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Sentencia CL-575-19 — Registro 13389

Resumen

demanda ordinaria laboral para la reinstalación a un puesto de trabajo y restitución a las funciones de una trabajadora, en virtud de haber sido suspendida de las mismas y ante la negativa del patrono de la no suscripción de un nuevo contrato de trabajo y en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo, en consecuencia concederle todos los derechos que ostentan los empleados con carácter permanente, pago de salarios dejados de percibir, costas

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) no demuestra el error en que incurrió el Juzgador, debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos; y, b) formula alegatos propios de instancia.- VI.  Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación.-"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los quince días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 14 de abril del 2021, por la Abogada IRIS WALDINA UCLES MOLINA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, la señora EMILIA ALVARADO MUNGUIA, representada en juicio por la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para la reinstalación a un puesto de trabajo y restitución a las funciones de una trabajadora, en virtud de haber sido suspendida de las mismas y ante la negativa del patrono de la no suscripción de un nuevo contrato de trabajo y en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo, en consecuencia concederle todos los derechos que ostentan los empleados con carácter permanente, pago de salarios dejados de percibir, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 06 de agosto del 2015, por la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en su condición de apoderada legal de la señora EMILIA ALVARADO MUNGUIA, mayor de edad, soltera, de oficios domésticos, hondureña y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD PÚBLICA, por medio de su Procurador General de la República, el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 29 de agosto del 2019, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que en su parte conducente dice: “FALLA: I.- Declarar CON LUGAR PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto por la Abogada IRIS WALDINA UCLES MOLINA en su condición de Representante Procesal de la parte apelante-demandada.- II.- REFORMAR PARCIALMENTE la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán de fecha veinticinco de enero del año dos mil diecinueve que corre a folios del 114 al 116 de la primera pieza de autos de la forma siguiente: UNO: CONFIRMAR los numerales 1 y 2 de la parte dispositiva de la sentencia apelada.- DOS: REVOCAR PARCIALMENTE el numeral 3) en cuanto a declarar SIN LUGAR lo ordenado por el Juzgado A-quo a que se proceda a tramitar un Acuerdo Ejecutivo para el nombramiento de la demandante de manera permanente y CONFIRMAR dicho numeral en los demás pronunciamientos.- III.- SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que comenzó a laborar con el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud Pública, mediante la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos desde el 23 de marzo del 2010, desempeñando el puesto de Aseadora, devengando un salario mensual de L.6,135.00 reajustado al salario mínimo por la Secretaría del Trabajo a L. 7,312.00; que desde el inicio de la relación laboral la demandante desempeñó las mismas funciones de manera permanente e ininterrumpida bajo la subordinación del mismo empleador, los contratos que firmó fueron de manera continua, las cuales reúnen los elementos del contrato de trabajo estipulados en el artículo 20 del Código del Trabajo, labores que además eran de carácter continua y permanentes, por lo que se entiende que nos encontramos ante un contrato de trabajo por tiempo indeterminado al tenor del artículo 47 del Código del Trabajo y 52 párrafo tercero del mismo cuerpo legal; que el 31 de diciembre del año 2015, fecha de terminación del último contrato suscrito entre las partes, la institución demandada no renovó el mismo, a pesar de ser conscientes que a la demandante le asiste el derecho a la permanencia en el puesto de trabajo que ha venido desempeñando de manera continua e ininterrumpida por lo que se ve en la obligación la parte demandada de otorgarle a la demandante la permanencia y la reinstalación a su puesto de trabajo con la restitución de sus funciones.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda rechazando las pretensiones de la demandante en vista que existió una relación contractual con la parte demandada a través de contratos de servicios profesionales a término con fecha de inicio y finalización, que establecían derechos y obligaciones recíprocas entre las partes, sujetas al derecho administrativo, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Persona de la Secretaría de Salud; que la relación no fue continua e ininterrumpida como lo pretende hacer ver el demandante y que los derechos que solicita, son únicamente para empleados permanentes, lo que no es el caso, que de ninguna forma hacen presumir la continuidad en su puesto de trabajo que desempeñaba la demandante, contratos que su contenido fue aceptado en su totalidad por la demandante, y en caso de controversia debió acudir al Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo en concordancia en lo preceptuado por el artículo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por lo que la cancelación de las obligaciones que existió entre las partes finalizó una vez expirado el plazo de vigencia conforme a lo que establece el artículo 124-C párrafo segundo de la Ley Para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, vigente desde el 23 de enero de 2014, que establece: “En caso de los empleados por contrato, los mismos deberán sujetarse al plazo y a las condiciones contractuales convenidas entre las partes”.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 25 de enero del 2019, dictó sentencia que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral promovida por EMILIA ALVARADO MUNGUIA en contra del ESTADO DE HONDURAS a través de su Representante Legal la Procuradora General de la República de aquel entonces ABRAHAM ALVARENGA URBINA. 2) Declara la relación de trabajo permanente a partir del 1 de febrero del año 2012, por lo cual a partir de la citada fecha, la demandante EMILIA ALVARADO MUNGUIA goza de la condición de empleada permanente del ESTADO DE HONDURAS. 3) CONDENA al ESTADO DE HONDURAS a reintegrar a la demandante EMILIA ALVARADO MUNGUIA en iguales o mejores condiciones a las que tenía al momento del despido, al pago de los salarios dejados de percibir desde que se produjo el despido hasta que sea reinstalada en su puesto de trabajo como ASEADORA en la Región de Salud No 17 Valle, reconociéndole además todos los derechos y conquistas laborales otorgadas a los demás trabajadores en ausencia de la demandante, para lo cual se ORDENA a la Secretaría de Salud que proceda a tramitar el Acuerdo Ejecutivo mediante el que se nombre a la demandante de manera permanente. SIN COSTAS…”; bajo el criterio que el contrato por tiempo indeterminado se encuentra más favorecido por las disposiciones legales protectoras basadas en la permanencia de la relación de trabajo, por lo que existe una firme corriente favorable a constituir esta regla en el imperativo legal del cual solo se reconocen excepciones en casos determinados, de allí que existe una marcada tendencia a declarar existente un contrato por tiempo indeterminado en casos de prórrogas sucesivas a los que se refiere el artículo 48 del Código del Trabajo y, en general, en todos aquellos donde la fijación del término, con la intención de hacer fraude a la ley, pueda considerarse simulada. Que siendo que la relación del trabajo con la demandante era laboral y de tipo permanente, razón por la cual el Estado de Honduras se encontraba en la obligación de otorgar a la demandante, la permanencia en su puesto de trabajo procediendo a tramitar el Acuerdo Ejecutivo correspondiente en el cual fuera reconocida su antigüedad y la permanencia en el puesto de trabajo de manera indefinida. Que de conformidad al artículo 129 constitucional y 113 literal b) del Código del Trabajo, a la demandante se le reconoce el derecho de ser reintegrada a su puesto de trabajo como ASEADORA en la Secretaría de Salud, específicamente en la Departamental de Salud No 17, del departamento de Valle, además a pagarle los salarios dejados de percibir desde la terminación del contrato hasta la fecha en que sea reintegrada a su puesto de trabajo, reconociéndole además todos los derechos adquiridos por el resto de los trabajadores de la Secretaría de Salud en ausencia de la demandante.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 29 de agosto del 2019, dictó sentencia que en su parte conducente dice: “FALLA: I.- Declarar CON LUGAR PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto por la Abogada IRIS WALDINA UCLES MOLINA en su condición de Representante Procesal de la parte apelante-demandada.- II.- REFORMAR PARCIALMENTE la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán de fecha veinticinco de enero del año dos mil diecinueve que corre a folios del 114 al 116 de la primera pieza de autos de la forma siguiente: UNO: CONFIRMAR los numerales 1 y 2 de la parte dispositiva de la sentencia apelada.- DOS: REVOCAR PARCIALMENTE el numeral 3) en cuanto a declarar SIN LUGAR lo ordenado por el Juzgado A-quo a que se proceda a tramitar un Acuerdo Ejecutivo para el nombramiento de la demandante de manera permanente y CONFIRMAR dicho numeral en los demás pronunciamientos.- III.- SIN COSTAS…”. Bajo el criterio que entre las pretensiones de la demandante se encuentran la reinstalación a su puesto de trabajo ante la no suscripción de un nuevo contrato de trabajo, la permanencia en el mismo, con los derechos de los empleados permanentes, así como los salarios dejados de percibir, sobre las cuales verso el objeto del debate, habiendo acreditado por parte de la demandante la relación laboral que la unía con el demandado, el salario que percibía, y la naturaleza del trabajo que es permanente en dicha institución, así como la suscripción de varios contratos, denominados de servicios profesionales y técnicos, que en esencia son verdaderos contratos de trabajo, ya que se identifican los elementos típicos del contrato de trabajo, y no dejará de serlo cualquiera que sea la denominación que se le dé, ya que de su lectura se desprende, que no son contratos de servicios profesionales, no llenan los requisitos del mismo, partiendo del hecho que en estos no existe la subordinación como elemento del contrato, mucho menos la jornada de trabajo, ni pagos mensuales en carácter de remuneración, además por la clase de trabajo, si bien es un trabajo muy digno no se necesita ser un experto para desempeñarse en el cargo, habida cuenta que el contrato de servicios profesionales se utiliza más para servicios especializados o para obra determinada, por lo que se puede concluir que lo que existe es una simulación contractual, que violenta los derechos de la demandante, por lo que haciendo acopio del Principio de Primacía de la Realidad, quedó acreditado, que la demandante, realizaba un trabajo de naturaleza permanente y lo hizo de forma continua mediante verdaderos contratos de trabajo, y no habiéndose probado ninguna causa de justificación para la terminación de la relación laboral, debe ser reinstalada a su puesto de trabajo, con el pago de los derechos que le corresponden. Que efectivamente en la sentencia que se recurre la Juez sin ninguna motivación, ni fundamentación, ha ordenado la tramitación de un Acuerdo de Carácter Ministerial, sin ser una pretensión de la parte demandante, lo que sin duda alguna vendría a cambiar el estatus que ostenta la demandante, y que no podría de manera alguna nacer de un contrato de trabajo, porque ambas cosas son excluyentes, por lo que procede reformar la sentencia que se conoce en apelación en el único sentido de revocar ese pronunciamiento, por no estar acorde al petitorio de la demanda, no haber sido objeto de debate, y en definitiva por no estar conforme a derecho.- 5.- Mediante auto de fecha 29 de enero del 2020, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada IRIS WALDINA UCLES MOLINA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 14 de abril del 2021, compareció ante éste Tribunal la Abogada IRIS WALDINA UCLES MOLINA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo DOS motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha 14 de abril del 2021, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 3 de agosto del 2021, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que la Abogada IRIS WALDINA UCLES MOLINA, en el primer motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de la Ley sustantiva nacional y de índole laboral, en infracción directa de la disposición contenida en el artículo 97 numerales 1, 2 y 13. Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de la Ley sustantiva nacional y de índole laboral del Código de Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 97 numerales 1, 2 y 13 del Código del Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO. La Corte sentenciadora, al confirmar por unanimidad de votos, el fallo dictado por el Juzgado de primera instancia, incurrió en infracción directa o falta de aplicación del 97 numeral 1, 2 y 13 del Código de Trabajo en virtud que está debidamente acreditado en autos que la relación que tuvo la señora EMILIA ALVARADO MUNGUIA fue a través de CONTRATOS DE SERVCIOS PROFESIONALES y TECNICOS.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible ya que el motivo no cumple los requisitos sine qua non exigida en el artículo 769 numeral 5) del Código de Trabajo.- IV. Que la Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de la ley sustantiva nacional y de índole laboral, por infracción indirecta por no apreciar los medios de prueba documental admitido, y que hizo incurrir en error de hecho que aparece manifestó en autos y que llevó en forma indirecta a la Corte sentenciadora a la violación del artículo 97 numerales 1,2 y 13 del Código de Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo: NORMAS ADJETIVAS QUE SIRVIERON DE MEDIO: Las normas adjetivas que sirvieron de medio para la violación de las sustancias señaladas, están contenidos en los artículos 738 y 739 del Código de Trabajo. PRUEBA APRECIADA ERRONEAMENTE: Singularizo las pruebas erróneamente apreciadas, de la siguiente manera: La documental: Admitida a la parte demandada (ver folios 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,74, 75, 76,77,78, 79, 80, 81, 82, 83, 84,85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, de la primera pieza, en relación con la prueba en su conjunto. EXPLICACION DEL MOTIVO: La Corte sentenciadora , al confirmar por unanimidad de votos el fallo dictado por el Juzgado de Primera Instancia, manifiestamente, incurrió en error de hecho, al apreciar erróneamente el medio de prueba señalado anteriormente y evacuados en su oportunidad, relación a los demás medios de prueba en su conjunto, ya que si bien es cierto el juzgador no está sujeto a la tarifa legal de las pruebas, sino que en forma libremente su convencimiento, inspirándose en los principios, científicos que informan la sana critica de la prueba, tal y como está consagrado en el artículo 739 del Código de Trabajo, esta disposición no impide de manera alguna que el tribunal se coloque en una posición de profundo análisis para poder llegar a la verdad de los hechos e impartir justicia aplicando la Ley, por lo que deviene obligado a efectuar la apreciación de las pruebas en su conjunto lo que es una obligación insoslayable y esa apreciación debe ser acertada y completa. En el caso en particular si se hubieses apreciado correctamente por parte del Tribunal recurrido el medio de prueba señalado, se hubiera dado por establecido en forma indubitable que la señora EMILIA ALVARADO MUNGUIA fue nombrada mediante un Contrato de Servicios Profesionales y Técnicos en forma continua e ininterrumpida”.- V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) no demuestra el error en que incurrió el Juzgador, debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos; y, b) formula alegatos propios de instancia.- VI. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE.- FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de diciembre del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha quince de noviembre del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número CL 575-19.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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