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Sentencia CL-606-19 — Registro 13179

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa del despido caso contrario se proceda al pago inmediato de sus prestaciones e indemnizaciones laborales, vacaciones, vacaciones pendientes, décimo cuarto mes proporcional, a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la norma que indica como violada no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce y consagra correlativamente derechos y obligaciones o extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) olvida la Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley; c) el precepto autorizante no corresponde al tipo de infracción alegada; y, d) hace alegatos de instancia en la explicación del motivo, sin establecer la violación expresada en su formulación."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) dentro de las normas que indica como violadas los artículos 19, 21 y 46 b) del Código del Trabajo, no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce y consagra correlativamente derechos y obligaciones o extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica correctamente el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; c) alega violación indirecta pero no establece normas procesales las cuales sirvieron de medio para la violación de la norma sustantiva; y, d) hace alegatos de instancia en la explicación del motivo, sin establecer la violación expresada en su formulación. "...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintidós de junio de dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 8 de abril del 2021, por la Abogada NOHEMY JANETH TURCIOS GARCIA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, la señora LOURDES JUDITH AGUILAR ORDOÑEZ, representada en juicio por el Abogado JUAN AGUSTÍN AGUILERA ESTRADA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa del despido caso contrario se proceda al pago inmediato de sus prestaciones e indemnizaciones laborales, vacaciones, vacaciones pendientes, décimo cuarto mes proporcional, a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 26 de enero del 2017, por la señora LOURDES JUDITH AGUILAR ORDÓÑEZ, mayor de edad, soltera, Abogada, hondureña y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN, a través del PROGRAMA EDUCATODOS, por medio del Procurador General de la Republica, el señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 15 de agosto del 2019, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 8 de febrero del 2019, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por la señora LOURDES JUDITH AGUILAR ORDOÑEZ, en contra del ESTADO DE HONDURAS por medio del Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA en su condición de Procurador General de la República.- SEGUNDO: CONDENA a reconocer y declarar una relación de trabajo por tiempo indefinido y de carácter permanente la que sostenía la señora LOURDES JUDITH AGUILAR ORDOÑEZ, en contra del ESTADO DE HONDURAS por medio del Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, directamente con la Secretaria de Estado en el Despacho de Educación, y se le reconoce una antigüedad laboral a partir del 12 de febrero del año 2010, asimismo se les reconocen a la demandante todos los derechos que ostentan los empleados de carácter permanente; de igual forma se condena a PAGAR las prestaciones e indemnizaciones desglosadas de la forma siguiente: Preaviso Lps. 140,000.00; Auxilio de Cesantía Lps. 420,000.00; Auxilio de Cesantía Proporcional Lps. 62,027.69; Vacaciones proporcionales Lps. 20,039.67; décimo cuarto mes proporcional Lps. 34,999.95, haciendo un total a pagar de SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON TREINTA Y CENTAVOS (Lps. 677,067.31), más los dejados de percibir desde la fecha del ilegal despido hasta que el presente fallo definitivo adquiera el carácter de firme. - TERCERO: SIN COSTAS”. ANTECEDENTES DE HECHO 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que comenzó la relación laboral en la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, adscrita al Programa Educatodos, mediante la suscripción de Contratos de Servicios Profesionales, desde el 12 de febrero del 2010, en el cargo de Directora Nacional del Programa Educatodos, devengando un salario mensual de L. 60,000.00, señaló que desde que comenzó la relación laboral celebró varios Contratos de Servicios Profesionales por tiempo determinado, realizando labores en forma continua e ininterrumpida, propias de un puesto permanente en la institución, mismos que simulaban verdaderos Contratos de Trabajo, ya que cumplían con los elementos exigidos en el artículo 20 del Código del Trabajo, asimismo señaló que los artículos 47 párrafo primero, segundo y 52 párrafo tercero del Código del Trabajo indican que estaban ante la presencia de un contrato por tiempo indefinido, regido por la jurisdiccional laboral del trabajo, con fundamento en el principio de continuidad y que el contrato es de tracto sucesivo, por lo que la concertación del mismo era por tiempo limitado, no puede basarse en la simple decisión de las partes y debe observarse la verdad de los hechos sobre la apariencia o por encima de los acuerdos formales, debiendo computarse su antigüedad desde la fecha de la suscripción del primer Contrato de Trabajo, indicando que los Tribunales de Justicia ya se han pronunciado en sendas ocasiones, en casos parecidos, dejando en manifiesto que cuando hay una dirección y dependencia entre el empleador y el trabajador, lo que permite afirmar que en él se presentan ciertas características que lo distinguen de los Contratos de Servicios Profesionales, entre los cuales podrían destacarse la obligación del trabajador a prestar un servicio personal empleando su fuerza material o su capacidad intelectual, la obligación del empleador de pagar a aquel por su trabajo, un salario independientemente de la denominación que tenga, la relación de dirección o dependencia en que el trabajador se encuentra colocado frente al patrón, disposición consignada en el artículo 20 del Código del Trabajo, resultando por ello antijuridico haber suscrito y prorrogado varios Contratos denominados Servicios Profesionales, cuando regía un Contrato de Trabajo personal y subordinado, conforme al artículo 3 del Código de Trabajo, debiendo estimarse ineficaz las cláusulas de un Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, según el cual la vigencia seria por un periodo determinado, en los términos precisados son irrenunciables sin que la voluntad de las partes pueda modificarlos o restringirlos. En fecha 1 de diciembre del 2016, le fue notificada a la demandante la terminación unilateral de la relación laboral, argumentando que el Contrato de Servicios Profesionales, vencía el 31 de diciembre del año 2016, sin invocar causal establecida en el artículo 112 del Código del Trabajo en violación al artículo 117 del mismo cuerpo legal y el artículo 129 de la Constitución de la República. Dando por agotada la vía administrativa correspondiente al no lograr las partes llegar a un acuerdo de conciliación. 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda aceptando haber sostenido una relación contractual con la demandante, mediante la modalidad de Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y Técnicos, por tiempo determinado con fecha de inicio y terminación, bajo consentimiento y aceptación sin objeción alguna, aceptó el cargo y salario que la demandante indicó en la demanda, rechazó la fecha de inicio de la relación laboral, señalando que en aplicación de los artículos 13 numeral 7) inciso b) del Estatuto del Docente Hondureño, artículo 36 numerales 1) y 8) de la Ley General de la Administración Pública, le concedió a la demandante una licencia sin goce de sueldo para ocupar sus servicios profesionales en el cargo de Coordinadora Nacional en el Programa Educatodos, en el sistema Educativo Nacional, reincorporándose en el Sistema Educativo Nacional en el puesto Administrativo Docente de la misma institución, a partir del 1 de enero del 2017, no obstante el artículo 117 párrafo primero de la estimación presupuestaria de Ingresos de la Administración General para el ejercicio fiscal 2016, haciendo relación con el Plan Operativo Anual (POA), de igual forma por la disponibilidad presupuestaria hizo referencia a la Ley de Servicio Civil en los artículos 201 y el artículo 202 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil. Además indicó que por el principio de la libre contratación conforme al artículo 46 literal b) del Código del Trabajo, la contratación por servicios profesionales y técnicos se encuentra regulada en la Ley de Procedimiento Administrativo sometiéndose a la Ley de lo Contencioso Administrativo, específicamente en el artículo 3 literal a), a su vez indicó que debe de aplicarse el artículo 1348 del Código Civil que señala que las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos, en ese sentido no está obligado a cumplir las pretensiones del demandante y exigencias de prestaciones y reconocimiento de otros supuestos derechos subjetivos, mismos que no tienen sustento jurídico, por ser meramente ilusorios, por otra parte los artículos 47 y 52 del Código del Trabajo, no son aplicables a los Contratos de Servicios Profesionales celebrados en la Administración Pública, pues son contratos meramente Administrativos de carácter temporal, con una vigencia determinada, por consiguiente el reclamo formulado por él es improcedente, pues habiendo llegado la obligación contractual a su final, no existe obligación posterior alguna, ni mucho menos la de sostener un contrato más de prestación de servicios, conforme a lo que establece el artículo 124-C párrafo segundo de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno vigente desde el 23 de enero del año 2014, de igual modo el demandado negó el despido, en vista que simplemente el contrato llegó a su fin, siendo de conocimiento de ambas partes la fecha en que terminaría la relación contractual, por lo que no se debe justificar un derecho por el simple hecho de haber finalizado, finalmente expresó que no compareció ante la Secretaría de Estado en los Despachos del Trabajo y Seguridad Social, por no ostentar su representado facultades para comparecer a ningún tipo de conciliación, así como por la naturaleza del Contrato a Término. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 8 de febrero del 2019, dictó sentencia declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por la señora Lourdes Judith Aguilar Ordoñez, en contra del Estado de Honduras. CONDENÓ a reconocer y declarar una relación de trabajo por tiempo indefinido y de carácter permanente, directamente con la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, reconocer una antigüedad laboral a partir del 12 de febrero del año 2010, asimismo reconocer todos los derechos que ostentan los empleados de carácter permanente; de igual forma pagar las prestaciones e indemnizaciones desglosadas de la forma siguiente, preaviso L. 140,000.00; auxilio de cesantía L. 420,000.00; auxilio de cesantía proporcional L. 62,027.69; vacaciones proporcionales L. 20,039.67; décimo cuarto mes proporcional L 34,999.95, sumando la cantidad de L. 677,067.31, más los dejados de percibir; SIN COSTAS. Bajo el criterio que la demandante fue contratada en un puesto de trabajo que por su continuidad y mismo empleador era de naturaleza indefinida, y siendo que por el entorno de la labor que desempeñaba, siempre se necesitaría personal para realizar tal actividad, resultando ser un personal o elemento indispensable, deduciendo que el Contrato de Trabajo que nació como temporal se desnaturalizó, ya que su permanencia en el tiempo y la naturaleza de la labor desempeñada provocó la exigencia y necesidad de la institución en cuanto a los puestos de trabajo, también agregó que el puesto de trabajo no se puede considerar de carácter temporal, pues los servicios que proporcionaba la demandante eran necesarios para la plena operatividad de la institución, tomando en cuenta la función y el objeto de creación de la misma, por lo que no pudo ser accidental, dicha forma de contratación no tenía la mínima intención de poner fin a la relación laboral suscrita originalmente como temporal, puesto que mediante el oficio No. 2163-SE-2016 de fecha 9 de noviembre del 2016, el Secretario de Estado en el Despacho de Educación se dirigió al Secretario de Estado de la Secretaría de la Presidencia, solicitándole el visto bueno para la contratación y posterior emisión de Dictamen de Servicio Civil para el año 2017 al Personal de Contrato de la Sub- Dirección General de Educación para Jóvenes y Adultos de la Secretaría de Educación, y dentro de tal listado se encontraba la demandante, es decir que tal solicitud a efecto de que se realizara la labor un año después de notificarle a la demandante su fecha de terminación de la relación laboral. También arguyó que si bien es cierto la parte demandada sostuvo que la demandante mantenía un cargo permanente en la Secretaría de Educación como Jefe de Sección, comprobado con el medio de prueba documental, no es menos cierto que mantuvo una contratación como Coordinadora Nacional en el Programa Educatodos, sin condición alguna y totalmente independiente del cargo de Jefe de Sección, en donde solicitó una licencia sin goce de salario, además adquirió todos los derechos que por ley le corresponden en el cargo desempeñado como Coordinadora Nacional, para lo cual el Código del Trabajo y sus principios resuelven éste tipo de abusos y violaciones contra los trabajadores, con lo establecido en el artículo 3 del Código del Trabajo, por lo que si el empleador utilizando el Contrato de Trabajo por tiempo determinado, pretendía rehuir a sus obligaciones patronales, son nulos ipso jure dichos Contratos de Servicios Profesionales y sus fechas de finalización, ya que los mismos eliminan y disminuyen derechos laborales y constitucionales, ya adquiridos por los trabajadores derivados de una relación típica de trabajo, haciendo la aclaración que lo que se invalida es la declaración fraudulenta o simulada de la voluntad de las partes, no respecto de la decisión de relacionarse o de vincularse jurídicamente, en consecuencia se extingue con la sanción de nulidad a cualquiera y a toda modalidad fraudulenta o de simulación, donde se pretenda la violación de derechos laborales, pero subsiste y deben de aplicarse al Contrato de Trabajo las normas laborales y previsionales por encima de la voluntad de las partes, por ser las normas de Derecho del Trabajo de orden público y de cumplimiento obligatorio, por consiguiente es nulo de pleno derecho, debiendo el empleador someterse a las disposiciones legales para despedir a un trabajador permanente con o sin causa justificada, asimismo según la necesidad social de todo ser humano en obtener un trabajo digno para garantizar su subsistencia, es que se aventura a suscribir cualquier contrato que entienda le ayudará a subvencionar sus necesidades y las de su familia, por lo que simple y llanamente firmaría o aceptaría cualquier contrato de trabajo o como se le denomine, bajo cualquier condición, por consiguiente y ante dicha debilidad social, es que la doctrina del Derecho del Trabajo y su carácter tuitivo, irrumpe e instaura los principios que ilustran ésta materia como el armazón fundamental de la disciplina, que se mantiene firme y sólida, pese a la variación, fugacidad y profusión de las normas, entre ellos, el Principio de Irrenunciabilidad de Derechos Laborales, por consiguiente, siendo que el vínculo de las partes está bajo el amparo del Código del Trabajo, por tratarse de una relación de trabajo, no de un Contrato de Servicios Profesionales, es entendido que la finalización de trabajo también es nula por ser ilegal y procede el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, además el principio de Estabilidad Laboral del Derecho del Trabajo, impone que el Contrato de Trabajo debe ser de duración continua e indeterminada como figura tipo de la relación laboral y exige que durante toda su vigencia se asegure al trabajador una adecuada protección contra el despido injustificado, de modo tal que éste tiene derecho a conservar el empleo mientras no se verifiquen circunstancias imputables a él que justifiquen su exclusión, por lo antes expuesto declaró con lugar la demanda de pago de prestaciones laborales, más los salarios dejados de percibir. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 15 de agosto del 2019, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, SIN COSTAS. Bajo el criterio que al haberse celebrado varios contratos de trabajo con el mismo empleador y en el mismo cargo, al final se convirtió en una relación laboral de carácter indefinido, aun y cuando se los denominó como Contratos de Servicios Profesionales, corroborándose bajo el Principio de Primacía de la Realidad que si en el vínculo jurídico que les unía, se identifican los elementos del contrato de trabajo, no deja de serlo porque se les denominó de otra manera, o porque se les incluyan clausulas diferentes, primando objetivamente lo que se probó en el campo del desarrollo del trabajo, el cual la demandante lo realizaba en forma personal, bajo la subordinación del patrono, con jornadas de trabajo, mediante el pago de una remuneración, por lo cual no cupo duda que existía una relación laboral, regulada y tutelada bajo las normas del derecho del trabajo, por ser la que garantiza la protección de los derechos que se originan de esa relación contractual. En cuanto a las alegaciones referentes a que la demandante ya tenía un cargo con carácter de permanente, y según se desprendió de la diligencias efectivamente ese cargo era como Jefe de Sección, en el cual se le otorgó permiso sin goce de sueldo para ocupar el cargo de Coordinadora Nacional del Programa Educatodos, que también depende de la Secretaria de Educación, por lo cual siguió laborando para el mismo empleador y en donde adquirió los derechos que por ley le correspondían, ya que tal cargo era independiente del de Jefe de Sección, por lo cual no tenía dos cargos de naturaleza permanente, al ser despedida no estaba en la obligación de renunciar a sus derechos, por formalismos contractuales, que conllevan a la disminución y tergiversación de sus derechos laborales, los cuales en principio se debían respetar o de lo contrario acarrearía responsabilidad. Establecida la competencia objetiva de la jurisdicción del trabajo, por haberse probado la existencia de la relación laboral, compete determinar si el despido fue injusto o no, en ese sentido consideró que existió aceptación por la parte demandada al reconocer que le dio fin al contrato en virtud de que éste llegó a su término, con lo cual se concluyó que no hubo ninguna causa de las que establece el Código del Trabajo para la terminación del contrato por causa justificada, lo cual efectivamente constituye un despido injustificado, pues no puede considerarse la voluntad de las partes en los contratos laborales, porque en estos se encuentra limitada la autonomía de la voluntad y normas de orden público, que por ende son de cumplimiento obligatorio, es así que estos deben regirse bajo los Principios que informan el Derecho del Trabajo, que se ha instituido para regular las relaciones que nacen entre patronos y trabajadores, buscando la armonía entre el capital y el trabajo, bajo los criterios de la aplicación de la justicia social, en la cual debe haber equilibrio entre los derechos de patronos y trabajadores, evitando los abusos, que puedan vulnerar los derechos de éstos últimos, y garantizándole al patrono que si existe causa justificada para la terminación de la relación laboral, podrá despedir al trabajador sin responsabilidad de su parte, de lo contrario todo despido operado fuera de lo que establece la ley acarrea responsabilidad. Por lo antes expuesto y siendo que al revisar la sentencia que se conoció en apelación, consideró que la misma reúne todos los requisitos establecidos por la Ley, que de su motivación se desprende, haber tomado en consideración todos los extremos que fueron objeto de debate, y probados oportunamente, haciendo acopio además de los Principios en que se sustenta el Derecho del Trabajo, por lo que es procedente y arreglado a derecho su confirmatoria. 5. Mediante auto de fecha 6 de febrero del 2020, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada NOHEMY JANETH TURCIOS GARCÍA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha 8 de abril del 2021, compareció ante éste Tribunal la Abogada NOHEMY JANETH TURCIOS GARCIA, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha 8 de abril del 2021, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 6 de mayo del 2021, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por el Abogado JUAN AGUSTIN AGUILERA, en condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.-Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II. Que la Abogada NOHEMY JANETH TURCIOS GARCIA, en su primer motivo de casación alega: “Acuso la sentencia de ser violatoria de la Ley sustantiva de orden nacional por infracción directa del artículo 738 del Código del Trabajo, al no tomar en cuenta el Tribunal Ad Quem: el medio de prueba documental público consistente en el Oficio de Notificación Número 1629-RH-2016, de fecha 1 de diciembre del año 2016, emitido por la Secretaría General de la Secretaria de Educación. (Folio 10). PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo de casación está comprendido en el numeral uno, párrafo segundo del artículo 765 Código de Trabajo. EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN LO EXPLICO ASÍ: El Tribunal Ad Quem, no tomó en cuenta el medio de prueba documental consistente en el oficio de notificación Número 1629-RH-201 6, de fecha 1 de diciembre del año 2016, emitido por la Secretaría General de la Secretaria de Educación. (Folio 10), en la que se establece que la relación laboral de la demandante LOURDES JUDITH AGUILAR ORDOÑEZ, se termina el día 31 de diciembre del año 2016, fecha indicada en el Contrato de Servicios Profesionales celebrado entre la demandante y la Secretaría de Educación, así como lo establece el artículo 46 inciso b) el que literalmente dice: "Contrato por tiempo limitado, cuando se especifica fecha para su terminación..." por lo que nunca hubo despido como lo quiere hacer valer la demandante, lo que hubo fue terminación de su relación laboral ”. III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la norma que indica como violada no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce y consagra correlativamente derechos y obligaciones o extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) olvida la Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley; c) el precepto autorizante no corresponde al tipo de infracción alegada; y, d) hace alegatos de instancia en la explicación del motivo, sin establecer la violación expresada en su formulación. IV. Que la Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de la Ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta de los artículos 19, 21, 26 y 46 inciso b del Código de Trabajo, ya que la Corte de Apelaciones del Trabajo violentó la ley por falta de apreciación de lo expuesto en el medio de prueba documental público correspondientes a los Contratos de Servicios Profesionales que se encuentran en los Folios 31 al 102, donde consta que la relación laboral es por tiempo determinado, pues en cada uno de los contratos se establece la fecha de inicio y la fecha de finalización. Tampoco Honorables Magistrados, el Tribunal Ad Quem no hizo una valoración jurídica del Artículo 19 del Código de Trabajo en cual establece “Contrato individual de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a ejecutar una obra o a prestar sus servicios personales a otra persona natural o jurídica, bajo la continua dependencia o subordinación de esta y mediante una remuneración" que dicha definición está subordinada a lo establecido en el artículo 21 en que establece "se presume que toda relación de todo trabajo personal está regida por un contrato" el cual es violentado por el Tribunal Ad-Quem en virtud de darle una connotación diferente al concederle pago de prestaciones e indemnizaciones laborales a la demandante que ha sido contratada a término ya que el mismo se entrelaza con lo establecido en el artículo 26 el que establece "Que el contrato de trabajo obliga a lo expresamente pactado.....", artículo 46 inciso b) el que literalmente dice: "Contrato por tiempo limitado, cuando se especifica fecha para su terminación..." asimismo es importante mencionarle que la señora LOURDES JUDITH AGUILAR ORDOÑEZ ya tiene una plaza permanente en el Sistema Educativo Nacional el cual se hace constar con los vauchers de salario, antigüedad, y acuerdos los cuales corren agregados en los folios Nos. 103 al 1 13, lo que hace justificante analizar y valorizar. PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral 1° del Código del Trabajo: el cual textualmente dice: son causales de casación: 1° Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea. Si la violación de la ley proviene de apreciación errónea o falta de apreciación de determinada prueba, es necesario que se alegue por el recurrente sobre este punto, demostrando haberse incurrido por el o sentenciador en error de hecho o de derecho que aparezca de manifiesto en los autos. Solo habrá lugar a error de derecho en la casación de trabajo cuando se haya dado por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la ley. Por exigir esta al efecto una determinada solemnidad para la validez del acto, pues en este caso no se debe admitir su prueba por otro medio y también cuando deja de apreciarse una prueba de esta naturaleza, siendo el caso de hacerlo, porque así mismo no se concibe como juzgar a mi representada por contratar bajo una de las modalidades contempladas en la Ley nacional vigente. EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN LO EXPLICO ASÍ: El objeto de pedir concurre en lo que reclama, el reclamo lo constituye el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, por lo cual existe la identidad del objeto de pedir y la causa de pedir corresponde al hecho jurídico o material que sirve de fundamento al derecho reclamado y que en segunda instancia el acto jurídico y material que motiva el reclamo lo constituye la terminación contractual laboral con mi representada y siendo que en dichas relaciones contractuales mi representada no tiene obligación alguna de hacer erogación de pagos de prestaciones e indemnizaciones laborales por la siguiente razón: primero porque el pago solo le corresponde al personal que ha sido despedido injustificadamente y en el caso que nos ocupa no hay tal despido sino una notificación de no renovación de contrato, en tal sentido el tribunal de segunda instancia no consideró que el Código de Trabajo señala los contratos a término como una de sus modalidades y establece que los mismos obliga a lo expresamente pactado. La violación de la ley por la Corte de Apelaciones del Trabajo, proviene de la falta de apreciación de las pruebas antes mencionadas (Artículos 765 numeral 1° del Código del Trabajo)”. V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) dentro de las normas que indica como violadas los artículos 19, 21 y 46 b) del Código del Trabajo, no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce y consagra correlativamente derechos y obligaciones o extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica correctamente el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; c) alega violación indirecta pero no establece normas procesales las cuales sirvieron de medio para la violación de la norma sustantiva; y, d) hace alegatos de instancia en la explicación del motivo, sin establecer la violación expresada en su formulación. VI. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los siete días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha veintidós de junio del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número CL606-2019. Firma y sello.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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