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Sentencia CL-471-19 — Registro 12750

Resumen

Demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, vacaciones proporcionales, décimo tercer mes proporcional, décimo cuarto mes proporcional, preaviso, auxilio de cesantía y salarios dejados de percibir desde la fecha del despido injustificado hasta la fecha en que se ejecute la sentencia emitida para tal efecto, costas del juicio

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) La norma que indica como violada el artículo 2 numeral 2 del Código del Trabajo no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) Cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; c) Olvida el Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba, ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley; y, d) Formula extensos alegatos de instancia."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) La norma señalada como infringida, el artículo 5 del Reglamento General del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público, no reviste las características de ser precepto legal sustantivo nacional y no corresponde al orden laboral; b) Cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; c) La violación directa de la ley se produce con prescindencia de los hechos controvertido y por ello del material probatorio y siendo que la forma de terminación fue objeto de controversia y por ende de la prueba, resulta impropio el ataque por esta vía; d) Alegando aplicación indebida de la ley, debió señalar cuál era la norma que debió ser aplicada correctamente por el Juzgador; y, e) Formula alegatos de instancia."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los catorce días del mes de mayo del dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 07 de octubre del 2020, por el Abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, la señora ALEJANDRA MARITZA REYES AVILA, representada en juicio por el Abogado DANNY BLADIMIR CABALLERO AMAYA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, vacaciones proporcionales, décimo tercer mes proporcional, décimo cuarto mes proporcional, preaviso, auxilio de cesantía y salarios dejados de percibir desde la fecha del despido injustificado hasta la fecha en que se ejecute la sentencia emitida para tal efecto, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 15 de febrero del 2016, por la señora ALEJANDRA MARITZA REYES AVILA, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del MINISTERIO PUBLICO, por medio del Procurador General de la República en ese entonces, Abogado ABRAHAM ALVERENGA URBINA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 17 de junio del 2019, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 16 de enero del 2019, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “ FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por ALEJANDRA MARITZA REYES AVILA contra EL ESTADO DE HONDURAS a través del Procurador General de la República en su condición de Representante legal Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en cuanto al reconocimiento a la antigüedad en el puesto y como consecuencia el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales consistentes en: preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones proporcionales, décimo tercer mes proporcional, décimo cuarto mes proporcional; mas el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de la notificación del despido hasta la fecha que con sujeción a las normas procesales se encuentre firme la sentencia condenatoria, en consecuencia; 2) CONDENA AL DEMANDADO EL ESTADO DE HONDURAS a través del Procurador General de la República en su condición de Representante legal Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA a pagar a la señora por ALEJANDRA MARITZA REYES AVILA, la cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS (165,530.89) por los siguientes conceptos: preaviso L.23,614.66, auxilio de cesantía L.118,073.30, auxilio de cesantía proporcional L.7,052.95, vacaciones proporcionales L.4,699.35, décimo tercer mes proporcional L.8,575.44, décimo cuarto mes proporcional L.3,515.19; más el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de la notificación del despido hasta la fecha que con sujeción a las normas procesales se encuentre firme la sentencia condenatoria; 3) SIN LUGAR las COSTAS en esta Instancia”. ANTECEDENTES DE HECHO. 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con el MINISTERIO PUBLICO, el 01 de abril del 2005, desempeñándose como Oficial de la Unidad de Atención Ciudadana, de la División de Relaciones Públicas, Educación y Comunicación, devengando un salario mensual de L.10,120.57, mediante contrato indefinido de trabajo. El 27 de octubre del 2015, se le convocó a la demandante para una audiencia de descargo para el día siguiente 28 de octubre del mismo año, a las 11:00 a.m., con el objeto de desvirtuar las inasistencia del mes de junio, julio, agosto, septiembre y octubre del año 2015, la citación para la audiencia de descargo establece que la misma es debido a informes recibidos por parte del jefe inmediato, en cuanto al comportamiento de la demandante, así como el informe solicitado al responsable del sistema de marcaje de entradas y salidas del Ministerio Público. El mismo día en que se celebró la audiencia de descargo por la tarde, la demandante logró recolectar todas las pruebas para justificar cada una de las inasistencias y las mismas no fueron recibidas por parte del Ministerio Público, situación que violentó sus derechos laborales en virtud que si lo que se quería era comprobar las razones por las cuales faltó a sus labores la demandante, pero la intención del demandado era despedirla con las causales invocadas para no pagarle las prestaciones laborales de Ley, después de 10 años de laborar en el Ministerio Público. El informe emitido por el Departamento de Personal, está alejado de la verdad, mismo que dejó la vía expedita al Fiscal General de la República, para que a través de la Resolución FGR-343-2015, resolviera cancelar el contrato de trabajo, sin ninguna responsabilidad por el demandado a partir del 04 de noviembre del 2015, por considerar que se había cometido una falta grave, con lo antes descrito se establece la forma ilegal en la que fue despedida la demandante. 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que se acepta en lo referente a la fecha que inició de la relación laboral con la demandante, se rechaza que haya existido un despido injustificado como lo asevera la parte actora, pues se le practicaron los procedimientos disciplinarios tal y como lo señala el Código del Trabajo, dejando establecida la existencia de las causales que propició la terminación del contrato de trabajo sin responsabilidad alguna para el demandado, no existiendo ilegalidad alguna en dicho procedimiento. Se suscribió con la demandante contrato individual de trabajo por tiempo determinado, así que su prestación de servicio fue eventual y determinada con fecha de inicio y finalización, siendo del conocimiento de la demandante, misma que hace alusión a la suscripción de contratos temporales, siendo de esta manera la última relación laboral con la demandante, la cual fue despedida por incumplimiento a sus deberes como empleada. El demandado previo a la aplicación de la sanción de despido y en aras a lo que manda el artículo 92 numeral 9) del Código del Trabajo, en fecha 28 de octubre del 2015, a las 11:00 a.m., se llevó a cabo la audiencia de descargo para que la demandante pudiera desvirtuar los cargos que se le imputaban, referentes a una cantidad de ausencias laborales injustificadas, según informes de su jefe inmediato y del responsable del sistema de marcaje de entradas y salidas, cabe resaltar que la demandante compareció el día y la hora señalada a la audiencia de descargo a la que fue citada, acompañada por la Abogada Elcy Reyes, en su condición de Investigadora de Quejas del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), quien estuvo presente en la audiencia y en la cual garantizó que a la demandante siempre se le respetó el uso de la palabra, así mismo en las preguntas que se le formularon no logró desvirtuar los cargos imputados. La demandante deja en evidencia su ánimo de responsabilizar al Departamento de Personal de no realizar su trabajo y de dejarla en indefensión, cuando es ella misma quién reconoció y aceptó que presentó ante ese Departamento sus supuestas justificaciones de inasistencias después de la audiencia de descargo, por lo que ahora pretende responsabilizar al Departamento de Personal que se le violentaron sus derechos laborales, incorporándose la demandante a sus labores sin presentar justificación alguna de sus faltas, por lo cual la parte demandada en base al artículo 112 numeral h) del Código del Trabajo, llevó a cabo el despido de la demandante. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 16 de enero del 2019, dictó sentencia declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por la señora ALEJANDRA MARITZA REYES AVILA, contra EL ESTADO DE HONDURAS, sin costas; bajo el criterio que haciendo un análisis de las pruebas allegadas al juicio y los argumentos de ambas partes se concluye que la demandante laboró mediante la modalidad de contratos de servicios profesionales de los cuales se desprende que los contratos antes descritos se encuentran establecidos los tres elementos del contrato de trabajo, como ser la actividad personal del trabajador, la continua subordinación y un salario como retribución al servicio; aunado a ello también las labores realizadas en la institución son de naturaleza permanente, de igual forma la demandante firmó varios contratos por tiempo determinado para realizar las mismas funciones de forma continua e ininterrumpida, esto relacionado con el artículo 47 del Código del Trabajo, situación que ocurre en el caso de autos, es por lo anteriormente relacionado que debe declararse con lugar la relación de trabajo de forma permanente, reconociendo la misma desde el inicio de su relación laboral. A la demandante no se le permitió por el tiempo, prepararse para desvanecer los cargos que se le atribuían; acarreando un vicio que conlleva a la nulidad del despido, puesto que como ya se ha expresado considera esta suscrita que no se le otorgó el tiempo prudencial y necesario a la demandante para poder desvanecer los cargos atribuidos. Se concluye que la demandante ha dejado plenamente probado que el despido es ilegal e injusto, lo cual es oportuno declarar con lugar la demanda, acarreando la responsabilidad el empleador del pago de prestaciones e indemnizaciones laborales más los salarios dejados de percibir desde la fecha de la notificación del despido hasta la fecha que con sujeción a las normas procesales se encuentre firme la sentencia condenatoria. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 17 de junio del 2019, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el A-quo, sin costas; bajo el criterio que al no haberle dado el demandando la oportunidad real de poder desvanecer los cargos por los cuales procedió a despedirla posteriormente, le violentó derechos que garantiza la Constitución, los Tratados Internacionales y el Derecho al Trabajo, porque si no tuvo el cuidado de hacer una investigación al respecto, dado que se incluyeron hasta los días que por Ley le toca descansar porque son vacaciones, no se sabe cuántos días más pudo haber justificado de esa manera, siendo que a nadie le pueden despedir por gozar de sus vacaciones. Se le ha violentado el derecho a una defensa efectiva por parte del demandado, por lo cual el despido de que fue objeto la demandante se puede catalogar de ilegal, ya que si bien se siguió un procedimiento no fue el adecuado para que la demandante ejerciera su derecho de defensa. La pretensión de la demandante es el pago de sus derechos que por ley le corresponden y siendo que se logró probar el despido de que fue objeto y que el mismo no se ajusta a derecho, por las razones que se han expresado, esta Corte considera y procede su confirmatoria. 5. Mediante auto de fecha 05 de diciembre del 2019, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha 07 de octubre del 2020, compareció ante este Tribunal el Abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo tres motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha 11 de enero del 2021, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 08 de marzo del 2021, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado DANNY BLADIMIR CABALLERO AMAYA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. 1.- Que acorde a lo dispuesto en los artículos 764, 765 y 769 del Código del Trabajo, la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II. Que el Abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, en su primer motivo de casación alega: “Infracción directa al artículo 2 numeral 2. Del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE CON RESPECTO AL MOTIVO DE CASACION: Autoriza este motivo de casación el Articulo 765 numeral 1°. Del Código de Trabajo. CONCEPTO DE LA INFRACCION: Se acusa la sentencia recurrida de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por infracción directa del Artículo 2 numeral 2. del Código de Trabajo, en virtud de lo siguiente: El precepto legal contenido en el artículo 2, en su numeral 2. Del Código de Trabajo, taxativamente ordena que: “Articulo 2. Son de orden público las disposiciones contenidas en el presente Código y obligan a todas las empresas, explotaciones o establecimientos, así como a las personas naturales. Se exceptúan: 1. ......2. Los empleados públicos nacionales, departamentales y municipales. Se entiende por empleado público aquel cuyo puesto ha sido creado por la Constitución, la ley, decreto ejecutivo o acuerdo municipal. Las relaciones entre el Estado, el Departamento y el Municipio y sus servidores, se regirán por las leyes del Servicio Civil que se expidan; y, 3. ..........”. Como es de conocimiento público, nuestro Código de Trabajo vigente, NO establece dentro de sus disposiciones legales, normas específicas que regulen lo relativo a la AUDIENCIA DE DESCARGO que deba de practicársele a un trabajador que se pretenda sancionar, a efecto de ser oído, previo a la aplicación de alguna sanción o medida disciplinaria, mucho menos, fija un término dentro del cual, deba de citársele a un trabajador para que concurra a una Audiencia de Descargo, a realizar los descargos a su favor.- Ante tal situación, son los mismos Juzgados en materia de Trabajo que, en diversos fallos por ellos dictados, han definido o estilado que dicho plazo será por lo menos, con 24 horas de antelación, siendo esta la premisa con la que se ha venido trabajando al respecto, situación que NO ocurrió en la sentencia definitiva que nos ocupa, reprochando la segunda instancia que, el Ministerio Público no hizo uso se disposiciones legales reservadas en la ley especial. para procedimientos especiales, y que no son compatibles con el Código de Trabajo. En la sentencia definitiva de fecha diecisiete (17) de junio del dos mil diecinueve (2019), que se recurre, a través del presente Recurso Extraordinario de Casación, el Ad-quem, razona motivadamente que “....., esta Corte entiende que ese tiempo debe de estar en el Reglamento Interno de cada institución y no sabemos cuánto es el tiempo que establece el Reglamento Interno del Ministerio Público, pero en todo caso debe ser proporcional a la imputación que se pretende se descargue, ya la Convención Americana de Derechos Humanos establece, que cuando no se dé un término, se dará un plazo razonable, y 24 horas no parecen razonables para presentar y desvanecer todos los extremos que se plantearon habida cuenta, que las oficinas solo trabajan hasta las cuatro de la tarde (4:00 p.m.), por lo que la demandante no canto ni con las 24 horas completas que dice el apelante....” (VEASE CONSIDERANDO (4) FOLIO 13 FRONTAL DE LA PIEZA 12698-19 QUE VIENE DE LA CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO); asimismo, en este mismo fallo, la segunda instancia, continua razonando motivadamente que “.... , por lo que pudo ser un plaza más acorde los 10 días que parece dar el Ministerio Público a las personas que son de carrera tal y como quedo expresado en el desarrollo del proceso, , no había disposición de con cuanto tiempo debe de citar a una persona para una audiencia de descargo, no debió asumir entonces que era de 24 horas muy escasas, sino que debió aplicar su propio Reglamento que rige para los empleados de carrera, porque dentro de una institución no cabe hacer diferenciación en el régimen disciplinario al me nos en el procedimiento a seguir para audiencia de descargo, ya que si existe un término ese debería de aplicarse para todos siendo esa la norma más favorable.-....” (VEASE CONSIDERANDO (5) FOLIO 13 FRONTAL Y VUELTO DE LA PIEZA 12698-19 QUE VIENE DE LA CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO. LO SUBRAYADO ES NUESTRO).- El razonamiento anterior, resultó a ser completamente improcedente, conllevando asimismo, vulneraciones constitucionales al Principio de Legalidad a mi poderdante, violatorio del Debido Proceso (artículo 90 de la Constitución de la Republica)[1], y del Principio de Reserva de Ley (artículo 95 de la Constitución de la Republica)[2], en vista de que en la sentencia recurrida declara una presunta ilegalidad cometida por el Ministerio Público, porque no hizo uso o no implementó dentro de un proceso de despido eminentemente laboral, disposiciones o normas legales contenidas en una ley especial, las cuales NO son compatibles, ni con el procedimiento laboral, ni con el Código de Trabajo aplicado, pretendiendo el Tribunal de Alzada, que se hiciera uso de disposiciones legales reservadas para un procedimiento especial para Servidores Públicos. Con dichos razonamientos de sentencia, se podría hasta llegar a deducir erróneamente que, el personal contratados para prestar sus servicios, para el Estado de Honduras, aún y cuando NO tengan la calidad de Servidores Públicos, podrían regirse par la Ley del Servicio Civil, o cualquier otra ley especial, y NO por el Código de Trabajo, y sus anexos, como así mismo lo ordena la ley, y se encuentra discutido en diversos conversatorios en donde se han unificado criterios judiciales en materia laboral, emitidos por la Honorable Corte Suprema de Justicia a través de la Secretaria General (VEASE OFICIO No. 866-SCSJ-2014, CIRCULAR No. 1-2014), lo cual es completamente Inaceptable. Visto las motivaciones que sirven de Fundamento de Derecho a esta sentencia que se recurre, queda a la vista de la Honorable Sala la violación a la ley sustantiva, por la infracción directa del artículo 2 numeral 2 del Código de Trabajo, pues, el Tribunal de Alzada, además de NO respetar el criterio que ellos mismos han venido estableciendo y aplicando, en relación a conceder un término mínimo de 24 horas como plazo para la citación de un trabajador para que comparezca a la Audiencia de Descargo, motivados en diferentes fallos proferido por la Judicatura del Trabajo, en su motivación, razona que, a la trabajadora ALEJANDRA MARITZA REYES AVILA se le violentó su derecho a la Defensa, porque NO se le aplicó una disposición legal contenida en el Reglamento General ESPECIAL que rige a los Servidores Regulares o de Carrera del Ministerio Público (invocación completamente carente de fundamento legal e improcedente, que la ahora demandante manifestó en su audiencia de descargo, y a lo cual la Corte de Apelaciones del Trabajo accedió infundadamente a este criterio, aunque no fue peticionado en el escrito de demanda), es decir que, conforme a éste ambiguo y arbitrario razonamiento motivado, la Corte de Apelaciones del Trabajo es del parecer que el despido realizado a la ahora demandante es injusto e ilegal, porque en el procedimiento practicado, no se le dio el tiempo suficiente para defenderse, pue no se aplicó el termino de 10 días concedido en la normativa especial de la institución (artículos 68 del Estatuto de la carrera del Ministerio Público, y, 181 del Reglamento General del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público), aplicable exclusivamente a los servidores de carrera, es decir a Servidores Públicos del Ministerio Público, aún y cuando, conforme lo establece en el mismo fallo, esta demanda corresponde su conocimiento a la jurisdicción del trabajo, siendo lo aplicable a este caso concreto, conforme lo manda la ley y demás prácticas laborales, las disposiciones legales del Código de Trabajo vigente, y no, las de la normativa especial del Ministerio Público ni otra ley especial, como lo ha aplicado el Tribunal de Alzada en el presente fallo. Conforme lo manda el artículo 2 del Código de Trabajo infringido en esta sentencia definitiva que se recurre, este ordena que “son de orden público las disposiciones contenidas en el presente Código y obligan a todas las empresas, explotaciones o establecimientos, así como personas naturales.”, resulta obvio pues, que conforme lo ordenan las leyes laborales vigentes en nuestro país, las disposiciones legales aplicables a este caso concrete, son las del Código del Trabajo, así como las practicas procesales laborales que se ventilen en la judicatura del trabajo (el mismo Juzgado ha estilado conceder como plazo mínimo para citación para audiencia de descargo el plazo de 24 horas), y no como lo declara la sentencia que se recurre, las contenidas en las leyes especiales ni las del servicio civil, propias para servidores públicos que contienen procedimientos disciplinarios especiales, como lo ha razonado la Ad-quem en su sentencia.- Y es la misma disposición legal relacionada, que en su numeral 2. ordena, “...Se exceptúan: ... 2. Los empleados públicos nacionales, departamentales y municipales.- Se entiende por empleado público aquel cuyo puesto ha sido creado por la Constitución, la Ley, decreto ejecutivo o acuerdo municipal. Las relaciones entre el Estado, el Departamento y el Municipio y sus servidores, se regirán por las leyes del Servicio Civil que se expidan; y, ...”, ratificándose con dicha excepción, que la disposición legal del Reglamento General que la Ad-quem utilizó y con la cual motiva la sentencia recurrida (ARTICULO 68 ESTATUTO DE LA CARRERA DEL MINISTERIO PUBLICO RELACIONADO CON EL ARTICULO 181 REGLAMENTO GENERAL DEL ESTATUTO DE LA CARRERA DEL MINISTERIO PUBLICO)[3], por su naturaleza y espíritu de la misma, es una disposición legal de materia administrativa exclusiva del procedimiento disciplinario especial de servidores de carrera del Ministerio Público, aplicable solamente a servidores públicos del Ministerio Público, y no de trabajadores contratados, porque tiene en su espíritu una connotación completamente distinta para ser aplicada en la materia de trabajo, habiendo con esto, la Ad-quem, irrespetado las mismas disposiciones y usanzas que la misma Judicatura del trabajo ha razonado en diversas sentencias que ha dictado, en relación que en virtud de que el Código del Trabajo no establece un término de antelación en el cual deba de citarse al trabajador para comparecer a audiencia de descargo, este deberá de hacerse con una antelación mínima de 24 horas.- Dicho lo anterior, se hace evidente, la infracción directa de la ley sustantiva, del articulo 2 numeral 2. Del Código de Trabajo vigente en la presente sentencia definitiva que se viene a recurrir. Es importante resaltar que, la violación de ley sustantiva, con la infracción directa antes relacionada, acarrea a su vez, una serie de violaciones a otras normas legales especiales, pues al utilizar disposiciones legales debidamente contempladas en leyes especiales para los servidores de carrera del Ministerio Publico, aplicándolas relaciones contractuales cuyo conocimiento corresponde exclusivamente al Código del Trabajo, violentan la mismas, las cuales regulan materias en especial, como ser los artículos 1 y 2 del Estatuto de la Carrera del Ministerio Publico[4], artículos 1 y 2 del Reglamento General del Estatuto de la Carrera del Ministerio Publico[5], artículos 6, 108 y 109 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo[6]. En tal sentido, resulta evidente con esta sentencia, la violación de ley sustantiva por parte del Tribunal de Alzada, en relación a lo que ordena el articulo 2 numeral 2. Del Código de Trabajo, el cual expresamente ordena que son de orden público, las disposiciones del Código de Trabajo, y que a su vez, son de obligatorio cumplimiento en su aplicación, para casos como el que nos ocupa (despido que corresponde a esta instancia laboral conocer), exceptuando de la aplicación de las disposiciones del referido Código, los casos de servidores públicos, los cuales están sujetos a leyes del servicio civil o cualquier otra normativa especial, siendo obvio pues que, tampoco, podrán aplicarse al caso concreto, disposiciones especiales para servidores públicos, quedando la norma especial afuera del contexto del Código de Trabajo, no pudiéndose aplicar estas a trabajadores, extremo por el cual resulta procedente este motivo de casación planteado. III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) La norma que indica como violada el artículo 2 numeral 2 del Código del Trabajo no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) Cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; c) Olvida el Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba, ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley; y, d) Formula extensos alegatos de instancia. IV. Que la Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Infracción directa a los artículos 1, 3 inciso d), 6 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. PRECEPTO AUTORIZANTE CON RESPECTO AL MOTIVO DE CASACION: Autoriza este motivo de casación el Articulo 765 numeral 1°. Del Código de Trabajo. CONCEPTO DE LA INFRACCION: Se acusa la sentencia recurrida de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por infracción directa de los Articulo 1, 3 inciso d), 6 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tal violación denunciada consiste en lo siguiente: La Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en su artículo 1 manda “Por la presente Ley se regula la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo encargada de conocer las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de carácter particular o general, de la Administración Publica sujetos al Derecho Administrativo.”; por su parte, el artículo 3 inciso d) de la misma Ley ordena que “La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá también de: ....... d) Las cuestiones que una Ley le atribuya especialmente.”; por otro lado, el párrafo primero del artículo 6 de la misma ley manda que “La Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo es improrrogable......”. - De la lectura de estos preceptos legal es, queda a la vista, que, es la misma Ley, la que taxativamente determina el ámbito de acción que la jurisdicción contencioso-administrativa tendrá en los asuntos de la Administración Publica, sujetos al Derecho Administrativo; asimismo, estos dispositivo legal mandan lo referente el ámbito de conocimiento de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso administrativo, y, asimismo, a la improrrogabilidad de los negocios o asuntos que le toca conocer, los cuales, conforme a la ley, no se puede ampliar su conocimiento a otra jurisdicción. Conforme a lo que razona el Ad-quem, como Fundamento de Derecho, en el CONSIDERANDO (5) de la sentencia que se recurre, la cual motiva: “..., por lo que pudo ser un plazo más acorde a los 10 días que parece dar el Ministerio Público a las personas que son de carrera tal y como quedo expresado en el desarrollo del proceso...”, se observa que, en dicha motivación, el tribunal de alzada, reprocha que el Ministerio Público, en el procedimiento disciplinario practicado a la ahora demandante apegados al Código de Trabajo, NO hizo uso de disposiciones legales compatibles exclusivamente a SERVIDORES REGULARES 0 SERVIDORES PUBLICOS de la institución, siendo esta misma Corte de Apelaciones, quien con sus razonamientos incluye tácitamente (porque no los enuncia en su fallo) en el procedimiento laboral, una parte de los artículos 68 del Estatuto de la Carrera del Ministerio Publico, y, 181 del Reglamento General del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público, la cual no recoge todo el contexto de dichas disposiciones legales, desnaturalizando los mismos en su verdadero espíritu creados para un procedimiento disciplinario especial que otorga otros términos posteriores en la evacuación del mismo, y que son totalmente contrario al proceso laboral, sin perjuicio de quien la instancia del trabajo, se estile o ya exista una práctica constante de que, para la Audiencias de Descargo deba de citarse con 24 horas de antelación a la persona que se pretenda sancionar o despedir, criterio aplicado en diversos juicios conocidos por la judicatura del trabajo, habiendo hecho el tribunal de alzada en este juicio laboral, una excepción a la regla, al no aplicar esta práctica, pues dicho criterio NO fue estimado por el Juzgador, con lo que la segunda instancia hace una mezcla en el procedimiento disciplinario motivando que, debió ser aplicado a la ahora demandante la ley especial, concluyéndose que, ni por analogía, ni por in dubio pro operario, se le pueden aplicar disposiciones de una ley especial que no le compete su conocimiento, ni su aplicación en la égida laboral, siendo esta, una norma o ley especial (artículo 68 del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público relacionada con el artículo 181 del Reglamento General del Estatuto de la Carrera del Ministerio Publico) del conocimiento exclusivo e improrrogable de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, no pudiendo subrogarse la materia del trabajo, la intromisión en la aplicación de dichas disposiciones especiales en la materia laboral, más aun, y cuando la jurisdicción del trabajo, estila o tiene definidos términos para estos casos concrete (con 24 horas de antelación); tampoco, puede venir el Ad-quem a razonar que, a la trabajadora ahora demandante, se le violentó su derecho de defensa porque no tuvo el tiempo necesario para obtener dichas justificaciones, cuando conforme a la ley, es obligación de la trabajadora y ahora demandante de presentar las justificaciones necesarias correspondientes desde el momento que se iban dando las ausencias, situación que NO ocurrió, creando con su falta de justificación de ausencia en los momentos oportunos, el problema laboral suscitado y que nos ocupa en este juicio, por lo que no son aceptables ni procedentes las valoraciones y razonamientos al respecto, realizadas por el Tribunal de Alzada. De igual forma, Honorable Sala, los razonamientos de la sentencia definitiva que se recurre, ponen en entredicho o contrarían, la misma Unificación de Criterios Judiciales en Materia Laboral, emitida por la Corte Suprema de Justicia a través de la Secretaria General (CIRCULAR No. 1-2014, OFICIO No. 866-SCSJ-2014, 05 DE JUNIO DEL 2014) desconociéndose hasta cierto punto, el carácter de orden público que tienen la normas que instituyen la jurisdicción del trabajo, la preeminencia de las leyes laborales sobre las de cualquier otra índole, cuando estas entran en colisión con aquellas, y, el carácter improrrogable de la jurisdicción Contencioso-Administrativo, que le hace no susceptible de sumisión y le impide conocer de ciertos asuntos que no le están atribuidos par las reglas generales que han precedido a su institución, ni extender su competencia más allá de lo taxativamente preceptuado en la ley que le regula. Con tales motivaciones de la sentencia, queda clara la infracción directa de los preceptos legales de derecho sustantivo referidos con anterioridad, relacionados al conocimiento, competencia y improrrogabilidad de la materia, de los cuales, el derecho del trabajo no puede subrogarse ni disponer de su utilización, por no estar dentro de su materia conocer. V.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) Los artículo 1, 3, inciso d) y 6 párrafo primero de la ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, señalado como norma sustantiva infringida, es de naturaleza administrativa sujetas al derecho administrativo para conocer actos de carácter particular o general y no corresponde al orden laboral, condición indispensable para la prosperidad del mismo; b) Cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; c) Se formula el concepto de infracción directa, modalidad de violación a la ley sustantiva que debe alegar al margen del material probatorio y, es el caso, que en su explicación se insta a la valoración de la prueba, lo cual es incompatible con dicho concepto; y, d) Realiza alegatos propios de instancia. VI.- Que el Impetrante formula un tercer motivo de casación en el que alega: “Aplicación Indebida de los artículos 5 del Reglamento General del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público relacionado con los artículos 68 del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público, y, con el artículo 181 del Reglamento General del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público. PRECEPTO AUTORIZANTE CON RESPECTO AL MOTIVO DE CASACION: Autoriza este motive de casación el Artículo 765 numeral 1°. Del Código de Trabajo. CONCEPTO DE LA INFRACCION: Se acusa la sentencia recurrida de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por la aplicación indebida de los Artículos 5 del Reglamento General del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público, relacionado con la aplicación tácita en la sentencia que se recurre de los artículos 68 del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público y 181 del Reglamento General del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público.- En tal sentido, en el artículo 5 del Reglamento General del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público, se define quienes forman parte del PERSONAL DEL SISTEMA DE CARRERA, y, taxativamente ordena que “Quedará comprendido dentro del Sistema de Carrera que reconoce La Ley, El Estatuto y este Reglamento, todo el personal que, además de cumplir con los requisitos previstos en estos instrumentos legales, hubiere ingresado mediante nombramiento, a prestar sus servicios en el Ministerio Público.” (SUBRAYADO ES NUESTRO).- Por su parte, el artículo 68 del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público y el artículo 181 del Reglamento General del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público ordena que “El servidor objeto de la solicitud, tendrá diez (10) días para exponer sus alegaciones y presentadas estas o, en su defecto, transcurrido aquel plazo, El Consejo señalara audiencias para que las partes concurran a presentar sus medias de prueba, los que serán evacuados dentro de los quince (15) días después de haber sido admitidos.” (SUBRAYADO ES NUESTRO). Ilustrada la normativa especial anterior (no compatible con la egida del trabajo), la cual, coma lo manda la misma, es de estricta aplicación para SERVIDORES REGULARES DEL MINISTERIO PUBLICO, que forman parte del SISTEMA DE CARRERA DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO PUBLICO, es decir, personal que ingresado al mismo mediante NOMBRAMIENTO, exceptuándose en la aplicación de estas disposiciones al personal por contrato de dicha institución, tal y como la misma ley especial lo ordena[7], y, así como también lo manda el Código de Trabajo vigente[8], observamos que en la sentencia definitiva que se recurre, el Ad-quem, fundamenta en derecho el fallo recurrido, utilizando razonamientos carentes de certeza y veracidad, y aplicando tácita e indebidamente normas o disposiciones legales incompatibles e improcedentes de aplicación en la materia laboral, pues son disposiciones legales propias y de exclusiva aplicación para Servidores Regulares del Ministerio Público, lo cual, la indebida aplicación de estas en el fallo que se recurre, hace que esta sentencia definitiva sea totalmente arbitraria e ilegal, por ser violatoria de ley sustantiva. Este Tribunal de Alzada, razona lo siguiente “Que al haber despedido el Ministerio Público a la demandante basándose en su Reglamento y en el Código del Trabajo, ...” (VEASE CONSIDERANDO (4) FOLIO 12 VUELTO DE LA PIEZA 12698-19 QUE VIENE DE LA CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO), queda a la vista de la Honorable Sala que, es el mismo Ad-quem, quien erróneamente concluye que, en dicho despido, el Ministerio Público se basó en su Reglamento, lo cual en ningún momento sucedió, y más grave aún, que nunca fue un argumento de demanda por la parte actora, sino que se trata de una apreciación errónea, mala y valoración y aplicación indebida realizada por la Segunda Instancia, pues ni en el procedimiento disciplinario practicado ni en los documentos en que se fundamenta el despido legal y justificado emitido por el Ministerio Público en contra de la señora ALEJANDRA MARITZA REYES AVILA, se utiliza como fundamento para su despido, el Reglamento General del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público, siendo la Corte de Apelaciones del Trabajo, quien aplico este criterio en forma indebida.- Es importante resaltar, Honorables Magistrados que, en el único documento en donde se hace una vinculación de la aplicación de términos propios de la Ley del Servicio Civil, y del Reglamento General del Estatuto de la Carrera del Ministerio Publico, fue la MANIFESTACION que la ahora demandante leyó y presentó en su Audiencia de Descargo la trabajadora ahora demandante, en donde en dicha audiencia no presento ningún descargo a su favor, sino que se limitó a alegar erróneamente la supuesta (inexistente) violación a su derecho, por no concedérsele los plazos del servicio civil ni los del sistema de carrera.- Hacemos alusión a este extremo, porque es obvio, Honorable Corte, que la Ad-quem ha accedido a tales pretensiones completamente equivocadas y no conforme a ley, que tuvo la ahora demandante, a pesar de que esto, NUNCA fue objeto de debate en esta demanda, siendo la Segunda Instancia quien indebidamente ha aplicado dichas disposiciones legales, contrario a lo que ordena la ley. De igual forma, el Ad-quem razona que “…, por lo que pudo ser un plazo más acorde los 10 días que parece dar el Ministerio Público a las personas que son de carrera tal y como quedo expresado en el desarrollo del proceso, por lo cual al haber fijado su jurisdicción el Tribunal de primera instancia, el contrato que regía la relación laboral entre el demandante y el demandado, cae bajo la tutela del derecho del trabajo, y por ende le son aplicables las Principios que lo nutren y lo rigen, ...” (VEASE CONSIDERANDO (5) FOLIO 13 PARTE FRONTAL, RENGLON 25 EN ADELANTE, DE LA PIEZA 12698-19 QUE VIENE DE LA CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO). Con tal motivación, el Ad-quem, está aplicando en forma tácita e indebida a una demanda en materia del trabajo, las disposiciones legales de una ley especial con aplicación exclusiva para SERVIDORES REGULARES de una institución, y que por ende, no se aplica a trabajadores bajo la egida del Código de Trabajo, como es en el caso de autos, y no bastando esto, hace esa aplicación indebida, aún y cuando reconoce que todo esto cae en la tutela del trabajo, aplicándole asimismo, y aunque utiliza disposiciones de leyes especiales que no le son aplicables, los Principios Protectorios del trabajo.- Las disposiciones legales indebidamente aplicadas en forma tácita contenidas en una Ley o normativa especial, por la Judicatura del Trabajo en una relación eminentemente laboral, es incompatible su aplicación a la egida laboral, pues conlleva en su espíritu y naturaleza, términos que van enlazados con un procedimiento especial que otorga otros términos y procedimientos distintos que son exclusivos de la materia especial, incompatibles con los termino que otorga el derecho del trabajo al patrono, para poder aplicar la sanción correspondiente dentro de los términos de ley que otorga el Código de Trabajo; es por lo anterior que, consideramos una indebida aplicación de las disposiciones legales antes referidas, pues, sin perjuicio a que el Ad-quem no lo consigne expresamente en su fallo, al fundamentarlo con los razonamientos antes relacionados, está aplicando tácitamente los mismos. Es evidente pues que, en la sentencia que se recurre, el Ad-quem hace una indebida aplicación de disposiciones legales de una ley especial EXCLUSIVAS de Servidores Públicos, en las cuales la materia del trabajo no tiene competencia, aplicándole también, sobre estas leyes especiales, el Principio Protectorio, que representa como el corazón del derecho del Trabajo, aún y cuando las normas indebidamente aplicadas NO pertenecen al derecho del Trabajo, invocando el In Dubio Pro Operario, aún y cuando NO existe ningún problema de interpretación entre normas, y asimismo, la regla de la Condición más Beneficiosa para el trabajador, no importándole al Juzgador de segunda instancia que la norma aplicada tácitamente, no sea de aplicación a los trabajadores o empleados, sino que para servidores públicos, sujetos a un procedimiento especial”. VII. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) La norma señalada como infringida, el artículo 5 del Reglamento General del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público, no reviste las características de ser precepto legal sustantivo nacional y no corresponde al orden laboral; b) Cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; c) La violación directa de la ley se produce con prescindencia de los hechos controvertido y por ello del material probatorio y siendo que la forma de terminación fue objeto de controversia y por ende de la prueba, resulta impropio el ataque por esta vía; d) Alegando aplicación indebida de la ley, debió señalar cuál era la norma que debió ser aplicada correctamente por el Juzgador; y, e) Formula alegatos de instancia. VIII. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los dos de agosto del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha catorce de mayo del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número CL471-2019. Firma y sello.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

[1] ARTICULO 90 CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA: Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece.

[2] ARTICULO 95 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA: Ninguna persona será sancionada con penas no establecidas previamente en la Ley, ni podrá ser juzgada otra vez…

[3] ARTICULO 68 ESTATUTO DE LA CARRERA DEL MINISTERIO PUBLICO RELACIONADO CON EL ARTICULO 181 REGLAMENTO GENERAL DEL ESTATUTO DE LA CARRERA DEL MINISTERIO PUBLICO: El servidor objeto de la solicitud, tendrá (10) diez días para exponer sus alegaciones, presentadas éstas o, en su defecto, transcurrido aquel plazo, El Consejo señalará audiencia para que las partes concurran a presentar sus medios de prueba, los que serán evacuados dentro de los (15) quince días después de haber sido admitidos.

[4] ARTICULO 1 DEL ESTATUTO DE LA CARRERA DEL MINISTERIO PUBLICO: Este Estatuto regula el Sistema de Carrera del Ministerio Público, creado en la Ley del Ministerio Público… (SUBRAYADO ES NUESTRO). ARTICULO 2 DEL ESTATUTO DE LA CARRERA DEL MINISTERIO PUBLICO: El Sistema de Carrera del Ministerio Público estará integrado por los órganos, normas, técnicas y procedimientos que permitan el acceso del servidor el ejercicio de funciones públicas, en condiciones que ofrezcan, por parte del Estado, elevar la calidad de los servicios públicos y, por parte del servidor, ejercer una actividad exclusiva que le garantice, en forma permanente, los medios necesarios para atender decorosa y dignamente sus necesidades y las de su familia (SUBRAYADO ES NUESTRO).

[5] ARTICULO 1 DEL REGLAMENTO GENERAL DEL ESTATUTO DE LA CARRERA DEL MINISTERIO PUBLICO: Este Reglamento tiene por objeto desarrollar las disposiciones del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público, identificado en adelante como Estatuto… ARTICULO 2 DEL REGLAMENTO GENERAL DEL ESTATUTO DE LA CARRERA DEL MINISTERIO PUBLICO: El sistema de la Carrera del servidor del Ministerio Público será regulado por la Ley del Ministerio Público, en adelante Ley, y este Reglamento. Este Sistema de Carrera estará integrado por los órganos, normas, técnicas y procedimientos que permitan el acceso del servidor el ejercicio de funciones públicas, en condiciones que ofrezcan, por parte del Ministerio Público, elevar la calidad y cantidad de la prestación de los servicios públicos y, por parte del servidor, ejercer una actividad exclusiva que le garantice, en forma permanente, los medios necesarios para atender decorosa y dignamente sus necesidades y las de su familia. (SUBRAYADO ES NUESTRO).

[6] ARTICULO 6 DE LA LEY DE LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO: La Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo es improrrogable. ARTICULO 108 DE LA LEY DE LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO: Las acciones que tuvieren por objeto actos de cancelación o separación de servidores públicos se sujetarán a lo que se establece en esta Sección. (SUBRAYADO ES NUESTRO). ARTICULO 109 DE LA LEY DE LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO: Solamente podrán impugnarse en vía contencioso-administrativa los actos que tengan por objeto la cancelación de un servidor público, cuando éste tuviere protegido por una Ley especial. (SUBRAYADO ES NUESTRO).

[7] ARTICULO 6 INCISO c) ESTATUTO DE LA CARRERA DEL MINISTERIO PUBLICO: Quedan excluidos del Sistema de Carrera del Ministerio Público: …. c) Los que fueren contratados para prestar sus servicios profesionales o técnicos.

ARTICULO 6 INCISO a) REGLAMENTO GENERAL DEL ESTATUTO DE LA CARRERA DEL MINISTERIO PUBLICO: Quedan excluidos del Sistema de Carrera del Ministerio Público: a) Los funcionarios y empleados que se señalan en los incisos a), b) c) y d) del Artículo 6 de El Estatuto…

[8] ARTICULO 2 NUMERAL 2 DEL CODIGO DE TRABAJO: Son de orden público las disposiciones contenidas en el presente Código y obligan a todas las empresas, explotaciones o establecimientos, así como a las personas naturales. Se exceptúan: … 2. Los empleados públicos nacionales, departamentales y municipales. Se entiende por empleado público aquel cuyo puesto ha sido creado por la Constitución, la ley, decreto ejecutivo o acuerdo municipal.