Sentencia CL-576-19 — Registro 13390
Resumen
demanda ordinaria laboral para que en sentencia definitiva se declare por tiempo indefinido la relación laboral originada por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo; en consecuencia, concederles todos los derechos que ostentan los empleados con carácter permanente, asimismo la reinstalación a los puestos de trabajo y restitución a sus funciones que fueron suspendidos y ante la negativa del patrono de la no suscripción de un nuevo contrato de trabajo, pago de salarios adeudados, pago de salarios dejados de percibir, pago de décimo tercer mes y décimo cuarto mes, vacaciones causadas y proporcionales
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible por los defectos técnicos siguientes: a) a) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo 765 del Código del Trabajo en que encuentra comprendido el cargo; b) entre las normas que indica como violadas (Artículo 46 b) del Código del Trabajo) no ostenta el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; c) no demuestra el error en que incurrió el Juzgador, debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos; y, d) formula alegatos propios de instancia.- IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación.-"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los quince días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha veintiséis de marzo del dos mil veintiuno, por el Abogado TOMAS ALBERTO MONCADA RAMOS, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además es parte recurrida, los señores MANUEL RICARDO RODRIGUEZ AZUCENA y HECTOR ENRIQUE CRUZ CASTILLO, representados en juicio por la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para que en sentencia definitiva se declare por tiempo indefinido la relación laboral originada por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo; en consecuencia, concederles todos los derechos que ostentan los empleados con carácter permanente, asimismo la reinstalación a los puestos de trabajo y restitución a sus funciones que fueron suspendidos y ante la negativa del patrono de la no suscripción de un nuevo contrato de trabajo, pago de salarios adeudados, pago de salarios dejados de percibir, pago de décimo tercer mes y décimo cuarto mes, vacaciones causadas y proporcionales, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro de abril del dos mil dieciséis, por los señores MANUEL RICARDO RODRIGUEZ AZUCENA, Jefe de Seguridad y HECTOR ENRIQUE CRUZ CASTILLO, Motorista; ambos mayores de edad, casados, hondureños y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (SEDIS), por medio del Procurador General de la República, Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha cinco de septiembre del dos mil diecinueve, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha dieciocho de febrero del dos mil diecinueve, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: I.- Declarar CON LUGAR la Demanda Ordinaria para que en Sentencia Definitiva se declare por tiempo indefinido relación laboral originada por la suscripción de varios Contratos continuos e ininterrumpidos en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo; conceder todos los Derechos que ostentan los empleados con carácter permanente. Reinstalación a sus puestos de trabajo y restitución a sus funciones Pago de salarios dejados de percibir. Vacaciones causadas (HECTOR ENRIQUE CRUZ CASTILLO) y proporcionales; instaurada por el Señor MANUEL RICARDO RODRIGUEZ AZUCENA y HECTOR ENRIQUE CRUZ CASTILLO; contra EL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA; a lo siguiente: a) Reintegrar a los Señores MANUEL RICARDO RODRIGUEZ AZUCENA y HECTOR ENRIQUE CRUZ CASTILLO; a sus puestos de trabajo por lo menos en igualdad de condiciones de trabajo que mantenían al momento de operarse la ruptura del contrato; restitución a sus funciones; al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se materialice el reintegro ordenado, y demás derechos adquiridos en su ausencia, debiendo la Institución demandada nombrarlos como empleados permanentes desde el inicio de la relación laboral MANUEL RICARDO RODRIGUEZ AZUCENA 06 de mayo de 2015 y HECTOR ENRIQUE CRUZ CASTILLO el 01 de agosto de 2014 para lo cual deberán emitir el Acuerdo Ministerial correspondiente en el cual se nombre a los Señores MANUEL RICARDO RODRIGUEZ AZUCENA, HECTOR ENRIQUE CRUZ CASTILLO; b) Asimismo pagarle a los Señores MANUEL RICARDO RODRIGUEZ AZUCENA Y HECTOR ENRIQUE CRUZ CASTILLO; vacaciones causadas y proporcionales; c) Asimismo conceder el goce de las vacaciones al Señor HECTOR ENRIQUE CRUZ CASTILLO conceptos que serán liquidados junto con los salarios dejados de percibir que en su momento procesal oportuno corresponda. III.- Declarar SIN LUGAR a demanda Ordinaria Laboral para el pago de salario adeudados; décimo tercer y décimo cuarto mes; vacaciones causadas al Señor MANUEL RICARDO RODRIGUEZ AZUCENA; instaurada por los Señores MANUEL RICARDO RODRIGUEZ AZUCENA Y HECTOR ENRIQUE CRUZ CASTILLO; contra EL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA; ABSOLVER: AL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA; de pagar a los Señores MANUEL RICARDO RODRIGUEZ AZUCENA Y HECTOR ENRIQUE CRUZ CASTILLO dichos conceptos. IV.- SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que iniciaron la relación laboral para el Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), de la siguiente manera: 1) Manuel Ricardo Rodríguez Azucena, el 06 de mayo del 2015, desempeñándose en el puesto de Jefe de Seguridad, devengando un salario mensual de L.15,000.00; y, 2) Héctor Enrique Cruz Castillo el 01 de agosto del 2014, como Motorista, devengando un salario mensual de L.8,000.00. Los demandantes desempeñaron sus labores de manera continua e ininterrumpida, siendo la vigencia de su último contrato el 31 de diciembre de 2015, sin embargo, continuaron laborando para la demandada bajo las órdenes de su empleador y sin contrato hasta el 18 de enero de 2016. En virtud de la suscripción de varios contratos de trabajo de forma continua e ininterrumpida y al tenor de lo preceptuado en el artículo 47 y 52 del Código del Trabajo, los demandantes manifestaron que les corresponde la permanencia en sus puestos de trabajo y los derechos que la misma acarrea. Una vez vencido su último contrato el 31 de diciembre de 2015, continuaron laborando para la demandada hasta el 18 de enero de 2016, que mediante oficio de fecha 04 de enero de 2016, notificaron a los demandantes la terminación de la relación laboral sin justificación alguna, agostándose el trámite administrativo respectivo, sin llegar a ningún acuerdo conciliatorio entre las partes.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que los demandantes prestaron sus servicios profesionales por tiempo determinado a la demandada, dichos contratos contaban con fecha de inicio y de expiración. Por otra parte rechazaron tanto lo referente al salario que los demandantes devengaban, como el alegato de suscripción de este tipo de contratos que no los hace continuos, interrumpidos ni permanentes como lo quieren hacer ver las partes, ya que cada contrato suscrito es independiente uno del otro, conforme a la cantidad presupuestaria aprobada al efecto por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, el cual se somete en todo caso a la legislación laboral en lo preceptuado en el artículo 46 literal b), del Código de Trabajo que literalmente dice: "El contrato individual de trabajo puede ser: … b) Por tiempo limitado cuando se especifica fecha para su terminación”, característica que no permite conceptualizar que haya habido secuencia contractual, pues las obligaciones de las partes estaban dentro del margen establecido en las cláusulas contractuales legalmente determinadas, consentidas y aceptadas sin objeción alguna por parte de los demandantes. Que las obligaciones a que están sujetos los demandantes son administrativas, para tal efecto conforme a la cláusula Decima Cuarta de los contratos de Servicios Profesionales, literalmente expresa: “Controversias. Para dirimir las controversias que podrían surgir en la aplicación de este contrato, ambas partes aceptan someterse a la Jurisdicción de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, ubicados en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central”. Los demandantes reconocen que su último contrato de trabajo venció el 31 diciembre del año 2015 y que laboraron 18 días más o sea hasta el 18 de enero del 2016, esto es debido a que los contratos que vinculaban a las partes, llegaba a su fin, pretendiendo tergiversar la terminación de los contratos manifestando los demandantes que la misma fue sin justificación alguna.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciocho de febrero del dos mil diecinueve, dictó sentencia que en su parte conducente, dice: “FALLA: I.- Declarar CON LUGAR la Demanda Ordinaria para que en Sentencia Definitiva se declare por tiempo indefinido relación laboral originada por la suscripción de varios Contratos continuos e ininterrumpidos en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo; conceder todos los Derechos que ostentan los empleados con carácter permanente. Reinstalación a sus puestos de trabajo y restitución a sus funciones Pago de salarios dejados de percibir. Vacaciones causadas (HECTOR ENRIQUE CRUZ CASTILLO) y proporcionales; instaurada por el Señor MANUEL RICARDO RODRIGUEZ AZUCENA y HECTOR ENRIQUE CRUZ CASTILLO; contra EL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA; a lo siguiente: a) Reintegrar a los Señores MANUEL RICARDO RODRIGUEZ AZUCENA y HECTOR ENRIQUE CRUZ CASTILLO; a sus puestos de trabajo por lo menos en igualdad de condiciones de trabajo que mantenían al momento de operarse la ruptura del contrato; restitución a sus funciones; al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se materialice el reintegro ordenado, y demás derechos adquiridos en su ausencia, debiendo la Institución demandada nombrarlos como empleados permanentes desde el inicio de la relación laboral MANUEL RICARDO RODRIGUEZ AZUCENA 06 de mayo de 2015 y HECTOR ENRIQUE CRUZ CASTILLO el 01 de agosto de 2014 para lo cual deberán emitir el Acuerdo Ministerial correspondiente en el cual se nombre a los Señores MANUEL RICARDO RODRIGUEZ AZUCENA, HECTOR ENRIQUE CRUZ CASTILLO; b) Asimismo pagarle a los Señores MANUEL RICARDO RODRIGUEZ AZUCENA Y HECTOR ENRIQUE CRUZ CASTILLO; vacaciones causadas y proporcionales; c) Asimismo conceder el goce de las vacaciones al Señor HECTOR ENRIQUE CRUZ CASTILLO conceptos que serán liquidados junto con los salarios dejados de percibir que en su momento procesal oportuno corresponda. III.- Declarar SIN LUGAR a demanda Ordinaria Laboral para el pago de salario adeudados; décimo tercer y décimo cuarto mes; vacaciones causadas al Señor MANUEL RICARDO RODRIGUEZ AZUCENA; instaurada por los Señores MANUEL RICARDO RODRIGUEZ AZUCENA Y HECTOR ENRIQUE CRUZ CASTILLO; contra EL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA; ABSOLVER: AL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA; de pagar a los Señores MANUEL RICARDO RODRIGUEZ AZUCENA Y HECTOR ENRIQUE CRUZ CASTILLO dichos conceptos. IV.- SIN COSTAS…”. Bajo el criterio que si bien es cierto la parte demandada invoca que se trata de Contratos por Tiempo Determinado, cuya terminación ya está establecida en su texto y aceptada por las partes; también es cierto que de conformidad con lo señalado en la Constitución de la República y Código del Trabajo, son nulos ipso jure todos los actos y estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la constitución, el Código del Trabajo, sus Reglamentos o las demás Leyes de Trabajo y Previsión Social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato de trabajo u otro pacto cualquiera. Que los Contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se consideraran como celebrados por tiempo indefinido, aunque en ellos se exprese termino de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que le dio origen a la materia de trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas. Que si bien es cierto los demandantes laboraron a través de Contratos de Prestación de Servicios Profesionales, no menos cierto es que las labores que ellos realizaban son de naturaleza permanente en la Institución; asimismo la parte demandada no acredito en autos que el patrono haya tenido justa causa para ejecutar la terminación de trabajo. Que al hacer un estudio de las pruebas aportadas al proceso que los actores desde que iniciaron su relación laboral con la Institución demandada ha sido continua y para la misma clase de trabajo; por lo consiguiente esta continuidad de celebración de Contratos se entiende por tiempo indefinido por lo que se cumple con la condición para considerar un trabajador permanente; de igual forma la parte demandada no señala una causa justa al momento de la terminación de la relación laboral, razón por la cual la suscrita es del criterio que procede declarar CON LUGAR la demanda de mérito; asistiéndoles el derecho a ser reintegraos a sus puestos de trabajo que tenían al momento de la ruptura del Contrato de Trabajo y al pago de los salarios dejados de percibir, así como la restitución a sus funciones; y los demás derechos que se hayan otorgado en ausencia de los actores. En cuanto a los salarios adeudados procede declarar SIN LUGAR ya que con el media de prueba RECONOCIMIENTO JUDICIAL se acredito que a los demandantes ya se les hizo efectivo a ambos el pago del 1 al 18 de enero de 2016; en lo que respecta al pago de décimo tercer y décimo cuarto mes de igual forma se declaran SIN LUGAR en vista de que con el mismo medio de prueba RECONOCIMIENTO JUDICIAL que se encuentra a folio 74 vuelto de los autos se acredito que se les hizo efectivo a ambos demandantes estos conceptos; en lo que se refiere a las vacaciones causadas se declaran SIN LUGAR en cuanto al señor RODRIGUEZ AZUCENA ya que gozo de vacaciones en el mes de noviembre y diciembre del año 2015; pero las mismas no fueron remuneradas a excepción del señor CRUZ CASTILLO que se declaran CON LUGAR el goce y pago ya que se acredito a folio 74 vuelto de los autos que no gozo de vacaciones ni tampoco se le hicieron efectivas; en lo que concierne a las vacaciones proporcionales se declaran CON LUGAR para ambos demandantes ya que no se acreditó en autos que se les hayan hecho efectivas; conceptos que serán liquidados junto con los salarios dejados de percibir que en su momento procesal oportuno corresponda.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco de septiembre del dos mil diecinueve, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que los demandantes laboraron bajo la modalidad de contrato de servicios profesionales, desempeñándose el señor Manuel Ricardo Rodríguez en el cargo de Jefe de Seguridad desde el 06 de mayo del 2014, con un salario ultimo de L.15,000.00, a quien mediante Oficio No. RRHH-SEDIS-068-2016 de fecha 04 de enero del 2016, se le comunico por parte de la Coordinadora General de enlaces de Recursos Humanos, que su relación contractual con la institución finalizo el 31 de diciembre del 2015, el mismo no será objeto de renovación; y el señor Héctor Enrique Cruz Castillo en el cargo de Motorista desde el 01 de agosto del 2014, con un salario ultimo de L.8,000.00, a quien mediante Oficio No. RRHH-SEDIS-038-2016 de fecha 04 de enero del 2016, se le comunico por parte de la Coordinadora General de enlaces de Recursos Humanos que su relación contractual con la institución finalizo el 31 de diciembre del 2015, el mismo no será objeto de renovación. Con los contratos de prestación de servicios profesionales por tiempo determinado agregados de los autos suscrito por las partes del proceso, con vigencias periódicas continuas e ininterrumpidas, para el desempeño de las mismas funciones para con el mismo contratante; por lo que se estima que tales sucesos encajan en las disposiciones legales contenidas en los artículos 20, 47, 52 párrafo segundo del Código del Trabajo; cabe mencionar que al momento de apreciar los hechos a la luz de las normas laborales, que tales contratos relativos a labores que, por su naturaleza son permanentes o continuas en la institución, se consideran como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese termino de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que le dio origen o la materia del trabajo para la prestación de servicio; no habiendo la parte demandada acreditado lo contrario y con la decisión unilateral de dar por terminada la relación laboral de los demandantes, por haber llegado a la fecha vencimiento de los respectivos contrato, sin que por tal motivo haya lugar a la terminación de la relación laboral, hizo que los demandantes hicieran uso del derecho que les conceden los artículos 113 y 117 del Código del Trabajo, cual es, de emplazar a su patrono ante los Tribunales del Trabajo para que les pruebe la justa causa en que fundó el despido, caso contrario, el patrono está obligado a probar la justa causa de la separación.- 5. Mediante auto de fecha veintinueve de enero del dos mil veinte, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado TOMAS ALBERTO MONCADA RAMOS, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha veintiséis de marzo del dos mil veintiuno, compareció ante este Tribunal el Abogado TOMAS ALBERTO MONCADA RAMOS, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha veintiséis de marzo del dos mil veintiuno, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha tres de agosto del dos mil veintiuno, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte de la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que el Abogado TOMAS ALBERTO MONCADA RAMOS en su primer y único motivo de casación alega: “La Sentencia impugnada ha sido emitida con violación de ley por error de hecho por falta de apreciación de prueba, siendo violatoria de normas sustantivas nacionales como lo expresare en los siguientes motivos de Casación. Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva nacional y de índole laboral, por error de hecho por falta de valoración del medio de prueba documental admitido a la parte demandada, que adelante se singulariza en relación a las demás pruebas en su conjunto y que hizo incurrir en error de hecho que aparece manifiesto en los autos, y que llevó en forma indirecta a la Corte Sentenciadora a la violación del artículo 46 letra b), 864 y 867 del código de trabajo como normas sustantivas vulneradas del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 párrafo primero y segundo del Código del Trabajo. NORMAS ADJETIVAS QUE SIRVIERON DE MEDIOS: Las normas adjetivas que sirvieron de medios para la violación de la sustantiva señalada, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código de Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO: La Corte Sentenciadora, al confirmar por unanimidad de votos el fallo dictado por el Juzgado de primera instancia, manifiestamente incurrió en error de hecho, por falta de apreciación de prueba Medio de Prueba Documental señalado anteriormente, admitido y evacuada en su oportunidad; en relación a los demás medios de prueba en su conjunto. En ese aspecto, el juzgador no está sujeto a tarifa legal de las pruebas, sino que forma libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la sana critica de la prueba, tal y como está consagrado en el artículo 739 del Código del Trabajo; pero esta, disposición no impide de manera alguna que el Tribunal se coloque en una posición de profundo análisis para poder llegar a la verdad de los hechos, para impartir justicia aplicando la ley. Es decir, que deviene obligado a efectuar las apreciaciones de las pruebas en su conjunto o sea ello es una obligación imperativa y esa apreciación debe ser acertada, razonada y completa. En el caso en particular, si hubiese apreciado el tribunal recurrido, el medio de prueba señalado, se hubiera dado por establecido en forma indubitable que la parte demandante firmo y acepto unas condiciones de contratación con mi representada que la excluyen totalmente de esta jurisdicción y que no generaban para el contratante (Estado de Honduras) ningún tipo de obligación para con los ahora demandantes, claro está, que este medio de prueba no fue apreciado por la Corte recurrida, lo que resulta evidente el error judicial en la falta de valoración de ese material probatorio; todo lo anterior en violación de lo dispuesto el artículos 46, 864 y 867 del Código de Trabajo, en tal sentido Honorables Magistrados de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, tomando en consideración que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de esta sección judicial, confirma la sentencia dictada por el juzgado de primera instancia en la que falla condenar al Estado de Honduras y reintegrar a los demandantes. En adición a lo anterior, si la prueba documental señalada hubiese sido valorada, el juzgador se hubiese percatado que a los demandantes su contratación le consistía en prestar servicios específicos a la administración en la medida y con el alcance que ésta determine (concepto que rige la Ley de Contratación del Estado para los contratos de Servicios Profesionales o Técnicos); y sobre todo no tienen el carácter de permanente por lo que deja de existir relación laboral alguna entre las partes y allí finaliza el vínculo, por lo que debió concluir acertadamente que a la demandante, no se le puede reintegrar por parte del Estado ya que la contratación realizada era por tiempo definido o determinado. Por no haber hecho la apreciación de la prueba, le impide también a la Corte sentenciadora concluir que la pretensión de reintegro no procede porque el Estado se encuentra limitado ya que la contratación a la cual ella fue sometida es de las que se realiza para una determinada labor y finalizada esta, finaliza la razón de ser de la misma, además de las limitaciones presupuestarias impuestas al Estado por la misma ley y que el A-Quem está prácticamente obligando a mi representado a cumplir, a sabiendas de que el cumplimiento de esa sentencia provocaría que se realice un abuso y un acto ilegal por parte del Estado. SOBRE LA DENUNCIA DE LOS VICIOS PROCESALES EN LA INSTANCIA: Al recaer estos vicios en la sentencia definitiva, no se pudo realizar la denuncia previa de estos vicios, siendo este recurso extraordinario el único remedio procesal para enmendar la infracción denunciada”.- III. Que el cargo que antecede resulta inadmisible por los defectos técnicos siguientes: a) a) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo 765 del Código del Trabajo en que encuentra comprendido el cargo; b) entre las normas que indica como violadas (Artículo 46 b) del Código del Trabajo) no ostenta el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; c) no demuestra el error en que incurrió el Juzgador, debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos; y, d) formula alegatos propios de instancia.- IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE.- FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de diciembre del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha quince de noviembre del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número CL 576-19.Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
2 de 2