempeñadas nunca variaron durante el período de tiempo, no cabe duda que la relación existente era por tiempo indeterminado.- 5. Mediante auto de fecha 6 de febrero del 2020, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado LUIS ANTONIO ROMERO SALAS, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha 20 de agosto del 2021, compareció ante este Tribunal el Abogado LUIS ANTONIO ROMERO SALAS, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 20 de agosto del 2021, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 3 de septiembre del 2021, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por el Abogado JUAN ANGEL BENAVIDES PAZ, en condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que el Abogado LUIS ANTONIO ROMERO SALAS, en su único motivo de casación alega: “Acuso la Sentencia recurrida por ser violatoria a la Ley Sustantiva de Orden Nacional por infracción directa de artículos 20 inciso b) Código del Trabajo al haber incurrido en error de hecho derivado de la falta de apreciación del medio de prueba DOCUMENTOS PÚBLICOS consistente en Oficio SGRH 0657 que corren agregado, a folio 145 de la primera pieza de autos, como se puede observar claramente el demandante no tiene información de marcaje ya que los empleados contratados por contrato gozan de este beneficio pudiendo ingresar y salir de la institución cuando ellos lo estimen conveniente sin previo pase de salida como se hace con los empleados permanentes. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 765 numeral 1) párrafo primero del Código del Trabajo.- CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: Honorable Corte Suprema de Justicia Sala de lo Laboral, la infracción directa del artículo 20 inciso b) del Código del Trabajo y que establece: Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres (3) elementos esenciales: a).. ., b) La continua subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrono, que faculta a este para dar el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos al cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato, y c)..., en el caso que nos ocupa se puede observar que claramente el demandante no se sujeta a las normas o reglamentos internos de mi representada, pues este se sujeta a las cláusulas estipuladas en el Contrato suscrito entre mi representado y el demandante quienes aceptaron dicho contrato en todas y cada una de sus partes, por lo tanto se debe CASAR EL FALLO RECURRIDO en su totalidad.- LA VIOLACIÓN PASO EXPLICARLA DE LA SIGUIENTE FORMA: La Corte Sentenciadora al confirmar la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia en fecha uno de febrero del año dos mil diecinueve , que corre agregada de folios ciento cincuenta (150) a folio ciento cincuenta y cuatro frente y vuelto de la primera pieza de autos, mediante Sentencia de fecha treinta de julio del año dos mil diecinueve, que corre agregada de folios diez (10) al trece (13) frente y vuelto de la segunda pieza de autos, incurrió en error de hecho que aparece de manifiesto en los autos por falta de apreciación y valoración de los medios probatorios que he SINGULARIZADO en la estructuración de este motivo, por consiguiente la Corte de Apelaciones del Trabajo no aprecio el contenido de los medio de prueba Documental, los cuales desprenden las siguientes circunstancias: DOCUMENTAL PUBLICA Consistentes en la prueba presentada por mi representado, en Oficio SGRH 0657 que corren agregado, a folio 145 de la primera pieza de autos, como se puede observar claramente el demandante no tiene información de marcaje ya que los empleados contratados por contrato gozan de este beneficio pudiendo ingresar y salir de la institución cuando ellos lo estimen conveniente sin previo pase de salida como se hace con los empleados permanentes. Por lo que la Corte de Apelaciones al momento de proferir su decisión está en la obligación de analizar todas las pruebas allegadas en tiempo, y como lo establece el artículo 738 del Código del Trabajo, denotándose una evidente aplicación indebida de este articulo por el Tribunal de Apelaciones.- Por lo que señores Magistrados al existir una mala apreciación o una falta de apreciación de la prueba por parte de la Corte de Apelaciones es decir respecto a la prueba considerada en sí misma y no con relación a las normas legales que regulan la prueba de que se trata, pues en este último caso se estará frente a una cuestión diferente.- Ese error de hecho a considerar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la Ley sustantiva y el error de hecho expresado debe ser manifiesto, o sea, que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate, como ocurriría si en la Sentencia se admite por probado el hecho que en realidad no está demostrado, o al contrario se da por no aprobado, el hecho que si está aprobado plenamente en Juicio (como es el caso de autos). Siendo así que el error de hecho en la apreciación de la prueba documental fundamento de este motivo del Recurso, no consiste en sacar el recurrente aquellas deducciones en que le interesen los documentos, pretendiendo sustituir el criterio del Magistrado por el propio, sino en demostrar que los hechos declarados probados y las afirmaciones contenidas en la sentencia, están en manifiesta oposición con lo que en los documentos aparece, por estimar como cierto lo contrario de lo que de ellos resulta incurriendo por ello el juzgador en evidente equivocación que exige el numeral 1) párrafo segundo del Artículo 765 del Código del Trabajo en que se ampara este MOTIVO DE CASACIÓN, por lo que procede que este Tribunal CASE TOTALMENTE la Sentencia por este motivo”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) en el desarrollo del cargo hace referencia a la falta de apreciación del medio de prueba, sin embargo, alega violación directa, causales diferentes que debió invocar de forma separada por la independencia de los cargos; b) menciona de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica correctamente el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; c) La norma que indica como violada, siendo el artículo 20 del código del Trabajo, no ostenta el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce y consagra correlativamente derechos y obligaciones o extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, d) hace alegatos de instancia.- IV.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los once días del mes de enero del dos mil veintidós; certificación de la sentencia de fecha trece de diciembre del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número CL 613-19.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.