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Sentencia CL-477-19 — Registro 13150

Resumen

demanda ordinaria laboral por despido directo e injusto, pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, costas del juicio

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- "...

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Jerarquía: Reiterativa

..."El deber de motivación de la resolución judicial implica el plasmar el razonamiento y expresión detallada de las consideraciones y criterios a los que ha arribado y forman su convencimiento y razones en la decisión que constituye su sentencia definitiva, ello vinculado al principio de congruencia, que no es más que resolver conforme a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, por ende, además debe existir una conexión lógica entre lo controvertido u objeto del debate y la resolución judicial que se emite, debiendo entonces emitir para cada petición, aceptada por las partes o controvertida, un pronunciamiento sustentado conforme a lo expuesto en el mismo fallo, consecuentemente es imprescindible la exhaustividad del mismo, es decir, el deber de concluir el proceso con un profundo análisis, tangible y detallada valoración probatoria y la incorporación evidente de la normativa jurídica que le sirve de fundamento y que también permita la posible recurribilidad de la sentencia"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas. El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes. Cuando los puntos objeto del litigio hayan sido varios, el tribunal hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos.- "...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que revisada la resolución recurrida, resulta que la misma no ha sido dictada con las formalidades, derechos y garantías que establece la Ley, ya que el ad quem revoca el fallo de primera instancia, fundamentado en que dicho juzgador considero la existencia de un despido indirecto de la demandante, como además de que no existe ninguna probanza que acredite haberse efectuado un despido, pero si bien es cierto, en el escrito de la demanda se menciona que la demandante fue objeto de “un Despido Directo e Indirecto por parte de la señora ESLY ESPERANZA ESPINAL, Directora y Propietario del Centro de Trabajo denominado INSTITUTO CRISTIANO ADVENIMIENTO…”, también lo es, que en todos los demás hechos se afirma que se trata de un despido directo e injusto, por lo que dicho Tribunal si bien debió subsanar ese punto, al resolver el litigio devenía en la obligación de analizar con la debida exhaustividad todos los extremos debatidos, como las pruebas aportadas para establecer los mismos, lo cual no realizó, dejando de apreciar que en el material probatorio aportado al proceso, aparece constatado el cierre del centro de trabajo y que en el acta de comparecencia visible a folios 6 y 7 de la primera pieza, así lo reconoce la demandada, quien ofrece pagar una determinada cantidad  de dinero, en cuotas, por los derechos e indemnizaciones laborales  reclamadas por la señora JUAREZ PACHECO.- XII.- Que el juzgador de instancia debe tener presente, que dado el carácter tutelador o tuitivo de la materia laboral, debe tomar en cuenta que los derechos laborales son derechos humanos y/o fundamentales.- XIII.- Que conforme con el artículo 701 numeral 3) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral, dispone que el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieran denunciado por el recurrente.- XIV.- Que, por las razones y consideraciones jurídicas expuestas, procede declarar la nulidad de la sentencia recurrida, a efecto de que el ad-quem proceda de conformidad a derecho"..

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., diecinueve de agosto de dos mil veintiuno.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 23 de septiembre del 2020, por el Abogado JOSÉ MARÍA JUÁREZ PACHECO, mayor de edad, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal de la señora AIXA LORENA JUÁREZ PACHECO, como recurrente; además, es parte recurrida, la señora ESLY ESPERANZA ESPINAL, en su condición de Gerente Propietaria del INSTITUTO CRISTIANO ADVENIMIENTO, representada en juicio por el Abogado JACOB MISAEL FLORES HERRERA. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral por despido directo e injusto, pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras Seccional de San Lorenzo, Departamento de Valle, en fecha 11 de mayo del 2015, por la señora AIXA LORENA JUÁREZ PACHECO, mayor de edad, Maestra de Educación Primaria y con domicilio en la ciudad de San Lorenzo, Departamento de Valle, contra la señora ESLY ESPERANZA ESPINAL, en su condición de Gerente Propietaria del INSTITUTO CRISTIANO ADVENIMIENTO. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 15 de agosto del 2019, dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, misma que: “RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR, el RECURSO DE APELACIÓN, interpuesto por el abogado JACOB MISAEL FLORES HERRERA, en su condición de representante procesal de la parte demandada, contra la SENTENCIA DEFINITIVA, proferida por el Juzgado de Letras Seccional de San Lorenzo, Departamento de Valle y del Trabajo por Ministerio de la Ley, en fecha tres (3) de Mayo del año dos mil diecinueve (2019), en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL POR DESPIDO DIRECTO E INJUSTO, promovida por la señora AIXA LORENA JUÁREZ PACHECO, mayor de edad, hondureña, Maestra de Educación Primaria, portadora de la tarjeta de identidad número 1709-1962-00212, quien para su representación confirió poder a la Abogada SHELEY MELISSA MEJÍAMARTÍNEZ, en el libelo de la demanda, contraída a pedir a la señora ESLY ESPERANZA ESPINAL GALO, mayor de edad, hondureña, Maestra de Educación, portadora de la tarjeta de identidad número 1709-1962-00378, con domicilio en San Lorenzo, Departamento de Valle, en su condición de Propietaria del INSTITUTO CRISTIANO ADVENIMIENTO, EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES.- PAGO DE COSTAS DEL JUICIO...- SEGUNDO: SE REVOCA LA SENTENCIA DEFINITIVA RECURRIDA, proferida en fecha tres (3) de Mayo del año dos mil diecinueve (2019). TERCERO: En consecuencia se desestima la demanda ordinaria laboral, promovida por la señora Aixa Lorena Juárez Pacheco, contra Esly Esperanza Espinal, en su condición de propietaria del Instituto Cristiano Advenimiento, sin perjuicio del pago de los derechos adquiridos que pudiesen corresponderle a la demandante, señora Aixa Lorena Juárez Pacheco.-CUARTO: Contra esta sentencia definitiva, precede el recurse de casación.- QUINTO: SIN COSTAS, en esta instancia…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que comenzó a laborar para la demandada el 02 de mayo del 2000, como Maestra de Educación Primaria, devengada en los últimos seis meses un salario mensual de L. 8,431.54; y que fue objeto de despido directo e indirecto por parte de la señora Esly Esperanza Espinal, en su condición de Directora y propietaria del Instituto Cristiano Advenimiento, razón por lo que la demandante acudió a la Secretaría del Trabajo para realizar el reclamo correspondiente, y según acta de investigación de fecha 10 de marzo del 2015, el inspector constató tal extremo; posteriormente procedió a notificarle el despido del que fue objeto, citando al patrono para que escuchara el reclamo de la demandante; manifestó que despidió a la demandante por no tener matricula el Instituto Advenimiento, con lo que violentó los artículos 117 del Código del Trabajo y 129 de la Constitución de la República.- 2.- La parte demandada,laseñora ESLY ESPERANZA ESPINAL, contestó dicha demanda, rechazando las pretensiones de la demandante, alegando en su defensa que efectivamente contrató a la demandante como catedrática del Instituto Advenimiento, y que no la despidió ni directa ni indirectamente, ya que el despido directo es el que establece el artículo 112 del Código del Trabajo, que se refiere a la notificación por escrito que el patrono le hace al trabajador teniendo sus justificaciones, en cambio el despido indirecto es aquel que se encuentra establecido en el artículo 114 del Código del Trabajo, que se refiere cuando el trabajador le comunica al patrono la decisión de rescindir el contrato de trabajo sin ninguna responsabilidad de su parte; alegó que a pesar de la insistencia de la demandante de citar a la demandada, acudió a la tercera cita y que para terminar la reclamación laboral de la demandante le ofreció pagarle la suma de L.90,000.00, oferta que fue rechazada por la demandante, todos estos extremos sin aceptar por parte de la demandada haber despedido a la demandante, tampoco existe documento indubitado que lo pruebe.- 3.- El Juzgado de Letras Seccional de San Lorenzo, Departamento de Valle, en fecha 03 de mayo del 2019, dictó sentencia que en su parte conducente dice:“FALLA PRIMERO: ESTIMAR, la demanda ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES, POR DESPIDO INDIRECTO, ILEGAL E INJUSTO, promovida por la señora AIXA LORENA JUÁREZ PACHECO, en contra del "INSTITUTO CRISTIANO ADVENIMIENTO" representada por la señora ESLY ESPERANZA ESPINAL ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES, POR DESPIDO INDIRECTO, ILEGAL E INJUSTO, todos de generales ya expresadas en el preámbulo de esta sentencia.-SEGUNDO: CONDENAR al establecimiento Mercantil denominada "INSTITUTO CRISTIANO ADVENIMIENTO" por medio de su propietaria la señora ESLY ESPERANZA ESPINAL, al pago de sus derechos laborales consistentes en la cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON DOS CENTAVOS (LPS. 185,594.02). y detallados de la siguiente manera PREAVISO Dieciséis Mil Ochocientos Sesenta y Tres Lempiras con Ocho Centavos (Lps. 16,863.08); Cesantía Siento Dieciocho Mil Cuarenta y Uno Lempiras con Cincuenta y Seis Centavos (Lps. 118,041.56); Cesantía Proporcional Seis mil Trescientos Veintitrés Lempiras con Sesenta y Tres Centavos (Lps. 6,323.63); Vacaciones Once Mil Doscientos Cuarenta y Dos Lempiras (Lps. 11,242.00): Vacaciones Proporcionales Cuatro Mil Doscientos Quince Lempiras con Setenta y Cinco Centavos (Lps. 4,215.75): Aguinaldo Catorce Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Lempiras (Lps. 14,454.00) Décimo Cuarto MesCatorce Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Lempiras (Lps. 14,454.00); Y a título de Daños y Perjuicios al Pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha que ocurrió el despido hasta que quede firme la presente sentencia.-TERCERO: Constar la presente resolución procede el Recurso de Apelación.- CUARTO: con COSTAS…”;bajo el criterio que en el presente caso ha quedado plenamente acreditado el despido indirecto de la señora AIXA LORENA JUÁREZ PACHECO, por parte del INSTITUTO CRISTIANO ADVENIMIENTO, denominada teniéndose como cierto los hechos de la demanda, abonado a ello con los medios probatorios evacuados, se ratifica que la ahora demandante fue despedida indirectamente, ya que se vulneraron derechos laborales que establece la ley al adeudársele doce mes de salario. Dichos hechos fueron constatados por la Inspectora del Trabajo LUXIDALIA GÓMEZ según acta de investigación de fecha diez de marzo del dos mil quince, situación que constituye un despido injusto e indirecto considerando plenamente que el Código del Trabajo y la Constitución de la República y Convenios Internacionales suscritos por nuestro país, sin el reconocimiento de sus derechos laborales consistentes en la cantidad CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON DOS CENTAVOS(LPS.185,594.02), según cálculo de prestaciones elaboradas por el inspector de la unidad de la Secretaría de Trabajo Regional; por lo tanto, se deviene obligado a emitir una sentencia estrictamente apegado a derecho.- 4.- La Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en fecha 15 de agosto del 2019, dictó sentencia que en su parte conducente dice: “RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR, el RECURSO DE APELACIÓN, interpuesto por el abogado JACOB MISAEL FLORES HERRERA, en su condición de representante procesal de la parte demandada, contra la SENTENCIA DEFINITIVA, proferida por el Juzgado de Letras Seccional de San Lorenzo, Departamento de Valle y del Trabajo por Ministerio de la Ley, en fecha tres (3) de Mayo del año dos mil diecinueve (2019), en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL POR DESPIDO DIRECTO E INJUSTO, promovida por la señora AIXA LORENA JUÁREZ PACHECO, mayor de edad, hondureña, Maestra de Educación Primaria, portadora de la tarjeta de identidad número 1709-1962-00212, quien para su representación confirió poder a la Abogada SHELEY MELISSA MEJÍA MARTÍNEZ, en el libelo de la demanda, contraída a pedir a la señora ESLY ESPERANZA ESPINAL GALO, mayor de edad, hondureña, Maestra de Educación, portadora de la tarjeta de identidad número 1709-1962-00378, con domicilio en San Lorenzo, Departamento de Valle, en su condición de Propietaria del INSTITUTO CRISTIANO ADVENIMIENTO, el PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES.- PAGO DE COSTAS DEL JUICIO...- SEGUNDO: SE REVOCA LA SENTENCIA DEFINITIVA RECURRIDA, proferida en fecha tres (3) de Mayo del año dos mil diecinueve (2019). TERCERO: En consecuencia se desestima la demanda ordinaria laboral, promovida por la señora Aixa Lorena Juárez Pacheco, contra Esly Esperanza Espinal, en su condición de propietaria del Instituto Cristiano Advenimiento, sin perjuicio del pago de los derechos adquiridos que pudiesen corresponderle a la demandante, señora Aixa Lorena Juárez Pacheco...”,sin costas; bajo el criterio que, la parte demandante no expuso con claridad la forma en que se efectuó el despido argumentado, sin embargo el juez de primera instancia consideró que él mismo había sido un despido indirecto, respecto a este punto es preciso indicar que el Código del Trabajo en su artículo 115 exige que, para que esta clase de terminación laboral surta efectos, el trabajador debe comunicar al patrono la terminación del mismo, señalando la causa o causales por las cuales considera haberse despedido de manera indirecta, lo que no ocurrió en el caso objeto del presente estudio, al no haberse acreditado la notificación del despido indirecto a que hace referencia el juez de primera instancia en la sentencia hoy recurrida, nos encontramos ante un procedimiento inadecuado y carente de legalidad, pues la parte demandada desconoce sobre qué hará uso de si derecho la defensa; siendo importante además establecer que el juzgador de primera instancia manifestó que llegó a dicho convencimiento, en razón que la parte actora de forma muy amplia plantea en su escrito de demanda el despido indirecto, ilegal e injustificado; siendo importante establecer que nuestra normativa Procesal Civil, aplicada como norma supletoria en su artículo 228 relativo a los fines de la prueba, establece lo siguiente: A través de los medios de prueba las partes acreditan las afirmaciones de hecho alegadas que sean controvertidas, convencen al juez o tribunal de la verdad o certeza de un hecho, o lo verifican como ciertos a los efectos del proceso."; de lo anterior se deriva que no basta en que el peticionario, haga una amplia exposición en su demanda, referente a sus pretensiones, sino, que necesariamente todos los argumentos planteados estarán sujetos a las respectivas probanzas, y siguiendo los procedimientos ya establecidos en la ley, aspecto no sucedido en este caso; pues como ha quedado debidamente evidenciado no existe probanza alguna que acredite la forma en que supuestamente se efectuó el despido pues igualmente de haberse hecho este en forma indirecta como lo desarrolla el juez de primera instancia en su sentencia hoy recurrida, es preciso indicar, que es requisito sine qua non que el trabajador comunique al patrono la terminación del mismo, señalando la causa o causales por las cuales considera haberse despedido de manera indirecta, lo que como ha quedado establecido en el caso de autos no ha quedado acreditado, aspecto que según lo establece el artículo 238 en su punto número 1 del Código Procesal Civil, corresponde al actor y al demandando reconveniente la carga de probar la certeza de los hechos constitutivos de su demanda o de su reconvención; en la presente acción se hace mención a un acta de comparecencia efectuada en la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, de fecha diez (10) de Marzo del dos mil quince (2015) y que obra a folios 6 y 7 de la primera pieza, misma que al ser analizada el objetivo de esta consistió en constatar la situación laboral de la demandante Aixa Lorena Juárez Pacheco, ya que manifiesta que no le dieron grado, contrato de trabajo, antigüedad, horario de trabajo, y salario que devenga, y al final la misma señora hoy demandante Aixa Lorena Juárez Pacheco, peticiona a la inspectora de trabajo se dé por agotado el trámite administrativo, a fin de continuar en los Tribunales de Justicia; aspecto que de considerarse, era con el fin de darse por despedida en forma indirecta, esto debió haber sido notificado al patrono, y presentar la respectiva acción en el término que establece el artículo 865 del Código de Trabajo; siendo entonces, por las razones supra descritas, que esta Corte considera debe ser declarado con lugar el recurse de apelación planteado, y consecuentemente revocar la sentencia recurrida de fecha tres (3) de Mayo del ario dos mil diecinueve (2019), y por lo tanto desestimar la demanda ordinaria laboral, promovida por la señora Aixa Lorena Juárez Pacheco, contra Esly Esperanza Espinal, en su condición de propietaria del Instituto Cristiano Advenimiento, todo sin perjuicio del pago de los derechos adquiridos que pudiesen corresponderle a la demandante, señora Aixa Lorena Juárez Pacheco.- 5.- Mediante auto de fecha05 de diciembre del 2019, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado JOSÉ MARÍA JUÁREZ PACHECO, en su condición de representante procesal de la señora AIXA LORENA JUÁREZ PACHECO, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 23 de septiembre del 2020, compareció ante éste Tribunal el Abogado JOSÉ MARÍA JUÁREZ PACHECO, en su condición de representante procesal dela señora AIXA LORENA JUÁREZ PACHECO, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación y solicitando la nulidad subsidiaria de la sentencia, por lo que mediante providencia de fecha 11 de enero del 2021, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 13 de abril del 2021, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado JACOB MISAEL FLORES HERRERA,en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- II.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- III.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- IV.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- V.- Las Resoluciones Judiciales emitidas por los Órganos Jurisdiccionales deben estar dotadas de cierto contenido y requisitos formales para su validez, mismos que varían respecto a la clase de resolución que se dicta, entre éstas las definitivas, mediante la cual se pone fin al proceso en primera instancia y las que resuelven los recursos interpuestos contra el fallo, de tal manera que existen requisitos: externos o formales, exigencias que establece la normativa procesal en cuanto a la forma y estructura de la decisión, conforme a los artículos 197 y 200 del Código Procesal Civil normativa supletoria, que contienen entre otros, mención de: lugar y fecha, Órgano Jurisdiccional que la dicta, Juez de instancia o Magistrados integrantes, ponente y firma; y, los internos o sustanciales, que se concretan intrínsecamente a la labor del Juzgador, derivado de su razonamiento de la situación jurídica controvertida conforme a lo acontecido y aportado al proceso y en aplicación de los principios y disposiciones legales pertinentes al debate. Requisitos esenciales como la claridad, precisión y exhaustividad, todo ello con la debida congruencia y suficiente motivación, conforme a los artículos 206, 207 y 208 del mismo ordenamiento.- VI.- El deber de motivación de la resolución judicial implica el plasmar el razonamiento y expresión detallada de las consideraciones y criterios a los que ha arribado y forman su convencimiento y razones en la decisión que constituye su sentencia definitiva, ello vinculado al principio de congruencia, que no es más que resolver conforme a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, por ende, además debe existir una conexión lógica entre lo controvertido u objeto del debate y la resolución judicial que se emite, debiendo entonces emitir para cada petición, aceptada por las partes o controvertida, un pronunciamiento sustentado conforme a lo expuesto en el mismo fallo, consecuentemente es imprescindible la exhaustividad del mismo, es decir, el deber de concluir el proceso con un profundo análisis, tangible y detallada valoración probatoria y la incorporación evidente de la normativa jurídica que le sirve de fundamento y que también permita la posible recurribilidad de la sentencia.- VII.- Las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas. El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes. Cuando los puntos objeto del litigio hayan sido varios, el tribunal hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos.- VIII.- “Que el Derecho al Debido Proceso constituye una ineludible carga que se le impone a los órganos del Estado, tanto administrativos como jurisdiccionales, para que sus actuaciones se sometan a los principios rectores que garantizan a cada individuo sus derechos fundamentales; constituye entonces un límite al poder estatal a favor del individuo, quien podrá reclamar en todo momento que sean respetados sus derechos, para efectos de obtener respuesta dentro de un juicio justo. El debido proceso comprende entre otros el principio de legalidad, juez natural, acceso a los órganos jurisdiccionales, derecho de defensa, derecho a una resolución que resuelva sus pretensiones sin dilaciones injustificadas, el derecho a ser oído, y el derecho a resoluciones debidamente motivadas; en ese orden de ideas esta Sala de lo Constitucional estima que toda sentencia debe reunir los requisitos de fondo, de congruencia, y exhaustividad a fin de garantizar los derechos constitucionales de petición, defensa y debido proceso. La congruencia se refiere a la obligación de dar respuesta a los extremos alegados por las partes en forma clara, precisa y concisa; en especial deberá ser una exposición coherente y lógica, de tal suerte que el criterio del juzgador quede explicado y comprendido con facilidad. La exhaustividad se refiere a la obligación del juzgador de abordar todos y cada uno de los extremos sometidos a su conocimiento por las partes, en ese sentido el fallo deberá ser proferido de tal manera que no deje de dar respuesta a los extremos planteados, tal respuesta por parte del juzgador se hará en forma detallada de tal forma que no exista incertidumbre respecto de las razones que tuvo para decidir de esa forma y no otra; en otras palabras lo que no puede suceder es que se omita en el fallo referirse a todas y cada de las cuestiones que fueron objeto del debate en el proceso, ya que no hacerlo, indefectiblemente provocara la vulneración del derecho al debido proceso.” (ver sentencia amparo civil AC-538-10).- IX.- Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón.- X.- Que el Recurrente solicita subsidiariamente la nulidad de la sentencia recurrida, exponiendo lo siguiente: “NULIDAD SUBSIDIARIA. Sin perjuicio de que la sentencia sea casada, se alega en forma subsidiaria la nulidad absoluta de la sentencia recurrida de fecha 15 de agosto de 2019 dictada por la Corte de Apelaciones relacionada, ya que al resolver el recurso de apelación, no valoró el escrito presentado por la parte recurrente, ni sus argumentos, vulnerando el derecho a obtener una resolución fundada en derecho, que dé respuesta a lo que la acción plantea, violentando el derecho a la tutela jurisdiccional, cuando como órgano jurisdiccional no se pronuncia sobre lo solicitado; errores procesales que pasamos a exponer de la forma siguientes: 1. El artículo 206 del Código Procesal Civil, que se aplica de manera supletoria al procedimiento laboral, establece que las sentencias, en su contenido, deben ser claras, precisas y exhaustivas, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de derecho distintos, de los que las partes hayan querido hacer valer, preceptos que no se cumplen en la sentencia recurrida, ya que consta en autos, en la Audiencia ante la Corte de Apelaciones relacionada de fecha I de agosto de 2019 (Folio 8 y 9) el petitorio también contenido en la sentencia que se recurre, la parte recurrente, limita el recurso de apelación interpuesto, a exponer falta de legalidad y solicitar nulidad de la sentencia dictada por el A quo; sin embargo al momento de resolver la Corte de Apelaciones relacionada, pasando por alto todo lo que conlleva dicha figura de nulidad y la exposición del recurrente, falla revocando la sentencia recurrida sin pronunciarse sobre dicha nulidad y excediéndose en lo resuelto, en contravención del articulo 206 numeral 3 del Código Procesal Civil.2. Asimismo, el articulo 207 y 208 del Código Procesal Civil exige que las sentencias sean motivadas con relación a los argumentos facticos y jurídicos expuestos por las partes, igualmente las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, lo que tampoco ocurre en este caso como ya se expuso con anterioridad, el Recurso de Apelación la parte recurrente lo interpuso limitándose a pedir la nulidad absoluta de actuaciones, sin que la Corte de Apelaciones relacionada se pronunciara al respecto, lo que contraviene lo establecido en el Código Procesal Civil en el artículo 211 que establece que el incumplimiento en los requisitos contemplados por las leyes con relación a los actos procesales dará lugar a su nulidad o a su anulabilidad y del articulo 212 numeral 3 del Código Procesal Civil que establece que es nulo el acto procesal que se dicta prescindiendo de las normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión, tal como ocurre en el caso de mérito, ya que si, se hubiese anulado la sentencia como lo pidió la parte recurrente en apelación, se hubiese salvaguardado los derechos de las partes en litigio y la idoneidad de los actos procesales. 3. La sentencia emitida por el Ad quem debía buscar la certeza de los hechos jurídicos, y por ende, debe ser clara, precisa, congruente y motivada, buscando una conciliación de lo pedido y otorgado a las partes; sin embargo, la Corte de Apelaciones relacionada, al emitir el fallo o la sentencia recurrida, además de no pronunciarse sobre la nulidad de actuaciones, carece de motivación, pues sus consideraciones no hacen un análisis de los hechos probados ante el cierre de la empresa, debiendo el ad quem, de acuerdo a los establecido en el artículo 200 numeral 2, literal b, del Código Procesal Civil, haberse pronunciado de manera exhaustiva respecto a este hechos controvertidos y considerar los medios de prueba que las partes acreditamos para acreditar los hechos alegados, que convencieron al juez del despido, como lo establece el artículo 228 del Código precitado. 4. Tal falta de Motivación Fáctica de la Sentencia se observa en la motivación en la sentencia, que no contiene una clara y precisa motivación de los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y, en su caso, las pruebas tenidas o no tenidas en cuenta, de hecho y de derecho, así como de forma del estudio observamos que el vicio que presenta la sentencia que hoy se impugna radica en falta de motivación fáctica, la cual consiste en la nula fundamentación para resistir el peso del fallo que se dicta, de acuerdo a las exigencias formales, el cual se produjo en el apartado de valoración probatoria de la misma, al no realizar el Ad quem ninguna valoración de los hechos probados, y por tanto sin que en la misma se indicara las pruebas tomadas en consideración para establecer los hechos probados así como tampoco el valor que se le atribuyo a cada una de ellas según las reglas de la sana critica. Como se evidencia también en los motivos de casación el tribunal realizó en u fundamentación y motivación, obvio hacer una valoración de la prueba evacuada, así que no se incumplió el requerimiento de valoración fáctica, de manera total, lo que nos conducen a afirmar que en el caso sub judice, se hace evidente la falta de motivación en que se incurrió y que se ve reflejada en la valoración de la prueba, al no haber consignado las pruebas tomadas en consideración así como los criterios legales que lo llevaron a determinar que no existe "probanza algina". 5. De forma sucinta, la acción de mérito tiene como base el despido directo como consta en la suma y petitoria de la demanda, reclamando el pago de prestaciones e indemnizaciones legales, acreditando en el proceso que el establecimiento mercantil cerro; la demandada, sostiene que no los despidió, sin embargo, se contradice al declarar que el establecimiento cerro y ofreció el pago parcial de prestaciones e indemnizaciones laborales reclamadas. De tal forma la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en fecha 15 de agosto del año 2019 que revoca la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Seccional de San Lorenzo, Valle, y absolvió de toda responsabilidad a la demandada, bajo el criterio de que no hubo probanza alguna del despido, en consecuencia, absuelve al demandado que en ningún momento negó el cierre del establecimiento al contestar la demanda de mérito y no se observa del estudio del expediente de primera instancia, ninguna prueba que determine tal extremo, es decir que sigue abierta la empresa, sino que resulta evidenciado que la demandada cerro la empresa sin seguir el procedimiento legal de liquidación, lo cual evidencia que dicha sentencia resulta insuficiente en la motivación y explicación de la decisión tomada, como de la congruencia necesaria para desestimar la pretensión de la demanda de mérito. 6. Lo anterior, como la Honorable Corte lo ha establecido en sus criterios, constituye elementos facticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías, y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal, de tal manera que se debe enmendar; ya que en el presente caso se ha violado el derecho de defensa y debido proceso, a razón de haberse omitido las pretensiones oportunamente deducidas en el recurso de apelación que se presentó con el objeto de anular la sentencia del A quo, sin pronunciarse al respecto el Ad quem, quebrantando el principio de la congruencia de la sentencia, por exceso de poder o extra petita, al resolver sobre pretensiones que no se han formulado en el recurso, para otorgarse o denegarse lo que se pedía, pues solo de esta manera puede ser congruente la sentencia con las pretensiones de las partes, cumpliéndose otro criterio de esta Honorable Corte sobre la incongruencia, que para que se configure la misma, se hace necesario que exista un desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes han planteado el debate procesal; por consiguiente, la falta de pronunciamiento sobre lo pedido, determina que existe incongruencia en la resolución al confrontar su parte dispositiva con el objeto del recurso, y del estudio de la sentencia recurrida se puede apreciar tal incongruencia, ya que la Corte de Apelaciones al omitir la nulidad de la sentencia solicitada, no resuelve todos los puntos objeto del debate y de todas las pretensiones objeto del litigio.”.- XI.- Que revisada la resolución recurrida, resulta que la misma no ha sido dictada con las formalidades, derechos y garantías que establece la Ley, ya que el ad quem revoca el fallo de primera instancia, fundamentado en que dicho juzgador considero la existencia de un despido indirecto de la demandante, como además de que no existe ninguna probanza que acredite haberse efectuado un despido, pero si bien es cierto, en el escrito de la demanda se menciona que la demandante fue objeto de “un Despido Directo e Indirecto por parte de la señora ESLY ESPERANZA ESPINAL, Directora y Propietario del Centro de Trabajo denominado INSTITUTO CRISTIANO ADVENIMIENTO…”, también lo es, que en todos los demás hechos se afirma que se trata de un despido directo e injusto, por lo que dicho Tribunal si bien debió subsanar ese punto, al resolver el litigio devenía en la obligación de analizar con la debida exhaustividad todos los extremos debatidos, como las pruebas aportadas para establecer los mismos, lo cual no realizó, dejando de apreciar que en el material probatorio aportado al proceso, aparece constatado el cierre del centro de trabajo y que en el acta de comparecencia visible a folios 6 y 7 de la primera pieza, así lo reconoce la demandada, quien ofrece pagar una determinada cantidad de dinero, en cuotas, por los derechos e indemnizaciones laborales reclamadas por la señora JUAREZ PACHECO.- XII.- Que el juzgador de instancia debe tener presente, que dado el carácter tutelador o tuitivo de la materia laboral, debe tomar en cuenta que los derechos laborales son derechos humanos y/o fundamentales.- XIII.- Que conforme con el artículo 701 numeral 3) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral, dispone que el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieran denunciado por el recurrente.- XIV.- Que, por las razones y consideraciones jurídicas expuestas, procede declarar la nulidad de la sentencia recurrida, a efecto de que el ad-quem proceda de conformidad a derecho.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 60, 64, 80, 82, 90 párrafo primero, 127, 128, 129, 303 reformado, 304 reformado, 313 ordinal numeral 14) reformado, 316 párrafo primero reformado, 321, 323 de la Constitución de la República; 8.1), 8.2.h) y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 4, 5, 18 y 858 del Código del Trabajo; 22, 193, 197, 199, 206, 207, 208, 214 numeral 2), 215 numeral 5) y 931 del Código Procesal Civil; 9 y 11 del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la sección judicial de Choluteca y Valle, de fecha 3 de mayo de 2019, visible a folios 10 al 14 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintisiete días del mes de octubre del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha diecinueve de agosto del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número 477-19.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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