Sentencia CL-387-19 — Registro 14500
Resumen
Demanda ordinaria laboral para que se pague el reajuste salarial adeudado de los años 2014, 2015, 2016, y consecuentemente ajuste de prestaciones e indemnizaciones laborales, pago de indemnización de 30 días de salario a causa de la falta de preaviso de una suspensión de contrato de trabajo, pago de 120 días de salario adeudados en concepto de una suspensión de contrato de trabajo imputable a la parte patronal y sin autorización de la autoridad administrativa, costas
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
...."Las Resoluciones Judiciales emitidas por los Órganos Jurisdiccionales deben estar dotadas de cierto contenido y requisitos formales para su validez, mismos que varían respecto a la clase de resolución que se dicta, entre éstas las definitivas, mediante la cual se pone fin al proceso en primera instancia y las que resuelven los recursos interpuestos contra el fallo, de tal manera que existen requisitos: externos o formales, exigencias que establece la normativa procesal en cuanto a la forma y estructura de la decisión, conforme a los artículos 197 y 200 del Código Procesal Civil normativa supletoria, que contienen entre otros, mención de: lugar y fecha, Órgano Jurisdiccional que la dicta, Juez de instancia o Magistrados integrantes, ponente y firma; y, los internos o sustanciales, que se concretan intrínsecamente a la labor del Juzgador, derivado de su razonamiento de la situación jurídica controvertida conforme a lo acontecido y aportado al proceso y en aplicación de los principios y disposiciones legales pertinentes al debate. Requisitos esenciales como la claridad, precisión y exhaustividad, todo ello con la debida congruencia y suficiente motivación, conforme a los artículos 206, 207 y 208 del mismo ordenamiento.
VII.- El deber de motivación de la resolución judicial implica el plasmar el razonamiento y expresión detallada de las consideraciones y criterios a los que ha arribado y forman su convencimiento y razones en la decisión que constituye su sentencia definitiva, ello vinculado al principio de congruencia, que no es más que resolver conforme a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, por ende, además debe existir una conexión lógica entre lo controvertido u objeto del debate y la resolución judicial que se emite, debiendo entonces emitir para cada petición, aceptada por las partes o controvertida, un pronunciamiento sustentado conforme a lo expuesto en el mismo fallo, consecuentemente es imprescindible la exhaustividad del mismo, es decir, el deber de concluir el proceso con un profundo análisis, tangible y detallada valoración probatoria y la incorporación evidente de la normativa jurídica que le sirve de fundamento y que también permita la posible recurribilidad de la sentencia."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 200 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..." Las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas. El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes. Cuando los puntos objeto del litigio hayan sido varios, el tribunal hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. "....
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."I.- Que revisada la resolución recurrida, que confirma y hace suya la dictada en primera instancia, resulta que la misma no ha sido proferida con las formalidades, derechos y garantías que establece la Ley, ya que omite pronunciarse sobre el agravio expresado por el apelante, vinculado con el tema sobre la determinación del monto de la condena impuesta a la parte demandada, por el concepto de ajuste de las prestaciones e indemnizaciones laborales.- Además, de la cuantía de la demanda se determina que lo reclamado por la parte demandante ascendía a un valor mucho menor que lo condenado en el fallo del Juzgador de primer grado y si bien es cierto, el mismo (Juez de Letras del Trabajo) goza de las facultades extra y ultra petita, conforme lo dispone el artículo 728 del Código de Trabajo, lo cierto es que para hacer uso de esa prerrogativa excepcional, es preciso explicar las razones de tal determinación y en el presente caso, solo aparece que el Juzgador transcribió la disposición antes referida y a continuación señala escuetamente como base de su condena lo concerniente a que “quedando acreditado por los demandantes que el pago efectuado por la ENEE no fue satisfecho en su totalidad…”, omitiendo indicar las bases concretas de tal criterio que se reitera, impone una condena mayor a la cantidad reclamada en juicio por el demandante."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 200 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 122 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial."...
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Sentencia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- Tegucigalpa, M.D.C., a los once días del mes octubre del dos mil veintiuno.
La Corte Suprema de Justicia integrada por los Magistrados Propietarios ROLANDO EDGARDO ARGUETA PÉREZ Magistrado Presidente, LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ, JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ, JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, RAFAEL BUSTILLO ROMERO, WILFREDO MÉNDEZ ROMERO, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA, JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, y Magistrados Integrantes GARIN ENOC URQUIA CASTRO, YIMY DANIEL CHIRINOS ORELLANA,RUBEN RIVERA FLORES, CONAN RAFAEL ARGUETA BOURDETT Y LISSIEN GICELA CHIUZ LAITANO; dicta la siguiente. RESOLUCIÓN:
VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 20 de agosto del 2020, por el Abogado CHRISTIAN ALEJANDRO SIRYI APLICANO, en su condición de representante procesal de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), como recurrente; además, es parte recurrida, el señor MARCIAL ORLANDO CASCO MARTINEZ, representado en juicio por el Abogado JOSE RAMÓN MARTINEZ BONILLA. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para que se pague el reajuste salarial adeudado de los años 2014, 2015, 2016, y consecuentemente ajuste de prestaciones e indemnizaciones laborales, pago de indemnización de 30 días de salario a causa de la falta de preaviso de una suspensión de contrato de trabajo, pago de 120 días de salario adeudados en concepto de una suspensión de contrato de trabajo imputable a la parte patronal y sin autorización de la autoridad administrativa, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 8 de diciembre del 2017, por el señor MARCIAL ORLANDO CASCO MARTINEZ, mayor de edad, casado, hondureño, Licenciado en Economía y de este domicilio, contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), por medio de su Gerente General y Representante Legal, el señor JESUS ARTURO MEJIA ARITA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 29 de marzo del 2019, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 12 de Octubre del 2018, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice:“FALLA: I.- Declarar SIN LUGAR las EXCEPCIONES PERENTORIA DE PRESCRIPCION Y DE PAGO opuestas por el Representante Procesal de la parte demandada; II.- Declarar CON LUGAR la demanda ordinaria laboral para el pago de cantidades adeudadas por no otorgar un reajuste salarial del año 2014, 2015, 2016 por contratación colectiva, pago de reajuste de prestaciones e indemnizaciones laborales por no pagar todos los derechos establecidos en la contratación colectiva, costas; promovida por el señor MARCIAL ORLANDO CASCO MARTINEZ contra LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (E.N.E.E.) por medio de su Representante Legal el señor JESUS ARTURO MEJIA ARITA; III.- CONDENAR: A LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (E.N.E.E.) por medio de su Representante Legal el Señor JESUS ARTURO MEJIA ARITA pagar a favor del señor MARCIAL ORLANDO CASCO MARTINEZ la cantidad de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON SESENTA Y UN CENTAVOS (L.4,374,254.61) los cuales se desglosan de la siguiente manera: reajuste de salario año 2014 L.39,832.10, reajuste de salario año 2015 L.89,249.86, reajuste de salario año 2016 L.68,627.27, cálculo de prestaciones de acuerdo al contrato colectivo, L.5,742,007.04, pago de preaviso por indemnización de suspensión de contrato en forma ilegal L.53,692.86, pago de 120 días de salario del tiempo que duró la suspensión L.196,204.48, suma a la que se le restó L.1,815,359.00 pagado par la empresa; IV.- SIN COSTAS…”
ANTECEDENTES DE HECHO
1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que comenzó a laborar con la ENEE, el 19 de marzo de 1984, llegando a devengar un salario promedio mensual de L.63,692.14, en el puesto de Planificador, que según la cláusula 51 del Contrato Colectivo 2011-2013, a partir de enero del 2014 le correspondía un ajuste salarial equivalente al 5.18%, para enero de 2015 un ajuste de 6.11 % y para enero de 2016 un ajuste de 3.16%, correspondientes al porcentaje del índice inflacionario, de conformidad a lo que establece el artículo 69 del Código del Trabajo y la cláusula 70 del Contrato Colectivo, que desarrollan la prórroga automática de los contratos colectivos; sin embargo la parte patronal incumplió con efectuar las ajustes salariales antes referidos, consecuentemente son adeudados, que en fecha 3 de junio del año 2015, acudió a laborar a la empresa, pero las representantes del patrono no le permitieron ingresar a las instalaciones de la empresa porque se había tomado la determinación de notificarle la suspensión de su contrato de trabajo desde el 19 de junio al 16 de octubre del 2015, suspensión que lleva implícitas vicios de nulidad, ya que no se le notifico con 30 días de anticipación, por lo que de acuerdo al artículo 102 párrafo 2 del Código de Trabajo se le debe de indemnizar con el pago de 30 días de salario, asimismo se le adeuda el salario de los meses no laborados durante la suspensión, que de manera unilateral en fecha 3 de junio del 2016, presentó su retiro voluntario, efectivo a partir del 1 de agosto del 2016, en ejercicio de su derecho constitucional y fundamentado en la cláusula 72 párrafo 2 del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre ENEE/STENEE, misma que establece que cuando un empleado decida retirarse voluntariamente se le hará efectivo el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales en un 100% estableciendo que pagara un mes de salario por cada año de servicio, superando así el límite de 25 meses de salario que establece el Código del Trabajo, consecuentemente sus prestaciones se convirtieron en un derecho adquirido, debido a su retiro, la empresa le hizo efectivo el pago de L.1,815,359.09 en concepto de prestaciones e indemnizaciones laborales, mediante depósitos de fechas 29 de junio del 2016, 12 de septiembre de 2017, cantidades a las que se le hicieron diversas deducciones, sin embargo, dicha cantidad es inferior a la que tiene derecho, ya que no se tomaron en cuenta los ajustes salariales adeudados, asimismo no se tomó en cuenta la antigüedad de 32 años, pues únicamente se le pagaron 25 meses de salario, contraviniendo a lo establecido en la cláusula 72 párrafo 2 del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre ENEE/STENEE, que el pago realizado por la empresa no es liberatorio de responsabilidad en virtud de ser incompleto y siendo que todos los actos que tiendan a una renuncia, tergiversación o disminución de los derechos irrenunciables mediante contratación colectiva son nulos ipso jure, por lo tanto le adeudan las cantidades reclamadas, que dio por agotado el trámite administrativo en fecha 2 de noviembre del 2017.
2.- La parte demandada, la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), contestó dicha demanda rechazando totalmente los hechos expuestos en el escrito de la demanda, alegando a su favor que el demandante no puede acudir a la vía judicial a ejercitar sus derechos emanados del contrato de trabajo, como ser el pago de 4 salarios inherentes a la suspensión de su contrato de trabajo, durante el período del 19 de junio al 16 de octubre del 2015, en virtud que la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, no ha emitido resolución administrativa declarando sin lugar la suspensión del contrato de trabajo del demandante, ya que la misma se encuentra en trámite, la solicitud de suspensión de contratos individuales de trabajo presentada por la ENEE, inherente al periodo del 19 de noviembre al 19 de marzo del 2015 fue resuelta a favor de la ENEE, por concurrir causas de suspensión contenidas en el artículo 100 numerales 4 y 5 del Código del Trabajo, que en definitiva fueron las mismas causas que originaron la suspensión del contrato de trabajo del demandante antes señalado, que los hechos controvertidos en el presente caso no debe ceñirse en probar si el proceso de suspensión de contratos individuales correspondientes al período del 19 de junio al 16 de octubre del 2015 del que fue objeto el demandante fue o no conforme a derecho, ya que para ello debe de esperarse la resolución administrativa, misma que de ser desfavorable al demandante, tendrá las acciones legales para solicitar ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo la nulidad del acto administrativo, que la empresa demandada probara que de conformidad al mandato contenido en los artículos 122, 123 y 130 del Decreto Legislativo No.141/2018 contentivo de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República 2018, no puede hacer efectivo al demandante el ajuste salarial equivalente al porcentaje del índice inflacionario, hasta tanto la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas apruebe el techo de Ingresos y Egresos de la ENEE, disponibilidad presupuestaria para el reconocimiento de dicho beneficio laboral, razón por la cual, a la fecha las autoridades de la empresa no han otorgado a ningún empleado permanente el reajuste salarial solicitado, asimismo se mostrara que no le adeuda cantidad alguna al demandante, y que al retirarse voluntariamente de la empresa y pasar a gozar de una jubilación, se le pagaron todos los derechos derivados de su retiro voluntario, de conformidad al contrato colectivo vigente; que en la audiencia primera de trámite celebrada en fecha 30 de abril del 2018 el representante procesal de la parte demandada interpuso DOS DEFECTOS PROCESALES DE PRESCRIPCION Y UN DEFECTO PROCESAL DE PAGO los que desarrolló de la siguiente manera: 1) SE PROMUEVE DEFECTO MATERIAL DE PRESCRIPCION con fundamento en los artículos 80 y 82 de la Constitución de la República y 710 del Código del Trabajo, se propone el defecto material de prescripción, en relación al pago del ajuste salarial por aplicación del índice inflacionario, conforme a la cláusula 51 del Contrato Colectivo suscrito entre la ENEE y el STENEE, que solicitan el demandante MARCIAL ORLANDO CASCO MARTINEZ, desde el aro 2014, tal como se encuentra establecido en la cláusula # 51 párrafo ultimo del contrato colectivo ENEE/STENEE mismo que desarrollo bajo dos escenarios con fundamentos en los hechos y disposiciones legales siguientes: ESCENARIO NUMERO UNO. PRIMERO: Su Señoría, El Código del Trabajo en su articulado no define el plazo de prescripción para los derechos derivados de los contratos colectivos, por tal razón consideramos que es necesario recurrir a la aplicación análoga del artículo 858 del aludido código, al establecer: "Que, a falta de disposiciones especiales en el procedimiento del trabajo, se aplicaran en primer lugar, las normas análogas del Código del Trabajo, y, en segundo lugar, las del Código Procesal Civil. Vista lo anterior, al no estar definido expresamente cual es el plazo de prescripción de los derechos derivados de los contratos colectivos, entonces se debe aplicar de forma análoga las disposiciones sobre la prescripción que establece el Código del Trabajo. SEGUNDO: El artículo 867 del Código del Trabajo, aplicado análogamente en el presente caso, es de utilidad para definir el plazo de prescripci6n de los derechos y acciones derivados de los contratos colectivos, al establecer expresamente que todos los derechos y acciones de los trabajadores y patronos prescriben en el término de dos (2) meses, contados desde el acaecimiento del hecho a partir del cual se debe contar el plazo de prescripción instaurado en este artículo para la exigencia de los aumentos y ajustes correspondientes al año 2014, porque el acaecimiento del hecho, comenzó a computarse desde el 01 de enero de 2014, tal como lo instaura la cláusula 51 y 78 del contrato colectivo de la ENEE, por lo que el derecho a los aumentos y ajustes correspondiente al año 2014 le prescribió al demandante el 01 de marzo del 2014; similar condición sucede con la petición de los aumentos y ajustes salariales que corresponden al año 2015, al haber comenzado a computarse el acaecimiento del hecho pretendido desde el 01 de enero del año 2015; por lo que tal derecho le prescribió al demandante el 01 de marzo del 2015; en relación a los aumentos y ajustes que solicita el demandante correspondiente al año 2016, dicho beneficio comenzó su eficacia a partir del 01 de enero del 2016; por tal razón dicho derecho les prescribió al demandante el 01 de marzo del 2016, sin embargo, en el caso puntual del demandante se detallan las fechas de prescripción para la pretensión del pago solicitado: Siendo que el demandantes MARCIAL ORLANDO CASCO MARTINEZ, presento su reclamo administrativo el 02 de Noviembre del 2017 a través del cual solicita el derecho a los aumentos y ajustes derivados del contrato colectivo en relación a la cláusula 51, correspondientes al año 2014, se hace necesario cuantificar a través de una operación aritmética que el demandante acudió3 años, 8 meses y 1día a solicitar los aumentos y ajustes que se derivan del contrato colectivo para el año 2014; similar situación acontece con la solicitud de los aumentos y ajustes derivados de la cláusula 51 correspondientes al año 2015, en virtud que el demandante dejo transcurrir un lapso de tiempo de 2 años, 8 meses y 1día, para solicitar el reconocimiento de los aumentos y ajustes derivados del contrato colectivo para el año 2015; con relación a la solicitud de los aumentos y ajustes del contrato colectivo del año 2016 el demandante dejo transcurrir un lapso de tiempo 1 año, 8 meses y 1día, para solicitar el reconocimiento de los aumentos y ajustes correspondientes al año 2016; con lo cual se demuestra que el demandante dejo transcurrir el termino de los 2 meses, establecidos por el artículo 867 para solicitar el beneficio del índice inflacionario señalado en la cláusula 51 del Contrato Colectivo suscrito entre la ENEE y el STENEE; y al haber sido superado el precitado termino de los 2 meses opera a favor de mi mandante la Prescripción. ESCENARIO NUMERO DOS. En diversas ejecutorias judiciales, los tribunales del trabajo y puntualmente en relación a la prescripción de las acciones y derechos para el reconocimiento de incrementos de salarios, han aplicado en forma supletoria los mandatos contenidos en los artículo 39 y 43 de la Ley de Salario Mínimo y 2295 numeral identificado como 2° del Código Civil, al señalar para este tipo de acciones y derechos el término de prescripción es de 2 años, contabilizados desde la fecha en que ocurrió la causa que motiva su ejercicio. De las disposiciones legales antes citadas, se colige, que en el presente caso, el ajuste salarial correspondiente al año 2014, se encuentra prescrito, ya que por simple operación aritmética ha sido superado el precitado termino de 2 años, para el demandante, en la forma siguiente: Siendo que el demandante MARCIAL ORLANDO CASCO MARTINEZ, presento su reclamo administrativo hasta el 02 de Noviembre del 2017 dejando transcurrir un lapso de tiempo de 3 años, 8 meses y 1día en relación al año 2014 y en relación al año 2015 dejo transcurrir un lapso de tiempo de 2 años, 8 meses y 1día. Quedando debidamente probado que el demandante deja transcurrir el termino de los 2 años establecidos en el artículo 43 de la Ley de Salario Mínimo; por lo antes expuesto se concluye que en este segundo escenario, concurre a favor de la ENEE, la prescripción de los derechos y acciones que tenían el demandante para exigir pago del ajuste salarial por aplicación del índice inflacionario, conforme a la cláusula 51 del Contrato Colectivo suscrito entre la ENEE y el STENEE, para los años 2014 y 2015. 2) DEFECTO MATERIAL DE PRESCRIPCION. La acción del demandante MARCIAL ORLANDO CASCO MARTINEZ se considera estar prescrita, porque la ENEE le pago el valor de L.1,070,700.96 por concepto de prestaciones laborales por la solicitud de retiro voluntario del demandante, pago que éste recibió sin reserva ni protesta alguna al momento de recibida la transferencia bancaria, lo cual se comprueba, porque a esta fecha el demandante no ha devuelto el patrimonio económico que percibió de la ENEE por concepto de Prestaciones e indemnizaciones laborales, tal coma lo manifiesta en el hecho cuarto de su improcedente demanda, dando inicio dicha aseveración al plaza de prescripción que en este caso, obviamente es la fecha del pago de las prestaciones laborales, ya que, si no estaba conforme con el mismo debió haberlo manifestado o presentado su inconformidad dentro de los dos meses siguientes, tal con lo establecido por el art. 691 del Código de Trabajo, cosa que no hizo. En tal virtud, la ENEE se libró del cumplimiento de cualquier obligación según el art. 862 del Código de Trabajo, al constar en el acta de cierre de las diligencias administrativas gubernativas, que este instauró su reclamo hasta el 02 de noviembre del 2017, es decir, más de 2 meses después de haber recibido el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales, que alega en el hecho quinto y acápite cuantía de la demanda de su improcedente demanda, el demandante le adeuda la ENEE; lo cual revela notoriamente, que el demandante dejo trascurrir los 2 meses que tenía, según el artículo 867 del Código de Trabajo, para entablar la acción exigiendo el reconocimiento del supuesto derecho que la ENEE le violento, ante el departamento de conciliación y mediación de la Dirección General del Trabajo, siendo que el demandante instauró el reclamo administrativo hasta el día 02 de noviembre del 2017, o sea varios meses después de haber aceptado el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales, en consecuencia, la acción de la parte actora reiteramos se encuentra prescrita, en vista que el artículo 867 del Código de Trabajo establece taxativamente que los derechos y las acciones de los patronos y de los trabajadores prescriben en el plazo de dos meses contados a partir de la fecha de acaecimiento del hecho respectivo, motivo por el cual es evidente que el demandante deja pasar los 2 meses que tenía, para incoar la acción contra la ENEE y así exigir el supuesto derecho que según este le asiste. TERCERO: el hecho que dio inicio al plazo de prescripción en este caso, obviamente es la fecha del pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales realizado por la ENEE y aceptado por el demandante, porque, si este no estaba conforme con la cantidad acreditada, debió haber ejercido las acciones legales correspondientes tal coma lo manda la Ley, y dentro del término establecido por la misma, lo cual no realizo dentro del término de los dos meses siguientes tal como lo señala el artículo 691 del Código de trabajo.-En tal virtud, la ENEE se libró de cualquier obligación tal como lo establece el artículo 862 del Código de Trabajo.- 3) DEFECTO PROCESAL DE PAGO, en relación al Pago de Complemento de Prestaciones e Indemnizaciones Laborales que el demandante pretende le sean reconocidos en el presente juicio, en vista que dichos derechos son improcedentes, ya que la ENEE al tenor del mandato de la Cláusula No.72 numeral 2 del Contrato Colectivo ENEE/STENEE procedió a pagarle al demandante todos los conceptos que solicita y pretende le sean reconocidos en esta improcedente demanda.- No obstante a lo anterior y en defensa de los intereses de la ENEE, se interpone el presente DEFECTO PROCESAL DE PAGO, con fundamento en los hechos y disposiciones legales siguientes: PRIMERO: que el 03 de junio del 2016 el demandante presento ante el Gerente General de la ENEE solicitud de retiro voluntario, finalizando así, el contrato de trabajo que le unía con la ENEE, con especial mención que la referida solicitud le fue aprobada al demandante concediéndole el pago de las Prestaciones e Indemnizaciones Laborales que por Ley le correspondan.- Es menester citar, que la ENEE en su condición de patrono, en fecha 12 de septiembre del 2017, pago al demandante la cantidad de L.1,070,700.96 que por concepto de sus prestaciones e Indemnizaciones Laborales les correspondían, a través de la Ejecución de Gastos F-01 con fecha de elaboración 19-052017 por el monto a pagar L.1,070,700.96; con dos transferencias bancarias con fecha de pago del 28-06-2018 y 12-09-2017 por el valor de L.535,350.49 cada una. De lo que se colige, que, si el demandante ha instado el pago de complemento de Prestaciones e Indemnizaciones Laborales, mismas que ya le fueron reconocidas al demandante, sin protesta ni reserva alguna de su parte, dicha situación vuelve improcedente la presente demanda. SEGUNDO: asimismo el Código Civil en su Artículo 1422 establece que se entenderá pagada una deuda, cuando se hubiese entregado la prestación en qué consistía la obligación, y en el caso sometido a debate, siendo que a esta fecha el demandante no ha devuelto el patrimonio económico que percibió de la ENEE por concepto de Prestaciones e indemnizaciones laborales, cantidad que como se da por repetido ascendió a L.1,070,700.96; de lo que se desprende que ya canceló al demandante los conceptos que solicita y pretende le sean reconocidos en esta improcedente demanda.
3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 12 de octubre del 2018, dictó sentencia declarando SIN LUGAR las EXCEPCIONES PERENTORIA DE PRESCRIPCION Y DE PAGO opuestas por el representante procesal de la parte demandada, CON LUGAR la demanda ordinaria laboral para el pago de cantidades adeudadas por no otorgar un reajuste salarial del año 2014, 2015, 2016 por contratación colectiva, pago de reajuste de prestaciones e indemnizaciones laborales por no pagar todos los derechos establecidos en la contratación colectiva, costas; CONDENO: a la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA pagar a favor del señor MARCIAL ORLANDO CASCO MARTINEZ la cantidad de L.4,374,254.61 los cuales se desglosan de la siguiente manera: reajuste de salario año 2014 L.39,832.10, reajuste de salario año 2015 L.89,249.86, reajuste de salario año 2016 L.68,627.27, cálculo de prestaciones de acuerdo al contrato colectivo, L.5,742,007.04, pago de preaviso por indemnización de suspensión de contrato en forma ilegal L.53,692.86, pago de 120 días de salario del tiempo que duro la suspensión L.196,204.48, suma a la que se le restó L.1,815,359.00 pagado por la empresa; IV.- SIN COSTAS; bajo el criterio: en relación a los dos DEFECTOS PROCESALES DE PRESCRIPCION interpuestos por el representante procesal de la parte demandada, de acuerdo a lo alegado por ambas partes y habiendo sido analizados los medios de prueba presentados para la probanza de dichos defectos, se discute que ha operado en virtud de la caducidad del derecho en cuanto a su eficacia procesal por haber dejado transcurrir el tiempo establecido por la ley fundamentado en los artículos 867 del Código del Trabajo, 39 y 43 de la Ley del Salario Mínimo y 2295 del Código Civil, exponiendo el demandado que en cuanto al pago de ajuste salarial de acuerdo al art. 51 del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito ENEE/STENEE ha prescrito al momento de proponer la demanda, pues el reclamo administrativo lo realizó hasta el 2 de noviembre del 2017, o sea 2 años 8 meses y 1 día después de la fecha para el año 2015, de 1 año 8 meses 1 día para el año 2016, por lo tanto los 2 meses le habían precluido, asimismo que de acuerdo a la Ley del Salario Mínimo en sus artículos 39 y 43 y 2295 del Código Civil, el término de 2 años le finalizó, pero en este segundo escenario no establece cual es la fecha en que comenzó a correr la prescripción, aunado a lo anterior, el demandante terminó su relación de trabajo con la empresa en fecha 1 de agosto del 2016, así como que la fecha en que se le realizó el último pago fue el 12 de septiembre del 2017, por lo que día a día nace el derecho de los trabajadores de reclamar cualquier violación a las garantías o derechos establecido a su favor, sumado a ello siendo que nos encontramos ante derechos que si bien constan en un contrato colectivo, son derechos que le corresponden a cada uno de los empleados, se vuelve en un derecho estrictamente personal, y en nuestro Código Civil en su artículo 2292 establece: "las acciones personales que no tengan señalado termino especial, prescriben en diez años", es obligación de la parte demandada dar estricto cumplimiento a lo establecido en el contrato colectivo suscrito entre la ENEE/STENEE y con un simple cálculo podemos concluir que el termino de 10 años no ha transcurrido para ninguno de los demandantes, por lo que a criterio de esta juzgadora dichos defectos de prescripción deben de ser declarados SIN LUGAR por no haber pasado el tiempo legal para proponer su reclamo por parte del demandante; se observa que la empresa demandada no otorgó el aumento correspondiente a los años 2014, 2015 ni 2016, y que en el 2013 al 2016 su salario era el siguiente de L. 46,635.41, por lo tanto siendo que nos encontramos ante el reclamo de derechos adquiridos originados de un contrato colectivo, y no una mera expectativa, en este caso el titular del derecho reclamado es el señor Marcial Orlando Casco Martínez, y de derechos irrenunciables que deben ser respetados y no vulnerados como se dio en el presente caso y que deben ser otorgados independientemente de la forma en que se terminó la relación laboral existente entre las partes y de que los mismos hayan sido o no solicitados, salvo que se encuentren satisfechos al titular de dichos derechos, lo que no ocurre en caso de autos, en cuanto a si es procedente el pago de Complemento de Prestaciones e Indemnizaciones Laborales, en virtud de acuerdo llegado con la ENEE, pero en el mismo no se incluyó el beneficio consignado en la cláusula 51 del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo referente al índice Inflacionario, como tampoco lo establecido en la cláusula 72.2 de dicho contrato, para lo cual se acreditó en autos que al actor en el momento de la terminación laboral con la Institución demandada por mutuo consentimiento lo fundamentaron en dichas clausulas; y habiendo sido analizadas las cantidades a ellos pagadas coinciden con la calculada por la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social y en la cual se aprecia que el salario promedio con el cual se realizaron dichos cálculos no le fue incluido como anteriormente fue señalado el aumento salarial establecido en la cláusula 51 del Contrato Colectivo Vigente suscrito entre la ENEE y el STENEE, como tampoco el cálculo fue realizado de acuerdo a la cláusula 72.2 de dicho contrato, concluyendo así que al momento de realizar la liquidación el mismo se hizo con un salario inferior al que legalmente les correspondía, debiendo incluirse en estas liquidaciones el aumento del año 2014, 2015 y 2013, por lo tanto es procedente el pago de dicho reclamo, asimismo el demandante en su escrito de demanda solicita el pago de indemnización de 30 días de salario a causa de falta de preaviso para la suspensión, y siendo que consta en autos que la suspensión era efectiva desde el día siguiente a la notificación, se puede ver claramente que se incumplió con dicho requisito, por lo que es procedente declarar CON LUGAR el pago de dicha indemnización, el demandante asimismo solicita que se le haga efectivo el pago del salario que dejo de percibir durante el tiempo que duro la suspensión, que es el mismo departamento legal de la ENEE quien en su opinión reconoce que al demandante le corresponde el pago de dichos salarios, y la empresa no probó en juicio, haberlos cancelados, por lo tanto es procedente declarar CON LUGAR el pago de salarios dejados de percibir durante la suspensión, siendo que fue una suspensión ilegal, al no haber sido autorizada por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social.
4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 29 de marzo del 2019, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que la parte demandada no probó en juicio haberle prescrito al demandante la acción para demandar, así como que tampoco probó que la parte demandada haya cancelado en su totalidad lo que establece el contrato colectivo.
5.-Mediante auto de fecha 20 de noviembre del 2019, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado JESUS RAMON CHONG MURCIA, en su condición de representante procesal de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.
6.-En fecha 20 de agosto del 2020, compareció ante éste Tribunal el Abogado CHRISTIAN ALEJANDRO SIRYI APLICANO, en su condición de representante procesal de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA, formalizando su demanda, exponiendo DOS motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha 11 de enero del 2021, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 8 de marzo del 2021, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado JOSE RAMON MARTINEZ BONILLA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.
Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.
Que la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo en fecha catorce (14) de mayo del año dos mil veintiuno (2021) en relación al recurso de casación interpuesto y del que se ha hecho mención, dicta sentencia la que puede ser vista de los folios 37 al 48 de la pieza de casación, y que por mayoría de votos de sus miembros resolvió DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, de fecha 29 de marzo del 2019, siendo disidente el Magistrado Pineda Valle, quien en su voto particular resolvió: DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación formulado en sus dos motivos.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- El artículo 316 de la Constitución de la República, establece entre otros argumentos que cuando las sentencias de las salas se pronuncien por unanimidad de votos, se proferirán en nombre de la Corte Suprema de Justicia y tendrán el carácter de definitivas y que cuando no haya unanimidad en la toma de decisión del asunto, los magistrados que hayan participado en la Sala, no deben integrar el Pleno; de lo cual se deduce o infiere que las sentencias que se pronuncien en las distintas salas, por mayoría de votos, deberán someterse al Pleno de la Corte Suprema de Justicia; en el caso subjudice el conocimiento de las diligencias relacionadas, surge como consecuencia de un pronunciamiento derivado por mayoría de votos de los miembros de la Sala de lo Laboral Contencioso Administrativo, por lo que el Honorable Pleno de la Corte Suprema de Justicia en acatamiento irrestricto de la norma constitucional precitada, verifica las valoraciones tanto fácticas y normativas del caso concreto.-
II.- Que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".
III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.
IV.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.
V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.
VI.- Las Resoluciones Judiciales emitidas por los Órganos Jurisdiccionales deben estar dotadas de cierto contenido y requisitos formales para su validez, mismos que varían respecto a la clase de resolución que se dicta, entre éstas las definitivas, mediante la cual se pone fin al proceso en primera instancia y las que resuelven los recursos interpuestos contra el fallo, de tal manera que existen requisitos: externos o formales, exigencias que establece la normativa procesal en cuanto a la forma y estructura de la decisión, conforme a los artículos 197 y 200 del Código Procesal Civil normativa supletoria, que contienen entre otros, mención de: lugar y fecha, Órgano Jurisdiccional que la dicta, Juez de instancia o Magistrados integrantes, ponente y firma; y, los internos o sustanciales, que se concretan intrínsecamente a la labor del Juzgador, derivado de su razonamiento de la situación jurídica controvertida conforme a lo acontecido y aportado al proceso y en aplicación de los principios y disposiciones legales pertinentes al debate. Requisitos esenciales como la claridad, precisión y exhaustividad, todo ello con la debida congruencia y suficiente motivación, conforme a los artículos 206, 207 y 208 del mismo ordenamiento.
VII.- El deber de motivación de la resolución judicial implica el plasmar el razonamiento y expresión detallada de las consideraciones y criterios a los que ha arribado y forman su convencimiento y razones en la decisión que constituye su sentencia definitiva, ello vinculado al principio de congruencia, que no es más que resolver conforme a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, por ende, además debe existir una conexión lógica entre lo controvertido u objeto del debate y la resolución judicial que se emite, debiendo entonces emitir para cada petición, aceptada por las partes o controvertida, un pronunciamiento sustentado conforme a lo expuesto en el mismo fallo, consecuentemente es imprescindible la exhaustividad del mismo, es decir, el deber de concluir el proceso con un profundo análisis, tangible y detallada valoración probatoria y la incorporación evidente de la normativa jurídica que le sirve de fundamento y que también permita la posible recurribilidad de la sentencia.
VIII.- Las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas. El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes. Cuando los puntos objeto del litigio hayan sido varios, el tribunal hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos.
IX.- “Que el Derecho al Debido Proceso constituye una ineludible carga que se le impone a los órganos del Estado, tanto administrativos como jurisdiccionales, para que sus actuaciones se sometan a los principios rectores que garantizan a cada individuo sus derechos fundamentales; constituye entonces un límite al poder estatal a favor del individuo, quien podrá reclamar en todo momento que sean respetados sus derechos, para efectos de obtener respuesta dentro de un juicio justo. El debido proceso comprende entre otros el principio de legalidad, juez natural, acceso a los órganos jurisdiccionales, derecho de defensa, derecho a una resolución que resuelva sus pretensiones sin dilaciones injustificadas, el derecho a ser oído, y el derecho a resoluciones debidamente motivadas; en ese orden de ideas esta Sala de lo Constitucional estima que toda sentencia debe reunir los requisitos de fondo, de congruencia, y exhaustividad a fin de garantizar los derechos constitucionales de petición, defensa y debido proceso. La congruencia se refiere a la obligación de dar respuesta a los extremos alegados por las partes en forma clara, precisa y concisa; en especial deberá ser una exposición coherente y lógica, de tal suerte que el criterio del juzgador quede explicado y comprendido con facilidad. La exhaustividad se refiere a la obligación del juzgador de abordar todos y cada uno de los extremos sometidos a su conocimiento por las partes, en ese sentido el fallo deberá ser proferido de tal manera que no deje de dar respuesta a los extremos planteados, tal respuesta por parte del juzgador se hará en forma detallada de tal forma que no exista incertidumbre respecto de las razones que tuvo para decidir de esa forma y no otra; en otras palabras lo que no puede suceder es que se omita en el fallo referirse a todas y cada de las cuestiones que fueron objeto del debate en el proceso, ya que no hacerlo, indefectiblemente provocara la vulneración del derecho al debido proceso.” (ver sentencia amparo civil AC-538-10).
X.- Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón.
XI.- Que revisada la resolución recurrida, que confirma y hace suya la dictada en primera instancia, resulta que la misma no ha sido proferida con las formalidades, derechos y garantías que establece la Ley, ya que omite pronunciarse sobre el agravio expresado por el apelante, vinculado con el tema sobre la determinación del monto de la condena impuesta a la parte demandada, por el concepto de ajuste de las prestaciones e indemnizaciones laborales.- Además, de la cuantía de la demanda se determina que lo reclamado por la parte demandante ascendía a un valor mucho menor que lo condenado en el fallo del Juzgador de primer grado y si bien es cierto, el mismo (Juez de Letras del Trabajo) goza de las facultades extra y ultra petita, conforme lo dispone el artículo 728 del Código de Trabajo, lo cierto es que para hacer uso de esa prerrogativa excepcional, es preciso explicar las razones de tal determinación y en el presente caso, solo aparece que el Juzgador transcribió la disposición antes referida y a continuación señala escuetamente como base de su condena lo concerniente a que “quedando acreditado por los demandantes que el pago efectuado por la ENEE no fue satisfecho en su totalidad…”, omitiendo indicar las bases concretas de tal criterio que se reitera, impone una condena mayor a la cantidad reclamada en juicio por el demandante.
XII.- También en dicho fallo, se condena a la demandada al pago del salario que dejo de percibir el demandante durante la suspensión de los contratos de trabajo, haciendo referencia que dicha institución reconoció en el documento visible a folios 54 al 56 de la primera pieza, el derecho del reclamante, pero de la simple lectura del mismo no se aprecia tal extremo, ya que en su contenido no se menciona expresamente al demandante, siendo que se trata de un dictamen legal vinculado a una consulta sobre casos generales de ciertos empleados de la ENEE y por ello esa conclusión es ajena a lo demostrado en el proceso, por lo que se debe revisar tal punto, analizando toda la prueba en su conjunto e indicando los hechos y circunstancias de su convencimiento, conforme lo prescrito en los artículos 738 y 739 del Código de Trabajo.
XIII.- Que conforme con el artículo 701 numeral 3) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral, dispone que el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieran denunciado por el recurrente.
XIV.- Que, por las razones y consideraciones jurídicas expuestas, procede declarar la nulidad de la resolución recurrida, a efecto de que se proceda de conformidad a derecho.
POR TANTO: El Pleno de La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por mayoría de votos, al disentir los Magistrados RAFAEL BUSTILLO ROMERO Y JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 80, 82, 90 párrafo primero, 303 reformado, 304 reformado, 313 ordinal numeral 14) reformado, 316 párrafo primero reformado, 321 y 323 de la Constitución de la República; 8.1), 8.2.h) y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 728, 738, 739 y 858 del Código del Trabajo; 22, 193, 197, 199, 206, 207, 208, 214 numeral 2), 215 numeral 5) y 931 del Código Procesal Civil; 9 y 11 del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de esta sección judicial, de fecha 29 de marzo de 2019, visible a folios 13 al 17 de la segunda pieza. Y ordena que la Corte recurrida dicte sentencia de conformidad a derecho. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.
Expediente: S.L 387-2019