Sentencia CL-490-19 — Registro 13378
Resumen
Demanda Ordinaria Laboral de primera instancia para obtener pago de prestaciones, indemnizaciones y derechos laborales
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible por los defectos técnicos siguientes: a) que la interpretación errónea es un modo de violar que se deba alegar al margen del material probatorio y, es el caso, que en la explicación se insta a la valoración de la misma; b) en la explicación se alude a la aplicación en el fallo impugnado de los artículos “…95 número 23 y 96 número 11 del Código del Trabajo…”, que no fueron señalados como infringidos o relacionados en la formulación; y, c) en el desarrollo se realizan alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario. Además, el Ad-Quem, le ha dado en alcance apropiado a la norma señalada como infringida tomando en cuenta los principios que rigen esta materia y a temas sobre la tipicidad y legalidad de las faltas y sanciones a imponer a los trabajadores, que deben estar reguladas en un Reglamento Interno de Trabajo, de conformidad a ley"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente caso, no se encontró vicio procesal que pueda ser objeto de nulidad, por lo que no se estima que la sentencia recurrida sea violatoria del derecho de defensa o debido proceso, resultando inestimable tal petición.- "...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los quince días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 6 de marzo del 2020, por la Abogada TATIANA ARRIAGA DE HERRERA, en su condición de representante procesal del INSTITUTO DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL Y/O CURIA DIOCESANA, como recurrente; además, es parte recurrida, el señor ELMER MANUEL PAVON LEON, representado en juicio por el Abogado EUSTAQUIO SABILLON CRUZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria Laboral de primera instancia para obtener pago de prestaciones, indemnizaciones y derechos laborales, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 11 de septiembre del 2015, por el señor ELMER MANUEL PAVON LEON, mayor de edad, soltero, Perito Mercantil y Contador Público, hondureño y con domicilio en La Lima, Departamento de Cortés, contra el INSTITUTO SAN VICENTE DE PAUL Y/O CURIA DIOCESANA, a través de su representante legal el Sacerdote FERNANDO IBAÑEZ, en condición de Ecónomo Canciller de la Curia Diocesana. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 21 de agosto del 2019, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que falló REFORMANDO la sentencia de fecha 25 de julio del 2017, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO HA LUGAR el recurso de apelación promovido por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de ésta sección judicial el veinticinco de julio del año dos mil diecisiete; consecuentemente se REFORMA la referida sentencia, la que consiste en: i) DECLARAR CON LUGAR la demanda para el pago de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional y el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha en que se produjo la desvinculación laboral hasta que quede firme la misma, por ende se CONDENA a la demandada al pago de los mismos ; ii) fijar como monto total de condena la suma de TRESCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (L. 320,278. 56) que corresponde a los conceptos y valores concedidos por la iudex a-quo más los otorgados en esta instancia cuyos valores son los siguientes: preaviso: L. 36,388.32; auxilio de cesantía: L. 254,718.24; auxilio de cesantía proporcional: L. 4, 396.91.- SEGUNDO: CONFIRMANDO la referida sentencia en sus demás extremos. TERCERO: SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con el INSTITUTO DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL Y/O CURIA DIOCESANA, el 2 de mayo del 2001, contratado por tiempo indefinido desempeñándose como Contador General, devengando en los últimos 6 meses previos a su despido indirecto un sueldo promedio mensual de L.18,194.16; en fecha 27 de julio del 2015, recibió el demandante notificación escrita por parte del Administrador del Instituto San Vicente de Paul, en que sin previa Audiencia de Descargos y sin invocar fundamento legal alguno, le sancionó suspendiéndole de su puesto de trabajo, sin goce de salario durante los días 28, 29 y 30 de julio del 2015, sanción no prevista en ningún ordenamiento laboral, en consideración a la injusticia de la sanción que se le impuso, mediante nota de fecha 31 de julio del 2015, dirigida al Ecónomo Canciller de la Curia Diocesana, Director, Gerente y Representante Legal del demandado, el demandante le hizo saber su decisión de dar por terminado el Contrato de Trabajo, sin preaviso y sin responsabilidad alguna de parte del demandante, conservando el derecho al pago de prestaciones laborales e indemnizaciones legales correspondientes, invocándose como fundamentos de derecho los artículos 87, 88, 92 numeral 9), 95 numerales 6) y 23), 96 numerales 9) y 11) y 114 incisos i y j) del Código del Trabajo. Dando por agotado el trámite correspondiente ante la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, sin poder llegar a un acuerdo conciliatorio con la parte demandada.- 2. La parte demandada, el INSTITUTO SAN VICENTE DE PAUL Y/O CURIA DIOCESANA, contestó dicha demanda señalando que en el mes de enero del 2015, notificó a todo su personal que la nueva administración estaría a cargo del señor Mario Fernando Moncada Ávila, a partir de ese momento el demandante empezó a mostrar disconformidad con la decisión tomada por las autoridades de la institución, ya que desde el mes de enero del 2015, se le solicitaron los documentos necesarios para establecer el estado económico de la institución, sin embargo hacia caso omiso de las instrucciones que se le daban, en el mes de junio el señor Mario Moncada entregó al demandante un memorando, en el cual se le señalaban las funciones del puesto de trabajo que estaba incumpliendo, y adicionalmente se le estaba pidiendo nuevamente la documentación necesaria para establecer la situación económica de la institución, a lo cual contestó amenazándole de forma irrespetuosa vía correo electrónico, de la siguiente forma: “yo le aconsejaría que me consiguiera mis prestaciones laborales y que no hiciera nada malo para que no me las den, a usted se le contrató para que sacara adelante el colegio no para que hostigue al personal colocándole reloj y otras jornadas de trabajo. El Colegio no se levanta financieramente colocando reloj, hostigando, pidiendo archivos, pidiendo control de propiedad de equipo; siendo sinceros su labor ha sido mala en materia de levantar al colegio y esto lo debe saber el padre Fernando a quien usted tiene engañado, hay que informarle al padre que el colegio administrativamente los maneja el y la profesora Gladys, pero su persona sin la autoridad para tomar decisiones importantes”, por tal razón, en fecha 23 de Julio del 2015, se solicitó en la Secretaría de Trabajo los servicios de un Inspector de Trabajo, para que constatara la falta grave cometida por el trabajador, solicitud que fue denegada por dicha Secretaría de Estado en esa misma fecha. El 27 de julio del 2015, se llamó al demandante a comparecer a la Audiencia de Descargo, para que explicara las razones por las que amenazó vía correo electrónico al señor Mario Moncada, y en el momento en que se le hizo saber el motivo por el cual se le estaba convocando, se levantó diciendo que llamaría a su abogado, y salió sin dar más explicaciones, permaneciendo en su oficina, ante esto el señor Mario Moncada, acompañado de la señora Gladys Ondina Martínez García, Directora del Instituto, fueron a buscarlo para saber si su Abogado venía en camino y señalar hora de la audiencia, pero en lugar de responder a la consulta que se le hacía, profirió palabras soeces, y amenazó al señor Mario Moncada diciéndole que sabía dónde trabaja su esposa, que anotaría la placa de su vehículo, y que él tenía su forma de arreglar las cosas, en consecuencia ese mismo día se hizo la notificación de la suspensión de trabajo sin goce de salario, habiendo tenido por evacuada la Audiencia de Descargo, tampoco procedió a impugnar por la vía legal la suspensión quedando firme. Finalmente, el actor ha dicho que la sanción disciplinaria ha ofendido gravemente su dignidad, sin embargo, tal afirmación resulta improcedente, porque la suspensión hasta un máximo de 8 días sin goce de salario está prevista en el Código del Trabajo, por lo tanto, una sanción de 3 días no puede ser contraria de la Ley.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 25 de julio del 2017, dictó sentencia que en su parte resolutiva dice: “FALLA: 1) DECLARANDO SIN LUGAR la demanda ordinaria Laboral promovida por el señor ELMER MANUEL PAVON LEON, de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia contra la institución educativa denominada SAN VICENTE DE PAUL y/o CURIA DIOCESANA, a través de su representante señor FERNANDO IBANEZ, en su condición de ecónomo Canciller de la CURIA DIOCESANA Y DIRECTOR y/o gerente y representante legal del INSTITUTO SAN VICENTE DE PAUL y/o CURIA DIOCESANA, también de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; en consecuencia ABSUELVE: A la institución educativa denominada SAN VICENTE DE PAUL y/o CURIA DIOCESANA, a través de su representante señor FERNANDO IBANEZ, en su condición de ecónomo Canciller de la CURIA DIOCESANA Y DIRECTOR y/o gerente y representante legal del INSTITUTO SAN VICENTE DE PAUL y/o CURIA DIOCESANA, de la responsabilidad de pagar las prestaciones sociales y pago a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde que se produjo la terminación de la relación hasta que quede firme sentencia.- CONDENA: A la institución educativa denominada SAN VICENTE DE PAUL y/o CURIA DIOCESANA, a través de su representante señor FERNANDO IBANEZ, en su condición de ecónomo Canciller de la CURIA DIOCESANA Y DIRECTOR y/o gerente y representante legal del INSTITUTO SAN VICENTE DE PAUL y/o CURIA DIOCESANA, a pagar al trabajador la cantidad de VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON NUEVE CENTAVOS (L.24,855.09), distribuidos así: DECIMO TERCER MES PROPORCIONAL L. 9,008.65, DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL L. 1,211.20, SALARIO ADEUDADO L.14,555.24.- SIN COSTAS…”. Bajo el criterio que del estudio y análisis de las pruebas practicadas en juicio, consideró que la causa invocada por el demandante para poner fin a la relación de trabajo es injusta, pues la potestad disciplinaria se ejerció directamente por el patrono o delegadamente por sus administradores, o por quien investido del poder directivo contaba con el necesario poder jerárquico, siendo el señor Mario Fernando Moncada Ávila quien tenía esa potestad, y el demandante siendo el sujeto pasivo del poder disciplinario que deriva del poder de mando, quedaba sometido a la potestad del patrono, lo que significa que durante esté sometido a la continua dependencia del patrono, puede ser objeto de sanciones disciplinarias, siempre que se encuentren enmarcadas en la Ley, si el trabajador es objeto de una sanción disciplinaria distinta al despido, puede impugnarla y pedir que se deje sin valor y efecto ante las autoridades administrativas o judiciales competentes, quienes pueden establecer que las sanciones aplicadas por el patrono no están enmarcadas en la Ley, el demandante por sí solo no puede decir si esa sanción es justa o injusta, en este caso el empleado se dio por despedido al haber sido objeto de una sanción disciplinaria, sin que previamente exista resolución administrativa o judicial que así lo indique, por ello el despido llevado a cabo en esas condiciones, imposibilitó al Tribunal para analizar si la causa por la cual fue suspendido el trabajador por tres días sin goce de salario fue justa o no, ya que no se está conociendo sobre la validez de la sanción, sino el hecho que si haber sido objeto de una sanción disciplinaria con suspensión de labores autorizaba al trabajador para darse por despedido indirectamente, basado en las causales que dispone el artículo 114 del Código del Trabajo, lo cual a criterio del Tribunal no lo autorizaba porque decir lo contrario sería dejar sentado que el patrono no puede aplicar sanciones disciplinarias a sus trabajadores, y si lo hace ellos están facultados para darse por despedidos indirectamente.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 21 de agosto del 2019, dictó sentencia que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO HA LUGAR el recurso de apelación promovido por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de ésta sección judicial el veinticinco de julio del año dos mil diecisiete; consecuentemente se REFORMA la referida sentencia, la que consiste en: i) DECLARAR CON LUGAR la demanda para el pago de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional y el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha en que se produjo la desvinculación laboral hasta que quede firme la misma, por ende se CONDENA a la demandada al pago de los mismos ; ii) fijar como monto total de condena la suma de TRESCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (L. 320,278. 56) que corresponde a los conceptos y valores concedidos por la iudex a-quo más los otorgados en esta instancia cuyos valores son los siguientes: preaviso: L. 36,388.32; auxilio de cesantía: L. 254,718.24; auxilio de cesantía proporcional: L. 4, 396.91.- SEGUNDO: CONFIRMANDO la referida sentencia en sus demás extremos. TERCERO: SIN COSTAS…”. Bajo el criterio que la Sala Laboral Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia conociendo el recurso de casación número 552-17 estimó que “no es lógico ni guarda armonía con los principios generales que rigen la materia, ya que si estima que la medida disciplinaria impuesta no es legal, contemplada como una prohibición a los patronos en el artículo 96 numeral 11) del Código del Trabajo, debió ser revisada en todos sus efectos jurídicos y no limitarla a que su impugnación es el único derecho que le asiste al trabajador afectado con la misma”, siendo así que la institución demandada impuso al trabajador una sanción disciplinaria por suspensión de labores sin goce del salario, sin estar facultada para ello, ya que no cuenta con un Reglamento Interno de Trabajo, pues en este se regulan las disposiciones disciplinarias y los procedimientos que se aplicaran, por mandato del artículo 96 numeral 11) del Código del Trabajo, los empleadores tienen prohibido imponer a los trabajadores penas o sanciones que no hayan sido autorizadas por las Leyes o Reglamentos vigentes, el poder disciplinario por disposición del artículo 94 del Código del Trabajo, quedó limitado por los Principios de Tipicidad en la Falta y Legalidad en la Sanción, que permiten que la valoración de las mismas, y su correspondiente función sea revisable ante la jurisdicción competente, lo anterior tiene su fundamento en el artículo 95 de la Constitución de la República, de ahí que por muy reprochable que sea el comportamiento del demandante, el patrono tiene prohibido ejecutar o autorizar cualquier acto que directa o indirectamente vulnere o restrinja derechos que se otorgan a los trabajadores, o que ofendan la dignidad de estos, así como imponer penas o sanciones que no hayan sido autorizadas por las leyes o reglamentos vigentes, en ese sentido, el demandante estaba facultado para darse por despedido de forma indirecta, conservando derecho a las prestaciones e indemnizaciones legales, como es en el caso
del despido injusto al tenor de lo dispuesto en el artículo 114 letra j) del Código del Trabajo, por haber incurrido en una violación grave de las prohibiciones especiales que le incumben, por lo que declaró la demanda con lugar, reconociendo el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales computadas en base a la antigüedad, y salario constatado en la audiencia de reconocimiento judicial, por las razones antes expuestas y en observancia a lo dispuesto en el artículo 667 del Código del Trabajo y considerando los efectos que produce la nulidad, mismos que fueron desarrollados ampliamente por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en el recurso de casación número CL357-05, se estima que la sentencia impugnada debe ser reformada.- 5. Mediante auto de fecha 5 de diciembre del 2019, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada TATIANA CORINA ARRIAGA DE HERRERA, en su condición de representante procesal del INSTITUTO SAN VICENTE DE PAUL Y/O CURIA DIOCESANA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha 6 de marzo del 2020, compareció ante este Tribunal la Abogada TATIANA ARRIAGA DE HERRERA, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 10 de marzo del 2020, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 13 de agosto del 2021, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por el Abogado EUSTAQUIO SABILLON CRUZ, en condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- 1. Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- 2.- Que la Abogada TATIANA CORINA ARRIAGA DE HERRERA, en su único motivo de casación alega: “Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva por interpretación errónea del artículo 94 en relación con el 92 número 9 ambos del Código del Trabajo. CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN: El artículo 94 del Código del Trabajo dispone: El patrono no puede imponer a sus trabajadores sanciones no previstas en el reglamento, en pacto, en convención colectiva, en fallo arbitral o en el contrato individual. El artículo 92 número 9 del Código del Trabajo dispone: "El reglamento, además de las prevenciones que estimen convenientes contendrá: ... 9. Las disposiciones disciplinarias y procedimientos para aplicarlas. Es entendido que se prohíbe descontar suma alguna del salario de los trabajadores en concepto de multa, y que la suspensión del trabajo, sin goce de salario, no puede decretarse por más de ocho (8) días ni antes de haber oído al interesado, y nunca se harán anotaciones malas a los trabajadores sin la previa comprobación de las faltas cometidas, debiendo intervenir en ambos casos el delegado del sindicato y a falta de éste, un representante de los trabajadores." Mi representada impuso al trabajador ELMER LEONEL PAVON LEON una sanción de suspensión de laborales por tres días en vista de que él el día 27 de junio de 2015 se negó a entregar los documentos que se necesitaban para realizar el análisis financiero del Instituto, incumpliendo con las funciones de su puesto de trabajo. Lo anterior lo manifestó al contestar vía correo electrónico un llamado de atención que se le hizo en el cual se le solicitaba entregar los documentos necesarios para realizar dicho análisis financiero. Dichos documentos se le venían solicitando desde el mes de enero de 2015 sin que los entregase, adicionalmente realizó amenazas directas al administrador del Instituto. El trabajador, no obstante que aceptó la sanción que se le impuso tal como él mismo lo reconoció en su demanda, posteriormente se dio por despedido alegando que dicha sanción no estaba contemplada en el Código del Trabajo. El Juzgado de primera instancia en la sentencia que dictó al efecto declaró sin lugar la demanda, sin embargo el Tribunal de segunda instancia conociendo por vía de apelación dictó sentencia en la que reformó la de primera instancia declarando con lugar la demanda promovida por el trabajador ELMER LEONEL PAVON LEON y condenó a mi representada a lo reclamado fijando como monto total de la condena la cantidad de TRESCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (L. 320,278.56) correspondiendo a los conceptos y valores concedidos por el iudex a-quo más los otorgados en esa instancia, preaviso L. 36,388.32, auxilio de cesantía L. 254,718.24, auxilio de cesantía proporcional L. 4,396.91 y confirmando la sentencia en sus demás extremos. La Corte de Apelaciones recurrida para tomar la decisión antes relacionada, expresó en su motivación: "FUNDAMENTOS DE DERECHO. PRIMERO: Esta corte en su momento, en razón del planteamiento efectuado por las partes en las etapas procesales consideró entre otros que: "no es posible analizar por la vía del despido indirecto, si la medida disciplinaria impuesta al actor es legal o no, sino únicamente, si la causa invocada por el accionante lo faculta para dar por terminado el nexo jurídico laboral al amparo del artículo 114 del código de la materia"; sin embargo, la Sala Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia conociendo el recurso de casación número 552-17 estimó que: "no es lógico ni guarda armonía con los principios generales que rigen la materia, a que si estima que la medida disciplinaria impuesta no es legal, contemplada como una prohibición a los patronos en el artículo 96 numeral 11) del Código del Trabajo, debió ser revisada en todos sus efectos jurídicos y no limitarla a que su impugnación es el único derecho que le asiste al trabajador afectado con la misma"; en razón de lo anterior y en apoyo a lo dispuesto en el artículo 667 del Código del Trabajo, éste iudex ad quem se aparta del criterio sostenido con anterioridad en el presente caso en el cual se estableció que el procedimiento que debió seguir el accionante ante la imposición de la medida disciplinaria era la impugnación de la misma ante la vía administrativa y/o jurisdiccional. SEGUNDO: Así las cosas, del análisis y valoración del material probatorio, a partir del criterio establecido por la Corte Suprema de Justicia, en el caso de autos es visto que la institución demandada impuso al trabajador demandante una sanción disciplinaria (suspensión de labores sin goce de sueldo) sin estar facultada para ello ya que no cuenta con un reglamento interno de trabajo, pues es en este que se regulan las disposiciones disciplinarias y los procedimientos para aplicarlas. Por mandato del artículo 96.11 del Código del Trabajo, los empleadores tienen prohibido imponer a los trabajadores penas o sanciones que no hayan sido autorizadas por las leyes o reglamentos vigentes, y es que el poder disciplinario del empresario por disposición del artículo 94 el mismo cuerpo de leyes, queda limitado por los principios de tipicidad en la falta y legalidad en la sanción, que permiten la valoración de las mismas y su correspondiente función por la empresa será revisable ante la jurisdicción competente; lo anterior tiene su fundamento en el artículo 95 de la Constitución de la República. De ahí que, por muy reprochable que sea el comportamiento del accionante, el patrono tiene prohibido ejecutar o autorizar cualquier acto que directa o indirectamente vulnere o restrinja los derechos que otorgan a los trabajadores o que ofendan la dignidad de estos así como imponer a los trabajadores penas o sanciones que no hayan sido autorizadas por las leyes o reglamentos vigentes; en ese sentido, el demandante estaba facultado para darse por despedido de forma indirecta, conservando el derecho a las prestaciones e indemnizaciones legales, como en el caso de despido injusto al tenor de lo dispuesto en el artículo 114 letra j) del Código del Trabajo por haber incurrido el demandado en una violación grave de las prohibiciones especiales que le incumben según antes se dijo, por lo que la demanda debe ser declarada con lugar para el pago de las prestaciones e indemnizaciones legales, las que se deben computar en base a la antigüedad y el salario constatado en la audiencia de reconocimiento judicial visible a folio 92 de la primera pieza." Con la motivación anterior el Tribunal recurrido procedió a reformar la sentencia apelada, declarando con lugar el recurso de apelación y como consecuencia con lugar la demanda promovida en contra de mi representada. De la sentencia cuestionada se observa que el Tribunal de Apelación aplicó los artículos 94, 95 número 23, 96.11 y 114 del Código del Trabajo, estos en cuando disponen que el patrono no puede imponer a sus trabajadores sanciones no previstas en el reglamento, en pactos, en convención colectiva, en fallo arbitral o en el contrato colectivo. Los demás artículos son en relación con éste para poder declararse con lugar la demanda de ELMER MANUEL PAVON LEON. En criterio del Tribunal sentenciador mi representada impuso al trabajador ELMER MANUEL PAVON LEON, una sanción no contemplada en la ley ni en el reglamento, lo cual lo autorizó a darse por despedido en forma indirecta, pero el criterio del Tribunal es equivocado habida cuenta que nuestra legislación laboral si autoriza y contempla sanciones como la impuesta por mi representada al demandante. En efecto, de la redacción del artículo 94 del Código del Trabajo, aplicado por el Tribunal Ad Quem, se entiende que éste en ningún momento prohíbe que se impongan sanciones que se encuentren contempladas en el Código del Trabajo, pues aunque en dicho artículo hace relación al reglamento, pacto, convención colectiva o contrato individual, no dice lo mismo sobre artículos del Código del Trabajo, es decir, no dice que no se puedan aplicar para sancionar a los trabajadores. Y véase que el artículo 92 número 9 del Código del Trabajo dispone: "El reglamento, además de las prevenciones que estimen convenientes contendrá: ... 9. Las disposiciones disciplinarias y procedimientos para aplicarlas. Es entendido que se prohíbe descontar suma alguna del salario de los trabajadores en concepto de multa, y que la suspensión del trabajo, sin goce de salario, no puede decretarse por más de ocho (8) días ni antes de haber oído al interesado, y nunca se harán anotaciones malas a los trabajadores sin la previa comprobación de las faltas cometidas, debiendo intervenir en ambos casos el delegado del sindicato y a falta de éste, un representante de los trabajadores." De acuerdo con el artículo antes citado, lo que se desprende de su redacción es que el patrono perfectamente puede sancionar al trabajador, pero que la sanción no puede pasar de más de ocho (8) días de suspensión del trabajo y que previo a esa sanción se tiene que oír, por el derecho de defensa, al interesado, es decir, al trabajador. Y consta en autos, que previo a sancionar al trabajador ELMER MANUEL PAVON LEON le llamó a una audiencia de descargos en donde el trabajador pudo exponer lo que en derecho le correspondía como defensa, habiéndole impuesto posteriormente una sanción de suspensión de tres días. De ahí entonces que el criterio expresado por la Corte recurrida en la sentencia impetrada resulta totalmente equivocado, es decir, en una interpretación errónea que hace del artículo 94 en relación con el 92 número 9 ambos del Código del Trabajo, con lo que da pie para que aplique los artículos 95 número 23 y 96 número 11 del Código del Trabajo cuando dice que el INSTITUTO SAN VICENTE DE PAUL incurrió en una violación grave de las prohibiciones especiales que le incumben al sancionar con suspensión de tres días al trabajador ELMER MANUEL PAVON LEON sin estar facultada para ello cuando de la propia redacción del citado artículo 94 se evidencia que la sanción que autorizó a mi representado a suspender por tres días de sus labores al ahora demandante deriva del mismo Código del Trabajo en relación con el 92.9 de dicho Código. Siendo entonces que el Tribunal de Apelación interpretó erróneamente el artículo 94 del Código del Trabajo, en relación con el 92.9 de dicho Código del Trabajo.- 3.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible por los defectos técnicos siguientes: a) que la interpretación errónea es un modo de violar que se deba alegar al margen del material probatorio y, es el caso, que en la explicación se insta a la valoración de la misma; b) en la explicación se alude a la aplicación en el fallo impugnado de los artículos “…95 número 23 y 96 número 11 del Código del Trabajo…”, que no fueron señalados como infringidos o relacionados en la formulación; y, c) en el desarrollo se realizan alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario. Además, el Ad-Quem, le ha dado en alcance apropiado a la norma señalada como infringida tomando en cuenta los principios que rigen esta materia y a temas sobre la tipicidad y legalidad de las faltas y sanciones a imponer a los trabajadores, que deben estar reguladas en un Reglamento Interno de Trabajo, de conformidad a ley.- 4.- Que el Recurrente anuncia un vicio de nulidad en el fallo impugnado en la forma siguiente: 1º) La Constitución de la República en su artículo 303 establece que la Justicia se imparte por magistrados y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y las leyes. 2º) En el presente caso, la sentencia ad quem ha incurrido -seguramente por error-, en una grave contravención al precepto constitucional antes aludido, según se desprende de su propio texto, pues a pesar de que el Tribunal sentenciador declara su plena convicción de que una condena como la que finalmente dictó en perjuicio de mi Mandante era inviable e injusta, según 10 expresó en el ordinal "PRIMERO" de sus FUNDAMENTOS DE DERECHO, se abstuvo de dictar el fallo en tal sentido, valiéndose de su propio criterio, y en su lugar manifestó que se limitaría a obedecer los lineamientos establecidos por la Sala Laboral en la sentencia que previamente anulaba la suya por defectos formales, la cual evidentemente no le era vinculante, por ser de naturaleza esencialmente procesal y no substancial, por lo que ciertamente no podía suplantar o imponerse al criterio del Tribunal de segunda instancia, dado que dicha resolución de la Sala no resolvía el fondo de la controversia ni se dictó habiéndose constituido previamente en sede de instancia. Su carácter era formal procesal, por lo que, una vez subsanados los vicios de forma advertidos, debía el Ad Quem fallar con absoluta independencia y autonomía, en los términos establecidos por el referido artículo 303 constitucional. Luego de eso, si llegase el caso de nuevo a conocimiento de la Sala Laboral, podría entonces el máximo Tribunal constituirse en sede de instancia y dictar sentencia resolviendo el fondo del asunto; en cuyo caso, sí sería vinculante, con plenos efectos de cosa juzgada, con sus límites objetivos y subjetivos e incluso podría llegar a formar parte de la jurisprudencia laboral. Pero lo cierto es que no es así, la resolución previa únicamente advertía vicios procesales y el Tribunal Ad Quem conservó siempre su total independencia, con la única sujeción a la Constitución y a las leyes, que de hecho es la Promesa de Ley a que se refiere el artículo 322 constitucional, que prestan los funcionarios públicos antes de entrar al ejercicio de sus cargos, incluidos los jueces y magistrados. 3º) Por la razón que se deja expresada, esta representación procesal estima procedente y por tanto así lo pide, que la sentencia venida en casación se anule o invalide, advirtiendo al Tribunal de segunda instancia que debe resolver el asunto sub judice con una perfecta congruencia y armonía entre su criterio independiente como Juzgador y su fallo, pues de la manera cómo está redactada actualmente su sentencia viola las formalidades internas de las sentencias, ya que el Tribunal tiene la convicción de la forma en que debe decidir el asunto y sin embargo falla de una manera distinta, aplicando una inexistente obediencia a una resolución previa de la Sala Laboral, que no le vincula ni limita su cualidad de JUZGADOR, encargado de aplicar la ley a los casos concretos, como corresponde en todo Estado Democrático Moderno”.- 3.- Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente caso, no se encontró vicio procesal que pueda ser objeto de nulidad, por lo que no se estima que la sentencia recurrida sea violatoria del derecho de defensa o debido proceso, resultando inestimable tal petición.- 4.- Por lo antes expuesto procede declarar no ha lugar el recurso de casación interpuesto en su único motivo y la nulidad anunciada en forma subsidiaria.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 770, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación interpuesto en su único motivo; 2) SIN LUGAR la nulidad enunciada en forma subsidiaria. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE.- FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de diciembre del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha quince de noviembre del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número CL 490-19.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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