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Sentencia CL-479-19 — Registro 13377

Resumen

demanda ordinaria laboral de primera instancia, para el reintegro al puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones en virtud del despido directo e injusto y a la vez se declare el contrato de trabajo por tiempo indeterminado en vista de ser una labor permanente

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica correctamente el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; b) en  la formulación del cargo hace referencia a la violación directa pero en el desarrollo vincula la valoración de medios de prueba ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley, en el motivo expuesto la causas de terminación fueron objeto de la controversia y por ende del material probatorio; y, c) hace alegatos propios de instancia.- "...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., treinta de septiembre de dos mil veintiuno.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 12 de enero del 2021, por la Abogada CARMEN FLORENCIA ROSA ESPINOZA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, el señor JOSÉ WILLIAMS PORTILLO RODRÍGUEZ, representado en juicio por el Abogado DENIS MAURICIO CÓRDOVA PINEDA. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral de primera instancia, para el reintegro al puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones en virtud del despido directo e injusto y a la vez se declare el contrato de trabajo por tiempo indeterminado en vista de ser una labor permanente, costas; promovida ante el Juzgado de Letras Departamental de Gracias, Departamento de Lempira, en fecha 19 de septiembre del 2017, por el Abogado DENIS MAURICIO CÓRDOVA PINEDA, en su condición de representante procesal del señor JOSÉ WILLIAMS PORTILLO RODRÍGUEZ, PÚBLICA, mayor de edad, soltero, Licenciado en Psicología, hondureño y con domicilio en la ciudad de Gracias, Departamento de Lempira, contra el ESTADO DE HONDURAS, a por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, por medio del Procurador General de la República, de ese entonces Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 04 de marzo del 2019, dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 11 de enero del 2019, proferida por el Juzgado de Letras Departamental de Gracias, Departamento de Lempira, que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARAR A LUGAR: La Demanda Laboral de Primera Instancia para el reintegro a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones, el pago de salarios dejados de percibir durante el tiempo que no estuvo trabajando presentada por el señor JOSÉ WILLIAMS PORTILLO RODRÍGUEZ contra EL ESTADO DE HONDURAS (SECRETARIA DE SALUD) representada por LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.- SEGUNDO: DECLARA SIN LUGAR LA EXCEPCIÓN PERENTORIA DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN promovida por la parte demandada ESTADO DE HONDURAS (SECRETARIA DE SALUD).- TERCERO: SE CONDENA: AL ESTADO DE HONDURAS (SECRETARIA DE SALUD) representada por LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, a lo siguiente: 1) Reintegro del señor JOSÉ WILLIAMS PORTILLO RODRÍGUEZ como Psicólogo del Hospital Juan Manuel Gálvez de Gracias Departamento de Lempira, en iguales o mejores condiciones, 2) Al Pago de Salarios dejados de Percibir desde la fecha del despido directo e injustificado, hasta el momento en que quede firme la presente sentencia; y 3) Al Pago de los salarios adeudados de los meses OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE del año dos mil quince.- CUARTO: Se exime de la condena en COSTAS, en esta instancia…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que, inició la relación con el Estado de Honduras, el 01 de enero del 2014, desempeñándose como Psicólogo del Hospital Juan Manuel Gálvez, en Atención Integral para pacientes con VIH/SIDA, devengaba un salario promedio mensual de L.12,000.00, por 4 horas de trabajo, con un horario de siete a once de la mañana; expresó que desde el año 2008, trabajó en ese cargo mediante programa financiado por el Fondo Mundial del cual fue liquidado; además manifestó que durante el tiempo que duró la relación de trabajo fue contratado mediante contratos de trabajo por tiempo determinado, denominados “De Servicios Médicos", celebrando varios contratos de ese tipo durante cada año de servicio; resultó que en fecha 05 de julio del 2017, recibió notificación por escrito, donde se le manifestaba que el contrato de trabajo por tiempo determinado el cual tenía vigencia hasta 31 de julio del 2017, no sería renovado, siendo despedido de manera injusta e ilegal, agregó que en su puesto de trabajo fue contratado otro Profesional de la Psicología; y que se le adeudan tres meses de salario correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2015, y que a la fecha no se le han pagado, realizando una serie de reclamos internos y administrativos para que se los cancelaran resultando infructuosos. Argumentó además que la acción de despido violentó el derecho individual a la estabilidad laboral consagrado en el artículo 127 de la Constitución de la República, ya que conforme al artículo 52 del Código del Trabajo, la relación de trabajo era de carácter permanente, al renovarse constantemente los contratos trabajo, y que el puesto que desempeñaba era de naturaleza permanente dentro del Hospital Juan Manuel Gálvez, a ya que tenía más de tres años de laborar, razón por la cual no se puede alegar que no existe continuidad en las labores que desempeñaba, por lo que solicitó se declare que los contratos son por tiempo indeterminado y por ende la permanencia en el puesto. Y que con el ánimo de llegar a un acuerdo conciliatorio acudió a la Secretaría del Trabajo, siendo imposible conciliar en virtud de la incomparecencia de la parte demandada, se dio por agotado el trámite administrativo.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda que el demandante laboró para el Hospital Juan Manuel Gálvez, como Psicólogo desde el 1 de enero del 2014, aclarando que dicha relación laboral con el demandado término en fecha 31 de diciembre de 2015, en vista de que en fecha 1 de enero de 2016, el Hospital Juan Manuel Gálvez fue descentralizado y su administración quedó bajo la gestión de la Asociación para el Desarrollo Crecer y Vivir, quien absorbió a todos los empleados mediante la modalidad de contrato, dando como resultado que la relación laboral con la Secretaría de Salud terminó el 31 de diciembre de 2015. Si bien es cierto el demandante fue notificado por la vía escrita que su relación laboral tenía como fecha de vigencia hasta el 31 de julio del 2017, esta se refería a la relación laboral que mantenía con la Asociación para el Desarrollo Crecer y Vivir, ya como se ha manifestado anteriormente que la relación laboral entre el demandante y el Estado de Honduras finalizó el 31 de diciembre de 2015 y no el 31 de julio del 2017. Desde el momento en el cual el demandante firmó contrato con la Asociación para el Desarrollo Crecer y Vivir, dejaron ellos mismos por rescindido el contrato con el demandado y que fue efectivo a partir del 01 de enero del 2016, siendo el 31 de diciembre del 2015 el último día en el cual el demandante trabajó con el demandado, por lo que las exigencias del demandante no son responsabilidad del demandado; alegó que el demandante pretendió cometer fraude y simulación al querer reclamar reintegro en iguales o mejores condiciones al puesto de trabajo, más los salarios dejados de percibir, pretendiendo engañar al tribunal aduciendo que el proceso legal administrativo fue ejecutado en tiempo y forma, habiendo terminado la relación de trabajo con el demandado el 31 de diciembre del 2015; razón por la cual el tiempo para exigir los derechos y acciones para reclamar contra el despido injustificado, habían ya vencido, tal como lo expresa el artículo 864 del Código del Trabajo. Asimismo, interpuso la EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN.- 3.- El Juzgado de Letras Departamental de Gracias, Departamento de Lempira, en fecha 11 de enero del 2019, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARAR A LUGAR: La Demanda Laboral de Primera Instancia para el reintegro a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones, el pago de salarios dejados de percibir durante el tiempo que no estuvo trabajando presentada por el señor JOSÉ WILLIAMS PORTILLO RODRÍGUEZ contra EL ESTADO DE HONDURAS (SECRETARIA DE SALUD) representada por LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.- SEGUNDO: DECLARA SIN LUGAR LA EXCEPCIÓN PERENTORIA DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN promovida por la parte demandada ESTADO DE HONDURAS (SECRETARIA DE SALUD).- TERCERO: SE CONDENA: AL ESTADO DE HONDURAS (SECRETARIA DE SALUD) representada por LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, a lo siguiente: 1) Reintegro del señor JOSÉ WILLIAMS PORTILLO RODRÍGUEZ como Psicólogo del Hospital Juan Manuel Gálvez de Gracias Departamento de Lempira, en iguales o mejores condiciones, 2) Al Pago de Salarios dejados de Percibir desde la fecha del despido directo e injustificado, hasta el momento en que quede firme la presente sentencia; y 3) Al Pago de los salarios adeudados de los meses OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE del año dos mil quince.- CUARTO: Se exime de la condena en COSTAS, en esta instancia…”. Bajo el criterio que la parte demandada ha sostenido su defensa basada en la prescripción, lo que es evidente que existió una relación de trabajo entre la Secretaría de Salud y el señor José Williams Portillo Rodríguez el cual comenzó en fecha primero de enero del año dos mil catorce, hecho que fue aceptado por la parte demandada, más sin embargo la parte demandada argumenta que la relación de trabajo entre el demandante y el demandado culminó en fecha treinta y uno de diciembre del año dos mil quince y que posteriormente este firmaba contratos con la ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO CRECER Y VIVIR, pero lo que nos llama poderosamente la atención son dos aspectos la desaparición total de los contratos de trabajo del señor José Williams Portillo Rodríguez como psicólogo del Hospital Juan Manuel Gálvez y que la nota de despido no la hace la ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO CRECER Y VIVIR si no que la emite la Licenciada Indira Johana Hernandez Guerra Jefa de Talento Humano del Hospital Juan Manuel Gálvez de Gracias Departamento de Lempira en fecha cinco de Julio del año dos mil diecisiete por lo que es evidente que la terminación de la relación de trabajo la hace la SECRETARIA DE SALUD y no la ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO CRECER Y VIVIR como lo pretende hacer ver la parte demandada por lo que haciendo el computo desde la fecha de despido la cual fue a partir del treinta y uno (31) de julio del año dos mil diecisiete a la fecha en que se dio el cierre de diligencias administrativas conciliatorias en la Secretaría del Trabajo la cual fue en fecha veintidós de agosto del año dos mil diecisiete habían transcurrido veintidós días, por lo que se encuentra en tiempo y forma, para realizar el reclamo correspondiente ante la Secretaría de Trabajo, por lo que a criterio de esta juzgadora no hay una interrupción ni mucho menos una prescripción ya que existia una continuidad, aunando la existencia de los principios laborales que rigen el derecho del trabajo como ser el principio de irrenunciabilidad "consistente en la imposibilidad del trabajador de renunciar o disponer en su propio perjuicio, aun con el concurso de su propia voluntad, a los derechos y créditos que se derivan del contrato de trabajo y de las leyes" relacionado con el principio IN DUBIO PRO OPERARIO "que hace referencia al criterio que debe adoptar el Juez o Magistrado para seleccionar e interpretar la norma, cuando esta genere duda respecto a los derechos laborales reclamados por lo que deberá ser la interpretación más favorable al trabajador" siendo estos principios de orden público, protectorios y pro homine a favor del empleado, asimismo aun cuando se hubiere presentado contratos suscritos entre LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO CRECER Y VIVIR y el señor JOSÉ WILIAMS PORTILLO RODRÍGUEZ, la misma es un intermediario de la Secretaría de Salud al momento de contratar personal, siendo que los fondos para pagos provenían de la Secretaria de Salud reiterando que no hay una interrupción, ni mucho menos una prescripción. Asimismo, con la aceptación de la parte demandada se demostró que el Estado de Honduras a través de la Secretaria de Salud no hizo efectivo los salarios de los meses de octubre, noviembre y diciembre del año dos mil quince al señor José Wiliams Portillo Rodríguez, por lo que por las razones expuestas y lo que consta en el caso, es procedente declarar a lugar la demanda.- 4.- La Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en fecha 04 de marzo del 2019, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que se alega por la parte demandada en calidad de impetrante, que la parte actora dejó transcurrir el plazo 60 días para entablar la demanda, pero la prueba acompañada al proceso nos indica cosa distinta; decimos eso por lo siguiente: consta de autos que el 05 de julio del año 2017, se notificó el despido al ahora demandante José Williams Portillo Rodríguez, por la Jefe de Talento Humano del Hospital Juan Manuel Gálvez, quien después de recibir la notificación procedió al agotamiento de la vía Administrativa Previa, como consta con el Acta de Cierre de las Diligencias Administrativas que obra a folio (04) del proceso, el 22 de Agosto del 2017; interrumpiendo de esa manera el plaza de dos meses contemplado en los artículos 864 y 867 del Código del Trabajo; ya la demanda fue interpuesta 19 de Septiembre del ario 2017. Es por ello que dicha excepción opuesta no encuentra asidero o sustento legal para que prospere la misma al existir prueba suficiente que la acción administrativa y la demanda fueron interpuestas dentro del plazo que la ley establece, siendo procedente rechazar el agravio expuesto en ese sentido; alega la recurrente que la acción prescribió porque el ahora demandante fue despedido desde el 2015, y que fue por el ultimo contratante; al respecto diremos que el hecho que el Hospital Juan Manuel Gálvez haya cambiado de Administración y que se convierta en una institución descentralizada, no significa que no tenga responsabilidad sobre los contratos que heredó de la Administración anterior, sumado al hecho que la Administración Pública se divide en centralizada y descentralizada y en cualquiera de ellas, siempre existirá responsabilidad de parte del Estado; independientemente que los subsiguientes contratos firmados con la ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO CRECER Y VIVIR, son una continuidad de los contratos anteriores porque unos y otros derivan del Ministerio de Salud, y tal como se desprende de lo dispuesto en el artículo 346 del Código del Trabajo en su párrafo tercero que dice: "no interrumpirán la continuidad del trabajo las licencias sin goce de salario, los descansos otorgados por el presente condigo, sus reglamentos y sus leyes conexas, las enfermedades justificadas, la prórroga o renovación del contrato, ni ninguna otra causa análoga que no termine con este; consecuentemente a nuestro criterio no hubo interrupción en la continuidad del trabajo ni sustitución de la parte Empleadora.- 5.- Mediante auto de fecha 05 de diciembre del 2019, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada CARMEN FLORENCIA ROSA ESPINOZA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 12 de enero del 2021, compareció ante este Tribunal la Abogada CARMEN FLORENCIA ROSA ESPINOZA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 01 de junio del 2021, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado DENIS MAURICIO CÓRDOVA PINEDA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que la Abogada CARMEN FLORENCIA ROSA ESPINOZA, en su único motivo de casación alega: “Infracción directa por falta de aplicación del artículo 864 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE CON RESPECTO AL ÚNICO MOTIVO: Autoriza este motivo de casación el 765 numeral uno párrafo segundo del código del Trabajo. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN. Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por infracción directa del artículo 864 del código Laboral que establece: "Los derechos y acciones de los trabajadores para reclamar contra los despidos injustificados que se les hagan o contra las correcciones disciplinarias que se les apliquen, prescriben en el término de dos [2] meses, contados a partir de la terminación del contrato o desde que se les impusieron dichas correcciones, respetivamente ... ; por otro lado nuestro Código Civil en su artículo 2265 prescribe "Los derechos y acciones se extinguen por la prescripción en perjuicio de toda clase de personas, inclusas las jurídicas, en los términos prevenidos por la ley.", a tal efecto en el presente caso, el Juzgador de la causa no aprecio ni valoró el Medio de Prueba Documental: Contrato de Servicios Profesionales de periodo determinado sustentado en el artículo 864 del Código del Trabajo; con el cual se demostró que la parte actora por haber sostenido con mi representado el Estado de Honduras, a través de la Secretaria de Estado en los Despachos de Salud (SESAL), una relación de prestación de servicio temporal por tiempo determinado bajo Contratos de Servicios Profesionales, y que forzosamente tenía que terminar en el mismo instante que mi representada se descentralizo, ya que en el Convenio suscrito entre la Secretaria de Salud y el Gestor Asociación para el Desarrollo Crecer y Vivir la primera se desocupa de las responsabilidades legales del Personal de Contrato, y el Gestor acepta asumir todo lo legalmente concerniente a estos, lo que nos lleva inmediatamente a la valoración legal que la sentencia dictada en segunda instancia, el sentenciador aprecia y motiva su fallo, con el argumento que el hecho que el Hospital Juan Manuel Gálvez haya cambiado de administración y que se convierta en una institución descentralizada, no significa que no tenga responsabilidad sobre los contratos que heredo de la Administración Pública, que se divide en centralizada y descentralizada y en cualquiera de ellas, siempre existirá responsabilidad de parte del Estado; independientemente que los subsiguientes contratos firmados con la ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO CRECER Y VIVIR, son una continuidad de los contratos anteriores porque unos y otros derivan de la Secretaria de Salud amparándose en un artículo que a mi criterio no tiene nada que ver con el caso controvertido, como es el artículo 346 del Código del Trabajo en su párrafo tercero. Sin embargo hay una infracción a esta normativa al no aplicarla el Juzgador puesto que el señor José Williams Portillo Rodríguez, fue contratado por tiempo determinado y al descentralizarse la Institución, este debió motivar su reclamo en los subsiguientes sesenta días a dicha descentralización, porque lo que no puede reintegrársele a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones, ni a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir ya que es evidente que cuando la institución fue descentralizada, en dicho convenio de descentralización se puede apreciar que es el gestor el responsable directo de la planilla del personal de contrato y de todas las responsabilidades legales que ella acarree y la Secretaria de Salud se deslinda de la misma. Y que dejó vencer el plazo de reclamo, ya que su relación laboral con mi representada ceso el treinta y uno de diciembre de dos mil quince, violentando el ya citado artículo 864 del Código del trabajo. Por lo tanto confirmar la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo, por el "supuesto despido del trabajador producido y sin causa justificada, condenado al reintegro a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones e indemnizaciones laborales más salarios dejados de percibir a título de indemnización por daños y perjuicios", se evidencia que el Juzgador al no apreciar el tiempo de reclamo y por ende la inexistencia de una causa injusta de despido por el simplemente hecho que terminó su prestación de servicio por llegar a la fecha de finalización de su contrato, de conformidad con lo que preceptúa la normativa del articulo 46 literal b), en relación con los artículos III Numerales 1,9 y 12, 112 y 113 del Código de Trabajo, 1348 Código Civil, 111 y 117 párrafo primero de la Estimación Presupuestaria de Ingresos de la Administración Central para el Ejercicio Fiscal de los años 2014 y 2015, que literalmente dice: La contratación de personal con cargo al Objeto Especifico del Gasto, 12100 Sueldos Básicos (Personal No Permanente) se debe de realizar en casos excepcionales bajo la responsabilidad del titular de cada institución, siempre y cuando el personal a contratar figure en el Plan Operativo Anual (POA) y que exista la disponibilidad presupuestaria, en estricta observancia del artículo 203 de la Ley de Servicio Civil que entre otras el párrafo tercero de este mismo artículo establece: "Estos contratos tienen vigencia únicamente dentro del presente Ejercicio Fiscal, no debiendo considerarse, para ningún efecto, al personal contratado bajo esta modalidad como permanente, y su efectividad se contara desde la fecha en que este personal tome posesión del cargo, 201 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil establece: "Para la validez de estos contratos deberán de observarse las normas presupuestarias; no podrá suscribirse contrato alguno sino hubiera disponibilidad suficiente en la correspondiente asignación para gastos del ejercicio fiscal que corresponda. La contravención a lo acá dispuesto hará incurrir en responsabilidad.”; 202 párrafo segundo del Reglamento de la Ley de Servicio Civil dispone: "Tendrán plazo determinado y no podrán renovarse, si no cuando conste acreditada su necesidad. Al vencimiento del plazo cesara la relación sin responsabilidad para ninguna de las partes"; concluimos argumentando que los Contratos de Servicios Profesionales/Técnicos, por estar sujetos a una disponibilidad presupuestaria, y ser los mismos de periodos determinados, suscritos con el consentimiento y aceptación de las partes que se sujetan a las obligaciones y derechos establecidos, conforme al texto del artículo 1348 que prescribe: "Las Obligaciones que nacen de los Contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos", hay una clara infracción a las normativas articulo 46 literal b), 111 Numerales 1, 7 y 9 y 113 del Código del Trabajo, y el artículo 1348 del Código Civil que sustentan los contratos determinados, con fecha de inicio y finalización, y la voluntad de las partes; al respecto el jurista Juan D Pozzo en su manual de "Derecho del Trabajo", cuando se refiere "a la obligación fundamental del trabajador ligado par una relación contractual con su empleador, consiste en el cumplimiento personal de la actividad prometida. Tal obligación surte de la naturaleza misma del contrato de trabajo, que tiene por objeto la prestación subordinada de la actividad laboral prometida par el trabajador a su empleador; a este le interesa, pues que el trabajo se ejecute par quien se obligó a ello, pero entendiéndose siempre que tal obligación no es absoluta, ni indeterminada, sino limitada a la finalidad perseguida por la empresa y dentro del círculo de tareas convenidas". Por lo anteriormente expuesto, CASAR la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copan en fecha cuatro (04) de enero del año dos mil diecinueve, y consecuentemente Confirma la sentencia de fecha once (11) de enero del dos mil diecinueve (2019) dictada por el Juzgado de Letras Departamental de Gracias y Del Trabajo Por Ministerio de la Ley de la Demanda Laboral De Primera Instancia Promovida Mediante El Procedimiento Ordinario Para El Reintegro A Su Puesto De Trabajo En Iguales O Mejores Condiciones En Virtud De Despido Directo E Injusto. Y A Su Vez Se Declare Contrato De Trabajo Por Tiempo Indeterminado En Vista De Ser Una Labor Permanente, Promovida Por El Señor José Williams Portillo Rodríguez, en contra Estado de Honduras a través de la Secretaria de Salud (SESAL)”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica correctamente el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; b) en la formulación del cargo hace referencia a la violación directa pero en el desarrollo vincula la valoración de medios de prueba ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley, en el motivo expuesto la causas de terminación fueron objeto de la controversia y por ende del material probatorio; y, c) hace alegatos propios de instancia.- IV.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los once días del mes de noviembre del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha treinta de septiembre del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número CL 479-19.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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