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Sentencia CL-478-19 — Registro 16114

Resumen

Demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones laborales por despido indirecto, pago de treceavo y catorceavo mes de salario causado y proporcional, vacaciones causadas y proporcionales, reajuste al salario mínimo, salarios dejados de percibir, costas del juicio

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible por los defectos técnicos siguientes: a) carece de precisión y claridad, ya que se formula el concepto de error de hecho por apreciación errónea sin embargo, en la explicación se alude a la falta de apreciación de la prueba y, es el caso, que una misma prueba no puede ser apreciada y dejada de apreciar al mismo tiempo, lo cual resulta incompatible; y, d) en el desarrollo se realizan alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario.- 4. Que el cargo consiste en la acusación concreta de la sentencia que se lleva a examen al Tribunal Supremo, por lo tanto, ha de ser completo en su formulación, suficiente en su desarrollo y eficaz en lo que pretende, indicando además del concepto de la violación, todas las citas legales necesarias para confrontar la sentencia recurrida, prohibiéndose además la inferencia.- 5. Por lo antes expuesto procede declarar no ha lugar el recurso de casación interpuesto en su único motivo.-"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los trece días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha seis de marzo del dos mil veinte, por el Abogado RAFAEL ANTONIO BREVE TABORA, en su condición de representante procesal de la JUNTA DE AGUA DE TULIAN RIO, y de los señores KENIA JACKELINE LOPEZ, ANTONIA SERRANO ABREGO y ODIR ROLANDO ANDINO, como recurrente; además es parte recurrida, la señora JOSEFA MODESTA ROMERO MURILLO, representada en juicio por la Abogada MELDA MIGDALIA ZELAYA SOLIS. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones laborales por despido indirecto, pago de treceavo y catorceavo mes de salario causado y proporcional, vacaciones causadas y proporcionales, reajuste al salario mínimo, salarios dejados de percibir, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en fecha veintiuno de agosto del dos mil diecisiete, por la señora JOSEFA MODESTA ROMERO MURILLO, mayor de edad, casada, Bachiller en Ciencias y Letras, hondureña y con domicilio en el Municipio de Omoa, Departamento de Cortés, contra la JUNTA DE AGUA DE TULIAN RIO, por medio de su representante legal la señora KENIA JACKELINE LOPEZ, y contra los señores KENIA JACKELINE LOPEZ, ANTONIA SERRANO ABREGO y ODIR ROLANDO ANDINO, en su condición personal. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha dieciséis de agosto del dos mil diecinueve, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que en su parte conducente, dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de apelación promovido por el representante procesal de la parte demandada, contra la sentencia de fecha dieciséis de mayo del dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés en la demanda de la referencia. SEGUNDO: DECLARANDO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el representante procesal de la parte demandante, contra la sentencia de fecha dieciséis de mayo del dos mil diecinueve, en consecuencia REFORMA dicha sentencia y CONDENA en forma solidaria a la JUNTA DE AGUA DE NUEVO TULIAN, OMOA, CORTES, representada por KENIA JACKELINE LOPEZ y a los señores(as) KENIA JACKELINE LOPEZ, ANTONIA SERRANO ABREGO y ODIR ANDINO, en su condición personal a los montos tal como están desglosados en la parte resolutiva de la sentencia recurrida, TERCERO: CONFIRMA la sentencia en todos sus otros extremos. CUARTO: SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que fue contratada por escrito y por tiempo indefinido, para trabajar como Administradora para la Junta de Agua de Tulian Rio el 31 de marzo del año 2012, con un horario de trabajo de lunes a domingo, puesto que su trabajo lo realizaba en su casa por no tener una oficina disponible para sus funciones y con un salario de L.3,000.00 mensuales. Nunca se le pago décimo Tercer y Décimo Cuarto Mes de Salario completo en relación al sueldo acordado, nunca se le pagaron las vacaciones y el salario mínimo. Que el 20 de junio del 2017 acudió ante las oficinas de la inspectoría del trabajo a presentar su reclamo por el pago de vacaciones, décimo tercero y décimo cuarto mes de salario, además el reajuste al salario mínimo, ya que nunca le pagaron estos derechos mientras laboró todo el tiempo para sus patronos, sin embargo, sus patronos no aceptaron su reclamo. Que el 26 de julio del 2017 solicitó a la inspectoría de trabajo de Puerto Cortés, para hacer entrega del despido indirecto, en la que se señala las causales del porque ya no laboraría más para sus patronos a partir del día 28 de julio del año 2017. Además, sus patronos no le pagaban su sueldo conforme al Salario Mínimo decretado por las Leyes del país, ni gozaba de otros beneficios como décimo tercero y décimo cuarto mes de salario, tampoco vacaciones, puesto que se lo pagaban en relación a su sueldo mensual. Que el 1 de agosto del año 2017, la demandante acudió en compañía de un Inspector de Trabajo a cada una de las residencias de sus patronos para poder entregarles su notificación de Despido Indirecto del cargo que desempeñaba como Administradora para la citada la Junta de Agua de Tulian Rio, levantando un acta como registro de la entrega de dicha notificación.- 2. La parte demandada, la JUNTA DE AGUA DE TULIAN RIO, contestó dicha demanda señalando que la demandante queriéndose hacer valer de hechos ficticios y otras falacias con la intención de sorprender a las autoridades competentes reclamando derechos laborales a los que no tiene ningún derecho puesto que las labores y actividades que ella realizaba eran “ad honorem” tal y como los demandados lo realizan actualmente y se ha venido haciendo por varias administraciones por el hecho de que la Junta de Agua Tulian Rio al igual que todas las juntas de agua a nivel nacional son entidades de Derecho Social sin fines de lucro.- 3. El Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en fecha dieciséis de mayo del dos mil diecinueve, dictó sentencia que en su parte conducente, dice: “FALLA: PRIMERO DECLARA CON LUGAR LA DEMANDA LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA PROMOVIDA POR LA SEÑORA JOSEFA MODESTA ROMERO MURILLO; CONTRA LA JUNTA DE AGUA DE TULIAN RIO, REPRESENTADA POR SU PRESIDENTA LA SEÑORA KENIA JACKELINE LOPEZ.- SIN COSTAS.- SEGUNDO: DECLARA SIN LUGAR LA DEMANDA EN CUANTO A LOS SEÑORES KENIA JACKELINE LOPEZ, ANTONIA SERRANO ABREGO Y ODIR ANDINO DEMANDADOS EN SU CONDICIÓN PERSONAL.- SIN COSTAS.- EN CONSECUENCIA: PRIMERO: ABSUELVE A LOS SEÑORES KENIA JACKELINE LOPEZ, ANTONIA SERRANO ABREGO Y ODIR ANDINO DEMANDADOS EN SU CONDICIÓN PERSONAL DE TODAS LAS ACCIONES EMANADAS DEL PRESENTE JUICIO.- SEGUNDO: CONDENA A LA JUNTA DE AGUA DE TULIAN RIO, REPRESENTADA POR SU PRESIDENTA LA SEÑORA KENIA JACKELINE LOPEZ AL PAGO DE LOS CONCEPTOS SIGUIENTES: PREAVISO: (DOS MESES) LPS.18,625.32, AUXILIO DE CESANTIA (CINCO MESES) LPS.46563.39: AUXILIO DE CESANTIA PROPORCIONAL (9.67 DÍAS) LPS.3,001.76; VACACIONES 2012-2013 (10 DIAS) LPS.2,439.40; VACACIONES 2013-2014 (12 DIAS) LPS.3,091.20; VACACIONES 2014-2015 (15 DIAS) LPS.4,059.00; VACACIONES 2015-2016 (20 DIAS) LPS.6,009.60; VACACIONES 2016-2017 (20 DIAS) LPS.6,009.60; VACACIONES PROPORCIONALES (6.5 DIAS) LPS.2,017.73; DÉCIMO TERCER MES 2012-2013 LPS.6,272.64: DÉCIMO TERCER MES 2014-2015 LPS.6,623.91; DÉCIMO TERCER MES 2014-2015 LPS.6,955.11; DÉCIMO TERCER MES 2015-2016 LPS.7,323.73; DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL 2016-2017 (17.25 DIAS) LPS.4,586.88; DECIMO CUARTO MES 2012-2013 LPS.6,272.64; DECIMO CUARTO MES 2014-2015 LPS.6,623.91; DECIMO CUARTO MES 2014-2015 LPS.6,955.11; DECIMO CUARTO MES 2015-2016 LPS.7,323.73; DECIMO CUARTO MES 2016-2017 7,982.28 DECIMO CUARTO MES PROPPORCIONAL AÑO 2017-2018 (2.25 DIAS LPS. 598.67; MAS EL PAGO DE REAJUSTE DE SALARIO MINIMO LPS.112,259.90, SUMANDO UN TOTAL DE DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON SETENTA Y UN CENTAVOS (LPS.271,342.71), MAS A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA FECHA DEL DESPIDO HASTA QUE QUEDE FIRME LA PRESENTE SENTENCIA…”. Bajo el criterio que el Código del Trabajo en su artículo 20 establece los 3 elementos esenciales para que exista Contrato de Trabajo: a) La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo; b) La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrono, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto el modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato; y, c) Un salario como retribución del servicio. Una vez reunidos los 3 elementos anteriormente señalados, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen; lo cual es aplicable a la relación laboral entre la demandada y la demandante, pues se encontraba bajo la subordinación de los miembros de la Junta de Agua de Tulian Rio, devengaba un salario mensual, se le canceló en una ocasión los conceptos de Décimo Cuarto y Décimo Tercer mes de salario del año 2016, esto aun y cuando la patronal alega que la demandante no era empleada de la demandada; por otro lado no existe Contrato de Trabajo por escrito celebrado entre las partes, lo cual únicamente es imputable al patrono y se tienen por ciertas en cuanto a la modalidad de trabajo y el salario devengado y la labor realizada, extremos que si fueron acreditados por la demandante con los recibos de pago, planillas y las declaraciones de testigos e interrogatorios de parte rendidos en el presente juicio y de su puesto de trabajo como Administradora de la Junta de Agua de Tulian Rio, puesto para el cual fue nombrada por la Asamblea la Junta de Agua de Tulian Rio, conforme el Acta No. 9 de fecha primero de Abril del año 2012 y que se encuentra en autos a folios 202 y 203. En el presente caso, a la demandante le corresponde percibir décimo tercer y cuarto mes de los periodos 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2016-2017 y el proporcional del 2017 ya que se reclama por todo el periodo laborado y de lo cual la parte demandada no interpuso prescripción alguna, restándose lo ya cancelado por la demandada para los conceptos décimo tercer y décimo cuarto mes ya cancelado. Por otro lado, la Constitución de la República en su artículo 129 garantiza la estabilidad laboral, la cual solamente puede verse perturbada cuando haya acaecido un acto o falta comprobada del trabajador que se encuentre prohibida por la leyes laborales o el reglamento de trabajo, en la cual se haya seguido el debido proceso y habiendo permitido al trabajador, el derecho a ser oído sobre la razones que le llevaron a cometer dicha falta, lo cual no ha sucedido en el presente caso, en la cual la estabilidad laboral de la demandante se vio perturbada dado a que la patronal no cancelaba a la demandante el salario mínimo establecido por el gobierno central ni los conceptos de décimo tercer y décimo cuarto mes y el pago de vacaciones, de lo cual la demandante realizó el respectivo reclamo a su patrono previo a darse por despedida en forma indirecta y de la cual la patronal manifestó no acceder pagarlos alegando no tener capacidad de pago y alegando que la demandante no laboraba 200 días al año, conforme se desprende de las Actas levantadas por el Inspector de Trabajo en fechas 20 de Junio del 2017 y 05 de Julio del 2017 de lo cual se entiende que la demandante tenía razones suficientes para darse por despedida en forma indirecta haciendo uso del derecho que la ley laboral le otorga; en consecuencia la demandante tiene derecho a una indemnización en concepto de salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios, y a las indemnizaciones legales y convencionalmente previstas.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha dieciséis de agosto del dos mil diecinueve, dictó sentencia que, en su parte conducente, dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de apelación promovido por el representante procesal de la parte demandada, contra la sentencia de fecha dieciséis de mayo del dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés en la demanda de la referencia. SEGUNDO: DECLARANDO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el representante procesal de la parte demandante, contra la sentencia de fecha dieciséis de mayo del dos mil diecinueve, en consecuencia REFORMA dicha sentencia y CONDENA en forma solidaria a la JUNTA DE AGUA DE NUEVO TULIAN, OMOA, CORTES, representada por KENIA JACKELINE LOPEZ y a los señores(as) KENIA JACKELINE LOPEZ, ANTONIA SERRANO ABREGO y ODIR ANDINO, en su condición personal a los montos tal como están desglosados en la parte resolutiva de la sentencia recurrida, TERCERO: CONFIRMA la sentencia en todos sus otros extremos. CUARTO: SIN COSTAS…”. Bajo el criterio que con el acta de fecha 1 de abril del 2012 de la reunión de abonados de la Junta de Agua de Tulián Río, se acredita que la actora fue contratada como administradora de dicha Junta para realizar cobros los días sábados en su casa de habitación a cambio de una remuneración de L.3,000.00 mensuales como pago inicial. También se ha probado que la labor desempeñada por la demandante se realizó de manera continua y no solamente en los días señalados por la junta directiva en varias ocasiones (viernes, sábado y domingo), por otra parte, con los recibos aportados se establece que devengaba un salario mensual de L. 3000.00 por sus servicios y consta que todas sus funciones las realizaba bajo la subordinación de los miembros de la Junta Directiva de la Junta de Agua, por lo que existió un contrato de trabajo entre la demandante y la parte demandada, de conformidad con los artículos 19 y 20 del Código de Trabajo. Que la relación de trabajo finalizó en fecha 28 de julio de 2017 mediante la notificación de despido indirecto realizada a sus patronos el 1 de agosto de 2017, lo cual consta en acta levantada por el Inspector de Trabajo, la que, según el artículo 31 de la Ley de Inspección del Trabajo tiene plena validez en tanto no se demuestre su inexactitud, falsedad o parcialidad. En cuanto al argumento de la parte demandada-apelante de que esta notificación es inválida por haberse realizado en el domicilio de los demandados, el mismo no es valedero por tratarse de una formalidad que no vicia de nulidad el acto y por constar en autos que la Junta de Agua no tiene un domicilio legalmente establecido y ha funcionado, tanto en el Centro Comunal, como en los domicilios de los miembros de la Junta Directiva y de la administradora. La persona jurídica es una ficción creada con el propósito de dotar de capacidad civil a una pluralidad de personas que actúan con un propósito determinado, separada de la capacidad jurídica individual como personas naturales que tienen cada uno de los miembros que conforman ese sujete colectivo, dotando a dichos entes de la capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones, en consecuencia, pueden demandar y ser demandadas. En nuestra legislación, en el artículo 56 numeral 2 del Código Civil se consideran personas jurídicas: “Las asociaciones de interés particular, sean civiles, mercantiles o industriales, a las que la ley conceda personalidad propia, independiente de cada uno de los asociados”, de lo cual resulta que para la existencia formal de una persona jurídica es necesario que obtenga el reconocimiento legal a través del procedimiento que corresponda, sin embargo, no se puede negar el hecho de que en muchas ocasiones existen asociaciones que, por cualquier circunstancia, no han llenado este requisito legal pero aunque carecen de personalidad jurídica formalmente; son existentes en la realidad y deben responder ante sus acreedores por las obligaciones contraídas, tal es el caso que nos ocupa en razón de que la Junta de Agua de Tulián Río no cuenta con personalidad jurídica otorgada legalmente, sin embargo, se ha probado su existencia a través de los actos que realiza y de la documentación presentada en la que se identifica como “Junta Administradora de Agua de Nuevo Tulián, Omoa, Cortés” por lo que se estima que constituye una organización comunitaria de hecho que ha ejercido derechos y ha contraído obligaciones que tienen efectos jurídicos aunque no se hayan llenados los requisitos formales exigidos por la ley para el reconocimiento del ente jurídico. Que hasta la fecha no tiene personalidad jurídica, omisión que es atribuible a los directivos de dicha asociación comunitaria, y en virtud de esta situación, a pesar de que se ha acreditado que la Junta cobra cuotas y que por ende tendría su propio patrimonio, el hecho de que carezca de personalidad jurídica hace imposible que este sea autónomo lo que se traduce en un obstáculo para abrir una cuenta bancaria a nombre de la Junta para resguardar dicho patrimonio tal como consta en el informe rendido por la Secretaría del Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés de fecha 1 de agosto del 2019, ante la negativa de ejecutar el embargo precautorio decretado en este proceso por no existir dinero en ninguna Institución Bancaria a nombre de la Junta de Agua de Tulián Río. De conformidad con lo antes expresado y a efecto de tutelar el derecho de la trabajadora accionante, resulta necesario que se declare la responsabilidad solidaria de los directivos demandados tal como lo solicita la parte demandante-recurrente, aún y cuando no se trate de las mismas personas que integraban la Junta Directiva al momento de la contratación de la Administradora, pues se trata de responder por una obligación adquirida por la persona jurídica que no consta de reconocimiento legal, omisión que es atribuible a un acto negligente de los directivos que genera una obligación de conformidad con el artículo 1346 del Código Civil. En razón de todo lo anteriormente expresado, es procedente reformar la sentencia venida en apelación a efecto de que se condene solidariamente con la Junta de Agua de Nuevo Tulián, Omoa, Cortés a los demandados en forma personal.- 5. Mediante auto de fecha cinco de diciembre del dos mil diecinueve, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado RAFAEL ANTONIO BREVE TABORA, en su condición de representante procesal de la JUNTA DE AGUA DE TULIAN RIO, y de los señores KENIA JACKELINE LOPEZ, ANTONIA SERRANO ABREGO y ODIR ROLANDO ANDINO, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha seis de marzo del dos mil veinte, compareció ante este Tribunal el Abogado RAFAEL ANTONIO BREVE TABORA, en su condición de representante procesal de la JUNTA DE AGUA DE TULIAN RIO, y de los señores KENIA JACKELINE LOPEZ, ANTONIA SERRANO ABREGO y ODIR ROLANDO ANDINO, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha diez de marzo del dos mil veinte, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha tres de septiembre del dos mil veintiuno, se declaró precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte de la Abogada MELDA MIGDALIA ZELAYA SOLIS, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- 1. Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casación para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- 2. Que el Abogado RAFAEL ANTONIO BREVE TABORA, en un primer y único motivo de casación alega: “Acuso la Sentencia recurrida de ser violatoria por infracción indirecta de los artículos: el artículo 113 primera parte del párrafo primero; interpretado en lo pertinente, por el Decreto Número 89 emitido por el Congreso Nacional, publicado en La Gaceta número 19.956 del 23 de diciembre de 1969; por intermedio del artículo 738, relacionado con los artículos: 3, todos del Código del Trabajo, en relación con el artículo 129 de la Constitución de la República; por Error de Hecho en la apreciación de la prueba en que incurrió la Corte de Apelaciones Seccional de Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, prueba que adelante se singulariza y aparece de manifiesto en los autos. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el numeral primero, párrafo segundo del Art.765 del Código del Trabajo. DOCTRINA: Esta clase de error debe de estar vinculado a la existencia de determinadas pruebas en el proceso y para que la violación se configure son necesarios los requisitos siguientes: 1°) debe de existir una mala apreciación o una falta de apreciación de la prueba; 2°) esa mala apreciación debe ser originada por un error de hecho, es decir, respecto de la prueba considerada en sí misma y no con relación a las normas legales que reglamentan la prueba de que se trate; 3°) ese error de hecho debe generar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva; 4°) el error de hecho expresado debe ser manifiesto, o sea que aparezca en pugna con la evidencia demostrada en la prueba de que se trate. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN: Señores Magistrados, la Corte de Apelaciones Seccional del Trabajo, incurre en un error manifiesto por falta de apreciación correcta de la prueba. Para demostrar el error en que incurrió el ad-quem, en la Sentencia Definitiva objeto del presente recurso de Casación: me permito singularizar la prueba de la manera siguiente: PRUEBA DOCUMENTAL: PRIMERO: Hechos que se probaron en juicio: a) Está plenamente acreditado en juicio que la trabajadora demandante mediante acta de fecha primero de abril del año 2012, de la reunión de abonados de la junta de Agua de Tulian Rio, fue contratada como Administradora de dicha junta ver folios 202 y 203 de los autos, para realizar los cobros los días sábados en su casa de habitación a cambio de una remuneración de LPS. 3,000.00 mensuales como pago inicial y consta que todas las funciones las realizaba bajo la subordinación de la junta de agua y que la relación de trabajo finalizo en fecha 28 de julio del año 2017, mediante notificación de despido Indirecto a sus patrón en fecha primero de agosto del mismo año, la cual consta en acta levantada por el inspector de Trabajo ver folio numero 13.- b) Está plenamente demostrado que mi representados en su condición personal, los señores: KENIA JAKELIN LOPEZ CASTRO, ANTONIA SERRANO ABREGO Y ODIR ROLANDO ANDINO BUSTILLO, nunca contrataron a la trabajadora demandante pues quien la contrato como administradora, fue la junta de agua integrada en aquel momento por otros directivos, mediante acta de fecha primero de abril del año 2012, en reunión de abonados de la junta de Agua de Tulian Rio ver folios 202 y 203 de los autos y es esa fecha mis representados no fungían como directivos.- SEGUNDO: Ha quedado plenamente demostrado: que existió falta de apreciación correcta de la prueba por parte la Corte Primera de Apelaciones pues no se encuentra probada la existencia de la responsabilidad solidaria de los directivos demandados ya que al momento de la contratación de la trabajadora los hoy demandados no integraban la junta directiva de la junta agua de Tulian Rio ver folios 202 y 203 de los autos.-. El Tribunal de Alzada reformo la Sentencia de Primera Instancia, dejando de apreciar los medios de prueba anteriormente singularizados. Por todo lo expuesto considero que el Ad quem incurrió en falta de apreciación de la prueba que se ha dejado singularizada, desembocando en evidente error de hecho, al hacer una mala ponderación de la prueba producida en juicio; provocando con tal error la violación indirecta de las normas sustantivas antes apuntadas y por ello debe ser admisible el presente motivo.- En mérito de lo expuesto y siendo que la finalidad del Recurso de Casación es la defensa de la ley sustantiva y la de unificar la jurisprudencia nacional del trabajo, el presente motivo debe ser estimado en Casación y que se tenga por devuelto el traslado a mi conferido”.- 3. Que el cargo que antecede resulta inadmisible por los defectos técnicos siguientes: a) carece de precisión y claridad, ya que se formula el concepto de error de hecho por apreciación errónea sin embargo, en la explicación se alude a la falta de apreciación de la prueba y, es el caso, que una misma prueba no puede ser apreciada y dejada de apreciar al mismo tiempo, lo cual resulta incompatible; y, d) en el desarrollo se realizan alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario.- 4. Que el cargo consiste en la acusación concreta de la sentencia que se lleva a examen al Tribunal Supremo, por lo tanto, ha de ser completo en su formulación, suficiente en su desarrollo y eficaz en lo que pretende, indicando además del concepto de la violación, todas las citas legales necesarias para confrontar la sentencia recurrida, prohibiéndose además la inferencia.- 5. Por lo antes expuesto procede declarar no ha lugar el recurso de casación interpuesto en su único motivo.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 770, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación formulado en su único motivo; 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los veinte días del mes de enero del dos mil veintidós; certificación de la sentencia de fecha trece de diciembre del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número CL 478-19.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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