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Sentencia CL-521-19 — Registro 12752

Resumen

Demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, por despido ilegal e injusto, salarios adeudados, salarios dejados de percibir y costas del juicio

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Las normas que indica como violadas los artículos 2 numeral 2, y 665 del Código del Trabajo no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) Debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente; c) La prueba singularizada si fue apreciada en el fallo impugnado, resultando que se le dio una valoración o alcance diferente al que pretende el Impetrante, por lo que es impropio el ataque al mismo por falta de apreciación; y, d) Formula alegatos propios de instancia."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Las normas que indica como violadas los artículos 2 numeral 2, y 665 del Código del Trabajo no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) Debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente; c) La prueba singularizada si fue apreciada en el fallo impugnado, resultando que se le dio una valoración o alcance diferente al que pretende el Impetrante, por lo que es impropio el ataque al mismo por falta de apreciación; y, d) Formula alegatos propios de instancia."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veintidós días del mes de marzo del dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha veintisiete de febrero del dos mil veinte, por la Abogada NADYA LILIANA HERNANDEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además es parte recurrida, el señor SANTOS ADAN RAMOS BARAHONA, representado en juicio por el Abogado Abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, por despido ilegal e injusto, salarios adeudados, salarios dejados de percibir y costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de agosto del dos mil quince, por el señor SANTOS ADAN RAMOS BARAHONA, mayor de edad, soltero, hondureño, Guardia de Seguridad y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DEL INTERIOR Y POBLACIÓN, ahora SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN, por medio del Procurador General de la República, el señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veinticinco de julio del dos mil diecinueve, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha quince de enero del dos mil diecinueve, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: PRIMERO: Declarando PARCIALMENTE CON LUGAR demanda ordinaria laboral promovida por el señor SANTOS ADAN RAMOS BARAHONA, contra el ESTADO DE HONDURAS a través del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA.- SEGUNDO: CONDENAR al ESTADO DE HONDURAS a través del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA A RECONOCER una relación de trabajo permanente la que sostenía el demandante señor SANTOS ADAN RAMOS BARAHONA con el ESTADO DE HONDURAS, a través de la Secretaría de Estado en Los Despachos de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización a partir del 3 de abril del año 2006; por lo que se ha incurrido en un despido ilegal e injusto al dar por terminada la relación laboral, siendo procedente el pago a favor del demandante de las prestaciones e indemnizaciones laborales de la siguiente manera: Preaviso Lps. 18,666.66; auxilio de cesantía Lps. 83,999.97, auxilio de cesantía proporcional Lps. 699.99; vacaciones proporcionales Lps. 221.03; aguinaldo proporcional Lps. 3,111.10; décimo cuarto mes proporcional Lps. 7,777.75, lo que asciende a un total a pagar de CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (Lps. 114,466.50), más los salarios dejados de percibir desde la fecha del ilegal del despido hasta que el presente fallo adquiera el carácter de firme.- TERCERO: CONDENAR al ESTADO DE HONDURAS a través del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, al pago del décimo tercer mes de salario del periodo 2015 al señor SANTOS ADAN RAMOS BARAHONA por la cantidad de Lps. 8,000.00.- CUARTO: CONDENAR al ESTADO DE HONDURAS a través del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, al pago del décimo cuarto mes de salario del periodo 2015 al señor SANTOS ADAN RAMOS BARAHONA por la cantidad de Lps.8,000.00.- QUINTO: CONDENAR al ESTADO DE HONDURAS a través del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, al pago de vacaciones del periodo 2015 al señor SANTOS ADAN RAMOS BARAHONA por la cantidad de Lps.5,333.20.- SEXTO: SE ABSUELVE al ESTADO DE HONDURAS a través del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA del pago de salarios adeudados al señor SANTOS ADAN RAMOS BARAHONA.- OCTAVO: SIN COSTAS”. ANTECEDENTES DE HECHO. 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inició a laborar para la demandada en forma ininterrumpida a partir del 6 de abril del año 2006, en el cargo de Oficial de Custodia y Seguridad, realizando sus labores de manera permanente y continua, prestando sus servicios hasta el 4 de mayo del año 2015, habiendo firmado varios contratos de prestación de servicios profesionales. Que en fecha 4 de junio del año 2015, fue despedido y solo se le informó a través de la Jefatura de Recursos Humanos que su Contrato de Servicios Personales no sería renovado. El actor en vista de esto hizo entrega de su carnet de identificación y a la oficina de bienes el resto del equipo asignado para el desempeño de sus labores, que lo anterior constituye un despido ilegal de acuerdo a los artículos 3, 112 y 117 del Código del Trabajo y al 128 párrafo primero y 129 de la Constitución de la República. Finalmente hizo referencia a los artículos 47 y 52 párrafo tercero del Código del Trabajo, estableciendo, que este, debido a la continuidad en el tiempo y el tipo de trabajo era un empleado permanente y que por lo tanto tenía que aplicarse el procedimiento establecido para poder despedirlo, al no hacerlo la demandada incurrió en un despido ilegal. 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que el demandante prestó sus servicios profesionales, mediante contratos de servicios profesionales a término con fecha de inicio y finalización, con el consentimiento y aceptación sin objeción alguna por parte del demandante. Los derechos que reclama el actor solamente son otorgados a aquellas personas que han cumplimentado los requisitos establecidos por la Ley de Servicio Civil y que gozan de estatus de empleado permanente, por lo que debe de tomarse en consideración el artículo 5 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, y el Decreto Legislativo 266 de la Ley Para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno en su artículo 124 C párrafo segundo, por lo que es improcedente la aplicación del artículo 20 del Código del Trabajo, debiendo regirse por disposiciones del Derecho Administrativo especialmente en el literal a) del artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo relacionado con el artículo 2 numeral 2) del mismo cuerpo legal. Por otra parte el actor al encontrase en desacuerdo con la modalidad bajo el cual fue contratado, debió manifestarlo según el artículo 867 del Código del Trabajo, por lo que se ha prescrito el derecho a reclamar por haber transcurrido 2 meses, así mismo ya establece la Ley del Instituto Hondureño de Seguridad Social en su artículo 3 literal a), que la obligatoriedad de afiliación de los trabajadores la institución se encontraba obligada a hacerlo con el trabajador demandante, refiere además la parte demandada el artículo 321 de la Constitución de la República. Finalmente estableció la demandada que la causa que llevó a la finalización de la relación entre las partes fue el acaecimiento de la fecha en el que el contrato de prestación de servicios del demandante llegó a su fin, por lo tanto, el mismo no pudo ser despedido, simplemente el mismo no fue renovado. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha quince de enero del dos mil diecinueve, dictó sentencia declarando PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por el señor SANTOS ADAN RAMOS BARAHONA, contra el ESTADO DE HONDURAS; CONDENÓ al demandado a reconocer la relación de trabajo permanente del demandante a partir del 3 de abril del año 2006; condenando al pago a favor del demandante de las prestaciones e indemnizaciones laborales por la cantidad de L. 114,466.50, más los salarios dejados de percibir desde la fecha del ilegal despido hasta que el presente fallo adquiera el carácter de firme; CONDENAR al demandado al pago del décimo tercer mes de salario del periodo 2015, por la cantidad de L. 8,000.00; al pago del décimo cuarto mes del periodo 2015, por la cantidad de L. 8,000.00 y al pago de vacaciones del periodo 2015, por la cantidad de L. 5,333.20; ABSOLVIO al demandado del pago de salarios adeudados al demandante, SIN COSTAS, bajo el criterio que el demandante ha sido contratado como temporal, en un puesto que por su continuidad tanto en el tiempo, como en el mismo puesto de trabajo y para el mismo empleador, son de naturaleza indefinida dentro de la institución demandada, por la misma naturaleza de la labor que se desempeña en esta, es decir, siempre necesitará el cargo de Oficial de Custodia y Seguridad. Deduciéndose que el contrato de trabajo que nació como temporal se ha desnaturalizado, pues su permanencia en el tiempo y la naturaleza de la labor desempeñada ha provocado la exigencia y necesidad de la institución en cuanto al puesto de trabajo. También hay que agregar que el puesto de trabajo que desempeñaba el demandante en la institución, no puede ni debe considerarse de carácter temporal, pues los servicios que proporciona son necesarios para la plena operatividad de la institución, tomando en cuenta la función y el objeto de creación de la misma, por lo que no pueden ser accidentales. Concluyendo que dicha forma de contratación no tiene la mínima intención de poner fin a la relación laboral suscrita originalmente como temporal. Por lo tanto y de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 del Código del Trabajo se deben de considerar nulos dichos contratos de servicios profesionales y sus fechas de finalización, ya que los mismos eliminan y disminuyen derechos laborales y constitucionales, ya adquiridos por los trabajadores derivados de una relación típica de trabajo, por lo tanto, es claro que nos encontramos ante un empleado permanente en la institución y al tener este dicha categoría, el empleador debe someterse a las disposiciones legales para despedir a un trabajador permanente con o sin causa justificada, por lo que al no existir una causa legal de justificación de despido, ha operado el despido directo, ilegal e injusto, siendo procedente lo solicitado por el demandante. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticinco de julio del dos mil diecinueve, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el A-quo, sin costas; bajo el criterio que si bien a los contratos que corren agregados a los autos, se les denominó contrato de servicios profesionales, estos no llenen los requisitos de dichos contratos, ya que de la lectura de los mismos se desprende que existe en primer lugar la subordinación del trabajador hacia la institución que lo contrata, en segundo el trabajo lo tiene que realizar de forma personal, a cambio de un sueldo como remuneración y en tercero era un puesto para el cual no se necesita una especialización determinada o un título, estos elementos son típicos de un contrato de trabajo, por lo cual se entiende que el contrato de servicios profesionales se desnaturalizó y se convirtió en un trabajador permanente. Que conforme el Principio de Primacía de la Realidad que rige la materia del trabajo, no importa la denominación que se le dé a un contrato, o a una relación laboral, ni lo que conste en los documentos, lo que importa es lo que sucede en el plano de los hechos, en este caso, el trabajo que se desempeña, el cual ya se determinó que es de naturaleza permanente en la institución y que se celebraron varios contratos, lo que hizo que además se considerara celebrado por tiempo indefinido, dado el carácter tuitivo del derecho del trabajo, que regula las relaciones entre patronos y trabajadores, en armonía con las demás Leyes Laborales. Que al no haber justificado el patrón una causa de despido, tal y como lo establece el Código del Trabajo, únicamente manifestando que el contrato llegó a su finalización, el mismo se vuelve injusto, por lo que acarrea responsabilidad al patrono. 5. Mediante auto de fecha ocho de enero del dos mil veinte, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada NADYA LILIANA HERNANDEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha veintisiete de febrero del dos mil veinte, la Abogada NADYA LILIANA HERNANDEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, compareció ante este Tribunal formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha dos de marzo del dos mil veinte, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha diecisiete de febrero del dos mil veintiuno, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte del Abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I. Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II. Que la Abogada NADYA LILIANA HERNANDEZ, en su primer y único motivo de casación alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta, proveniente de error de hecho, manifiesto en la falta de apreciación de los medios de prueba documentales que obran en la pieza de autos. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. La orden sustantiva de orden nacional violada está contenida en el artículo 2 numeral 2), 665 del Código del Trabajo. REGLAS PROCESALES VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRUEBA DEJADA DE APRECIAR. La prueba dejada de apreciar en este motivo es la siguiente: DOCUMENTAL consistente en: 1.) El Oficio No. 51-2017 SGRH de fecha 20 de febrero del 2017, mediante el cual se hace constar que el señor SANTOS ADAN RAMOS BARAHONA percibió remuneración por los servicios prestados afectando el objeto específico del gasto 12,100, objeto que contiene sueldos básicos de personal no permanente. 2) Los Contratos de Prestación de Servicios Profesionales, agregados al expediente 1039-2015, específicamente la existencia de la cláusula NOVENA misma que literalmente dice: "El presente contrato en caso de conflicto estará sujeto por su propia naturaleza al Derecho Administrativo". PRECEPTO AUTORIZANTE CON RESPECTO A ESTE MOTIVO. Este motivo está comprendido en el artículo 765 ordinal primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACION DE LA VIOLACION. El Tribunal ad quem en el fallo impugnado ante VOS no ha apreciado las pruebas supra denunciadas lo que ha llevado a declarar con lugar la demanda promovida por el señor Santos Adán Ramos Barahona. Esta prueba inapreciada con particular claridad señala que no existió relación de trabajo entre mi representado el Estado de Honduras y el demandante, sino todo lo contrario el demandante, únicamente suscribió con mi representado el Estado de Honduras contratos de prestación de servicios profesionales por tiempo determinado, es decir que se constituyo en un acto cuyo alcance regulaba las obligaciones entre las partes contratantes, circunscribiéndose las mismas únicamente en cuanto a las obligaciones contempladas en el indicado contrato, sin tener más efectos y alcances del que expresamente se estipulo en el contrato en relación, consecuentemente mi representado, no tiene más obligaciones de las que se generaron de dichos contratos, de igual manera con los acuerdos de aprobación agregados al expediente administrativo de personal debidamente compulsado del demandante, se puede constatar que los Contratos de Prestación de Servicios Profesionales son sujetos a aprobación mediante acuerdos por parte del Señor Secretario de Estado en los Despachos del Interior y Población ahora Secretaria de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, en aplicación de los Decretos Ejecutivos y en cumplimiento a lo establecido en las disposiciones del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República, para el Ejercicio Fiscal 2014”. III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Las normas que indica como violadas los artículos 2 numeral 2, y 665 del Código del Trabajo no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) Debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente; c) La prueba singularizada si fue apreciada en el fallo impugnado, resultando que se le dio una valoración o alcance diferente al que pretende el Impetrante, por lo que es impropio el ataque al mismo por falta de apreciación; y, d) Formula alegatos propios de instancia. IV. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2 SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los dos días del mes de junio del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha veintidós de marzo del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número CL521-19. Firma y sello.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.