Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CL-528-19 — Registro 13382

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones y demás indemnizaciones laborales, generadas por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos, en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo, en consecuencia concederles todos los derechos que ostentan los empleados permanentes, más el pago de vacaciones, décimo tercer, décimo cuarto mes causados y proporcionales, pago de salarios dejados de percibir

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la recurrente al señalar la sentencia impugnada expone “Ser la sentencia de fecha treinta de agoto de mayo del año dos mil diecinueve,” al no ser clara al establecer la fecha de la sentencia que dirige el ataque lo cual vuelve ineficaz el mismo: b) señala norma sustantiva señala el articulo 46 inciso b) del Código del trabajo , entendiendo ésta la que crea, reconoce y consagra correlativamente derechos y obligaciones o extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; c) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que de manera confusa señala los dos párrafos del artículo 765 del código del Trabajo que encuentra comprendido el cargo, faltando claridad al mismo; d) alega violación indirecta sin indicar si fue por error de hecho o derecho; y, e) hace alegatos propios de instancia en su explicación.- "...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) señala normas sustantivas señala el artículo 46 inciso b), 738 y 739 del Código del Trabajo, entendiendo ésta la que crea, reconoce y consagra correlativamente derechos y obligaciones o extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que de manera confusa señala los dos párrafos del artículo 765 del código del Trabajo que encuentra comprendido el cargo, faltando claridad al mismo; c) Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de olvida la Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley, en el motivo expuesto la causas de terminación fueron objeto de la controversia y por ende del material probatorio. Y, d) en su explicación hace propios alegatos de instancia."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., quince de noviembre de dos mil veintiuno.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 19 de marzo del 2021, por la Abogada DINIA CARLOTA MOLINA UYOA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, los señores VICENTA FUENTES, JOEL ANTONIO LOPEZ LOPEZ y PABLO ROBERTO BAQUEDANO SANCHEZ, representados en juicio por el Abogado JUAN ANGEL BENAVIDES PAZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria Laboral para el pago de prestaciones y demás indemnizaciones laborales, generadas por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos, en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo, en consecuencia concederles todos los derechos que ostentan los empleados permanentes, más el pago de vacaciones, décimo tercer, décimo cuarto mes causados y proporcionales, pago de salarios dejados de percibir, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 12 de agosto del 2014, por los señores VICENTA FUENTES, soltera, Aseadora; JOEL ANTONIO LOPEZ LOPEZ, soltero, Jornalero; y PABLO ROBERTO BAQUEDANO SANCHEZ, casado, Perito Industrial, todos mayores de edad, hondureños y de este domicilio, contra el FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS), institución adscrita al INSTITUTO DESARROLLO COMUNITARIO AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS), a través del Director Ejecutivo señor MARIO RENE PINEDA VALLE y solidariamente en contra del ESTADO DE HONDURAS, por medio del Procurador General de la República el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 3 de mayo del 2019, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 26 de septiembre del 2018, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral de Pago de Prestaciones e Indemnizaciones Laborales promovida por VICENTA FUENTES, JOEL ANTONIO LOPEZ LOPEZ Y PABLO ANTONIO BAQUEDANO SANCHEZ, en contra del ESTADO DE HONDURAS a través de su Representante Legal y Procurador General de la República de aquél entonces Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. 2) CONDENA al el ESTADO DE HONDURAS a pagar a los demandantes VICENTA FUENTES, JOEL ANTONIO LOPEZ LOPEZ Y PABLO ROBERTO BAQUEDANO SANCHEZ la cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON SIETE CENTAVOS (L. 364,220.007), distribuidos de la forma siguiente: Al trabajador VICENTA FUENTES, la cantidad de CIENTO OCHO OCHOCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON DIECINUEVE CENTAVOS (L 108,829.19) por los conceptos siguientes: PREAVISO L 18,200.00, AUXILIO DE CENSANTIA L 27,300.00, AUXILIO DE CESANTIA PROPORCIONAL L 1,389.25, VACACIONES PROPORCIONALES L 928.19, DECIMO TERCER MES PROPORCIONAL L 1,255.80, DECIMO CUARTO MES L 5,155.95 Y BONIFICACION POR VACACIONES ADEUDADAS L 54,600.00; JOEL ANTONIO LOPEZ LOPEZ la cantidad de CIENTO ONCE MIL SEISCIENTOS CUANTENTA Y OCHO LEMPIRAS CON VEINTINUEVE CENTAVOS ( L 111,648.29) por los conceptos siguientes: PREAVISO L 18,200.00, AUXILIO DE CENSANTIA L 27,300.00, AUXILIO DE CESANTIA PROPORCIONAL L 2,223.41, VACACIONES PROPORCIONALES L 1,483.28, DECIMO TERCER MES PROPORCIONAL L 1,970.80, DECIMO CUARTO MES L 5,870.80 Y BONIFICACION POR VACACIONES ADEUDADAS L 54,600.00, MENOS L 7,896.08 TOTAL A PAGAR CIENTOS TRES MIL SETECENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS VEINTIUN CENTAVOS (L 103,752.21) Y PABLO ROBERTO BAQUEDANO SANCHEZ la cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS (L 143,742.59) por los conceptos siguientes: PREAVISO L 20,766.68, AUXILIO DE CENSANTIA L 114,216.74, AUXILIO DE CESANTIA PROPORCIONAL L 865.28, VACACIONES PROPORCIONALES L 578.00, DECIMO TERCER MES PROPORCIONAL L 1,432.92, DECIMO CUARTO MES L 5,882.97.80 y para los tres demandantes a título de daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir desde que se produjo el despido hasta que quede firme el presente fallo. 3) En cuanto al trabajador JOEL ANTONIO LOPEZ LOPEZ se declara parcialmente CON LUGAR la Excepción de Pago opuesta por la representante procesal demandada Abogada ELVIA HILDA GUZMAN. SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que comenzaron a laborar para el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), adscrita actualmente al Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento (IDECOAS) de la siguiente forma, la señora Vicenta Fuentes el 4 de enero del 2011, desempeñando el puesto de Aseadora, devengando un salario de L. 7,800.00; el señor Joel Antonio López López el 4 de enero del 2011, desempeñando el puesto de Jardinero, devengando el salario de L. 7,800.00; y el señor Pablo Roberto Baquedano Sánchez desde el 1 de febrero del 2003, desempeñándose en el puesto de Supervisor de Servicios, en la Unidad de Servicios Generales en la Dirección de Administración, devengando un salario mensual de L. 8,900.00, todos ellos cumpliendo un horario de 8:00 a.m. - 5:00 p.m.; en virtud de varios Contratos de Trabajo suscritos al tenor del artículo 47 del Código del Trabajo, los cuales reunían los elementos del Contrato de Trabajo estipulado en el artículo 20 del Código del Trabajo, y que además se les hacían deducciones del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), y el Instituto de Jubilaciones y Pensiones de Empleados del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), mismas que se realizan a los empleados permanentes, resultó que se dejó ver una simulación de Contratos por Tiempo Indefinido, acto simulatorio que tiene como finalidad evadir obligaciones estipuladas en la Ley Laboral en fraude a la Ley, una vez vencido el último de los contratos, la institución no renovó los mismos, a pesar de estar consciente que les asistía el derecho al trabajo por continuidad de los contratos suscritos, en consideración a lo anterior, y con fundamento en los artículos 129 y 113 del Código del Trabajo, por ostentar la calidad de empleados permanentes del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), solicitaron el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales, y demás derechos que les corresponden en virtud de haber desempeñado labores continuas en la institución demandada.- 2. La parte demandada, el FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS), contestó dicha demanda señalando que el FHIS fue creado mediante Decreto 12-90 publicado en el Diario Oficial La Gaceta, en fecha 2 de marzo de 1990, como un ente desconcentrado de la Presidencia de la República, dotado de Patrimonio Propio, Personalidad Jurídica, con Autonomía Administrativa, Técnica y Financiera, de acuerdo al artículo 18 de la Ley del Fondo Hondureño de Inversión Social, y artículo 6 de su Reglamento que establece: “La relación del personal se regulará por lo estipulado en los Contratos de Servicios Profesiones o Técnicos que se celebren, los cuales serán sometidos en todo al Derecho Administrativo y la Jurisdicción competente para conocer las cuestiones que de las mismas se deriven, será de lo contencioso Administrativo”; el artículo 3 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo establece que: “Las cuestiones referentes al cumplimiento, interpretación, resolución, rescisión y efectos de los contratos regulados por la Ley de Contratación del Estado que hayan sido celebrados por cualquiera de los Poderes del Estado, por las Municipalidades y por las Instituciones Autónomas, todo lo relativo a los Contratos de Servicios Profesionales o Técnicos que celebren los Poderes del Estado”, por consiguiente este Tribunal (Juzgado de Letras del Trabajo) no tiene jurisdicción para resolver dichas controversias; que el Estado de Honduras a través del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), contrató a los demandantes mediante la suscripción de un Contrato de Servicios Profesionales, el cual establece en su Ley Especial igual que en la cláusula decima: “que cualquier controversia será sometida en todo al Derecho Administrativo, siendo la jurisdicción competente para conocer de la misma el Juzgado de lo Contencioso Administrativo”.- 3. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó la demanda señalando que demandantes prestaron sus servicios profesionales, mediante una relación contractual a término, y una vez finalizada la fecha para la cual habían sido contratados la obligación contraída se extinguía, manifestó que cada contrato suscrito tenía fecha de inicio y terminación, con lo cual no existía continuidad en la relación contractual, por ende los demandantes reclaman derechos que solamente se otorgan a empleados públicos que gozan de un estatus de carácter permanente, y han sido nombrados después de haber cumplimentado el procedimiento que establece la Ley de Servicio Civil, por otra parte arguyó que la condena en costas es improcedente, puesto que el Decreto 266-2013 que contiene la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento a la Transparencia en el Gobierno, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, el 23 de enero del 2014, establece en su artículo 8: “El Estado o sus entidades, en juicio de cualquier naturaleza estará exento del pago de costas, salvo que se haya actuado con dolo, en cuyo caso el funcionario es responsable administrativa, civil y penalmente”. Siendo pues, improcedente todo lo solicitado por los demandantes al amparo de lo que establece el artículo 47 del Código del Trabajo citado en la demanda de mérito por las razones anteriormente expuestas ya que si los demandantes respaldan su reclamo dentro del marco de lo que establece dicho artículo, esta demás decir, que el demandado estaría facultado para respaldar la no procedencia del mismo conforme lo preceptuado en el artículo 46 literal b) del mismo estamento legal que dispone: “El contrato individual de trabajo puede ser: …b) Por tiempo indefinido, cuando no se especifica fecha para su terminación”, contrario a lo que sucedió, ya que sí existió fecha de finalización mediante cláusulas contractuales legalmente establecidas, y consentidas por las partes sin objeción alguna en tiempo y forma al estar conscientes de la modalidad bajo la cual fueron contratados, ya que de haber sido considerados permanentes estaría cayendo en flagrante violación a la Ley, al actuar con abuso de autoridad, y falta de los deberes de los funcionarios comprendido en el artículo 349 numeral 2) del Código Penal. Asimismo, no pueden ser considerados los demandantes como empleados permanentes en virtud de que la prestación de sus servicios por razón de no existir una partida especial para sus nombramientos aprobada en legal y debida forma por el Consejo Superior de Administración de la Ley del FHIS de acuerdo a su ley siendo que la institución en sí se financia de recursos que se le asignen por organismos extranjeros o internaciones, en concepto de cooperación financiera no reembolsable. Siendo que el Manual Operativo de Trabajo del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) establece en el artículo 23 lo siguiente: “Existen tres modalidades de Contratación de personal: … 1… 2) Temporal “A”: son aquellos empleados y funcionarios que gozan de los siguientes beneficios: Sueldo, décimo tercero y décimo cuarto mes, cotización IHSS, cotización INJUPEMP y 15 días de vacaciones después de cada año de servicios pudiéndose otorgar beneficios adicionales mediante la emisión de una Resolución de la Dirección Ejecutiva”, tal como sucedió, en el caso de los demandantes, pero sin dejar de ser su contratación una relación contractual a término o de carácter temporal por el hecho de ser el FHIS es una entidad de duración limitada conforme lo establece su Ley en el artículo 1 que dice: “Se identificará como “Fondo”, siendo una entidad desconcentrada de la Presidencia de la República, de duración limitada, dotada de personalidad jurídica, patrimonio propio…”, lo que hace improcedentes las pretensiones de los demandantes, en cuanto asegurar que por el simple hecho de haber suscrito más de un contrato, deben ser considerados como empleados permanentes, olvidando que la relación estaba ceñida por cláusulas contractuales con fecha de inicio y terminación, razón suficiente para no ser considerados como empleados permanentes, además el artículo 18 de la Ley del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) establece “La relación de servicio del personal se regulará por lo estipulado en los contratos de servicios profesionales o técnicos que se celebren, los cuales estarán sometidos en todo al Derecho Administrativo y la jurisdicción competente para conocer las cuestiones que de los mismos se deriven será la de lo Contencioso-Administrativo”, por ello el ente encargado para dirimir cualquier conflicto era el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, pero equivocaron la vía para ejercer su reclamo, pues no están amparados por el Código del Trabajo, ya que los contratos suscritos estaban regidos por la Ley Especial del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), y el Manual Operativo del Trabajo, del mismo modo procuraron que se les reconozca una relación de empleados permanentes, sin tomar en consideración que fueron a término, y aun haciendo uso del derecho que el artículo 867 del Código del Trabajo dispone: “Salvo disposición en contrario, todos los derechos y acciones provenientes de este Código, de sus reglamentos o de las demás leyes de trabajo o previsión social que no se originen directamente en contratos de trabajo, prescriben en el término de dos (2) meses…”, normativa que aun siendo improcedente, si hubieran hecho uso del mismo dejaron vencer el término para proceder; también mencionó lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto Legislativo Numero 266-2013, que contiene la Ley para Optimizar la Administración Pública Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, de fecha 16 de diciembre del 2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 23 de enero del 2014, dentro del cual se reformó el artículo 124-C, de la Ley General de la Administración Pública, que en su párrafo primero instituye “Los empleados o servidores que ostenten acuerdos ejecutivos de nombramiento, de la dependencias del Poder Ejecutivo que, en aplicación de esta Ley sus funciones, rescindan o supriman, conversaron su antigüedad y derechos adquiridos de conformidad a la ley y continuaran prestando sus servicios en la dependencia que se les notifique y que corresponda de conformidad a la reorganización administrativa que se ejecute. En

caso de los empleados por contrato, los mismos deberían sujetarse al plazo y a las condiciones contractuales convenidas entre las partes”, lo que hace el artículo 20 del Código del Trabajo citado en la demanda, inaplicable en concordancia a lo que instituye el artículo 321 de la Constitución de la República: “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”, por lo tanto, la demanda presentada carece de fundamentos legales para su reclamo al corresponderles el mismo al Derecho Administrativo, y no al estamento legal del Código del Trabajo. En cuanto al reclamo administrativo expresó que no ostenta con facultades para comparecer a ningún tipo de conciliación, así como por la naturaleza del Contrato a Término celebrado, donde se acordó por las partes las condiciones bajo las cuales se regiría el mismo, no teniendo competencia la Secretaría de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social para conocer dicha materia, en consecuencia considera que la demanda debe ser declarada sin lugar, por no asistirles derechos subjetivos e ilusorios que pretenden, y solicitó que sean condenados en costas.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 26 de septiembre del 2018, dictó sentencia que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral de Pago de Prestaciones e Indemnizaciones Laborales promovida por VICENTA FUENTES, JOEL ANTONIO LOPEZ LOPEZ Y PABLO ANTONIO BAQUEDANO SANCHEZ, en contra del ESTADO DE HONDURAS a través de su Representante Legal y Procurador General de la República de aquél entonces Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. 2) CONDENA al el ESTADO DE HONDURAS a pagar a los demandantes VICENTA FUENTES, JOEL ANTONIO LOPEZ LOPEZ Y PABLO ROBERTO BAQUEDANO SANCHEZ la cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON SIETE CENTAVOS (L 364,220.007), distribuidos de la forma siguiente: Al trabajador VICENTA FUENTES, la cantidad de CIENTO OCHO OCHOCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON DIECINUEVE CENTAVOS (L 108,829.19) por los conceptos siguientes: PREAVISO L 18,200.00, AUXILIO DE CENSANTIA L 27,300.00, AUXILIO DE CESANTIA PROPORCIONAL L 1,389.25, VACACIONES PROPORCIONALES L 928.19, DECIMO TERCER MES PROPORCIONAL L 1,255.80, DECIMO CUARTO MES L 5,155.95 Y BONIFICACION POR VACACIONES ADEUDADAS L 54,600.00; JOEL ANTONIO LOPEZ LOPEZ la cantidad de CIENTO ONCE MIL SEISCIENTOS CUANTENTA Y OCHO LEMPIRAS CON VEINTINUEVE CENTAVOS ( L 111,648.29) por los conceptos siguientes: PREAVISO L 18,200.00, AUXILIO DE CENSANTIA L 27,300.00, AUXILIO DE CESANTIA PROPORCIONAL L 2,223.41, VACACIONES PROPORCIONALES L 1,483.28, DECIMO TERCER MES PROPORCIONAL L 1,970.80, DECIMO CUARTO MES L 5,870.80 Y BONIFICACION POR VACACIONES ADEUDADAS L 54,600.00, MENOS L 7,896.08 TOTAL A PAGAR CIENTOS TRES MIL SETECENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS VEINTIUN CENTAVOS (L 103,752.21) Y PABLO ROBERTO BAQUEDANO SANCHEZ la cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS (L 143,742.59) por los conceptos siguientes: PREAVISO L 20,766.68, AUXILIO DE CENSANTIA L 114,216.74, AUXILIO DE CESANTIA PROPORCIONAL L 865.28, VACACIONES PROPORCIONALES L 578.00, DECIMO TERCER MES PROPORCIONAL L 1,432.92, DECIMO CUARTO MES L 5,882.97.80 y para los tres demandantes a título de daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir desde que se produjo el despido hasta que quede firme el presente fallo. 3) En cuanto al trabajador JOEL ANTONIO LOPEZ LOPEZ se declara parcialmente CON LUGAR la Excepción de Pago opuesta por la representante procesal demandada Abogada ELVIA HILDA GUZMAN. SIN COSTAS…”. Bajo el criterio que con la documentación aportada al proceso, resultó evidente la sucesiva contratación de los demandantes en los mismos puestos de trabajo, como Aseadora, Jardinero, y Supervisor de Servicios, además las labores que desempeñaban eran de naturaleza permanente, por lo cual la sucesiva contratación le dio carácter indefinido a las relaciones laborales, aunque se pactó fecha de finalización, por lo que las prestaciones e indemnizaciones laborales son procedentes, pues la causa que dio origen a la contratación es de naturaleza permanente por su reiterada subsistencia, lo que originó la permanencia de la relación laboral, irrumpiendo en un derecho laboral adquirido, como ser el derecho a la continuidad, y como consecuencia de ello el derecho a la estabilidad laboral, tal como lo garantiza la Constitución de la República en su artículo 129 y 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; en consecuencia la relación de trabajo fue por tiempo indeterminado, a partir del inicio de la relación laboral, en el caso de los señores Vicenta Fuentes y Joel Antonio López López, el 4 de enero del 2011, y para el señor Pablo Roberto Baquedano Sánchez a partir del 1 de febrero del 2003, de conformidad con los artículos 47 y 52 del Código del Trabajo, que establece el principio de continuidad del derecho del trabajo, y que parte de la presunción de que todo Contrato de Trabajo debe suscribirse por tiempo indefinido, y excepcionalmente por tiempo determinado, en el caso del rompimiento de la relación, el patrono debió fundamentarse en alguna de las causales contempladas en el artículo 112 del Código del Trabajo, pero al no ser así el despido fue ilegal e injusto; el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), se rige por un documento denominado Manual Operativo de Trabajo, que regula las condiciones de trabajo a las que deben sujetarse tanto el FHIS como patrono, y los empleados o funcionarios que contrate para la prestación de servicios en cada dependencia, mismo que entró en vigencia el enero del 2004, su artículo 23 contenido en el Capítulo VI referente a las Modalidades de Contratación de Personal, estipula tres modalidades de contratación de personal, por Planilla, Temporal A, y Temporal B, adicionalmente en el Capítulo XI sobre Vacaciones, el artículo 39 desarrolla la forma como se concederán las vacaciones en las distintas modalidades de contratación, resultando que: “el Personal contratado bajo la modalidad de Planilla, goza de 24 días laborales después de cada año de servicio continuo, y 15 días de vacaciones laborables después de cada año de servicio”, para los empleados contratados bajo la tercera modalidad, el artículo 41 concede: “a los empleados y funcionarios contratados bajo la modalidad de planilla, que al gozar sus vacaciones tendrán derecho a una bonificación equivalente a 24 días de su salario, después de cada año de servicio continuo, dicha bonificación se calculará tomando como base el último sueldo ordinario devengado por el empleado a la fecha de causar las vacaciones”, el artículo 42 establece que “el empleado que hubiere adquirido derecho a vacaciones y que antes de disfrutar de éstas, cese en su trabajo por cual causa, tendrá derecho al pago de la suma que por este concepto le corresponda, cuando el contrato termine antes de que las vacaciones fueran causadas, cualquiera que sea la forma de terminación, el empleado recibirá el pago de la parte proporcional que por este concepto le corresponda”, siendo así que la señora Vicenta Fuentes fue contratada bajo la modalidad de Contratista Temporales-A, el señor Pablo Roberto Baquedano Sánchez, bajo la modalidad de Contratista por Planilla, y el señor Joel Antonio López López, fue contratado bajo la modalidad de Contratista Temporal-A; conforme al análisis de lo anterior, concluyó que los señores Vicenta Fuentes y Joel Antonio López López, por la permanencia que se les había concedido, son beneficiarios de las conquistas otorgadas y relacionadas, ya que al ser decretada su relación permanente, esta se asimila a la condición de los empleados Contratistas por Planilla, por ende corresponde que se les otorguen las vacaciones, y bonificación por vacaciones a partir del mes de enero del 2004, no así al señor Pablo Roberto Baquedano Sánchez, en vista que fue contratado bajo la categoría de Contratista por Planilla, y por ostentar esa categoría el goce de vacaciones y la bonificación correspondiente, se le pagaron tales conceptos, además se acreditó que el señor Joel Antonio López López, recibió del FHIS la cantidad de L. 7,896.08, en concepto de beneficios sociales, sin embargo en la documentación acompañada para acreditar la Excepción de Pago, no aparecen los conceptos que se incluyeron en dicha cantidad, no obstante es un hecho que la cantidad fue recibida, en consecuencia, rebajó tal cantidad del monto total a percibir en concepto de prestaciones e indemnizaciones sociales, por lo tanto declaró parcialmente con lugar la excepción de pago opuesta por el demandado. Las bases de liquidación que tomó en cuenta fueron de la siguiente forma, para la señora Vicenta Fuentes, tomó como fecha de inicio el 4 de enero del 2011, fecha de terminación el 28 de febrero del 2014, salario mensual de L. 7,800.00, salario promedio mensual L. 9,100.00; Joel Antonio López López, fecha de inicio de relación laboral el 4 de enero del 2011, fecha de terminación de la relación laboral el 31 de marzo del 2014, salario mensual L. 7,800.00, y salario promedio mensual L. 9,100.00; Pablo Roberto Baquedano Sánchez, fecha de inicio de la relación laboral el 1 de febrero del año 2003, fecha de terminación de la misma el 28 de febrero del 2014, salario mensual L. 8,900.00, y salario promedio mensual L. 10,383.34; sin condena en costas, pues ambas partes tuvieron motivos racionales para litigar.- 5. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 3 de mayo del 2019, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas. Bajo el criterio que con la prueba aportada concluyó que el trabajo que realizaban los demandantes era de naturaleza permanente, lo que vuelve dicha relación de carácter indefinido, aun y cuando en el Contrato suscrito se determinó fecha de finalización, además fueron contratos de tracto sucesivo con las mismas estipulaciones y obligaciones, si bien se pretendió celebrar un Contrato de Servicios Profesionales, para el desempeño de las funciones no se requería ningún requisito de carácter técnico o profesional, ni titulo ni acreditación, por ende existió una simulación de contratos, pues en realidad se celebró un Contrato de Trabajo, y al dar por terminada la relación contractual, lo que se verificó fue un despido injustificado, que acarrea responsabilidad. En reiteradas ocasiones la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado con respecto a este tipo de contratos, con la intención de establecer una ruta a seguir, para contribuir además a la seguridad jurídica, que coadyuven a la unificación de criterios con respecto a determinado asunto, por lo anterior procedió a la confirmatoria de la sentencia apelada y dictada en primera instancia.- 6. Mediante auto de fecha 18 de enero del 2021, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada ELVIA HILDA GUZMAN, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 7. En fecha 19 de marzo del 2021, compareció ante este Tribunal la Abogada DINIA CARLOTA MOLINA UYOA, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha 19 de marzo del 2021, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 16 agosto del 2021, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por el Abogado JUAN ANGEL BENAVIDES PAZ, en condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 8. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que la Abogada ELVIA HILDA GUZMAN, en su primer motivo de casación alega: “Ser la sentencia de fecha treinta de agoto de mayo del año dos mil diecinueve, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, violatoria de Ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta de los Artículo 46 inciso b), en relación con los artículos 738, 739 y 867 del Código del Trabajo, articulo 18 de la Ley del Fondo de Inversión Social y 6 de su Reglamento. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el párrafo 1ero, del Artículo 765 numeral 1º, párrafo segundo del Código de Trabajo vigente. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: La violación de ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta se produce a través de error de hecho como consecuencia de la falta de apreciación o apreciación errónea de la prueba, que singulariza en que incurrió el fallador al momento de emitir su fallo. La doctrina según el tratadista Arámbula Durán señala que: “El error de hecho implica conclusiones contrarias ostensiblemente a lo establecido en juicio por falta de apreciación de la prueba”. La Corte de Apelaciones del Trabajo al momento de emitir su fallo en fecha tres de mayo del dos mil diecinueve, no razonó objetivamente sobre cada una de las pruebas articuladas y tampoco expresó las motivaciones por las que llega a afirmar cada hecho, en violación a lo establecido en los Artículos 46 inciso b), 738 y 739 del Código del Trabajo porque no apreció la prueba propuesta y evacuada en legal y debida forma por parte del demandado el ESTADO DE HONDURAS, a través del FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS), consistente en 1) Documentos públicos que corre agregados en el expediente de primera pieza a folios 48 al 70, del de Letras del trabajo de Francisco Morazán, Produciendo un error de hecho por falta de la apreciación de la prueba singularizada que llegan y afirman cada hecho en violación a los Artículos 46 Inciso b) 738 y 739 del Código de trabajo, artículo 18 de la Ley del Fondo de Inversión Social y 6 de su Reglamento, Artículo 738. “El Juez, al proferir su decisión, analizará todas las pruebas allegadas en tiempo”. 739: “El Juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas, y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de las pruebas y ateniendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes...” Los artículos 268, 270 numeral 2, 273 numeral 1 y 2 del Código Procesal Civil y Artículos 1, 5, 1346, 1348, del Código Civil por su parte establecen: 1 “La ley es una declaración de la voluntad, soberana, que manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite”. 2. La ley es obligatoria en virtud de su promulgación y después de transcurridos veinte días de terminada su publicación en el periódico oficial. Podrá, sin embargo restringirse o ampliarse en la ley misma el plazo de que habla este artículo, y ordenarse en casos especiales, otra forma de promulgación, es el articulo 270 numeral 2 C.P.C, Son documentos públicos los autorizados por funcionario judicial, por un notario o funcionario público competente, siempre que se cumplan las solemnidades requeridas por la Ley”; 273 numeral 1 Los documentos públicos hacen prueba aun contra tercero del hecho, acto o estado de cosas que documenten y que motivó su otorgamiento de lugar y de la fecha de este y de la identidad de los fedatarios y demás personas que, en su caso intervengan en él. Al hacer la confrontación del contenido de los Artículos anteriormente trascritos y lo que el Tribunal sentenciador sostiene en su sentencia en el CONSIDERANDO (12): “Que en el presente caso, la documentación aportada al proceso se concluye en consecuencia la relación de trabajo los demandantes mientras duro fue por tiempo indeterminado a partir del inicio de la relación laboral el 4 de enero del año 2011 en el caso de los demandantes VICENTA FUENTES Y JOEL ANTONIO LOPEZ LOPEZ y a partir del 1 de febrero del año 2003en el caso del demandante PABLO ROBERTO BAQUEDANO SANCHEZ, de conformidad con los artículos 47 y 52 de Código de Trabajo establece el principio de continuidad del derecho del trabajo y que parte de la presunción de que todo contrato de trabajo debe suscribirse por tiempo indefinido y excepcionalmente por tiempo determinado y en el caso del rompimiento de la relación el patrono debió fundamentarse en alguno a de las causales contempladas en el artículo 112 del Código de Trabajo, no siendo así, el despido es ilegal y además injusto; razón por la cual la Suscrita es del criterio que se proceda declarar CON LUGAR la demanda de mérito asistiéndole el derecho al pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales así como al pago de los salarios dejados de percibir” pues no existe justa causa, se evidencia el error manifiesto por falta de apreciación de la prueba singularizada pues como esta Honorable Corte Suprema de Justicia puede apreciarlo el ESTADO DE HONDURAS, a través del FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS), ahora SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO COMUNITARIO AGUA Y SANEAMIENTO (SEDECOAS), tiene facultades para cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos y demás disposiciones relacionadas con la organización, dirección administración y funcionamiento de la Institución.- Al no ser atendido por el Tribunal sentenciador el Artículo 273 numeral 1 y 2 del Código de Procedimiento Civil, en relación con las demás disposiciones legales citadas y no aplicarla al caso concreto, desconoció en su fallo que los documentos públicos que se acompañaron a la contestación de la demanda prueban el hecho y el derecho que de ellos nace y negó el valor que la ley otorga a esta prueba, por ende, ésta omisión da lugar a la admisión del Recurso de casación fundado en la causa de: “Violación de ley sustantiva por vía indirecta que se produce a través del error de hecho como consecuencia de la falta de apreciación de la prueba documental antes singularizada.- Señores Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral Contencioso, en la forma expuesta consideramos haber demostrado a ese Honorable Tribunal el error de hecho en que incurrió la juzgado del Trabajo en su sentencia de fecha veintiséis de septiembre del año dos mil dieciocho, por falta de apreciación de la prueba documentos públicos que se presentó.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la recurrente al señalar la sentencia impugnada expone “Ser la sentencia de fecha treinta de agoto de mayo del año dos mil diecinueve,” al no ser clara al establecer la fecha de la sentencia que dirige el ataque lo cual vuelve ineficaz el mismo: b) señala norma sustantiva señala el articulo 46 inciso b) del Código del trabajo , entendiendo ésta la que crea, reconoce y consagra correlativamente derechos y obligaciones o extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; c) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que de manera confusa señala los dos párrafos del artículo 765 del código del Trabajo que encuentra comprendido el cargo, faltando claridad al mismo; d) alega violación indirecta sin indicar si fue por error de hecho o derecho; y, e) hace alegatos propios de instancia en su explicación.- IV. Que la Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Ser la sentencia de fecha tres de mayo del año dos mil diecinueve, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, violatoria de Ley sustantiva de orden Nacional por infracción directa de los artículos 46 inciso b) 738 y 739 del Código del trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el párrafo 1ero y 2do del Artículo 765, del Código de Trabajo vigente. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: La violación de ley sustantiva de orden nacional por violación directa se produce como consecuencia de la falta de aplicación a los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo vigente. La doctrina según el tratadista Arámbula Durán señala que: “La infracción directa de la Ley ocurre siempre sin consideración a la aprobación probatoria verificada por el Tribunal” Que el tribunal sentenciador al momento de emitir su fallo en el considerando número (7) de la sentencia recurrida señala que con las pruebas aportadas a la presente diligencia y la información aportada concluye que los señores VICENTA FUENTES, JOEL ANTONIO LOPEZ LOPEZ Y PABLO ROBERTO BAQUEDANO SANCHEZ, desde que iniciaron su relación laboral con la Institución Demandada ha sido continua y para la misma clase de trabajo; por lo consiguiente esta continuidad de celebración de contratos se entiende por tiempo indefinido, por lo que se cumple con la condición para considerar un trabajador permanente; de igual forma la parte demanda; no le señala una causa justa al momento de la terminación de la relación laboral; razón por la cual la Suscrita es del criterio que se proceda declarar CON LUGAR la demanda de mérito asistiéndole el derecho al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la [echa del despido hasta que la cause ejecutoria la sentencia dictada.", El error de hecho se da cuando lo aceptado por el tribunal es abiertamente contrario a lo probado en el juicio y por falta de apreciación de la prueba en su conjunto arriba a conclusiones contrarias ostensiblemente a lo establecido en el proceso. Obra a folios del 48 al 70 del expediente de la primera pieza la prueba documental consistente en 1) Contrato de servicios profesionales con el que se acredito que los contratos tienen fecha de inicio y fecha de finalización, por esa razón son considerados como contratos por tiempo determinado, ya que como se ha expresado anteriormente nunca ha existió despido, simplemente se le notificó al demandante la terminación de su contrato”.- V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) señala normas sustantivas señala el artículo 46 inciso b), 738 y 739 del Código del Trabajo, entendiendo ésta la que crea, reconoce y consagra correlativamente derechos y obligaciones o extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que de manera confusa señala los dos párrafos del artículo 765 del código del Trabajo que encuentra comprendido el cargo, faltando claridad al mismo; c) Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de olvida la Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley, en el motivo expuesto la causas de terminación fueron objeto de la controversia y por ende del material probatorio. Y, d) en su explicación hace propios alegatos de instancia.- VI.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de diciembre del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha quince de noviembre del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número CL 528-19.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

2