Sentencia CL-388-19 — Registro 12762
Resumen
Segunda instancia declaró sin lugar el defecto de transacción y pago y la excepción perentoria de prescripción opuestos por la representante procesal de la parte demandada declarando con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de complemento de prestaciones laborales, en virtud despido directo e injustificado, complemento de pago de vacaciones, decimotercer, decimocuarto mes causados y proporcionales. Reajuste al salario mínimo retroactivamente a los dos últimos años de la presentación de la presente acción. Pago de daños y perjuicios de conformidad a lo establecido en el artículo 39 de la Ley del Salario Mínimo. Costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 12 de diciembre del 2016
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."El cargo que antecede resulta inadmisible debido a que se incurre en defectos técnicos, como ser: a) no señala con precisión la norma de carácter sustantiva infringida, ya que la Ley de Salario Mínimo contiene varias disposiciones, que hacen referencia a situaciones jurídicas diferentes, por lo que era necesario indicar a cuál o cuáles de ellas dirige su ataque contra el fallo recurrido; y, b) tampoco es claro y preciso en el concepto de la infracción, ya que alega dos formas diferentes de violar la ley, dado que señala aplicación indebida y lo aduce por la falta de apreciación de determinados medios de prueba."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Recuerda esta Corte de Casación el carácter extraordinario y riguroso del recurso de casación y reitera que este medio de impugnación no le otorga competencia para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste razón, pues su labor, siempre que el o la Recurrente sepa plantear la acusación, se limita a enjuiciar la sentencia para así establecer, si al dictarla el juzgador observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para rectamente solucionar el conflicto y mantener el imperio de la ley. Por ello, se ha dicho, que en el recurso de casación se enfrentan la ley y la sentencia y no quienes actuaron como contrapartes en las instancias. Los requisitos de la demanda de casación, como también lo ha señalado este Supremo Tribunal, más que un culto a la forma, son supuestos esenciales de la racionalidad de la casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice el recurso y, en su lugar, opere una tercera instancia no prevista en la ley. Asimismo, también tiene establecido esta Corte, que es imperativo para el Censor rebatir y, por consiguiente, desquiciar por la senda apropiada, todos los soportes jurídicos, probatorios y fácticos del fallo gravado, porque, el no hacerlo, implica que la presunción de acierto y legalidad que tiene aquel frente al recurso de casación, permanezca incólume"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 739 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintidós de marzo de dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 28 de febrero del 2020, por la Abogada GLENDA CARINA RIVAS PANIAGUA, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, son partes recurridas, los señores JORGE ALBERTO BLADIN BACA, FRANCISCA LOPEZ CRUZ, FAUSTINA UCLES LAINEZ, SANTOS HIPOLITO FLORES y MILTON JOEL GARCIA VALLADARES, representados en juicio por la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria Laboral para el pago de Complemento de Prestaciones Laborales, en virtud despido directo e injustificado, complemento de pago de vacaciones, decimotercer, decimocuarto mes causados y proporcionales. Reajuste al salario mínimo retroactivamente a los dos últimos años de la presentación de la presente acción. Pago de daños y perjuicios de conformidad a lo establecido en el artículo 39 de la Ley del Salario Mínimo. Costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 12 de diciembre del 2016, por los señores JORGE ALBERTO BLADIN BACA, quien es mayor de edad, casado, Primaria Completa, hondureño, con domicilio en la Aldea Villa Vieja, carretera a Danlí, Km 5, 3 cuadras arriba de la Escuela Policarpo Bonilla de la Ciudad de Tegucigalpa; FRANCISCA LOPEZ CRUZ, mayor de edad, soltera, ama de Casa, hondureña, con domicilio en el Barrio Los Profesores, casa 1577, media cuadra al este de Escuela Simón Bolívar de la Ciudad de Comayagüela M.D.C.; FAUSTINA UCLES LAINEZ; mayor de edad, soltera, de Oficios Domésticos, hondureña, con domicilio en la Colonia Villa Cristina, a cinco cuadras de la quinta hacia arriba, casa 94 de la Ciudad de Comayagüela; SANTOS HIPOLITO FLORES, mayor de edad, soltero, Comerciante, hondureño, con domicilio en la Colonia San Isidro, bloque 1, 1era calle, casa 18 de la Ciudad de Comayagüela y MILTON JOEL GARCIA VALLADARES mayor de edad, soltero, Perito Mercantil y Contador Público, hondureño, con domicilio en Faldas del Pedregal, zona 1, bloque 1, casa 4105 de la Ciudad de Comayagüela, M.D.C., contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones ejecutadas por la Comisión Liquidadora de la Dirección General de Transporte, esta última dependiente de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS (INSEP), por medio del Procurador General de la República, señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA, mayor de edad, casado, Abogado, hondureño y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 10 de abril del 2019, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia definitiva de fecha 19 de septiembre del 2018, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA:I.- Declarar SIN LUGAR EL DEFECTO TRANSACCION Y PAGO Y LA EXCEPCION PERENTORIA DE PRESCRIPCION opuestos por la Representante Procesal de la parte demandada; II.-Declarar CON LUGAR la demanda ordinaria laboral para el pago de complemento de prestaciones e indemnizaciones laborales; complemento de pago de vacaciones, decimo tercer, decimo cuarto mes causados y proporcionales. Reajuste al salario mínimo retroactivamente a los dos últimos años de la presentación de la presente acción. Pago de daños y perjuicios de conformidad a lo establecido en el artículo 39 de la Ley del Salario Mínimo; instaurada por el Señor: JORGE ALBERTO BLADIN BACA; FRANCISCA LOPEZ CRUZ; FAUSTINA UCLES LAINEZ y MILTON JOEL GARCIA VALLADARES; contra EL ESTADO DE HONDURAS por actuaciones ejecutadas por la Comisión Liquidadora de la Dirección General de Transporte, esta última dependiente de INSEP; a través de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Señora LIDIA ESTELA CARDONA; III.- CONDENAR:AL ESTADO DE HONDURAS por actuaciones ejecutadas por la Comisión Liquidadora de la Dirección General de Transporte, esta última dependiente de INSEP; a través de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Señora LIDIA ESTELA CARDONA pagar a los Señores: JORGE ALBERTO BLADIN BACA; Lps.105,618.50;FRANCISCA LOPEZ CRUZ Lps.79,582.68; FAUSTINA UCLES LAINEZ Lps.95,066.48; MILTON JOEL GARCIA VALLADARES Lps.58,370.41; que consisten en la diferencia que la Institución demandada debió haber pagado a cada uno de los demandantes en concepto de prestaciones e indemnizaciones laborales; más el PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 39 DE LA LEY DEL SALARIO MINIMO Conceptos que serán liquidados en el momento procesal oportuno que corresponda. IV.- Declarar SIN LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral para el pago de complemento de prestaciones e indemnizaciones laborales; complemento de pago de vacaciones, décimo tercer, décimo cuarto mes causados y proporcionales. Reajuste al salario mínimo retroactivamente a los dos últimos años de la presentación de la presente acción. Pago de daños y perjuicios de conformidad a lo establecido en el artículo 39 de la Ley del Salario Mínimo; instaurada por el Señor: SANTOS HIPOLITO FLORES; contra EL ESTADO DE HONDURAS por actuaciones ejecutadas por la Comisión Liquidadora de la Dirección General de Transporte, esta última dependiente de INSEP; a través de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Señora LIDIA ESTELA CARDONA; en CONSECUENCIA ABSOLVER: AL ESTADO DE HONDURAS por actuaciones ejecutadas por la Comisión Liquidadora de la Dirección General de Transporte, esta última dependiente de INSEP; a través de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Señora LIDIA ESTELA CARDONA; de pagar al Señor SANTOS HIPOLITO FLORES dichos conceptos. V.- SIN COSTAS” ANTECEDENTES DE HECHO 1.- Los demandantes expresaron en el escrito de su acción que iniciaron la relación laboral para el Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), ahora Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP),de la siguiente manera: Jorge Alberto Bladin Baca, el 02 de mayo del 2005, desempeñándose como Controlador de Transporte, devengando un salario mensual de L.7,844.00 reajustado al salario mínimo legal por la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social a L. 9,168.42; Francisca López Cruz, el 01 de julio del año 2006, desempeñándose en el puesto de Aseadora, devengando un salario mensual de L.7,500.00, reajustado al salario mínimo legal por la Secretaria del Trabajo y Seguridad Social a L. 9, 168.42; Faustina Ucles Laínez, el 01 de Abril del año 1997, desempeñándose en el puesto de Aseadora, devengando un salario mensual de L.7,400.00, reajustado al salario mínimo legal por la Secretaria del Trabajo y Seguridad Social a L.9,168.42; Santos Hipólito Flores, el 06 de abril del año 2006, desempeñándose en el puesto de Inspector en el área de Decomiso, devengando un salario mensual de L.10, 225.00; y, Milton Joel García Valladares, el 09 de junio de 2006, desempeñándose en el puesto de Controlador de Transporte, devengando un salario mensual de L.7,844.10, Reajustado al Salario Mínimo Legal por la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social a L.9,168.42; que mediante notas de fechas 21 de julio de 2016, la institución demandada después que laboraron por más de 20 y 10 años, de manera unilateral los despidió de sus puestos de trabajo, a través de una Junta Liquidadora, argumentando reestructuración que ordena la Ley de Transporte, a lo que cabe mencionar que esta no es una causal de despido de las establecidas en el artículo 112 del Código del Trabajo; por lo que se considera que los despidos son abruptos, injustos e ilegales, por encontrarse al margen de la ley, que la institución demandada en las notas de despido les ofrece el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales que por ley les corresponden, sin embargo al momento de cancelarlos las mismas, lo hace de acuerdo al cálculo elaborado por la propia demandada a su beneficio, muy por debajo del cálculo elaborado por el Ministerio del trabajo, de tal manera que a: JORGE ALBERTO BLADIN BACA, que según cálculo del Ministerio del Trabajo le corresponde la cantidad de L. 219,086.72 y la demandada le canceló la cantidad de L. 113,468.22, adeudándole la cantidad de L. 105,618.50; a FRANCISCA LOPEZ CRUZ, que según cálculo del Ministerio del Trabajo le corresponde la cantidad de L. 204,945.20 y la demandada le canceló la cantidad de L.125,362.52, adeudándole la cantidad de L.79,582.68; a FAUSTINA UCLES LAINEZ, que según cálculo del Ministerio del Trabajo le corresponde la cantidad de L. 300,533.00, y la demandada le canceló la cantidad de L.205,466.52, adeudándole L. 95,066.48; a SANTOS HIPOLITO FLORES, que según cálculo del Ministerio del Trabajo le corresponde la cantidad de L. 184,332.05 y la demandada le canceló la cantidad de L. 162,093.85, adeudándole L.22,238.20; a MILTON JOEL GARCIA VALLADARES, que según cálculo del Ministerio del Trabajo le corresponde la cantidad de L. 177,069.35, y la demandada le canceló L.118,698.91, adeudándole la cantidad de L.58,370.44; resulta que el salario que mensualmente devengaban al momento del despido era inferior al salario mínimo legal que les asiste constitucionalmente, violentando la demandada el artículo 39 de la Ley del Salario Mínimo, correspondiéndoles además la aplicación de dicho Reajuste a los derechos del decimotercero, decimocuarto mes y vacaciones, los que deben ser cancelados de manera retroactiva dos años atrás a la fecha de la presentación de la demanda. 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda aceptando parcialmente los hechos alegados por los demandantes, exponiendo a su favor que además de haber equivocado el camino para interponer su reclamo, ya gozan del pago de sus prestaciones y con ello se dio por terminada la relación patrono-trabajador, que la liquidación de la que fueron objeto los demandantes, fue por mutuo consentimiento, ya que el patrono aplicó el artículo 379, en relación con el 111 numeral 9) del Código del Trabajo, es decir se consolidó ante autoridad competente, y en base al decreto PCM56-16 del 25 de julio del 2016, donde se ordena suprimir la Dirección General del Transporte, tutelando los derechos de los ex trabajadores, por lo que el reclamo se considera improcedente por no ser conforme a derecho.Que en audiencia primera de trámite de fecha siete de junio del año dos mil diecisiete la representante procesal de la parte demandada opuso: I.- DEFECTO TRANSACCION Y PAGO, exponiendo lo siguiente: En virtud que a los demandantes se le canceló todas su prestaciones e indemnizaciones laborales, y demás derechos adquiridos en base al ACTA DE TERMINACION DE UNA RELACION LABORAL Y PAGO que los demandantes firmaron una acta de mutuo consentimiento ante la Autoridad competente (INSPECTOR DEL TRABAJO) en base al artículo 111 numeral 2 y 9. Habiéndoseles pagado las cantidades de: 1.- L.113,468.22 al señor Jorge Alberto Bladin Baca; 2.- L.125,362.52 a la Señora Francisca López Cruz; 3.- L.205,466.52 a la Señora Faustina Ucles Laínez; 4.- L.162,093.65 al Señor Santos Hipólito Flores; y 5.- L.118,698.91 al Señor Milton Joel García Valladares. Para acreditar el defecto de Transacción y pago aporto el medio de prueba: DOCUMENTAL: Consistente en los documentos que corren agregados a folios 20 al 74 y del 81 al 85 de los autos; II.- EXCEPCION PERENTORIA DE PRESCRIPCION manifestando lo siguiente: En base a los artículos 6, 42, 105 y 111 de la Ley de Servicio Civil, en virtud de que los demandantes fueron cancelados por liquidación de los demandantes en fechas 21, 25 y 27 de julio del año 2016, entablando la demanda judicial hasta el 12 de diciembre del año 2016, por lo que el termino para reclamar supuestos reajustes o complementos de prestaciones e indemnizaciones laborales no les asiste, primero porque el sueldo que señalan no les corresponde pues reclaman la ley de salario mínimo de la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social para el sector obrero, Empresa Privada ignorando que están regidos bajo la ley de servicio civil y el incremento de este régimen ya lo gozaban al momento de la liquidación y en base al cual se les elaboraron los cálculos de prestaciones e indemnizaciones laborales por una comisión tripartita integrada la comisión Liquidadora, la Secretaría de Finanzas y la D.G.T. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 19 de septiembre del 2018, dictó sentencia definitiva declarando SIN LUGAR el DEFECTO TRANSACCION Y PAGO y la EXCEPCION PERENTORIA DE PRESCRIPCION opuestos por la representante procesal de la parte demandada; CON LUGAR la demanda ordinaria laboral para el pago de complemento de prestaciones e indemnizaciones laborales; complemento de pago de vacaciones, decimotercer, decimocuarto mes causados y proporcionales. Reajuste al salario mínimo retroactivamente a los dos últimos años de la presentación de la presente acción. Pago de daños y perjuicios de conformidad a lo establecido en el artículo 39 de la Ley del Salario Mínimo; CONDENO al ESTADO DE HONDURAS pagar a los señores: JORGE ALBERTO BLADIN BACA Lps.105,618.50; FRANCISCA LOPEZ CRUZ Lps.79,582.68; FAUSTINA UCLES LAINEZ Lps.95,066.48, y; MILTON JOEL GARCIA VALLADARES Lps.58,370.41; que consisten en la diferencia que la Institución demandada debió haber pagado a cada uno de los demandantes en concepto de prestaciones e indemnizaciones laborales, más el PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 39 DE LA LEY DEL SALARIO MINIMO, conceptos que serán liquidados en el momento procesal oportuno que corresponda, declaró SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral para el pago de complemento de prestaciones e indemnizaciones laborales, complemento de pago de vacaciones, decimotercer, decimocuarto mes causados y proporcionales. Reajuste al salario mínimo retroactivamente a los dos últimos años de la presentación de la presente acción. Pago de daños y perjuicios de conformidad a lo establecido en el artículo 39 de la Ley del Salario Mínimo, en cuanto al señor SANTOS HIPOLITO FLORES en consecuencia, ABSOLVIO al ESTADO DE HONDURAS de pagar al señor SANTOS HIPOLITO FLORES dichos conceptos,sin costas; bajo el criterio que en relación al DEFECTO DE TRANSACCION Y PAGO opuesto por la representante procesal de la parte demandada y después de haber realizado el respectivo análisis de las exposiciones por ambos representantes procesales de las partes, así como de la prueba practicada, se concluye en lo siguiente: Que la deuda contraída por la Institución Demandada para con los demandantes no fue pagada en su totalidad tal y como relacionado en el considerando anterior; en vista de lo expuesto es del criterio que procede declarar SIN LUGAR el DEFECTO DE TRANSACCION Y PAGO opuesto por la representante procesal de la parte demandada.Que en cuanto a la EXCEPCION PERENTORIA DE PRESCRIPCION, en base a los artículos 6, 42, 105 y 111 de la Ley de Servicio Civil, en virtud de que los demandantes fueron cancelados por liquidación de los demandantes en fechas 21, 25 y 27 de julio del año 2016, entablando la demanda judicial hasta el 12 de diciembre del año 2016, por lo que el termino para reclamar supuestos reajustes o complementos de prestaciones e indemnizaciones laborales no les asiste, y partiendo del agotamiento de la vía administrativa dentro de los dos meses siguientes al 21 de julio de 2016 que es la fecha en que se notificó la terminación de la relación laboral a cada uno de los demandantes, al 19 y 20 de septiembre de 2016 en que se instaura el reclamo administrativo y se da por agotado el trámite administrativo en fechas 12, 13, 20 y 24 de octubre de 2016 y la presente demanda se instauro en fecha 12 de diciembre de 2016 de lo que se desprende que no opera la prescripción alegada; en vista de lo anterior procede declarar SIN LUGAR LA EXCEPCION PERENTORIA DE PRESCRIPCION opuesta por la representante procesal de la parte demandada, y que habiéndose acreditado por los demandantes que el pago efectuado por la Institución Demandada no fue satisfecho en su totalidad; por lo que es procedente declarar con lugar la demanda por haber sido acreditado que los demandantes devengaban un salario inferior al legalmente establecido a excepción del señor Santos Hipólito Flores, quien devengaba un salario superior al mínimo legalmente establecido. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha 10 de abril del 2019, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que se aprecia que efectivamente la parte demandada no pagó totalmente las prestaciones e indemnizaciones laborales; por lo que no habiendo el demandado acreditado el pago de este concepto, la Juez de primera instancia tiene como cierto que esa cantidad se les debe a los demandantes; y es así que procede a condenar el pago de dicho concepto. Que en cuanto al señor Santos Hipólito Flores, está probado que el mismo devengaba un salario mayor al salario mínimo, por lo que no se puede pretender que se le haga efectivo este pago de complemento, cuando a él si se le canceló en su totalidad sus prestaciones e indemnizaciones de acuerdo al salario que devengaba. 5.- Mediante auto de fecha 20 de noviembre del 2019, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada GLENDA CARINA RIVAS PANIAGUA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 28 de febrero del 2020, compareció ante éste Tribunal la Abogada GLENDA CARINA RIVAS PANIAGUA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo UN motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 2 de marzo del 2020, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 9 de febrero del 2021, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que la Abogada GLENDA CARINA RIVAS PANIAGUA en el primer y único motivo de casación expresa: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por aplicación indebida de la Ley de Salarios Mínimos de la secretaria del Trabajo y Seguridad Social, manifiesto en la falta de apreciación de los medios de prueba documental que obra a folios del 20 al 74, del 81 al 85 y del 147 al 151 de la primera pieza de autos. REGLAS PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACION DE LAS SUSTANTIVAS. Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las sustantivas están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código de Trabajo en relación al Acuerdo número SCGG-001-401-2015, publicado en fecha 27 de enero del año 2016, que contiene el aumento del Salario Mínimo de Régimen de Servicio Civil para el año 2016, el cual no fue considerado al momento de dirimir la sentencia de primera instancia. PRUEBA DEJADA DE APRECIAR La prueba dejada de apreciar en este motivo consiste en: DOCUMENTAL compuesta por: a) F-01 y hoja de cálculo de indemnización de daños y perjuicios de JORGE ALBERTO BLANDIN BACA, por la cantidad de: L.136,725.81; folios 20, 21 y 81; b) F-01 y hoja de cálculo de indemnización de daños y perjuicios de FRANCISCA LOPEZ CRUZ, por la cantidad de: L.126,146.93; folios 22, 23 y 82; c) F-01 y hoja de cálculo de indemnización de daños y perjuicios de FAUSTINA UCLES LAINEZ, por la cantidad de: L.206,250.93, folios 24, 25 y 83; d) F-01 y hoja de cálculo de indemnización de daños y perjuicios de SANTOS HIPOLITO FLORES, por la cantidad de: 165,172.46, folios 26 y 84; e) F-01 y hoja de cálculo de indemnización de daños y perjuicios de MILTON JOEL GARCIA VALLADARES, por la cantidad de: L.121,052.14, folios 27, 28 y 85; f) 5 ACTAS de TERMINACION DE UNA RELACION LABORAL Y PAGO DE LAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL TRABAJADOR (A) de fechas 21, 25,26 y 27 de JULIO del 2016, corren a folios 29 al 33. g) Oficio No.SGRH-1025-2016 del Jefe de Planillas de INSEP de fecha 01 de agosto del 2016, en el que explica que el salario Mínimo de INSEP es de L.7,300.00, folios 34 y 35; h) Decreto Ejecutivo No. PCM-056-2016 de la Supresión de la Dirección General de Transporte, folios 36 al 39; i) Decreto Legislativo No.155-2015 de creación de la nueva Ley de Transporte Terrestre de Honduras folios 40 al 74. j) Acuerdo número SCGG-001-401-2015, publicado en fecha 27 de enero del año 2016, sobre la estructura salarial del Régimen de Servicio Civil de conformidad a los niveles Directivo, Ejecutivo, Técnicos y de Apoyo Técnico Administrativo 1, por la cantidad de L.7,300.00, el cual fue presentado como medio de prueba en la audiencia primera de trámite, miércoles 7 de junio del año 2017, el cual sirvió de medio de prueba para el Defecto procesal de Demanda Defectuosa, documento que fue acreditado junto con los demás medios de prueba en la audiencia primera de trámite, y se expuso sobre el mismo al reverse del folio 78 y por alguna razón no fue agregado al mismo, por lo que se hace un agregado al final de este recurso, para su verificación. PRECEPTO AUTORIZANTE CON RESPECTO A ESTE MOTIVO. Este motivo está comprendido en el artículo 765, ordinal primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACION DE LA VIOLACION. En el análisis del haz probatorio por parte de Ad Quem claramente ha dejado de apreciar la prueba documental detallada supra y que demuestra que los ya que las prestaciones a los demandantes se les cancelo conforme al salario que devengaban en el momento de su liquidación o supresión de la Dirección General de transporte tal y como se constató, con las Actas de Terminación de la Relación Laboral y Pago de Prestaciones e indemnizaciones Laborales del Trabajador mediante el F-O1 y liquidación elaborada por la Comisión, conforme a la Ley de Salarios Mínimos de la Ley de Servicio Civil, por estar contratados bajo el sistema de Jornal, quedo debidamente probado que a los demandantes se les cancelo todos sus derechos, con la constancia del sub gerente de Recursos Humanos de INSEP la fecha de inicio y fecha de terminación, el cargo que desempeñaban y el salario mínimo por jornal, pagados mediante la Dirección General de transporte la cual quedo totalmente liquidada y desaparecida del panorama del Estado, acreditado con el defecto de transacción y pago, medios de prueba aportados, ya que nunca estuvieron regidos por el Código del Trabajo ni mucho menos por la Secretaria del Trabajo y Seguridad Social por lo cual no pueden invocar los beneficios de otra ley laboral que nunca los tutelo, y menos suponerlo o darlo por hecho sabiendo desde el inicio de su relación laboral estuvieron regidos par el régimen de servicio civil, que el salario mínimo para las jornales en el momento de la supresión de la DGT, para las instituciones públicas es de L.7,300.00, condición laboral que fue un hecho aceptado entre las partes, es suficiente para concluir sin equivoco alguno que ningún era trabajador permanente, cuya inobservancia ha ocasionado serio gravamen a mi representada. En efecto, la sentencia que se impetra reconoce a favor de los actores derechos que no les corresponden y de cobrar a mi representada sendas cantidades de dinero en los conceptos antes señalados pero tal disposición del fallo hace que se aplique una ley a un caso que no regula. La Corte con el fallo que ha proferido está reconociendo a los trabajadores por jornal derechos que esas leyes solo confieren a empleados según el código laboral, de ahí que ha aplicado una ley que no regula el caso sub judice, es decir, ha aplicado indebidamente una ley, en vista que la institución desapareció, consiguiente perjuicio de que condena a mi representada a derechos que no les corresponden en virtud de ser trabajador temporal por jornal derechos que por ley no les corresponden. Resulta ser tan obvio que no fueron objetivamente analizados los medios de prueba de la parte demandada tanto el Acuerdo número SCGG-001-401-2015, publicado en fecha 27 de enero del año 2016 de la Secretaria General De Gobierno como las consistentes en los cálculo de prestaciones e indemnizaciones de los 5 ex empleados de la DGT ahora demandantes y las F01, donde constan las derechos concedidos, las deducciones de las deudas contraídas y los pagos realizados por los conceptos por lo que se califica de injusta e imprecisa la sentencia recurrida al desconocer el cálculo de prestaciones de la Comisión Liquidadora DGT- SEFIN le reconoce a los demandantes los siguientes derechos: 1.- al Señor Jorge Alberto Blandin Baca vacaciones causadas no gozadas 27 días, vacaciones proporcionales, décimo tercer y décimo cuarto mes derechos que suman la cantidad total de L.136,725.81 de las cuales se le resto los valores por concepto de préstamo del banco Capital (deuda contraída por el demandante y pagada por planilla por el patrono autorizada por el demandante) L.21,950.24 y L.1,307.35 de pagos indebidos pagados en planilla) el valor neto pagado por la cantidad de L113,468.22, pero incluyendo el valor total pagado fue par la cantidad de 1.- L.136,725.81 al Señor Jorge Alberto Blandin Baca; 2.- L.126,146.93 a la señora Francisca López Cruz; 3.-206,250.93 a la señora Faustina Ucles Laínez; 4.-165,172.46 al señor Santos Hipólito Flores y 5.- L.121,052.14 al señor Milton Joel García Valladares.” III.- El cargo que antecede resulta inadmisible debido a que se incurre en defectos técnicos, como ser: a) no señala con precisión la norma de carácter sustantiva infringida, ya que la Ley de Salario Mínimo contiene varias disposiciones, que hacen referencia a situaciones jurídicas diferentes, por lo que era necesario indicar a cuál o cuáles de ellas dirige su ataque contra el fallo recurrido; y, b) tampoco es claro y preciso en el concepto de la infracción, ya que alega dos formas diferentes de violar la ley, dado que señala aplicación indebida y lo aduce por la falta de apreciación de determinados medios de prueba. IV.- Recuerda esta Corte de Casación el carácter extraordinario y riguroso del recurso de casación y reitera que este medio de impugnación no le otorga competencia para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste razón, pues su labor, siempre que el o la Recurrente sepa plantear la acusación, se limita a enjuiciar la sentencia para así establecer, si al dictarla el juzgador observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para rectamente solucionar el conflicto y mantener el imperio de la ley. Por ello, se ha dicho, que en el recurso de casación se enfrentan la ley y la sentencia y no quienes actuaron como contrapartes en las instancias. Los requisitos de la demanda de casación, como también lo ha señalado este Supremo Tribunal, más que un culto a la forma, son supuestos esenciales de la racionalidad de la casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice el recurso y, en su lugar, opere una tercera instancia no prevista en la ley. Asimismo, también tiene establecido esta Corte, que es imperativo para el Censor rebatir y, por consiguiente, desquiciar por la senda apropiada, todos los soportes jurídicos, probatorios y fácticos del fallo gravado, porque, el no hacerlo, implica que la presunción de acierto y legalidad que tiene aquel frente al recurso de casación, permanezca incólume. V.- Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierra el primer y único motivo de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia; FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en su primer y único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los 2 días del mes de agosto del 2021; certificación de la sentencia de fecha 22 de marzo del 2021, recaída en el Recurso de Casación número CL388-2019. Firma y sello.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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