Sentencia CL-550-19 — Registro 13801
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para que en sentencia definitiva se declare la nulidad de la simulación de unos contratos de servicios profesionales y que el empleador pretendió dar a verdaderos contratos de trabajo, por ende se declare por tiempo indefinido la relación laboral originada por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos, en aplicación de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo, en consecuencia concederle todos los derechos que ostentan los empleados con carácter permanente, asimismo la reinstalación al puesto de trabajo y restitución de sus funciones, pago de salarios dejados de percibir, vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes caudados y proporcionales todos estos conceptos, reajuste al salario mínimo, pago de sanción indemnizatoria por el no pago del salario mínimo, salarios adeudados, pago de tiempo extraordinario laborado y no pagado, y demás derechos que por ley le corresponden, costas del juicio
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) se indican los concepto de infracción indirecta (error de derecho por apreciación errónea) aplicación indebida e interpretación errónea esta última cuando se menciona que el “…Aquem no realizo una debida interpretación de la Ley al emitir el fallo correspondiente…” modalidades de violación a la ley sustantiva distintos e incompatibles entre sí, que se deben formular en forma separada por la independencia de los cargos; b) se indican como normas sustantivas infringidas los artículos “…47 último párrafo y 52 del Código del Trabajo…” careciendo de esa calidad. Conviene recordar que norma sustantiva, es aquella que confiere derechos y obligaciones correlativos o los extinguen; y, c) tanto en la formulación como en el desarrollo se realizan extensos alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario.- 4.- Que el recurso de casación ha sido instituido en defensa de la ley sustantiva del orden nacional y laboral. No puede, por tanto, extenderse el ámbito de este recurso hasta comprender normas de otra naturaleza.- 5.-Por lo antes expuesto procede declarar no ha lugar el recurso de casación interpuesto en su primer y único motivo.-"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los trece días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 20 de julio del 2021, por la abogada FRANCISCA ARGENTINA MENA GARCIA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, la señora ELSA MARINA AUCEDA PERDOMO, representada en juicio por el Abogado ESDRAS RAFAEL GUTIERREZ OCHOA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria Laboral para que en sentencia definitiva se declare la nulidad de la simulación de unos contratos de servicios profesionales y que el empleador pretendió dar a verdaderos contratos de trabajo, por ende se declare por tiempo indefinido la relación laboral originada por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos, en aplicación de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo, en consecuencia concederle todos los derechos que ostentan los empleados con carácter permanente, asimismo la reinstalación al puesto de trabajo y restitución de sus funciones, pago de salarios dejados de percibir, vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes caudados y proporcionales todos estos conceptos, reajuste al salario mínimo, pago de sanción indemnizatoria por el no pago del salario mínimo, salarios adeudados, pago de tiempo extraordinario laborado y no pagado, y demás derechos que por ley le corresponden, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 30 de agosto del 2016, por la señora ELSA MARINA AUCEDA PERDOMO, mayor de edad, soltera, Auxiliar de Enfermería, hondureña y con domicilio en la ciudad de Choluteca, Departamento de Choluteca, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD PUBLICA, por medio del Procurador General de la República, Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 25 de julio del 2019, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 21 de enero del 2019, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que en su parte conducente dice: “FALLA: I.- Declarar CON LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE EN SENTENCIA DEFINITIVA SE DECLARE POR TIEMPO INDEFINIDO RELACION LABORAL ORIGINADA POR LA SUSCRIPCION DE VARIOS CONTRATOS CONTINUOS E ININTERRUMPIDOS, CONCEDER TODOS LOS DERECHOS QUE OSTENTAN LOS EMPLEADOS CON CARÁCTER PERMANENTE. REINSTALACION A PUESTO DE TRABAJO Y RESTITUCION DE FUNCIONES. PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR. VACACIONES, DECIMO TERCER MES Y DECIMO CUARTO MES CAUSADOS Y PROPORCIONALES. PAGO DE REAJUSTE AL SALARIO MINIMO. PAGO DE SANCION INDEMNIZATORIA POR EL NO PAGO DEL SALARIO MINIMO (ARTICULO 39 DE LA LEY DEL SALARIO MINIMO); instaurada por la Señora ELSA MARINA AUCEDA PERDOMO; contra EL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA; a lo siguiente: a) Reintegrar a la Señora ELSA MARINA AUCEDA PERDOMO a su puesto de trabajo por lo menos en igualdad de condiciones de trabajo que mantenía al momento de operarse la ruptura del contrato; restitución a sus funciones; al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se materialice el reintegro ordenado, y demás derechos adquiridos en su ausencia, debiendo la Institución demandada nombrarla como empleada permanente en el cargo que mantenía desde el inicio de su relación laboral desde el 16 de marzo de 2006; b) Asimismo pagarle a la Señora ELSA MARINA AUCEDA PERDOMO; vacaciones causadas y proporcionales; décimo tercer mes y décimo cuarto mes causados y proporcionales; c) Asimismo pagarle a la Señora ELSA MARINA AUCEDA PERDOMO reajuste al salario mínimo; así como que se le reajuste su salario a la suma de Lps. 9,168.42 salario mínimo establecido por el Gobierno Central; más el pago de sanción indemnizatoria por el no pago del salario mínimo; conceptos que serán liquidados junto con los salarios dejados de percibir que en su momento procesal oportuno corresponda. III.- Declarar SIN LUGAR la demanda Ordinaria Laboral para declarar la nulidad de un Contrato por la simulación del mismo y salarios adeudados y tiempo extraordinario; instaurada por la Señora ELSA MARINA AUCEDA PERDOMO; contra EL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA; ABSOLVER: AL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA; de pagar a la Señora ELSA MARINA AUCEDA PERDOMO dichos conceptos. IV.- SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que la relación laboral inició el 16 de marzo del 2006, desempeñándose como Auxiliar de Enfermería, asignada al Hospital Regional del Sur, en la ciudad de Choluteca, devengando un salario mensual de L.6,200.00, laborando más de 160 horas al mes en diferentes horarios diurnos y nocturnos, arguyó que
su relación de trabajo es un fraude laboral por parte del Estado de Honduras, ya que al ser la parte más vulnerable y ante su estado de necesidad, se vio obligada aceptar un salario por debajo del mínimo legalmente establecido, bajo condiciones insatisfactorias y mobbing laboral, el fraude del que dice haber sido víctima consistía en la constante renovación de sus contratos laborales, pretendiendo hacer creer que las actividades de asistencia de enfermería son temporales, nunca se le entregó copia de los múltiples contratos celebrados, lo cual generaba indefensión al momento de reclamar sus derechos laborales y conexos; en fecha 30 de octubre de 2015, recibió una carta de despido que carecía de las formalidades legales, ya que la terminación de la relación laboral se basó en supuestos presupuestos, lo cual no es causal de despido, no obstante el demandado abusando de su poder le ordenó que siguiera trabajando en condiciones normales, ya que se le iba renovar el contrato, tal como había estado sucediendo desde el año 2006, lo cual aceptó por encontrarse en estado necesidad, y continuó laborando bajo las mismas condiciones sin recibir remuneración hasta el 1 de julio del 2016, fecha en la que se le excluyó del rol que asignaba las fechas y los turnos establecidos, comprendiendo que había sido despedida; que la Ley de Presupuesto, Ley General de la Administración Pública, Constitución de la Republica establecen los procedimientos para formular un Plan Operativo Anual, un presupuesto que respalde esa ejecución y la forma en que los planes se aprobarán, el hecho que la parte demandada cuente o no con fondos presupuestarios obedece a la formulación de sus proyectos y no puede delegar la falta de capacidad de sus representantes en la formulación de estos, marginando derechos laborales y estabilidad laboral a la demandante. En vista de todo lo anteriormente relacionado, y en virtud de la suscripción de varios contratos de trabajo de forma continua e ininterrumpida, al tenor de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo en relación del artículo 52 último párrafo del mismo cuerpo legal, considera que le asiste el derecho a la permanencia en el puesto que venía desempeñando la demandante, en consecuencia, solicita la reinstalación del puesto de trabajo y restitución de sus funciones, con todos los derechos que ostentan los empleados con estatus permanente. Dando por agotada la vía administrativa ante la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, al no lograr las partes llegar a un acuerdo conciliatorio.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda aceptando haber sostenido una relación de servicio por periodo limitado y determinado con la demandante, quien se desempeñaba en el cargo de Auxiliar de Enfermería, en el Hospital del Sur, relación contractual regida mediante la modalidad de Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, con fecha de inicio y terminación, bajo consentimiento y aceptación de las partes, referente a la remuneración aclaró que la misma se basaba conforme al tiempo laborado, negó la cantidad que se aduce en la demanda, ya que el pago no corresponde al pago mensual, sino a lo pactado en los contratos; en consideración el estatus de permanencia que se pretende obtener, es mediante el procedimiento indicado en la Ley General de Servicio Civil, y no acudiendo a la vía judicial, pues no se inició ninguna diligencia ante la autoridad competente para que mediante el procedimiento señalado en la Ley pudiese optar al nombramiento de empleada permanente, para lo que se necesita la creación de una plaza con presupuesto permanente aprobado por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, tomando en consideración que la Administración Pública se rige por la Ley de Servicio Civil y no por el Código del Trabajo, debiendo cumplimentar los requisitos del artículo 11 de la Ley de Servicio Civil que dispone: “para ingresar al Servicio Civil se requiere ... 5) Haber aprobado los exámenes de competencia o de oposición de antecedentes de conformidad con los requisitos establecidos en esta Ley; 6) Haber obtenido el nombramiento respectivo”, en concordancia a lo que establece el artículo 5 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil “para los fines de la Ley y su Reglamento, entiéndase por empleado o servidor público la persona natural que ha sido nombrada para un cargo sujeto al Régimen del Servicio Civil, que haya cumplido con los requisitos de ingreso previstos en la Ley, y su Reglamento”, proceso que no se ha seguido, además el artículo 364 de la Constitución de la República determina “no podrá hacerse ningún compromiso o efectuarse pago alguno fuera de las asignaciones votadas en el presupuesto, o en contravención a las normas presupuestarias. Los infractores serán responsables civil, penal y administrativamente”, y el artículo 321 de la Constitución de la República “los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley, todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad”; continuó alegando que los contratos suscritos eran de Servicios Profesionales, estando regidos por las cláusulas ahí plasmadas que contenían derechos y obligaciones sujetos para ambas partes, sustentado al tenor del artículo 1348 del Código Civil que prescribe “las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos”; en consecuencia el reconocimiento de un derecho que no tiene ningún sustento jurídico, se reduce únicamente a un reclamo meramente ilusorio e imaginario procurando sustraer del erario público determinada cuantía que no corresponde, pues el derecho subjetivo exigido es inexistente, además el artículo 46 inciso b) del Código de Trabajo “por tiempo limitado, cuando se especifica fecha para su terminación"; en cuanto al fraude que dice haber sufrido la demandante el artículo 1348 del Código Civil prescribe “las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos”; referente a los artículos 47 y 52 del Código del Trabajo enuncian expresamente a las Empresas y no al Estado, en consideración que el artículo 2 del Código del Trabajo no obliga al Estado, y excluye expresamente a los servidores públicos, por lo tanto el reclamo presentado carece de sustento jurídico para exigir el reintegro y demás derechos reclamados, asimismo los contratos en mención estaban sujetos al Derecho Administrativo, la prestación del servicio siempre se pactó por un período especifico o por tiempo determinado, estando sujetos a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, expresando no estar facultada para aceptar imposiciones de derechos subjetivos inexistentes ni beneficios que no corresponden, no obstante en forma errónea se presentó reclamo ante la Secretaría del Trabajo, dando por agotado el trámite administrativo, omitiendo la normativa de la Ley Orgánica de Presupuesto que prescribe “los contratos del Poder Ejecutivo son convenciones, en virtud de los cuales el Estado y las Personas individuales o jurídicas se obligan recíprocamente mediante la suscripción de un documento a cumplir las disposiciones pactadas”, siendo que los contratos suscritos están sujetos al derecho administrativo, a tal efecto la Secretaría en mención, no es competente para conocer sobre Contratos Administrativos, por consiguiente la pretensión exigida debe ser declarada sin lugar porque no tiene sustentación jurídica para litigar, en consecuencia solicitó condena en costas.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 21 de enero del 2019, dictó sentencia que en su parte conducente dice: “FALLA: I.- Declarar CON LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE EN SENTENCIA DEFINITIVA SE DECLARE POR TIEMPO INDEFINIDO RELACION LABORAL ORIGINADA POR LA SUSCRIPCION DE VARIOS CONTRATOS CONTINUOS E ININTERRUMPIDOS, CONCEDER TODOS LOS DERECHOS QUE OSTENTAN LOS EMPLEADOS CON CARÁCTER PERMANENTE. REINSTALACION A PUESTO DE TRABAJO Y RESTITUCION DE FUNCIONES. PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR. VACACIONES, DECIMO TERCER MES Y DECIMO CUARTO MES CAUSADOS Y PROPORCIONALES. PAGO DE REAJUSTE AL SALARIO MINIMO. PAGO DE SANCION INDEMNIZATORIA POR EL NO PAGO DEL SALARIO MINIMO (ARTICULO 39 DE LA LEY DEL SALARIO MINIMO); instaurada por la Señora ELSA MARINA AUCEDA PERDOMO; contra EL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA; a lo siguiente: a) Reintegrar a la Señora ELSA MARINA AUCEDA PERDOMO a su puesto de trabajo por lo menos en igualdad de condiciones de trabajo que mantenía al momento de operarse la ruptura del contrato; restitución a sus funciones; al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se materialice el reintegro ordenado, y demás derechos adquiridos en su ausencia, debiendo la Institución demandada nombrarla como empleada permanente en el cargo que mantenía desde el inicio de su relación laboral desde el 16 de marzo de 2006; b) Asimismo pagarle a la Señora ELSA MARINA AUCEDA PERDOMO; vacaciones causadas y proporcionales; décimo tercer mes y décimo cuarto mes causados y proporcionales; c) Asimismo pagarle a la Señora ELSA MARINA AUCEDA PERDOMO reajuste al salario mínimo; así como que se le reajuste su salario a la suma de Lps. 9,168.42 salario mínimo establecido por el Gobierno Central; más el pago de sanción indemnizatoria por el no pago del salario mínimo; conceptos que serán liquidados junto con los salarios dejados de percibir que en su momento procesal oportuno corresponda. III.- Declarar SIN LUGAR la demanda Ordinaria Laboral para declarar la nulidad de un Contrato por la simulación del mismo y salarios adeudados y tiempo extraordinario; instaurada por la Señora ELSA MARINA AUCEDA PERDOMO; contra EL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA; ABSOLVER: AL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA; de pagar a la Señora ELSA MARINA AUCEDA PERDOMO dichos conceptos. IV.- SIN COSTAS…”. Bajo el criterio que de las pruebas aportadas al proceso, concluyó que la relación laboral ha sido continua y para la misma clase de trabajo, por consiguiente dicha continuidad en la celebración de contratos se entiende por tiempo indefinido, por lo que se cumple la condición para considerar a la demandante como una trabajadora permanente, de igual forma consideró que no se señaló causa justa al momento de la terminación laboral; la parte actora solicitó en el escrito de su demanda la nulidad de la simulación de Contratos de Servicios Profesionales, pago de vacaciones, décimo tercer mes, décimo cuarto mes causados y proporcionales, reajuste al salario mínimo, sanción indemnizatoria por el no pago del salario mínimo, salarios adeudados, tiempo extraordinario laborado y no pagado; en cuanto a la nulidad de la simulación de Contratos de Servicios Profesionales declaró sin lugar el mismo, ya que la demandante gozaba de todo los beneficios estipulados en dicha contratación; en lo que respecta al pago de vacaciones, décimo tercer mes, décimo cuarto mes causados y proporcionales declaró con lugar en vista que no se acreditó que los mismos se hayan hecho efectivos; en lo que concierne al pago de reajuste al salario mínimo, pago de sanción indemnizatoria por el no pago del salario mínimo, declaró con lugar dichas peticiones en vista que devengaba la suma de L. 6,200.00, debiendo percibir L. 9,168.42, conforme al salario mínimo establecido por el Gobierno Central para el año 2016, además una suma igual en conceptos que serán liquidados junto con los salarios dejados de percibir que en su momento procesal oportuno corresponda; sobre el pago de salarios adeudados, pago de tiempo extraordinario laborado y no pagado, sin lugar en vista de no estar acreditado que se le deba ningún salario, y que laboró tiempo extraordinario, en consecuencia declaró con lugar la demanda de mérito, asistiendo el derecho de reintegro al puesto de trabajo que tenía al momento de la ruptura del Contrato, pago de salarios dejados de percibir, restitución de funciones, y demás derechos que se hayan otorgado en ausencia de la actora.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 25 de julio del 2019, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas. Bajo el criterio que en reiterados fallos ha dejado establecido que el Estado de Honduras, al contratar a sus trabajadores lo hace en base a Contratos de Servicios Profesionales, nombrándolos en plazas vacantes cuya naturaleza es de carácter permanente, lo que ha llevado al trabajador a solicitar su permanencia, y considerarlo como trabajador permanente, ya que dichos Contratos de Trabajo reúnen los requisitos señalados en el artículo 20 del Código del Trabajo, además conforme al artículo 47 del mismo cuerpo legal, estos trabajadores han desarrollado sus labores de manera continua, ejerciendo las mismas actividades y funciones, bajo las órdenes del mismo patrono, recibiendo un pago como retribución a sus labores, y cumpliendo una jornada de trabajo. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en el expediente número 11016 señala que “consecuentemente la existencia de una relación de trabajo no depende de lo que las partes hubieren pactado, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre colocado, de modo que la aplicación del derecho del trabajo depende cada vez menos de una relación jurídica subjetiva, cuya existencia es independiente del acto que condiciona su nacimiento; por ello resulta erróneo pretender juzgar la naturaleza de esta relación, de acuerdo a lo que las partes hubieren pactado, ya que si las estipulaciones consignadas en el contrato no corresponden a la realidad, y además implican renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución y el Código del Trabajo le otorgan al trabajador, son nulas de pleno derecho”, habiéndose pronunciado también en cuanto a que “si las estipulaciones consignadas en el contrato no corresponden a la realidad, y además implican renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución y el Código del Trabajo le otorgan al trabajador, son nulas de pleno derecho”, por tanto se considera que la relación de trabajo es de carácter permanente, y al tener probado el despido alegado, confirmó la sentencia dictada en primera instancia.- 5. Mediante auto de fecha 17 de enero del 2020, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada FRANCISCA ARGENTINA MENA GARCIA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha 20 de julio del 2021, compareció ante este Tribunal la Abogada FRANCISCA ARGENTINA MENA GARCIA, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 20 de julio del 2021, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 9 de septiembre del 2021, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por el Abogado ESDRAS RAFAEL GUTIERREZ OCHOA, en condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- 1.- Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- 2.- Que la Abogada FRANCISCA ARGENTINA MENA, en un primer y único motivo de casación alega: “Por ser la sentencia violatoria de ley sustantiva nacional por infracción indirecta al aplicar indebidamente el artículo 47 último párrafo y 52 del Código del Trabajo en relación con los artículos 19 y 20, del mismo Código, por error de derecho que aparece de manifiesto en los autos al apreciar en forma errónea la prueba documental propuesta por la parte demandada a favor del Estado de Honduras a través de la Secretaria de Salud consistente en los Acuerdos de formalización de los contratos celebrados con la demandante y los Contratos de Servicios Profesionales y Técnicos celebrados entre la Demandante y la Secretaria de Salud que corren agregados en los folios 29 al 85, asimismo prueba documental, mediante el cual constan los contratos de Servicios Profesionales, que obran del folio 109, al 128, y del folio 141 al 167 del respectivo expediente de la primera pieza de autos, donde obran dichos medios de prueba al dar por establecido en la resolución emitida que la relación de trabajo entre la Secretaria de Salud y la demandante ELSA MARINA AUCEDA PERDOMO, era por un tiempo indefinido, basándola en un argumento erróneo al manifestar en los CONSIDERANDO (9) lo siguiente: “Que con la prueba documental que obra en la primera pieza de autos, se logró acreditar la existencia de varios contratos de servicios profesionales celebrados entre el Estado de Honduras y las demandantes, y que las funciones por las cuales fueron contratada siempre fueron las mismas durante la suscripción de dichos contratos: extendiendo además los otros elementos para considerar la relación laboral como permanente, tal como lo señala el artículo 20 del código del Trabajo como ser: subordinación y dependencia del patrono, horario de trabajo y el derecho a una remuneración.- Además, el artículo 47 del Código de Trabajo señala: “ Los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanente o continuas en la empresa, se consideran como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese termino de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsisten la causa que le dio origen o la materia del trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas.” Por lo que no cabe duda a este Tribunal de Alzada, que la relación existente entre las partes en contienda, era por tiempo indeterminado. Asimismo el CONSIDERANDO 10 establece lo siguiente: Que esta Corte de Apelaciones en reiterados fallos establecido que el Estado de Honduras al contratar a sus trabajadores, lo hace en base a contratos de servicios profesionales, nombrándolos en plazas vacantes cuya naturaleza es de carácter permanente; lo que ha llevado a que dicho trabajador solicite su permanencia y se les considere como trabajador permanente; ya que se ha dejado claro que dichos contratos de trabajo reúnen los requisitos señalados en el artículo 20 del Código de Trabajo, por lo que también de acuerdo con el artículo 47 del mismo cuerpo legal, estos trabajadores ha desarrollado sus labores de manera continua, ejerciendo las mismas actividades y funciones, bajo las órdenes del mismo patrono y recibiendo un pago como retribución a sus labores y cumpliendo una jornada de trabajo: por lo que es claro que el contrato suscrito entre las partes es de naturaleza permanente. Siendo dichas afirmaciones erróneas y totalmente alejadas de la verdad, pues en el caso de autos, los argumentos en los cuales se encuentra fundamentado el improcedente fallo el aquem, son totalmente improcedentes en virtud que las sentencias deben ser claras y precisas basadas en hechos concretos apegados a derecho en este caso también a los mismos contratos y a los acuerdos mediante los cuales se formalizaron los respectivos contratos, pues tales argumentos manifestados por el A-quem, no constituye una justificación para considerar que la relación existente entre la Señora ELSA MARINA AUCEDA PERDOMO y la Secretaria de Salud, era por tiempo indefinido o permanente, por el hecho que se celebraron varios contratos de servicios profesionales y técnicos con fechas de inicio y finalización mismos que han ido venciendo en cada contratación realizada sujetos únicamente a las cláusulas establecidas en cada una de ellas específicamente en la cláusula tercera que establece la vigencia de cada uno de dichos contratos, siendo que tales apreciaciones no se encuentran justificadas en la Ley, en virtud que los contratos de servicios profesionales y técnicos suscritos por la demandante y la Secretaria de Salud, se encuentran regulados por el Derecho Administrativo específicamente en el artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y en la Ley de Contratación del Estado y la Ley de Servicio Civil, siendo estas normas que regulan las relaciones entre el Estado y los contratistas, como se puede apreciar los argumentos planteados por el Aquem en su improcedente fallo, no se encuentra conforme a la Ley, siendo que los contratos de servicios profesionales y técnicos, celebrados entre el demandante y la Secretaria de Salud, fueron suscritos al tenor de lo establecido en las cláusulas de los respectivos contratos específicamente la Cláusula tercera que establece la vigencia de cada contratación y la cláusula Sexta que establece la Jurisdicción y Leyes aplicables, asimismo la Cláusula Séptima que establece la Aceptación de condiciones, como se probó en la secuela del juicio no debiendo considerarse bajo ninguna circunstancia que la relación que existió entre la demandante y la Secretaria de Salud como permanente siendo que la relación laboral que existió entre las partes, fue en forma temporal por así haberse pactado en los correspondientes contratos, por lo que es erróneo pretender juzgar la naturaleza de una relación contractual de trabajo entre las partes, siendo que la relación que se dio entre ambas partes fueron relaciones administrativas contractuales según se establece en el artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y su Reglamento. Siendo incongruentes dichas afirmaciones, con las pretensiones de la demandante en virtud que dichas afirmaciones no corresponden a la realidad de los hechos, ya que en ningún momento ha existido el supuesto despido a la demandante en el caso que nos ocupa, como refiere equivocadamente el Aquem en su improcedente fallo, en virtud que en el caso que nos ocupa se ha alegado un supuesto despido, siendo la pretensión principal de la demanda el reconocimiento de la permanencia laboral a la demandante por la celebración de contratos de Servicios Profesionales, por lo que no cabe duda que en el presente fallo fue emitido prescindiendo totalmente del procedimiento establecido en la Ley, siendo que se violentó lo establecido en el artículo 206, 207,208 del Código Procesal Civil que establece lo siguiente: Articulo 206.- CLARIDAD, PRESCISION Y EXHAUSTIVIDAD.- Articulo 207, Motivación, y el articulo 208.- CONGRUENCIA, que establece lo siguiente: 1.- Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito.- 2.-En las sentencias se efectuaran las declaraciones que aquellas exijan, condenando o absolviendo al demandando y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.; De manera que el Aquem no realizo una debida interpretación de la Ley al emitir el fallo correspondiente en virtud que no valoro la prueba allegada al juicio, haciendo caso omiso a los artículos antes relacionados, y a los procedimientos establecidos en la Ley, siendo que los criterios en que fundamenta su fallo no se encuentran conforme a derecho; en virtud que al habérsele reconocido a la demandante la condición de empleada permanente sin seguirse los procedimientos establecidos en la Ley se violentaron los requisitos exigidos en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, como ser el examen de oposición por idoneidad en el cargo de Auxiliar de Enfermería, según lo establece el artículo 2 y 11 de la Ley de Servicio Civil, asimismo se probó que no existía la plaza vacante disponible con su respectiva estructura Presupuestaria, habiendo violentado con dichos fallos normas constitucionales de carácter obligatorio incurriendo con ello en responsabilidad penal según lo establece el artículo 321 y 364 de la Constitución de la Republica; siendo el caso que nos ocupa lo que existió fueron contratos de servicios profesionales y técnicos temporales con fecha de inicio y de finalización, sujetos a la Constitución de la Republica, las Disposiciones Generales de Presupuesto y a la disponibilidad presupuestaria de la Secretaria de Salud y a la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y a la Ley Contratación del Estado. Asimismo no puede considerarse la relación laboral permanente por el hecho de reunir los tres elementos de trabajo en los contratos de servicios profesionales y técnicos, siendo que lo que se dio entre las partes fueron relaciones contractuales administrativas entre el contratante y el contratista sujetos al Derecho administrativo y al mismo contrato debiendo darse entre las partes condiciones en las relaciones para la prestación de servicio contratados por lo que no pueden considerarse por ese simple hecho, que dichos contratos sean de carácter permanentes, ya que se demostró en la secuela del juicio que la relación entre el demandante y la Secretaria de Salud era definida, pues en el último contrato vigente se establecieron las condiciones por las cuales se regiría dicha relación de trabajo entre las partes, siendo indispensable establecer un horario de trabajo, una subordinación y una remuneración, por los servicios técnicos prestados, sin que por ello signifique que se trata de un Contrato individual de trabajo y por ende que este debe considerarse celebrado como por tiempo indefinido, pues cada contrato celebrado con la demandante, se establecía una fecha de finalización y la condición de no ser el mismo prorrogable, quedando a discreción de la Secretaria de Salud, su prorroga y la jurisdicción que dirimiría los conflictos en caso de controversia, habiéndose establecido por las partes, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y no el Juzgado de Trabajo de Francisco Morazán, condiciones que fueron aceptadas por la demandante a la suscripción de dichos contratos en pleno uso de sus facultades mentales, y sin que mediare coacción ni intimidación, por lo que resultan totalmente improcedentes las argumentos del Aquem, en la resolución emitida, ya que se está violentando lo libremente pactado entre las partes específicamente lo contemplado en las clausula Tercera, Sexta y Séptima del último contrato de servicios Profesionales o/Técnicos, por el periodo comprendido del 01 de noviembre al 31 de diciembre del año 2015 que obra en el folio No.115,116,117 de la pieza principal, asimismo se violenta lo establecido en el artículo 1348 del Código Civil, que ya establece; “ Que las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben de cumplirse al tenor de los mismos.”.- De igual forma se violenta el artículo 1573 que establece lo siguiente: “ Los contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez.”.- De igual manera según se establece en el artículo 1547 del mismo código que establece lo siguiente: “Los contratantes pueden establecer los pactos, clausulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las Leyes, a la moral, ni al orden público. Disposiciones que fueron violentadas al reconocerle las improcedentes pretensiones a la demandante al considerarla como empleada permanente, y por ende otorgarle las pretensiones reconocidos en la sentencia, siendo que dichos derechos le corresponden al personal que labora en forma permanente para la Secretaria de Salud y no mediante la modalidad de Contratos temporales. Por lo que es evidente que en el caso de autos hubo infracción de la Ley, en virtud que el Tribunal de Alzada emitió su resolución basado en simples conjeturas, obviando lo libremente pactado entre las partes en el último contrato vigente celebrado entre las partes establecido específicamente en la cláusula Tercera, que comprende del periodo del 01 de noviembre al 31 de diciembre del año 2019. Que obra a folio, 83, 84 y 85, 115,116,117 de la primera pieza de autos, mediante el cual se establecieron las condiciones por las cuales que regirían las relaciones entre las partes, por lo que lo hace un contrato temporal con fecha de inicio y finalización, habiéndose infringido con ello el artículo 1348, 1547, 1573 del Código Civil, en total apego a lo establecido en el respectivo contrato suscrito entre la Secretaria de Salud y la demandante. Por lo que no debió considerarse dicho hecho por parte del Aquo y el Aquem al confirmar la sentencia de Primera Instancia, al reconocerle la relación laboral como permanente por haberse suscrito varios contratos de servicios profesionales y técnicos mismos que ya establecían una fecha determinada de inicio y finalización con una determinada partida presupuestaria, por lo que no se debió considerar que la relación entre las partes como permanente, en virtud que los contratos de Servicios Profesionales y Técnicos suscritos entre las partes, en virtud que fueron suscritos en forma temporal por periodos determinados, habiéndose infringido con los fallos proferidos los artículos, 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 765, ordinal 1º párrafo segundo del Código del Trabajo. CONCEPTO DE LA INFRACCION: El artículo 765 ordinal 1º párrafo segundo dice que “Solo habrá lugar al error de derecho en la casación de trabajo cuando se haya dado por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la ley, por exigir ésta al efecto una determinada solemnidad para la validez del acto, pues en este caso no se debe admitir su prueba por otro medio y también cuando deja de apreciarse una prueba de esta naturaleza, siendo el caso de hacerlo.” Es así que el error de derecho solo surge en dos casos precisos: a) Aquel en que el juzgador ha valorado como apta una prueba cualquiera, cuando el legislador exige que para la demostración del hecho correspondiente sólo se admita y valore la prueba ad sustantiam actus, también denominada ad solemnitatem; y b) Aquel en que el juzgador no ha apreciado y no ha valorado debiendo hacerlo, una prueba de tal naturaleza, es decir, uno o varios de aquellos medios probatorios que la ley reviste de solemnidad para la validez misma de la sustancia del acto. La Señora ELSA MARINA AUCEDA PERDOMO, laboró para la Secretaría de Salud desempeñándose en el cargo de Auxiliar de Enfermería asignada en el Hospital del Sur de Choluteca de dependiente de la Secretaria de Salud, mediante Contratos de servicios profesionales por tiempos determinados en el último contrato se estipuló de manera expresa que la jurisdicción para conocer de los conflictos derivados de tal contrato sería la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo específicamente en la cláusula sexta, asimismo se estableció la vigencia de dichos contratos en la cláusula sexta por el periodo comprendido del 01 de noviembre al 31 de diciembre del año 2015,; La demandante alega en su demanda entre otras cosas los siguiente “Mi relación de trabajo ha sido un claro ejemplo del ya común y conocido fraude laboral por parte del Estado de Honduras.- Mi persona como la más débil y vulnerable de la relación de trabajo y ante evidente estado necesidad en el que me encuentro me vi obligada a aceptar un salario por debajo del mínimo legalmente establecido, a condiciones laborales insatisfactorias y a tratos propios de mobbing laboral, el fraude del cual fue víctima durante toda la relación de trabajo consistía en la constante renovación de mis contratos laborales , pretendiendo hacer creer que las actividades de asistencia de enfermería son temporales en el Hospital Regional del Sur, agregado a esto nunca se me entregaba una copia de los múltiples contratos que celebraba lo cual genera una indefensión al momento de reclamar mis derechos laborales y conexos. El argumento que presenta la parte demandada en la carta de despido de fecha 30 de octubre del año 2015 es la prueba madre que acredita el fraude que alego : lo anterior a raíz de que basa la terminación de la relación de trabajo en supuestos presupuestarios, que por una parte no guarda relación con las relaciones de trabajo y no existe en la normativa jurídica laboral una causal justa de despido de este tipo…….TERCERO: La parte demandada actuando en claro ejemplo de la mala fe contractual me entrego en fecha 30 de octubre del año 2015, una carta de despido que carece de toda formalidad legal, lo cual se aprecia con la simple lectura de la misma, pero abusando de su poder me ordeno que siguiera trabajando en condiciones normales ya que se me iba renovar el contrato como se me venía renovando desde el inicio de la relación laboral en el año 2006.- Como consecuencia de esa modalidad a la que me encontraba sujeta por necesidad continúe laborando bajo las mismas condiciones hasta el día primero de julio del año 2016, fecha en la que se me excluyo del rol que asignaba los las fechas y los turnos establecidos. Este indicio es fundamental para acreditar el fraude laboral del cual he sido objeto, si se analiza la prueba documental que presentare, bajo la sombra de los principios del del Derecho de Trabajo y la regla de la sana critica, se comprobara que durante los meses de enero a junio del 2016, realice todas mis labores con normalidad, marcando y filmando en los controles de asistencia ejecutando mis labores de forma ininterrumpida, continua y bajo continua subordinación, cumpliendo con ello los tres elementos establecidos en el artículo 20 del Código de Trabajo; sin embargo nunca se me pago mi salario y una vez que fui excluida de los roles, entendí que había sido despedida.”, extremos que no logro probar en la secuela del Juicio, ya que la relación de trabajo entre la secretaria de salud y la demandante fue bajo la modalidad de contratos de servicios técnicos y profesionales temporales, como quedo plenamente demostrado en la secuela del juicio. En su oportunidad el ESTADO DE HONDURAS contestó la demanda y expresó entre otras cosas lo siguiente: “PRIMERO: Se acepta el hecho primero de esta demanda parcialmente, referente a que la señora ELSA MARINA AUCEDA PERDOMO, sostuvo efectivamente una relación de servicio por periodo limitado y determinado con mi Representada la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud, desempeñándose en el cargo de Auxiliar de Enfermería, dependencia del Hospital de Sur, relación contractual que fue mediante la modalidad de contrato de prestación de Servicios Profesionales, con fecha de inicio y terminación con el consentimiento y aceptación sin objeción de su parte, referente a la remuneración la demandante aduce que devenga la cantidad de seis mil doscientos lempiras mensuales ( Lps.6,200.00), cabe aclarar que su remuneración se basa en el tiempo laborado que reza en su respectivo contrato y no la cantidad que aduce en su demanda, en vista que su pago no corresponde al pago mensual, si no a lo pactado en sus contratos establecidos entre las partes información que se brindara en el momento oportuno del debate.-SEGUNDO: Se rechaza el hecho segundo de la demanda en cuanto a lo manifestado por la demandante, la que menciona entre otras cosas, que la demandante ha suscrito contratos de servicios profesionales con la administración, regidos por las cláusulas establecidas en los mismos, con profesionales con la a administración, regidas por las cláusulas establecidas en los mismos con derechos y obligaciones reciprocas y sujetas por las partes; tomando en consideración a la vez que el estatutos de permanencia que pretende obtener la demandante es mediante el procedimiento indicado en la Ley General de Servicio Civil y no acudiendo ante este tribunal a solicitar una acción y que a la vez la demandante no iniciaron ninguna diligencia ante la autoridad competente para que mediante procedimiento señalado en la Ley, pudiese optar al nombramiento de empleada permanente, para lo que se necesita la creación de una plaza con presupuesto permanente aprobado por la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas; tomando en consideración de que como es sabido , la Administración Pública se rige por la Ley de Servicio Civil que dispone: “Para ingresar al Servicio Civil se requiere: 1…..,5 Haber aprobado los exámenes de competencia o de oposición de antecedentes de conformidad con los requisitos establecidos en esta Ley: 6. Haber obtenido el nombramiento respectivo.” En concordancia a lo que establece el Artículo 5 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil que señala: “Para los fines de la Ley y su Reglamento, entiéndase por empleado el servidor público la persona natural ha sido nombrada para un cargo sujeto al Régimen del Servicio Civil que haya cumplido con los requisitos de ingreso previstos en la Ley y su Reglamento….”, proceso que no ha seguido en el presente caso, donde la demandante procura obviar la forma de ser contratada, abocándose ante este Juzgado a solicitar un derecho subjetivo improcedente al caso, así como lo establece el artículo 364 de la Constitución de la Republica que determina: “No podrá hacerse ningún compromiso o efectuarse pago alguno fueras de las asignaciones votadas en el presupuesto o en contravención a las normas presupuestarias. Los infractores serán responsables civil, penal y administrativamente.” Normas sustantivas estas que hacen el reclamo presentado por la demandante al no ser considerada como empelada permanente de la Administración Pública por mandato de Ley contraviniendo a la vez mi representado en lo dispuesto en el artículo 321 de la Constitución de la Republica que establece: Los Servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la Ley, Todo acto que ejecuten fuera de Ley es nulo e implica responsabilidad.” El hecho que la demandante tenga dependientes que sustentar , dichos extremos no constan a mi representada ni debe ser causa o motivo para otorgar la permanencia mediante emisión de un acuerdo de nombramiento ni existe como causal de nombramiento en la Ley de caso que nos ocupa la parte actora suscribió contratos de servicios profesionales, contratos que eran regidos por las cláusulas plasmadas en el mismo y que contenían los derechos y obligaciones a que se sujetaban ambas partes, sustentado al tenor de los dictado en el artículo 1348 del Código Civil que prescribe: “ Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuera de Ley entre las partes contratantes y deben de cumplirse al tenor de los mismos….”, en consecuencia el reconocimiento el reconocimiento de un derecho que no tiene ningún sustento jurídico, se reduce únicamente aun reclamo a un reclamo meramente ilusorio e imaginario procurando sustraer del erario público determinada cuantía que no les corresponden pues el derecho subjetivo exigido es inexistente, y será la demandada a quien le corresponde probarlo en el momento procesal oportuno del juicio.-TERCERO: Se rechaza totalmente lo manifestado por la demandante en su hecho tercero, por cuanto la demandante procura sustentar sus pretensiones en el artículo 20 del Código de Trabajo, por sus elementos en el estipulado cabe mencionar que son los mismos elementos para ejercer la actividad de trabajo para la cual fue contratada; además que lo manifestado por la demandante no aporta al tema objeto del debate considerando lo que reza el Artículo 46 inciso b9 del Código de Trabajo. “Por tiempo limitado, cuando se e especifica fecha para su terminación…” Efectivamente los contratos de servicios no causan permanencia en virtud de que la actividad para los cuales se contrató los servicios de la demandante es por tiempo determinado, y todo lo relativo a los Contratos de Servicios Profesionales o Técnicos que celebren los Poderes del Estado…”, Se establece en la Disposiciones General del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica para el año 2016 el que coto literalmente. Articulo 117.- La contratación de personal con cargo al Objeto Especifico del Gasto, 12100 Sueldos Básicos (Personal No Permanente) se debe realizar en casos excepcionales bajo la responsabilidad del titular de cada institución, siempre y cuando el personal a contratar figure en el Plan operativo Anual (POA9, y que exista la disponibilidad presupuestaria, en estricta observancia del artículo 204 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, …. Estos contratos tienen vigencia únicamente dentro del presente Ejercicio Fiscal, no debiendo considerarse, para ningún efecto, al que personal contratado bajo esta modalidad como permanente y su efectividad se contara desde la fecha en que este personal tome posesión del cargo.- Tal obligación surte de la naturaleza misma del contrato de trabajo, que tiene por objeto la prestación subordinada dela actividad laboral prometida por el trabajador a su empleador, ; a este le interesa pues que el trabajo se e ejecute por quien se obligó a ello, pero entendiéndose siempre que tal obligación no es absoluta, ni indeterminada, si no limitada a la finalidad perseguida por la empresa y dentro del círculo de tareas convenidas.” Reflejando el demandante un desconocimiento total de las cláusulas que rigen estos contratos de servicios profesionales en las cuales ambas partes se obligaron y aceptaron sus respectivas vigencias tanto a la fecha de inicio como la fecha de finalización , y de acuerdo a lo convenido concluyo la vigencia de estos referidos contratos, pretendiendo ahora ignorar las cláusulas establecidas en los mismos.-CUARTO: Se rechaza en su totalidad el hecho cuarto de esta demanda, en el cual menciona que en esta relación laboral es sinónima de fraude a los derechos del trabajador, al respecto el artículo 1348 del Código Civil que prescribe: “ Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de Ley entre las partes contratantes y deben de cumplirse al tenor de los mismos….”; concepto legal que mi representada ha cumplido hasta el momento y en toda su extensión, la suscripción de los contratos de servicios profesionales suscritos entre la demandante y mi representada eran Servicios Profesionales eventuales y determinados con fecha de inicio y finalización teniendo forzosamente que a su fin mismos que han sido leídos y aceptados por ambas partes, por ende no podemos señalar habido un fraude ; referente a los artículos 47 y 52 del Código del Trabajo enuncian expresamente a las Empresas y no al Estado, en consideración a lo que hemos reiterado que el Artículo 2 del Código del Trabajo no obliga al Estado y excluye expresamente a los servidores públicos, por lo tanto el reclamo presentado por la demandante carece de sustento jurídico para exigir el reintegro y demás derechos que reclaman por el servicio prestado basado en contratos estipulados y consensuados por ambas partes argumentando sus exigencias en Tratados, Convenios y Recomendaciones de la O.I.T. artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Articulo 7 del Paco Internacional de Derechos Económicos Sociales y culturales.- Es oportuno además señalar que los contratos que los contratos del Poder Ejecutivo son convenciones en virtud de los cuales, El Estado y las personas individuales o jurídicas, se obligan recíprocamente, mediante la Suscripción de un documento a cumplir las disposiciones pactadas en los mismos, asimismo es de suma relevancia resaltar el hecho de que los contratos en mención, estaban sujetos al derecho administrativo , la prestación del servicio siempre se pactó con la demandante por un periodo especifico o por tiempo específico o por tiempo determinado, sujetos a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, además porque las leyes administrativas lo exigen.- QUINTO: Se rechaza el hecho quinto de la demanda, en cuanto a que el demandante presento reclamo administrativo ante la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social para agotar el procedimiento de conciliación pero no hubo acuerdo conciliatorio a efecto de logar lo solicitado, en virtud de que mi Representado el Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud, no está facultada para aceptar imposiciones de derechos subjetivos inexistentes ni beneficios que no le corresponden por tratarse de contratos de servicios. Por un periodo determinado y limitado, no obstante que la parte demandante en forma errónea presento su reclamo ante esta secretaria, dando por agotado el trámite administrativo, omitiendo la normativa de la Ley Orgánica de Presupuesto que prescribe. “ Los contratos del Poder Ejecutivo son convenciones en virtud de los cuales el Estado es parte del Poder Ejecutivo , los contratos que suscriban están sujetos al derecho administrativo, a tal efecto la Secretaria de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social no es competente para conocer Contratos Administrativos, por consiguiente la pretensión exigida en este Juzgado debe ser declarado sin lugar porque no les asiste el derecho y será en el proceso del debate que se acreditara que el demandante no tiene sustentación jurídica para litigar en la presente causa, en consecuencia se le condene especialmente en costas.-SEXTO: Se rechaza totalmente lo manifestado por la demandante en su hecho sexto, al argumentar que el Estado de Honduras no tienen motivos justificados para litigar y que de esa forma se condene a mi representado a una indemnización y se condene en costas ; caso contrario a lo sucedido en donde no existió despido como es manifestado por la demandante; al contrario lo sucedido es basado en las finalización de contrato suscrito y firmado por ambas partes sin objeción alguna, concepto legal que mi representada ha cumplido hasta el momento y en toda su extensión, la suscripción de los contratos de servicios profesionales suscritos entre la demandante y mi representada eran servicios profesionales y determinados con fecha de inicio y finalización teniendo forzosamente que llegar a su fin. En los contratos referidos específicamente en el último contrato vigente suscrito entre las partes y copio textualmente las partes conducentes: “CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS” “CLAUSULA TERCERA: VIGENCIA DEL CONTRATO”. Este contrato tendrá una duración de dos meses calendario, contados a partir del 01 de noviembre al 31 de diciembre del 2015, y por tratarse de un Contrato de Servicios Profesionales estará sujeto a la normativa del derecho Mercantil vigente en nuestro País. De igual manera la cláusula SEXTA, del último contrato vigente establece lo siguiente: “Para dirimir las controversias que surjan de la aplicación de este contrato. Las partes se someten a los tribunales del Juzgado Primero de Letras de Choluteca. - Asimismo las partes contratantes manifiestan expresamente que, dada la naturaleza de este Contrato, esta únicamente regido por las Disposiciones del Derecho Mercantil. El Juzgado del Letras de Trabajo de la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., declaró CON LUGAR la presente demanda, habiendo sido CONFIRMADA por la Corte de Apelaciones del Trabajo la sentencia definitiva de fecha 21 de enero del 2019, emitida por los Juzgados de Trabajo de Tegucigalpa y ha ordenado lo siguiente: FALLA: 1 .- DECLARAR SIN LUGAR, el recurso de apelación interpuesto por la Abogada REYNA GARCIA BACA.-CONFIRMAR, la sentencia definida de fecha veintiuno de enero del año dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado de Letras de Trabajo de Francisco Morazán, y recaída en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE EN SENTENCIA DEFINITIVA SE DECLARE LA NULIDAD DE LA SIMULACION DE UNOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESINALES Y QUE EL EMPLEADOR PRETENDIO DAR A VERDADEROS CONTRATOS DE TRABAJO, POR ENDE QUE SE DECLARE POR TIEMPO INDEFINIDO UNA RELACION LABORAL ORIGINADA POR LA SUSCRIPCION DE VARIOS CONTRATOS CONTINUOS E ININTERRUMPIDOS, EN APLICACIÓN ESTRICTA DE LO PRECEPTUADO EN EL ARTICULO 47 DEL CODIGO DEL TRABAJO EN CONCECUENCIA CONCEDER TODOS LOS DERECHOS QUE OSTENTAN LOS EMPLEADOS CON CARÁCTER PERMANENTE, ASIMISMO, LA REINSTALACION AL PUESTO DE TRABAJO, RESTITUCION DE FUNCIONES, PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, VACACIONES, DECIMO TERCER Y DECIMO CUARTO MES CAUSADOS Y PROPORCIONALES TODOS ESTOS CONCEPTOS, PAGO DE REAJUSTE AL SALARIO MINIMO, PAGO DE SANCION INDEMNIZATORIO POR EL NO PAGO AL SALARIO MINIMO ( ARTICULO 39 DE LA LEY DEL SALARIO MINIMO), PAGO DE SANCION INDEMNIZATORIA POR EL NO PAGO MINIMO), PAGO DE SALARIOS ADEUDADOS, PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO Y NO PAGADO Y DEMAS DERECHOS QUE POR LEY LE CORRESPONDEN, COSTAS DEL JUICIO.” Promovida por la señora ELSA MARINA AUCEDA PERDOMO, contra el Estado de Honduras a través del Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA en su condición de Procurador General de la Republica. -3.- SIN COSTAS en esta instancia. Que el Sentenciador establece en su resolución específicamente en los CONSIDERANDO (9) lo siguiente: “Que con la prueba documental que obra en la primera pieza de autos, se logró acreditar la existencia de varios contratos de servicios profesionales celebrados entre el Estado de Honduras y las demandantes, y que las funciones por las cuales fueron contratada siempre fueron las mismas durante la suscripción de dichos contratos: extendiendo además los otros elementos para considerar la relación laboral como permanente, tal como lo señala el artículo 20 del código del Trabajo como ser: subordinación y dependencia del patrono, horario de trabajo y el derecho a una remuneración.- Además, el artículo 47 del Código de Trabajo señala: “ Los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanente o continuas en la empresa, se consideran como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese termino de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsisten la causa que le dio origen o la materia del trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas.” Por lo que no cabe duda a este Tribunal de Alzada, que la relación existente entre las partes en contienda, era por tiempo indeterminado. Asimismo el CONSIDERANDO 10 establece lo siguiente: Que esta Corte de Apelaciones en reiterados fallos establecido que el Estado de Honduras al contratar a sus trabajadores, lo hace en base a contratos de servicios profesionales, nombrándolos en plazas vacantes cuya naturaleza es de carácter permanente; lo que ha llevado a que dicho trabajador solicite su permanencia y se les considere como trabajador permanente ; ya que se ha dejado claro que dichos contratos de trabajo reúnen los requisitos señalados en el artículo 20 del Código de Trabajo, por lo que también de acuerdo con el artículo 47 del mismo cuerpo legal, estos trabajadores ha desarrollado sus labores de manera continua , ejerciendo las mismas actividades y funciones, bajo las órdenes del mismo patrono y recibiendo un pago como retribución a sus labores y cumpliendo una jornada de trabajo: por lo que es claro que el contrato suscrito entre las partes es de naturaleza permanente. El Artículo 47 párrafo último del Código de Trabajo dispone: “En consecuencia, los contratos a plazo fijo para obra determinada tienen carácter de excepción y solo pueden celebrarse en los casos en que así lo exija la naturaleza accidental o temporal del servicio que se va a prestar o de la obra que se va a ejecutar.” Asimismo, el artículo 52 del Código de Trabajo en su párrafo tercero establece lo siguiente: ………… “Si antes de transcurrido un (1) año se celebra nuevo contrato entre las mismas partes contratantes y para la misma clase de trabajo, deberá entenderse éste por tiempo indefinido, sin que tenga lugar en este caso el período de prueba.” El artículo 19 del Código del Trabajo preceptúa: “Contrato individual de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a efectuar una obra o a prestar sus servicios personales a otra persona, natural o jurídica, bajo la continua dependencia o subordinación de ésta, y mediante una remuneración. Por dependencia continua se entiende la obligación que tiene el trabajador de acatar órdenes del patrono y de someterse a su dirección, ejercida personalmente o por medio de terceros en todo lo que se refiera al trabajo.” Y el artículo 20 del mismo Código antes citado dispone: “Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres (3) elementos esenciales: a) La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo; la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrono, que faculta a ésta para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato; y c) Un salario como retribución del servicio. Una vez reunidos los tres (3) elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen.” La disposición que parcialmente invoca el Tribunal Sentenciador es inaplicable en este caso porque parte del supuesto “ que la relación de trabajo entre la Secretaría de Salud y la señora ELSA MARINA AUCEDA PERDOMO, se fue prolongando su relación laboral en el tiempo, ya que se suscribieron varios contratos de Servicios Profesionales y Técnicos, pero que en esencia, se refieren a la prestación de un trabajo como auxiliar de enfermería, prestado personalmente bajo la subordinación de un patrono y a cambio de un salario como remuneración, lo que tipifica plenamente al contrato de trabajo, desempeñado una labor que es de una de naturaleza permanente en la sustitución.-“Sin embargo, la relación entre la Secretaría de Salud y la demandante en manera alguna puede sujetarla a disposiciones del Código de Trabajo si de los propios términos de dicho contrato se pone de manifiesto que la relación de servicio con el Estado queda sujeto al derecho Mercantil y a las Disposiciones Generales de Presupuesto y a la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, por lo tanto no se puede reconocer la relación de trabajo como permanente y por ende el pago de los derechos y demás pretensiones exigidas en la demanda, en virtud que estos derechos únicamente le corresponden al personal que labora en forma permanente para la Secretaria de Salud, cuando se encuentran nombrados en una plaza mediante un acuerdo permanente llenando los requisitos de idoneidad establecidos en los artículos 4, 11 de la Ley de Servicio Civil, y no mediante contratos temporales, sujeto por tanto a la aplicación de normas de derecho mercantil.-Tanto la Ley Orgánica de Presupuesto, la Constitución de la República, la Ley de Servicio Civil, y su Reglamento como la Ley General de la Administración Pública contienen disposiciones que regulan la relación entre el Estado como patrono y el servidor público, ajeno a lo que dispone el Código del Trabajo que regula fundamentalmente la relación entre el capital y el trabajo, pero de ninguna manera una relación de servicio público del Gobierno Central. Si se celebran contratos de servicios profesionales y técnicos es principalmente por la naturaleza del servicio, en primer lugar porque no se pueden comprometer presupuestos de años futuros y de hacerlo se tiene que proceder conforme lo dispuesto en el artículo 364 de la Constitución de la República que claramente establece que “no podrá hacerse ningún compromiso o efectuarse pago alguno fuera de las asignaciones votadas en el Presupuesto, o en contravención a las normas presupuestas. Los infractores serán responsables civil, penal y administrativamente.” El artículo 15 de la Ley Orgánica de Presupuesto, expresa que cuando se trate de contratos de obra de programas o proyectos de inversión, contratos de suministro, de asistencia técnica y de arrendamiento, cuando resulte antieconómico limitar sus plazos al ejercicio fiscal y cargos financieros originados en operaciones de crédito público, que obviamente no comprende este caso. En la cláusula Cuarta de los contratos se precisan: la fuente de donde serán pagado los contratos de Servicios Profesionales y Técnicos, se establece que los fondos para este Contrato serán tomado de la Estructura Presupuestaria del CONGRESO NACIONAL de la Republica.- Y en segundo lugar que la relación de servicio con carácter permanente en el Gobierno Central se vincula mediante acuerdos de nombramiento, después de seguir todo el procedimiento que para ello establece la Ley de Servicio Civil. Los artículos 200 y 201 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil prescriben: “ARTICULO 200. Las Secretarías de Estado y los organismos desconcentrados podrán suscribir contratos de servicios profesionales y técnicos con personas naturales cuando las labores asignadas no puedan ser realizadas por los empleados regulares o de carrera, ya fuere por la especialidad de las labores o por otra razón calificada. Esta modalidad también podrá emplearse para reclutar personal calificado que se requiera para la ejecución de proyectos especiales. Previo a la suscripción de los contratos deberá acreditarse que los candidatos reúnen los requisitos de idoneidad y capacidad requeridos, a cuyo efecto deberá acompañarse copia de los títulos, diplomas o certificados que correspondan, así como la hoja de vida con los antecedentes profesionales y la experiencia necesaria y sus remuneraciones deberán ajustarse en lo posible a los de los servidores públicos que realizan tareas similares como disponen los Artículos tres (3) inciso 1) de la Ley de Servicio Civil, y nueve (9) de este Reglamento, quienes prestan servicios bajo esta modalidad están excluidos del Servicio Civil. ARTICULO 201 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil. Para la validez de estos contratos deberán observarse las normas presupuestarias; no podrá suscribirse contrato alguno si no hubiera disponibilidad suficiente en la correspondiente asignación para gastos del ejercicio fiscal que corresponda. La contravención a lo acá dispuesto hará incurrir en responsabilidad.” El artículo 22 de la Ley de Servicio Civil dispone que “todos los puestos de la administración pública comprendidos en el Manual de Clasificación de Cargos deberán adjudicarse en base a exámenes por oposición salvo aquellas circunstancias especiales en que no sea conveniente seguir este procedimiento, por exigirse conocimientos muy especializados o porque la naturaleza del cargo así lo aconseje, en cuyo caso podrá aplicarse el método de oposición de antecedentes. El Manual de Clasificación de Cargos deberá señalar los casos calificados que comprenda esta excepción.” El artículo 6 del Reglamento de esta Ley dispone: “Para los fines de la Ley y del presente Reglamento, los términos y definiciones que a continuación se indica, tienen el siguiente significado: 3. Acuerdo del Poder Ejecutivo: Acto administrativo dictado por el Presidente de la República que autoriza al respectivo Secretario de Estado o el dictado por un Secretario de Estado actuando por delegación del Presidente de la República, relativo, en ambos casos, a la legalización de situaciones prescritas por la Ley… 28. Nombramiento: Es el acto administrativo de concesión del status de Empleado o Servidor Público a una persona natural, por medio de un Acuerdo expedido por la autoridad competente conforme a la Ley.” De acuerdo con las disposiciones legales que he citado, para que un servidor público tenga la permanencia en el cargo, se requiere que exista una asignación presupuestaria y que la misma este afecta a dicha relación, que el servidor público se sujete a la normativa de la Ley de Servicio Civil, entre ellas la de hacer examen de oposición, requisitos que se constituyen en solemnidades para la permanencia en el cargo público. Si bien es cierto que el Juzgador no está sujeto a la tarifa legal de prueba y por lo tanto forma libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes; sin embargo, cuando la ley exige determinada solemnidad ad sustantian actus, no se podrá admitir sin prueba por otro medios. De ahí que el Tribunal Sentenciador al apreciar los contratos de servicios profesionales y técnicos como contratos de trabajo regulados por el Código del Trabajo lo hace en forma errónea pues en su criterio no necesita de tales solemnidades para que el demandante exija derechos que únicamente le corresponden al personal que labora en forma permanente para la Secretaria de Salud sin observar el procedimiento establecido en la Ley, nombrados mediante un acuerdo, no teniendo la competencia los Juzgados del Trabajo de Francisco Morazán de la jurisdicción de la Dirección General de Servicio Civil, para ordenar que a la demandante se le nombre en forma permanente y se le reconozcan todos los derechos que ostentan los Servidores Públicos nombrados mediante un acuerdo permanente, por no estar comprendido en el ámbito de su competencia, y que al hacerlo estaría incurriendo de esa manera en un error de derecho y que en forma indirecta infringe el 47, 52, párrafo último en relación con los artículos 19 y 20, del Código del Trabajo, y el artículo 4,11 de la Ley de Servicio Civil, 22, 200, 201 del Reglamento de Servicio Civil al haberlo aplicado indebidamente y que como consecuencia de esa aplicación indebida, a reconocerle su relación laboral como permanente en la Secretaria de Salud y demás derechos exigidos por la parte demandante, reconociendo por este acto la permanencia a la señora ELSA MARINA AUCEDA PERDOMO, y por tal razón declaró con lugar la demanda. Por lo antes expuesto, es procedente en derecho que se declare ha lugar este motivo de casación, que se case la sentencia recurrida y como resultado de ello que se declare sin lugar la demanda promovida contra el ESTADO DE HONDURAS”.- 3.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) se indican los concepto de infracción indirecta (error de derecho por apreciación errónea) aplicación indebida e interpretación errónea esta última cuando se menciona que el “…Aquem no realizo una debida interpretación de la Ley al emitir el fallo correspondiente…” modalidades de violación a la ley sustantiva distintos e incompatibles entre sí, que se deben formular en forma separada por la independencia de los cargos; b) se indican como normas sustantivas infringidas los artículos “…47 último párrafo y 52 del Código del Trabajo…” careciendo de esa calidad. Conviene recordar que norma sustantiva, es aquella que confiere derechos y obligaciones correlativos o los extinguen; y, c) tanto en la formulación como en el desarrollo se realizan extensos alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario.- 4.- Que el recurso de casación ha sido instituido en defensa de la ley sustantiva del orden nacional y laboral. No puede, por tanto, extenderse el ámbito de este recurso hasta comprender normas de otra naturaleza.- 5.-Por lo antes expuesto procede declarar no ha lugar el recurso de casación interpuesto en su primer y único motivo.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 770, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación formulado en su primer y único motivo; 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los dieciocho días del mes de enero del dos mil veintidós; certificación de la sentencia de fecha trece de diciembre del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número CL 550-19.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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