Sentencia CL-470-19 — Registro 14503
Resumen
Demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales calculadas de conformidad a las cláusulas 43 y 44 del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente en el SANAA, por terminación de la relación laboral por mutuo consentimiento amparado en la cláusula número 45 de dicha convención colectiva, pago de intereses comerciales y moratorios calculados hasta que adquiera el carácter de firme la sentencia condenatoria, calculados de conformidad al Código de Comercio, costas del juicio
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."l deber de motivación de la resolución judicial implica el plasmar el razonamiento y expresión detallada de las consideraciones y criterios a los que ha arribado y forman su convencimiento y razones en la decisión que constituye su sentencia definitiva, ello vinculado al principio de congruencia, que no es más que resolver conforme a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, por ende, además debe existir una conexión lógica entre lo controvertido u objeto del debate y la resolución judicial que se emite, debiendo entonces emitir para cada petición, aceptada por las partes o controvertida, un pronunciamiento sustentado conforme a lo expuesto en el mismo fallo, consecuentemente es imprescindible la exhaustividad del mismo, es decir, el deber de concluir el proceso con un profundo análisis, tangible y detallada valoración probatoria y la incorporación evidente de la normativa jurídica que le sirve de fundamento y que también permita la posible recurribilidad de la sentencia. "...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..." que al haber concluido esta Corte Suprema de Justicia del porque el derecho laboral es un derecho humano, cuyo fin es la producción de una verdadera justica social, la misma al ser de bienestar colectivo en general, produce como orden público su tutela; y es por ello que inclusive la nulidad absoluta debe ser apreciada de oficio por cualquier Órgano Jurisdiccional como lo es esté Tribunal Supremo; inclusive si quisiésemos aplicar esa oficiosidad bajo la panóptica de la superioridad del Código Procesal Civil como norma reguladora de nulidades podemos observar que el legislador prevé en su artículo 701.3 en relación con el artículo 728.2 que efectivamente se puede contemplar de oficio aquellas situaciones que acarrean infracciones a garantías fundamentales, puesto que cuando se desestima un recurso de casación solo se hará caso omiso a infracciones procesales cuando considere que, pese a ello, el fallo es ajustado a derecho, desestimará el recurso de casación pero procederá a corregir la motivación jurídica en el sentido que corresponda, para dar al fallo la adecuada fundamentación.
12.- Es por las razones antes expuestas, que es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida. "...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Tegucigalpa, M.D.C., a los veintiún días del mes julio del año dos mil veintiuno. La Corte Suprema de Justicia integrada por los Magistrados propietarios, ROLANDO EDGARDO ARGUETA PEREZ, PRESIDENTE, LIDIA ALVAREZ SAGATUME, REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ, JOSÉ OLIVIO RODRIGUEZ VASQUEZ, JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, WILFREDO MÉNDEZ ROMERO, RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO, JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCIA Y COMO MAGISTRADOS INTEGRANTES: DAYANI IVETTE BOCANEGRA PADILLA, LISSIEN GICELA CHIUZ LAITANO, GARIN ENOC URQUIA CASTRO, YIMY DANIEL CHIRINOS ORELLANA, BRENDA CELINA HERNÁNDEZ FERRUFINO Y CONAN RAFAEL ARGUETA BOURDETT.- procedieron a emitir el siguiente fallo.
VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante la Sala Laboral Contencioso administrativo, en fecha once de enero del dos mil veintiuno, por el Abogado DANIEL ALEXANDER ORTIZ, en su condición de representante procesal del SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), como recurrente; además es parte recurrida, el señor OSCAR GUILLERMO ALCERRO NUÑEZ, representado en juicio por el Abogado JOSUE ARIEL ALONZO CRUZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales calculadas de conformidad a las cláusulas 43 y 44 del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente en el SANAA, por terminación de la relación laboral por mutuo consentimiento amparado en la cláusula número 45 de dicha convención colectiva, pago de intereses comerciales y moratorios calculados hasta que adquiera el carácter de firme la sentencia condenatoria, calculados de conformidad al Código de Comercio, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha quince de febrero del dos mil diecisiete, por el señor OSCAR GUILLERMO ALCERRO NUÑEZ, mayor de edad, soltero, Licenciado en Comercio Internacional, hondureño y de este domicilio, contra el SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), por medio de su Gerente General, el señor ROBERTO E. ZABLAH. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintiuno de mayo del dos mil diecinueve, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha dieciséis de noviembre del año dos mil dieciocho, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que fallo: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por OSCAR GUILLERMO ALCERRO NUÑEZ, contra EL SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), a través del Gerente General ROBERTO E. ZABLAH, en cuanto al pago por los siguientes conceptos: preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones proporcionales, bonificación por vacaciones, bono de verano proporcional, décimo tercer mes proporcional y décimo cuarto mes proporcional; en consecuencia; 2) CONDENA AL DEMANDADO, EL SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS y ALCANTARILLADOS (SANAA), a través del Gerente General ROBERTO E. ZABLAH, a pagar la cantidad de NOVECIENTOS TRECE MIL CIENTO VEINTE Y TRES LEMPIRAS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS(L.913,123.96) por los siguientes conceptos: preaviso L.436; auxilio de cesantía L. 436,299.50; auxilio de cesantía proporcional L. 12,709.74; vacaciones proporcionales L.1,670.17; bonificación por vacaciones L.3,475.49, bono de verano proporcional L.6,250.00, décimo tercer mes proporcional L.13,805.23 décimo cuarto mes proporcional L.2,614.33, menos el pago parcial realizado al demandante que asciende L. 308,023.49 y del que resulta una cantidad neta a pagar de SEISCIENTOS CINCO MIL CIEN LEMPIRAS CON CUARENTE Y SIETE CENTAVOS (L.605,100.47; 3) Declarando SIN LUGAR los intereses comerciales y moratorios; 4) Declarando CON LUGAR PARCIALMENTE la EXCEPCION DE PAGO, opuesta por el representante procesal de la parte demandada; 5) Declarando SIN COSTAS”.
ANTECEDENTES DE HECHO:
1.- La Honorable Sala de la Laboral-Contencioso Administrativo en fecha veintidós de julio del dos mil diecinueve admitió a trámite el presente recurso de casación continuando el procedimiento legal correspondiente, habiendo celebrado sesión plenaria no hubo unanimidad por lo cual se pronunció por Mayoría de Votos por Disentir el Magistrado EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS procedió este último a emitir y fundamentar su Voto Particular en fecha veintidós de abril del año dos mil veintiuno el cual consta de autos.
2.- El voto de la mayoría de la sala, fallo sobre el recurso lo siguiente: A) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. B) SIN COSTAS.
3.- El voto Particular de la sala, fallo sobre el recurso de la siguiente manera: UNICO: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha 21 de mayo del 2019, visible a folios del 11 al 13 de la segunda pieza.
4.- Que trasladadas al Pleno de Magistrados las presentes diligencias, los Magistrados que integraron en dicha sesión, procedieron a la discusión tanto el Voto de la Mayoría como el Voto Particular, adoptando resolución distinta a la elaborada por los miembros de la sala; siendo la referida resolución por Mayoría de Votos de los Magistrados del pleno de la Corte Suprema de Justicia, por haber disentido los magistrados RINA ALVARADO MORENO, EDWIN ORTEZ, REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, WILFREDO MÉNDEZ ROMERO, y REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ.-
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
- Que por disposición del artículo 316 de la Constitución de la República, en donde establece, entre otros acápites, que cuando las sentencias de las Salas se pronuncien por unanimidad de votos se proferirán en nombre de la Corte Suprema de Justicia y tendrán el carácter de definitivas, y cuando No exista unanimidad en la toma de decisión del asunto sometido a su conocimiento los Magistrados que hayan participado en la discusión de la Sala no deben de integrar el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, por lo cual, al haberse emitido un pronunciamiento en la Sala Laboral- Contencioso Administrativo por Mayoría de Votos se remitió al Pleno de la Honorable Corte Suprema de Justicia el caso sub examine, para que sea éste el que resuelva el caso de forma definitiva, en ese sentido y en virtud de que en las presentes diligencias no se logró el fallo por la unanimidad de sus miembros se ordenó la integración de este Alto Tribunal, para que en Sesión de Pleno puede revisar, discutir y valorar tanto la fundamentación de hecho como la fundamentación jurídica del caso concreto y pronunciarse en consecuencia.-
2.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda de casación para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.-
3.- Este Tribunal Supremo, al haber realizada el análisis del expediente de mérito como consecuencia de la impetración del curso de casación y admitido para su conocimiento; considera que previo conocer los motivos de casación deberá pronunciarse sobre la existencia de aspectos formales que denotan situaciones procesales las cuales en el caso de marras han provocado indefensión procesal y vulneración de garantías fundamentales, que son de obligación tutelar por parte de los órganos jurisdiccionales y previo a señalarlas desea de forma previa referirse a la justicia laboral frente al Estado de la forma siguiente: “La administración de justicia es un servicio muy importante que todo Estado democrático tiene la obligación de prestar a sus ciudadanos; tan importante como la educación, la salud, la inclusión social, y debe proporcionarla en condiciones de modernidad y eficiencia. Incluso se ha acuñado la expresión “justicia democrática”, entendiéndose por ésta la enfocada en función del ser humano y que se caracterice por su “independencia, acceso, transparencia, participación ciudadana y tutela judicial efectiva”, precisándose “que sin estos elementos interactuando entre sí, no se puede hablar de una administración de justicia de calidad”[1]. El acceso efectivo a la justicia representa el derecho humano más importante en un sistema legal igualitario moderno que pretenda garantizar y no sólo proclamar derechos[2]. En la medida que los derechos fundamentales en el trabajo constituyen un conjunto mínimo y universalmente aceptado de derechos laborales incorporados en las respectivas legislaciones nacionales y en la cultura laboral de los diferentes países de la región, la Agenda Hemisférica establece dos ámbitos de actuación claramente diferenciables (derecho sustantivo y derecho procesal del trabajo), indicando que “un alto índice de ratificación no es suficiente. Es necesario que estos principios y derechos se apliquen efectivamente. Así, para cualquier principio se propone actuar en dos niveles: en primer lugar, a nivel normativo/institucional, lo que supone contar con leyes adecuadas a las normas internacionales, así como con procedimientos justos y efectivos asociados a estas leyes y con instituciones sólidas que los implementen; (…)[3]. En la Agenda Hemisférica de la OIT se señala que, en el caso de América Latina y el Caribe, el cumplimiento de las normas sobre derechos laborales y, muy especialmente, sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo (objetivo estratégico núm. 1) es un objetivo central de toda política de generación de trabajo decente. Como la OIT ha señalado en reiteradas ocasiones, la región ha avanzado significativamente en la ratificación de estos convenios; sin embargo, ello no significa, lamentablemente, que las legislaciones nacionales se adecuen siempre a los mismos y que, aún adecuándose, se aplique de manera efectiva[4].
4.- Asimismo esta Corte Suprema de Justicia desea citar algunas premisas legales como ser: “Que conforme al artículo 90 de la Constitución de la Republica nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. Que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. - Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente. Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter; además, se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. Que articulo 321 en relación con el 323 de la Constitución de la Republica establece: los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.”
5.- de las referencias y premisas que hemos citado, debemos ser enfáticos en que tanto a nivel nacional como internacional existe jurisprudencia en cuanto a que el acceso a la justicia es un derecho humano que le asiste en forma intrínseca a todas las personas, las cuales a su vez tienen la facultad de constituirse como personas jurídicas y que de igual manera le deviene ese derecho a la protección de la tutela judicial efectiva, de la cual el Estado se compromete a garantizar siendo en el caso de marras los jueces y magistrados que conforman el poder judicial, los obligados a dar una respuesta judicial plena a todas aquellas peticiones que se le someten a su conocimiento a través de los diferentes proceso judiciales. Manteniéndose la obligación por parte de los operadores de justicia en la materia laboral de tener una sensibilidad extrema en cuanto a la obligación de satisfacer esa respuesta judicial plena que se materializa a través de las diferentes resoluciones que se emiten en la forma de autos y sentencias, puesto que la justicia Social laboral, es uno de los factores de orden público tutelado por el Estado para garantizar el bienestar de la colectividad; y a su vez mantener la esfera del equilibrio tutelar protectorio sobre los factores económicos, que generan la producción derivada de la relación capital y trabajo. 5.- es importante reiterar que al ser considerado el derecho laboral un derecho humano fundamental, debemos ser fieles acatadores de lo que nos ordena a través de las diferentes sentencias la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a ejercer el control de convencionalidad, es así que para efectos académicos señalaremos lo que en la sentencia emitida por la CIDH en el caso ALMONACID ARELLANO Y OTROS VRS. CHILE, se soslaya que “…cuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin. Los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles, están en la obligación de ejercer ex officio un “control de convencionalidad” entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana[5], de ello deriva entonces la obligación de garantizar la tutela judicial efectiva, en donde en el caso que os ocupa podríamos hablar del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva consagrado en el inciso en los artículos 1, 90, 303, y 305 de la Constitución de la Republica y cuya cualidad de “efectividad” se desprende de su interpretación, de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos, como es el caso del artículo 8° de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, es un atributo subjetivo que responde a la necesidad de que el proceso cumpla realmente con sus fines a los que está llamado a cumplir, en la medida en que el proceso supone el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado, y comprende un complejo de derechos que forman parte de su contenido básico: el derecho de acceso a la justicia, el derecho al debido proceso, el derecho a una resolución fundada en derecho (criterios jurídicos razonables) y el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales (eficacia procesal). La Corte Suprema de Justicia de Perú a través de diferentes sentencias, ha referido: “ Que el derecho de acceso a la justicia, que forma parte del contenido del derecho de tutela judicial efectiva, no se agota en prever mecanismos de tutela, en abstracto, sino que supone posibilitar al justiciable la obtención de un resultado óptimo con el mínimo de empleo de actividad procesal, con la intención de permitirle acceder de modo real al servicio de justicia y obtenerla en el menor tiempo y al menor costo posible. (…)”[6]
6.- Que en la sentencia de fecha 21 de mayo de 2019, dictada por la Corte de Apelaciones del Municipio Central de Francisco Morazán, mediante la cual se confirma la emitida por el a-quo y consecuentemente declara con lugar la demanda, sin embargo, la misma incumple con el deber de motivación suficiente, razonable y exhaustiva, ya que las sentencias se motivaran expresando los razonamientos facticos que conducen a la apreciación y valoración de la prueba, así como a la implicación interpretación del derecho. El fallo impugnado carece de un análisis exhaustivo y suficientemente razonado de la prueba aportada al proceso, dado que en el existe el material probatorio (como ser la resolución emitida por la parte demandada en fecha 26 de agosto 2016 mediante la cual describió la forma y las condiciones que se aceptó el retiro voluntario del demandante misma que obra a folio 7 del expediente principal, así como el recibimiento del pago de la prestaciones laborales canceladas al demandante y que obra a folio 98 del expediente principal. ) para determinar la convicción del juzgador de instancia, a través de la emisión de los hechos probados que debió declarar el Tribunal Ad-Quem, al momento de confirmar la sentencia emitida por el A-quo, puesto que debió establecer las circunstancias fácticas reales en cómo sucedieron los hechos, determinando la forma en como el demandante realizo su planteamiento de solitud de retiro voluntario y la forma en como el demandado le resolvió ese planteamiento; de igual manera la disposición y captación del pago realizado por la demanda al demandante en concepto de la terminación de la relación laboral, y nacida de la resolución emitida por este último mediante la cual se le acepto el retiro voluntario al trabajador demandante; extremo factico del que carece la sentencia del Ad-Quem, para poder realmente aplicar la norma y la jurisprudencia, y a su vez el encuadramiento jurídico a la pretensión material que invoca el demandante; lográndose observar que la sentencia del Ad-Quem carece de una valoración individual y conjuntiva de la prueba, lo que lo conlleva a no resolver conforme a derecho. Por las falencias antes señaladas en los requisitos internos del fallo impugnado, procede la nulidad del mismo.
7.- El deber de motivación de la resolución judicial implica el plasmar el razonamiento y expresión detallada de las consideraciones y criterios a los que ha arribado y forman su convencimiento y razones en la decisión que constituye su sentencia definitiva, ello vinculado al principio de congruencia, que no es más que resolver conforme a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, por ende, además debe existir una conexión lógica entre lo controvertido u objeto del debate y la resolución judicial que se emite, debiendo entonces emitir para cada petición, aceptada por las partes o controvertida, un pronunciamiento sustentado conforme a lo expuesto en el mismo fallo, consecuentemente es imprescindible la exhaustividad del mismo, es decir, el deber de concluir el proceso con un profundo análisis, tangible y detallada valoración probatoria y la incorporación evidente de la normativa jurídica que le sirve de fundamento y que también permita la posible recurribilidad de la sentencia.
8.- Que al revisarse la sentencia definitiva pronunciada por la Corte de Apelaciones recurrida, que confirma la de primera instancia, de igual manera se aprecia que en la misma se violenta el debido proceso, al no resolver el asunto conforme su deber procesal de congruencia, afectando la tutela judicial efectiva a que toda persona tiene derecho, ya que confirma la de primera instancia donde se declara con lugar la demanda y con lugar parcialmente la excepción perentoria de pago, cuando la pretensión del demandado como motivo de oposición y resistencia fue la interposición de una excepción perentoria de pago, la cual tiene como efecto la destrucción del juicio por tratarse de aquellas excepciones perentorias que destruyen el derecho material que invoca la parte demandante. No obstante el A-Quem no realiza el mínimo esfuerzo intelectivo en desarrollar, el por qué cambia la figura de excepción de pago para denominarla excepción de pago parcial; así mismo al momento de interpretar la cláusula 45 del contrato colectivo, el mismo es realizado de forma arbitraria y sesgada por el Ad-Quem a pesar de ser un reclamo claro mediante expresión de agravio por la parte demandada, en virtud de que de igual manera fue aplicado e interpretado de forma arbitraria por el juez de letras, debemos ser enfáticos que dicha cláusula 45 refiere: “en cuanto pueda darse por terminado el contrato de trabajo de cualquier trabajador por mutuo consentimiento, pudiendo gozar hasta el 100% de prestaciones al que tiene derecho el trabajador” no obstante el Ad-Quem sin explicar ni motivar las razones del por qué da la razón al actuar arbitrario del A-quo, en cuanto a la interpretación de la cláusula aludida, ya que se limita a referir que el pago del 100% de las prestaciones es porque así lo dispuso la juzgadora, cuando su obligación era la de realizar un análisis y aplicación de dicha cláusula puesto que la misma no establece de forma tajante que terminación de la relación laboral por mutuo consentimiento produce de forma automática el pago del 100% de las prestaciones a que tiene derecho el trabajador; verbigracia expondremos la jurisprudencia de esta Corte Suprema de Justica en cuanto a que un trabajador demandante no puede impetrar una demanda exigiendo reintegro, cuando este ha hecho uso y goce del pago de prestaciones, siendo improcedente que este pueda realizar las exigencias de ambas pretensiones de forma simultánea cuando ya ha demostrado una satisfacción derivada de una de estas, señalamos para ello las sentencias CL119-11 y 513-2018, entonces es así que el caso de marras de igual manera debe el tribunal Ad-Quem realizar ese ejercicio intelectivo de establecer si fácticamente existieron circunstancias por parte del demandante en aceptar conforme la captación de dicho pago que se deriva de la resolución emitida por la parte demanda estableciendo si este hizo o no uso del mismo, o si demostró de forma tácita o expresa la aceptación sobre la eficacia de la resolución que ahora reclama como nula.
9.- Que si bien es cierto. el Juzgador en esta materia, no estará sujeto a la tarifa leal de pruebas, y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes, pero siempre se encuentra obligado a indicar en la parte motivada de la sentencia, los hechos y circunstancias que causaron su convencimiento, así como el encuadramiento jurídica de esta; y de igual manera la aplicación e interpretación de norma de la forma correcta, lo cual no se realizó debidamente el A-Quem, el cual en apego a lo que establecen los artículos 701, 705 en relación con el artículo 715.1 del Código Procesal Civil aplicado en forma supletoria, en cuanto a la obligación del Ad-quen de ser garante de la o existencia de nulidades absolutas que se derivan de la infracción a las garantías fundamentales que le asiste a toda persona en un proceso.
10.- Para efectos de ilustración este tribunal supremo señala que NULIDAD ABSOLUTA: “Es una manifestación de la ineficacia procesal relevante, la cual viola norma que protege el interés público, ante la falta de un elemento esencial para que un acto procesal produzca efecto. Es insubsanable. Puede declararla el juez de oficio. A diferencia, la nulidad parcial viola norma que protege el interés de parte. El error es subsanable. Se declara de oficio. No produce efectos hasta que se subsana (si se subsana). El Supremo Tribunal de Perú ha señalado recogiendo el concepto del profesor Manuel Serra Domínguez que la nulidad absoluta se presenta siempre que un acto procesal (o actos procesales cuyo conjunto hacen el proceso) adolezca de una circunstancia fijada en las leyes procesales como necesaria para que el acto produzca sus efectos.[7].
11.- que al haber concluido esta Corte Suprema de Justicia del porque el derecho laboral es un derecho humano, cuyo fin es la producción de una verdadera justica social, la misma al ser de bienestar colectivo en general, produce como orden público su tutela; y es por ello que inclusive la nulidad absoluta debe ser apreciada de oficio por cualquier Órgano Jurisdiccional como lo es esté Tribunal Supremo; inclusive si quisiésemos aplicar esa oficiosidad bajo la panóptica de la superioridad del Código Procesal Civil como norma reguladora de nulidades podemos observar que el legislador prevé en su artículo 701.3 en relación con el artículo 728.2 que efectivamente se puede contemplar de oficio aquellas situaciones que acarrean infracciones a garantías fundamentales, puesto que cuando se desestima un recurso de casación solo se hará caso omiso a infracciones procesales cuando considere que, pese a ello, el fallo es ajustado a derecho, desestimará el recurso de casación pero procederá a corregir la motivación jurídica en el sentido que corresponda, para dar al fallo la adecuada fundamentación.
12.- Es por las razones antes expuestas, que es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida.
POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha 21 de mayo del 2019, visible a folios del 11 al 13 de la segunda pieza. 2) SIN COSTAS Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó la Magistrado Integrante YIMY DANIEL CHIRINOS ORELLANA. NOTIFIQUESE.
Expediente S.L. 470-219
[1] Mora Mora, Luis Paulino, “Una justicia democrática para la Costa Rica del siglo XXI”, Poder Judicial, Costa Rica, pág. 3.
2 Capelletti, Mauro, Garth, Bryant. El acceso a la justicia: la tendencia en el movimiento mundial para hacer efectivos los derechos (1ra Edición). México: Fondo de Cultura Económica, 1996; pág. 12-13.
[2]
[3] OIT, Trabajo decente en las América: una agenda hemisférica, 2006-2015, Informe del Director General, Juan Somavia, XVI Reunión Regional Americana, Brasilia, Oficina Internacional del Trabajo, mayo de 2006 (el subrayado es nuestro), pág. 21.
[4] Ibídem, pág. 31.
[5] Cfr.Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, supra, párr. 124, y Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas Vs. República Dominicana, supra, párr. 311.
[6] Ver sentencia del 28 de enero de 2003, recaída en el expediente Nº 1546-2002-AA/TC-Lima, publicada en el Diario Oficial El Peruano el día 4 de noviembre de 2003. La sentencia emitida en el expediente Nº 1087- 2004-AA/TC Lambayeque de fecha 20 de setiembre de 2004
[7] ver casación Nº 1269-2003 Cajamarca de fecha 8 de setiembre de 2004 expedida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de la República, publicada en el Diario Oficial El Peruano el día 28 de febrero de 2005