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Sentencia CL-522-19 — Registro 13730

Resumen

Demanda ordinaria laboral de reintegro por despido arbitrario, ilegal e injusto, pago de salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta el día en que en cumplimiento de la sentencia condenatoria sea reinstalado en el cargo que ocupaba cuando fue arbitrariamente despedido u otro de igual o mejor categoría

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) no demuestra el error en que incurrió el Juzgador, debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos; y, b) formula alegatos propios de instancia"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente asunto, examinada que fue la sentencia impugnada y se estima que el mismo se encuentra dictado conforme a derecho, como también que se ha analizado la prueba aportada por las partes para tomar la decisión de fondo del juicio. A razón de lo antes expuesto estima este Tribunal, que no se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- VI. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación y sin lugar la nulidad alegada de forma subsidiaria."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION.- El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los trece días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 28 de junio del 2021, por la Abogada ARGEL ALEJANDRA ROVELO HERNANDEZ, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA), como recurrente; además, es parte recurrida, el señor WILMER ENRIQUE MENDIETA SANCHEZ, representado en juicio por el Abogado JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral de reintegro por despido arbitrario, ilegal e injusto, pago de salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta el día en que en cumplimiento de la sentencia condenatoria sea reinstalado en el cargo que ocupaba cuando fue arbitrariamente despedido u otro de igual o mejor categoría, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 20 de julio del 2016, por el Abogado JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES, en su condición de representante procesal del señor WILMER ENRIQUE MENDIETA SANCHEZ, mayor de edad, casado, hondureño, Perito Mercantil y Contador Público, hondureño y de este domicilio, contra el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA), por medio del Presidente del Directorio de Especialistas, el señor ERNESTO EMILIO CARIAS, mayor de edad, casado, hondureño, Licenciado en Finanzas y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 19 de julio del 2019, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 12 de noviembre del 2018, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral promovida por el Abogado JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES en su condición de representante procesal del señor WILMER ENRIQUE MENDIETA SANCHEZ en contra del INSTITUTO NACIONAL DE PREVISON DEL MAGISTERIO (INPREMA) a través del señor ERNESTO EMILIO CARIAS. 2) CONDENA al INPREMA a reintegrar al trabajador WILMER ENRIQUE MENDIETA SANCHEZ a su puesto de trabajo como Supervisor Administrativo y a pagarle los salarios dejados de percibir desde que se produjo el despido hasta que sea reintegrado a su puesto de trabajo, reconociéndole además todos los derechos otorgados a los demás trabajadores en ausencia del demandante. SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que comenzó a laborar con el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA), el 19 de septiembre del año 2013, asignándolo al Área de Gestión de Procesos, teniendo como responsabilidades o funciones, la revisión de préstamos hipotecarios y personales, el uso de herramienta técnica DOCUWARD, para revisión de préstamos y posteriormente para la revisión de las deducciones por cobros indebidos en los saldos de préstamos a nombre de los docentes, todo lo anterior apoyado por la antigüedad y experiencia del personal de gestión de procesos debido a que la unidad no cuenta con manuales escritos que definan el proceso de revisión, alegando haber sido despedido de manera arbitraria ilegal e injusta el día 03 de junio del año 2016, devengando un salario mensual a la fecha de su terminación de la relación laboral por la cantidad de L.20,000.00, que en el cargo como supervisor administrativo, su labor esencialmente se contraía junto con el personal a su cargo, a efectuar los pagos que producto de las compras realiza el INPREMA, a los proveedores de bienes y servicios que tiene la Institución y otras actividades inherentes al cargo y una vez que terminaba el procedimiento dichos documentos se turnaban a la Jefe del Departamento Administración Licenciada, Carmen Georgina Armijo, con quien había tenido problemas ya que le incomodaba tener que revisar cantidad de documentos y consecuentemente firmarlos. contentivo de autorización, para el pago respectivo, que su despido obedece a que se le ordeno tramitar Renovación de Garantías o Cauciones de los integrantes del Directorio de Especialistas del INPREMA, señores Ernesto Emilio Carias Corrales, Cesar Guivany Guifarro Rivera, Nessy Eldenida Martinez Hernandez y de los señores Elis Omar Figueroa Maradiaga y Carmen Georgina Armijo, a lo que no se devenía obligado puesto que estas deben de ser tramitadas por los interesados, pese a ello y precisamente porque su negativa al respecto podía ser considerada como una falta grave, por violentar lo que dispone el artículo 97 numeral 1 del Código del Trabajo, procedió a tramitar dichas Garantías o Cauciones conocidas también como fianzas y con el fin de acelerar el proceso recurrió a obtener la colaboración de un experto en dicho trámite conocido también como corredor, obteniendo dicha colaboración del señor Oscar Matamoros Ordoñez, quien tramito dichas Garantías, lo que provocó el descontento del empleador, considerando que había incurrido en una falta grave y por ello le notificaron la terminación unilateral del Contrato de Trabajo, lo que no está apegado a derecho por cuanto el artículo 97 de la Ley del Tribunal Superior de Cuentas, en relación con los artículos 166 y 167 del Reglamento de esta Ley, habiéndose vencido las cauciones presentadas por los integrantes del Directorio de Especialistas del INPREMA se le ordeno por parte de la señora Carmen Georgina Armijo, que tramitara las cauciones o fianzas y por haber atendido con diligencia dicha orden y en virtud de no contar con la experiencia en tal proceso se auxilió del Corredor, alegando que su despido es ilegal e injusto por las razones siguientes: 1.- Que el artículo 97 de la Ley del Tribunal Superior de Cuentas en relación a las cauciones en uno de sus acápites literalmente establece “CAUCIONES. Corresponde a cada entidad fijar y calificar las cauciones que por ley están obligados a rendir las personas naturales o jurídicas que administren bienes o recursos públicos...”. Al respecto la disposición citada contiene la obligatoriedad de las personas naturales o jurídicas que administren bienes o recursos públicos a prestar caución, ello significa en el caso concreto que nos ocupa que los que se devenían obligados a prestar caución de manera personal eran los integrantes del Directorio de Especialistas y las otras dos personas ya señaladas, en tal sentido la orden que le dieron de tramitar dichas cauciones no es legal y por ello ni siquiera estaba obligado a cumplir, pero por razones comprensibles lo hizo a tal grado que actuando con diligencia obtuvo la colaboración del experto ya referido, lo que no fue del agrado de la administración sin valorar que lo que había fue actuar de buena fe y diligentemente y este para evitar problemas le pago de su propio peculio al corredor la cantidad de 3,000.00 mil lempiras por la gestión realizada, de esta manera quien obtuvo beneficio directo fueron las personas que se devenían obligadas a tramitar personalmente o por un mandatario dichas Cauciones y no hacerlo a través de un empleado del INPREMA. 2.- La Constitución de la Republica en el artículo 70 establece: “todos los hondureños tienen derecho a hacer lo que no perjudique a otro y nadie estará obligado a hacer lo que no estuviere legalmente prescrito ni impedido de ejecutar lo que la Ley no prohíbe”. - Al respecto de la disposición Constitucional preinserta para mejor comprensión, es necesario subdividirla en dos aspectos: a.- Todos los hondureños tienen derecho a hacer lo que no perjudique a otro. En el caso del demandante no perjudico y jamás tuvo la intención de perjudicar a ningún miembro del Directorio de Especialistas y a las otras personas, ni a la institución como tal, por el contrario su interés fue actuar con la mayor diligencia posible y como legalmente no estaba obligado ya que las fianzas son personales, en la práctica su actuar desde el punto de vista legal fue como un Gestor Oficioso, de conformidad a lo establecido en los artículos del 2,199 al 2,205 del Código Civil, que se refiere "DE LA AGENCIA OFICIOSA O GESTIÓN DE NEGOCIOS AJENOS" y por ello como empleado no pudo haber incurrido en ninguna falta que diera lugar a su despido y máxime que por evitar cualquier mala intención e interpretación, pago de manera personal, al Corredor lo que legal y moralmente le correspondía a cada uno de los Directores Especialistas y las otras dos personas se devenían obligados a rendir dichas cauciones y por tal motivo solo les causo beneficios en vez perjuicios, de ahí que de conformidad a lo que establece el artículo 70 de la Constitución de la República no ha incurrido en ninguna falta grave porque hizo algo que no le causo perjuicio a ninguna persona ni natural ni jurídica; y, b) Nadie estará obligado a hacer lo que no estuviere legalmente prescrito, en estricto derecho el demandante no estaba obligado a hacer ninguna gestión como empleado del INPREMA, para obtener las cauciones de mérito, por cuanto son de índole personal y su trámite o gestión es responsabilidad de los garantes, así como el costo que acarrean estas. Que considera que el despido también es arbitrario ilegal, e injusto, porque sin haberle comprobado absolutamente nada, se le suspendió de todas sus funciones, quedando relegada su actividad a hacer presencia como empleado y mantenerse sentado en el escritorio que le fue asignado, acto ofensivo a su dignidad como persona y trabajador, violando lo dispuesto en los artículos 95 numeral 6 y 96 numeral 9 del Código del Trabajo y además discriminatorio. Otro acto violatorio a los derechos como persona y trabajador tiene es que se le impidió al inspector del trabajo hacer una investigación al respecto y la audiencia de descargos fue ejecutada y evacuada por el Abogado Luis Alberto Róbelo, quien no tiene la competencia para realizar tal acto, pues no es empleado ni funcionario del INPREMA, con facultades de conformidad a la ley, de ahí que se vicio el procedimiento y conlleva a la invalidez del acto, por ser el INPREMA una Institución Descentralizada del Estado, sujeta a la Ley de Procedimientos Administrativos.- 2.- La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA, contestó dicha demanda señalando que las instituciones de seguros no podrán pagar comisiones o retribuciones de ninguna naturaleza a funcionarios o empleados públicos ni a terceros en relación con la contratación de seguros y fianzas del Estado, no obstante, y sin que sea considerada como actividad de intermediación, las instituciones del Estado podrán contratar los servicios de asesoría de seguros, de cualquier profesional en esta materia o sociedades de corretaje debidamente registrados con el fin de obtener asesoramiento en la administración general de sus riesgos, el cual quedará sujeto a lo establecido en la Ley de Contratación del Estado; asimismo, no podrán asignarse comisiones por este concepto a socios, directores, funcionarios y empleados de las instituciones de seguros, la contravención a estas disposiciones acarreará la responsabilidad civil y penal que al efecto establezcan las leyes; que como consecuencia de la norma anteriormente mencionada, la Jefe del Departamento Administrativo del Inprema Lic. Carmen Armijo, con sobrada claridad giro instrucciones al señor Wilmer Mendieta en cuanto a que NO existiría intermediarios para el proceso de contratación de las fianzas, cauciones y/o garantías, en cumplimiento al artículo 99 de la Ley de Instituciones de Seguros y Reaseguros de Honduras, pero el INPREMA y la Sociedad Mercantil SEGUROS CREFISA S.A., habían acordado darle una pronta atención, rebajar el monto a pagar por la contratación de seguros y fianzas del INPREMA; y excluir al intermediario de seguros rebaja que comprendía aproximadamente la cantidad de L.5,750.00, ya que, anteriormente y con intermediario se pagaban aproximadamente L.17,750.00 por cauciones, fianzas o garantías; y sin intermediario la Sociedad Mercantil SEGUROS CREFISA, había acordado que el INPREMA pagara aproximadamente la cantidad de L.12,000.00 con el impuesto incluido. De acuerdo con el extremo que antecede, con notaria claridad se revela que efectivamente el actuar del demandante causó perjuicio económico para el demandado de L.5,750.00. En relación a lo anterior, el INPREMA tuvo conocimiento de la falta grave cometida por el demandante, cuando en fecha 20 de mayo del 2016 la Sociedad Mercantil SEGUROS CREFISA, envió una nota dirigida al Gerente de Administración y Finanzas del INPREMA Licenciado ELIS FIGUEROA, en la cual con un tono de reclamo le precisa lo siguiente: “Se informa que en fecha 10 de mayo del 2016, se recibió nota firmada por el supervisor administrativo WILMER ENRIQUE MENDIETA SÁNCHEZ, mediante la cual nombra como corredor de las fianzas que están en trámite de los empleados del INPREMA, al señor OSCAR ARMANDO MATAMOROS ORDOÑEZ.” “Respecto a lo anterior, se requiere las explicaciones correspondientes, ya que el trato de esta compañía ha sido en forma directa con la Gerencia Administrativa y la Jefe del Departamento de administración, de acuerdo con la instrucción recibida en nota de fecha 27 de abril del 2015 en donde se notifica que todo tramite de solicitud de fianzas se realizara de forma directa con la Compañía”. De lo que se divisa palpablemente que el demandante miente cuando manifiesta en su escrito de demanda lo siguiente: “El despido de mi representado obedece a que se le ordeno tramitar las Garantías o cauciones de los Integrantes del Directorio….”. En eso mismo hecho, el apoderado actor, manifiesta: “Habiéndose vencido las cauciones presentadas por los integrantes del Directorio de especialistas del INPREMA…, se le ordeno por parte de la señora CARMEN GEORGINA ARMIJO, que tramitara las cauciones o fianzas,…”, este extremo alegado por el actor en referencia a la supuesta orden que se le giro por parte de la Lic. Carmen Armijo para que tramitara las fianzas por medio de intermediario y que motivó su despido, no solamente es falsa tal aseveración del apoderado actor, sino que además contraviene la Disposición Legal de la Ley de Contratación del Estado, recordando no se puede alegar ignorancia a la ley, aunado a esto la falta cometido por el demandante provocó el rompimiento del trato económico con la Compañía de Seguros Crefisa, hechos que se ven visiblemente agravados con la respuesta del demandante WILMER MENDIETA al MEMORÁNDUM No. ADMÓN. 1541 de fecha 24 de mayo del 2016, en la que el actor da respuesta al mismo a través del MEMORÁNDUM No. 1520-2016 de fecha 25 de mayo del 2016, en el cual el señor WILMER MENDIETA SÁNCHEZ, inicia manifestando con sobrada claridad lo siguiente: “es importante hacer mención que al tomar el cargo de supervisor administrativo no he recibido instrucciones en relación al proceso de contratación de fianzas”, alegando asimismo que el demandante en fecha 19 de mayo del 2016, entrego a la Jefe del Departamento de Administración del INPREMA Lic., Carmen Armijo un documento en el cual le manifestó que era una certificación relacionada con los impuestos extendida en fecha 11 de mayo del 2016 y elaborado por la Consultora Fiscal LEDA YARISHA TEJEDA por la cantidad de L.3,000.00, cabe recalcar que esta negociación el demandante la llevó a cabo sin autorización de nadie y justo cuando su jefe inmediato LIC. CARMEN ARMIJO y el Gerente de Administración y Finanzas LIC. FIGUEROA se encontraban de vacaciones, revelando con su conducta el demandante que el mismo tampoco en esta ocasión estaba autorizado para esa diligencia ni por la LIC. CARMEN ARMIJO Jefe del Depto. de Administración ni por el Gerente de Administración y Finanzas LIC. ELIS FIGUEROA, lo que revela la reincidencia del actor en su trabajo; que el demandante además de las faltas anteriores, en un acto sin precedentes cambió la forma de pago a la Compañía SEGUROS CREFISA a que esto se realizara por cheque, contradiciendo la instrucción dictada por la LIC. CARMEN ARMIJO Jefe del Depto. de Administración de que todo se realizara por transferencia; a lo que el demandante manifestó que se hacía a petición de la compañía SEGUROS CREFISA, lo cual al corroborarse dicho extremo se descubrió que no era cierto, ya que fue desmentido por el personal de la compañía de seguros, y que finalmente en fecha 27 de mayo del 2016, el INPREMA convoco al demandante a una audiencia de descargos al efecto de que el mismo pudiera hacer uso del Derecho de Constitucional de Defensa, misma, que se celebraría el día 31 de mayo del 2017, en la cual el demandante ante el interrogatorio practicado en relación sobre: “QUIEN LO AUTORIZO A NOMBRAR COMO CORREDOR DE SEGUROS DE LA PÓLIZAS DE FIANZAS DE ESTA INSTITUCIÓN AL SEÑOR OSCAR ARMANDO MATAMOROS” a lo que con sobrada claridad y espontáneamente respondió: “DADAS LAS CIRCUNSTANCIAS QUE SE SUCEDIERON EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, NO ME AUTORIZO NADIE”; teniendo como consecuencia de todo lo actuado por el demandante, la máxima sanción contra él, como ser el despido.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 12 de noviembre del 2018, dictó sentencia que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral promovida por el Abogado JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES en su condición de representante procesal del señor WILMER ENRIQUE MENDIETA SANCHEZ en contra del INSTITUTO NACIONAL DE PREVISON DEL MAGISTERIO (INPREMA) a través del señor ERNESTO EMILIO CARIAS. 2) CONDENA al INPREMA a reintegrar al trabajador WILMER ENRIQUE MENDIETA SANCHEZ a su puesto de trabajo como Supervisor Administrativo y a pagarle los salarios dejados de percibir desde que se produjo el despido hasta que sea reintegrado a su puesto de trabajo, reconociéndole además todos los derechos otorgados a los demás trabajadores en ausencia del demandante. SIN COSTAS…”. Bajo el criterio que, de la lectura de la nota de fecha 3 de junio del año 2016, esta judicatura entiende que el demandado, el IMPREMA, consideró despedir al demandante sin ninguna responsabilidad económica por haber cometido un acto inmoral contenido en artículo 64 inciso "b" del Reglamento Interno de Trabajo, que conforme a la nota de despido, es importante destacar que se le imputa al demandante actuar de "FORMA INMORAL" que provoca la imposición de la máxima sanción como ser el despido, pero no se encuentra adjuntado al expediente documento jurídico que da pie a categorizar que el trabajador actuó de forma inmoral para que se le impute la sanción que corresponda según la falta cometida, es decir, no aparece de los autos el Reglamento Interno de Trabajo ni el Contrato Colectivo, que es donde se encontraría el procedimiento y categorización de las sanciones disciplinarias. Que el artículo 94 del Código del Trabajo establece: "El patrono no puede imponer a sus trabajadores sanciones no previstas en el reglamento, en pacto, en convención colectiva, en fallo arbitral o en el contrato individual"; es así que si al demandante se le está imputando la comisión de un acto inmoral que provocan un despido directo y sin responsabilidad para el patrono, debe de existir, en un reglamento, pacto, convención, fallo o en el mismo contrato individual de trabajo, la categorización de las faltas, la falta propiamente dicha, el procedimiento y su sanción, lo que hace ilegal el despido directo, siendo procedente declarar con lugar la demanda que nos ocupa y ordenar el reintegro del trabajador a su puesto de trabajo como Supervisor Administrativo y a pagarle los salarios dejados de percibir, desde que se produjo el despido hasta que sea reintegrado a su puesto de trabajo.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 19 de julio del 2019, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que la nota de despido establece como causa o motivo un acto inmoral cometido por el trabajador el 10 de mayo del 2016 a nombrar como corredor de seguros de las fianzas que están en trámite con los empleados del INPREMA al señor Oscar Armando Matamoros Ordóñez, sin determinar en cuál de las causales del artículo 112 se sustenta el despido, además se le señalan las establecidas en el artículo 114 del Código de Trabajo que son las que facultan al trabajador para darse por despedido en forma indirecta y en relación a las disposiciones del Reglamento Interno Invocadas, no fue posible determinar si en el mismo se ha desarrollado el concepto de “actos inmorales” para que éstos puedan ser considerados como una causa grave que justifique un despido, ya que este medio probatorio no fue aportado al proceso por la Representante Procesal de la parte demandada.- 5.- Mediante auto de fecha 11 de noviembre del 2020, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada ARGEL ALEJANDRA ROVELO HERNANDEZ, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 28 de junio del 2021, compareció ante este Tribunal la Abogada ARGEL ALEJANDRA ROVELO HERNANDEZ, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA), formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 1 de septiembre del 2021, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que la Abogada ARGEL ALEJANDRA ROVELO HERNANDEZ, en el primer y único motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral por infracción indirecta por la apreciación errónea del medio de prueba documental admitido a la parte demandada y que adelante se singularizan en relación a la demás prueba en su conjunto y que hizo incurrir en error de hecho que aparece manifiesto en los autos, y que llevó en forma indirecta a la Corte Sentenciadora a la violación del artículo 112 inciso e), 113 párrafo y 117 del Código del Trabajo vigente en relación con el Art. 99 de la Ley de Instituciones de Seguros y Reaseguros de Honduras. Proveniente de apreciación errónea de los medios de Prueba: DOCUMENTAL PUBLICO que obra de folio 52, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 62 de los autos DOCUMENTAL POR OFICIO evacuada a folio 102 y 103 todos esos de la primera pieza procesal dichos medios de pruebas fueron admitidos a la parte Demandada y se relacionan con la demás prueba en su conjunto. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. NORMAS ADJETIVAS QUE SIRVIERON DE MEDIO: Las normas adjetivas que sirvieron de medio para la violación de las sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRUEBA APRECIADA ERRONEAMENTE: De las pruebas antes mencionadas, las singularizo de la siguiente manera: DOCUMENTAL PUBLICO que obra de folio 52, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 62 de los autos DOCUMENTAL POR OFICIO evacuada a folio 102 y 103 todos esos de la primera pieza procesal dichos medios de pruebas fueron admitidos a la parte Demandada y se relacionan con la demás prueba en su conjunto. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La Corte sentenciadora, al confirmar el fallo dictado por el Juzgado de primera Instancia, manifiestamente incurrió en error de hecho, al apreciar erróneamente los medios de prueba señalados anteriormente y admitidos a la parte demandada y evacuados en su oportunidad, en relación a los demás medios de prueba en su conjunto, ya que si bien es cierto, el Juzgador no está sujeto a la tarifa legal de las pruebas, sino que forma libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la sana crítica de la prueba, tal y como está consagrado en el artículo 739 del Código de Trabajo, ésta disposición no impide de manera alguna que el Tribunal, se coloque en una posición de profundo análisis para poder llegar a la verdad de los hechos e impartir justicia aplicando la Ley, por lo que deviene obligado a efectuar la apreciación de las pruebas en su conjunto o sea ello es una obligación insoslayable y esa apreciación debe ser acertada y completa. En el caso en particular si se hubiesen apreciado correctamente por parte del Tribunal recurrido los medios de prueba señalados, se hubiera dado por establecido en forma indubitable que el señor Wilmer Mendieta Supervisor Administrativo del Inprema NO estaba facultado para nombrar ningún corredor de seguros para intermediar por las fianzas de ningún empleado o funcionario del Inprema violando el art. 99 de la Ley de Instituciones de Seguros y Reaseguros de Honduras misma que precisa: En la contratación de seguros o fianzas que el Estado deba efectuar, no podrán intervenir agentes dependientes, agentes independientes, corredores o sociedades de corretaje. Las instituciones de seguros no podrán pagar comisiones o retribuciones de ninguna naturaleza a funcionarios o empleados públicos ni a terceros en relación con la contratación de seguros y fianzas del Estado. No obstante, y sin que sea considerada como actividad de intermediación, las instituciones del Estado podrán contratar los servicios de asesoría de seguros, de cualquier profesional en esta materia o sociedades de corretaje debidamente registrados con el fin de obtener asesoramiento en la administración general de sus riesgos, los cual quedará sujeto a lo establecido en la Ley de Contratación del Estado. Asimismo, no podrán asignarse comisiones por este concepto a socios, directores, funcionarios y empleados de las instituciones de seguros. La contravención a estas disposiciones acarreará la responsabilidad civil y penal que al efecto establezcan las leyes. Todos los extremos que anteceden, quedaron totalmente probados con el medio de prueba documental publico y documental por oficio mencionados los cuales SI fueron apreciados por la corte recurrida pero erróneamente en virtud de que en las pruebas allegadas al juicio se estableció que la falta cometida por el demandante al INPREMA causo un perjuicio económico para la demandada de L.5,750.00. por lo que NO es posible acceder al reintegro solicitado.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) no demuestra el error en que incurrió el Juzgador, debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos; y, b) formula alegatos propios de instancia.- IV. Que el Censor alega nulidad subsidiaria: “Tal como se ha expuesto en el motivo que antecede, la Corte recurrida ha dictado un fallo incongruente y alejado completamente de los lineamientos que exigen los artículos 206 y 207 del Código Procesal Civil puesto que el mismo solo se limitó a concluir que la parte demandada no probo el concepto DE ACTOS INMORALES con ninguno de los medios de prueba para justificar la falta Grave. (ver considerando 3 numeral SEGUNDO del fallo recurrido) Cabe agregar que conforme a la normativa laboral vigente el acto inmoral en el trabajo es todo aquella conducta y comportamiento que se opone a la moral y que afecta a la empresa, tales como mentir, robar, engañar, estafar, traicionar, ser desleal, etc., Que por todo lo antes expuesto la corte recurrida devenía obligada hacer la respectiva separación al momento de su pronunciamiento sobre cada uno de los debates y alegatos de las partes, es decir, sobre lo justo y lo legal y así mismo, hacer los razonamientos facticos y jurídicos del pleito, que conducen a la apreciación y valoración de la prueba, hecho que no hizo. Por lo antes expuesto y en virtud de que el fallo en el caso de mérito no es congruente con las pretensiones deducidas en juicio, es por ello, que procede se anule el fallo recurrido, a efecto de que dicho Tribunal proceda de conformidad a derecho, ya que todo ello indica que dicho Tribunal infringió el artículo 206 y 207 del Código de Procesal Civil, en virtud de que dicha sentencia no resulta clara, precisa ni congruente con las cuestiones del debate y las pretensiones deducidas oportunamente en dichas diligencias”.- V. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente asunto, examinada que fue la sentencia impugnada y se estima que el mismo se encuentra dictado conforme a derecho, como también que se ha analizado la prueba aportada por las partes para tomar la decisión de fondo del juicio. A razón de lo antes expuesto estima este Tribunal, que no se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- VI. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación y sin lugar la nulidad alegada de forma subsidiaria.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN LUGAR la nulidad subsidiaria. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los veinte días del mes de enero del dos mil veintidós; certificación de la sentencia de fecha trece de diciembre del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número CL 522-19.- Firma y sello.- OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ, RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.