Sentencia CL-533-19 — Registro 13152
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para que el patrono pruebe la justa causa de un despido, caso contrario sea condenado al pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales, pago de reajuste de salario mínimo por despido directo, ilegal e injusto, salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo 765 del Código del Trabajo en que encuentra comprendido el cargo; b) la norma que indica como violada (Artículo 765 del Código del Trabajo) no ostenta el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; c) no demuestra el error en que incurrió el Juzgador, debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos; d) cita normativa no indicada como violada en la formulación del cargo, tal es el caso de los artículos 52 y 738 del Código del Trabajo; y, e) formula alegatos propios de instancia.- IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo de casación."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veintidós días del mes de junio del año dos mil veintiuno.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha dieciocho de marzo del dos mil veintiuno, por el Abogado GABRIEL ALEJANDRO SORTO MENDOZA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además es parte recurrida, el señor SANTOS ALBERTO VALLECILLO, representado en juicio por la Abogada MIRNA LIZETH TURCIOS RODRIGUEZ. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para que el patrono pruebe la justa causa de un despido, caso contrario sea condenado al pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales, pago de reajuste de salario mínimo por despido directo, ilegal e injusto, salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de septiembre del dos mil quince, por el señor SANTOS ALBERTO VALLECILLO, mayor de edad, unión libre, Guardia de Seguridad, hondureño y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA), ahora SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS (MIAMBIENTE), por medio del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha ocho de abril del dos mil diecinueve, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha veintiséis de septiembre del año dos mil dieciocho, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por SANTOS ALBERTO VALLECILLO, contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en cuanto al pago por los siguientes conceptos: preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional; vacaciones proporcionales, décimo tercer mes proporcional, décimo cuarto mes proporcional y reajuste al salario mínimo, más los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que quede firme el presente fallo de conformidad a derecho; en consecuencia; 2) CONDENA al DEMANDADO, EL ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la República Abogado
ABRAHAM ALVARENGA URBINA, a pagar a SANTOS ALBERTO VALLECILLO la cantidad de CIENTO VEINTIUN MIL NOVECIENTOS UNO CON SETENTA Y UNO CENTAVOS (L.121,901.71) por los siguientes conceptos: preaviso L. 19,808.32; auxilio de cesantía L. 69,329.12, auxilio de cesantía proporcional L.7,319.20; vacaciones proporcionales L.4,879.47; décimo tercer mes proporcional L.4,974.79; reajuste al salario mínimo L.14,860; más los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que quede firme el presente fallo de conformidad a derecho; 3) Declarando SIN LUGAR las COSTAS en esta Instancia”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inicio la relación laboral en la Secretaría de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), mediante la modalidad de contratos el 06 de noviembre del 2007, desempeñándose en el cargo de Vigilante en la Sub-Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, devengando un salario al momento de inicio de la relación laboral de L.4,500.00, incrementándose en base a la Ley del Salario Mínimo a L.7,860.44 al momento de su despido; los contratos eran suscritos por términos de 6 meses, y otros de 2 meses sin interrupción alguna entre cada uno de ellos. En fecha 30 de junio del 2015 el demandante fue notificado de manera escrita donde se le informó que su contrato de trabajo seria renovado hasta el 16 de julio del 2015, que por tal motivo se le instruye que durante la primera quincena del mes de julio del 2015, no se presentara a la Secretaría de Estado a prestar sus servicios, que por cuestiones presupuestarias no se cuenta con la disponibilidad de realizarse dicho pago correspondiente a la quincena antes mencionada y es hasta esa fecha que el demandante se presentó nuevamente a realizar sus labores. En fecha 30 de julio del 2015 se le notificó al demandante que su contrato de trabajo vencería el 31 de julio del 2015 y que este mismo no sería renovado y lo anterior sin tomar en cuenta todo el tiempo ininterrumpido que por más de 7 años laboró el demandante en dicha Secretaría de Estado.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que el demandante laboró para la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y de Ambiente (SERNA) bajo la modalidad de contrato a término con fecha de inicio y terminación donde una vez llegada la fecha de vencimiento la obligación contractual contraída por los demandantes finalizaba en legal y debida forma, sin compromiso que el contraído en el contrato mismo, Razón por el cual los contratos suscritos con el demandante eran independientes uno del otro por razones presupuestarias aprobadas para el periodo de vigencia de cada contrato, ya que la Administración Publica para ser considerado empleado permanente como lo pretende hacer cree el demandante es requisito sine qua non que se cumpla lo establecido en los artículos 11 de la Ley del Servicio Civil y 5 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil. Que el demandante deberá probar que su contratación era de tiempo indefinido, que nunca fue despedido y que en realidad el demandante tenía conocimiento que la relación contractual era a término; que a pesar que el contrato laboral del actor iba ser renovado hasta el jueves 16 de julio del 2015, la autorización para la renovación de dicho contrato dependía de la aprobación del presupuesto respectivo por parte de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas y al no contar con dicha disponibilidad presupuestaria se le notificó al demandante mediante Oficio No.SGRH-130-2015 que el contrato de Servicios Personales no iba hacer renovado.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de septiembre del dos mil dieciocho, dictó sentencia que dice: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por SANTOS ALBERTO VALLECILLO, contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en cuanto al pago por los siguientes conceptos: preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional; vacaciones proporcionales, décimo tercer mes proporcional, décimo cuarto mes proporcional y reajuste al salario mínimo, más los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que quede firme el presente fallo de conformidad a derecho; en consecuencia; 2) CONDENA al DEMANDADO, EL ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la República Abogado
ABRAHAM ALVARENGA URBINA, a pagar a SANTOS ALBERTO VALLECILLO la cantidad de CIENTO VEINTIUN MIL NOVECIENTOS UNO CON SETENTA Y UNO CENTAVOS (L.121,901.71) por los siguientes conceptos: preaviso L. 19,808.32; auxilio de cesantía L. 69,329.12, auxilio de cesantía proporcional L.7,319.20; vacaciones proporcionales L.4,879.47; décimo tercer mes proporcional L.4,974.79; reajuste al salario mínimo L.14,860; más los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que quede firme el presente fallo de conformidad a derecho; 3) Declarando SIN LUGAR las COSTAS en esta Instancia”. Bajo el criterio que al demandante se le contrató bajo la modalidad de contratos administrativos de servicios personales a término; que al ser confrontados con la norma de acuerdo a lo que establece la legislación laboral los contratos eran verdaderos contratos de trabajo al tenor de lo que establece el artículo 20 del Código del Trabajo, relacionado con el 47 y 347 del Código de Trabajo, por lo tanto estamos frente a una relación laboral, por cuanto al demandante le asiste el reclamo a la permanencia en el cargo desde el inicio de la relación laboral y que como consecuencia, el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales más el pago de los salarios dejados de percibir, sumado a ello se colige que la parte demandada no justificó que el despido del demandante esté apegado a derecho, por cuanto el mismo se vuelve ilegal e injusto.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha ocho de abril del dos mil diecinueve, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que con la lectura de los contratos en disputa, y partiendo de la conceptualización de lo que es un contrato de servicios profesionales y un contrato de trabajo, entendemos que nos encontramos ante un contrato de trabajo, pues el trabajador fue contratado para realizar una labor de vigilante, que si bien requiere alguna destreza, no es necesario un título que acredite una experticia o técnica, para su desempeño, descartando de esta manera que pueda ser un contrato de servicios profesionales, asimismo existe dependencia y supervisión por parte del patrono, y su trabajo lo tiene que realizar en forma personal, por el pago de un sueldo o salario, exigencias estas típicas de un contrato de trabajo, habida cuenta que por su naturaleza también es de carácter permanente, por lo tanto siendo que este fue despedido de manera ilegal, pues no hubo causa justificada para su despido.- 5. Mediante auto de fecha diecisiete de enero del dos mil veinte, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado FRANCISCO ALBERTO ORDOÑEZ CATIVO, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha dieciocho de marzo del dos mil veintiuno, compareció ante éste Tribunal el Abogado GABRIEL ALEJANDRO SORTO MENDOZA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha dieciocho de marzo del dos mil veintiuno, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veintidós de abril del dos mil veintiuno, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte de la Abogada MIRNA LIZETH TURCIOS RODRIGUEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO: I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que el Abogado GABRIEL ALEJANDRO SORTO MENDOZA,, en el primer y único motivo de casación alega: “Para enmendar las infracciones e ilegalidades cometidas por el Tribunal AQUO, como la inadecuada aplicación de justicia del Tribunal AD QUEM es meritorio indicar los motivos de casación que se cometieron en el fallo recurrido. PRIMER MOTIVO: SER LA SENTENCIA VIOLATORIA DE LA LEY SUSTANTIVA. Precepto Legal Sustantivo Violado: La disposición sustantiva infringida es el artículo 765 numeral 1 en relación con los artículos 20, 47 tercer párrafo del Código del Trabajo; en relación especial con el articulo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Precepto Legal Adjetivo Autorizante: La norma procesal que se infringió de forma indirecta las disipaciones sustantivas las constituye el artículo 765 del Código de Trabajo. Apreciación errónea de Las pruebas: Que el Tribual Ad Quem en su conjunto al haber incurrido en error de hecho es: Que las Pruebas Propuestas por la Parte demandada: No fueron apreciados correctamente ya que los contratos Administrativos de Servicios Personales suscritos entre el demandante y mi representada son la expresión de la voluntad de las partes; asimismo no aprecio y por consiguiente no aplicó al demandante que se le contrato bajo la Ley de Contratación del Estado y de la Ley de Servicio Civil y por consiguiente la Ley aplicable es la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. CONCEPTO DE LA VIOLACION. El Tribunal sentenciador estimó la presente demanda en virtud que considera que los contratos Administrativos de Servicios Personales, suscritos entre mi representada el Estado de Honduras por conducto de la Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (MIAMBIENTE+), y el demandante reúnen los tres elementos que establece el artículo 20 del Código de Trabajo para que exista una relación de trabajo, en virtud de lo establecido en los artículos 47 y 52 del Código de Trabajo la supuesta relación de trabajo se ha convertido por tiempo indefinido, aplicando dichas disposiciones legales sin tomar en consideración lo establecido en el artículo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que tipifica los contratos de Servicios Personales o Técnicos que celebren los poderes del Estado. Son contratos de orden público no sujetos del Código de Trabajo que es para los particulares. El Tribunal Ad Quem no aprecia correctamente el medio de prueba documental propuesto por nuestra parte consistente en los contratos de Servicios Personales suscritos entre el demandante y mi representada, ya que no se percata que en dichos contratos se establece la cláusula denominada LEYES APLICABLES que establece: Las partes contratantes manifiestan expresamente que dada la naturaleza de este contrato, está regido por las disposiciones del derecho administrativo vigente y en tal virtud en el goce de los derechos se estará a lo expresamente pactado en el mismo; asimismo las partes acordaron que para dirimir los posibles interpretaciones que surjan de la aplicación de los contratos se someten a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, y en virtud de no apreciar este cuando, aplicó indebidamente el artículo 20 del Código del Trabajo, estableciendo que esos contratos reúnen los tres elementos esenciales para que surja la relación de trabajo, olvidando que esa disposición es aplicable para cualquier tipo de contrato excepto los contratos administrativos de servicios profesionales, ya que los mismos están tipificados en el artículo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo "La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá también de: a) Las cuestiones referentes al cumplimiento, interpretación, resolución, rescisión y efectos de los contratos regulados por la Ley de Contratación del Estado que hayan sido celebrados por cualquiera de los Poderes del Estado, por las Municipalidades y por las Instituciones Autónomas, y todo lo relativo a los Contratos de Servicios Profesionales o Técnicos que celebren los Poderes del Estado b)..c)...ch)...d)…; (el subrayado y cursiva es propio), por tanto mi representada, el Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (MIAMBIENTE+), que forma parte de uno de los poderes del Estado, como ser el Poder Ejecutivo, se encuentra facultado por Ley, es decir por la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución de la República manda, prohíbe o permite, para celebrar contratos administrativos de Servicios Personales son aceptados por las partes sin ninguna reserva. Por lo anteriormente expuesto, es evidente la apreciación indebida de los medios de pruebas antes relacionados y como consecuencia de ello la indebida aplicación de los artículos 20, 47, 52 y 738, del Código del Trabajo; en relación al artículo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, siendo procedente la presente demanda de Casación”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo 765 del Código del Trabajo en que encuentra comprendido el cargo; b) la norma que indica como violada (Artículo 765 del Código del Trabajo) no ostenta el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; c) no demuestra el error en que incurrió el Juzgador, debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos; d) cita normativa no indicada como violada en la formulación del cargo, tal es el caso de los artículos 52 y 738 del Código del Trabajo; y, e) formula alegatos propios de instancia.- IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiséis días del mes de octubre del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha veintidós de junio del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número 533-19.- Firma y Sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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