Sentencia CL-38-20 — Registro 13161
Resumen
Segunda instacia declaró con lugar el recurso de apelación y sin lugar la demanda ordinaria laboral de primera instancia para el pago de prestaciones laborales acordadas con el patrono y no pagadas, costas procesales y personales
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo en la forma expuesta resulta atendible por lo que procede admitir el mismo y resolver en sede de instancia la demanda de mérito"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo en la forma expuesta resulta atendible por lo que procede admitir el mismo y resolver en sede de instancia la demanda de mérito"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."5.- Que el cargo en la forma expuesta resulta atendible por lo que procede admitir el mismo y resolver en sede de instancia la demanda de mérito"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..." Habiéndose estimado los tres motivos formulados por el Impetrante, resulta innecesario realizar pronunciamiento sobe la nulidad solicitada de forma subsidiaria. 10.- Que por las razones antes expuestas es procedente admitir el primero, segundo y tercer motivo por lo que cabe declarar ha lugar el recurso de mérito, casar la sentencia impugnada y a continuación, en sede de instancia, decidir lo que proceda conforme a la ley. 11. Que en el sub-judice la contienda se centra en establecer el incumplimiento de los derechos consignados en el documento denominado “Promesa de Pago” suscrito entre la demandante y demandada la calidad de sus firmantes y la validez del mismo de conformidad lo establecido en el artículo 769 relacionado con el 6 del Código del Trabajo.... Que con lo expuesto en el numerales que antecede queda evidenciado que la Promesa de Pago fue firmada a favor de la Demandante, por representantes de la demandada, teniendo plena valides, siendo obligatorio su cumplimiento, realizándose en su oportunidad abonos a la demandada, mediante la emisión de cheques de la cuenta de la sociedad demandada y que ingresaron al patrimonio de la demandante, que la demandada debido a su cambio de representación legal tomó la decisión unilateral de suspender los pagos convenidos con la demandante, documento relacionado, que tiene plena eficacia aun y cuando no se haya celebrado ante un inspector del trabajo, el mismo es acorde con la normativa laboral y principios de la misma, por contener condiciones más beneficiosas para la trabajadora demandante. Por ello, carece valides lo esgrimido por la parte demandada, al señalar carencia de formalismos en el documento de promesa de venta, que no resultan aplicables en el ámbito laboral, como el hecho de que las firmantes no hayan expresado que accionaban como representantes de la demandada, pues quedó efectivamente acreditado que accionaron en tal calidad. Además se consideran representantes de los patronos y en tal concepto obligan a éstos en sus relaciones con los demás trabajadores: los directores, gerentes, administradores y en general las personas que en nombre de otro, que ejerzan funciones de dirección o de administración; requisitos que concurren en el caso de las señoras ANN CHRICTON DEFAGO, AURORA DE REYES y JUDY DE SALAZAR. Es importante recordar que esta materia, en los casos no previstos en la ley se deben aplicar principios que rigen en la misma, lo que conduce a concluir, que aun cuando el documento denominado Promesa de Venta, tuviere falencias en requisitos formales como lo señala la parte demandada, prima los hechos realizados por la empleadora como es pago parcial de las obligaciones contraídas en el documento relacionado, quedando un saldo pendiente (Primacía de la Realidad). 16.- Que con base al análisis en su conjunto de todas las pruebas allegadas en tiempo y forma al proceso, con libertad en el convencimiento, tomando en cuenta los criterios y principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes, se concluye y estima procedente declarar con lugar la demanda de mérito, condenar a empresa mercantil ESCUELA BILINGÜE BRASAVOLA S. de R.L. a pagar la cantidad de Lps. 850,000.00 resultado de restar la cantidad Lps, 282,981.86 que ya le fueron cancelados a la señora MARTA LEONOR GARCIA MARTINEZ de la cantidad de Lps. 1, 132,981.86 establecido en el documento PROMESA DE PAGO suscrito entre las partes."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 6 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 379 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los diecinueve días del mes de agosto del año dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 19 de febrero del 2021, por el Abogado JUAN MIGUEL OCHOA CARDONA, en su condición de representante procesal de la señora MARTA LEONOR GARCIA MARTINEZ, como recurrente; además, es parte recurrida, la ESCUELA BILINGÜE BRASSAVOLA, S. de R.L., representada en juicio por el Abogado RUBEN ADOLFO CRUZ DAVID. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral de primera instancia para el pago de prestaciones laborales acordadas con el patrono y no pagadas, costas procesales y personales, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Seccional de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha 09 de febrero del 2017, por la señora MARTA LEONOR GARCIA MARTINEZ, mayor de edad, soltera, Maestra de Educación, hondureña y con domicilio en la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, contra la ESCUELA BILINGÜE BRASSAVOLA, S. de R.L., por medio de su GERENTE GENERAL, la señora ZULLY MARIBEL FRANCISCO SOSA, mayor de edad, Licenciada en Economía y Finanzas, hondureña y con domicilio en la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 10 de diciembre del 2019, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, misma que: “FALLA: PRIMERO: Declarando CON LUGAR el recurso de apelación Interpuesto por el Abogado RUBEN ALFONSO CRUZ DAVID en su condición de Apoderado legal demandado. SEGUNDO: Revoca la Sentencia Definitiva dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, emitida en fecha treinta de Enero del año dos mil dieciocho recaída en la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones laborales acordadas con el patrono y no pagadas. TERCERO: Se declara SIN LUGAR la demanda Ordinaria laboral de primera instancia para el pago de prestaciones legales acordadas con el patrono y no pagadas, ello sin perjuicio del pago de derechos adquiridos que por ley corresponde y que fueron incluidos en la cuantía reclamada. CUARTO: SE ABSUELVE a la demandada de pagar la cantidad reclamada por la demandante sin perjuicio de lo señalado en el numeral que antecede… Sin Costas en ambas instancias.” ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que el 15 de agosto de 1991 comenzó a laborar para la Escuela demandada, como Maestra de Aula en clases de estudios sociales y español, cargo en el que estuvo los primeros 2 años, posteriormente, se desempeñó como secretaria de la escuela por aproximadamente 14 años, luego, por 7 años se desempeñó en el cargo de Directora; desde agosto del 2015 al 30 de enero del 2016 se desempeñó como asesora de la dirección, posteriormente, comenzó a brindar asesoría a la dirección con un nuevo salario de L.20,000.00 mensuales hasta el mes de julio del 2016; que el salario durante el último año en la escuela fue de L.34,650.00 mensuales; manifestó que el 07 de febrero del 2016 las Autoridades Administrativas de la Escuela Bilingüe Brassavola comparecieron a solicitar el cálculo de prestaciones laborales a la Secretaría de Trabajo, llamándole a una reunión las administradoras de la escuela en ese mismo mes de febrero, donde le dijeron que ellas estaban en la disponibilidad de pagarle la totalidad de dicho cálculo, pero que en esos momentos no contaban con efectivo ni sabían cómo podían comprometerse ya que tenían otros pendientes, pero que antes de finalizar el año escolar, en el mes de mayo, formalizarían el compromiso por los años de trabajo en la escuela y por tener conocimiento de la responsabilidad y seriedad con que las administradoras respetaban los tratos laborales que realizaban con los empleados, pues durante los años que laboró en la escuela la demandante los conflictos laborales se resolvían en acuerdo con los empleados y la administración, y confiando en la seriedad de la escuela no tuvo duda en esperar a formalizar el compromiso, es más, continuó dando asesoría en la escuela cada vez que lo requerían, formalizando el compromiso de pago en fecha 24 de junio del 2016, luego de que ya se habían hecho efectivo el pago de la prima de L.132,981.86, compromiso que fue cumplido por parte de la Escuela demandada, hasta el mes de septiembre del 2016, pagándole las primas y las cuotas tal y como se había pactado, de L.50,000.00 cada una hasta el mes de septiembre del 2016; que la relación de trabajo existente entre las partes, así como con los Miembros de la Asamblea de Socios de la Escuela, fue siempre basada en el respeto y armonía, pero en el mes de septiembre del 2016 cambió la administración de la escuela por disposición de la asamblea de socios, nombrando como Gerente a la señora Zully Maribel Francisco Sosa, quien no es socia pero sí representa a la socia doña Norma de Francisco quien es la madre y probablemente en virtud de que dicha señora formada en los Estados Unidos de Norteamérica, lugar donde a los trabajadores no se les reconocen sus derechos laborales ni antigüedad en las empresas, y en el presente caso fue poco el tiempo en que desde su llegada al país y su incorporación a la escuela tuvo contacto laboral, quien en el mes de octubre simplemente resolvió unilateralmente desconocer el compromiso que las autoridades anteriores de la escuela celebraron con la demandante en relación a los derechos y prestaciones laborales y giró instrucciones para dejar de hacerle efectivo los pagos establecidos en el compromiso de pago porque considera que lo que la escuela le adeuda es una cantidad inferior a lo suscrito en la promesa de pago y en calculo número 5736; argumentó además que el 14 de noviembre del 2016 se constataron los hechos del incumplimiento del compromiso de pago, se continuo el 15 de noviembre del 2016 habiendo constatado que nueva Gerente tuvo conocimiento de la promesa de pago suscrito por las socias y administradoras de la sociedad demandada con la demandante sobre las prestaciones e indemnizaciones laborales, así como de los depósitos de la prima y las tres cuotas que le fueron pagadas, y con relación al incumplimiento de pago de las cuotas restantes sobre las cuales ya se incurrió en mora a partir del mes de octubre del 2016, manifestando en esa oportunidad el apoderado legal de la ahora demandada, que considera que el reclamo es infundado por las siguientes razones: 1) El documento de fecha 24 de junio de 2016, denominado promesa de pago que fue suscrito por las señoras Ann Crichton Defago, Aurora de Reyes y Yudy de Salazar carece de formalidades establecidas por la ley; 2) La cantidad reflejada en el cálculo de prestaciones No. 05736 de fecha 17 de febrero de 2016 es incongruente con la cantidad reflejada con el cálculo de derechos adquiridos No. 49711 de fecha 13 de octubre de 2016 y siendo este el último cálculo el que se debe tomar en cuenta por los valores que le corresponden a la reclamante; manifestando la demandante que el compromiso de pago es completamente congruente con el cálculo y que para ese entonces tanto la señora Yudy de Salazar como la señora Ann Crichton eran las gerentes de la sociedad Escuela Bilingüe Brassavol, tal y como se acredita con la copia de la protocolización del Acta de Asamblea de Socios No.57 de fecha 02 de abril de 2014 de la cual se desprende que para el tiempo que se realizó el compromiso de pago las señoras antes mencionadas eran las gerentes y representantes legales de la demandada, es de hacer notar que dicha escuela es una institución educativa privada y que al jubilarse la demandante por medio de INPREMA, ella no podía seguir fungiendo como directora, pero si como asesora, por lo que la demandante siguió trabajando como asesora hasta su separación; agotándose el trámite administrativo respectivo, sin llegar a un acuerdo conciliatorio con la demandada. 2.- La parte demandada, la ESCUELA BILINGÜE BRASSAVOLA S. DE R.L., contestó dicha demanda rechazando los hechos planteados por la demandante, apoyando la defensa en que la demandante laboró a partir del 15 de agosto de 1991, devengaba un salario de L.34,650.00 mensuales durante los últimos seis meses anteriores al 31 de julio del 2015; que el 01 de agosto de 2015 se retiró de planillas a la demandante debido a su jubilación, por nota enviada por la empleada a la empresa; el valor que le corresponde a la liquidación final era de L.49,001.94, valor adeudado a la actora al 31 de julio de 2015, el cual aceptó la demandante al firmar el cálculo número 49,711 de fecha 13 de octubre de 2016, y no se explica la actual administración de la escuela de donde justifica los pagos por L.1,132,981.86 de fecha 11 de mayo de 2016; por L.50,000.00 el día 7 de julio de 2016 e igual valor en fechas 18 de agosto y 5 de septiembre del mismo año 2016; que el único documento al que alude la demandante, es precisamente, el supuesto “PROMESA DE PAGO”, cuyo original dice no tener en su poder; que la parte actora pretende acreditar una supuesta obligación con la mención y fotocopia de un supuesto documento de fecha 24 de junio del 2016, cuando ya demandante había recibido L.282,981.86, de los cuales L.233,979.92 no tienen asidero, producto de la terminación unilateral de su contrato laboral, pues la sociedad demandada canceló lo que le correspondía al tenor de la legislación laboral hondureña, cualquier otra “promesa” que le hayan hechos otras personas a título de “socias”, le es exigible a estas y no a la demandada; de ser ciertas las firmas de las señoras Ann Crichton Defago, Aurora de Reyes y Judy de Salazar, a título personal en el supuesto documento de promesa de pago de fecha 24 de junio del 2016, no es vinculante a la demandada, primero porque de sus propios términos no está firmado en representación de la demandada; segundo, porque el preaviso y el auxilio de cesantía no se adeudan en vista de la jubilación de la demandante, decisión unilateral de parte de la demandante. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha 30 de enero del 2018, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por la señora MARTA LEONOR GARCÍA MARTÍNEZ, contra la señora ZULLY MARIBEL FRANCISCO SOSA, en su condición de Gerente General de la ESCUELA BILINGÜE BRASSAVOLA S. DE R.L.; condenó a la Sociedad demandada a pagar a la demandante la cantidad de L.850,000.00, en concepto de complemento al valor convenido en la promesa de pago suscrita el 24 de junio del 2016, en la que se acordó pagar a la demandante la cantidad de L.1,132,981.86, en concepto de prestaciones e indemnizaciones laborales, del que se han abonado hasta la fecha L.282,981.86, sin costas; bajo el criterio que por todo lo antes expuesto y dado que no fue objeto de debate la existencia de la promesa de pago en que la demandante funda su pretensión, quedar acreditado que las personas que firmaron tal documento se consideran representantes del patrono de conformidad al artículo 6 del Código del Trabajo, que el documento era conocido por la administración de la sociedad mercantil demandada, que en cumplimiento a dicho documento se hicieron abonos mediante la emisión de cheques de la cuenta de la sociedad demandada y que ingresaron al patrimonio de la demandante, que fue la sociedad mercantil demandada quien debido a su cambio de representación legal tomó la decisión unilateral de suspender los pagos convenidos con la demandante pero sin ejercer ninguna acción tendiente a invalidar la promesa de pago suscrita, la que tiene plena eficacia aun y cuando no se haya celebrado ante un Inspector del Trabajo pero que ha sido revisada judicialmente mediante el presente proceso y se encuentra que no es contraria a la normativa laboral por contener condiciones más beneficiosas para la trabajadora demandante, se estima procedente acoger la presente demanda y conceder el pago del reajuste solicitado. 4.- La Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha 10 de diciembre del 2019, dictó sentencia de la manera siguiente: “FALLA: PRIMERO: Declarando CON LUGAR el recurso de apelación Interpuesto por el Abogado RUBEN ALFONSO CRUZ DAVID en su condición de Apoderado legal demandado. SEGUNDO: Revoca la Sentencia Definitiva dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, emitida en fecha treinta de Enero del año dos mil dieciocho recaída en la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones laborales acordadas con el patrono y no pagadas. TERCERO: Se declara SIN LUGAR la demanda Ordinaria laboral de primera instancia para el pago de prestaciones legales acordadas con el patrono y no pagadas, ello sin perjuicio del pago de derechos adquiridos que por ley corresponde y que fueron incluidos en la cuantía reclamada. CUARTO: SE ABSUELVE a la demandada de pagar la cantidad reclamada por la demandante sin perjuicio de lo señalado en el numeral que antecede… Sin Costas en ambas instancias.” Bajo el criterio que la demandante Marta Leonor García Martínez reclama pago de L.850,000.00, que le adeuda la demandada como parte del total de prestaciones laborales acordadas con el patrono en una promesa de pago y no fueron pagadas, la parte demandada en rechazo a tal pretensión señala que la demandante fue retirada de planillas el 1 de agosto del año 2015, por jubilación y el valor real que le corresponde es de L.49,001.94 y no la cantidad reclamada, que del análisis de los hechos y del material probatorio quedo probado que la promesa de pago firmada a favor de la demandante resulta de obligatorio cumplimiento para la empresa demandada ya que después de haber hecho abono a la misma no puede escudarse en formalismos que no resultan aplicables en materia laboral como el hecho que las firmantes no hayan expresado que accionaba como gerentes de la empresa demandada, sin embargo de esa exposición extensiva sobre el principio de la primacía de la realidad hace referencia a la protección que debe darse al trabajador cuando no quiera reconocerse por parte del patrono la relación laboral existente entre ambas partes (trabajador y patrono) por lo tanto no es coherente el argumento utilizado de la primacía de la realidad con la conclusión a que arribo la Juez A-quo pues el objeto del debate jamás se circunscribió en el no reconocimiento por parte del patrono de la relación laboral existente entre las partes y los derechos que les corresponden a la trabajadora como consecuencia de la terminación de la relación laboral por causa de jubilación, lo que se objeto es que el compromiso de pago no fue suscrito por las firmantes como representantes de la patronal extremo que quedo probado en juicio, se aprecia que se reconoce como un hecho cierto que la relación laboral de la demandante finalizo el día 2 de agosto del año 2015, como consecuencia de la jubilación de esta, y también resulta probado en juicio que fue hasta en fecha 24 de junio del año 2016. que las señoras Ann Crichton Defago, Judy De Salazar y Aurora De Reyes en su condición de Socias de la Sociedad Mercantil firmaron un documento de promesa de pago es decir tal compromiso aparte de la condición con que actuaron estas señoras, fue suscrito 9 meses después que concluyo la relación laboral entre las partes, que no fue por despido ni por ninguna de las causas enumeradas en el artículo 114 del Código del trabajo sino por la jubilación de la demandante, y que ella en fecha 26 de agosto del año 2015, envía una nota a la señora Judy Bush de Salazar gerente de la empresa educativa demandada, donde le notifica que fue aprobada su pensión por vejez con efectividad a partir del 01 de agosto del 2015 pero que llegó a sus manos hasta la fecha de la emisión de la nota, consta además que también fue propuesta por la parte demandada el cálculo de prestaciones solicitado por la demandante donde los datos que proporcionó fue en base a sus derechos adquiridos y no en base al 100% de prestaciones como si se tratara de un despido imputable al patrono. Pues resulta evidente que la relación laboral termina como consecuencia de la jubilación de la demandante. Que versus la copia de un documento denominado promesa de pago firmado en fecha 24 de junio del año 2016 por las señoras Ann Crichton Defago, Aurora De Reyes, Judy De Salazar y Marta Leonor García donde las tres primeras acordaron pagar a la demandante la cantidad de L.1,132,981.06 en concepto de prestaciones e indemnizaciones laborales, se encuentra la prueba documental consistente en el testimonio del Instrumento Público número 57 de fecha 02 de abril del año 2014 autorizado por el notario Allan Roberto Nuñez Ramos inscrito bajo el número 20 del tomo 230 del registro de comerciantes sociales que contiene la protocolización de acta de la asamblea de socios de la Escuela Bilingüe BRASSAVOLA S. de R.L, se habla sobre el nombramiento de un director académico pero su elección se hará hasta que la profesora Marta García directora actual en aquel momento cumpliera con sus trámites administrativos de jubilación, propuesta que fue aprobada por unanimidad, y analizados esos dos medios de prueba se concluye que tanto la demandante como la parte demandada estaban conscientes que la primera terminaría su relación laboral por la jubilación de Marta Leonor García quedando plasmado en asamblea de socios, que si la intención de la Institución educativa era reconocerle el 100% de prestaciones a la demandante una vez que esta comunicara su aprobación de jubilación debió consensuarse en una asamblea de socios y no de la forma como lo hicieron Ann Crichton Defago, Aurora de Reyes, Judy de Salazar, beneficiando a la demandante pero causando perjuicio a la patronal por cuanto le incluyeron hasta la cesantía y preaviso cuando la terminación del contrato no se dio por ninguna de las causas del artículo 114 del Código del Trabajo. Y el hecho de que se le haya comenzado a pagar parte de la promesa de pago eso no indica que debe validarse un acto para el cual las suscriptoras del mismo no estaban autorizadas, ante lo cual no se comparte el argumento del A-quo en cuanto puntualiza darle valor probatorio a la promesa de pago por el hecho de haberse hecho abonos del mismo a la demandante. 5.-Mediante auto de fecha 10 de marzo del 2020, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada CINTHIA VANESSA SANCHEZ PALACIOS, en su condición de representante procesal de la señora MARTA LEONOR GARCIA MARTINEZ, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 19 de febrero del 2021, compareció ante éste Tribunal el Abogado JUAN MIGUEL OCHOA CARDONA, en su condición de representante procesal de la señora MARTA LEONOR GARCIA MARTINEZ, formalizando su demanda, exponiendo tres motivos de casación y Nulidad Subsidiaria, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 4 de mayo del 2021, se tuvo declaro precluído de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte del Abogado RUBEN ALFONSO CRUZ DAVID, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.-Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1.- Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. 2.- Que el Abogado JUAN MIGUEL OCHOA CARDONA, en su primer motivo de casación alega: “Acusó a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral, por violación directa por interpretación errónea del artículo 379 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La Corte sentenciadora incurrió en violación directa por interpretación errónea de la norma sustantiva de índole laboral anteriormente citada, ya que ha hecho caso omiso al principio protectorio, específicamente en su modalidad de indubio pro operario, siendo este el criterio que debe de adoptar el juez o tribunal para elegir entre varias interpretaciones posibles de una norma, aquella que resulte más favorable al trabajador; la interpretación efectuada por la Corte Sentenciadora es completamente contraria a este principio, pues paradójicamente en la FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA, específicamente en los numerales "QUINTO" y "SEXTO" de la sentencia lo interpretó a favor del empleador, perjudicando con ello a mi representada y violentando dicho principio; la finalidad que persigue el artículo 379 es para garantizar que el trabajador reciba las remuneraciones sin que se dejen de pagar los derechos irrenunciables (disminuir o tergiversar los derechos laborales) que el Código del Trabajo establece, no para que la misma sea interpretada en su contra y con ello se vea perjudicado, esto ha quedado establecido por esta honorable Sala Laboral-Contencioso Administrativo en los recursos de casación No. S.L. 500-14, S.L. 12-06, S.L. 125-06. Por lo anterior resulta evidente la violación directa por interpretación errónea de la norma sustantiva de orden nacional y de índole laboral citada al inicio de este motivo. Asimismo Honorable Sala Laboral, cabe destacar que en la sentencia de fecha cinco (5) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), en el recurso de casación S.L. 160-18, que esta sala emitió, y que era contentivo de un caso de otra demandante, contra el mismo patrono, en el mismo planteamiento como el presente motivo, se procedió a la admisión del mismo, por reunir los requisitos formales que exige la técnica de casación, y posteriormente se procedió a CASAR la sentencia, tutelando los derechos a favor de la demandante; es decir ya existe un criterio establecido por parte de esta Honorable Sala Laboral, que a mi representada, por encontrarse en las mismas circunstancia de la demandante en el recurso de casación citado (S.L. 160-18), es procedente se le otorgue el derecho del pago de las prestaciones laborales, acordadas entre la trabajadora y los representantes del patrono, por lo que el presente motivo es admisible, y admitiendo éste, se proceda a casar la sentencia, en la que se le otorgué el derecho a mi representada del pago de las prestaciones laborales, legalmente reconocidas a su favor por parte del patrono. 3.- Que el cargo en la forma expuesta resulta atendible por lo que procede admitir el mismo y resolver en sede de instancia la demanda de mérito. 4.- Que en un segundo motivo se aduce: “Acusó a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral, por violación directa por interpretación errónea del artículo 379 del Código del Trabajo, en relación con el artículo 6 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La Corte sentenciadora incurrió en violación directa por interpretación errónea de la norma sustantiva de índole laboral anteriormente citada (artículo 379) en relación con el artículo 6 del mismo cuerpo legal, ya que ha hecho caso omiso al principio de la primacía de la realidad como regla interpretativa para solucionar el fondo del litigio, lo que llevó a interpretar de forma errónea las normas sustantivas de índole laboral citadas, pues equivocadamente sostiene en la FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA, específicamente en los numerales "QUINTO" "SÉPTIMO" de la sentencia recurrida que este principio únicamente se aplica para determinar si existe o no una relación de trabajo y que esto no fue objeto de debate, olvidando que ese principio consiste en que en el Derecho del Trabajo siempre deben prevalecer los aspectos reales por sobre los formales, de modo que estos no puedan frustrar la finalidad protectora que orienta a las normas laborales, ello implica el compromiso del juez o tribunal en la búsqueda de la verdad material, o en pocas palabras prevalecen los aspectos factico-sustanciales por sobre los jurídicos formales[1]; lo que quiere decir que efectivamente ese principio se debe observar al momento de interpretar la norma aplicable al caso que nos ocupa, la corte sentenciadora al no observar ese principio como regla interpretativa ha configurado interpretación errónea al artículo 379 del Código del Trabajo, tantas veces citado, en relación con el artículo 6 del mismo Código del Trabajo. Por lo anterior resulta evidente la violación directa por interpretación errónea de las normas sustantivas de orden nacional y de índole laboral citada al inicio de este motivo. 5.- Que el cargo en la forma expuesta resulta atendible por lo que procede admitir el mismo y resolver en sede de instancia la demanda de mérito. 6.- Que un tercer motivo se esgrime: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral, por infracción indirecta por la apreciación errónea del medio de prueba documental admitido a los representantes procesales de las partes, que adelante se singularizan en relación a la demás prueba en su conjunto, y que hizo incurrir en error de hecho que aparece manifiesto en los autos, y que llevó en forma indirecta a la Corte Sentenciadora a la violación del artículo 95 párrafo primero y numeral 1) del Código del Trabajo en lo que literalmente dice "Pagar la remuneración pactada en Zas condiciones, períodos y lugares convenidos en el contrato" , en relación con el artículo 6 del Código del Trabajo. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las Normas Procesales que sirvieron de medio para la violación de las Normas Sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRUEBA APRECIADA ERRONEAMENTE: Los medios de prueba documentales siguientes: a) Promesa de pago suscrito por las socias y representantes legales de la Escuela Bilingüe Brassavola, S. de R.L., y la señora Marta Leonor García Martínez, en el que se comprometen a pagarle las prestaciones e indemnizaciones laborales por la cantidad de un millón ciento treinta y dos mil novecientos ochenta y un Lempiras con ochenta y seis centavos (L.1,132,981.86), pagadero con un pago inicial de ciento treinta y dos mil novecientos ochenta y un Lempiras, con ochenta y seis centavos (L. 132,981.86), y pagos mensuales de cincuenta mil Lempiras (L. 50,000.00), el cual corre agregado a folio 19 de la primera pieza de autos; b) Testimonio de la Escritura Pública No. 57, de fecha 02 de abril de 2014, de protocolización de acta de la asamblea de socios de la Sociedad ESCUELA BILINGÜE BRASSAVOLA, S. DE R.L., en el que se acredita la calidad de socios, gerentes y por ende representante del patrono, de las señoras Ann Crichton Defago, Aurora de Reyes y Judy de Salazar, el que corre agregado de los folios 24 al 37 de la primera pieza de autos. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. La Corte sentenciadora, incurrió en infracción indirecta de las normas sustantivas anteriormente señaladas por error de hecho al apreciar erróneamente los medios de prueba señalados anteriormente y evacuados en su oportunidad, en relación a los demás medios de prueba en su conjunto, debido a que si se hubiesen apreciado debidamente, se hubiera dado por establecido en forma indubitable que las prestaciones pactadas entre los representantes del patrono y la ahora demandante reúne todos los requisitos de validez, y que por consiguiente se le adeuda lo que resta de los primeros pagos que ya se le realizaron; la norma sustantiva de carácter laboral citada como infringida sobre las obligaciones de los patronos dispone "Pagar la remuneración pactada en las condiciones, períodos y lugares convenidos en el o contrato", por consiguiente dicha "promesa de pago" se debe considerar como un convenio entre las partes, pues en el mismo se reúnen los requisitos para su validez, ya que conforme a la norma citada en relación, es decir el artículo 6 del Código del Trabajo, que dispone "Se consideran representantes de los patronos y en tal concepto obligan a éstos en sus relaciones con los demás trabajadores: los Directores, Gerentes, Administradores, Capitanes de Barco y en general, las personas que en nombre de otro, ejerzan funciones de dirección o de administración" en consecuencia con el hecho de comprobarse que además de ser socias, son representantes de los patronos (Gerentes Generales de la Sociedad), se fortalece el hecho que dicho compromiso es vinculante y de obligatorio cumplimiento para la Sociedad ESCUELA BILINGÜE e BRASSAVOLA, S. DE R.L., por ello es errónea la apreciación que hizo la Corte sentenciadora en el numeral "SÉPTIMO" de los fundamentos de derecho de su sentencia, pues cuando pasa a analizar ambas pruebas documentales (los señalados como apreciados erróneamente) les da un valor erróneo al concluir que si la intención era el pago de las prestaciones laborales a la demandante, esto hubiese quedado consignado en el acta de asamblea protocolizada en la Escritura Pública No. 57, de fecha 02 de abril de 2014, olvidando que la promesa de pago suscrita con la trabajadora, las firmantes de parte de la hoy demandada eran representantes del patrono, tal como lo establece el artículo 6 del Código del Trabajo. Con los medios de prueba señalados y apreciados erróneamente se acreditó que la promesa de pago de prestaciones laborales reúne los requisitos que el Código del Trabajo exige para su validez, que las firmantes eran representantes del patrono y que como consecuencia de eso ya se le habían cancelado partes de las cuotas pactadas, debiéndose pagar lo que resta de lo acordado; Es por todo lo anterior que la Corte recurrida aprecio erróneamente los medios de prueba que he singularizado, y que ello le hizo incurrir en este error de hecho.” 7. Que el cargo en la forma expuesta resulta atendible por lo que procede admitir el mismo y resolver en sede de instancia la demanda de mérito. 8.- Que se solicita nulidad subsidiaria en la forma siguiente: “De conformidad al artículo 858 del Código del Trabajo y el 22 del Código Procesal Civil, lo no dispuesto en el proceso laboral se resolverá de manera supletoria con el Código Procesal Civil, y en vista que el Código del Trabajo no regula el contenido formal de las sentencias, este se tiene que regular con las normas del CPC, el cual en el artículo 200 numeral 2) literal c), dispone: "En los fundamentos de derecho se expresaran, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales al fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas Jurídicas aplicables al caso." (lo Subrayado es nuestro). Visto lo anterior se comprueba que A PESAR OUE EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA YA HABÍA ANULADO LA SENTENCIA DE LA CORTE DE APELACIONES POR APLICAR NORMAS DEL DERECHO COMÚN POR SOBRE LAS DEL DERECHO DEL TRABAJO, TUTELANDO CON ELLO LOS DERECHOS DE MI REPRESENTADA, ORDENANDO A SU VEZ AL AD-QUEM QUE DICTASE LA SENTENCIA ATENDIENDO LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 6 Y 8 DEL CODIGO DEL TRABAJO, nuevamente en la sentencia de fecha diez de diciembre de dos mil diecinueve, CONTRARIO A LO RESUELTO POR EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA, DECLARA SIN LUGAR la demanda de mi representada, SOBREPONIENDO NUEVAMENTE normas del derecho común por sobre las del derecho del trabajo, obviando - OTRA VEZ- lo dispuesto en el artículo 8 del Código del Trabajo, el que a la letra dice: "en caso de conflicto entre las leyes de trabajo o de seguridad social con las de Cualquier otra índole deben de predominar las primeras... " es decir que al haber aplicado preferentemente las normas ordinarias sobre las del Código del Trabajo (artículo 8), la sentencia impugnada incurre en el defecto de forma enunciado en el párrafo primero de esta nulidad, debiendo esta Honorable Sala, en caso de no prosperar los motivos planeados, anular el fallo impugnado en casación. La Corte de Apelaciones intentando ocultar la fundamentación de su primera sentencia, que posteriormente se anuló por la Corte Suprema por aplicar las normas del derecho común por sobre las especiales del derecho del trabajo, nuevamente de forma sutil intenta ocultar esa fundamentación por no mencionarla de forma expresa, pero si la aplica en la conclusión que la conlleva a desestimar la pretensión de mi representada, pues en el numeral "SÉPTIMO" de los fundamentos jurídicos, cuando pasa a valorar los medios probatorios
promesa de pago" y "protocolización de acta de asamblea de la Sociedad ESCUELA BILINGÜE BRASSAVOLA, S. DE R.L., contenida en la Escritura Pública No. 57, de fecha 02 de abril de 2014" concluye que le da mayor valor probatorio al acta de asamblea, estableciendo que si la intención de la demandada era el pago de las prestaciones, lo hubiese manifestado de forma expresa en esa protocolización de acta de asamblea, y que como no lo hizo, pierde validez la "promesa de pago"; con esto de forma clara viene -NUEVAMENTEa contraponer normas de orden común por sobre las del derecho del trabajo, contraviniendo de forma directa, clara y que no da lugar a otro sentido, a lo dispuesto en los artículos 6 y 8 del Código del Trabajo. Es decir que al haber aplicado preferentemente las normas ordinarias sobre las del Código del Trabajo, la sentencia impugnada incurre OTRA VEZ en el defecto de forma enunciado en los párrafos anteriores de esta nulidad, debiendo esta Honorable Sala, en caso de no prosperar los motivos planteados, anular el fallo impugnado en casación y ORDENAR al tribunal de apelaciones que emita su fallo, atendiendo los parámetros plasmados por UNANIMIDAD DE VOTOS DEL PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA en la sentencia dictada en fecha cuatro (4) de marzo de dos mil diecinueve (2019), en la que de forma clara se estableció que la fundamentación jurídica que debía aplicar el tribunal de apelaciones para resolver su recurso, era las normas establecidas en los artículos 6 y 8 del CT, es decir que el "compromiso de pago" fue suscrito por representantes del patrono, lo que lo convierte válido, que no se pueden aplicar normas comunes por sobre las del derecho del trabajo, y que esa promesa de pago no pierde validez por no haberse suscrito ante autoridad administrativa del trabajo como lo dice el artículo 379 del CT, esto atendiendo la doctrina legal establecida en los recursos de casación laboral No. 12-06 y 125-06, es decir ordena que se reconozca el pago de prestaciones a favor de mi representada. Por disposición del artículo 211 del Código Procesal Civil "El incumplimiento de los requisitos contemplados por las leyes con relación a los actos procesales dará lugar a su nulidad o a su anulabilidad de acuerdo con lo establecido en los artículos siguientes' y el siguiente artículo (212 número 4) establece que los actos procesales serán nulos entre otros casos "cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa se haya producido indefensión", en ese orden de ideas, y sumando a los argumentos esgrimidos anteriormente, la sentencia recurrida, prescinde de normas esenciales del procedimiento relativas a su forma, acarreando violación al debido proceso y causando indefensión a mi representada, por lo que es procedente que esta Honorable Tribunal Supremo, anule la sentencia recurrida por violentar el debido proceso. POSIBLES DELITOS COMETIDOS POR LA CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA. AL HABER DESATENDIENDO DE FORMA FLAGRANTE LO ORDENADO POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Anteriormente el caso que nos ocupa fue conocido por esta Honorable Sala Laboral, y posteriormente por el pleno de la Corte Suprema de Justicia, en un recurso de casación interpuesto contra la sentencia definitiva dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, en fecha siete (7) de marzo de dos mil dieciocho (2018); en ese momento el pleno de la CSJ el cuatro (4) de marzo de dos mil diecinueve (2019), dictó sentencia declarando la nulidad de la sentencia recurrida, debido a que la Corte de Apelaciones, obvió doctrina legal o en relación al art. 379 del CT (casaciones laborales C.L. 12-06 y C.L. 125-06), aplicó normas del derecho común por sobre las normas del derecho del trabajo, y estableció que las normas aplicables para resolver el caso de mérito, eran las dispuestas en los artículos 6 y 8 del CT y no las del Código Civil como equívocamente lo había hecho el Ad-quem; por todo lo anterior se infiere que atendiendo la doctrina legal, lo procedente, era que la Corte de Apelaciones, en cumplimiento a lo ordenado por la CSJ, en la nueva sentencia declarara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el demandado, confirmara la sentencia de primera instancia, y consecuentemente declarara CON LUGAR la demanda promovida por la señora Marta Leonor García Martínez, contra la Sociedad ESCUELA BILINGÜE BRASSAVOLA, S. DE R.L.; pero resulta que desatendiendo la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia, la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, en fecha diez (10) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) hizo caso omiso a lo resuelto por el Tribunal Supremo, vuelve nuevamente a aplicar normas de derecho común sobre el derecho del trabajo, obvió la doctrina legal enunciada por la CSJ, y vuelve a dictar una sentencia en contra de mi representada, cuando era claro que lo que ordenó la CSJ era que se reconociera el derecho de prestaciones laborales que le asisten a mi mandante. Honorable Sala, estos actos del Ad-quem se pueden considerar constitutivos de delitos, por lo que esta representación se reserva el derecho de interponer las acciones que en derecho correspondan, lo que no obsta que una vez que este alto Tribunal verifique estos hechos, proceda de conformidad con las disposiciones legales respectivas. Los actos cometidos por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, son incoherentes entre lo ordenado en el fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia y el que posteriormente emitió, en ese punto recordemos lo dispuesto en el artículo 667 del Código del Trabajo, que dice "Los jueces de trabajo son independientes en el ejercicio de sus funciones y no están sometidos más que a la Constitución y a la ley. Pero los inferiores están obligados a acatar y cumplir las decisiones que dicten sus superiores jerárquicos at revocar o reformar, en virtud de recursos legales, las resoluciones proferidas por aquellos. En tal sentido, al recibir el expediente de mérito por parte de la Corte Suprema de Justicia, es deber ineludible acatar las órdenes emanadas del Órgano Supremo Judicial, procediendo a cumplir las decisiones que contenía el fallo de carácter firme. De esta forma, está evidenciado la posible comisión de los delitos de Abuso de Autoridad por parte de los Magistrados de la Corte de Apelaciones al no dar debido cumplimiento a la resolución judicial emitida por autoridad competente, y el de Prevaricato Judicial, ya que los Magistrados a sabiendas del fallo emitido por el Tribunal Supremo, dictaron una resolución injusta y contraria a lo ya resuelto. Las figuras penales se encuentran tipificados en el Código Penal vigente, en los artículos 499 y 516, los que a la letra dicen: "Artículo 499. ABUSO DE AUTORIDAD. Comete el delito de abuso de autoridad y debe ser castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de tres (3) a seis (6) años, el funcionario o empleado público que ejecute algunas de las conductas siguientes: 1) Se niega abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad competente revestidas de Zas correspondientes formalidades legales. No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, no incurre en responsabilidad criminal quien no da cumplimiento a un mandato que constituya una infracción clara, manifiesta y terminante de cualquier disposición legal; Artículo 516. PREVARICATO JUDICIAL. El Juez o Tribunal que a sabiendas dicta resolución injusta debe ser castigado con la pena de prisión de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación especial para cargo u oficio público de quince (15) a veinte (20) años. Si la resolución es manifiestamente injusta y se dicta por imprudencia grave, se debe castigar con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de tres (3) a cinco (5) años". 9.- Habiéndose estimado los tres motivos formulados por el Impetrante, resulta innecesario realizar pronunciamiento sobe la nulidad solicitada de forma subsidiaria. 10.- Que por las razones antes expuestas es procedente admitir el primero, segundo y tercer motivo por lo que cabe declarar ha lugar el recurso de mérito, casar la sentencia impugnada y a continuación, en sede de instancia, decidir lo que proceda conforme a la ley. 11. Que en el sub-judice la contienda se centra en establecer el incumplimiento de los derechos consignados en el documento denominado “Promesa de Pago” suscrito entre la demandante y demandada la calidad de sus firmantes y la validez del mismo de conformidad lo establecido en el artículo 769 relacionado con el 6 del Código del Trabajo. 12.- Prueba de la parte demandante: I) MEDIO DE PRUEBA INTERROGATORIO DE PARTE: Consistente en la declaración de la señora ZULY MARIBEL FRANCISCO SOSA, visible a folio 85 frente y vuelto.- II) MEDIOS DE PRUEBA DOCUMENTALES PUBLICOS: 1) Copia autenticada del acta de fecha 13 de diciembre de 2016 (folio 10 de los autos); 2) Acta de constatación de hechos de fecha 14 de noviembre del año 2016, (folio 11 de los autos) ; 3) Certificación de acta de Constatación de fecha 14 de noviembre 2016 (folio 12 de los autos); 4) Certificación de acta de comparecencia de fecha 13 de diciembre 2016 extendida a los 8 días del mes de febrero del 2017 (folio 13 de los autos); 5) Cedula de citación de fecha 09 de diciembre 2016 (folio 14 de los autos); 6) Cedula de citación de fecha 15 de noviembre de 2016 (folio 15 de los autos); 7) Copia de solicitud de inspección de fecha 10 de noviembre de 2016 (folio 16 de los autos); 8) Copia autentica del cálculo de prestaciones de fecha 07 de febrero del 2016 por la cantidad de L. 1,132, 981.86, (folio 66 de los autos); 9) Copia autenticada de la protocolización de acta de asambleas de socios otorgada en el instrumento 57 de fecha 02 de abril de 2014, (folios 52 al 65 de los autos); 10) Copia autentica de la protocolización del acta de asamblea de instrumento público número 102, (folios 75 al 79 de los autos ); 11) Copia Autenticada del instrumento 63 de constitución de la Sociedad Mercantil de la escuela bilingüe Brassavola de fecha 19 de junio de 1981 (folio 68 al 73); III.- MEDIO DE PRUEBA DOCUMENTAL PRIVADO: Consistente: 1) Promesa de pago de fecha 24 de junio de 2016, (a folio 19 de los autos); 2) Copia de cheque número 03008587 de fecha 11 de mayo 2016 de Banco Atlántida S.A, extendido por la administración de dicha Escuela a favor de la señora Martha Leonor García por la cantidad de L. 132,981.86 (folio 20 de los autos); 3) Copia de cheque número 030008864 de fecha 17 de agosto de 2016 por la cantidad de L.50,000.00 (folio 21 de los autos); 4) Copia de cheque número 03008938 de fecha 05 de septiembre 2016 por la cantidad de 50,000.00 (folio 22 de los autos); 5) Copia de cheque número 030008586 de fecha 07 de julio 2016 por la cantidad de L. 50,000.00 (folio 23 de los autos). IV.- MEDIO DE PRUEBA DOCUMENTAL VIA LIBRAMIENTO DE OFICIO: Dirigido a Banco Atlántida S.A. corre agregada su evacuación a folio 99 y 112 de los autos.- PRUEBATESTIFICAL.- Consistente en la declaración de las Señoras YUDY DE SALAZAR, AURORA GUIS HERRERO DE REYES Y ANN CRICHTON DE FAGO Y NORMA MATUTE, del cual únicamente rindió su declaración la señora NORMA MATUTE VASQUEZ, en su condición de Tesorera de la patronal demandada, en cuanto a la declaración de las señoras YUDY DE SALAZAR, AURORA GUIS DE REYES y ANN CRICHTON DE FAGO, se renunció a las declaraciones de ellas, ver folio 100 vuelto de los autos.- V) MEDIO DE PRUEBA DE RECONOCIMIENTO JUDICIAL: A fin de constatar en las instalaciones de la empresa demandada en que se constate los salarios mensuales y los montos de dichos salarios durante los años 2015-2016, el pago recibido por la demandante como pago inicial como compromiso de pago, y los salarios recibidos en los meses de junio, julio y agosto del 2016, de conformidad al compromiso de pago, asimismo los cheques por las cantidades que recibió la demandante y quienes autorizaron los cheques y porque valores, corriendo agregada su evacuación a (folio 91 de los autos). 13.- Prueba de la parte demandada: I) MEDIO DE PRUEBA DOCUMENTAL: 1) Nota de fecha 26 de agosto del año 2015, firmada por la señora Marta Leonor García (folios 81 de los autos). 2) Fotocopia de cálculo elaborado por la secretaria del Trabajo, con el número 49, 711 (folio 82 de los autos) II.- MEDIO DE PRUEBA DOCUMENTAL VIA LIBRAMIENTO DE OFICIO: Dirigido a la oficina central de IMPREMA en la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán, evacuado a folio 103, 104, 105, 106 y 107). III) MEDIO DE PRUEBA DE RECONOCIMIENTO JUDICIAL: A fin de constatar en las oficinas de la Secretaria del Trabajo de esta ciudad de la Ceiba, la copia del cálculo con su original, corriendo agregada su evacuación a folio 111 de los autos).- IV MEDIO DE PRUEBA INTERROGATORIO DE PARTE: Consistente en la declaración de la señora MARTHA LEONOR GARCIA MARTINEZ, evacuado a folio 88 de los autos. 14.- Que analizada la prueba en su conjunto se concluye: PRIMERO: Que la señora MARTA LEONOR GARCIA MARTINEZ, laboró para la Sociedad Mercantil Escuela Bilingüe Brassavola S. de R.L. desde el 15 de Agosto de 1991 hasta el 01 de Agosto de 2015 (Folios 20 y 81), siendo su último salario de Lps. 34,650.00 mensuales (Folios 17 y 82), situación fuera de la controversia. SEGUNDO: Que según el documento presentado por la Parte Demandada, la señora MARTA LEONOR GARCIA MARTINEZ, en fecha 26 de agosto de 2015, notificó a la Señora Judy Bush de Salazar, en su condición de Gerente y socias de la Sociedad Mercantil Escuela Bilingüe Brassavola S. de R.L. que fue aprobada su pensión por vejez, con efectividad a partir del 01 de agosto del 2015 (Folio 81 de los autos). TERCERO: A) Que en fecha 24 de Junio de 2016, las señoras ANN CRICHTON DEFAGO, JUDY DE SALAZAR y AURORA DE REYES, accionando como socias de la Sociedad Mercantil Escuela a Brassavola S. de R.L. y la Señora MARTA LEONOR GARCIA MARTINEZ, firmaron un documento de PROMESA DE PAGO mediante el cual se acordó pagar a ésta última la cantidad de Lps. 1,132,981.86 en concepto de prestaciones e indemnizaciones laborales, el cual se haría mediante un pago inicial de Lps. 132,981.86 el 11 de mayo de 2016 el resto mediante en cuotas mensuales de Lps. 50,000.00 50, a partir del mes de junio del 2016 y finalizando en febrero del 2018 a depositarse en la cuenta bancaria de la demandante en Banco Atlántida, S.A. Apreciándose lo siguiente: que la promesa de pago fue firmada por las señoras ANN CRICHTON DEFAGO, JUDY DE SALAZAR y AURORA DE REYES, las cuales de conformidad al Instrumento Público que corre agregado a Folios 53 al 73, tenían facultades para suscribir tal documento y según consta también en las declaraciones testificales que corren agregadas a Folios 85 vuelto, pregunta 11, siendo conteste la señora Zully Francisco Sosa, cuando se le pregunto sabe quién era la persona encargada de realizar los pagos en la escuela Brasavola, siendo la tesorera basada en instrucciones de las Gerentes, quedando demostrado con el documento que corre agregado a Folios 75 al 79 que fue hasta 29 de Septiembre de 2016 que las señoras mencionadas cesaron en sus cargos como Gerentes de la Sociedad Mercantil demandada, por lo que al momento de firmar la promesa de pago en la que la demandante sustenta su acción se encontraban en ejercicio de sus cargos. Por ello, carece de sustento lo esgrimido por la parte demandada en cuanto a que la promesa de pago, no vincula a la Sociedad, por haber sido firmada por las señoras ANN CRICHTON DEFAGO, JUDY DE SALAZAR y AURORA DE REYES en condición de socias y no haciendo uso de la firma social, siendo evidente la condición con que actuaban. Además, dicho documento, fue suscrito en papel membretado de la sociedad demandada y en cumplimiento al mismo se emitieron a favor de la demandante cuatros cheques que suman Lps. 282, 981.86 y que corren visibles a Folios 20, 21, 22 y 23 de los autos, constatados mediante libramiento de oficio a la institución bancaria, ver folio 99 y 112, con el reconocimiento judicial que corre su evacuación a Folio 91 de los autos, y confirmados mediante la declaración testifical de la señora Norma Dioxana Matute Vásquez (Folio 100 en la preguntas 8 y 9), quedando un saldo a favor de la Demandante de Lps.850,000. B: Que aun y cuando en la promesa de pago las Señoras ANN CRICHTON DEFAGO y JUDY DE SALAZAR no hayan manifestado que comparecen como Gerentes de la Empresa Demandada, ya el artículo 6 del Código del Trabajo señala que los Gerentes y Administradores se consideran representantes del patrono y en tal concepto obligan a éstos en sus relaciones con los demás trabajadores. C) Que el Representante Procesal de la Parte Demandada sostiene que en fecha primero de agosto del 2015 se retira de planillas a la demandante debido a su jubilación, por nota enviada por la demandante a la empresa y que el valor que corresponde a su liquidación final es por la cantidad de L. 49, 001.94, no la cantidad que reclama la demandante en el libelo de su demanda; no obstante, la presente demanda se centra en el cumplimiento de la Promesa de Pago que corre agregado a Folio 19, que aunque dicho documento haya sido presentado en copia autenticada, y que no fue presentado su original, pero consta fehacientemente acreditado en las declaraciones testificales, de la señora ZULLY FRANCISCO SOSA, en Folio 85, pregunta número 7, quién manifestó tener conocimiento del compromiso de pago que firmaron 3 socias de la escuela, asimismo con la declaración testifical de la señora Norma Matute Folio 100, pregunta 3, quien declaro haber tenido en su poder ese documento cuando lo firmaron que fue creado por la señora Judy Bush, por lo que al existir dicho documento no puede evadirse las obligaciones contraídas en el mismo por parte de la demandada. Todo lo anterior fundamentado en los artículos 6, 8, 95, numeral 1) y 379 del Código del trabajo. 15.- Que con lo expuesto en el numerales que antecede queda evidenciado que la Promesa de Pago fue firmada a favor de la Demandante, por representantes de la demandada, teniendo plena valides, siendo obligatorio su cumplimiento, realizándose en su oportunidad abonos a la demandada, mediante la emisión de cheques de la cuenta de la sociedad demandada y que ingresaron al patrimonio de la demandante, que la demandada debido a su cambio de representación legal tomó la decisión unilateral de suspender los pagos convenidos con la demandante, documento relacionado, que tiene plena eficacia aun y cuando no se haya celebrado ante un inspector del trabajo, el mismo es acorde con la normativa laboral y principios de la misma, por contener condiciones más beneficiosas para la trabajadora demandante. Por ello, carece valides lo esgrimido por la parte demandada, al señalar carencia de formalismos en el documento de promesa de venta, que no resultan aplicables en el ámbito laboral, como el hecho de que las firmantes no hayan expresado que accionaban como representantes de la demandada, pues quedó efectivamente acreditado que accionaron en tal calidad. Además se consideran representantes de los patronos y en tal concepto obligan a éstos en sus relaciones con los demás trabajadores: los directores, gerentes, administradores y en general las personas que en nombre de otro, que ejerzan funciones de dirección o de administración; requisitos que concurren en el caso de las señoras ANN CHRICTON DEFAGO, AURORA DE REYES y JUDY DE SALAZAR. Es importante recordar que esta materia, en los casos no previstos en la ley se deben aplicar principios que rigen en la misma, lo que conduce a concluir, que aun cuando el documento denominado Promesa de Venta, tuviere falencias en requisitos formales como lo señala la parte demandada, prima los hechos realizados por la empleadora como es pago parcial de las obligaciones contraídas en el documento relacionado, quedando un saldo pendiente (Primacía de la Realidad). 16.- Que con base al análisis en su conjunto de todas las pruebas allegadas en tiempo y forma al proceso, con libertad en el convencimiento, tomando en cuenta los criterios y principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes, se concluye y estima procedente declarar con lugar la demanda de mérito, condenar a empresa mercantil ESCUELA BILINGÜE BRASAVOLA S. de R.L. a pagar la cantidad de Lps. 850,000.00 resultado de restar la cantidad Lps, 282,981.86 que ya le fueron cancelados a la señora MARTA LEONOR GARCIA MARTINEZ de la cantidad de Lps. 1, 132,981.86 establecido en el documento PROMESA DE PAGO suscrito entre las partes. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala de lo Laboral Contencioso-Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en aplicación de los artículos: 82, 90, 127, 128 numeral 4) 135, 303, 304, 313 atribución 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 3, 6, 8, 95 numeral 1) 379, 664, 665, 666 letra c), 738, 739, 765, 769, 778 y 858 del Código del Trabajo; 22, 197, 200, 206, 207 y 931 del Código Procesal Civil 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: PRIMERO: CASAR la sentencia definitiva recurrida dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, Departamento de Atlántida de fecha 10 de diciembre de 2019. SEGUNDO: DECLARA CON LUGAR la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones laborales acordadas y no pagadas, promovida por la señora MARTA LEONOR GARCIA MARTINEZ, contra la Sociedad Mercantil denominada ESCUELA BILINGÜE BRASAVOLA S. de R.L por medio de su representante legal señora ZULLY MARIBEL FRANCISCO SOSA. TERCERO: En consecuencia, CONDENA a la empresa denominada ESCUELA BILINGÜE BRASAVOLA S. de R.L por medio de su representante legal señora ZULLY MARIBEL FRANCISCO SOSA, a pagar la cantidad de Lps. 850,000.00 a la señora MARTA LEONOR GARCIA MARTINEZ, resultado de restar la cantidad Lps, 282,981.86 que ya le fueron cancelados a la demandante de la cantidad de Lps 1, 132,981.86 establecido en el documento “PROMESA DE PAGO” suscrito entre la demandante y la Empresa Demandada, en concepto de pago de prestaciones laborales. CUARTO: SIN COSTAS. Contra la presente sentencia no cabe recurso alguno. Y MANDA: Que firme que sea esta sentencia, con la certificación de estilo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los 18 días del mes de octubre del 2021; certificación de la sentencia de fecha 19 de agosto del 2021, recaída en el Recurso de Casación número CL38-2020. Firma y sello.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
[1] Considerando (10) del Amparo Laboral No. AL399=18 en la sentencia de fecha veintisiete (27) de marzo de dos mil diecinueve (2019) emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras.