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Sentencia CL-418-19 — Registro 13375

Resumen

Demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones legales, salarios adeudados, pago de salarios dejados de percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios, vacaciones, por despido directo, ilegal e injusto, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además, es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV.- Que por Acceso a la Justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- "...

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que revisada la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones recurrida, se aprecia que en la misma no se realiza el análisis debido del asunto sometido a su conocimiento conforme al principio de congruencia y a las cargas probatorias de las partes, ya que es deber del Juzgador resolver conforme a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, así como la decisión sobre hechos que resultaren controvertidos de acuerdo al objeto del debate que se fije en el proceso; en el presente caso la parte demandante reclama el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido directo y la parte demandada aduce la existencia de una causa justa para esa terminación del contrato de trabajo, por haber incurrido el actor en la"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Si bien dicho Tribunal en su fallo, hace mención de que el demandado probó  la negligencia del trabajador, configurándola como falta grave al haber producido daños económicos a la empresa, por lo que la estabilidad laboral se ve afectada al haberse incurrido en una falta o violación grave, como son las prohibiciones contenidas en las leyes laborales o reglamentos internos de trabajo; sin embargo, olvida que en el proceso se ha expuesto y discutido, el cuestionamiento de que el procedimiento disciplinario y la referida sanción impuesta, se ha realizado con base a un Reglamento Interno de Trabajo y de manuales de seguridad que son de otra empresa, de lo cual no formula ningún pronunciamiento que determine la procedencia o no de esa situación, encontrándose obligada a hacerlo, siendo que dichos puntos tienen relevancia con el tema de la legalidad o no del despido.- VIII.- Que toda persona tiene el derecho de poder ejercitar o promover las acciones que estime pertinentes en defensa de sus derechos y derivado de ello también tiene el derecho a recibir una respuesta del órgano jurisdiccional, previo a seguirse el debido proceso, resolución que deberá ser congruente, motivada, imparcial y apegada al ordenamiento jurídico y a los principios generales del derecho laboral.- IX.- Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de fondo del 5 de octubre de 2015, dictada en el caso Ruano Torres y otros Vs. El Salvador, estableció sobre el debido proceso: “La Corte ha señalado que el derecho al debido proceso se refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado, adoptado por cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que pueda afectarlos.- El debido proceso se encuentra, a su vez, íntimamente ligado con la noción de justicia, que se refleja en: i) un acceso a la justicia no sólo formal, sino que reconozca y resuelva los factores de desigualdad real de los justiciables, ii) el desarrollo de un juicio justo, y iii) la resolución de las controversias de forma tal que la decisión adoptada se acerque al mayor nivel de corrección del derecho, es decir que se asegure, en la mayor medida posible, su solución justa.”.- "...

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- XI.- Que es deber ineludible de la Corte Suprema de Justicia no solo observar la técnica rigurosa y formalista del recurso de casación, sino que se garantice el debido proceso y el derecho de defensa a las partes, particularmente que las resoluciones deben ser dictadas con la suficiente explicación de los puntos en litigio y los temas debatidos, como que sean congruentes y los resuelvan debidamente.- "...

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., quince de noviembre de dos mil veintiuno.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 5 de marzo del 2020, por el Abogado DENNIS ALEJANDRO ORELLANA REYES, en su condición de representante procesal del señor JUAN JOSE LOVO YANES, como recurrente; además, es parte recurrida, la Sociedad Mercantil TRANSPORTES DE CENTROAMERICA S. A., representada en juicio por el Abogado RAUL EDGARDO CHINCHILLA AGUILAR.OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones legales, salarios adeudados, pago de salarios dejados de percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios, vacaciones, por despido directo, ilegal e injusto, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 11 de enero del 2018,por el señor JUAN JOSE LOVO YANES, mayor de edad, Conductor, hondureño y con domicilio en Omoa, Departamento de Cortés, contrala Sociedad Mercantil TRANSPORTES DE CENTROAMERICA S. A., por medio de su Gerente General el señor WILLIAM JAVIER HERNANDEZ. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 19 de julio del 2019, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que falló REFORMANDO la sentencia definitiva de fecha 14 de mayo del 2019, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal demandada, Abogado Raúl Edgardo Chinchilla, contra la sentencia proferida el catorce de mayo del año en curso por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta sección judicial en la demanda de la referencia.- SEGUNDO: REFORMAR la citada sentencia en el sentido de 1) DECLARAR SIN LUGAR la demanda para el pago de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional y salarios dejados de percibir, por ende, se ABSUELVE a la demandada de dicho pago; 2) fijar como monto total de condena la suma VEINTISEIS MIL CUARENTA LEMPIRAS CON DIECINUEVE CENTAVOS (L. 26,040.19), que corresponde a los montos concedidos por la iudex Aquo en concepto de derechos adquiridos por ser derechos irrenunciables y deben pagarse independientemente de la forma en que termine la relación de trabajo, salvo que se hayan cancelado.- CUARTO: CONFIRMANDO la referida sentencia en sus demás extremos, es decir en cuanto a la condena de derechos adquiridos y la exoneración de costas de primera instancia.- QUINTO: SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que comenzó a laborar para la demandada el 22 de diciembre del 2007, desempeñándose como Motorista de Equipo Pesado, devengando un salario base mensual y comisiones oscilantes entre más o menos L.20,000.00; en fecha 6 de diciembre del 2017, el Gerente General de la empresa demandada lo despidió de forma directa, ilegal e injusta, argumentando hechos que no sucedieron de la forma como se plantearon, con el propósito para desentender la obligación de pagar las prestaciones e indemnizaciones sociales que la Ley establece, que en casi 10 años de laborar jamás fue citado por Recursos Humanos ni sancionado, siempre fue un empleado atento y colaborador, pese a que nunca gozó de vacaciones, no tenía horario de trabajo, entraba y salía según la necesidad de la empresa, laboraba sábados, domingos, y días feriados bajo la figura de la comisión que le pagaban; el 15 de noviembre del 2017, llegó a la empresa por la mañana, siguió las instrucciones generales de su Jefe Inmediato para cargar y transportar producto, desde la terminal en Omoa, Departamento de Cortés, hacia el destino final en el plantel de la empresa en La Ceiba, Departamento de Atlántida, donde descargaría el producto, siguiendo tales instrucciones salió del plantel y condujo el tráiler con rumbo al lugar conocido como El Chile, en Puerto Cortés, con el objetivo de mover con el tráiler una pipa vacía para que fuese cargada de gas en el plantel de Omoa, una vez cargada la pipa se condujo con la misma hacia La Ceiba, Departamento Atlántida, cuando llegó inició el proceso para desacoplar del tráiler la pipa llena que remolcaba, y la dejó en un lugar extremo del plantel para que con el mismo tráiler pudiera mover la pipa vacía del descargadero, y así abrir el espacio que necesitaba para colocar la pipa llena que traía desde Omoa, pero en el momento en que estaba acoplando el tráiler a la pipa vacía en el descargadero, se dio el accidente por el cual fue despedido, resultando que las llantas de la pipa en la espera de ser movida se hundieron en el lodo del terreno, y provocó que la pipa se fuera de lado, expresó ser la primera vez que miraba un accidente de ese tipo, indicó que el plantel de La Ceiba no tenía condiciones físicas aptas, como ser pavimento o encementado que pudiera asegurar que una situación como esa no se repita, expone que lo sucedido fue un accidente que no lo causó su persona, sino que se debió a las condiciones del terreno de dicho plantel, pues el buscó dejar la pipa llena en el lugar más estable del predio, pero al no haber condiciones físicas, por ser literalmente un potrero sucedió el incidente; la recomendación No. 166 sobre la terminación de la relación de trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, con respecto al despido por faltas del trabajador, postula que no debería darse por terminada la relación de trabajo de un trabajador por una falta cuya índole, en virtud de la legislación solo justificaría la terminación en caso de reincidencia una o varias veces, a menos que el empleador haya prevenido por escrito al trabajador de manera apropiada; con respecto al despido por rendimiento insatisfactorio o negligencia según la recomendación No. 166, no debería dar por terminada la relación de trabajo de un trabajador, a menos que el empleador le haya dado las instrucciones apropiadas además de haberle advertido por escrito, y el trabajador siga realizando su labor en forma insatisfactoria o negligente después de haber transcurrido un periodo razonable para que la mejore.- 2.- La parte demandada, la Sociedad Mercantil TRANSPORTES DE CENTROAMERICA S. A., contestó dicha demanda refiriendo que los Manuales de Seguridad son de conocimiento de todos los empleados que conducen unidades para transportar productos inflamables, asimismo para llevar a cabo el despido evacuó los procedimientos protocolarios establecidos, sobre las acusaciones aseveradas en su contra por no atender horarios, pagar tiempo extraordinario, y hacer trabajar al demandante en días de descanso, dijo ser completamente falso, resultando imposible que durante los años laborados no exista reclamo ante las autoridades administrativas del trabajo, arguyendo que lo sucedido fue sencillamente la comisión de una falta grave, al no llevar a cabo procedimientos tal cual lo exigen los protocolos de seguridad, lo que provocó que una pipa cargada con cientos de galones de gas rodara dentro del plantel, dañando el andén donde se recibe el producto, mencionó que en el momento procesal oportuno presentaría los costos en que incurrió para poner en funcionamiento nuevamente la pipa de combustible; explicó que el demandante invoca a su conveniencia la Recomendación 166 sobre la terminación de Contratos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), considerando que no debió darse por terminada la relación de trabajo por una falta cuya índole no haya sido reincidente, no obstante hay actos cuya ejecución motivan a proceder con despido sin responsabilidad alguna; también indicó ser una empresa dedicada a la distribución de producto cuyo almacenamiento, transporte, distribución y tenencia es altamente peligroso, y basta un simple accidente para que depare en tragedia, es por ello que considera que al invocar la Recomendación 166 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se pretende confundir al Tribunal pues no se trata de llegadas tardes, inasistencias recurrentes, o faltas de respeto que requieren analizar la antigüedad, y conducta del trabajador para conceder una segunda oportunidad, pues no es aceptable que un motorista con casi 10 años de experiencia, no siguió los protocolos de seguridad reglamentarias poniendo en riesgo su vida, la de sus compañeros de trabajo y bienes de la empresa.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha14 de mayo del 2019, dictó sentencia que en su parte resolutiva dice: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la demanda Laboral para que se condene pago de prestaciones sociales e indemnizaciones legales, salarios adeudados, pago de salarios dejados de percibir en concepto de indemnizaciones de daños y reparación de perjuicios, desde el momento en que tuvo lugar al despido directo, ilegal e injusto, hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del código de trabajo quede firme la sentencia condenatoria, reclama vacaciones, y salarios adeudados, promovida el señor JUAN JOSE LOVO YANES, de generales expresadas en el preámbulo de la sentencia, contra la empresa TRANSPORTES DE CENTROAMERICA, S.A., a través de su representante legal señor WILLIAN JAVIER HERNANDEZ, de generales expresadas en el preámbulo de la sentencia; en consecuencia: 2) CONDENA: A la empresa TRANSPORTES DE CENTROAMERICA, S.A., a través de su representante legal señor WILLIAN JAVIER HERNANDEZ, a pagar la cantidad de DOSCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (L.207,310.75), los conceptos de: Preaviso L.30,324.07, auxilio de cesantía L. 136,458.32, auxilio de cesantía proporcional L. 14,488.17, vacaciones proporcionales L. 8,278.95, décimo tercer mes proporcional L. 12,129.63, décimo cuarto mes proporcional L. 5,631.61; más a títulos de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia condenatoria.- SIN COSTAS”. Bajo el criterio que del análisis de las pruebas allegadas al proceso estimó que la causa invocada para finalizar la relación de trabajo fue injusta, si bien es cierto el 17 de noviembre del 2017, la pipa conteniendo gas LPG misma que transportaba el demandante, al momento de hacer el desacoplaje se hundió y posteriormente dio vuelta, no obstante dicho incidente no fue provocado de manera culposa ni dolosa por el trabajador, sino por las circunstancias en que se encontraba el terreno, pues solo cuenta con una área encementada en la cual caben dos pipas, y al momento en que llego el demandante se encontraba ocupada, por lo que para poder hacer el desacoplaje tuvo que hacerlo en otra área del terreno, pero debido a las condiciones inestables del terreno, sumado a las condiciones del clima al haber llovido los días anteriores, y tal como lo declararon los testigos el día del incidente también hubieron lloviznas, dado que el trabajador no es un especialista en suelo, además no habían tacos o tablones para colocar la pipa, la poca visibilidad que había por ser horas de la noche, concluye que lo ocurrido no fue responsabilidad del demandante, porque de haber quitado la pipa vacía con antelación, al llegar el demandante con la pipa llena no hubiera tenido que hacer la maniobra que tuvo que realizar para hacer el desacoplaje, situación que según los testigos propuestos por la parte demandada no es habitual, lo que significa que el área de desacoplaje encementada siempre está libre, además en el reconocimiento judicial realizado en ningún momento se dejó establecido que además de la área de desacoplaje encementada, existía otra área para desacoplar en caso de emergencia, además las áreas restantes son de tierra con gravin, y no se puede determinar si dicho suelo es firme o no; la empresa demandada pretende hacer valer en juicio un Reglamento Interno de Trabajo aprobado por la empresa Tropigas de Honduras, la cual es una persona jurídica distinta a la demandada, y aunque alegó que son un grupo de empresas, los cierto es que no se encuentran constituidas como tal, también pretende hacer valer un Manual o Políticas que pertenecen a la empresa Tropigas de Honduras, en consecuencia al no poderse establecer la gravedad de la falta establecida en el Reglamento Interno de Trabajo, consideró que dicha causal fue injusta en vista que el demandante en ningún momento violentó políticas o procedimientos, y que dicho incidente fue provocado por las condiciones en las cuales se encontraba el predio utilizado para carga y descarga.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 19 de julio del 2019, dictó sentencia que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal demandada, Abogado Raúl Edgardo Chinchilla, contra la sentencia proferida el catorce de mayo del año en curso por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta sección judicial en la demanda de la referencia.- SEGUNDO: REFORMAR la citada sentencia en el sentido de 1) DECLARAR SIN LUGAR la demanda para el pago de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional y salarios dejados de percibir, por ende, se ABSUELVE a la demandada de dicho pago; 2) fijar como monto total de condena la suma VEINTISEIS MIL CUARENTA LEMPIRAS CON DIECINUEVE CENTAVOS (L. 26,040.19), que corresponde a los montos concedidos por la iudex Aquo en concepto de derechos adquiridos por ser derechos irrenunciables y deben pagarse independientemente de la forma en que termine la relación de trabajo, salvo que se hayan cancelado.- CUARTO: CONFIRMANDO la referida sentencia en sus demás extremos, es decir en cuanto a la condena de derechos adquiridos y la exoneración de costas de primera instancia.- QUINTO: SIN COSTAS…”.Bajo el criterio que la negligencia se reviste carácter subjetivo, y se caracteriza como un acto inexcusable del trabajador que no cumple sus tareas con la intensidad y cuidado debido, además integra una forma de incumplimiento inherente al Contrato de Trabajo, cuando no refleja en la actividad el mínimo de diligencia y cuidado que se debe observar en el cumplimiento de los servicios pactados, caracterizándose por la falta de diligencia, y adopción de medidas necesarias para la correcta prestación del servicio, lo cual configura injuria a los intereses de la empresa, y por lo tanto es una causa justificada para el despido; la demandada califica la falta imputada al trabajador como una falta grave, producto de la negligencia cometida por el empleado al no realizar bien su trabajo, pues no tomó las medidas necesarias para dar cumplimiento a los procedimientos y protocolos de seguridad; del examen detenido de las actuaciones, objeto del debate, alegaciones en segunda instancia, y de la apreciación del material probatorio allegado al juicio, conforme a los principios que rigen la valoración de la prueba en materia laboral, estimó probada la justa causa invocada para el despido, en virtud que el cese laboral se debió a un hecho negligente por parte del trabajador en la realización de sus laborales, pues debió tomar en cuenta las medidas necesarias para el desacoplaje de la cisterna que transportaba, circunstancia que no observó pese a que no era la primera vez que realizaba el traslado del producto a la terminal de La Ceiba, pues contaba con casi diez años de desarrollar la misma actividad, además de las declaraciones e informes rendidos por los señores Jonathan Josué Méndez Ortega y José Elvir, resultó acreditado que estos en su condición de Personal de Seguridad, le manifestaron al actor que no estacionara el tanque cisterna en el lugar pretendido y pese a ello lo hizo, lo que provocó que el patín izquierdo se hundiera y la cisterna rodara, ocasionando daños económicos que tuvo que asumir la empresa, tales hechos justifican la desvinculación laboral sin responsabilidad económica, pues la estabilidad en el trabajo se encuentra garantizada constitucionalmente, pero la misma puede ser afectada cuando se incurre en una falta o violación grave, cometida por el trabajador, como son las prohibiciones contenidas en las Leyes Laborales o Reglamentos Internos de Trabajo, criterio sostenido por la Honorable Sala Laboral-Contencioso Administrativa en el Recurso de Casación No 618-17, por las razones antes expuestas, estimó atendibles los argumentos y pretensiones de la parte demandada, y declaró sin lugar lo impetrado por la parte actora, consecuentemente reformó la sentencia dictada en primera instancia y apelada.- 5.- Mediante auto de fecha 20 de noviembre del 2019, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado DENNIS ALEJANDRO ORELLANA REYES, en su condición de representante procesal del señor JUAN JOSE LOVO YANES, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha de marzo del 2020, compareció ante éste Tribunal el Abogado DENNIS ALEJANDRO ORELLANA REYES, formalizando su demanda, exponiendo5motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de fecha6 de marzo del 2020, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de su derecho, por lo que mediante providencia de fecha 31 de agosto del 2021, se declaró precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por el Abogado RAUL EDGARDO CHINCHILLA AGUILAR, en consecuencia, sígase con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II.- Que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además, es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV.- Que por Acceso a la Justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI.- Que el Recurrente de forma subsidiaria solicita se declare la nulidad del fallo recurrido, en la forma siguiente: “SE SOLICITA SUBSIDIARIAMENTE SE DECLARE LA NULIDAD DE LA SENTENCIA RECURRIDA. Se solicita se declare la nulidad absoluta de la sentencia definitiva dictada el viernes diecinueve (19) de julio del año dos mil diecinueve (2019) por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, por haber sido proferida sin sujetarse a los lineamientos que sobre esta materia regula el Código del Trabajo y supletoriamente el Código Procesal Civil, violando con ello normas de orden público, que por lo tanto no pueden eludirse ni modificarse por convenciones de los particulares y su nulidad puede ser alegada por todo aquel que tenga interés en ella y cuando conste en autos puede declararse de oficio aunque las partes no la aleguen; tal deficiencia se detalla así: 1º. Durante nuestra breve intervención en la Audiencia celebrada en la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Ciudad de San Pedro Sula con el objeto de escuchar las Alegaciones de las Partes respecto de la Sentencia de primera instancia recurrida, en el hecho quinto de las alegaciones planteadas por esta representación procesal, la cual transcribo literalmente para una mejor ilustración, "QUINTO: Las pruebas allegadas al caso permitieron a la A Quo concluir correctamente, en que no fue responsabilidad del demandante lo ocurrido porque de haberse quitado la pipa vacía con antelación antes que el demandante llegara con la pipa llena no hubiera tenido que hacer la maniobra que tuvo que realizar para poder hacer el desacoplaje, situación que según los testigos propuestos por la parte demandada no era habitual lo que significa que esa área de desacoplaje que esta encementada siempre está libre <consignado en el numeral 1 del hecho tercero de los fundamentos de derecho> y en que la empresa demandada ha pretendido hacer valer en juicio un reglamento interno de trabajo que fue aprobado a la empresa Tropigas de Honduras, S.A., la cual es una persona jurídica distinta a la demandada … como también pretende hacer valer en juicio un manual o políticas (de seguridad) que le pertenecen a la empresa Tropigas de Honduras, S.A., siendo lógico y consecuente expresar que dado lo anterior no se puede establecer la gravedad de la falta <consignado en el numeral 2 del hecho tercero de los fundamentos de derecho>" se advirtió, que la empresa demandada durante el proceso de investigación de la supuesta falta cometida por mi representado, y su posterior sanción disciplinaria, aplico las normas internas de un Reglamento Interno del Trabajo que no le había sido autorizado a Transportes de Centroamérica, S.A., sino que al contrario, le pertenece a la empresa Tropigas de Honduras, S.A., y que es visible a folios del 243 al 284 de la primera pieza.- La doctrina nos señala que el Reglamento Interno es una herramienta indispensable para resolver los conflictos que se llegasen a presentar dentro de la empresa, y es tan importante que si no existiera, sería muy difícil sancionar a un trabajador por algún acto impropio, puesto que no habría ninguna sustentación normativa o regulatoria que ampare una decisión sancionatoria. La ley laboral vigente en Honduras, específicamente el Artículo 94 del Código de Trabajo, establece que "el patrono no puede imponer a sus trabajadores sanciones no previstas en el reglamento, en pacto, en convención colectiva, en fallo arbitral, o en el contrato individual de trabajo".- Si esto es así, entonces la aplicación de normas internas autorizadas por la Secretaria del Trabajo a la empresa Tropigas de Honduras, S.A. al caso que nos ocupa por parte de la empresa Transportes de Centroamérica, S.A. durante el desarrollo de la investigación, convocatoria y posterior sanción del demandante Juan José Lovo Yanes, alteran todo ese proceso, violando consecuentemente consagrados derechos como el debido proceso y el derecho a la defensa (Arts. 82 y 90 de la Constitución de la Republica), por lo que convierte la sanción impuesta a mi representado en una sanción ilegitima.- En las mismas condiciones la empresa demandada aplico al caso que nos ocupa normas de seguridad visibles a folios del 122 al 167 de la primera pieza, que no le han sido autorizadas a la empresa demandada sino a la empresa Tropigas de Honduras, extremos que se conocieron en la secuela de la evacuación probatoria y que fueron consignados en la sentencia de primera instancia (inciso noveno de los hechos probados y número 2 del hecho tercero en los fundamentos de derecho).- La Corte Sentenciadora en el desarrollo de la sentencia recurrida omite pronunciarse respecto del abuso por parte de la empresa demandada en el empleo de un Reglamento Interno de Trabajo y un legajo de normas de seguridad propiedad de otra empresa.- Da por sentado que eso es factible y procede en autos a DECLARAR HA LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN y REFORMA la sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo. Honorables Magistrados, la Corte Sentenciadora, debió referirse a lo expuesto en la sentencia dictada, paso por alto lo anterior, al hacerlo lo único que logra es evidentemente violentar la regla establecida en el artículo 207 numeral 2) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria conforme lo establece el artículo 858 del Código del Trabajo, por consiguiente procede la nulidad de la sentencia que también violenta el derecho a la tutela judicial efectiva.”.- VI.- Que revisada la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones recurrida, se aprecia que en la misma no se realiza el análisis debido del asunto sometido a su conocimiento conforme al principio de congruencia y a las cargas probatorias de las partes, ya que es deber del Juzgador resolver conforme a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, así como la decisión sobre hechos que resultaren controvertidos de acuerdo al objeto del debate que se fije en el proceso; en el presente caso la parte demandante reclama el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido directo y la parte demandada aduce la existencia de una causa justa para esa terminación del contrato de trabajo, por haber incurrido el actor en la comisión de una falta grave al haber inobservado los protocolos de seguridad de la Empresa.- VII.- Si bien dicho Tribunal en su fallo, hace mención de que el demandado probó la negligencia del trabajador, configurándola como falta grave al haber producido daños económicos a la empresa, por lo que la estabilidad laboral se ve afectada al haberse incurrido en una falta o violación grave, como son las prohibiciones contenidas en las leyes laborales o reglamentos internos de trabajo; sin embargo, olvida que en el proceso se ha expuesto y discutido, el cuestionamiento de que el procedimiento disciplinario y la referida sanción impuesta, se ha realizado con base a un Reglamento Interno de Trabajo y de manuales de seguridad que son de otra empresa, de lo cual no formula ningún pronunciamiento que determine la procedencia o no de esa situación, encontrándose obligada a hacerlo, siendo que dichos puntos tienen relevancia con el tema de la legalidad o no del despido.- VIII.- Que toda persona tiene el derecho de poder ejercitar o promover las acciones que estime pertinentes en defensa de sus derechos y derivado de ello también tiene el derecho a recibir una respuesta del órgano jurisdiccional, previo a seguirse el debido proceso, resolución que deberá ser congruente, motivada, imparcial y apegada al ordenamiento jurídico y a los principios generales del derecho laboral.- IX.- Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de fondo del 5 de octubre de 2015, dictada en el caso Ruano Torres y otros Vs. El Salvador, estableció sobre el debido proceso: “La Corte ha señalado que el derecho al debido proceso se refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado, adoptado por cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que pueda afectarlos.- El debido proceso se encuentra, a su vez, íntimamente ligado con la noción de justicia, que se refleja en: i) un acceso a la justicia no sólo formal, sino que reconozca y resuelva los factores de desigualdad real de los justiciables, ii) el desarrollo de un juicio justo, y iii) la resolución de las controversias de forma tal que la decisión adoptada se acerque al mayor nivel de corrección del derecho, es decir que se asegure, en la mayor medida posible, su solución justa.”.- X.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- XI.- Que es deber ineludible de la Corte Suprema de Justicia no solo observar la técnica rigurosa y formalista del recurso de casación, sino que se garantice el debido proceso y el derecho de defensa a las partes, particularmente que las resoluciones deben ser dictadas con la suficiente explicación de los puntos en litigio y los temas debatidos, como que sean congruentes y los resuelvan debidamente.- XII.- Que conforme con el artículo 701 numeral 3) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral, dispone que el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieran denunciado por el recurrente.- XIII.-Que, por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida, para que el Ad-quem proceda de conformidad a derecho.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 59, 60, 90 párrafo primero, 127, 128, 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1, 8.2. h) 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 115, 666 letra c) 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200, 206, 208 del Código Procesal Civil; 9 y 11del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula, Cortés, de fecha 19 de julio del 2019, visible a folios 19 a 24 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. -NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE.- FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de diciembre del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha quince de noviembre del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número CL 418-19.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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