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Sentencia CL-448-18 — Registro 12412

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la excepción de transacción y pago y sin lugar demanda ordinaria laboral para el pago de cantidades adeudadas por no otorgar un reajuste salarial en base al porcentaje del IPC por contratación colectiva en el año 2014 y 2015, pago de reajuste de prestaciones e indemnizaciones laborales por no otorgar un reajuste salarial en base al porcentaje del IPC por contratación colectiva

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible, en virtud de que el error de hecho, implica conclusiones ostensiblemente contrarias a lo establecido en el juicio, ya sea por falta de apreciación de la prueba o por defectuosa apreciación de la misma, es decir, en los casos en que el juzgador incurra en una manifiesta y evidente equivocación y por ello en las situaciones de hechos dudosos tiene la libertad de decidir el asunto por los extremos que considere mejor demostrados en el proceso. En adición, se sostiene que el error de hecho proviene de la falta de apreciación de la prueba singularizada, entre la cual aparecen algunos que si fueron estimados por el Juzgador y por ello ha faltado a la claridad y precisión que se requiere en este extraordinario recurso."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..." Que el cargo que antecede resulta inadmisible, ya que en su explicación hace referencia a los hechos debatidos y el material probatorio, cuando la violación directa de la ley, sea por infracción directa o falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea, según reiterada jurisprudencia de la Corte, parte de la base de que la sentencia no aplique la norma que regula el caso debatido y establecido en el proceso, o que la aplique a un hecho no demostrado en él, o que la haga producir efectos contrarios a la norma o no deduzca las consecuencias en ella previstas. La clave de este género de violación es ante todo la actitud de manifiesta rebeldía del sentenciador contra la norma legal, de abuso o desacierto en su aplicación, como cuando, por ejemplo, estando acreditado el contrato de trabajo en el proceso, deja de aplicarse la norma que lo regula, con todas sus consecuencias, o se la aplica no estando comprobado"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Nuevamente en el anterior cargo se indica como infringida una disposición que no es del orden laboral (artículo 2001 del Código Civil), la cual por ello carece del carácter de norma sustantiva, es decir, la misma no impone obligaciones y derechos recíprocos o correlativos al trabajador y patrono, o bien los extinga."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el anterior cargo reúne los requisitos necesarios para su admisión, habiéndose formulado con la suficiente precisión y claridad."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..." Por otro lado, en relación a la EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PRESCRIPCIÓN de la acción opuesta por la demandada, la misma no puede prosperar, ya que no ha sido expuesta con la suficiente claridad y precisión, dado que su fundamento jurídico no tiene concordancia con el término de prescripción alegado, porque los dos meses a que hace referencia ese artículo 867 del ordenamiento jurídico laboral, es aplicable como lo establece dicha disposición, para todos los derechos y acciones provenientes del Código de Trabajo, de sus reglamentos o de las demás leyes de trabajo o previsión social, que no se originen directamente en contratos de trabajo, siendo lo reclamado derivado del contrato colectivo de trabajo, no se ajusta a dicha situación; por otro, aunque fuera aplicable dicho precepto, que reiteramos no lo es, ese término de prescripción ha sido interrumpido, al haber la demandada reconocido expresamente el derecho reclamado, habiendo realizado un pago parcial del mismo"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 864 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Civil, art. 2292 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..." El artículo 53 del Código del Trabajo, establece: “Que el Contrato Colectivo es todo convenio escrito relativo a las condiciones de trabajo y empleo celebrado entre un patrono, un grupo de patronos o una o varias organizaciones de patronos, por una parte y por otra una o varias organizaciones de trabajadores, los representantes de los trabajadores de una o más empresas o grupos de trabajadores asociados transitoriamente.” XXIV.- Que los contratos colectivos obligan a sus firmantes, así como a las personas en cuyo nombre o representación se celebran. - Los patronos y trabajadores obligados por un contrato colectivo no pueden estipular condiciones contrarias a las del mismo en los contratos individuales de trabajo. La convención colectiva no podrá concertase en condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas en contratos en vigor dentro de la propia empresa. XXV.- El superior valor de los derechos fundamentales debe ser criterio orientador en la interpretación y aplicación del Derecho, en el caso específico del Derecho Laboral, deben también tenerse muy en cuenta los principios que le informan; que las normas de trabajo y seguridad social son de orden público y, por ello, se le niega eficacia a los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos laborales.. "...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 53 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 55 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 60 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 11 de marzo del 2019, por el Abogado JOSE RAMON MARTINEZ BONILLA, en su condición de representante procesal del señor OMAR EDUARDO CARRANZA QUIROZ, como recurrente; además, es parte recurrida, la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE), representado en juicio, por el Abogado ROGER EDGARDO URQUÍA RODRIGUEZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para el pago de cantidades adeudadas por no otorgar un reajuste salarial en base al porcentaje del IPC por contratación colectiva en el año 2014 y 2015, pago de reajuste de prestaciones e indemnizaciones laborales por no otorgar un reajuste salarial en base al porcentaje del IPC por contratación colectiva, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 21 de abril del 2016, por el señor OMAR EDUARDO CARRANZA QUIROZ, mayor de edad, unión libre, hondureño, Electricista y de este domicilio, contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE), por medio de su representante legal el señor JESUS ARTURO MEJIA ARITA, representado en juicio por el Abogado ROGER EDGARDO URQUIA RODRIGUEZ. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia definitiva de fecha 15 de junio del 2018 dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia definitiva de fecha 24 de abril del 2018 proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, la que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR LA EXCEPCION TRANSACCIÓN Y DE PAGO, opuesta por el representante procesal de la parte demandada; 2) Declarando SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por OMAR EDUARDO CARRANZA QUIROZ, Contra LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), a través de su Gerente General señor JESUS ARTURO MEJIA ARITA en cuanto al pago de cantidades adeudadas por no otorgar un reajuste salarial en base al porcentaje de Índice de Precios al Consumidor por contratación colectiva en el año 2014 y 2015. pago reajuste de prestaciones e indemnizaciones laborales por no otorgar un reajuste salarial en base al porcentaje del Índice de Precios al Consumidor por contratación colectiva; en consecuencia, 3) ABSUELVE A LA DEMANDADA LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), a través de su Gerente General señor JESUS ARTURO MEJIA ARITA, a pagar a OMAR EDUARDO CARRANZA QUIROZ, cantidades adeudadas por no otorgar un reajuste salarial en base al porcentaje de Índice de Precios al Consumidor por contratación colectiva en el año 2014 y 2015, Pago reajuste de prestaciones e indemnizaciones laborales por no otorgar un reajuste salarial en base al porcentaje de Índice de Precios al Consumidor por contratación colectiva; 4) Declarando SIN LUGAR la EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN alegada por la parte demandada; 5) Declarar SIN COSTAS.” ANTECEDENTES DE HECHO. 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inició a laborar para la demandada el 3 de marzo de 1992, en el puesto de Electricista de Distribución II, devengando un salario ordinario mensual de L.25,070.97 y un salario promedio mensual de L.75,907.84, que según la cláusula No. 51 párrafo último del Contrato Colectivo 2011-2013, a partir de enero del año 2014 le correspondía un ajuste salarial equivalente al 5.18% referente al porcentaje del índice inflacionario del año 2013, y para enero del año 2015 un ajuste del 6.11%, tal como lo establece el artículo 69 del Código del Trabajo y la Cláusula 70 del Contrato Colectivo, por lo que su salario mensual debió ascender para el año 2014 a L.79,839.87 y para el año 2015 a L.84,718.08. En fecha 27 de mayo del 2015 las partes firmaron un acta dando por terminada su relación laboral por mutuo acuerdo, ofreciéndole la demandada la cantidad de L.1,833,495.99, en concepto de prestaciones e indemnizaciones laborales, sin embargo no tomó en cuenta los reajustes salariales de los años 2014 y 2015, los cuales de conformidad con el principio de irrenunciabilidad le corresponden al demandante, a pesar de haber firmado un documento en donde eximía a la demandada de dicho pago, ya que son derechos irrenunciables, además alega que el acta firmada no constituye una transacción, por tal razón no es válido como un acto eximente de responsabilidad, de igual forma la Sala Laboral Contencioso Administrativo tiene el criterio que para que el pago sea liberatorio de responsabilidad debe ser oportuno, razonable y completo en sus conceptos, por lo que al no tomar en cuenta los reajustes salariales correspondientes no cumple con dichas condiciones. Dándose por agotada la vía administrativa correspondiente en virtud que las partes no llegaron a un acuerdo conciliatorio. 2. La parte demandada, EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE), contestó dicha demanda señalando que ambas partes llegaron a un convenio por mutuo consentimiento dando por terminada su relación laboral, reconociéndole al demandante la totalidad de sus prestaciones e indemnizaciones laborales conforme al cálculo elaborado por la Secretaría del Trabajo, al tenor de los artículos 111 numeral 2) y 379 del Código del Trabajo, por lo que al haberse efectuado dicho pago se extinguió su obligación resultando improcedente el reclamo de reajuste salarial, salarios adeudados y reajuste del pago de prestaciones, asimismo alegó que la demandante faltó a la buena fe con la que suscribió el convenio de mutuo acuerdo, puesto que pretende desconocerlo bajo argumentos superfluos de aprovechamiento y defraudación. En la audiencia primera de trámite opuso las excepciones perentorias de prescripción, pago y transacción. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 24 de abril del 2018 dictó sentencia definitiva declarando CON LUGAR las excepciones perentorias de transacción y de pago, opuestas por el representante procesal de la parte demandada, SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por el señor Omar Eduardo Carranza Quiroz, contra la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), a través de su Gerente General señor Jesús Arturo Mejía Arita, en cuanto al pago de cantidades adeudadas por no otorgar un reajuste salarial en base al porcentaje de índice de precios al consumidor por contratación colectiva en los años 2014 y 2015, pago de reajuste de prestaciones e indemnizaciones laborales por no otorgar un reajuste salarial en base al porcentaje del índice de precios al consumidor por contratación colectiva, ABSOLVIÓ a la demandada a pagar a favor del demandante las cantidades adeudadas por no otorgar un reajuste salarial en base al porcentaje del índice de precios al consumidor por contratación colectiva en los años 2014 y 2015, pago reajuste de prestaciones e indemnizaciones laborales por no otorgar un reajuste salarial en base al porcentaje de índice de precios al Consumidor por contratación colectiva, SIN LUGAR la excepción de prescripción alegada por la parte demandada, sin costas. Bajo el criterio, que en materia laboral rige el principio de la norma más favorable al trabajador, por lo que aplicando de forma supletoria el artículo 43 de la Ley del Salario Mínimo el cual establece: "La acción derivada del derecho que se reconoce en el artículo 39 de esta Ley, prescribirá en 2 años contados a partir de la fecha que ocurrió la causa que motiva un ejercicio", por lo que al relacionar la fecha de pago de las prestaciones es decir el 2 de junio del 2015, a la fecha del reclamo administrativo el 22 de febrero de febrero del 2016, ya habían transcurrido 8 meses 20 días, estando dentro del término de 2 años para acudir a accionar su derecho, motivo por lo que no procede la excepción de prescripción opuesta por la parte demandada. Siendo que la pretensión de la acción interpuesta es el reclamo del pago del complemento de prestaciones, y ya el demandante terminó su relación por mutuo acuerdo, tal como consta en el acta levantada ante la autoridad del trabajo correspondiente, misma que recoge el consentimiento de ambas partes donde pactaron la cantidad indemnizatoria en concepto de pago de prestaciones, y que la parte demandada cumplió en su totalidad, por ello declara sin lugar la demanda. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha 15 de junio del 2018, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas. Bajo el criterio que no se aportó ninguna prueba al proceso donde se acreditara que la demandada fue condenada por Tribunal alguno a la aplicación del incremento del índice inflacionario, y siendo que el demandante liberó de toda responsabilidad laboral a la empresa demandada desde el momento de aceptó el pago de L.1,833,495.99, correspondiente a sus prestaciones e indemnizaciones laborales ante la presencia de la Inspectoría del Trabajo, y al no haber hecho ninguna manifestación referente a que se le adeudaban los incrementos de salarios correspondientes a los años 2014 y 2015, así como por haberse demostrado que la demandada canceló la totalidad de lo convenido, declaró con lugar la excepción de transacción y de pago, confirmando la sentencia dictada por el Tribunal de primera instancia. 5. Mediante auto de fecha 5 de febrero del 2019, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación laboral interpuesto por el Abogado JOSE RAMON MARTINEZ BONILLA, en su condición de representante procesal del señor OMAR EDUARDO CARRANZA QUIROZ, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha 11 de marzo del 2019, compareció ante éste Tribunal el Abogado JOSE RAMON MARTINEZ BONILLA, formalizando su demanda, exponiendo 5 motivos de casación y solicitando la nulidad subsidiaria de la sentencia, por lo que mediante providencia de fecha 13 de marzo del 2019 se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 23 de abril del 2019,se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por el Abogado ROGER EDGARDO URQUIA RODRIGUEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda de casación para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que el Abogado JOSE RAMON MARTINEZ BONILLA, en su primer motivo de casación alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva nacional, en infracción indirecta proveniente de falta de apreciación de los medios de prueba documental publico propuesta y admitida a la parte demandante que obra a folio 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 51 y 52; el prueba inciso b) de la documental mediación exhibición propuesta y admitida a la parte demandante que obra a folio 53, 55, y 56; que hizo incurrir en un error de hecho que aparece manifestó en los autos y que conllevo a en forma indirecta a la violación de la norma sustantiva de orden nacional contentiva del artículo 95 numeral 1 del Código del Trabajo. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de la norma sustantiva señalada están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el artículo 765 numeral primero, parágrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO: Señalo que la Corte de Apelaciones, al momento de emitir el fallo, objeto del presente recurso cometió una infracción indirecta de la ley, mediante la falta de apreciación a los medios de prueba documental publica consistente en: comprobantes de pago de salario del demandante de los meses de noviembre de 2014 a mayo de 2015 (folio 34 al 40), copia de las paginas 74, 75, 76, 77 del contrato colectivo suscrito entra la ENEE y el STENEE que contiene la cláusula 51 del mismo (folio 41 y 42), Informe del Banco Central de Honduras que contiene el Índice de Precios al Consumidor de los arios 2012, 2013, 2014 y 2015 (folio 50 al 52), la prueba consistente en el numeral b) documental mediación exhibición de documentos propuesta y admitida a la parte demandante cuya evacuación obra a folio 53, 55, y 56, que la hizo incurrir un error de hecho y este en la violación del artículo 95 numeral 1 del Código del Trabajo Ha existió una falta de parecían de los medios de prueba singularmente señalados en virtud de que en que a través de dichos medios de prueba se acredito fehacientemente en el juicio que la parte empleadora no ha aplicado al demandante el incremento del índice inflacionario (ver folio53) reclamado en el presente juicio, ya que en estas pruebas se aprecian todos los salarios devengados por el trabajador desde le periodo de enero de 2014 hasta mayo de 2015 (fecha de terminación de la relación laboral) y siendo que dicho incremento salarial esta pactado en el Contrato Colectivo, es que de haber sido apreciada dicha prueba, la Corte de Apelaciones hubiese llegado al convencimiento que la empleadora incumplió con su obligación establecida en el artículo 95 numeral 1 del Código del Trabajo que de manera suscita establece que el patrono esta obligación a pagar la remuneración pactada en los contratos colectivos. Se señala que ha existo una falta de apreciación en virtud de que la Corte de Apelaciones es del parecer que la parte demandante no acredito que se le deba de pagar o aplicar el Índice inflacionario reclamado, sin embargo mediante toda la prueba propuesta y evacuado si se acredito que los empleados de la ENEE, incluidos el demandante, tiene derecho a que se les ajuste el salario en base al Índice de precios al Consumidor por la cláusula 51 del Contrato Colectivo (folio 41 y 42), índice este que igualmente se acredito (ver folio50 al 52) y se acredito que el salario del demandante desde el año 2014 hasta la fecha en que finalizó la relación laboral (mayo 2015) no ha sido objeto del ajuste salarial en base al porcentaje de índice inflacionario (folio 34 al 40, 55 y 56). Ante lo cual de manera evidente ha existo una falta de apreciación de todos estos medios de prueba singularmente citados, ya que mediante estos ciertamente se acredito que se adeudan los derechos objeto del juicio y de haber sido apreciada dicha prueba la corte hubiese condenado estos conceptos y respetado la norma sustantiva. De igual manera y siendo que el presente juicio tiene por objeto el ajuste salarial de 2014 y 2015 en base al IPC, y tomando en cuenta que las prestaciones se pagan tomando como base los salarios que percibe el trabajador, es que de la misma manera que se acredito que procede el ajuste de salario es que procede el ajuste de prestaciones laborales. A todo lo anterior cabe señalar que esta misma honorable Corte Suprema de Justica por medio de la Sala Laboral, ha establecido de manera Jurisprudencial que los la participación de los inspectores de trabajo si bien tiene por objeto velar se respete el Principio de Irrenunciabilidad, esta actuación no se encuentra exenta de errores, por lo que los jueces debe revisar dicha actuaciones (ver folio 45 al 49); se señala esto en virtud de que al existir una ausencia de valoración de los medios de prueba señalados previamente, el Juez de primera instancia así como la Corte de Segunda, han obviado e inobservado totalmente lo ordenado por esta Sala Laboral en sus fallos CL-500-14, CL-12-2006 y CL-125-2006, al únicamente estudiar y valorar el acta determinación de relación laboral. Aunando a todo esto es de recordar que esta Sala Laboral ha dejado establecido mediante jurisprudencia reiterada que para que el pago sea liberatorio de responsabilidad este debe ser completo, oportuno y razonable, según se deja dicho en el fallo de fecha veintiséis de febrero del dos mil trece que obra en el expediente CL-106-12; por lo tanto y siendo que los tribunales de primera y segunda instancia no apreciaron la prueba con la que esta representación acredito el pago incompleto por parte de la demandada, es que cometieron el error de hecho que aparece manifestó en los autos y que conllevo a en forma indirecta a la violación de la norma sustantiva de orden nacional contentiva del artículo 95 numeral 1 del Código del Trabajo.” III.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible, en virtud de que el error de hecho, implica conclusiones ostensiblemente contrarias a lo establecido en el juicio, ya sea por falta de apreciación de la prueba o por defectuosa apreciación de la misma, es decir, en los casos en que el juzgador incurra en una manifiesta y evidente equivocación y por ello en las situaciones de hechos dudosos tiene la libertad de decidir el asunto por los extremos que considere mejor demostrados en el proceso. En adición, se sostiene que el error de hecho proviene de la falta de apreciación de la prueba singularizada, entre la cual aparecen algunos que si fueron estimados por el Juzgador y por ello ha faltado a la claridad y precisión que se requiere en este extraordinario recurso. IV.- Que el mismo Recurrente, en el segundo motivo de casación, expone: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva nacional, en infracción indirecta proveniente de apreciación errónea de los medios de prueba: documental público propuesta y admitida a la parte demandante que obra a folio 26, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 51 y 52; la prueba inciso b) de la documental mediación exhibición de documentos propuesta y admitida a la parte demandante que obra a folio 53, 55, y 56 que hizo incurrir en un error de hecho que aparece manifestó en los autos y que conllevo a en forma indirecta a la violación de la norma sustantiva de orden nacional contentiva del artículo 95 numeral 1 del Código del Trabajo. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de la norma sustantiva señalada están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el artículo 765 numeral primero, parágrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO: Señalo que la Corte de Apelaciones, al momento de emitir el fallo, objeto del presente recurso cometió una infracción indirecta de la ley, mediante la apreciación errónea de los medios de prueba documental publicado admitido a la parte demandante que contiene el acta de terminación de la relación laboral (folio 26 y 33), documental publica consistente en: comprobantes de pago de salario del demandante de los meses de noviembre de 2014 a mayo de 2015 (folio 34 al 40), copia de las paginas 74, 75, 76, 77 del contrato colectivo suscrito entra la ENEE y el STENEE que contiene la clausal 51 del mismo (folio 41 y 42), Informe del Banco Central de Honduras que contiene el Índice de Precios al Consumidor de los años 2012, 2013, 2014 y 2015 (folio 50 al 52), la prueba consistente en el numeral b) documental mediación exhibición de documentos propuesta y admitida a la parte demandante cuya evacuación obra folio 53, 55, y 56, que la hizo incurrir en la violación del artículo 95 numeral 1 del Código del Trabajo, ya que la valoración que e le tuvo que dar a dicha prueba es que no puede existir renuncia por parte de los trabajadores de los derechos laborales que a este le corresponden y que en el presente caso nace de la negociación colectiva, y posteriormente condenar a los mismos ya que la norma sustantiva nacional así lo ordena.” V.- Que el anterior cargo reúne los requisitos necesarios para su admisión, habiéndose formulado con la suficiente precisión y claridad. VI.- El Impetrante, en su tercer motivo sostiene: “Acuso ser la sentencia de violatoria de ley sustantiva de orden nacional, por interpretación errónea del artículo 379 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el artículo 765 numeral primero, parágrafo primero del Código del Trabajo EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Ha existo una evidente interpretación errónea del artículo 379 del Código del Trabajo que señala la obligación de celebrar ante las autoridades de trabajo todos los actos de compensación, liquidación, transacción o convenio entre obrero y patrono para su validez y siendo que regula una obligación es que efectivamente se constituye en una norma sustantiva de orden nacional, siendo estas las que consagran derechos y obligaciones correlativos. Asimismo, y previo a continuar con el desarrollo de este motivo, dejo establecido que el hecho debidamente comprobado es que de conformidad a la cláusula 51 del contrato colectivo a mi representado se le tuvo que ajustar el salario en base al IPC y no lo percibió y que se dio por terminada la relación laborar ante una autoridad de trabajo y en este acto el trabajador libero de responsabilidad laboral presente, pasada y futura al patrono, pese a que se le adeuda dicho ajuste salarial y consecuentemente ajuste de prestaciones; señalado honorable Corte, que esta representación es del parecer que dicha renuncia es nula. Dicho o anterior, la Corte de Apelaciones aplica y valora dicha norma, en el sentido que por el hecho que la terminación de la relación laboral ha sido en presencia de una autoridad de trabajo es válida la liberación de responsabilidad presente, pasada y futura realizada por el trabajador; y sin importar que se le adeuden más derechos, y por el simple hecho que se efectuó de esta manera la terminación de la relación laboral no proceden los conceptos reclamados en juicio. Sin embargo, esta misma honorable Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral como unificador de jurisprudencia, ha establecido con relación al artículo 379 de Código del Trabajo lo siguiente: "para fines jurisprudenciales, es pertinente aclarar que la terminación del contrato por mutuo acuerdo o consentimiento de las partes, es aquel acuerdo que se manifiesta por la voluntad expresa y libre de las mismas, respetándose en todo caso lo relativo al orden público laboral, lo cual equivale a que no se puede restringir, disminuir o tergiversar los derechos que a favor del trabajador aparecen contemplados en el ordenamiento jurídico que rige la maría; la participación o no de un inspector de trabajo en tal acuerdo, si bien tiene como propósito garantizar el respeto a los principios protectorio y de irrenunciabilidad que enmarcan lo anterior, no quiere decir necesariamente, que su actuación esté libre de incurrir en errores o que no se cumpla debidamente con ese papel tutelado o que a la inversa, por no haberse celebrado ante su presencia se pueda presumir una violación de los derechos inherentes a la relación laboral, derivado de la omisión de esa formalidad, ya que esa situación al ser revisada por el juzgador en sede judicial, el mismo se encuentra obligado a velar por el respeto de esos derechos, tal y como se ha dejado establecido en las sentencias dictadas en los expediente CL-12-2006 y CL 125-2006". (Ver fallo CL-500-14 a folio 45 al 49) Esto quiere decir que la interpretación que se le ha dado a dicho artículo por este máximo Órgano judicial es que la participación o no de un inspector de trabajo es una formalidad que no se traduce en que efectivamente se respeten los derechos laborales por este, por lo tanto los jueces están obligados a revisar si en dichos actos ha existido violación o no de derechos de orden público, y no valorar dicho actos como válidos por el simple hecho que hayan sido celebrados en base al artículo 379 del Código del Trabajo; tal y como ha sido en el presente caso en el que mi representado libero a la demandada de pagarle su ajuste salarial en base al IPC de los años 2014 y 2015 y consecuente ajuste de prestaciones e indemnizaciones laborales; y el juez de primera instancia así como la corte de segunda son del criterio que por haber sido efectuado ante esta autoridad de trabajo es válida esta renuncia de mi representado, alejándose así del Principio de Irrenunciabilidad que impera en esta materia del derecho con un espíritu protector. Ante todo, lo expuesto, de manera evidente identificamos que se ha violentado artículo 379 del Código del Trabajo por haber sido interpretado erróneamente y alejado a lo que esta misma Sala Laboral ha dejado establecido y lo que establecen los Principios del Derecho del Trabajo. Agrego a todo lo anterior, que es de suma importancia hacer respetar le criterios de esta Sala Laboral, ya que pierde completo sentido, el hecho que se emitan fallos en casaciones con aparatos que incluyan criterios jurisprudenciales que los Jueces y Cortes de Apelaciones se alejen a estos; pese a que se desarrollen y expongan debidamente en los procesos.” VII.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible, ya que en su explicación hace referencia a los hechos debatidos y el material probatorio, cuando la violación directa de la ley, sea por infracción directa o falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea, según reiterada jurisprudencia de la Corte, parte de la base de que la sentencia no aplique la norma que regula el caso debatido y establecido en el proceso, o que la aplique a un hecho no demostrado en él, o que la haga producir efectos contrarios a la norma o no deduzca las consecuencias en ella previstas. La clave de este género de violación es ante todo la actitud de manifiesta rebeldía del sentenciador contra la norma legal, de abuso o desacierto en su aplicación, como cuando, por ejemplo, estando acreditado el contrato de trabajo en el proceso, deja de aplicarse la norma que lo regula, con todas sus consecuencias, o se la aplica no estando comprobado. VIII.- Que en el cuarto motivo de casación se señala: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva nacional, en infracción indirecta proveniente de apreciación errónea de los medios de prueba: documental público propuesta y admitida a la parte demandante que obra a folio 26, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 51 y 52; la prueba inciso b) de la documental mediación exhibición de documentos propuesta y admitida a la parte demandante que obra a folio 53, 55, y 56 que hizo incurrir en un error de hecho que aparece manifestó en los autos y que conllevo a en forma indirecta a la violación de la norma sustantiva de orden nacional contentiva del artículo 1422 del Código Civil. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de la norma sustantiva señalada están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el artículo 765 numeral primero, parágrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO: Señalo que la Corte de Apelaciones, al momento de emitir el fallo, objeto del presente recurso cometió una infracción indirecta de la ley, mediante la apreciación errónea de los medios de prueba documental publicado admitido a la parte demandante que contiene el acta de terminación de la relación laboral (folio 26 y 33), documental publica consistente en: comprobantes de pago de salario del demandante de los meses de noviembre de 2014 a mayo de 2015 (folio 34 al 40), copia de las paginas 74,75, 76, 77 del contrato colectivo suscrito entra la ENEE y el STENEE que contiene la clausala 51 del mismo (folio 41 y 42), Informe del Banco Central de Honduras que contiene el Índice de Precios al Consumidor de los años 2012, 2013, 2014 y 2015 (folio 50 al 52), la prueba consistente en el numeral b) documental mediación exhibición de documentos propuesta y admitida a la parte demandante cuya evacuación obra a folio 53, 55, y 56, que la hizo incurrir en la violación del artículo 1422 del Código Civil. Dicho lo anterior, tanto en la primera como en la segunda instancia tiene por acreditado que la demandada pago de manera completa todas las obligaciones derivadas de la relación laboral, sin embargo esta conclusión a la que llegan, es debido a una apreciación errónea de las pruebas singularmente descritas, puesto que se acredito en juicio que a mi representado no se le pago de manera completa, en virtud de quedarle debiendo el ajuste salarial en base al IPC de los años 2014 y 2015 así como el consecuente ajuste de prestaciones e indemnización laborales por este mismos concepto; por lo que esta apreciación errónea de las pruebas causo que un error de hecho que hizo incurrí a la tribunales de primera y segunda instancia en la violación de artículo 1422 del Código Civil que establece que se entenderá pagada una deuda cuando completamente se cumpla la obligación. En virtud de lo anterior, de haber sido valorada de manera correcta la prueba, los tribunales de primera y segunda instancia hubiese llegado a la convicción que no existió un pago completo, y no hubiese violentado así el artículo 1422 del Código Civil. Recordado en todo momento que esta Sala Laboral ha dejado establecido mediante jurisprudencia reiterada que para que el pago sea liberatorio de responsabilidad este debe ser completo, oportuno y razonable, según se deja dicho en el fallo de fecha veintiséis de febrero del dos mil trece que obra en el expediente CL-106-12; pago este queen el caso de autos no fue así, sin embargo, a causa de una apreciación errónea de la prueba no se llegó a tal convencimiento. Asimismo, articulo 1422 del Código Civil determina que se entenderá pagada una deuda cuando completamente hubiese entregado la cosa o hecho la prestación objeto de la obligación, por lo que la sentencia objeto de este recurso violenta el artículo en mención, cuando es del parecer que se han pagado todos los conceptos pactados en el acta de terminación de la relación laboral y esto provoca la extinción la obligación; sin embargo olvida que dicha norma sustantiva ordena que el pago debe ser completo para que se tenga por pagada la deuda y en el presente caso no fue así tal según se acredito en juicio. Por lo tanto y siendo que el pago efectuado por la parte patronal no fue completo por no haberse incluido en este el ajuste salarial en base al IPC de los arios 2014 y 2015 ni el consecuente ajuste de prestaciones e indemnización laborales por este mismo concepto, es que vemos de manera evidente que en la sentencia objeto del presente recurso ha incurrido en un error de hecho que aparece manifestó en los autos y que conllevo a en forma indirecta a la violación de la norma sustantiva de orden nacional contentiva del artículo 1422 del Código Civil, puesto que se acredito en autos un pago incompleto y en la sentencia se llega a la conclusión que el pago si fue completo.” IX.- Que en el anterior cargo se indica como infringido el artículo 1422 del Código Civil, el cual no es del orden laboral y por ello carece del carácter de norma sustantiva, debiéndose recordar que una disposición tiene esa naturaleza cuando impone obligaciones y derechos recíprocos o correlativos a trabajadores y patronos, o bien los extinga. X.- En el quinto y último motivo de casación se arguye: “Acuso ser la sentencia de violatoria de ley sustantiva de orden nacional, por infracción directa también conocida como "falta de aplicación" del artículo 2001 del Código Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el artículo 765 numeral primero, parágrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO: Inicialmente deja aclarado que el hecho debidamente comprobado, aceptado por las partes y reconocido por el juez es el siguiente: que la terminación de la relación laboral se efectuó ante un inspector de trabajo y en esta se liberó de responsabilidad laboral presente, pasada y futura al patrono, pese a que los trabajadores se encuentran imposibilitados de renunciar a sus derechos. Dicho esto, el artículo 2001 del Código Civil, el cual no fue aplicado, establece que solo puede transigir la persona capaz de disponer de los objetos de la transacción; dicho en otras palabras, que no se puede disponer en materia de transacciones de derechos que por orden público de los cuales las personas no disponen; tal y como es la materia laboral por medio de su Principio de Irrenunciabilidad que es traducido en el sentido que está prohibido cualquier acto en el que los trabajadores dispongan en su propio perjuicio de derechos, igualmente por media de la limitación de la autonomía de la voluntad de las partes de esta materia del derecho. Se señala lo anterior en virtud de que mi representado dispuso en su propio perjuicio de los derechos derivados de la contratación colectiva, al renunciar a los mismos en el momento que libero de toda responsabilidad laboral presente pasada y futura a su empleador. Consecuentemente, es que tanto el Juez del Trabajo y la Corte de Apelaciones del Trabajo, se revelaron ante la ley y no aplicaron el artículo 2001 del Código Civil, al ser del criterio que es válida la liberación de responsabilidad realizada por el trabajador y tener por bien hecha esta transacción en la que existe renuncia de derechos de orden público, cuando la presente norma de orden sustantivo que se considera violentada no lo permite; ante lo cual identificamos la procedencia del este motivo. Nuevamente y sin perjuicio de lo descrito en los párrafos presentes, recalco el hecho que en materia laboral son nulos todos los actos que disminuyan, tergiverse o restringían los derechos de los trabajadores, y por esta razón es que nos encontramos ante un derecho de orden público en el que las partes contratantes, es decir empelado y patrono, están facultados de negociar todas las condiciones del contrato que estos deseen, siempre y cuando no contravenga estas normas de orden público también conocidos como las condiciones mínimas legales, como fue en el acta de terminación de la relación laboral por mutuo acuerdo.” XI.- Nuevamente en el anterior cargo se indica como infringida una disposición que no es del orden laboral (artículo 2001 del Código Civil), la cual por ello carece del carácter de norma sustantiva, es decir, la misma no impone obligaciones y derechos recíprocos o correlativos al trabajador y patrono, o bien los extinga. XII.- Que el mismo Recurrente solicita la nulidad subsidiaria de la sentencia, bajo los siguientes términos: “NULIDAD SUBSIDIARIA. En el presente caso, se señala como nulidad subsidiaria el hecho de haber sido declarado procedente una excepción inexistente en la norma laboral y en la norma procesal civil de aplicación supletoria, es decir por declarar con lugar la excepción de transacción. Esto en virtud de que las normas procesales que rigen en materia laboral permite la interposición de excepciones y defectos, siempre y cuando estos estén preceptuados en la ley, ya que de no ser así se permitiría que las partes se ingenien cualquier defecto o excepción que puedan de dilatar los procesos o causar indefensión, sin embargo con la finalidad de proveer de una seguridad judicial procesal únicamente se deben interponer y admitir los defectos y excepciones que las mismas normas procesales visualizan y otorgan a las partes; asimismo en respeto al Principio de Legalidad y Debido Proceso. Dicho lo anterior es de destacar que la transacción como tal no es una excepción ni defecto procesal, pero si puede ser la causal o el detonante del Defecto Procesal de Cosa Juzgada, ya que claramente establece el artículo 2014 del Código Civil que la transacción siempre y cuando se ejecute en respeto a la ley, tiene efecto de cosa juzgada, y dicho efecto si se constituye en un defecto procesal perfectamente admisible por el Código del Trabajo en aplicación supletoria del Código Procesal Civil y que encontramos en su artículo 455. Consecuentemente, al haber sido declarado con lugar una excepción inexistente en la ley, y que tuvo que haber sido promovida como el defecto procesal de cosa juzgada, por ser este el efecto jurídico de la transacción es que procede se declare la nulidad de la sentencia objeto del presente recurso por presidir de las normas esenciales del procedentico según establece el artículo 212 del Código Procesal Civil y violentar el Principio de Legalidad y Debido Proceso. Por lo tanto procede se anule la sentencia objeto del presente recurso, y se proceda a declarar sin lugar la excepción de transacción por ser inexistente dentro del ordenamiento jurídico. XIII.- Que no procede lo solicitado, porque se admite uno de los motivos de casación y al casarse la sentencia, se resolverá lo que corresponda en sede de instancia. XIV.- Por las razones expuestas anteriormente, procede la admisión del segundo y motivo y no ha lugar el primero, tercero, cuarto y quinto motivos del recurso de casación formalizado por el Recurrente, por lo que es procedente declarar ha lugar el mismo, casar la sentencia impugnada y a continuación, en sede de instancia, decidir lo que proceda conforme a la Ley. XV.- HECHOS PROBADOS: De las pruebas incorporadas al proceso resultan acreditados los siguientes extremos: 1) Que el señor OMAR EDUARDO CARRANZA QUIROZ inició la relación de trabajo con la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE) el 1 de marzo 1992, devengando un salario base mensual en los últimos 6 meses de L 25,070.97, más horas extras y reconocimiento por sustitución, desempeñándose en el cargo de electricista distribución II. 2) Que dicha relación terminó el 27 de mayo de 2015, en Acta de terminación de contrato por mutuo acuerdo de las partes, celebrada ante Inspector de Trabajo, donde se le pagaron las prestaciones e indemnizaciones laborales por un monto de L 1,833,495,99. 3) Que el demandante realizó su reclamo administrativo en la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social y se decretó el cierre de las diligencias administrativas en fecha 25 de febrero del año 2016 (folios 15). 4) Que el Contrato Colectivo celebrado entre la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA y su sindicato de trabajadores dispone en sus cláusulas 51 INCREMENTO SALARIAL Y SALARIO MINIMO, 70 DURACION DEL CONTRATO COLECTIVO. (folios 41 al 43 de la primera pieza). 5) Que la ENEE no ha aplicado el incremento del índice inflacionario previsto en la cláusula 51 del contrato colectivo, por disposiciones de la misma empresa, solamente lo ha efectuado por disposiciones de los Juzgados correspondientes (ver practica de prueba de Exhibición de Documentos, literal b) audiencia segunda de trámite 28 de abril de 2017, folio 53 primera pieza). 6) Que el índice de precios al consumidor (IPC) para los años 2013 y 2014 fue de 4.92% y 5.82%, conforme se desprende la publicación del Departamento de Gestión de Información Económica del Canco Central de Honduras, que obra a folios 50 al 52 de los autos de primera instancia. XVI.- La cláusula 51 del Contrato Colectivo 2011-2013 celebrado entre la empresa demandada y su Sindicato, expresa en su párrafo último, en lo conducente: “Las partes convienen en continuar aplicando en forma automática a partir del mes de enero del año 2014 a todos los empleados permanentes, un ajuste salarial equivalente al porcentaje del índice inflacionario del año anterior de conformidad con las estadísticas oficiales del Banco Central de Honduras, sin perjuicio de los aumentos salariales que sean negociados en la siguiente contratación colectiva.” De igual forma, la cláusula 70 relativa a la duración del contrato colectivo establece que el mismo entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2011 y mantendrá su vigencia en tanto no sea aprobado un nuevo contrato colectivo. XVII.- Conforme lo dispuesto en el artículo 111 numeral 2) de Código del Trabajo “El mutuo consentimiento de las partes” es una causa de terminación del contrato de trabajo, la cual surge de la libre voluntad de las partes, que deciden terminar la relación laboral de mutuo acuerdo, debiéndose en todo caso respetar los derechos adquiridos del trabajador/a. XVIII.- Que el señor OMAR EDUARDO CARRANZA QUIROZ, laboró por más de 13 años para la empresa demandada, la misma (ENEE) le ha realizado el pago de sus derechos, prestaciones e indemnizaciones laborales de forma parcial, ya que no se apegó a lo establecido en las cláusulas 51 parte final Y 70 del Contrato Colectivo vigente, al no pagarle los reajustes salariales establecidos en dicho convenio colectivo, Que habiéndose establecido que el índice de precios al consumidor (IPC) para los años 2013 y 2014 fue de 4.92% y 5.82%, esos porcentajes debieron servir para ajustar en los meses de enero 2014 y 2015 los salarios que debía percibir el demandante, por lo que para el 2014 su salario de L22,345,39 debió incrementarse en un 4.92% en L1,099.39, para sumar L23,444.78, por lo cual lo adeudado por ese concepto durante ese año asciende a L15,391.50; para el año 2015 el salario era de L25,070.97 debió incrementarse en un 5.82% en L1,459.13, para sumar L26,530.10, por lo cual lo adeudado por ese concepto durante los 5 meses laborados de ese año asciende a L7,295.65, siendo un total de L.22,687.15 pendiente de pago en concepto de reajuste salarial de los años 2014 y 2015. XIX.- Por otro lado, en relación a la EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PRESCRIPCIÓN de la acción opuesta por la demandada, la misma no puede prosperar, ya que no ha sido expuesta con la suficiente claridad y precisión, dado que su fundamento jurídico no tiene concordancia con el término de prescripción alegado, porque los dos meses a que hace referencia ese artículo 867 del ordenamiento jurídico laboral, es aplicable como lo establece dicha disposición, para todos los derechos y acciones provenientes del Código de Trabajo, de sus reglamentos o de las demás leyes de trabajo o previsión social, que no se originen directamente en contratos de trabajo, siendo lo reclamado derivado del contrato colectivo de trabajo, no se ajusta a dicha situación; por otro, aunque fuera aplicable dicho precepto, que reiteramos no lo es, ese término de prescripción ha sido interrumpido, al haber la demandada reconocido expresamente el derecho reclamado, habiendo realizado un pago parcial del mismo; también interpuso la EXCEPCION PERENTORIA DE TRANSACCION, bajo el argumento que la relación laboral terminó por mutuo consentimiento de las partes, que el mismo se realizó ante Autoridad del Trabajo y que derivado de ello se le pagó al demandante los derechos que le correspondía recibir; sin embargo, el excepcionante confunde la figura de terminación de la relación laboral o contrato de trabajo, dado que por la transacción que es un arreglo donde las partes deciden terminar o precaver un conflicto, situación que no acontece en el caso de autos, donde el acta celebrada ante un Inspector de Trabajo establece que la terminación de la relación laboral fue bajo la egida de una terminación por MUTUO CONSENTIMIENTO, siendo lo cancelado en concepto de prestaciones e indemnizaciones laborales una decisión de la parte patronal y siendo aceptado por la parte demandante, exonerando así desde esa fecha de toda responsabilidad laboral pasada, presente y futura al Patrono. XX.- Que la demandada también opuso la EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PAGO, misma que procede dado que se acreditó el pago por los valores cancelados, en concepto de prestaciones e indemnizaciones laborales correspondientes hasta el momento XXI.- Que las disposiciones del Código del Trabajo constituyen un conjunto de normas jurídicas de orden público que regulan las relaciones entre capital y el trabajo colocándolas sobre la base de una justicia social a fin de garantizar al trabajador las condiciones necesarias para una vida normal y al capital una compensación equitativa de su inversión. XXII.- Que la jurisdicción del trabajo está instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del contrato de trabajo. El trabajador puede participar de las utilidades o beneficios de su patrono o empleador, pero nunca asumir sus riesgos o pérdidas. XXIII.- El artículo 53 del Código del Trabajo, establece: “Que el Contrato Colectivo es todo convenio escrito relativo a las condiciones de trabajo y empleo celebrado entre un patrono, un grupo de patronos o una o varias organizaciones de patronos, por una parte y por otra una o varias organizaciones de trabajadores, los representantes de los trabajadores de una o más empresas o grupos de trabajadores asociados transitoriamente.” XXIV.- Que los contratos colectivos obligan a sus firmantes, así como a las personas en cuyo nombre o representación se celebran. - Los patronos y trabajadores obligados por un contrato colectivo no pueden estipular condiciones contrarias a las del mismo en los contratos individuales de trabajo. La convención colectiva no podrá concertase en condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas en contratos en vigor dentro de la propia empresa. XXV.- El superior valor de los derechos fundamentales debe ser criterio orientador en la interpretación y aplicación del Derecho, en el caso específico del Derecho Laboral, deben también tenerse muy en cuenta los principios que le informan; que las normas de trabajo y seguridad social son de orden público y, por ello, se le niega eficacia a los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos laborales. XXVI.- Con base al análisis en su conjunto de todas las pruebas allegadas en tiempo y forma por las partes, formando libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes, se concluye y estima procedente desestimar las excepciones perentorias de prescripción de la acción y transacción opuestas por la parte demandada, declarar CON LUGAR la demanda de mérito en cuanto al pago de reajuste salarial, SIN COSTAS, dado el principio de gratuidad y el carácter social de las normas del trabajo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y, en aplicación de los artículos 60, 127, 128, 129, 136, 303, 304, 313 atribución 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7, 8 y 23 numeral 1) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 3, 4, 5, 23, 24, 25, 26, 53, 54, 56, 60, 78, 82, 95 numerales 1) y 23), 664, 665, 666 letra c), 738, 739, 764, 765, 769, 778, 858 y 868 del Código del Trabajo; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: PRIMERO: CASAR PARCIALMENTE la sentencia definitiva recurrida dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de fecha 15 de junio de 2018. SEGUNDO: DECLARA SIN LUGAR LAS EXCEPCIONES PERENTORIAS DE PRESCRIPCION Y TRANSACCIÓN opuestas por la parte demandada. TERCERO: DECLARA CON LUGAR LA EXCEPCION PERENTORIA DE PAGO opuesta por el Representante Procesal de la parte demandada por los conceptos del pago de reajuste en concepto de prestaciones e indemnizaciones laborales. CUARTO: DECLARAR CON LUGAR PARCIALMENTE la demanda ordinaria laboral para el pago de cantidades adeudadas por no otorgar un reajuste salarial en base al porcentaje del IPC de los años 2014 y 2015, establecida en la cláusula 51 del Contrato Colectivo vigente entre la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y EL SINDICATO DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (STENEE). QUINTO: SE CONDENA a la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE) a través de su representante legal en funciones, al pago del incremento salarial en base al porcentaje del IPC de los años 2014 y 2015 establecida en la cláusula 51 del Contrato Colectivo vigente entre la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y EL STENEE. por lo que para el año 2014, sería un incremento del 5.18%, siendo su aumento de L.1,298.67 y su nuevo salario L. 26,369.64, debiendo la cantidad de L.15,584.11 por dejar de recibirlo por un año y para el año 2015 el 6.11%, siendo su aumento de L.1,611.18 y su nuevo salario L. 27,980.82, debiendo la cantidad de L.7,894.78 por dejar de recibirlo por 04meses y 27 días que llego a la terminación de la relación laboral por mutuo consentimiento, siendo un total de L.23,478.89 pendiente de pago en concepto de reajuste salarial. SEXTO: ABSUELVE a la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE) a través de su representante legal en funciones, del pago de reajuste en concepto de prestaciones e indemnizaciones laborales. SEPTIMO: SIN COSTAS, dado el principio de gratuidad y el carácter social de las normas del trabajo. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los doce días del mes de abril del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha veinticuatro de febrero del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número CL448-18. Firma y sello.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO