Sentencia CL-538-19 — Registro 12771
Resumen
Segunda instancia declaró parcialmente con lugar la demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono justifique el despido de que fueron objeto, caso contrario sea condenado al pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales, derechos adquiridos, beneficios o derechos adeudados, pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, derivados de las leyes del trabajo y contrato colectivo en condiciones de trabajo suscrito entre SANAA y SITRASANAAYS, costas
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo 765 del Código del Trabajo en que encuentra comprendido el cargo; b) si bien es cierto entre las normas citadas por el Recurrente forman parte del cuerpo legal sustantivo laboral (artículo 99, 101 y 102 del Código del Trabajo), no especifica el párrafo y literal de los que contiene dicho precepto, al que dirige su ataque, lo cual es indispensable, ya que cada uno de ellos hace referencia a distintas situaciones jurídicas; c) no demuestra el error en que incurrió el Juzgador, debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos; y, d) formula alegatos propios de instancia. IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo de casación. "...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veintidós días del mes de marzo del año dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha 07 de septiembre del 2020, por el Abogado DANIEL ALEXANDER ORTIZ, en su condición de representante procesal del SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), como recurrente; además, es parte recurrida, los señores YINA KARELY SALINAS ZALAVARRIA, WILFREDO MARTINEZ RAMIREZ, JOSE VIDAL MARADIAGA GONZALEZ y otros, representados en juicio por el Abogado RIKI NELSON DUBON TURCIOS. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono justifique el despido de que fueron objeto, caso contrario sea condenado al pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales, derechos adquiridos, beneficios o derechos adeudados, pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, derivados de las leyes del trabajo y contrato colectivo en condiciones de trabajo suscrito entre SANAA y SITRASANAAYS, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha 13 de agosto del 2015, por los señores 1) YINA KARELY SALINAS ZALAVARRIA, soltera, Perito Mercantil y Contador Público; 2) WILFREDO MARTINEZ RAMIREZ; 3) JOSE VIDAL MARADIAGA GONZALEZ, soltero, Operador de Planta, 4) KIMBERLY PAOLA CHAVARRIA VALLADARES, soltera; 5) SANTOS ISABEL TORRES BARRIENTOS, casado, Peón; 6) MARIO ENRIQUE ELVIR ELVIR, casado, Motorista; 7) JOSE DE LA CRUZ ROMERO BUEZO, casado, Perito Mercantil y Contador Público; 8) RUBEN HELIODORO LOPEZ ESCOBER, casado, Asistente de Supervisión Aguas Residuales y 9) DORIS JANETH CUESTAS AVILES, casada, Promotora Social; todos mayores de edad, hondureños y de este domicilio, contra el SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), por medio de su Gerente General y Representante Legal señor LUIS RENE EVELINE HERNANDEZ. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 08 de agosto del 2019, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 09 de enero del 2019, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por los señores 1) YINA KARELY SALINAS ZALAVARRIA, 2) JOSE VIDAL MARADIAGA GONZALEZ, 3) RUBEN HELIODORO LOPEZ ESCOBER y 4) DORIS JANETH CUESTAS AVILES, contra el SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA) atravez de su Gerente General y representante legal señor LUIS RENE EVELINE HERNANDEZ.- SEGUNDO: CONDENAR al SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA) atravez de su Gerente General y representante legal señor LUIS RENE EVELINE HERNANDEZ, al incremento salarial del año 2014 a los señores 1) YINA KARELY SALINAS ZALAVARRIA le corresponde la cantidad de (Lps. 9,124.74); 2) JOSE VIDAL MARADIAGA GONZALEZ, le corresponde la cantidad de (Lps. 18,180.72); 3) RUBEN HELIODORO LOPEZ ESCOBER le corresponde la cantidad de (Lps. 14,343.12) y 4) DORIS JANETH CUESTAS AVILES le corresponde la cantidad de (Lps. 10,347.84).- TERCERO: CONDENAR al SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA) atravez de su Gerente General y representante legal señor LUIS RENE EVELINE HERNANDEZ a pagar a los trabajadores: 1) YINA KARELY SALINAS ZALAVARRIA, los conceptos siguientes: PREAVISO (Lps. 309,173.76), AUXILIO DE CESANTIA (Lps. 309,173.76) AUXILIO DE CESANTIA PROPORCIONAL (Lps. 6,950.28), VACACIONES PROPORCIONALES (Lps. 2,288.13); DECIMO TERCER MES PROPORCIONAL (Lps. 6,336.84), DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL (Lps. 15,538.44) lo que asciende a pagar (Lps. 649,461.21), menos el anticipo de sus prestaciones por la cantidad de Lps. 45,000.00 por lo que da un valor total de SEISCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON VEINTIUN CENTAVOS (Lps. 604,461.21); 2) JOSE VIDAL MARADIAGA GONZALEZ, PREAVISO (Lps. 1,958,720.88), AUXILIO DE CESANTIA (Lps. 1,958,720.88) AUXILIO DE CESANTIA PROPORCIONAL (Lps. 32,072.84) VACACIONES PROPORCIONALES (Lps. 10,548.83); DECIMO TERCER MES PROPORCIONAL (Lps. 9,537.80), DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL (Lps. 30,854.73) lo que asciende a pagar (Lps. 4,000,455.96) menos el anticipo de pago de prestaciones laborales por la cantidad de Lps. 70,000.00 por lo que da un valor total de TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS (Lps. 3,930,455.96). 3) RUBEN HELIODORO LOPEZ ESCOBER PREAVISO (Lps.1,905.422.38), AUXILIO DE CESANTIA (Lps. 1,905,422.38) AUXILIO DE CESANTIA PROPORCIONAL (Lps. 2,696.82), VACACIONES PROPORCIONALES (Lps. 703.66); DECIMO TERCER MES PROPORCIONAL (Lps. 10,130.22), DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL (Lps. 24,840.12) lo que asciende a pagar (Lps. 3,849,215.58) menos el anticipo de prestaciones por la cantidad de Lps. 80,000.00 por lo que da un valor total de Lps. TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON SETENTA CENTAVOS (Lps. 3,794,055.70) y 4) DORIS JANETH CUESTAS AVILES PREAVISO (Lps. 286,346.34), AUXILIO DE CESANTIA (Lps. 286,346.34) AUXILIO DE CESANTIA PROPORCIONAL (Lps. 5,302.71), VACACIONES PROPORCIONALES (Lps. 1,023.50); DECIMO TERCER MES PROPORCIONAL (Lps. 7,825.28), DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL (Lps. 19,188.23) lo que asciende a pagar (Lps. 606,032.40) menos el pago de anticipo de prestaciones laborales por la cantidad de Lps. 52,000.00, por lo que da un valor total a pagar de QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS (Lps. 554,032.40); dichos valores ya con el incremento salarial del año 2014; y a título de daños y perjuicios a todos los trabajadores en mención el pago de los salarios dejados de percibir desde que se produjo el despido hasta que quede firme la presente sentencia.- CUARTO: SE CONDENA al SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA) atravez de su Gerente General y representante legal señor LUIS RENE EVELINE HERNANDEZ, al pago de los salarios dejados de percibir de los señores 1) YINA KARELY SALINAS ZALAVARRIA, 2) JOSE VIDAL MARADIAGA GONZALEZ, 3) RUBEN HELIODORO LOPEZ ESCOBER y 4) DORIS JANETH CUESTAS AVILES durante el periodo en el cual se encontraban suspendidos sus contratos individuales de trabajo desde el 3 de enero del aro 2015 al 2 de mayo del año 2015 por la cantidad 1) YINA KARELY SALINAS ZALAVARRIA, le corresponde la cantidad de (Lps. 47,088.00); 2) JOSE VIDAL MARADIAGA GONZALEZ, le corresponde la cantidad de (Lps. 93,820.80); RUBEN HELIODORO LOPEZ ESCOBER le corresponde la cantidad de (Lps. 74,017.20); y 4) DORIS JANETH CUESTAS AVILES le corresponde la cantidad de (Lps. 53,400.00). .- QUINTO: SE CONDENA al SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA) atravez de su Gerente General y representante legal señor LUIS RENE EVELINE HERNANDEZ, al pago de la indemnización de 30 días de salario por la no notificación de la suspensión de que fueron objeto los contratos de trabajo de los señores 1) YINA KARELY SALINAS ZALAVARRIA, le corresponde la cantidad de (Lps. 11,771.93); 2) JOSE VIDAL MARADIAGA GONZALEZ, le corresponde la cantidad de (Lps. 23,455.28); RUBEN HELIODORO LOPEZ ESCOBER le corresponde la cantidad de (Lps. 18,504.36); y 4) DORIS JANETH CUESTAS AVILES le corresponde la cantidad de (Lps. 13,349.88). .- SEXTO: SE CONDENA al SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA) a traves de su Gerente General y representante legal señor LUIS RENE EVELINE HERNANDEZ al pago de bono de compensación del año 2015 a los señores 1) YINA KARELY SALINAS ZALAVARRIA, por Lps. 5,886.00 2) JOSE VIDAL MARADIAGA GONZALEZ, por Lps.11,727.60 3) RUBEN HELIODORO LOPEZ ESCOBER por Lps.9,252.15 y 4) DORIS JANETH CUESTAS AVILES, por Lps. 6,675.00. - SEPTIMO: SE ABSUELVE al SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA) atravez de su Gerente General y representante legal señor LUIS RENE EVELINE HERNANDEZ al pago de prestaciones labores conforme al acta 021-A-2012 CB.- OCTAVO: SIN COSTAS”. ANTECEDENTES DE HECHO. 1. Las partes demandantes expresaron en el escrito de su acción que iniciaron la relación laboral de la siguiente manera: Yina Karely Salinas Zalavarria, el 18 de diciembre del 2006, en el puesto de Secretaria de la Gerencia Comercial, devengando en los últimos seis meses un salario mensual de L.11, 265.00; Wilfredo Martinez Ramirez, el 23 de abril del 2007, en el puesto de Peón Plantel Las Vegas, devengando en los últimos seis meses un salario mensual de L.10,138.75; José Vidal Maradiaga González, el 18 de julio de 1990, en el puesto de Operador de Planta en Plantel la Concepción, devengando en los últimos seis meses un salario mensual de L.22,445.24; Kimberly Paola Chavarria Valladares, el 21 de mayo del 2008, en el puesto de Transcriptora de Datos, devengando en los últimos seis meses un salario mensual de L. 10,525.00; Santos Izabel Torres Barrientos, el 12 de junio del 2002, en el puesto de Peón Plantel Los Filtros, devengando en los últimos seis meses un salario mensual de L.9,425.00; Mario Enrique Elvir Elvir, el 19 de noviembre de 1992, en el puesto de Motorista, devengando en los últimos seis meses un salario mensual de L. 15,513.84; Jose de la Cruz Romero Bueso, el 8 de noviembre de 1993, en el puesto de Auxiliar Administrativo Plantel Los Filtros, devengando en los últimos seis meses un salario mensual de L. 17,604.82; Rubén Heliodoro López Escober, el 01 de abril de 1986 en el Puesto Asistente de Supervisión de Aguas Residuales, Plantel Las Vegas, devengando en los últimos seis meses un salario Mensual de (L.17,714.41); y Doris Janeth Cuestas Avilés, el 2 de octubre del 2009, en el Puesto de Promotora Social, en la Unidad de Barrios en Desarrollo, devengando en los últimos seis meses un Salario de L.13,475.00, dichos salarios descritos eran pagados de manera bisemanal, conforme a la negociación colectiva realizada en el año 2014, según el Punto No. 12, del Acta Numero 812, se aprobó un aumento salarial equivalente en términos porcentuales a un promedio de 4.5%, el cual nunca se les reconoció y se les adeudaba. La demandada de forma arbitraria, ilegal e injusta, mediante nota de despido de fecha 04 de mayo de 2015, firmada por el Gerente General, les notificó su decisión de dar por finalizado el contrato individual de trabajo a partir de esa fecha, indicándoles en el literal c) que estaba en la disposición de reconocerles el importe de las prestaciones e indemnizaciones laborales que conforme a la Ley les correspondían, sin embargo no cumplió lo prometido, volviéndose una acción ilegal al haber violentado garantías constitucionales, como el derecho a la defensa, el debido proceso, derecho al trabajo, la estabilidad en el mismo, motivación suficiente para declarar el despido de que fueron objeto como ilegal e injusto, ya que también se violentó la cláusula 9, del Contrato Colectivo de condiciones de trabajo suscrito entre SANAA y SITRASANAAYS, el artículo 129 de la Constitución de la República, el artículo 3 y 113 del Código del Trabajo. Siendo que el patrono debe probar la justa causa en que basó el despido, el demandado se apegó a lo estipulado en el artículo 111 numeral 8) y segundo párrafo del Código del Trabajo, en las causas o motivos a, b y c, y que constan en la nota de despido de fecha 4 de mayo de 2015, no obstante, dichas causas no se encuentran comprendidas dentro de las causales de despido permitidas por la Ley, contenidas en el Artículo 112 del Código del Trabajo, por lo que existió una violación de dicha norma al no establecer el motivo legal que dió origen a la separación de sus puestos de trabajo, dejando claro que el despido del que fueron objeto fue ilegal y por ende injusto, al haber violentado derechos fundamentales y el convenio número 111 de La Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Honduras mediante Decreto No.209, también mencionaron que de forma arbitraria, ilegal e injusta, mediante nota de fecha 02 de enero del 2015, firmada por el Gerente General, el demandado les notificó la decisión de suspender su Contrato Individual de Trabajo por un término de (120) días, sin haber probado la justificación para hacerlo, violentando los artículos 100, 101, 102 y 103 del Código del Trabajo, al no haberles notificado con (30) días de anticipación, sin el pago del preaviso correspondiente, además no tenía la autorización de la Secretaria del Trabajo y Seguridad Social, y que aunado a lo anterior, una vez transcurrido el plazo de la suspensión no se les reintegró en sus puestos de trabajo, tal como lo dispone el artículo 103 del Código del Trabajo, si no que al contrario fueron despedidos, razón por la cual solicitaron el pago de los salarios adeudados desde el 02 de enero de 2015, hasta el 04 de mayo de 2015. Dando por agotado el trámite administrativo correspondiente al no haberse logrado un acuerdo conciliatorio entre las partes. 2. La parte demandada, el SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), contestó dicha demanda señalando que la suspensión del Contrato Individual de Trabajo fue notificado con efectividad a partir del 2 de Enero del 2015, hasta el 4 de mayo del 2015, mediante una nota cuyo contenido literal era el siguiente: "Por este medio se le notifica la decisión del SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), de suspender por un término de CIENTO VEINTE (120) DIAS el Contrato Individual de Trabajo que sirve de vinculo jurídico entre usted y la institución.- Esta suspensión de labores será efectiva a partir del 03 de enero de 2015 hasta el 02 de mayo de 2015, debiéndose reincorporar a sus labores el día 04 de mayo de 2015.- La anterior decisión se fundamenta en lo estipulado en el Articulo 100 numerales 4), 5) y 15) del Código de Trabajo mismo que literalmente consigna: "Articulo 100: Son causas de suspensión de las contratos de trabajo sin responsabilidad para las partes: ... 4) La imposibilidad de explotar con un mínimo razonable de utilidad; 5) La falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajos, si se comprueba plenamente por el patrono ... y, 15) Cualquier otra causa justificada no prevista en las ordinales anteriores, a juicio de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social.”, sirviendo las causas mencionadas como sustento para la suspensión de los Contratos de Trabajo, y que por persistir al 4 de mayo del 2015, una vez notificada la Secretaria del Trabajo, decidió recurrir al precepto autorizante contenido en el Articulo 111 numeral 8), y segundo párrafo que consigna: “son causas de terminación de los contratos de trabajo: … 8) La suspensión de actividades por más de ciento veinte días en los casos 1), 3), 4), 5), 6) del Articulo 100 ... en los casos del inciso 8 tampoco habrá responsabilidad para las partes”, por lo que dió por terminado el Contrato de Trabajo sin responsabilidad de su parte, señalando que a pesar del precepto legal invocado, sobre no tener responsabilidad laboral, decidió por mera liberalidad ofrecer el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, sin embargo los demandantes pretenden que se les paguen estos conceptos utilizando como base de cálculo una formula ajena a lo que fue convenido mediante la contratación colectiva en la cláusula 44 literal e), numeral 4), referente a que al haberse dado por terminada la relación laboral, conforme a una causa legalmente establecida, la cual expresamente señala que no habrá responsabilidad de su parte, implicando que no puede ser obligado a pagar los conceptos reclamados. También arguyó que los demandantes recurrieron prematuramente a la vía jurisdiccional, pues la condena de los extremos y conceptos solicitados dependen de la resolución que emita al efecto la Secretaria del Trabajo y Seguridad Social, como órgano administrativo competente para resolver si se autoriza o no la suspensión de los contratos de trabajo, conforme al artículo 101 y 102 del Código del Trabajo, para que el trabajador suspendido pueda ejercitar los derechos emanados del contrato de trabajo, es necesario que primero exista un pronunciamiento mediante resolución por parte del órgano competente en sede administrativa, y que previo a recurrir a los tribunales la Secretaria del Trabajo y Seguridad Social deberá declarar sin lugar, es decir que a su parecer debía pronunciarse primero la Secretaría del Trabajo y luego comparecer a los Tribunales, en consecuencia los demandantes carecen de presupuesto jurídico y legitimación pasiva para incoar la demanda, ya que el tribunal no es el llamado en este momento a censurar la suspensión y condenarlo al pago de los valores reclamados, sino que para ello depende de la resolución que al efecto emita la autoridad administrativa del trabajo y que la misma quede firme para luego hacer cualquier pronunciamiento sobre dicho procedimiento. Referente al documento presentado junto con la demanda atinente al cálculo de prestaciones alegó que el mismo faltó a la verdad, y alteró las cantidades verdaderas lo cual es un delito contemplado en el artículo 284, numeral 5 del Código Penal, al pretender el cobro excesivo en perjuicio de una institución al servicio de la colectividad hondureña, y es por el reclamo de cantidades exorbitantes que no ha podido pagar las prestaciones a los demandantes. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha 09 de enero del 2019, dictó sentencia declarando PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por los señores Yina Karely Salinas Zalavarria, José Vidal Maradiaga Gonzales, Rubén Heliodoro López Escober y Doris Janeth Cuestas Avilés, contra el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), y CONDENÓ a la demandada a reconocer el incremento salarial correspondiente al año 2014, y pagar a favor de la señora Yina Karely Salinas Zalavarria (L. 9,124.74); al señor José Vidal Maradiaga González (L. 18,180.72); al señor Rubén Heliodoro López Escober (L. 14,343.12); y a la señora Doris Janeth Cuestas Avilés (L. 10,347.84); CONDENÓ a la demandada a pagar a la señora Yina Karely Salinas Zalavarria, los conceptos siguientes: preaviso (L. 309,173.76); auxilio de cesantía (L. 309,173.76); auxilio de cesantía proporcional (L. 6,950.28); vacaciones proporcionales (L. 2,288.13); décimo tercer mes proporcional (L. 6,336.84); décimo cuarto mes proporcional (L. 15,538.44); lo que asciende a pagar (L. 649,461.21); menos el anticipo de sus prestaciones por la cantidad de (L. 45,000.00); por lo que da un valor total de (L. 604,461.21); al señor José Vidal Maradiaga González, preaviso (L. 1,958,720.88); auxilio de cesantía (L. 1,958,720.88); auxilio de cesantía proporcional (L. 32,072.84); vacaciones proporcionales (L. 10,548.83); décimo tercer mes proporcional (L. 9,537.80); décimo cuarto mes proporcional (L. 30,854.73); lo que asciende a pagar (L. 4,000,455.96); menos el anticipo de pago de prestaciones laborales por la cantidad de (L. 70,000.00); por lo que da un valor total de (L. 3,930,455.96); al señor Rubén Heliodoro López Escober preaviso (L.1,905.422.38); auxilio de cesantía (L. 1,905,422.38); auxilio de cesantía proporcional (L. 2,696.82); vacaciones proporcionales (L. 703.66); décimo tercer mes proporcional (L. 10,130.22); décimo cuarto mes proporcional (L. 24,840.12); lo que asciende a pagar (L. 3,849,215.58); menos el anticipo de prestaciones por la cantidad de (L. 80,000.00); por lo que da un valor total de (L. 3,794,055.70); y a la señora Doris Janeth Cuestas Avilés preaviso (L. 286,346.34); auxilio de cesantía (L. 286,346.34); auxilio de cesantía proporcional (L. 5,302.71); vacaciones proporcionales (L. 1,023.50); décimo tercer mes proporcional (L. 7,825.28); décimo cuarto mes proporcional (L. 19,188.23); lo que asciende a pagar (L. 606,032.40); menos el pago de anticipo de prestaciones laborales por la cantidad de (L. 52,000.00), por lo que da un valor total a pagar de (L. 554,032.40); dichos valores ya con el incremento salarial del año 2014. CONDENÓ al pago de los salarios dejados de percibir de los trabajadores en mención durante el periodo en el cual se encontraban suspendidos sus contratos individuales de trabajo, desde el 3 de enero del año 2015 al 2 de mayo del año 2015, de la siguiente forma: señora Yina Karely Salinas Zalavarria, le corresponde la cantidad de (L. 47,088.00); José Vidal Maradiaga González (L. 93,820.80); Rubén Heliodoro López Escober (L. 74,017.20); y Doris Janeth Cuestas Avilés (L. 53,400.00); CONDENÓ a la demandada al pago de la indemnización de 30 días de salario por no haber notificado la suspensión de que fueron objeto los contratos de trabajo, a la señora Yina Karely Salinas Zalavarria la cantidad de (L. 11,771.93); José Vidal Maradiaga González (L. 23,455.28); Rubén Heliodoro López Escober (L. 18,504.36); y a la señora Doris Janeth Cuestas Avilés (L. 13,349.88). CONDENÓ a la demandada a pagar el pago de bono de compensación del año 2015 a los señores Yina Karel Salinas Zalavarria la cantidad de (L. 5,886.00); José Vidal Maradiaga González (L.11,727.60); Rubén Heliodoro López Escober (L.9,252.15); y la señora Doris Janeth Cuestas Avilés (L. 6,675.00); ABSOLVIÓ a la demandada del pago de prestaciones labores conforme al acta 021-A-2012 CB, SIN COSTAS. Bajo el criterio que durante el periodo en que se encontraban suspendidos los demandantes ninguna de las partes podía exponer sus reclamos, no obstante, el artículo 110 del Código del Trabajo señala que cuando el despido injustificado surta efectos el trabajador tiene derecho a la remuneración debida durante la suspensión de trabajo, al pago de sus prestaciones laborales, y a los salarios dejados de percibir, como lo han solicitado los interesados en el presente caso, asimismo se acreditó con el medio probatorio de exhibición de documentos, que no se hizo efectivo el pago en concepto de indemnización, por no haber notificado la suspensión de que fueron objeto los contratos individuales de trabajo, considerando que procedía el pago correspondiente a los (30) días de salario, y la indemnización por la no notificación de la suspensión junto con el reajuste correspondiente, de igual forma concedió el derecho al pago y bono de vacaciones, puesto que de la evacuación del medio de prueba de exhibición de documentos se constató que no se realizaron los pagos en mención, a su vez con el mismo medio de prueba se comprobó que no se hizo efectivo el pago del bono de compensación del año 2015, plasmado en la cláusula 17 del Contrato Colectivo de Condiciones de trabajo, y siendo que una de las pretensiones de las partes demandantes fue el aumento de salario correspondiente al año 2014, y que se acompañó como medio de prueba la contratación colectiva específicamente a lo indicado en la cláusula 84, en la cual se establece que la empresa se obligaba a conceder aumentos salariales en forma general, efectivos a partir del 01 de enero de cada año, además se acompañó como medio de prueba la certificación del punto Número 12, del acta número 812 de la Sesión Ordinaria de Junta Directiva, celebrada en fecha 19 de septiembre del año 2014, en la cual se resuelve aprobar el ajuste salarial a los empleados permanentes correspondiente al año 2014, conforme a la tabla negociada entre la Gerencia General del SANAA y SITRASANAYSS, equivalente en términos porcentuales al 4.5%, es por ello que consideró que las disposiciones contenidas en la contratación colectiva obligaban a los suscriptores a dar cumplimiento a los compromisos incurridos, además la cláusula 44 del contrato colectivo, estipuló la obligación del empleador para conceder el aumento anual salarial en el año 2014, mismo que no fue otorgado tal como quedó comprobado mediante el medio de prueba de exhibición de documentos, accediendo el aquo a dicha pretensión y concediendo el mencionado incremento salarial, asimismo en vista de haberse otorgado los pagos del décimo tercer y cuarto mes causados, y proporcionales del año 2014-2015, vacaciones, salarios adeudados, indemnización y bono de compensación, que fueron liquidados conforme al incremento del salario otorgado para el año 2014. En cuanto a la controversia relativa al cálculo de las prestaciones laborales y su procedimiento, en vista que los demandantes indicaron que dicho cálculo debía ser acorde a las disposiciones establecidas en el acta Numero 021-A-2012-CB, levantada en fecha 18 de octubre del año 2012, la cual fue anulada por la Secretaría de Trabajo y Seguridad, mediante resolución número 179-2015, de fecha 22 de diciembre del año 2015, en consecuencia no tiene efecto su aplicación, debiendo remitirse a la cláusula número 44 del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente suscrito entre el SANAA y SITRASANAAYS, para realizar las liquidaciones concedidas, siendo que la suscripción de dicho contrato colectivo fue bajo las formalidades legales, tiene como efecto jurídico la obligatoriedad de sus firmantes, y no debe ser objeto de conflicto el procedimiento de la liquidación del cálculo de prestaciones laborales, cuando se cuenta con la contratación colectiva, en vista de ello la cláusula 44, fue clara al señalar en su literal e), en su último párrafo, que para efectuar estos pagos se utilizará como base el promedio de los salarios devengados de los 6.5 meses, incluyendo los proporcionales de los derechos adquiridos, utilizando como salario base aquel que se ha convenido en el contrato de trabajo, y que aparece de forma nominal en las planillas mensuales, asimismo conforme al inciso c), de dicha cláusula contractual la operación aritmética para definir el salario promedio del trabajador se realizará haciendo la sumatoria de los salarios devengados durante los últimos 6.5 meses, junto a la parte proporcional devengada de los derechos adquiridos en estos 6.5 meses, y dividirlos entre 6.5 meses, disposiciones acordes al dictamen emitido por la Unidad de Cálculos de Prestaciones, Dirección General de Inspección del Trabajo de la Secretaria del Trabajo y Seguridad Social. En relación a los respectivos pagos de las prestaciones laborales, se constató mediante el medio de prueba documental que a la señora Doris Yaneth Cuestas Avilés, se le dio un adelanto de prestaciones laborales por la cantidad de (L. 52,000.00); al señor Rubén Heliodoro López Escober la cantidad de (L. 80.000.00); al señor José Vidal Maradiaga González (L. 70,000.00); y a la señora Yina Karely Salinas Zalavarria (L. 45,000.00), por lo que dichas cantidades fueron deducidas de la liquidación. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha 08 de agosto del 2019, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas. Bajo el criterio que si bien es cierto la terminación del contrato de trabajo se dio por causas ajenas a la voluntad de los demandantes, consecuentemente el patrono estaba obligado a cumplir lealmente sus obligaciones de acuerdo a los derechos adquiridos por el trabajador al momento de dar por terminada la relación de trabajo, puesto que los mismos legalmente ya formaban parte de su patrimonio, y al no hacerlo violentó los derechos de los empleados, en consecuencia, estimó que la sentencia definitiva dictada por el aquo fue dictada conforme a derecho, siendo procedente su confirmatoria. 5. Mediante auto de fecha 17 de enero del 2020, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado DANIEL ALEXANDER ORTIZ, en su condición de representante procesal del SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha 07 de septiembre del 2020, compareció ante éste Tribunal el Abogado DANIEL ALEXANDER ORTIZ, formalizando su demanda exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 11 de enero del 2021, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 09 de febrero del 2021, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por el Abogado RIKI NELSON DUBON TURCIOS, en condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que el Abogado DANIEL ALEXANDER ORTIZ, en el primer y único motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva nacional de índole laboral por infracción indirecta proveniente de error de hecho debido a la apreciación errónea del medio de prueba documental propuesta por la parte demandada que obra a folios 15,16,21 al 23,34,35,47,48, y 49 de la primera pieza de autos. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS EN ESTE MOTIVO Las normas sustantivas nacionales de índole laboral violada por la sentencia recurrida están contenidas en los artículos 99, 100 numerales 4, 5 y 15, 101, 102, 111 numeral 8 párrafo segundo REGLAS PROCESALES VIOLADAS EN ESTE MOTIVO Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo y 206 del Código Procesal Civil. PRUEBA APRECIADA ERRÓNEAMENTE La prueba apreciada erróneamente en este motive es DOCUMENTAL: Notificación de suspensión de labores y notificación de terminación de contrato que corre agregada a folios 15,16,21al 23,34,35,47,48 y 493 todos de la primera pieza de autos. PRECEPTO AUTORIZANTE CON RESPECTO A ESTE MOTIVO Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN En la motivación de la sentencia de fecha 8 de agosto de 2019, se pueden percibir los errores en que incurrió el Tribunal Ad Quem en la formación de su convencimiento. Tanto al momento de aplicar la norma sustantiva al caso concreto, así como en la apreciación de los medios probatorios los cuales describiré a continuación: Primero: Honorables Magistrados tanto el Tribunal Aquo como el Tribunal Ad Quem han quebrantado el ordenamiento jurídico al inobservar la norma establecida en los artículos 101 y 102 del Código de Trabajo ya que la Secretaria de Trabajo y Seguridad social como órgano administrativo competente para resolver, si se autoriza o no la suspensión de los contratos de trabajo según lo estipulado en los referidos artículos del Código de Trabajo que literalmente exponen lo siguiente: "la suspensión de contratos de trabajo surtirá efecto desde la conclusión del día en que ocurrió el hecho que le dio origen, siempre que la comprobación de la causa en que se funde se inicie ante la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, o ante las representantes de la misma debidamente autorizados, dentro de los tres días posteriores al ya mencionado .... Si la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social no autorizare la suspensión por no existir la causa alegada o por ser injusta, la declara sin lugar, los trabajadores podrán ejercitar los derechos emanados del Contrato de Trabajo." De lo anterior se coligen las siguientes elementos: 1) Que el órgano competente para autorizar en sede administrativa la suspensión de contratos de trabajo, es la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social; 2) Que para que el trabajador suspendido pueda ejercitar las derechos emanados del contrato de Trabajo es Necesario que primero exista un pronunciamiento mediante resolución por parte de dicho órgano competente en sede administrativa; 3) Que previo a recurrir a los tribunales para ejercitar estos derechos la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social deberá declarar sin lugar en virtud de no existir la causa alegada o por ser injusta, es decir tienen que pronunciarse primero antes de que puedan demandar Ahora bien, señores Magistrados la Resolución 154-2015 la cual se declara CON LUGAR la suspensión por parte de la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, exime a mi representada al pago de cantidades derivadas de la suspensión. Como se expone en el numeral anterior, para que mi representada sea condenada a los pagos reclamados, dicha solicitud, tuvo que declararse SIN LUGAR y por consecuencia que sea procedente el pago de las cantidades que los demandantes reclaman, y como se demostró en el presente juicio este no fue el caso, por lo tanto, es improcedente que se condene a mi representada al pago de las cantidades que se reclaman durante los cuatro meses que duró la suspensión. En el presente caso señores magistrados los tribunales de primera instancia y segunda instancia han inobservado lo estipulado en el artículo 111 numeral 8 párrafo segundo el cual literalmente establece son causas de terminación de los contratos de trabajo: "La suspensión de actividades por más de ciento (120) días en los casos 1) 2) 3) 4) 5) y 6) del artículo 100". Ya que en el caso de autos quedo comprobado que mi representada suspensión termino ciento veinte (120 días) amparados en las siguientes causales : 1) la imposibilidad de explotar la empresa con un mínimo razonable de utilidad 2) la falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajos, causales que fueron plenamente acreditadas ante la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social conduciendo a declarar con lugar la solicitud de suspensión de contratos de trabajo por lo anterior nos lleva a una desnaturalización del despido injustificada que aduce la parte demandante ya que al ampararse en la normativa legal establecida en el Código de Trabajo nos resulta improcedente que se condene a mi representada al pago de salarios de percibir.- otro punto tomar en cuenta que el mismo código de trabajo al terminar la relación laboral conforme al artículo 111 numeral 8 el cual sirve de fundamento para dar por terminada la relación con el demandante, existe un apartado especial mediante el cual libera de responsabilidad a mi representada a excepción de la muerte o incapacidad del patrono, circunstancias que no ha ocurrido en el caso de autos por tal razón no hay lugar a dar el pago de salarios dejados de percibir ya que no se enmarca en la figura de despido injustificado, sino en la terminación de la relación laboral sin responsabilidad para las partes”. III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo 765 del Código del Trabajo en que encuentra comprendido el cargo; b) si bien es cierto entre las normas citadas por el Recurrente forman parte del cuerpo legal sustantivo laboral (artículo 99, 101 y 102 del Código del Trabajo), no especifica el párrafo y literal de los que contiene dicho precepto, al que dirige su ataque, lo cual es indispensable, ya que cada uno de ellos hace referencia a distintas situaciones jurídicas; c) no demuestra el error en que incurrió el Juzgador, debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos; y, d) formula alegatos propios de instancia. IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los siete días del mes de junio del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha veintidós de marzo del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número CL538-19. Firma y sello.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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