Sentencia CL-413-19 — Registro 12763
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa en que se fundó el despido, en caso de no hacerlo sea condenado al pago total de prestaciones e indemnizaciones laborales, daños y perjuicios, costas
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) El artículo 113 párrafo primero del Código del Trabajo, señalado como violado directamente, si bien tienen el carácter sustantivo exigido en este extraordinario recurso, el mismo regula situaciones jurídicas que no tienen incidencia en la decisión final objeto del recurso; b) Olvida el Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba, ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley, en el motivo expuesto la causas de terminación laboral fueron objeto de la controversia y por ende del material probatorio; y, c) Formula alegatos de instancia."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) El artículo 113 párrafo primero del Código del Trabajo, señalado como violado indirectamente, si bien tienen el carácter sustantivo exigido en este extraordinario recurso, el mismo regula situaciones jurídicas que no tienen incidencia en la decisión final objeto del recurso; b) Debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente; y, d) Formula alegatos propios de instancia."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que en relación al tema de la consignación, este Tribunal tiene emitido el siguiente criterio: “Resuelto lo anterior y para fines jurisprudenciales es importante destacar que la consignación de las prestaciones e indemnizaciones laborales es una forma de cumplir con las obligaciones y produce efectos liberatorios siempre y cuando la misma sea efectuada en forma oportuna, razonable y completa en sus conceptos; oportuna, ya que debe hacerse de forma inmediata a la terminación de la relación laboral; razonable porque los valores consignados deben ser aproximados al monto total que corresponda recibir el acreedor conforme a la ley; y, completo en todos sus conceptos, ya que la consignación debe abarcar todos los derechos que deriven de la relación laboral"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 120 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 123 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 126 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 715 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 716 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 400 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que este Tribunal deba enmendar; en el presente caso, donde la situación planteada ya ha sido resuelta en el momento procesal oportuno por el A-quo y confirmado por el Tribunal de Apelación lo constituye en un objeto de litigio ya dirimido y agotadas sus instancias, sin embargo estudiado el caso en examen, este Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria. IX. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación. Y sin lugar la nulidad alegada de forma subsidiaria."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veintidós días del mes de abril del dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 05 de marzo del 2020, por el Abogado RICARDO ENRIQUE BUESO ZEPEDA, en su condición de representante procesal de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE CORAY, DEPARTAMENTO DE VALLE como recurrente; además, es parte recurrida, los señores DANY DANIEL CANALES GUTIERREZ, ISIS YESIBEL MALDONADO LAZO, NELSY IVETH ENAMORADO, MARESA SUJEY LAZO LAINEZ, MARIA EULALIA RODRIGUEZ LAZO, MARIA REYNA SOSA, JOSÉ LUIS SUAZO FLORES y MARTHA MATAMOROS MORENO, representados en juicio por la Abogada CINTHIA FERNANDA GALO ALVARADO. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa en que se fundó el despido, en caso de no hacerlo sea condenado al pago total de prestaciones e indemnizaciones laborales, daños y perjuicios, costas, promovida ante el Juzgado de Letras Seccional de Nacaome, Departamento de Valle y del Trabajo por Ministerio de la Ley, en fecha 20 de abril del 2018, por el Abogado RODOLFO OCON ZAMBRANO, como representante procesal de los señores: 1) DANY DANIEL CANALES GUITERREZ, soltero, Perito Mercantil y Contador Público; 2) ISIS YESIBEL MALDONADO LAZO, casada, Perito Mercantil y Contador Público; 3) NELSY IVETH ENAMORADO, soltera, Perito Mercantil y Contador Público; 4) MARESA SUJEY LAZO LAINEZ, soltera, Perito Mercantil y Contador Público; 5) MARIA EULALIA RODRIGUEZ LAZO, soltera, Ama de Casa; 6) MARIA REYNA SOSA, casada, Comerciante; 7) JOSÉ LUIS SUAZO FLORES, casado, Comerciante y 8) MARTHA MATAMOROS MORENO, soltera, Ama de Casa; todos ellos mayores de edad hondureños y con domicilio en el Municipio de San Francisco de Coray, Departamento de Valle, contra la ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE CORAY, DEPARTAMENTO DE VALLE, a través de su Representante Legal señor JORGE ANTONIO ESCOBAR FLORES. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 26 de junio del 2019, dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 30 de abril del 2019, proferida por el Juzgado de Letras Seccional de Nacaome, Departamento de Valle y del Trabajo por Ministerio de la Ley, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarar CON LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO PARA QUE EL PATRONO PRUEBA LA JUSTA CAUSA EN QUE SE FUNDO EL DESPIDO, EN CASO DE NO HACERLO SEA CONDENADO AL PAGO TOTAL DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES.- DAÑOS Y PERJUICIOS.- COSTAS DE JUICIO.- SE ACREDITA REPRESENTACION PROCESAL.- ANEXOS.-promovida por el abogado RODOLFO OCON ZAMBRANO en su condición de representante procesal de los señores DANY DANIEL CANALES GUTIERREZ, ISIS YESIBEL MALDONADO LAZO, NELSY IVETH ENAMORADO, MARESA SUJEY LAZO LAINEZ, MARIA EULALIA RODRIGUEZ LAZO, MARIA REYNA SOSA, JOSE LUIS SUAZO FLORES y MARTHA MATAMOROS MORENO en contra de la ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE CORAY, VALLE a través de su representante legal el señor Alcalde Municipal JORGE ANTONIO ESCOBAR FLORES todos de generales ya expresadas en el preámbulo de esta sentencia.- SEGUNDO: Condena a la ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE CORAY, VALLE a través de su representante legal el señor Alcalde Municipal JORGE ANTONIO ESCOBAR FLORES, a pagar a favor de los demandantes la cantidad de UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (L 1,157,547.33), los cuales se desglosan de la siguiente manera: DANY DANIEL CANALES GUTIERREZ, PREAVISO: L 19,308.60, AUXILIO DE CESANTÍA: L 19,308.60, AUXILIO DE CESANTÍA PROPORCIONAL: L 4,719.88, VACACIONES PROPORCIONALES: L 2,359.94, AGUINALDO PROPORCIONAL: L 597.65, DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL: L 4,735.25, REAJUSTE DE SALARIO MINIMO: L 50,482.80, VACACIONES PENDIENTES L 7,079.82, AGUINALDO ADEUDADO: L 4,180.08, DECIMO CUARTO ADEUDADO: L 4,180.08, PAGO SUELDO/SALARIO ADEUDADO: L 7,403.50, DAÑOS Y PERJUICIOS ART 39 LEY DE SALARIO MINIMO: L 50,482.80: TOTAL: L 174,839.00; ISIS YESIBEL MALDONADO LAZO; PREAVISO: L 2,252.67, AUXILIO DE CESANTÍA L 0.00, AUXILIO DE CESANTÍA PROPORCIONAL: L 3,218.10, VACACIONES PROPORCIONALES L 1,036.94, AGUINALDO PROPORCIONAL: L 597.65, DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL: L 2,643.47, REAJUSTE DE SALARIO MINIMO: L 19,137.40, BONO EDUCATIVO L 551.00, DAÑOS Y PERJUICIOS ART 39 LEY DE SALARIO MINIMO L 19,137.40, TOTAL: L 48,574.40; NELSY IVETH ENAMORADO; PREAVISO L 10,500.00, AUXILIO DE CESANTÍA: L 10,500.00, AUXILIO DE CESANTÍA PROPORCIONAL: L 2,683.33, VACACIONES PROPORCIONALES: L 1,073.33, AGUINALDO PROPORCIONAL: L 800.00, DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL: L 5,300.00, REAJUSTE DE SALARIO MINIMO: L 3,500.00, PAGO DE HORAS EXTRAS: L 9,600.00, DAÑOS Y PERJUICIOS ART 39 LEY DE SALARIO MINIMO: L 3,500.00, TOTAL: L 47,456.66; MARESA SUJEY LAZO LAINEZ, PREAVISO: L 21,000.00, AUXILIO DE CESANTÍA: L 42,000.00, AUXILIO DE CESANTÍA PROPORCIONAL: L 116.67, VACACIONES PROPORCIONALES: L 77.78, AGUINALDO PROPORCIONAL: L 800.00, DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL: L 5,300.00, HORAS DE LACTANCIA: L 1,881.25, VACACIONES PENDIENTES L 12,250.00, SALARIO ADEUDADO: L 9,600.00, TOTAL: L 93,025.70; MARIA EULALIA RODRIGUEZ LAZO; PREAVISO L 19,308.60, AUXILIO DE CESANTÍA: L 28,962.90, AUXILIO DE CESANTÍA PROPORCIONAL: L 9,600.66, VACACIONES PROPORCIONALES: L 6,400.44, AGUINALDO PROPORCIONAL: L 597.55, DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL: L 4,735.25, REAJUSTE DE SALARIO MINIMO: L 81,360.00, VACACIONES PENDIENTES: L 8,688.87, AGUINALDO ADEUDADO: L 6,780.08, DECIMO CUARTO ADEUDADO: L 6,780.08, SUELDO ADEUDADO: L 7,403.50, BONO EDUCATIVO: L 3,399.41, DAÑOS Y PERJUICIOS ART 39 LEY DE SALARIO MINIMO: L 81,360.00, TOTAL: L 265,377.44; MARIA REYNA SOSA; PREAVISO: L 19,335.60, AUXILIO DE CESANTÍA: L 29,003.40, AUXILIO DE CESANTÍA PROPORCIONAL: L 5,532.13, VACACIONES Proporcionales: L 3,688.09, AGUINALDO PROPORCIONAL: L 598.48, DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL: L 4,741.78, REAJUSTE DE SALARIO MINIMO: L 81,781.53, VACACIONES PENDIENTES: L 8,701.02, DAÑOS Y PERJUICIOS ART 39 LEY DE SALARIO MINIMO: L 81,781.53, TOTAL: L 235,083.05; JOSE LUIS SUAZO FLORES; PREAVISO: L 19,308.60, AUXILIO DE CESANTÍA: L 19,308.60, AUXILIO DE CESANTÍA PROPORCIONAL: L 4,719.88, VACACIONES PROPORCIONALES: L 2,359.94, AGUINALDO PROPORCIONAL: L 597.65, DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL: L 4,735.25, REAJUSTE DE SALARIO MINIMO: L 102,323.66, VACACIONES: L 7,079.82, BONO EDUCATIVO: L 3,399.41, DAÑOS Y PERJUICIOS ART 39 LEY DE SALARIO MINIMO: L 102,323.66, TOTAL: L 266,156.47; MARTHA MATAMOROS MORENO: VACACIONES PROPORCIONALES: L 500.59, AGUINALDO PROPORCIONAL: L 597.65, DÉCIMO CUARTO MES PROPORCIONAL: L 1,264.27, REAJUSTE DE SALARIO MÍNIMO: L 7,980.56, AGUINALDO ADEUDADO: L 689.60, PAGO SUELDO/SALARIO ADEUDADO: L 7,403.50, DAÑOS Y PERJUICIOS ART 39 LEY DE SALARIO MINIMO: L 7,980.56, TOTAL: L 27,034.61;más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha en que se produjo el despido hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales quede firme la respectiva sentencia.- TERCERO: SIN COSTAS ”. ANTECEDENTES DE HECHO. 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que los demandantes iniciaron la relación laboral en la Alcaldía Municipal de San Francisco de Coray, de la siguientes manera: Dany Daniel Canales Gutiérrez, el 01 de agosto del 2015, desempeñándose en el cargo de Jefe de Catastro Municipal, devengando un salario mensual durante sus últimos seis meses de L.6,500.00; Isis Yesibel Maldonado Lazo, el 01 de octubre del 2017, desempeñándose en el cargo de Unidad Municipal Ambiental, devengando un salario mensual de L.5,000.00; Nelsy Iveth Enamorado, el 01 de noviembre del año 2016, desempeñándose en el cargo de Secretaria Municipal, devengando un salario mensual durante sus últimos seis meses de L.9,000.00; Maresa Sujey Lazo Laínez, el 29 de enero del 2014, desempeñándose en el cargo de Tesorera Municipal, devengando un salario mensual durante sus últimos seis meses de L.9,000.00; Maria Eulalia Rodríguez Lazo, el 29 de enero del 2014, desempeñándose en el cargo de Directora del Sistema de Agua Potable, devengando un salario mensual durante sus últimos seis meses de L.5,200.00; Maria Reyna Sosa, el 01 de julio del 2014, desempeñándose en el cargo de Juez de Policía, devengando un salario mensual durante sus últimos seis meses de L 6,000.00; José Luis Suazo Flores, el 01 de agosto del 2015, desempeñándose en el cargo de Focal ll, devengando un salario mensual durante sus últimos 6 meses de L.5,200.00; y, la señora Martha Matamoros Moreno, el 01 de diciembre del 2017, desempeñándose en el cargo de Consejero, devengando un salario mensual de L.4,000.00, todos los mencionados se caracterizaron por cumplir sus deberes y obligaciones realizando con diligencia las actividades correspondientes a sus cargos, sin embargo el Alcalde Municipal dio por terminadas las relaciones de trabajo en el orden de las fechas siguientes, el señor Dany Daniel Canales Gutiérrez, fue notificado de su despedido el 26 de enero del 2018; la señora Isis Yesibel Maldonado Lazo, fue notificada el 26 de enero del 2018; la señora Nelsy Iveth Enamorado, el 2 de febrero del 2018; la señora Maresa Sujey Lazo Laínez, el 2 de febrero del 2018; la señora Maria Eulalia Rodríguez Lazo, el 26 de enero del 2018; la señora Maria Reyna Sosa, el 26 de enero del 2018; el señor José Luis Suazo Flores, el 26 de enero del 2018 y la señora Martha Matamoros Moreno, el 26 de enero del 2018, pese a que el Código de Trabajo en su artículo 117 establece que la parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo debe dar preaviso, ya sea por escrito o verbal, con expresión de la causa o motivo que lo llevó a tomar esa decisión, no obstante el común denominador en las notas de despido fue que dentro de las mismas no se consignó causal o motivo alguno para tomar tal iniciativa, hechos que pugnan en contra de la norma citada y que en efecto materializa la ilegalidad del despido, puesto que la norma jurídica citada impide taxativamente a la parte que unilateralmente decidió terminar la relación de trabajo alegar con posterioridad causales distintas a las consignadas dentro de las notas de despidos, por lo que al no encontrarse enmarcada su determinación dentro de las causales tipificadas en el artículo 112 del Código del Trabajo, se colige que la decisión de dar por terminadas la relaciones laborales fue ilegal. Dando por agotado el trámite administrativo correspondiente en virtud que las partes no lograron llegar a un acuerdo conciliatorio. 2. La parte demandada, la ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE CORAY, DEPARTAMENTO DE VALLE, contestó dicha demanda señalando que el Alcalde Municipal para para el periodo 2018-2022, al tomar posesión de su cargo se reunió con los demandantes explicándoles la difícil situación económica en que se encontraba la Alcaldía Municipal, por lo que de común acuerdo acordaron dar por terminada la relación laboral que los unía, así como también pactaron la cantidad de dinero a pagar en concepto de prestaciones e indemnizaciones laborales, las cuales serían canceladas conforme llegaran las transferencias que hace el Gobierno Central, por lo anterior procedió a dar por terminada la relación laboral enviándoles una nota donde se les notificaba que ya no seguirían laborando, pero a pesar del acuerdo que pactaron fue citada a una audiencia de Conciliación ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Estado y Seguridad (STSS), donde demostró su buena fe, pues nuevamente les ofreció el pago de sus derechos, pero ellos se negaron a aceptar la propuesta presentada en ese acto, asimismo mencionó que a dicha audiencia asistieron 12 trabajadores con los que se llegó al acuerdo de pagarles sus prestaciones e indemnizaciones laborales, de los cuales solo 4 de ellos lo respetaron y están recibiendo su pago conforme a lo pactado, no así los 8 restantes que incumplieron el acuerdo antes mencionado y comparecieron a la vía judicial. Por otro lado arguyó, que los demandantes en un acto de mala fe presentaron un cálculo de prestaciones e indemnizaciones laborales completamente diferente al elaborado por la Secretaría de Estado en los Despachos de Estado y Seguridad (STSS), pues invocaron una supuesta indemnización de conformidad con el Artículo 28 de la Ley de Salario Mínimo, el cual no tiene ninguna relación con lo peticionado, suponiendo en todo caso que se debió referir al artículo 39 de la citada Ley, también señaló que en un juicio sumario a diferencia del ordinario no se aplica a todo tipo de controversias, por el contrario está destinado a sustanciar cuestiones previstas en la Ley, las que han sido enumeradas taxativamente, como por ejemplo el reajuste del salario mínimo reclamado, si los trabajadores tenían alguna pretensión en ese sentido debieron ejercer su derecho establecido en el Artículo 39 de la Ley del Salario Mínimo que indica imperativamente cual es el trámite a seguir para recuperar dichos valores adeudados, por lo anterior rechazó en su totalidad el cálculo de prestaciones e indemnizaciones laborales elaborado por los demandantes, así como también el cálculo de prestaciones e indemnizaciones laborales elaborado por la Secretaría de Estado en los Despacho de Trabajo y Seguridad Social, en el mismo sentido la citada Ley en su Artículo 48 indica que están exceptuados de tal Ley los empleados públicos cuyo puesto ha sido creado por la Constitución, la Ley, Decreto Ejecutivo o Acuerdo Municipal, así como también los Gerentes, Administradores y Profesionales, la Ley de Municipalidades en sus Artículos 49, 52 y 56 estipula cuales son los empleados que son nombrados mediante acuerdo municipales, entre ellos está el Secretario de la Corporación Municipal, cargo que tenía la demandante Nelsy Iveth Maldonado, por lo que de acuerdo a dicha disposición legal, no le corresponde el ajuste de salario mínimo reclamado. En cuanto al pago de costas personales, procesales y pago de honorarios, hizo mención que el artículo 717 del Código del Trabajo tiene su propia normativa que se refiere al principio de Gratuidad en las actuaciones laborales, además de acuerdo con el artículo 8 del Decreto Legislativo 266-2013, publicado en el diario Oficial La Gaceta en fecha 23 de enero del 2014, el cual contiene la Ley Para Optimizar La Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, El Estado y sus entidades en juicio de cualquier naturaleza estará exento del pago de costas, salvo que se haya actuado con dolo, en cuyo caso el funcionario es responsable administrativa, civil y penalmente, además las Alcaldías Municipales forman parte de la Administración Pública sujetas al derecho administrativo, tal como lo estipula el Artículo 2 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Por lo descrito anteriormente solicitó que se observe la normativa antes citada y se declare sin lugar e improcedente la demanda. 3. El Juzgado de Letras Seccional de Nacaome, Departamento de Valle, en fecha 30 de abril del 2019, dictó sentencia declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por el Abogado Rodolfo Ocón Zambrano, en su condición de representante procesal de los señores Dany Daniel Canales Gutiérrez, Isis Yesibel Maldonado Lazo, Nelsy Iveth Enamorado, Maresa Sujey Lazo Laínez, Maria Eulalia Rodríguez Lazo, Maria Reyna Sosa, José Luis Suazo Flores y Martha Matamoros Moreno, en contra de la Alcaldía Municipal De San Francisco De Coray, Departamento de Valle, a través de su representante legal el señor Alcalde Municipal Jorge Antonio Escobar Flores. CONDENÓ a la demandada a pagar a favor de los demandantes la cantidad de (L. 1,157,547.33), los cuales se desglosan de la siguiente manera: al señor Dany Daniel Canales Gutiérrez, preaviso: (L. 19,308.60), auxilio de cesantía: (L. 19,308.60), auxilio de cesantía proporcional: (L. 4,719.88), vacaciones proporcionales: (L. 2,359.94), aguinaldo proporcional: (L. 597.65), décimo cuarto mes proporcional: (L. 4,735.25), reajuste de salario mínimo: (L. 50,482.80), vacaciones pendientes (L. 7,079.82), aguinaldo adeudado: (L. 4,180.08), décimo cuarto adeudado: (L. 4,180.08), pago sueldo/salario adeudado: (L. 7,403.50), daños y perjuicios (L. 50,482.80) total: (L. 174,839.00); a la señora Isis Yesibel Maldonado Lazo, preaviso: (L. 2,252.67), auxilio de cesantía (L. 0.00), auxilio de cesantía proporcional: (L. 3,218.10), vacaciones proporcionales (L. 1,036.94), aguinaldo proporcional: (L. 597.65), décimo cuarto mes proporcional: (L. 2,643.47), reajuste de salario mínimo: (L. 19,137.40), bono educativo (L. 551.00), daños y perjuicios (L. 19,137.40), total: (L 48,574.40); a la señora Nelsy Iveth Enamorado; preaviso (L. 10,500.00), auxilio de cesantía: (L. 10,500.00), auxilio de cesantía proporcional: (L. 2,683.33), vacaciones proporcionales: (L. 1,073.33), aguinaldo proporcional: (L. 800.00), décimo cuarto mes proporcional: (L. 5,300.00), reajuste de salario mínimo: (L. 3,500.00), pago de horas extras: (L. 9,600.00), daños y perjuicios (L. 3,500.00), total: (L. 47,456.66); a la señora Maresa Sujey Lazo Laínez, preaviso: (L. 21,000.00), auxilio de cesantía: (L. 42,000.00), auxilio de cesantía proporcional: (L. 116.67), vacaciones proporcionales: (L. 77.78), aguinaldo proporcional: (L. 800.00), décimo cuarto mes proporcional: (L. 5,300.00), horas de lactancia: (L. 1,881.25), vacaciones pendientes (L. 12,250.00), salario adeudado: (L. 9,600.00), total: (L. 93,025.70); a la señora Maria Eulalia Rodríguez Lazo; preaviso (L. 19,308.60), auxilio de cesantía: (L. 28,962.90), auxilio de cesantía proporcional: (L. 9,600.66), vacaciones proporcionales: (L. 6,400.44), aguinaldo proporcional: (L. 597.55), décimo cuarto mes proporcional: (L. 4,735.25), reajuste de salario mínimo: (L. 81,360.00), vacaciones pendientes: (L. 8,688.87), aguinaldo adeudado: (L. 6,780.08), décimo cuarto adeudado: (L. 6,780.08), sueldo adeudado: (L. 7,403.50), bono educativo: (L. 3,399.41), daños y perjuicios (L. 81,360.00), total: (L. 265,377.44); a la señora Maria Reyna Sosa; preaviso: (L. 19,335.60), auxilio de cesantía: (L. 29,003.40), auxilio de cesantía proporcional: (L. 5,532.13), vacaciones Proporcionales: (L. 3,688.09), aguinaldo proporcional: (L. 598.48), décimo cuarto mes proporcional: (L. 4,741.78), reajuste de salario mínimo: (L. 81,781.53), vacaciones pendientes: (L. 8,701.02), daños y perjuicios (L. 81,781.53), total: (L. 235,083.05); José Luis Suazo Flores; preaviso: (L. 19,308.60), auxilio de cesantía: (L. 19,308.60), auxilio de cesantía proporcional: (L. 4,719.88), vacaciones proporcionales: (L. 2,359.94), aguinaldo proporcional: (L. 597.65), décimo cuarto mes proporcional: (L. 4,735.25), reajuste de salario mínimo: (L. 102,323.66), vacaciones: (L. 7,079.82), bono educativo: (L. 3,399.41), daños y perjuicios (L. 102,323.66), total: (L. 266,156.47); Martha Matamoros Moreno: vacaciones proporcionales: (L. 500.59), aguinaldo proporcional: (L. 597.65), décimo cuarto mes proporcional: (L. 1,264.27), reajuste de salario mínimo: (L. 7,980.56), aguinaldo adeudado: (L. 689.60), pago sueldo/salario adeudado: (L. 7,403.50), daños y perjuicios (L. 7,980.56), total: (L. 27,034.61); más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, SIN COSTAS. Bajo el criterio que conforme al artículo 379 del Código de Trabajo no se puede considerar que ha existido convenio entre las partes, debido a que no consta en autos que hayan arribado a algún acuerdo conciliatorio de cancelación al tenor de la norma expuesta, a contrario sensu se encuentran agregadas al expediente de mérito las notas de despido, según las cuales se infiere que la ruptura de la relación de trabajo se produjo de manera unilateral por determinación de la parte patronal, además quedó acreditado que la forma de la terminación del contrato se produjo de manera unilateral y por escrito, correspondiendo en ese sentido examinar lo que dispone el artículo 117 del Código del Trabajo al respecto que “la parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo debe dar el preaviso por escrito, personalmente a la otra parte, pero si el contrato es verbal puede darlo de palabra ante dos testigos, con expresión de la causa o motivo que la mueve a tomar esa determinación, después no podrá alegar válidamente causales o motivos distintos”, tal como consta que dentro de las 30 notas de despido con las cuales se dio por terminada la relación de trabajo, las mismas no comunicaban ninguna de las justas causas de separación que exige el artículo 129 de la Constitución de la República, causales comprendidas en el artículo 112 del Código de Trabajo, por lo tanto el despido efectuado se encuentra alejado de las justas causas enmarcadas por el derecho de trabajo, y por ello se incurre la obligación de pagar las correspondientes prestaciones e indemnizaciones laborales, así como los daños y perjuicios ocasionados a los demandantes al privarles su derecho a la estabilidad laboral y continuidad en sus trabajos sin ampararse en causal justa de separación, de igual modo la Ley establece que la existencia del contrato individual de trabajo se probará con el documento respectivo y a falta de éste con la presunción establecida en el artículo 21 del Código de Trabajo o por los medios generales de prueba, según el artículo 30 del Código del Trabajo se deberán tener por ciertas las estipulaciones de trabajo que alegó el trabajador y que fueron sometidas a controversia, tal es el caso de los salarios devengados por éstos, mismos que por una parte fueron afirmados en el libelo de la demanda y por otro lado fueron rechazados en la contestación a los hechos de la demanda, sin embargo la parte patronal no probó que los salarios devengados por los trabajadores hayan sido distintos a los alegados por ellos, sometiendo únicamente tal extremo a controversia, por lo que se tuvieron por ciertos los salarios devengados por los trabajadores junto a las condiciones generales de trabajo, en virtud de encontrarse dispensados de la prueba de estos por la presunción legal que sobre dichos extremos recae. Conforme al artículo 2 de la Ley del Salario Mínimo, en relación con el artículo 39 de la misma ley, en materia de trabajo la autonomía de la voluntad de las partes se encuentra limitada por las disposiciones de orden público que rigen la materia, de cuya normativa nacen las denominados derechos adquiridos, siendo uno de ellos el derecho al pago del salario mínimo, así como la indemnización contenida en el artículo 39 de dicha ley, y en virtud de haber devengado salarios inferiores a los cuales tenían derecho, lo cual quedó acreditado mediante las presunciones legales establecidas en los artículos mencionados, solicitaron su reajuste correspondiente. En cuanto al juicio sumario que trata el artículo 39 de la Ley de Salario Mínimo, regulado por el Código de Procedimientos Comunes quedó derogado mediante Decreto número 211-2006, contentivo del Código Procesal Civil, en consecuencia, las normas aplicables en cuanto a la analogía que prescribe el artículo 858 del Código del Trabajo son las normas vigentes del Código Procesal Civil, en tal sentido prescribe el artículo 97 del Código Procesal Civil en aplicación supletoria, por lo que al analizar las pretensiones de conformidad con la norma citada, estimó que la acumulación de la pretensión derivada del artículo 39 de la Ley de Salario Mínimo es procedente, ya que permite resolverlas sin producir pronunciamientos contradictorios, todo ello en atención al principio de celeridad procesal que impera en materia de derecho de trabajo. Por los motivos expuestos anteriormente el Tribunal de primera instancia declaró procedente la demanda reconociendo lo solicitado a las partes demandantes. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de Choluteca y Valle, en fecha 26 de junio del 2019, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el A-quo, sin costas. Bajo el criterio que las prestaciones e indemnizaciones laborales derivadas de las relaciones de trabajo sostenidas fueron debidamente calculadas por la Secretaría del Trabajo, incluyéndose en las mismas el reajuste al salario mínimo que de conformidad con la Ley del Salario Mínimo constituye un derecho irrenunciable y no pueden pagarse salarios inferiores a los establecidos en la referida Ley, además mediante las notas o cartas de despido quedaron probados los despidos directos e injustificados efectuados, con las actas de cierre de las diligencias administrativas conciliatorias levantadas por las autoridades del trabajo quedó probado el impago de las prestaciones e indemnizaciones laborales, la parte patronal tampoco efectuó ante el tribunal conocedor del presente juicio el pago por consignación de las cantidades adeudadas, las cuales para que tengan validez y surtan efectos jurídicos deben efectuarse con los requisitos que señala el Manual Procesal Laboral estructurado por la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Honorable Corte Suprema de Justicia, específicamente en su página 39, capítulo 9, en cuanto al pago de salarios caídos la parte demandada argumentó que no procede su condena, en virtud que ofreció el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, sin embargo en la audiencia de conciliación constó que la propuesta fue rechazada por no satisfacer las pretensiones requeridas, al ofrecer abonos o pagos diferidos que dependían de las transferencias que realizaría el Gobierno de la República a la Alcaldía Municipal de San Francisco de Coray del Departamento de Valle, por tales circunstancias consideró que no se produjeron los efectos liberatorios con respecto a los salarios dejados de percibir. También estimó que la sentencia definitiva dictada por el Juez A-quo posee una correcta y debida valoración fáctica, probatoria y jurídica, denotando congruencia entre la petición formulada, los hechos debatidos, medios probatorios propuestos, evacuados en el proceso y con lo resuelto en la parte dispositiva del fallo, además le concedió a las partes demandantes lo que les correspondía, es decir, el pago total de sus prestaciones laborales, salarios dejados de percibir, lo cual fue procedente, ya que no se desvirtuó ninguno de los hechos alegados y controvertidos de la demanda promovida, aceptando de manera enfática que los demandantes fueron despedidos de sus puestos de trabajo de forma directa, ilegal e injustificada puesto que ellos no incurrieron en ninguna de las causales que establece el artículo 112 del Código del Trabajo, además la parte patronal omitió el cumplimiento de lo preceptuado en el Artículo 117 del citado cuerpo legal, atinente a dar el preaviso por escrito o verbal con expresión de la causa o motivo que la mueve a tomar esa determinación, motivos por los cuales el Ad-Quem declaró sin lugar el recurso de Apelación y en consecuencia precedió a confirmar en cada una de sus partes el fallo de primera instancia. 5. Mediante auto de fecha 20 de noviembre del 2019, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado RICARDO ENRIQUE BUESO ZEPEDA, en su condición de representante procesal de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE CORAY, DEPARTAMENTO DE VALLE, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha 05 de marzo del 2020, compareció ante este Tribunal el Abogado RICARDO ENRIQUE BUESO ZEPEDA, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de fecha 06 de marzo del 2020, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 19 de febrero del 2021, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por la Abogada CINTHIA FERNANDA GALO ALVARADO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I. Que acorde a lo dispuesto en los artículos 764, 765 y 769 del Código del Trabajo, la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II. Que el Abogado RICARDO ENRIQUE BUESO ZEPEDA, en su primer motivo de casación alega: “Ser la Sentencia violatoria de Ley Sustantiva de Orden Nacional por interpretación errónea del artículo 113 párrafo primero del Código del Trabajo interpretado por el Congreso Nacional mediante Decreto número 89 del 24 de noviembre de 1969 relacionado con Articulo 112, 381, 858 del Código del Trabajo; 39 de la Ley del Salario Mínimo; Manual Procesal Laboral numeral 16. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el numeral 1o. párrafo primero del Artículo 765 del Código del Trabajo. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA DE LA SIGUIENTE FORMA: En el presente caso la situación jurídica que reconoce la Sentencia Recurrida es que la Alcaldía Municipal de San Francisco de Coray, Valle, despidió a los trabajadores demandantes, sin invocarles causal alguna de las establecidas en el Artículo 112 del Código de Trabajo, por lo tanto procede el pago de Prestaciones e indemnizaciones laborales y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir. Conocedores de tal hecho, se les hizo el ofrecimientos de pago a los ahora demandantes del pago del 100% de sus prestaciones e indemnizaciones laborales en la Audiencia de conciliación llevada a cabo en el Ministerio de Trabajo (ver folios 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 y 31 de la pieza principal de Autos); así como en la Audiencia de Conciliación llevada a cabo en el Juzgado de Letras Seccional de Nacaome, Valle (ver folios 50, 51, 52, frente y vuelto de la pieza principal de autos). Dicho pago seria en abonos parciales, tal como se detalla en la audiencia de conciliación llevada a cabo en el Juzgado de Letras Seccional de Nacaome, Valle, y de acuerdo a las transferencias que el Estado de Honduras hace a las municipalidades. Dicho ofrecimiento de pago del pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales fue rechazado totalmente por la parte demandante, sin justificación alguna, tomando en consideración que dicho ofrecimiento de pago fue hecho en base al cálculo de prestaciones e indemnizaciones presentados por los mismos trabajadores. La Corte Recurrida considera que precede la condena a pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios a favor de los trabajadores, pero dichos salarios dejados de percibir son una sanción impuesta al patrono que injustificadamente no paga las prestaciones e indemnizaciones laborales, como ya se explicó, la Alcaldía Municipal de San Francisco de Coray, si hizo el ofrecimiento de pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales de los trabajadores en base al cálculo de prestaciones e indemnizaciones laborales presentados por ellos mismos, como lo repito fueron rechazados sin justificación alguna por la parte demandante, con el argumento que no cubría sus expectativas. El artículo 113 párrafo primero del Código del Trabajo establece: "La terminación del contrato conforme a una de las causas enumeradas en el artículo anterior, surte efectos desde que el patrono la comunique al trabajador, pero este goza del derecho de emplazarlo ante los tribunales del trabajo, antes de que transcurra el termino de prescripción, con el objeto de que le pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Si el patrono no prueba dicha causa debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según este código le puedan corresponder y, a título de daños y perjuicios, los salarios que este habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del presente código debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva". Es claro que la sentencia recurrida al confirmar la condena al pago de las indemnizaciones y prestaciones laborales y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, aplica la norma transcrita que regula precisamente la situación jurídica que la sentencia reconoce que se presentó en el caso de autos, es decir el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales y salarios dejados de percibir en los casos de despido injusto. La norma citada impone al patrono el pago de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios por la falta de pago de las indemnizaciones laborales que el Código del Trabajo contempla para el caso de despido injusto, de modo que para evitar el pago de los salarios dejados de percibir el patrono debe pagar el total de las indemnizaciones laborales que conforme a la ley se generan al producirse un despido injusto que son el preaviso, la cesantía y la cesantía proporcional. En ningún momento mi representado se ha negado al pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales como equivocadamente lo interpreta la Corte Sentenciadora; son los mismos trabajadores los que no quisieron aceptar el ofrecimiento de pago del 100% de lo adeudado en abonos parciales, de acuerdo a las transferencias que hace el Gobierno a las municipalidades, ya que por sus propios recursos económicos no era posible cubrir dicho gasto. Si la Corte Recurrida, hubiera interpretado correctamente la norma sustantiva violada, habría Revocado Parcialmente la sentencia que condena a la alcaldía de San Francisco de Coray al pago de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, recordando que dichos salarios dejados de percibir, son una sanción impuesta al patrono que injustificadamente no paga las prestaciones e indemnizaciones laborales; así como al pago de una cantidad igual al reajuste del salario mínimo, por tener este un trámite especial de acuerdo a lo explicado anteriormente. Por lo que evidenciándose la interpretación errónea, procede se case la sentencia en el presente motivo.” III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) El artículo 113 párrafo primero del Código del Trabajo, señalado como violado directamente, si bien tienen el carácter sustantivo exigido en este extraordinario recurso, el mismo regula situaciones jurídicas que no tienen incidencia en la decisión final objeto del recurso; b) Olvida el Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba, ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley, en el motivo expuesto la causas de terminación laboral fueron objeto de la controversia y por ende del material probatorio; y, c) Formula alegatos de instancia. IV. Que la Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Ser la Sentencia violatoria de Ley Sustantiva de Orden Nacional por infracción Indirecta del artículo 113 párrafo primero interpretado del Código del Trabajo, en relación con los artículos 95 numeral 1, 330 y artículo 389 del mismo código de trabajo; 11 del Reglamento para el pago del Bono Educativo, infracción indirecta por error de hecho que provino de la apreciación errónea de la prueba. NORMAS PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO: Los artículos 738 y 739 del Código de Trabajo; son las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas antes señaladas. PRUEBA APRECIADA ERRÓNEAMENTE. La prueba equivocadamente apreciada y que singularizo en este acto es la prueba documental consistente en: 1) Hoja de Cálculo de Prestaciones e Indemnizaciones laborales que corren agregadas a los a folios 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 y 32 de la primera pieza de los autos, que corresponden a cada uno de los trabajadores demandantes., donde se hace saber el reajuste al Salario Mínimo, así como el pago de horas extras, bono educativo y horas de lactancia, sin haber acreditado documentación alguna para reclamar dichos pagos. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el numeral 1 °. Párrafo segundo del Artículo 765 del Código del Trabajo. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA DE LA SIGUIENTE FORMA: La demanda se origina debido a que la Alcaldía Municipal de San Francisco de Coray, Valle despidió a ,los señores DANY DANIEL CANALES GUTIERRES, ISIS YESIBEL MALDONADO LAZO, NELSY IVETH ENAMORADO, MARESA SUJEY LAZO LAINEZ, MARIA EULALIA RODRIGUEZ LAZO, MARIA REYNA SOSA, JOSE LUIS SUAZO FLORES y MARTHA MATAMOROS MORENO, por lo que emplazaron al patrono para que pruebe la justa causa en que se fundó el despido, en caso de no hacerlo sea condenado al pago total de las prestaciones e indemnizaciones laborales, daños y perjuicios. La Sentencia Recurrida confirma en su totalidad la sentencia de primera instancia, condenando a la Alcaldía Municipal de San Francisco de Coray al Pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir hasta que quede firme la sentencia de méritos, así como al 100% de reajuste del salario mínimo solicitado a título de daños y perjuicios, al pago de horas extras, bono educativo y horas de lactancia. La apreciación de la prueba documental singularizada, en su conjunto con las demás pruebas allegadas al juicio, hace que la apreciación que hace la Corte Recurrida es errónea debido a que la Alcaldía de San Francisco de Coray ofreció pagar el 100% de sus prestaciones laborales a los trabajadores demandantes. El cálculo de Prestaciones e indemnizaciones laborales presentadas por las ahora demandantes no prueba que las trabajadoras hayan acreditado tener hijos en edad escolar para optar al bono educativo, así como haber acreditado haber laborado las horas extras laboradas y el pago de horas de lactancia, igualmente sin haber acreditado documento alguno para optar a dicho pago. Por lo que la Corte recurrida debió Declarar Con Lugar Parcialmente la Sentencia Definitiva de fecha 26 de junio de 2019 dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Nacaome, Valle, sentencia que la Corte Recurrida conoció en Apelación, demostrándose el error de hecho manifiesto en autos que llevó a la Corte Sentenciadora a violar las normas sustantivas señaladas a través de las adjetivas, por lo que precede se declare con lugar el Recurso de Casación por el presente motivo.” V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) El artículo 113 párrafo primero del Código del Trabajo, señalado como violado indirectamente, si bien tienen el carácter sustantivo exigido en este extraordinario recurso, el mismo regula situaciones jurídicas que no tienen incidencia en la decisión final objeto del recurso; b) Debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente; y, d) Formula alegatos propios de instancia. VI. Que en relación al tema de la consignación, este Tribunal tiene emitido el siguiente criterio: “Resuelto lo anterior y para fines jurisprudenciales es importante destacar que la consignación de las prestaciones e indemnizaciones laborales es una forma de cumplir con las obligaciones y produce efectos liberatorios siempre y cuando la misma sea efectuada en forma oportuna, razonable y completa en sus conceptos; oportuna, ya que debe hacerse de forma inmediata a la terminación de la relación laboral; razonable porque los valores consignados deben ser aproximados al monto total que corresponda recibir el acreedor conforme a la ley; y, completo en todos sus conceptos, ya que la consignación debe abarcar todos los derechos que deriven de la relación laboral.” VII. El impetrante alega nulidad subsidiaria la cual aduce que: “La sentencia recurrida incurre en evidente nulidad per lo que conforme a lo establecido en la ley debe ser anulada, por lo que subsidiariamente se solicita que dichas nulidades sean declaradas con lugar. Estas nulidades son las siguientes: INOBSERVANCIA AL CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS. 1) EI articulo 200 numeral 2 literal d) del Código Procesal Civil claramente establece que: "El fallo contendrá numerados, los pronunciamientos correspondientes a las pretensiones de las partes, aunque la estimación o desestimación de todas o algunas de dichas pretensiones pudiera deducirse de los fundamentos jurídicos, así como el pronunciamiento sobre las costas. También determinara, en su caso, la cantidad objeto de la condena, sin que pueda reservarse su determinación para la ejecución..." 2) La Sentencia Recurrida condena al Pago de Horas Extras, Bono Educativo y Horas de Lactancia sin que se haya hecho pronunciamiento sobre la existencia de los presupuestos necesarios para condenar a pagar dichos conceptos, presupuesto estos que tienen que ser debidamente motivados. Sin Embargo vemos que la Sentencia Recurrida guarda silencio a lo peticionado por nuestra parte específicamente en el NUMERAL TERCERO acerca de la condena de un bono educativo a la trabajadora Yesibel Maldonado Lazo por L. 551.00; igualmente condena a pagar a la trabajadora Nelsin Ivet Enamorado la Cantidad de L. 9, 600.00; condena a pagar a la trabajadora Mareza Sugey Lazo Laínez la cantidad de L 1, 881.25 por horas de lactancia; Condena a pagar a la trabajadora Maria Eulalia Rodríguez Lazo la cantidad de L,3, 399.41 por un bono educativo; Condena a pagar a favor del trabajador José Luis Suazo Flores la cantidad de L 3, 399.41 por un bono educativo, en todos los casos antes mencionados sin acreditar documentación alguna que tienen derecho a optar a dichos pagos. 3) Siempre en el numeral TERCERO de la sentencia recurrida, guarda silencio en cuanto a lo peticionado por nuestra parte, que es ilegal que el Actual Regidor de la Corporación Municipal de San Francisco de Coray, señor JOSÉ LUIS SUAZO FLORES este solicitando el pago de Salarios dejados de Percibir a título de daños y perjuicios, cuando el Articulo 258 de la Constitución prohíbe expresamente que puedan devengar doble sueldo como es el presente caso del actual Regidor Municipal. 4) Igualmente guarda silencio en cuanto a la violación del Artículo 48 de la Ley del Salario mínimo que establece quienes quedan exentos de pedir reajuste del salario mínimo, los empleados cuyo puesto ha sido creado por la Constitución, la Ley, Decreto Ejecutivo o Acuerdo Municipal, en el caso específico de los señores Nelsy Iveth Maldonado (Secretaria Municipal) y Mareza Suyey Lazo Lainez (Tesorera municipal) no pueden solicitar reajuste del salario mínimo porque conforme a la Ley del Salario mínimo están exceptuadas, ya que sus puestos son creados mediante Acuerdo Municipal, pues son nombrados por la Corporación Municipal en pleno de acuerdo a los Artículos 49, 52, 56 y 100 de la Ley de municipalidades. 5) La sentencia Recurrida es incongruente con lo peticionado por los trabajadores en cuanto al monto total de las Prestaciones e indemnizaciones laborales, ya que sostiene en su NUMERAL OCTAVO "que aprecia claramente que las prestaciones e indemnizaciones laborales derivadas de la relación laboral sostenidas entre los actores y la parte demandada fueron debidamente calculados por la Secretaria de Trabajo y según las hojas de cálculo que aparecen incorporadas a folios 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 y 32, ascienden a la cantidad de L. 1, 157, 547.33", dicha cantidad es incorrecta, pues al sumar dichos cálculos nos da un total de L. 811,062.11, inclusive con el reajuste del salario mínimo solicitado. 6) Igualmente la Corte Recurrida condena a pagar una cantidad igual al Reajuste del Salario Mínimo, conforme al Artículo 39 de la Ley del Salario Mínimo sin tomar en cuenta lo estipulado en el Manual Procesal laboral elaborado por la Honorable Corte Suprema de Justicia en el cual se contempla Procedimiento sumario en la jurisdicción del trabajo desarrollado en el numeral 16, básicamente dicho manual indica cuando se ha de seguir el procedimiento de única instancia que se instaura en el Código de Trabajo en vista que, si bien es cierto el juicio sumario desapareció con la entrada en vigencia del Código Procesal Civil, el mismo Código de Trabajo establece, que en lo no previsto dentro del mismo, se resolverá a través de las normas análogas que establece el mismo Código de Trabajo, tomando en cuenta que la analogía es un método por el cual una norma jurídica se extiende, por identidad de razón, a casos no comprendidos en ella y la propia ley legitima al juez a aplicar la analogía ante la falta de regulación de un determinado procedimiento, extrayendo de esta norma aplicable por analogía, los principios adaptables al supuesto hecho. Por lo que la Corte Recurrida, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 858 del Código de Trabajo, debió acudir primero a la analogía, esto es aplicar normas que se encuentran en el mismo Código del Trabajo, es decir, que las mismas deben estar en armonía con la finalidad del supuesto de hecho; en este caso concreto nos referimos a la brevedad de un procedimiento sumario, por ejemplo la demanda por reajuste del salario mínimo (Art. 39 de la Ley del Salario Mínimo); debiendo de tramitarse estos mediante los principios básicos del procedimiento de Única Instancia, adecuándolo conforme a lo dispuesto en el Art. 718 del Código del Trabajo para el logro de su finalidad, que es precisamente la brevedad con la cual se deben de resolver estos juicios, en consecuencia la parte actora debió seguir lo ordenado en el Artículo 39 de la Ley de salario Mínimo para recuperar las cantidades adeudadas y en concepto de daños y perjuicios, una cantidad igual. La sentencia recurrida no cumple con los requisitos formales claramente establecidos en el Articulo 200 numeral 2 literal d), no es clara ni congruente con lo peticionado, dejando con ello en completa indefensión a mi representada”. VIII. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que este Tribunal deba enmendar; en el presente caso, donde la situación planteada ya ha sido resuelta en el momento procesal oportuno por el A-quo y confirmado por el Tribunal de Apelación lo constituye en un objeto de litigio ya dirimido y agotadas sus instancias, sin embargo estudiado el caso en examen, este Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria. IX. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación. Y sin lugar la nulidad alegada de forma subsidiaria. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN LUGAR la nulidad solicitada de forma subsidiaria. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE”. FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los dieciséis días del mes de junio del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha veintidós de abril del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número CL413-19. Firma y sello.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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