Sentencia CL-441-19 — Registro 13171
Resumen
demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe en juicio las justas causas de los despidos, caso contrario sea condenado al reintegro de los trabajadores despedidos de sus puestos de trabajo o por lo menos en igualdad de condiciones en virtud de despidos ilegales, a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de la ruptura laboral hasta aquella en que los trabajadores sean reinstalados en sus puestos de trabajo y al pago de cualquier otra indemnización laboral que legalmente corresponda, pago del fuero sindical e indemnización conforme al contrato colectivo de condiciones de trabajo vigente, tanto para los trabajadores directivos como para la organización sindical en los porcentajes correspondientes por despidos encausados e ilegales al no observarse disposiciones aplicables del Código del Trabajo, contrato colectivo, ni el procedimiento reglamentario interno para despedir directivos sindicales
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..." Que este cargo resulta ser inadmisible, ya que la Recurrente olvida que la violación directa de la ley, ya sea por infracción directa o falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea, tiene lugar y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio (ver sentencias expedientes números CL 118-08, 169-08, 219-08, 249-08, 354-08, 382-08 y 14-09); en el presente caso, la cuestión debatida tiene relación con la procedencia o no de la terminación de la relación laboral bajo la cusa de la fuerza mayor y ello fue objeto del debate y por ende, del material probatorio, por lo que no resulta viable el ataque al fallo por esa vía."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que no puede prosperar el cargo que antecede, ya que el error de hecho es una creencia o noción equivocada del juez frente a los hechos revelados por la prueba, la demanda o la contestación, que se percibe de forma inmediata y conlleva a la violación indirecta de la ley. Para que se configure la violación de la ley por error de hecho en la apreciación de las pruebas, son necesarios los siguientes requisitos: a) debe existir una mala o falta de apreciación de la prueba; b) esa mala apreciación debe ser originada por un error de hecho, es decir, respecto de la prueba considerada en si misma y no con relación a las normas legales que reglamentan la prueba; c) ese error de hecho debe generar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva; d) que el error de hecho expresado debe ser manifiesto, o sea que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate, como ocurriría si en la sentencia se admite por probado un hecho que en realidad no está demostrado o al contrario."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Del análisis del expediente de mérito, este Tribunal observa que el ad-quem analizó la prueba en su conjunto valorándola atendiendo a las reglas de la sana crítica y del conocimiento, formando libremente su convencimiento sin sujeción a la tarifa legal de pruebas. En lo atinente a la libre apreciación de los medios probatorios, tanto la Doctrina como la jurisprudencia han reiterado que la evaluación de ese material hecha por el sentenciador de instancia es intocable, no puede destruirse en casación, aún cuando no se esté de acuerdo con ella, salvo el caso excepcional de error manifiesto o evidente de hecho, es decir, que la libertad del tribunal para estimar los medios de prueba solo tiene el límite que le demarca lo absurdo de la conclusión a que lo lleva un error en la apreciación probatoria, entendiéndose por conclusión absurda lo que repugna a la razón natural. Asimismo, sostiene la doctrina que los cargos por error de hecho no pueden prosperar cuando se trata de que en casos dudosos el tribunal haya hecho la crítica de las pruebas y haya considerado demostrado un extremo dudoso, sino cuando lo aceptado es abiertamente contrario a lo probado en el juicio, lo que a criterio de este Tribunal de Casación, no es la situación que se observa en el sub-júdice, donde se advierte que la decisión del Juzgador de instancia se deriva del análisis del material probatorio en su conjunto, realizado conforme lo ordena el artículo 738 del Código de Trabajo; por todo lo anterior, este motivo no resulta estimable."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente caso, no se encontró vicio procesal que pueda ser objeto de nulidad, por lo que no se estima que la sentencia recurrida sea violatoria del derecho de defensa o debido proceso, resultando inestimable tal petición. IX.- Por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierran los dos motivos de casación, asimismo cabe declarar sin lugar la nulidad subsidiaria solicitada. "...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., diecinueve de agosto de dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 08 de marzo del 2021, por la Abogada MELISSA PAOLA AYALA AVELAR, en su condición de representante procesal de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, como recurrente; además ,es parte recurrida, los señores SANTOS PIO ESTRADA, BLANCA ROSA RAMOS VASQUEZ, MELBA DANESA BOGRAN ROMERO y otros, representados en juicio por el Abogado JOSÉ ERNESTO CUBERO GUTIERREZ.OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe en juicio las justas causas de los despidos, caso contrario sea condenado al reintegro de los trabajadores despedidos de sus puestos de trabajo o por lo menos en igualdad de condiciones en virtud de despidos ilegales, a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de la ruptura laboral hasta aquella en que los trabajadores sean reinstalados en sus puestos de trabajo y al pago de cualquier otra indemnización laboral que legalmente corresponda, pago del fuero sindical e indemnización conforme al contrato colectivo de condiciones de trabajo vigente, tanto para los trabajadores directivos como para la organización sindical en los porcentajes correspondientes por despidos encausados e ilegales al no observarse disposiciones aplicables del Código del Trabajo, contrato colectivo, ni el procedimiento reglamentario interno para despedir directivos sindicales, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, en fecha 27 de julio del 2018, por la Abogada ELVIA MARCENY SABILLON GUTIERREZ, en su condición de apoderada de los señores SANTOS PIO ESTRADA, BLANCA ROSA RAMOS VASQUEZ, MELBA DANESA BOGRAN ROMERO, LAURA CAROLINA AMAYA, ELMER HERNAN TERUEL SABILLON, LOPEZ ALVARADO, IDANIA PATRICIA MARTINEZ, WILFREDO DUBON CRUZ, SANTOS FIGUEROA RODRIGUEZ, ADALBERTO HERNANDEZ MELARA, FLORENTINA GAVARRETE SANTOS, RIGOBERTO GAMEZ CERNA, MARIA ESTELA TABORA BRIONES, VICTOR ENRIQUE AMAYA VARELA, CONMEMORACION REYES VILLATORO, ANDRES ZEPEDA RAMIREZ, EDGAR ANTONIO MONCADA MARADIAGA, ALEJANDRO SALGADO TURCIOS, WILFREDO CANTARERO BENITEZ, CESAR ARNALDO AGUILERA MILLA, LUIS ANTONIO FLORES CABRERA, JULIO CESAR BENITEZ BENSI, ALICIA YAMILETH PAZ PAZ, JOSE EDELIO GUTIERREZ SAGASTUME, BLADIMIR DE JESUS RODRIGUEZ LOPEZ, JOSE LEANDRO CHAVEZ GARCIA, JORGE ALBERTO ENAMORADO RODAS, HERMINIA GONZALES OSEGUERA, RIGOBERTO LEMPIRA RICO BORJAS, JOSE FRANCISCO ARGUETA CHINCHILLA,) JOSE ALFREDO VIJIL NAVAS, PEDRO MARTINEZ SUAZO, NOHEMI ISOLINA CARBAJAL CHAVEZ, OSCAR HERNANDEZ CASTRO, ANGEL ALBERTO HERNANDEZ LICONA y CARLOS ALBERTO SOLIZ, todos hondureños, mayores de edad y con domicilio en el Departamento de Cortés; asimismo, como apoderada del SINDICATO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD SAMPEDRANA (SIDEYTMS), contra la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, por medio de su alcalde municipal, señor ARMANDO CALIDONIO ALVARADO. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia definitiva de fecha 01 de agosto del 2019, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, que falló REFORMANDO la sentencia de fecha 26 de abril del 2019, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO PARCIALMENTE HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la parte actora a través de su representante procesal, Abogado JOSE ERNESTO CUBERO GUTIERREZ, contra la sentencia definitiva proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta Sección Judicial en fecha veintiséis (26) de abril del presente año (2019), en la diligencias iniciadas con la demanda de la referencia promovida contra la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, a través de su representante legal, en consecuencia se reforma la misma en el sentido de: A.- Declarar con lugar la demanda para la reinstalación de los señores SANTOS PIO ESTRADA, BLANCA ROSA RAMOS VASQUEZ, MELBA DANESA BOGRAN ROMERO, LAURA CAROLINA RODRIGUEZ, ELMER HERNAN TERUEL SABILLON, RODOLFO LOPEZ ALVARADO, IDANIA PATRICIA MARTINEZ, WILFREDO DUBON CRUZ, SANTOS FIGUEROA RODRIGUEZ, ADALBERTO HERNANDEZ MELARA, FLORENTINA GAVARRETE SANTOS, RIGOBERTO GAMEZ CERNA, MARIA ESTELA TABORA BRIONES, VICTOR ENRIQUE AMAYA VARELA, CONMEMORACION REYES VILLATORO, ANDRES ZEPEDA RAMIREZ, EDGAR ANTONIO MONCADA MARADIAGA, ALEJANDRO SALGADO TURCIOS, WILFREDO CANTARERO BENITEZ, CESAR ARNALDO AGUILERA MILLA, LUIS ANTONIO FLORES CABRERA, JULIO CESAR BENITEZ BENSI, ALICIA YAMILETH PAZ PAZ, JOSE EDELIO GUTIERREZ SAGASTUME, BLADIMIR DE JESUS RODRIGUEZ LOPEZ, JOSE LEANDRO CHAVEZ GARCIA, JORGE ALBERTO ENAMORADO RODAS, HERMINIA GONZALEZ OSEGUERA, RIGOBERTO LEMPIRA RICO BORJAS, JOSE FRANCISCO ARGUETA CHINCHILLA, JOSE ALFREDO VIJIL NAVAS, PEDRO MARTINEZ SUAZO y NOHEMI ISOLINA CARBAJAL CHAVEZ, por consiguiente se condena a la demandada al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta el momento en que sean reinstalados a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones de trabajo a las que tenían al momento del despido, debiendo deducirse de estos las sumas de dinero que la accionada hizo efectivas en concepto de prestaciones e indemnizaciones laborales con ocasión de la notificación de la terminación de la relación de trabajo.- B.-Declarar sin lugar la demanda para el pago de indemnización a favor del SINDICATO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD SAMPEDRANA (SIDEYTMS) por despido de los señores OSCAR HERNANDEZ CASTRO, ALICIA YAMILETH PAZ PAZ y ANDRES ZEPEDA RAMIREZ como directivos sindicales; en consecuencia se absuelve a la demandada de toda responsabilidad económica por dicho concepto.- SEGUNDO: CONFIRMANDO la sentencia apelada y antes relacionada en sus demás extremos, es decir, en cuanto declara sin lugar tanto el incidente de nulidad de notas de despido promovido por la parte actora como las excepciones perentoria opuestas por la parte demandada, y la exoneración de costas de primera instancia.- SIN COSTAS…” ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que fueron contratados por la Municipalidad de San Pedro Sula, dando así inicio a la relación contractual laboral con cada uno de los demandantes en la forma siguiente: 1) SANTOS PIO ESTRADA, con fecha 17 de febrero de 1992, para desempeñarse como Supervisor en la Unidad de Desechos Sólidos, Dependencia de La Municipalidad de San Pedro Sula, devengando en la fecha del despido un salario base mensual de L.18.000.47; siendo despedido de su puesto de trabajo, con fecha 30 de abril del año 2018; 2) BLANCA ROSA RAMOS VASQUEZ, con fecha 01 de enero de 1996, para desempeñarse en la Unidad de Desechos Sólidos, Dependencia de La Municipalidad de San Pedro Sula, como barrendera realizando labores de barrido de calles y avenidas, devengando en la fecha del despido un salario base mensual de L.12.665.00, siendo despedida de su puesto de trabajo con fecha 30 de abril del año 2018; 3) MELBA DANESA BOGRAN ROMERO, con fecha 2 de abril del año 2007, para desempeñarse como Supervisora en la Unidad de Desechos Sólidos Dependencia de La Municipalidad de San Pedro Sula, devengando en la fecha del despido un salario base mensual de L.10.316.22, siendo despedida de su puesto de trabajo con fecha 30 de abril del año 2018; 4) LAURA CAROLINA AMAYA, con fecha 02 de enero de 1992, para desempeñarse en la Unidad de Desechos Sólidos Dependencia de La Municipalidad de San Pedro Sula, como aseadora, devengando en la fecha del despido un salario base mensual de L.10.316.00, siendo despedida de su puesto de trabajo con fecha 30 de abril del año 2018; 5) ELMER HERNAN TERUEL SABILLON, con fecha 23 de marzo del año 2006, para desempeñarse como supervisor en la Unidad de Desechos Sólidos Dependencia de La Municipalidad de San Pedro Sula, devengando en la fecha del despido un salario base mensual de L.10.358.00, siendo despedido de su puesto de trabajo con fecha 30 de abril del año 2018; 6) RODOLFO LOPEZ ALVARADO, con fecha 18 de abril de 1995, para desempeñarse como supervisor en la recolección de desechos sólidos en la Unidad de Desechos Sólidos, Dependencia de La Municipalidad de San Pedro Sula, devengando en la fecha del despido un salario base mensual de L.10.400.00, siendo despedido de su puesto de trabajo con fecha 30 de abril del 2018; 7) IDANIA PATRICIA MARTINEZ, con fecha 01 de enero del 2006, para desempeñarse como supervisora y barrido de calles en la Unidad de Desechos Só1idos, Dependencia de La Municipalidad de San Pedro Sula, devengando en la fecha del despido un salario base mensual de L.10.116.99, siendo despedida de su puesto de trabajo con fecha 30 de abril del 2018; 8)WILFREDO DUBON CRUZ, con fecha 16 de mayo del 2006, para desempeñarse en la Unidad de Desechos Só1idos dependencia de La Municipalidad de San Pedro Sula, como supervisor de aseo de calles y avenidas, devengando en la fecha del despido un salario base mensual de L.10.116.99, siendo despedido de su puesto de trabajo con fecha 30 de abril del 2018; 9) SANTOS FIGUEROA RODRIGUEZ, con fecha 17 de agosto del 2006, para desempeñarse en el mantenimiento de parques y bulevares sembrando y podando plantas, supuestamente en la Unidad de Desechos Só1idos, dependencia de La Municipalidad de San Pedro Sula, devengando en la fecha del despido un salario base mensual de L.10.116.99, siendo despedido de su puesto de trabajo con fecha 30 de abril del 2018; 10) ADALBERTO HERNANDEZ MELARA, con fecha 16 de noviembre de 1976, para desempeñarse como supervisor de equipo pesado en la Unidad de Desechos Só1idos, dependencia de La Municipalidad de San Pedro Sula, devengando en la fecha del despido un salario base mensual de L.13.333.00, siendo despedido de su puesto de trabajo con fecha 30 de abril del 2018; 11) FLORENTINA GAVARRETE SANTOS, con fecha 15 de enero del 2007, para desempeñarse como aseadora en la limpieza de oficinas de la Unidad de Desechos Sólidos, dependencia de La Municipalidad de San Pedro Sula, devengando en la fecha del despido un salario base mensual de L.10.358.58, siendo despedida de su puesto de trabajo con fecha 30 de abril del 2018; 12)RIGOBERTO GAMEZ CERNA, con fecha 01 de abril del 2006, para desempeñarse como supervisor de aseadoras en la Unidad de Desechos Sólidos, dependencia de La Municipalidad de San Pedro Sula, devengando en la fecha del despido un salario base mensual de L.10.316.22 ,siendo despedido de su puesto de trabajo con fecha 30 de abril del 2018; 13) MARIA ESTELA TABORA BRIONES, con fecha 7 de septiembre del 2007, para desempeñarse como Auxiliar de Viveros Municipales, realizando labores de barrido, regado y sembrado, supuestamente bajo la subordinación de la Unidad de Desechos Sólidos, dependencia de La Municipalidad de San Pedro Sula, devengando en la fecha del despido un salario base mensual de L.10.116.99, siendo despedida de su puesto de trabajo con fecha 30 de abril del 2018; 14) VICTOR ENRIQUE AMAYA VARELA, con fecha 01 de marzo del 2010, para desempeñarse como supervisor en la Unidad de Desechos Sólidos dependencia de La Municipalidad de San Pedro Sula, devengando en la fecha del despido un salario base mensual de L.10.400.00, siendo despedido de su puesto de trabajo con fecha 30 de abril del 2018; 15) CONMEMORACION REYES VILLATORO, con fecha 22 de febrero del 2002, para desempeñarse en la poda de árboles y mantenimiento de viveros, supuestamente bajo la subordinación de la Unidad de Desechos Sólidos, dependencia de La Municipalidad de San Pedro Sula, devengando en la fecha del despido un salario base mensual de L.10.116.92, siendo despedido de su puesto de trabajo con fecha 30 de abril del 2018; 16) ANDRES ZEPEDA RAMIREZ, con fecha 13 de septiembre del 2002, para desempeñarse como supervisor de desechos s6lidos dentro de la Unidad de Desechos Sólidos, dependencia de La Municipalidad de San Pedro Sula, devengando en la fecha del despido un salario base mensual de L.10.116.99, siendo despedido de su puesto de trabajo con fecha 30 de abril del 2018; 17) EDGAR ANTONIO MONCADA MARADIAGA, con fecha 01 de marzo del 2010, para desempeñarse como operador de bascula en la Unidad de Desechos Sólidos, dependencia de La Municipalidad de San Pedro Sula, devengando en la fecha del despido un salario base mensual de L.11.000.00, siendo despedido de su puesto de trabajo con fecha 30 de abril del 2018; 18) ALEJANDRO SALGADO TURCIOS, con fecha 02 de agosto de 1993, para desempeñarse como supervisor de limpieza y de camiones recolectores en la Unidad de Desechos Sólidos, dependencia de La Municipalidad de San Pedro Sula, devengando en la fecha del despido un salario base mensual de L.10.770.00, siendo despedido de su puesto de trabajo con fecha 30 de abril del 2018; 19) WILFREDO CANTARERO BENITEZ, con fecha 01 de enero del 2007, para desempeñarse como supervisor de campo en la recolección de basura en la Unidad de Desechos Sólidos, dependencia de La Municipalidad de San Pedro Sula, devengando en la fecha del despido un salario base mensual de L.10.358.00, siendo despedido de su puesto de trabajo con fecha 30 de abril del 2018; 20) CESAR ARNALDO AGUILERA MILLA, con fecha 16 de septiembre del 2008, para desempeñarse como supervisor en la Unidad de Desechos Sólidos, dependencia de La Municipalidad de San Pedro Sula, devengando en la fecha del despido un salario base mensual de L.10.358.00, siendo despedido de su puesto de trabajo con fecha 30 de abril del 2018; 21)LUIS ANTONIO FLORES CABRERA, con fecha 01 de abril del 2006, para desempeñarse como supervisor de barrido en la Unidad de Desechos Sólidos, dependencia de La Municipalidad de San Pedro Sula, devengando en la fecha del despido un salario base mensual de L.10.116.92, siendo despedido de su puesto de trabajo con fecha 30 de abril del 2018; 22) JULIO CESAR BENITEZ BENSI, con fecha 01) de febrero del 2010, para desempeñarse como auditor de bascula en la Unidad de Desechos Sólidos, dependencia de La Municipalidad de San Pedro Sula, devengando en la fecha del despido un salario base mensual de L.15.000.00, siendo despedido del puesto de trabajo con fecha 30 de abril del 2018; 23) ALICIA YAMILETH PAZ PAZ, con fecha 01 de agosto de 1995, para desempeñarse como supervisora en la Unidad de Desechos Sólidos, dependencia de La Municipalidad de San Pedro Sula, devengando en la fecha del despido un salario base mensual de L.10.300.22, siendo despedida de su puesto de trabajo con fecha 30 de abril del 2018; 24) JOSE EDELIO GUTIERREZ SAGASTUME, con fecha 07 de febrero del 2007, para desempeñarse como Administrador de Cementerios supuestamente bajo la subordinación de la Unidad de Desechos Sólidos, dependencia de La Municipalidad de San Pedro Sula, devengando en la fecha del despido un salario base mensual de L.10.500.00, siendo despedido del puesto de trabajo con fecha 30 de abril del 2018; 25) BLADIMIR DE JESUS REYES LOPEZ, con fecha 16 de noviembre del 2007, para desempeñarse como Supervisor en la Unidad de Desechos Só1idos, dependencia de la Municipalidad de San Pedro Sula, devengando en la fecha del despido un salario base mensual de L.10.358.00, siendo despedido del puesto de trabajo con fecha 30 de abril del 2018; 26) JOSE LEANDRO CHAVEZ GARCIA, con fecha 16 de junio del 2006, para desempeñarse como supervisor en la Unidad de Desechos Sólidos, dependencia de La Municipalidad de San Pedro Sula, devengando en la fecha del despido un salario base mensual de L.12.000.00, siendo despedido de su puesto de trabajo con fecha 30 de abril del 2018; 27)JORGE ALBERTO ENAMORADO RODAS, con fecha 16 de mayo de 1994, para desempeñarse como Inspector Municipal de Desechos Sólidos dentro de la Unidad de Desechos Sólidos, dependencia de La Municipalidad de San Pedro Sula, devengando en la fecha del despido un salario base mensual de L.15.905.00, siendo despedido de su puesto de trabajo con fecha 30 de abril del 2018; 28) HERMINIA GONZALES OSEGUERA, con fecha 18 de enero de 1996, para desempeñarse como barrendera de calles y avenidas en la Unidad de Desechos Só1idos, dependencia de La Municipalidad de San Pedro Sula, devengando en la fecha del despido un salario base mensual de L.10.116.99, siendo despedida de su puesto de trabajo con fecha 30 de abril del 2018; 29) RIGOBERTO LEMPIRA RICO BORJAS, con fecha 16 de julio de 1994, para desempeñarse como vigilante en la Unidad de Desechos Só1idos, dependencia de La Municipalidad de San Pedro Sula, devengando en la fecha del despido un salario base mensual de L.12,034.00, siendo despedido de su puesto de trabajo con fecha 30 de abril del 2018; 30) JOSE FRANCISCO ARGUETA CHINCHILLA, con fecha 2 de abril del 2007, para desempeñarse como supervisor en la Unidad de Desechos Sólidos, dependencia de La Municipalidad de San Pedro Sula, devengando en la fecha del despido un salario base mensual de L.10.300.00, siendo despedido de su puesto de trabajo con fecha 30 de abril del 2018; 31)JOSE ALFREDO VIGIL NAVAS, con fecha 16 de enero de 1997, para desempeñarse como barrendero de calles y avenidas bajo la subordinación de la Unidad de Desechos Sólidos, dependencia de La Municipalidad de San Pedro Sula, devengando en la fecha del despido un salario base mensual de L.10.400.00, siendo despedido del puesto de trabajo con fecha 30 de abril del 2018; 32)PEDRO MARTINEZ SUAZO, con fecha 15 de enero del 2007, para desempeñarse como vigilante en la Unidad de Desechos Sólidos, dependencia de La Municipalidad de San Pedro Sula, devengando en la fecha del despido un salario base mensual de L.10.300.00, siendo despedido de su puesto de trabajo con fecha 30 de abril del 2018; 33) NOHEMI ISOLINA CARVAJAL CHAVEZ, con fecha 10 de febrero del año 2010, para desempeñarse como supervisora en la Unidad de Desechos Sólidos, dependencia de La Municipalidad de San Pedro Sula, devengando en la fecha del despido un salario base mensual de L.10.300.00, siendo despedido de su puesto de trabajo con fecha 30 de abril del 2018; 34) OSCAR HERNANDEZ CASTRO, con fecha 01 de junio de 1986, para desempeñarse como motorista en la Unidad de Desechos Sólidos, dependencia de la Municipalidad de San Pedro Sula, devengando en la fecha del despido un salario base mensual de L.11.702.00, siendo despedido de su puesto de trabajo con fecha 30 de abril del 2018; 35) ANGEL ALBERTO HERNANDEZ LICONA, con fecha 16 de enero del 2007, para desempeñarse como Supervisor de Equipo Pesado en la Unidad de Desechos Sólidos, dependencia de la Municipalidad de San Pedro Sula, devengando en la fecha del despido un salario base mensual de L.10.354.00, siendo despedido de su puesto de trabajo con fecha 30 de abril del 2018; y, 36) CARLOS ALBERTO SOLIZ, con fecha 01 de enero del 2007, para desempeñarse en la Unidad de Desechos Sólidos, dependencia de La Municipalidad de San Pedro Sula, devengando en la fecha del despido un salario base mensual de L.10.358.00, siendo despedido de su puesto de trabajo con fecha 30 de abril del 2018. Alegan que pese a que algunos de ellos se encontraban amparados por el fuero sindical que establece un régimen especial de protección contenido en el artículo 516 del Código del Trabajo vigente, mediante un acta fechada en 30 de abril del 2018, que el Abogado Porfirio Diaz Sierra, dizque en su condición de representante de la autoridad nominadora y con todas las facultades que dice delegadas en su persona, notificó individualmente y por escrito, la supuesta decisión de la Municipalidad de dar por finalizada la relación laboral que le vinculaba con los trabajadores y trabajadoras demandantes, sellando y firmando dicha acta de notificación en su condición de asesor legal de La Municipalidad de San Pedro Sula, e invocando los argumentos siguientes: 1) Que el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, en fecha 25 de enero del 2005, emitió sentencia en donde se condenó a la Municipalidad de San Pedro Sula a reconocer el derecho para el otorgamiento del Contrato de los Servicios de Limpieza Vial, Recolección, Transporte y Tratamiento de los Desechos Só1idos, dentro del término municipal de San Pedro Sula, con la empresa SULAMBIENTE, S. A. de C. V., 2) En fecha 17 de julio del 2015, mediante Decreto Legislativo no. 29-2015, se aprueba por el soberano Congreso Nacional de la República de Honduras, la suscripción del Contrato de los Servicios de Limpieza Vial, Recolección, Transporte y Tratamiento de los Desechos Só1idos, en el término municipal de San Pedro Sula, departamento de Cortes, siendo partes contratantes la Municipalidad de San Pedro Sula y la empresa mercantil SULAMBIENTE S. A. de C. V., 3) Finalmente, en fecha 14 de noviembre del 2016, se giró la orden de inicio para la operación de la empresa mercantil denominada SULAMBIENTE S. A. de C. V., en estricto cumplimiento judicial, para la prestación de servicios de manejo de los residuos só1idos urbanos y de limpieza vial, en el término municipal de San Pedro Sula, departamento de Cortes; 4) Debido a la obligación contractual que la Municipalidad de San Pedro Sula tiene por ley, esta debe dar traslado a las operaciones de prestación de los servicios de manejo de los residuos só1idos, urbanos y de limpieza vial, a la empresa contratada SULAMBIENTE S. A. DE C .V., clausurando las unidades municipales que anteriormente prestaban estos servicios; con lo que dio por terminada la relación laboral que vinculaba a sus representados con la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, e invocando como causa de terminación de los contratos de trabajo, la establecida en el Numeral 6) del Artículo 111 del Código del Trabajo; es decir, caso fortuito o fuerza mayor. Evidentemente es visto que la MUNICIPALIDAD con sus cuestionables notas de despido, le atribuye a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo con fecha 25 de enero del 2005, el carácter de acto de autoridad ejercido por funcionario público, para fundamentar básicamente los despidos subsumiéndolos en la causal de terminación de los contratos denominada caso fortuito o fuerza mayor, más la interrogante obligatoria es si esa sentencia por si misma produce ese fundamento para ejecutar los despidos?, cuando por actos derivados de la actividad pública cesa la actividad de la empresa, entonces si se está ante una situación de hecho que cabe calificar como de fuerza mayor, ya que ese acontecimiento es independiente de la voluntad de las partes contratantes en la relación laboral, caso típico en esta materia es la nacionalización de una actividad; o una prohibición, como la de publicar determinado periódico por razones ajenas a lo penal o moral, y acto continua el autor plasma una serie de ejemplos que pueden dar o no lugar a la causal de despido por caso fortuito o fuerza mayor, más en manera alguna está referida la sentencia a un fundamento que produzca la causal de despido invocada. Lo anteriormente evidencia la ilegalidad de los despidos, pues para el caso no puede operar la causal de terminación del contrato de trabajo denominada caso fortuito o fuerza mayor, consagrada por el Numeral 6) del Artículo 111 del Código del Trabajo, por lo que consecuentemente, al no estar sustentados los despidos en una causal debidamente justificada, evidentemente La Municipalidad violenta el derecho al trabajo y la estabilidad laboral que asiste a los trabajadores, garantizados bajo disposiciones constitucionales, las leyes ordinarias y los Tratados Internacionales suscritos por el Estado de Honduras, Maxime cuando se encuentran amparados por el fuero sindical regulado tanto en el Artículo 516 del Código del Trabajo como también en la cláusula # 49 del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente suscrito el año 2005; mientras que si bien es cierto, la demandada en sus notas de despido ofrece a los trabajadores el pago de sus derechos laborales, la verdad es que ante la ilegalidad del o los despidos, al trabajador le asiste el derecho alternativo de aceptarlo o no, así como a demandar, como en el presente caso, su reinstalación en el puesto de trabajo o por lo menos en igualdad de condiciones a las que tenía en el momento de la ruptura de la relación laboral. 2.- La parte demandada, la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, contestó dicha demanda señalando que en fecha 25 de enero del 2005, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo emitió sentencia en donde se condenó a la Municipalidad de San Pedro Sula a reconocer el derecho para el otorgamiento del Contrato de los Servicios de Limpieza Vial, Recolección, Transporte y Tratamiento de los Desechos Sólidos, dentro del término municipal de San Pedro Sula, con la empresa SULAMBIENTE S.A. de C.V. En fecha 14 de noviembre de 2016, se giró la orden de inicio para la operación de la empresa SULAMBIENTE, en estricto cumplimiento judicial, para la prestación de servicios de manejo de los residuos sólidos urbanos y de limpieza vial, en el término municipal de San Pedro Sula, procedimiento que desde su inicio contractual se ha venido realizando de manera gradual, sosteniendo la municipalidad la relación laboral con sus empleados afectados, hasta el último momento posible. Tal y como se establece en la carta de notificación del despido, como lo reconocen los demandantes, la Municipalidad de San Pedro Sula, reconoce el derecho de los demandantes de recibir el 100%, de sus prestaciones y derechos laborales que le corresponde a cada uno.- Que la Municipalidad de San Pedro Sula, invocó la causal de caso fortuito o fuerza mayor en estricto apego a derecho, para poder dar por terminado los contratos de trabajo, esto con la consecuencia justa y legal de pagar las prestaciones sociales e indemnizaciones legales que les correspondían a cada uno de los demandantes, y tanta es la buena fe e interés de proteger a los trabajadores, que se hizo ofrecimiento de pago en la misma carta de despido, acción esta que reconocen los demandantes en la misma demanda. Cuando se habla de caso fortuito o fuerza mayor para nadie es desconocido, excepto para los demandantes, que la demandada se vio obligado a tomar tal determinación en cumplimiento a una sentencia proferida de fecha 25 de enero del 2005, la cual era de estricto cumplimiento, sentencia esta, en la cual mandaba a suscribir un contrato en fecha 17 de julio del 2015, mediante Decreto Legislativo no. 29-2015, el que fue aprobado por el soberano Congreso Nacional de la Republica de Honduras, para realizar los Servicios de Limpieza Vial, Recolección, Transporte y Tratamiento de los Desechos Sólidos, en el término municipal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, condiciones que, en ningún momento la demandada sabría en qué términos vendría la misma, y a ello obedece la invocación de la causal de caso fortuito o fuerza mayor. La Municipalidad de San Pedro Sula, se vio obligada al cierre de las unidades de Desechos Sólidos, pues al ser condenada a la suscripción de un contrato de Servicios de Limpieza Vial, Recolección, Transporte y Tratamiento de los Desechos Sólidos, es objeto de reparo el pago de operaciones que brinden el mismo servicio, pues existiría duplicidad en el pago, así también, es objeto de incumplimiento del mismo contrato de prestación de servicios, imputable a la municipalidad pagar a empleados municipales para que realicen las mismas actividades que contractualmente le corresponden al contratista, razón por la cual es procedente el cierre definitivo de las unidades de Desechos Sólidos. Que la parte actora en sus desesperadas actuaciones por lucrarse de los fondos públicos pretende sorprender solicitando un improcedente cobro en concepto de fuero sindical. Que ninguno de los demandantes pertenece al Comité Ejecutivo o Junta Directiva del Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Municipalidad Sampedrana. Asimismo, en el contrato colectivo vigente, no se estipula ninguna cláusula que otorgue un beneficio adicional, por lo que aplica únicamente lo estipulado en el Código de Trabajo, que al respecto, establece: "Artículo 516 Los trabajadores miembros de la junta directiva de una organización sindical, desde su elección hasta (6) meses después de cesar en sus funciones, no por ser despedidos de su trabajo sin comprobar previamente ante el Juez de Letras respectivo o ante el Juez de lo Civil en su defecto, que exista justa causa para dar por terminado el contrato. El Juez actuando en juicio sumario, resolverá lo procedente. Esta disposición solo es aplicable a la Junta Directiva Central, cuando los sindicatos estén organizados Secciones y sub Secciones. La violación de lo dispuesto en el párrafo anterior, sujetará al patrono a pagar a la organización sindical respectiva una indemnización equivalente a seis (6) meses de salario al trabajador, sin perjuicio de los derechos que a éste correspondan”. En el escrito de la contestación se interpuso la EXCEPCIÓN DE PAGO, alegando que los señores CARLOS ALBERTO SOLIS y JULIO CESAR BENITEZ BENSI suscribieron convenio de pago en virtud de haber finalizado contrato de trabajo por mutuo consentimiento con la Municipalidad de San Pedro Sula, en fecha 30 abril del 2018, en tal sentido es improcedente el cobro pretendido en la demanda de mérito por los demandantes, lo que será objeto de prueba en el juicio. EXCEPCION DE FALTA DE ACCION PARA DEMANDAR alegando que, en lo referido al fuero sindical, la parte actora demanda un derecho sobre personas que no pertenecen al Comité Ejecutivo del Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Municipalidad Sampedrana, tal y como será probado en juicio. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 26 de abril del 2019, dictó sentencia declarando:“FALLA: 1) declarando SIN LUGAR la demanda ordinaria Laboral de emplazamiento para que ordene el Reintegro a su puestos de trabajo en igual o mejores condiciones a las ya establecidas, promovida por la abogada ELVIA MARCENI SABILLON GUTIERREZ, en su condición de apoderada legal de los señores: 1) SANTOS PIO ESTRADA,2)BLANCA ROSA RAMOS VASQUEZ, 3)MELBA DANESA BOGRAN ROMERO, 4)ELMER HERNAN TERUEL SABILLON, 5)RODOLFO LOPEZ ALVARADO, 6)IDANIA PATRICIA MARTINEZ, 7)WILFREDO DUBON CRUZ, 8) SANTOS FIGUEROA RODRIGUEZ, 9)ADALBERTO HERNANDEZ MELARA, 10)FLORENTINA GAVARRETE SANTOS, 11)RIGOBERTO GAMEZ CERNA, 12) VICTOR ENRIQUE AMAYA VARELA, 13) CONMEMORACION REYES VILLATORO; 14) ANDRES ZEPEDA RAMIREZ, 15) EDGAR ANTONIO MONCADA MARADIAGA, 16) WILFREDO CANTARERO BENITEZ, 17) CESAR ARNALDO AGUILERA MILLA, 18) LUIS ANTONIO FLORES CABRERA, 19) JULIO CESAR BENITEZ BENSI, 20) ALICIA YAMILETH PAZ PAZ, 21) JOSE EDELIO GUTIERREZ SAGASTUME, 22) BLADIMIR DE JESUS RODRIGUEZ LOPEZ, 23) HERMINIA GONZALES OSEGUERA, 24) RIGOBERTO LEMPIRA RICO BORJAS, 25) JOSE ALFREDO VIJIL NAVAS, 26) PEDRO MARTINEZ SUAZO, 27) NOHEMI ISOLINA CARBAJAL CHAVEZ, 28) OSCAR HERNANDEZ CASTRO, 29) ANGEL ALBERTO HERNANDEZ LICONA, y, 30) CARLOS ALBERTO SOLIZ, contra la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, a través de su Representante Legal el Señor ARMANDO CALIDONIO ALVARADO, también de generales expresada en el preámbulo de esta sentencia. 2) En Consecuencia ABSUELVE: A la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, a través de su Representante Legal el Señor ARMANDO CALIDONIO ALVARADO, de toda responsabilidad proveniente del presente juicio. - 3) DECLARA SIN LUGAR el incidente de nulidad nota de despido interpuesta por la parte actora. -4) DECLARA SIN LUGAR las excepciones perentorias de pago y de falta de acción o derecho para demandar, interpuestas por la parte demandada.-5) SIN COSTAS…”; bajo el criterio que procede declarar sin lugar la demanda de mérito en virtud que la demandada justificó los motivos que tuvo para poner fin a la relación de trabajo lo que hace imposible el reintegrar a los trabajadores demandantes, llevan a este convencimiento las circunstancias siguientes: 1) Que en fecha 07 de mayo del año 2015, el soberado Congreso Nacional de la Republica de Honduras, mediante decreto Legislativo N° 29-2015, aprobó en todas y cada una de sus partes el contrato para la prestación de los servicios de manejo de las residuos sólidos urbanos y de limpieza vial en el término municipal de San Pedro Sula, departamento de Cortés suscrito entre el señor ARMANDO CALODONIO ALVARADO en su condición de Alcalde y Representante legal de la Corporación Municipal de San Pedro Sula y el señor D. AUGUSTO RENATO MONTANARI, quien actua en su condición de Presidente del Consejo de administración y representante legal de la sociedad mercantil SULAMBIENTE S.A DE C.V., suscrita en fecha 22 de octubre del año 2014, en el Municipio de San Pedro Sula, departamento de Cortés. 2) Que el objeto del contrato según la CLAUSULA 2. OBJETO DEL CONTRATO. 2.1. El presente contrato tiene por objeto la prestación de los servicios de manejo de los residuos sólidos urbanos y de limpieza vial en el término municipal de San Pedro Sula, departamento de Cortés.-3) Que la medida que llevó a cabo la demandada al suprimir y cierre definitivo de los departamentos municipales denominados Departamento de Ornatos, parques y bulevares y departamento de recolección de desechos sólidos, por ser estas las actividades propias dentro de las comprendidas en el contrato para la prestación de servicios de limpieza vial y de manejo de los residuos sólidos urbanos; en el que laboraban los demandantes no es el resultado o producto del arbitrio de la demandada, sino del cumplimiento de un contrato aprobado por el Congreso Nacional que fue aprobado con el objeto de garantizar la protección del medio ambiente, lo que incluye la implementación de un adecuado sistema de recolección de desechos sólidos, a fin de evitar enfermedades que se incuban en ambientes contaminados como es reservorios inadecuados de basura y otros desechos; al entrar a ejecutar la sociedad mercantil SULAMBIENTE S.A DE C.V., las actividades contratadas hace obligatorio que la demandada suprima los departamentos que se encargaban de realizar esas funciones porque no puede haber dualidad de funciones es decir no puede pagar personal para hacer las funciones que son propias del contrato suscrito con la sociedad mercantil SULAMBIENTE S.A DE C.V.- 4) Que los actividades y cargos que desempeñaban los trabajadores demandantes eran parte de los Departamento de Ornatos, parques y bulevares y Departamento de recolección de desechos sólidos, por ser estas las actividades propias dentro de las comprendidas en el contrato para la prestación de servicios de limpieza vial y de manejo de los residuos só1idos urbanos; medida que afecto a todos los empleados que laboraban en dichos departamentos incluyendo a los demandantes lo que hace imposible reintegrarlos a dichos cargos.- 5) Que la parte demandada interpuso un incidente de nulidad que independiente de la forma errónea que lo planteo este Tribunal aplicando lo que dispone el artículo 12.5 del Código Procesal Civil, norma aplicable a falta de Disposición en el Código de Trabajo entiende lo que quiere hacer la parte actora es alegar en su escrito de demanda la nulidad de la nota de despido por el hecho que fue firmada por el señor Porfirio Diaz Sierra, asesor legal y no por el Alcalde Municipal con relación a tal alegato se encuentra acreditado en autos que la notificación de despido surtió sus efectos es decir los demandantes se consideraron despedidos, además en ningún momento la demandada ha desconocido los efectos de dicha nota es decir no niega haber despedido a los demandantes, avala las acciones realizadas por el abogado Porfirio Diaz Sierra, en el desempeño de sus funciones, y mientras eso no ocurra la misma tiene plena validez. Además, el abogado Porfirio Diaz Sierra, como empleado de la demandada ejerce funciones de dirección por lo que en aplicación a lo que dispone el artículo 6 del Código de Trabajo, “Se consideran representantes de los patronos yen tal concepto obligan a éstos en sus relaciones con los demás trabajadores: los directores, gerentes, administradores, capitanes de barco y en general las personas que en nombre de otro, ejerzan funciones de dirección o de administración”.-6) La parte actora alega que el derecho de la demandada para despedir a los demandantes invocando esa causal había prescrito con relación a tal hecho de la lectura del Contrato Celebrado entre la demandada y la sociedad SULAMBIENTE S.A. DE C.V., suscrita en fecha 22 de octubre del 2014, en el Municipio de San Pedro Sula, departamento de Cortés; lo que obliga a la demandada hacer los ajustes necesarios para que pudiera entrar en vigencia el contrato es decir debía cumplir con ciertas condiciones como ser: se establece claramente en la cláusula 12 ..., que la Municipalidad demandada se compromete a ejecutar un plan de mejoras dentro de los 24 primeros meses a partir del inicio de vigencia de dicho contrato los cuales consiste en: 12. La Municipalidad, asimismo, dentro de los 24 primeros meses a partir del inicio de la vigencia de este Contrato, ejecutara un plan de mejora de Relleno Sanitario que incluya: la construcción de un cerco en los puntos que se estimaren necesarios, la rehabilitación de la carretera de acceso y de las carreteras internas, la perforación de pozos para determinar el impacto en aguas subterráneas, las construcción de una caseta de control de acceso y casetas de vigilancia, la construcción de instalaciones eléctricas y de agua potable y la rehabilitación del punto de descarga de las aguas pluviales. EL CONTRATISTA podrá formular observaciones a las especificaciones o diseño de dichas obras, las cuales serán consideradas por la Municipalidad en su ejecución.- 7) Que la parte demandante alega que varios de sus representados se encontraba protegidos por el fuero sindical; extremo que no se acreditóy llevan a este convencimiento las circunstancias siguientes: 1) en el caso de autos el Sindicato de Trabajadores de la demandada informa a este Tribunal que los empleados los señores Oscar Hernández Castro, Alicia Yamileth Paz Paz y Andrés Zepeda Ramírez, son miembros de la Junta Directiva de Desechos Sólidos, electos en fecha para el periodo 2018-2020; en dicho informe existe ambigüedad ya que no se establece si pertenecen a las juntas directiva central, situación que debió probar según mandato de Ley (artículo 516 del Código de Trabajo), 2) Si bien es cierto el contrato colectivo de condiciones de trabajo vigente al momento del despido, amplia dicha protección sindical en su cláusula 49 incluyendo tanto el comité ejecutivo como de las juntas directivas seccionales.- En el caso de autos no se ha acreditado en autos que los miembros directivos del Sindicato en la Unidad Municipal de desechos Só1idos, sea una seccional o junta directiva central o sea parte del comité, extremo que debió haber probado la parte demandante ya que es quien alega que estaban protegidos por el fuero sindical.- 8) En el presente juicio no se pudo establecer la fecha de inicio de la relación de trabajo, salario, cargo que ocupaban los señores Oscar Hernandez Castro yÁngel Alberto Hernandez Licona, sin embargo consta de autos que dichos trabajadores conciliaron sus diferencias con la demandada ante la autoridad administrativa siendo reintegrados.- La parte demandada interpuso las excepciones de pago con relación a los trabajadores Carlos Alberto Solís y Julio Cesar Benítez Bensi, para acreditar acredito haber celebrado con dichos trabajadores un convenio de pago en virtud de haber finalizado el contrato de trabajo en fechas 30 de abril del año 2018, comprometiéndose la demandada a pagar las prestaciones sociales así: al señor Carlos Alberto Solís, la cantidad de L. 199,989.28, por concepto de prestaciones de un solo pago en fecha 25 de junio del año 2018 y Julio Cesar Benítez Bensi, la cantidad de L.242,812.22 por concepto de prestaciones de un solo pago en fecha 25 de junio del año 2018, cantidades que fueron pagadas; Que a pesar de lo antes expuesto este Tribunal considera que precede declarar sin lugar la excepción planteada porque en el presente juicio los trabajadores demandan reintegro a sus puestos de trabajo, a pesar que ya recibieron el pago de sus prestaciones sociales.- En cuanto a la excepción de falta de acción o derecho para demandar interpuesta por la parte demandada precede declararlas sin lugar en vista que el tribunal supremo en diferentes fallos ha dicho que dicha excepción no se ajusta a derecho de conformidad a los artículos 80 y 82 de la Constitución de la República, ya que no afecta la naturaleza del poder jurídico de accionar, puesto que se pueden promover sus acciones en justicia aún aquellos que erróneamente se consideren asistidos de razón. Que la demandada reconoció a los demandante el pago de las prestaciones laborales que les correspondían habiendo consignado ante este Tribunal dichas cantidades mediante cheques en vista de haber sido rechazadas por la parte actora, porque lo que pretende es el reintegro a sus puestos de trabajo por lo menos en igualdad de condiciones existente al momento del despido; en dicha consignación se incluía el pago de los derechos adquiridos como ser décimo tercer mes, décimo cuarto y vacaciones todos proporcionales por esa razón este Tribunal no condena a esos conceptos. Que aceptó conciliar la parte actora con la demandada con relación a los trabajadores Alejandro Salgado Turcios, Jorge Alberto Enamorado, Laura Carolina Amaya, José Leandro Chávez, Maria Estela Tabora, José Francisco Argueta. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 1 de agosto del 2019, dictó sentencia que, en su parte conducente, dice: “FALLA:PRIMERO: DECLARANDO PARCIALMENTE HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la parte actora a través de su representante procesal, Abogado JOSE ERNESTO CUBERO GUTIERREZ, contra la sentencia definitiva proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta Sección Judicial en fecha veintiséis (26) de abril del presente año (2019), en la diligencias iniciadas con la demanda de la referencia promovida contra la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, a través de su representante legal, en consecuencia se reforma la misma en el sentido de: A.- Declarar con lugar la demanda para la reinstalación de los señores SANTOS PIO ESTRADA, BLANCA ROSA RAMOS VASQUEZ, MELBA DANESA BOGRAN ROMERO, LAURA CAROLINA RODRIGUEZ, ELMER HERNAN TERUEL SABILLON, RODOLFO LOPEZ ALVARADO, IDANIA PATRICIA MARTINEZ, WILFREDO DUBON CRUZ, SANTOS FIGUEROA RODRIGUEZ, ADALBERTO HERNANDEZ MELARA, FLORENTINA GAVARRETE SANTOS, RIGOBERTO GAMEZ CERNA, MARIA ESTELA TABORA BRIONES, VICTOR ENRIQUE AMAYA VARELA, CONMEMORACION REYES VILLATORO, ANDRES ZEPEDA RAMIREZ, EDGAR ANTONIO MONCADA MARADIAGA, ALEJANDRO SALGADO TURCIOS, WILFREDO CANTARERO BENITEZ, CESAR ARNALDO AGUILERA MILLA, LUIS ANTONIO FLORES CABRERA, JULIO CESAR BENITEZ BENSI, ALICIA YAMILETH PAZ PAZ, JOSE EDELIO GUTIERREZ SAGASTUME, BLADIMIR DE JESUS RODRIGUEZ LOPEZ, JOSE LEANDRO CHAVEZ GARCIA, JORGE ALBERTO ENAMORADO RODAS, HERMINIA GONZALEZ OSEGUERA, RIGOBERTO LEMPIRA RICO BORJAS, JOSE FRANCISCO ARGUETA CHINCHILLA, JOSE ALFREDO VIJIL NAVAS, PEDRO MARTINEZ SUAZO y NOHEMI ISOLINA CARBAJAL CHAVEZ, por consiguiente se condena a la demandada al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta el momento en que sean reinstalados a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones de trabajo a las que tenían al momento del despido, debiendo deducirse de estos las sumas de dinero que la accionada hizo efectivas en concepto de prestaciones e indemnizaciones laborales con ocasión de la notificación de la terminación de la relación de trabajo.- B.-Declarar sin lugar la demanda para el pago de indemnización a favor del SINDICATO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD SAMPEDRANA (SIDEYTMS) por despido de los señores OSCAR HERNANDEZ CASTRO, ALICIA YAMILETH PAZ PAZ y ANDRES ZEPEDA RAMIREZ como directivos sindicales; en consecuencia se absuelve a la demandada de toda responsabilidad económica por dicho concepto.- SEGUNDO: CONFIRMANDO la sentencia apelada y antes relacionada en sus demás extremos, es decir, en cuanto declara sin lugar tanto el incidente de nulidad de notas de despido promovido por la parte actora como las excepciones perentoria opuestas por la parte demandada, y la exoneración de costas de primera instancia.- SIN COSTAS…”. Bajo el criterio que es indudable que el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo dictó sentencia en fecha 25 de enero de 2005, mediante la cual se condenó a la demandada a reconocer el derecho para el otorgamiento del contrato de las servicios de limpieza vial, recolección, transporte y tratamiento de las desechos sólidos, a la sociedad mercantil, denominada SULAMBIENTE S. A. DE C. V.; y, que mediante decreto legislativo No. 29-2015 aprobado el 07 de mayo de 2015 y publicado el 17 de julio de ese mismo año, se aprobó en todas y cada y una de sus partes el contrato en referencia; situación en razón de la cual, según lo reconoce la demandada en las notas de despido, en fecha 14 de noviembre de 2016 giró la orden de inicio de operaciones de la empresa mercantil SULAMBIENTE S. A. DE C. V. para la prestación de servicios de manejo de las residuos sólidos urbanos y de limpieza vial en el término municipal de San Pedro Sula, procediendo al despido de los demandantes el 30 de abril de 2018; transcurriendo entre estas últimas fechas más de 18 meses, tiempo durante el cual, al tenor de la cláusula 15.2 del "contrato para la prestación de los servicios de manejo de los residuos sólidos urbanos y de limpieza vial" en el término municipal de San Pedro Sula, departamento de Cortes, bien pudo determinarse el interés de las trabajadores para continuar en las laborares que regularmente desempeñaba y que se establecieran las condiciones y requerimientos exigidos de acuerdo con las pautas de desempeño para su contratación por la sociedad mercantil denominada SULAMBIENTE S. A. DE C. V., o bien, considerando el tiempo que llevó todo el proceso de traslado de las operaciones antes relacionadas, dentro de los criterios a analizar por la demandada, previo o durante dicho traslado, era la posibilidad de reubicación de personal en áreas existentes dentro de la institución, con la finalidad de garantizar a la mayoría del personal afectado por la reestructuración organizacional por supresión del Departamento de ornatos, parques y bulevares y Departamento de recolección de desechos sólidos, la estabilidad laboral y el derecho al trabajo consagrados en los artículos 127 y 129 de la Carta Magna (expedientes SL 201-17 y CL 315-17). De otra parte consta en autos que la Corporación Municipal de San Pedro Sula, en sesión extraordinaria celebrada el 08 de mayo de 2018, acordó autorizar al Alcalde Municipal para que procediera al cierra de los Departamentos de ornatos, parques y bulevares y Departamento de recolección de desechos sólidos, dependencias de la Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria y proceder al pago de las prestaciones e indemnizaciones legales del personal que laboraba para las unidades “Departamentos de ornatos, parques y bulevares y Departamento de recolección de desechos sólidos”, sin embargo para esta fecha, los demandantes ya habían sido despedidos mediante notas de fecha 30 de abril del 2018; de ahí que si bien, contractualmente la Municipalidad de San Pedro Sula, tiene la obligación de trasladar las operaciones de servicios de manejo de los residuos sólidos urbanos y de limpieza vial a la sociedad mercantil denominada SULAMBIENTE S. A. DE C. V., para el momento el despido las unidades municipales donde se desempeñaban los demandantes y que prestaban dichos servicios (Departamentos de ornatos, parques y bulevares y Departamento de recolección de desechos sólidos), no habían sido clausuradas. Por todo lo anterior, el despido de los demandantes no se ajusta a los procedimientos legales, situación que lo coloca en un despido injustificado e ilegal, resultando procedente la reinstalación reclamada por los demandantes, con excepción de los señores Carlos Alberto Soliz, Oscar Hernandez Castro y Ángel Alberto Hernandez Licona, entre otros trabajadores, llegaron al mutuo acuerdo de que éstos serían reintegrados a sus puestos de trabajo. El apelante también señalo en sus alegaciones que la accionada violentó el fuero sindical bajo el cual están amparados los señores Oscar Hernandez Castro, Alicia Yamileth Paz Paz y Andrés Zepeda Ramírez por ser directivos sindicales que por su orden ocupan los cargos de presidente, secretaria de actas, secretario de asuntos cooperativos en la junta directiva de los desechos só1idos en el periodo enero 2018, enero 2020, más si bien de las pruebas resulta acreditado que ellos ocupan dichos cargos, también se acreditó que conforme la cláusula 49 del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo celebrado entre la demandada y el SIDEYTMS, los señores Oscar Hernandez Castro, Alicia Yamileth Paz Paz y Andrés Zepeda Ramírez no gozan de la protección del fuero sindical, ya que dicha disposición contractual establece que: “La Municipalidad se compromete a respetar el fuero sindical de los Directivos del Sindicato tanto el Comite Ejecutivo como los de las Juntas directivas seccionales...”; y de autos no consta que ellos se encuentran comprendidos en alguna de esas categorías, pues no existe prueba que lleve a concluir que la junta directiva de los desechos sólidos sea una junta directiva seccional; de ahí, que el reclamo de pago de indemnización por fuero sindical conforme la contratación colectiva es improcedente. 5.-Mediante auto de fecha 5 de diciembre del 2019, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada MELISSA PAOLA AYALA AVELAR, en su condición de representante procesal de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.-En fecha 08 de marzo del 2021, compareció ante éste Tribunal la Abogada MELISSA PAOLA AYALA AVELAR, en su condición de representante procesal de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación y solicitando la nulidad subsidiaria de la sentencia recurrida, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que, en proveído de fecha 22 de junio del 2021, se declaró precluido de derecho e irrevocablemente perdido el término dejado de utilizar por parte del Abogado JOSÉ ERNESTO CUBERO GUTIERREZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- El recurso de casación configura una acción de impugnación que a la vez sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del derecho y es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. En materia de trabajo, la censura puede ser dirigida contra un fallo que hace tránsito a cosa juzgada, dictado por un Tribunal de Apelación, alegándose violación de la Ley o invocándose el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica, pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la normativa legal sustancial; por ello, la parte litigante que hace uso de esta vía procesal dispositiva y extraordinaria está obligada a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del debate procesal con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo primero se debe revisar si el libelo casacional llena todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales. II.- Que la Abogada MELISSA PAOLA AYALA AVELAR,, en el primer motivo de casación alega: “Infracción directa de la ley sustantiva contenida en el artículo 111 reformado numeral 6°.) del Código de Trabajo por falta de aplicación. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el numeral primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. DOCTRINA. Reiteradamente a mantenido esta corte el sólido criterio de que la infracción directa de la Ley, parte de la base que la sentencia le otorgue a una norma sustantiva un sentido y un alcance que no tiene, cuando el texto de la norma es absolutamente claro y la sentencia contiene disposiciones en abierta pugna con la ley. CONCEPTO DE LA INFRACCION. El artículo 111 reformado numeral 6°.) del Código de Trabajo establece: "Son causas de terminación de los contratos de trabajo: 1)… 2)….3)… 4)… 5)…. 6) Caso fortuito o fuerza mayor; 7)….”.- En el caso de autos los actores SANTOS PIO ESTRADA, BLANCA ROSA RAMOS VASQUEZ, MELBA DANESA BOGRAN ROMERO, LAURA CAROLINA RODRIGUEZ, ELMER HERNAN TERUEL SABILLON, RODOLFO LOPEZ ALVARADO, IDANIA PATRICIA MARTINEZ, WILFREDO DUBON CRUZ, SANTOS FIGUEROA RODRIGUEZ, ADALBERTO HERNANDEZ MELARA, FLORENTINA GAVARRETE SANTOS, RIGOBERTO GAMEZ CERNA, MARIA ESTELA TABORA BRIONES, VICTOR ENRIQUE AMAYA VARELA, CONMEMORACION REYES VILLATORO, ANDRES ZEPEDA RAMIREZ, EDGAR ANTONIO MONCADA MARADIAGA, ALEJANDRO SALGADO TURCIOS, WILFREDO CANTARERO BENITEZ, CESAR ARNALDO AGUILERA MILLA, LUIS ANTONIO FLORES CABRERA, JULIO CESAR BENITEZ BENSI, ALICIA YAMILETH PAZ PAZ, JOSE ADELIO GUTIERREZ SAGASTUME, BLADIMIR DE JESUS RODRIGUEZ LOPEZ, JOSE LEANDRO CHAVEZ GARCIA, JORGE ALBERTO ENAMORADO RODAS, HERMINIA GONZALEZ OSEGUERA, RIGOBERTO LEMPIRA RICO BORJAS, JOSE FRANCISCO ARGUETA CHINCHILLA, JOSE ALFREDO VIJIL NAVAS, PEDRO MARTINEZ SUAZO Y NOHEMI ISOLINA CARBAJAL CHAVEZ laboraban para la municipalidad de San Pedro Sula en el departamento de desechos sólidos, labores que la patronal demandada dejo de ejecutar por motivos de fuerza mayor, la cual ocurrió debido a la promulgación del decreto legislativo 29-2015, derivado de una sentencia judicial, hecho que es de lato conocimiento para los actores y toda la sociedad de la ciudad de San Pedro Sula. En consecuencia, las labores y los puestos de trabajo que ocupaban los actores, dejaron de existir por causas no imputables a la patronal, mismas que actualmente son ejecutadas por una empresa independiente, hecho acreditado en autos y no controvertido del proceso, por tanto, la relación laboral no finalizo por causas o motivos imputables a la patronal, ni mucho menos a los actores, sino provocado por un acto de fuerza mayor que NO permitía la continuidad la relación laboral.- La doctrina laboral a este efecto refiere: “La fuerza mayor es cualquier acontecimiento o hecho externo de carácter imprevisible o previsible, pero inevitable. Su virtualidad y eficacia como causa de extinción del contrato de trabajo estriba en hacer imposible la realización de la prestación de trabajo”, lo cual ha ocurrido exactamente en el caso de autos.- De tal suerte que el Ad quem al REVOCAR el fallo proferido por el iudex A-quo, deja de aplicar la norma sustantiva contenida en el artículo 111 numeral 6°. del código de trabajo, aun y cuando el texto de la norma es completamente claro y aplicable al caso de autos, razón por la cual y estando demostrada la infracción directa de la ley sustantiva contenida en la norma citada, es procedente la prosperidad del cargo y debe casarse la sentencia que se impugna.” III.- Que este cargo resulta ser inadmisible, ya que la Recurrente olvida que la violación directa de la ley, ya sea por infracción directa o falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea, tiene lugar y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio (ver sentencias expedientes números CL 118-08, 169-08, 219-08, 249-08, 354-08, 382-08 y 14-09); en el presente caso, la cuestión debatida tiene relación con la procedencia o no de la terminación de la relación laboral bajo la cusa de la fuerza mayor y ello fue objeto del debate y por ende, del material probatorio, por lo que no resulta viable el ataque al fallo por esa vía. IV.- Que la Impetrante en el segundo motivo esgrime: “.Infracción indirecta de la ley sustantiva contenida en el artículo 111 reformado numeral 6°, a través de los artículos 738 y 739 todos del Código del Trabajo vigente, por error de hecho manifiesto resultante de la apreciación errónea por parte del Ad quem de los medios de prueba documentales públicos consistentes en el decreto legislativo 29-2015, que obra en los autos en el primer tomo de la primera pieza a folios 281 al 291, así como el punto número 6 de acta número 10, emitido por la corporación municipal en relación al cierre de las dependencias de desechos sólidos, las cuales obran a folios 339 al 341 de la misma pieza. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el numeral primero, párrafo segundo del artículo 765 del Código del Trabajo. DOCTRINA. El error de hecho procede en casación cuando es ostensible la equivocación en que incurre el fallador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta contraria a la realidad de los hechos.- El error de hecho debe ser manifiesto o sea que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate, como ocurriría con la sentencia que admite por probado un hecho que en realidad no está demostrado, o por el contrario se da por no probado un hecho que siestá demostrado plenamente en juicio. CONCEPTO DE LA INFRACCION. El artículo 111 reformado numeral 6°.) del Código de Trabajo establece: “Son causas de terminación de los contratos de trabajo: 1)… 2)… 3)… 4)…. 5)…. 6) Caso fortuito o fuerza mayor; 7)…”.- En el presente caso, el Ad quem ha arribado a conclusiones ostensiblemente contrarias a lo establecido en el juicio producto de una errónea apreciación de las pruebas allegadas al proceso. Es decir, el Tribunal de alzada no ha dado por probado un hecho que efectivamente lo está, mismo que se contrae a que la relación laboral terminó por causas de fuerza mayor no imputables a las partes, ya que los departamentos de ornato, parques y bulevares, así como el de recolección de desechos sólidos fueron cerrados definitivamente por el decreto legislativo 29-2015, decreto que proviene de una sentencia judicial que obligó a la patronal a conceder el manejo de los desechos sólidos a una empresa privada, tal y como está plenamente acreditado en la prueba documental pública señalada y que obra a folios 281 al 291 del primer tomo de la primera pieza, así como en la certificación del punto No. 6 del acta 10 de fecha 8/05/2018 celebrada por la Corporación de San Pedro Sula, que obra a folios 339 al 341 del primer tomo de la primera pieza, en tal sentido, la prueba documental pública en su conjunto singularizada en este motivo, tiene acreditada fehacientemente las causas de fuerza mayor que llevaron a la terminación del contrato de trabajo de los actores, tal como lo establece la norma sustantiva violentada indirectamente y contenida en el artículo 111 numeral 6° del código de trabajo, en consecuencia, en la terminación de la relación laboral con los actores, no intervinieron causas o motivos que dieran lugar al despido injusto que den lugar al reintegro, en tal sentido el vínculo laboral se extinguió por causas de fuerza mayor no imputables a las partes.- De lo anterior, se colige que hay incidencia decisiva del error de hecho reprochado en el fallo impugnado, ya que al no haberse valorado correctamente la prueba descrita, se han violentado indirectamente las normas sustantivas señaladas en este motivo, vaciando de contenido y eficacia a las mismas, perjudicando a la parte demandada al condenarla a reintegrar a los actores a un puesto de trabajo inexistente por causas de fuerza mayor. Debiendo ser estimado y prosperar este cargo, ya que el error de hecho descrito es manifiesto y transcendente en el fallo” V.- Que no puede prosperar el cargo que antecede, ya que el error de hecho es una creencia o noción equivocada del juez frente a los hechos revelados por la prueba, la demanda o la contestación, que se percibe de forma inmediata y conlleva a la violación indirecta de la ley. Para que se configure la violación de la ley por error de hecho en la apreciación de las pruebas, son necesarios los siguientes requisitos: a) debe existir una mala o falta de apreciación de la prueba; b) esa mala apreciación debe ser originada por un error de hecho, es decir, respecto de la prueba considerada en si misma y no con relación a las normas legales que reglamentan la prueba; c) ese error de hecho debe generar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva; d) que el error de hecho expresado debe ser manifiesto, o sea que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate, como ocurriría si en la sentencia se admite por probado un hecho que en realidad no está demostrado o al contrario. [1] VI.- Del análisis del expediente de mérito, este Tribunal observa que el ad-quem analizó la prueba en su conjunto valorándola atendiendo a las reglas de la sana crítica y del conocimiento, formando libremente su convencimiento sin sujeción a la tarifa legal de pruebas. En lo atinente a la libre apreciación de los medios probatorios, tanto la Doctrina como la jurisprudencia han reiterado que la evaluación de ese material hecha por el sentenciador de instancia es intocable, no puede destruirse en casación, aún cuando no se esté de acuerdo con ella, salvo el caso excepcional de error manifiesto o evidente de hecho, es decir, que la libertad del tribunal para estimar los medios de prueba solo tiene el límite que le demarca lo absurdo de la conclusión a que lo lleva un error en la apreciación probatoria, entendiéndose por conclusión absurda lo que repugna a la razón natural. Asimismo, sostiene la doctrina que los cargos por error de hecho no pueden prosperar cuando se trata de que en casos dudosos el tribunal haya hecho la crítica de las pruebas y haya considerado demostrado un extremo dudoso, sino cuando lo aceptado es abiertamente contrario a lo probado en el juicio, lo que a criterio de este Tribunal de Casación, no es la situación que se observa en el sub-júdice, donde se advierte que la decisión del Juzgador de instancia se deriva del análisis del material probatorio en su conjunto, realizado conforme lo ordena el artículo 738 del Código de Trabajo; por todo lo anterior, este motivo no resulta estimable. VII.- También se pide se declare la nulidad subsidiaria del fallo recurrido, bajo el siguiente señalamiento: “NULIDAD SUBSIDIARIA. Con fundamento en la facultad que tienen los Tribunales al conocer por vía de Apelación o de Casación para invalidar de oficio las sentencias que se impugnan cuando aparezcan de manifiesto en ellas algunas de las causas que dan origen a la casación en la forma, y que en materia laboral es admisible como casual EL ERROR IMPROCEDENDO, cuando por quebrantamiento de normas de procedimiento se llegue a infringir normas sustanciales de índole laboral, se alega en forma subsidiaria LA NULIDAD DE LA SENTENCIA RECURRIDA por los motivos siguientes: De conformidad con lo establecido en el artículo 206 del Código de Procesal Civil, supletorio en materia laboral conforme a lo dispuesto en el artículo 858 del Código de Trabajo: 1) "Las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas. 2) El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes. 3) Cuando los puntos objeto del litigio hayan sido varios, el tribunal hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. En relación directa con esta disposición legal, el artículo 210 del mismo Código Procesal Civil establece en relación a la valoración de la prueba: 1) La cosa juzgada de las sentencias firmes, sean estimatorias o desestimatorias, excluirá, conforme a la ley, un ulterior proceso cuyo objeto sea idéntico al del proceso en que aquella se produjo.- 2) La cosa juzgada alcanza a las pretensiones de la demanda y de la reconvención, así como a la compensación y a la nulidad del negocio jurídico en que se funde la demanda.- La sentencia Recurrida violenta no solo violenta las normas procedimentales citadas, sino además el principio de la autonomía de la voluntad de los demandantes JORGE ALBERTO ENAMORADO RODAS, LAURA CAROLINA AMAYA PEREZ, JOSE LEANDRO CHAVEZ GARCIA, MARIA ESTELA TABORA BRIONES, JOSE FRANCISCO ARGUETA CHINCHILLA y JULIO CESAR BENITEZ BENSI, quienes conciliaron su reclamo judicial con la demandada y optaron por el pago de sus prestaciones sociales, esto al tenor de lo establecido en el artículo 113 del código de trabajo.- No obstante, el ejercicio alternativo de los trabajadores señalados y el principio de la autonomía de la voluntad de estos, el Ad quem de manera antijurídica e ilegal, al revocar la sentencia de primera instancia deja sin lugar y efecto los acuerdos conciliatorios judiciales de pago de prestaciones suscritos y que corren agregados a folios 244,247,251,252,367 al 375 de los autos del primer tomo de la primera pieza, y de manera totalmente arbitraria los incluye en la sentencia como si fuesen a reintegrarse, omitiendo flagrantemente los acuerdos conciliatorios señalados que obran en los autos y que tienen carácter de cosa juzgada, así como irrespetando el derecho alternativo del trabajador en relación a sus pretensiones, pues los actores señalados cambiaron su pretensión de reintegro por el de pago de prestaciones, pago que recibieron a sus entera satisfacción, no obstante la corte los incluye arbitrariamente en la sentencia. Igualmente la sentencia que se recurre es oscura y ambigua, en virtud de que condena a la demandada a reintegrar a una persona inexistente en el juicio de nombre LAURA CAROLINA RODRÍGUEZ, pues tal y como consta a folio 51 de la primera pieza, esta persona fue corregida en relación a su nombre, sin embargo, el Ad quemde manera omisiva ordena su reintegro sin existir como tal en el juicio, gravísimas omisiones que hacen que la sentencia carezca de claridad y precisión, por el contrario la convierten en oscura e incongruente y de pleno derecho nula de toda nulidad, criterio que ha sostenido esta honorable corte suprema en nulidades anteriores y que constan a manera de ilustración en el expediente SL428-09, en consecuencia, es procedente se declare con lugar la nulidad planteada.” VIII.- Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente caso, no se encontró vicio procesal que pueda ser objeto de nulidad, por lo que no se estima que la sentencia recurrida sea violatoria del derecho de defensa o debido proceso, resultando inestimable tal petición. IX.- Por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierran los dos motivos de casación, asimismo cabe declarar sin lugar la nulidad subsidiaria solicitada. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en sus dos motivos. 2) SIN LUGAR la nulidad subsidiaria solicitada. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los 29 días del mes de septiembre del 2021; certificación de la sentencia de fecha 19 de agosto del 2021, recaída en el Recurso de Casación número CL441-2019. Firma y sello.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
[1] Ver sentencia del 10 de marzo del 2015 dictada en el expediente SL 598-13.