Sentencia CL-509-19 — Registro 13176
Resumen
Segunda instancia declaró con lugar el recurso de apelación y reformó declarando sin lugar la demanda ordinaria laboral para el reintegro de trabajadores a sus puestos de trabajo en virtud de terminación o finalización irregular de la relación contractual laboral o por lo menos en igualdad de condiciones a las que tenían a la fecha de la ruptura laboral, invalidez de los convenios de pago que produjeron la terminación irregular de los contratos de trabajo, a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir hasta la fecha en que los trabajadores sean reinstalados en sus puestos de trabajo y demás indemnizaciones que legalmente corresponden como los derechos adquiridos de vacaciones proporciónales, aguinaldo proporcional, décimo cuarto proporcional, pago pre-post natal y demás indemnizaciones por despido en estado de embarazo sin la autorización del juzgado
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) invoca la falta de apreciación e interpretación errónea del sentenciador, causales diferentes que debió invocar de forma separada por la independencia de los cargos; b) por un lado aduce que el error de hecho es originado por una falta de apreciación de la prueba y por otro arguye la defectuosa apreciación de la misma, lo cual no puede ser posible ya que la prueba no puede ser dejada de apreciar y ser apreciada erróneamente a un mismo tiempo; c) formula alegatos propios de instancia. IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los diecinueve días del mes de agosto del año dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha veintiséis de enero del dos mil veintiuno, por el Abogado JOSE ERNESTO CUBERO GUTIERREZ, en su condición de representante procesal de los señores ANDREA LILIANA VELASQUEZ HERNANDEZ, JENNY JOHANA GONZALES MARTINEZ, KEREN SARAHI MARADIANA ORELLANA, SELKIR JARED ZUNIGA NUÑEZ, ANABEL MURCIA RAMIREZ, MARICELA DUBON PERAZA, CARMEN QUINTANILLA BENITEZ, y NELSON DE JESUS RAPALO RAMOS, como recurrente; además es parte recurrida, la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, representado en juicio por la Abogada MELISSA PAOLA AYALA AVELAR. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para el reintegro de trabajadores a sus puestos de trabajo en virtud de terminación o finalización irregular de la relación contractual laboral o por lo menos en igualdad de condiciones a las que tenían a la fecha de la ruptura laboral, invalidez de los convenios de pago que produjeron la terminación irregular de los contratos de trabajo, a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir hasta la fecha en que los trabajadores sean reinstalados en sus puestos de trabajo y demás indemnizaciones que legalmente corresponden como los derechos adquiridos de vacaciones proporciónales, aguinaldo proporcional, décimo cuarto proporcional, pago pre-post natal y demás indemnizaciones por despido en estado de embarazo sin la autorización del juzgado, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veinte de julio del dos mil dieciocho, por la Abogada ELVIA MARCENY SABILLON GUTIERREZ, en su condición de representante procesal de los señores ANDREA LILIANA VELASQUEZ HERNANDEZ, mayor de edad, unión libre, bachiller en Administración de Empresas, hondureña; JENNY JOHANA GONZALES MARTINEZ, mayor de edad, soltera, técnico en mercadotecnia; KEREN SARAHI MARADIANA ORELLANA, mayor de edad, soltera, bachiller en administración de empresa, hondureña; SELKIR JARED ZUNIGA NUÑEZ, mayor de edad, casado, soldador hondureño; ANABEL MURCIA RAMIREZ, mayor de edad, casada, bachiller en administración de Empresas hondureña, actualmente en estado de Embarazo; MARICELA DUBON PERAZA, mayor de edad, soltera, trabajos varios, hondureña; CARMEN QUINTANILLA BENITEZ, mayor de edad, soltera, trabajos varios, hondureña y NELSON DE JESUS RAPALO RAMOS, mayor de edad, casado, trabajos varios, hondureño, contra LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, a través de su Alcalde Municipal señor ARMANDO CALIDONIO ALVARADO. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha cinco de septiembre del dos mil diecinueve, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, misma que: “FALLA: PRIMERO: Declarando HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada Melissa Paola Ayala Avelar, en su condición de representante procesal demandada, contra la sentencia definitiva proferida el veintisiete de junio del dos mil diecinueve (27/06/19) por el Juzgado de Letras del Trabajo de ésta misma sección judicial, en las diligencias iniciadas con la demanda supra indicada; en consecuencia, se REFORMA la misma en los siguientes términos: A) Declarando HA LUGAR la excepción perentoria de PAGO interpuesta por la parte demandada. B) Declarando SIN LUGAR la demanda de mérito, por ende, se ABSUELVE a la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA de las pretensiones emanadas del presente asunto. SEGUNDO: Se CONFIRMA la referida sentencia en cuanto a que declara sin lugar el denominado INCIDENTE DE PRESCRIPCION interpuesto por la parte actora y la exoneración de costas. TERCERO: SIN COSTAS…”. ANTECEDENTES DE HECHO 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que fueron contratados por la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, para laborar en las casetas de peaje como receptores de fondos en la forma siguiente: ANDREA LILIANA VELÁSQUEZ HERNÁNDEZ inicio el 2 de febrero del año 2014 para desempeñarse como receptora de fondos en las casetas municipales de peaje, devengando en la fecha de finalización del contrato de trabajo, un salario base mensual L. 10,375.00; JENNY JOHANA GONZALES MARTÍNEZ, inicio en fecha 3 de marzo del año 2014, desempeñándose en el puesto de receptora de fondos en las casetas municipales de peaje, devengando en la fecha de la irregular terminación del contrato de trabajo un salario base mensual de L. 10,300.00; KEREN SARAHI MARADIAGA ORELLANA, inicio en fecha 3 de febrero del año 2014, para desempeñarse como receptora de fondos en las casetas municipales de peaje en el boulevard del sur, devengando un salario en la fecha de la irregular finalización de su contrato de trabajo, un salario base mensual de L. 10,300.00; SELKIR JARED ZUNIGA NUÑEZ inicio en fecha 15 de marzo del año 2014, para desempeñarse como receptor de fondos en las casetas municipales de peaje, devengando en la fecha de la irregular finalización del contrato de trabajo un salario base mensual de L. 10,300.00, ANABEL MURCIA RAMIREZ inicio en fecha 12 de marzo del año 2015, para desempeñarse como supervisora de peajes, devengando en fecha de la irregular finalización del contrato de trabajo, un salario base mensual de L. 12,000.00; MARICELA DUBON PERAZA inicio en fecha 15 de febrero del año 2014, para desempeñarse como receptora de fondos en la casetas municipales de peaje devengan en la fecha de la irregular finalización del contrato de trabajo un salario base mensual de L. 10,300.00; CARMEN QUINTANILLA BENÍTEZ inicio en fecha 01 de agosto del año 2008 para desempeñarse como aseadora, devengando en la fecha de la irregular finalización del contrato de trabajo, un salario base mensual de L. 10,300.00; NELSON DE JESÚS RÁPALO RAMOS, inicio en fecha 14 de marzo del año 2014 para desempeñarse como receptor de fondos de las casetas municipales de peaje, devengando en la fecha de la irregular finalización del contrato de trabajo un salario base mensual de L. 10,370.00. Como consecuencia de la crisis post electoral que aconteció desde el 15 al 20 de diciembre del año 2017 e incluso más tiempo, las casetas de peaje norte, sur y este fueron destruidas por la ciudadanía manifestante, por lo que habiendo quedado inutilizables aquellas casetas de peaje, los trabajadores que allí laboraban fueron trasladados por la Municipalidad a laborar en las oficinas de la Gerencia de Peajes, dependencia de la Alcaldía Municipal, en donde venían desempeñando diversas labores, pues en todo caso los trabajadores conservan su categoría de empleados municipales en una institución de derecho público y existencia permanente e indefinida. La demandada casi dos meses después de estar laborando en las oficinas de Gerencia de Peajes, fueron llamados con fechas 13, 21, 22, 23 y 26 de febrero del año 2018, respectivamente a las oficinas de la Gerencia de Recursos Humanos en donde sin darles la opción de leer su contenido se les entrego únicamente la última página de un documento el cual firmaron, posteriormente se enteraron que a dicho documento se le denomino “convenio de pago en virtud de haber finalizado contrato de trabajo por mutuo consentimiento,” documentos en los cuales a espaldas de los trabajadores se plasmó lo siguiente: 1) dar por terminada la relación laboral; 2) que la municipalidad pagaría a cada uno de los trabajadores el cien por ciento de sus prestaciones laborales, en las cantidades correspondientes a cada trabajador según el cálculo realizado por la oficina de relaciones laborales de
la Gerencia de Recursos Humanos; 3) Que se efectuaría un solo pago a cada uno de los ahora demandantes el 23 de marzo del año 2018. Que a pesar de lo anterior, los demandantes esperaron el pago de sus derechos laborales, sin embargo la demandada incumplió su obligación de pagar a los trabajadores el día 23 de marzo del año 2018; y si bien es cierto otro de los aspectos establecidos en aquellos documentos fue que en caso de incumplimiento de cualquiera de las cláusulas de este convenio quedarán abiertas las instancias correspondientes para reclamar el total de lo adeudado, sin embargo los demandantes se ven imposibilitados legalmente para exigir el pago de las cantidades adeudadas en base a dichos documentos por la vía ejecutiva puesto que dichos documentos no constituyen títulos ejecutivos por no haberse celebrado o hacerse ante las autoridades del trabajo. Lo que resulta que los denominados “convenios de pago en virtud de haber finalizado contrato de trabajo por mutuo consentimiento”, carecen de validez por error, resultando además nulos ipso jure pues implican renuncia, disminución y tergiversación de los derechos que la constitución, el código del trabajo, sus reglamentos y las demás leyes de trabajo o previsión social otorgan a los trabajadores, por lo que se entiende que la demandada despidió a los actores sin causa justa, habiendo dolo de por medio en la nota de mutuo acuerdo y es por lo tanto que los mismos solicitan el reintegro a su puesto de trabajo. 2. La parte demandada, la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, contestó dicha demanda señalando que se presentan fechas de inicio de labores y salarios devengados por los demandantes que no van de acuerdo a la realidad, y si bien es cierto las casetas de peaje se destruyeron producto del vandalismo que se desato en las manifestaciones post electorales, razón por la cual la administración municipal se vio obligada a clausurar administrativamente de manera definitiva el departamento de peajes, más cierto es que ambas partes empleados y municipalidad entendían las situación y se acordó la terminación del contrato por mutuo disenso, asumiendo la demandada, el pago del cien por ciento 100% de los derechos y prestaciones laborales a los actores. Rechazó lo que adujo la parte actora, en cuanto a un preconcebido despido, contradiciéndose totalmente pues tal y como es de conocimiento general la destrucción de la propiedad pública fue en contra de la voluntad de la Municipalidad, producto de muchos actos vandálicos de los que la ciudad vivió, la relación de trabajo se terminó por convenio entre las partes. Rechaza el hecho de que la parte demandante alega nulidad del convenio por mutuo acuerdo, sin embargo, tal como lo probaran la parte actora no solo aceptó el mismo de manera voluntaria, sino que además realizaron todas las gestiones acordadas para el cumplimiento de este, como se la firma del cálculo de prestaciones, presentación de constancias bancarias y la constancia de finiquito del equipo y mobiliario municipal, lo cierto es que el convenio es válido y vigente. Lo cierto es que, en la noche del 30 de noviembre del año 2017, las manifestaciones producto de la crisis post electoral, concluyeron en actos vandálicos que quemaron y destruyeron las instalaciones de las casetas de peaje, hecho que fue de conocimiento público y general. Razón por la demandada se vio obligada a cerrar el departamento de peajes, para el cual laboraban los actores y por ser estas razones no imputables ni al trabajador ni al patrono y asumiendo su responsabilidad frente a los demandantes, se les ofreció el pago del cien por ciento de las prestaciones y derechos laborales lo que los actores aceptaron de manera voluntaria quienes realizaron además todas las gestiones acordadas para dicho pago, como ser aceptación y firma de los cálculos de sus prestaciones, solicitud de constancia bancarias, finiquitos y demás relacionados, en tal sentido es válido el convenio de terminación de la relación laboral por mutuo acuerdo entre las partes, pues los contratos son ley y deben respetarse, tal como se establece en el convenio de pago en virtud de haberse terminado el contrato de trabajo por mutuo consentimiento y como lo reconocen los demandantes la demandada, les ofreció el derecho de recibir al cien por ciento sus prestaciones y derechos laborales, dichos montos o fueron expresamente aceptados de puño y letra de los demandantes y que los mismo o ya se han pagado en su totalidad o de manera parcial, pues hay quienes no se han presentado a reclamar su pago. El Código del Trabajo en el artículo 111 establece causas de terminación de los contratos de trabajo, invoca los literales a) y b), en ese sentido la demandada suscribió convenios en donde se termina la relación laboral con los trabajadores por mutuo consentimiento, por lo que se cumplió lo pactado y por lo tanto es improcedente la acción de reintegro que pretenden la parte demandante pues no existe ni el departamento para el cual laboraban, ni siquiera las instalaciones físicas en donde desempeñaban sus labores, siendo improcedente el reintegro, además de que no existe despido en la presente demanda, pues la demandada nunca los despidió, fue un mutuo acuerdo consentido por los actores. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintisiete de junio del dos mil diecinueve, dictó sentencia de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR EL INCIDENTE DE PRESCRIPCIÓN INTERPUESTO POR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL DE LA ACTORA en base a la motivación expuesta en el presente fallo.- PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR LA EXCEPCION PERENTORIA DE PAGO INTERPUESTA POR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL DE LA DEMANDADA en base a la motivación expuesta en el presente fallo.- SEGUNDO: DECLARANDO CON LUGAR DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE SE ORDENE EL REINTEGRO DE TRABAJADORES A SUS PUESTOS DE TRABAJO EN VIRTUD DE TERMINACIÓN O FINALIZACIÓN IRREGULAR DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL LABORL O POR LO MENOS EN IGUALDAD DE CONDICIONES A LAS QUE TENIAN A LA FECHA DE LA IRREGULAR RUPTURA LABORAL. SE INVOCA INVALIDEZ DE LOS SUPUESTOS CONVENIOS DE PAGO QUE PRODUJERON LA TERMINACIÓN IRREGULAR DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO, A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR HASTA LA FECHA EN QUE LOS TRABAJADORES SEAN REINSTALADOS EN SUS PUESTOS DE TRABAJO Y DEMAS INDEMNIZACIONES QUE LEGALMENTE CORRESPONDEN COMO LOS DERECHOS ADQUIRIDOS DE VACACIONES PROPORCINALES, AGUINALDO PROPORCIONAL, DECIMO CUARTO PROPORCIONAL, PAGO PRE-POST NATAL Y DEMÁS INDEMNIZACIONES POR DESPIDO EN ESTADO DE EMBARAZO SIN LA AUTORIZACIÓN DEL JUZGADO. Promovida por la abogada ELVIA MARCENY SABILLON GUTIERREZ, mayor de edad, casada, abogada de los tribunales de la República y con domicilio en esta ciudad, miembro inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el número 5675.- actuando en su condición de representante procesal de los trabajadores ANDREA LILIANA VELASQUEZ HERNANDEZ, con número de identidad 0501-1985-03990; JENNY JOHANA GONZALES MARTINEZ, con número de tarjeta de identidad 0501-1984-07487; KEREN SARAHI MARADIANA ORELLANA, con número de tarjeta de identidad 0801-1995-07160; SELKIR JARED ZUNIGA NUÑEZ, con número de tarjeta de identidad 1802-1981-00232; ANABEL MURCIA RAMIREZ, con número de identidad 0511-1989-00134, MARICELA DUBON PERAZA, con número de identidad 0413-1985-01210; CARMEN QUINTANILLA BENITEZ, con número de tarjeta de identidad número 0502-1994-02324 y NELSON DE JESUS RAPALO RAMOS, con número de tarjeta de identidad 1501-1982-01691. Contra LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, a través de su representante legal el señor ALCALDE MUNICIPAL ingeniero ARMANDO CALIDONIO ALVARADO. TERCERO: SE CONDENA a la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTÉS a través de su representante legal el señor ARMANDO CALIDONIO a reintegrar a los trabajadores y trabajadoras ANDREA LILIANA VELASQUEZ HERNANDEZ;
JENNY JOHANA GONZALES MARTINEZ; KEREN SARAHI MARADIANA ORELLANA; SELKIR JARED ZUNIGA NUÑEZ; ANABEL MURCIA RAMIREZ; MARICELA DUBON PERAZA; CARMEN QUINTANILLA BENITEZ y NELSON DE JESUS RAPALO RAMOS al puesto de trabajo que desempeñaban al momento del despido (igual condición) o a otro de mejor categoría (mejor condición) y los demás beneficios laborales producidos durante la tramitación del juicio y que se encontraren adeudados. Más a título de daños y perjuicios los salarios que hubiere dejado de percibir desde que ocurrió el despido hasta la fecha que se cumpla con la reinstalación. CUARTO: SIN COSTAS…”. Bajo el criterio que lo cierto es que no es posible atender la excepción de pago, en virtud que los montos no fueron satisfechos a los demandantes en la fecha establecida en el respectivo documento que la parte demandada pretende hacer valer, al no haberse materializado el pago no es posible atender esta excepción, no se desconoce que se extendieron cheques respectivos a favor de los demandantes pero estos se emitieron en fecha posterior a la que se estableció por la patronal en el convenio ya precitado, ya que se había determinado un solo pago en fecha 23 de marzo del año 2018 y esto no se cumplió por la parte actora los cheques se gestionaron y emitieron en fechas posteriores a la inspección que realizaron los demandantes en conjunto con Inspectoría del Ministerio del Trabajo, de manera que los demandantes ante su situación de ya no estar laborando para la demandada por haberse provocado un cese y estos al considerar que no se les había realizado respectivo pago de prestaciones sociales, accionaron exigiendo protección de sus derechos laborales, de manera que presentan un reclamo ante el Ministerio del Trabajo en fecha 04 de abril del año 2018, y en fecha 12 de abril del año 2018 se constituye la Inspectora Eva Martínez Motiño en la Municipalidad de San Pedro Sula, ante tal reclamo formulado por los actores es que la patronal actúa y emite cheques de pago a favor de los demandantes no obstante no existe pago alguno materializado, de igual forma incorporar los cheques a favor de los demandantes en el presente proceso no se puede considerar como un pago, distinto fuese para la patronal que hubiesen cumplido el pago en la fecha pactada, o consignar tales valores en el procedimiento respectivo para ello.- La excepción de pago no procede por cuanto no ha existido pago y la emisión de cheques posteriores a la fecha pactada y derivada del accionar de los demandantes verifica que no reclamar estos la patronal no hubiese hecho evidente su intención de pago. Ante toda esta situación en derecho el pago solo puede verse satisfecho si se realizaba en la totalidad de la prestaciones, en la forma convenida, en respeto irrestricto a los derechos de los trabajadores y sin poder compeler al trabajador a recibir pagos posteriores o parciales cuando se acordó su pago total; lo expuesto se fundamenta en los artículos 1348, 1422 y 1434 del Código Civil que al respecto señalan por su orden las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse a/ tenor de los mismos. Se entenderá pagada una deuda, cuando completamente se hubiese entregado la cosa o hecho la prestación en que la obligación consistía. A menos que el contrato expresamente lo autorice, no podrá compelerse al acreedor a recibir parcialmente las prestaciones en que consista la obligación. En ese estado de cosas, se indica aun y cuando la suscripción del convenio la patronal desconoció sus efectos, de manera que la terminación de la relación laboral conforme tales convenios no surtió efectos por la misma negligencia patronal, ya que se considera evidente que la patronal actuó con mala fe, de manera que esto hace nulos los efectos de tales convenios de conformidad al artículo 3 del Código del Trabajo, y tal como lo demostró la patronal los mismos no se realizaron ante autoridad competente (Art.379 del Código del Trabajo), lo que permite sostener que la patronal al no cumplir los mismos en las fechas preestablecidas desconoce todos sus efectos y se comprende que existió una terminación del contrato de trabajo injustificada, ya que al no hacerse los pagos en la fecha pactada, provoca la incertidumbre e inseguridad jurídica de los demandantes que los lleva a accionar de conformidad al artículo 113 del Código del Trabajo un reclamo judicial en aras de que se les tutele su principio a la estabilidad laboral, ya que las causas por los cuales estos no prestan el servicio en el puesto por el cual fueron contratados en una causa no imputable a estos, además está demostrado del plan de arbitrios que la demandada no ha cerrado de forma definitiva tal área, ya que se implementaran nuevamente las casetas de peaje. De manera que el accionar y comportamiento de la patronal fue lo que motivo a los demandantes a buscar la instancias administrativas, no les quedaba otra opción que instar la vía judicial y reclamar en los términos de los artículos 129 de la Constitución de la República y 113 del Código del Trabajo su derecho alternativo al pago de una remuneración en concepto de salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios, y a las indemnizaciones legales y convencionalmente previstas; o, a que se le reintegre al trabajo con el reconocimiento de salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios caso planteado por las partes demandantes de este juicio, y al considerarse que no surte efectos la terminación de los contratos de trabajo por mutuo acuerdo, sino que hubo un cese laboral no imputable a las partes y fue la patronal la que desconoce los efectos de tales convenios, provocando que los mismos sean nulos, es procedente la acción de reintegro en iguales o mejores condiciones, más los salarios dejados de percibir ya que esto es precisamente protección al derecho de la estabilidad laboral. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha cinco de septiembre del dos mil diecinueve, dictó sentencia misma que: “FALLA: PRIMERO: Declarando HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada Melissa Paola Ayala Avelar, en su condición de representante procesal demandada, contra la sentencia definitiva proferida el veintisiete de junio del dos mil diecinueve (27/06/19) por el Juzgado de Letras del Trabajo de ésta misma sección judicial, en las diligencias iniciadas con la demanda supra indicada; en consecuencia, se REFORMA la misma en los siguientes términos: A) Declarando HA LUGAR la excepción perentoria de PAGO interpuesta por la parte demandada. B) Declarando SIN LUGAR la demanda de mérito, por ende, se ABSUELVE a la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA de las pretensiones emanadas del presente asunto. SEGUNDO: Se CONFIRMA la referida sentencia en cuanto a que declara sin lugar el denominado INCIDENTE DE PRESCRIPCION interpuesto por la parte actora y la exoneración de costas. TERCERO: SIN COSTAS…”. Bajo el criterio que del proceso en estudio, no resulta acreditada la ausencia de ánimo volitivo de los trabajadores para aceptar la propuesta y llevar a cabo la terminación del contrato de trabajo en las condiciones que acordaron con el patrono, según se desprende del Convenio de Pago que suscribieron, más aun cuando en tal documento consta que convinieron no solo la terminación de la relación laboral contra oferta del pago de las prestaciones laborales en un 100%, sino también extendieron a favor de la demanda, autorización para que les dedujera del monto de sus prestaciones cantidades de dinero conforme el artículo 96 inciso 5) del Código del Trabajo; en razón de ello la demandada efectuó el cálculo correspondiente a cada uno de los demandantes, según lo sostiene desde la contestación de demanda y en los documentos visibles a folios del 221 al 302 de la pieza principal; de ahí que, el convenio de terminación de la relación laboral por mutuo disenso es válido, pues no concurre ninguna de las causas para estimar su ineficacia, pese a que no se celebró ante la autoridad administrativa del trabajo, pues de conformidad a lo resuelto por la “Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en el Recurso de Casación No. 106-17 a que la liquidación se realizó sin la presencia de la autoridad del trabajo... el trabajador acepto su liquidación y en efecto no hay menoscabo a sus derechos laborales". De otra parte es preciso señalar que el cese laboral se produjo el día 28 de febrero del 2018, y los trabajadores comparecieron ante la autoridad administrativa del trabajo hasta el 12 de abril del mismo año, con el propósito de constatar un supuesto despido verbal y no para denunciar el convenio de pago que con anterioridad habían suscrito, por lo que la excepción perentoria de pago opuesta por la demandada debe ser estimada, pues si bien la cancelación de los valores se efectuó en una fecha distinta a la convenida, esta fue satisfecha antes de presentarse la acción, tal y como lo afirma la parte recurrente. De conformidad a lo estipulado en el artículo 113 del Código del Trabajo, el derecho del trabajador es alternativo; es decir, puede demandar el pago de prestaciones laborales por despido injustificado y/o demandar el cumplimiento del contrato para que se le reponga en el trabajo, por lo menos en igualdad de condiciones; en ambos casos, corre la indemnización a título de daños y perjuicios, conocida como condena en salarios caídos o dejados de percibir; en el sub judice, los demandantes optaron por recibir el pago de las prestaciones laborales y por ello suscribieron el mencionado Convenio de Pago, acción que impide atender la pretensión de reintegro a sus puestos de trabajo. En razón de lo anteriormente expuesto, se estiman atendibles los argumentos expuestos, pues del análisis efectuado por el Tribunal, se concluye que el cese laboral no fue producto de un acto de coacción inducido o forzado por el ofrecimiento de pago del 100% de prestaciones ni producto de la carencia de un ánimo volitivo de los trabajadores; y aunque es cierto que en razón de la protección al derecho a la estabilidad laboral el patrono se encuentra legalmente limitado para disponer la terminación del contrato de trabajo a voluntad, mas no así el trabajador, pues éste "puede elegir libremente el empleo que más se adapte a sus aptitudes y necesidades, también tiene el derecho a separarse del mismo de forma voluntaria", por manera que al haber optado por el pago de las prestaciones laborales, no es posible atender el reclamo para reintegro a los puestos de trabajo ni a derechos que se hubieren generado durante la tramitación del juicio, pues los derechos laborales fueron liquidados en su totalidad por la demandada y fueron aceptados sin protesto, razones por las cuales no es posible desconocer la validez del convenio de pago suscrito, se haya o no suscrito ante la autoridad administrativa competente, salvo que las cantidades resultaren inferiores a las que legalmente corresponden y no es este el caso. 5. Mediante auto de fecha ocho de enero del dos mil veinte, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado JOSE ERNESTO CUBERO GUTIERREZ, en su condición de representante procesal de los señores ANDREA LILIANA VELASQUEZ HERNANDEZ, JENNY JOHANA GONZALES MARTINEZ, KEREN SARAHI MARADIANA ORELLANA, SELKIR JARED ZUNIGA NUÑEZ, ANABEL MURCIA RAMIREZ, MARICELA DUBON PERAZA, CARMEN QUINTANILLA BENITEZ, y NELSON DE JESUS RAPALO RAMOS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha veintiséis de enero del dos mil veintiuno, compareció ante éste Tribunal el Abogado JOSE ERNESTO CUBERO GUTIERREZ, en su condición de representante procesal de los señores ANDREA LILIANA VELASQUEZ HERNANDEZ, JENNY JOHANA GONZALES MARTINEZ, KEREN SARAHI MARADIANA ORELLANA, SELKIR JARED ZUNIGA NUÑEZ, ANABEL MURCIA RAMIREZ, MARICELA DUBON PERAZA, CARMEN QUINTANILLA BENITEZ, y NELSON DE JESUS RAPALO RAMOS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha veintiséis de enero del dos mil veintiuno, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veintiuno de abril del dos mil veintiuno, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte de la Abogada MELISSA PAOLA AYALA AVELAR, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que el Abogado JOSE ERNESTO CUBERO GUTIERREZ, en el primer motivo de casación alega: “Por ser la sentencia recurrida violatoria de la ley sustantiva, siendo que la violación de la ley proviene de la falta de apreciación e interpretación errónea del sentenciador de las pruebas allegadas a juicio, y siendo que a la demandada la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, a través de su representante legal señor ARMANDO CALIDONIO ALVARADO no logró contraprobar los hechos de la demanda por cuanto los despidos fueron ilegales sin seguir los procedimientos que para el despido establece el Código del Trabajo, sin embargo, nuestras pruebas que indubitablemente son hechos probados en juicio de los ILEGÍTIMOS CONVENIOS DE TERMINACION DE UNOS CONTRATOS DE TRABAJO que mediante engaños obligaron a firmar a mis representados, fueron ignoradas, desechadas, y NO APRECIADAS POR EL SENTENCIADOR. Del mismo modo no fue considerada en La sentencia objeto de la casación la petición formulada en la demanda relativa al reclamo de pago de pago de la sanción que se le impone al patrono por haber sido despedida la demandante ANABEL MURCIA RAMIREZ en estado de gravidez, en tal sentido se reclama pago de pre y post natal y horas de lactancia a favor de mi representada.- REGLAS PROCESALES VIOLADAS. Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas, están contenidas en los Artículos 2, 3, 23, 56, 60, 66, 101, 102, 111 No.8), 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. SINGULARIZACION DE LA PRUEBA. Honorable Corte Suprema de Justicia, consideramos que la Sentencia emitida por la honorable Corte de Apelaciones de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, en fecha Cinco (05) de Septiembre del año Dos Mil Diecinueve (2019), en la cual revoca la sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha Veintisiete (27) de Junio del año dos mil diecinueve (2019), no está ajustada a derecho, pues es una sentencia SUI GENERIS carente de objetividad, y apartada totalmente del Principio Protector que rige en materia laboral o Derecho Social, más parece una Sentencia de corte civilista por la razones siguientes: En primer lugar, precedentemente hemos establecido DOS (2) VIOLACIONES DIRECTAS a los derechos de mis representados y plenamente probados en juicio por ésta representación procesal: LA PRIMERA VIOLACIÓN DE DERECHOS LABORALES arbitraria, abusiva e ilegal por parte de la demandada MUNICIPALIDAD DE SAN Pedro Sula y de la Sentencia recurrida es la suscripción de convenios ilegales de terminación de relación de los Contratos Individuales de Trabajo de mis representados sin haber iniciado ningún procedimiento reglamentario tendiente a que mis representados ejercieran su derecho de defensa constitucional LA SEGUNDA VIOLACIÓN DE DERECHOS LABORALES arbitraria, abusiva e ilegal por parte de la demandada MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA es haber desconocido el régimen especial de protección a que está sometida la mujer en estado de embarazo y lactancia, extremo que asimismo fue ignorado por la corte de apelaciones en la sentencia objeto del presente recurso. Por lo descrito anteriormente, y estando debidamente probado en juicio el incumplimiento de esos incrementos salariales, la sentencia recurrida emitida por la honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, dictada en fecha Cinco de Septiembre del año dos mil diecinueve (2019) en su parte o resolutoria relevó la eficacia probatoria que la prueba propuesta y evacuada en las audiencias de trámite en perjuicio de la ley laboral y de los derechos de mis representados”. III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) invoca la falta de apreciación e interpretación errónea del sentenciador, causales diferentes que debió invocar de forma separada por la independencia de los cargos; b) por un lado aduce que el error de hecho es originado por una falta de apreciación de la prueba y por otro arguye la defectuosa apreciación de la misma, lo cual no puede ser posible ya que la prueba no puede ser dejada de apreciar y ser apreciada erróneamente a un mismo tiempo; c) formula alegatos propios de instancia. IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los doce días del mes octubre del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha diecinueve de agosto del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número CL509-2019. Firma y sello.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.