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Sentencia CL-376-19 — Registro 13165

Resumen

Segunda instancia confirmó sin lugar la demanda ordinaria laboral de primera instancia para que mediante sentencia definitiva se ordene el reintegro a su puesto de trabajo o a otros de igual o mejor categoría y salario, por despido directo, ilegal e injusto, pago de salarios adeudados e incapacidades, más a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir, beneficios que se pudieran generar durante la tramitación del juicio, costas

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Por otra parte, conforme nuestro ordenamiento jurídico vigente en materia laboral, el juzgador debe tomar en cuenta los principios generales del derecho del trabajo, entre ellos el principio protectorio, en sus tres reglas, in dubio pro operario, la aplicación de la norma favorable al trabajador y de la condición más beneficiosa a este, como los de primacía de la realidad, pro homine, indemnidad o ajenidad de riesgos e irrenunciabilidad y orden público."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 18 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que es deber ineludible de la Corte Suprema de Justicia no solo observar la técnica rigurosa y formalista del recurso de casación, sino que se garantice el debido proceso y el derecho de defensa a las partes, particularmente que las resoluciones deben ser dictadas con la suficiente explicación de los puntos en litigio y los temas debatidos, como que sean congruentes y los resuelvan debidamente. XIV.- Que conforme con el artículo 701 numeral 3) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral, dispone que el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieran denunciado por el recurrente. XV.- Que, por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida, para que el Ad-quem proceda de conformidad a derecho."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que por Acceso a la Justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial."...

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintidós de marzo de dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 03 de febrero del 2020, por el Abogado JONATHAN ANTONIO CÁCERES INESTROZA, en su condición de representante procesal del señor SANTOS ERLINDO NÚÑEZ, como recurrente; además, es parte recurrida, EL ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por la Abogada SONIA PATRICIA IZCANO MARTINEZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral de primera instancia para que mediante sentencia definitiva se ordene el reintegro a su puesto de trabajo o a otros de igual o mejor categoría y salario, por despido directo, ilegal e injusto, pago de salarios adeudados e incapacidades, más a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir, beneficios que se pudieran generar durante la tramitación del juicio, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha 7 de abril del 2015, por el señor SANTOS ERLINDO NÚÑEZ mayor de edad, soltero, Licenciado en Periodismo, hondureño, y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD PÚBLICA, por medio del Procurador General de la República, señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA, mayor de edad, casado, Abogado, hondureño y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 14 de mayo del 2019, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 19 de septiembre del 2018, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO SIN LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL, promovida por el señor SANTOS ERLINDO NÚÑEZ contra el ESTADO DE HONDURAS a través del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA.- SEGUNDO: ABSOLVER al ESTADO DE HONDURAS a través del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, de toda responsabilidad en el presente juicio.- TERCERO: SIN COSTAS…”. ANTECEDENTES DE HECHO. 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inició su relación laboral en fecha 14 de mayo del 2014 con la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud, desempeñándose como Asesor de Comunicaciones, devengando un salario promedio mensual de L 35,000.00, hasta el 20 de enero del 2015, en virtud que en dicha fecha se levantó un acta de constatación por parte de la Inspectoría del Trabajo en la Sub Gerencia de Recursos Humanos, concerniente a que la relación laboral había finalizado en la fecha que estipulaba el contrato de trabajo, el cual supuestamente tenía vigencia desde el 14 de mayo del 2014 hasta el 13 de julio del 2014, pero la demandada mencionó haberlo firmado hasta el 8 de diciembre del 2014, con el único y exclusivo propósito de que se le hiciera efectivo el pago de esos 60 días que abarcaba dicho contrato, evitando con ello ir a Servicio Civil. También señaló que durante el desarrollo de sus labores enfermó y al no contar con Seguro Social fue incapacitado por el Hospital San Felipe, extendiéndole tres incapacidades, del 28 de julio al 26 de agosto del 2014; del 29 de agosto al 11 de septiembre del 2014; y del 12 de septiembre al 19 de enero del 2015, siendo las mencionadas incapacidades entregadas y recibidas por la demandada, sin embargo alegó no haber devengado el pago de su salario correspondiente desde el 13 de julio del 2014 al 19 de enero del 2015, asimismo expresó que se le identificaba con un carné que lo acreditaba como empleado, de igual forma se le asignó inmobiliario con llave, marcaba hora de entrada y salida, y fue invitado a la celebración del día del periodista que brindó la empleadora, por lo que arguyó ser evidente haber mantenido una relación de trabajo por más de 6 meses, y al no tener un contrato de trabajo la misma se convertía en indefinida o permanente, siendo la inexistencia del contrato imputable al patrono, y que en caso de controversia se deben tomar por ciertas las estipulaciones alegadas por el empleado, sin perjuicio de prueba en contrario, conforme al artículo 30 del Código del Trabajo, por lo que aparte de haber violentado el Principio de Estabilidad Laboral según el artículo 23 numeral 1) de la Declaración Universal de Derechos Humanos también se infringió el artículo 129 de la Carta Magna. Dándose por agotado el trámite administrativo correspondiente en virtud que las partes no lograron llegar a un acuerdo conciliatorio en la instancia correspondiente. 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que la relación que existió fue por tiempo determinado mediante la suscripción de varios contratos de prestación de servicios profesionales, rechazando la fecha de inicio laboral y el salario devengado, en virtud que la relación contractual fue efectiva a partir del 14 de mayo al 13 de julio del 2014, haciendo un total de 60 días, siendo un contrato sin prórroga, por lo que no existió despido o cancelación, sino la terminación del Contrato por Servicios Profesionales, ya que la demandante conocía el plazo determinado y hasta no ser notificado sobre su renovación no podía asumir que seguía vigente, conforme al reglamento de personal de la Secretaría de Salud en su capítulo III, artículo 33 que dice: “la vigencia de estos contratos no podrá exceder la del ejercicio fiscal al amparo del cual se originen, cada contrato que se suscriba será independiente de cualquier otro celebrado anteriormente, los derechos a reclamar y las obligaciones a exigir solamente serán lo que contiene con el contrato suscrito únicamente durante su vigencia, en ningún caso se considera permanente al personal contratado bajo esta modalidad”, es por ello que rechazó haber tenido la obligación de continuar la relación laboral cuando inició el goce de las incapacidades, en virtud que la vigencia del Contrato ya había expirado, también negó adeudar el salario correspondiente del 13 de julio al 19 de enero 2015, en vista que el demandante ya no laboraba para él, pero mencionó haberle pagado la totalidad del salario pactado según consta en la plataforma del Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI), de igual modo señaló que el Contrato de Servicios Profesionales y Técnicos celebrado establecía en su cláusula 3 “este contrato tendrá validez una vez suscrito por las partes contratantes y será aprobado mediante acuerdo ministerial correspondiente, estará sujeto a la normativa del derecho administrativo vigente, presentado…así mismo la aclaración que no será prorrogable por lo tanto mi representada no tiene ninguna obligación con el demandante”. El demandado también arguyó que los contratos suscritos entre las partes son elevados a Acuerdos Ministeriales o sea que los contratos son convencionales en virtud de los cuales El Estado y las personas individuales o jurídicas se obligan recíprocamente mediante la suscripción de un documento a cumplir disposiciones pactadas, en consecuencia, el contrato suscrito estaba sujeto al derecho administrativo, y era el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo el Tribunal competente para conocer del asunto, en cuanto al carné de empleado entregado fue con el propósito que en el desarrollo de sus funciones no encontrara obstáculo alguno al identificarse para realizar el trabajo para el cual fue contratado temporalmente, así como la asignación de inmobiliario, y la tarjeta de marcación de entradas y salidas fue con el fin de acreditar su asistencia. También consideró importante destacar que el contrato suscrito era por tiempo determinado y finalizó 10 días antes que comenzaran las incapacidades médicas, y el hecho de haberse presentado una patología que ameritara la extensión de más de una incapacidad posteriormente a la vigencia del contrato no lo obligaba a prorrogar el mismo. Relativo al agotamiento administrativo consideró su reclamo ilusorio, puesto que no procedía la conciliación al no estar facultado para aceptar obligaciones de derechos subjetivos inexistentes por tratarse de un contrato de prestación de servicios profesionales, siendo improcedente el reintegro y permanencia en el puesto del trabajo, y en dado caso debieron alegarse tales derechos antes de la fecha de vencimiento del contrato, conforme al artículo 867 del Código del Trabajo, sin embargo no se hizo uso de esta disposición en tiempo y forma, ni se manifestó oposición o reclamo administrativo, si no hasta que concluyó la relación laboral, encontrándose la vía jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo expedita a fin de ejercitar dicha acción. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha 19 de septiembre del 2018, dictó sentencia declarando SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por el señor Santos Erlindo Núñez, contra el Estado de Honduras; ABSOLVIENDO al demandado de toda responsabilidad del juicio, SIN COSTAS. Bajo el criterio que en la secuela del proceso con la prueba aportada por ambas partes, no se acreditó ningún vínculo laboral a partir de la terminación de la vigencia del contrato suscrito, es decir desde el 13 de julio del año 2014, por lo que no se comprobó que la contratación suscrita fue efectuada de manera ininterrumpida antes de transcurrido un año, siendo la continuidad en el tiempo un elemento imprescindible exigible por los preceptos establecidos los artículos 47 y 52 del Código del Trabajo, con el objeto de considerar una contratación de forma indefinida, por lo que la terminación laboral no fue un despido, pues éste constituye la ruptura o disolución del contrato o relación de trabajo realizada directa y unilateralmente por el patrono o empresario, situación que no sucedió. El demandante pretendía hacer valer los derechos establecidos en el artículo 47 y 52 del Código del Trabajo, pero para ello se debían reunir los presupuestos de hecho y de derecho que establece dicha norma, es decir que para obtener el derecho a la permanencia laboral se tuvo que suscribir un contrato por tiempo fijo, renovado varias veces y que la causa que le dio origen al trabajo o la materia del trabajo aun subsistiera, además el artículo 47 del citado Código, enuncia que estos contratos deberán celebrarse antes de transcurrido un año entre las mismas partes contratantes y para la misma clase de trabajo, y solo existió un solo contrato de trabajo suscrito en un término menor de un año, y por dos meses de duración, por lo que al no congregarse este requisito, no se configuró el derecho a la permanencia, declarando sin lugar la demanda laboral, y las pretensiones referentes al pago de salarios adeudados y pago de incapacidades, en vista que durante el tiempo que el demandante estuvo incapacitado, es decir en fechas 28 de julio al 26 de agosto del año 2014, del 29 de agosto al 11 de septiembre del año 2014 y del 12 de septiembre del año 2014 al 19 de enero del año 2015, no se tuvo por probado que la relación laboral persistía, ya que las llaves del escritorio, así como el carné de empleado fueron entregados mientras se mantenía la relación laboral, además no fue una prueba contundente a efecto de acreditar el sustento de una relación laboral, en vista que las decisiones judiciales no pueden descansar nunca sobre los hechos alegados, sino que deben fundamentarse sobre su demostración por alguno o algunos de los medios de prueba reconocidos por la ley, siendo estos medios de prueba los instrumentos legales necesarios de que se valen las partes para demostrar al juez la verdad o existencia real de los hechos generadores del derecho, es preciso que la prueba se produzca para que la autoridad pueda calificarla, por lo que consideró evidente que la vigencia de la contratación culminó en fecha 13 de julio del año 2014, sumado a ello que la parte demandada acreditó el total del pago de la contratación por tiempo definido con la prueba documental consistente en el printer de una pantalla y documentos consistentes en la ejecución de gastos y transferencias bancarias. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha 14 de mayo del 2019, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas. Bajo el criterio que el trabajador estaba en la obligación de acreditar la permanencia en el puesto de trabajo, asimismo para probar el despido debió justificar que existió una relación laboral continua, lo cual no logró hacer, ya que solo suscribió un contrato de trabajo efectivo del 14 de mayo del 2014 al 13 de julio del 2014, por consiguiente, al no hacerlo la Juez de Primera Instancia dictó una sentencia declarando sin lugar las pretensiones del actor, de igual modo de la revisión de los medios de prueba allegados al proceso, concluyó que la parte demandada no debe reintegrar al trabajador demandante, en vista que no sostuvo una relación de carácter permanente, es por ello que confirmó la sentencia dictada por el a quo. 5. Mediante auto de fecha 18 de noviembre del 2019, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado JOSE DOLORES CANTARERO BONILLA, en su condición de representante procesal del señor SANTOS ERLINDO NUÑEZ, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha 03 de febrero del 2020, compareció ante éste Tribunal el Abogado JONATHAN ANTONIO CACERES INESTROZA, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha 14 de febrero del 2020, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 12 de enero del 2021 se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por la Abogada SONIA PATRICIA IZCANO MARTINEZ, en condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. II.- Que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente". III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además, es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. IV.- Que por Acceso a la Justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. VI.- Que conforme el principio y deber de congruencia procesal, los jueces y magistrados deberán resolver las cuestiones planteadas, después de un proceso de deliberación y valoración, produciéndose a continuación la redacción escrita de la sentencia, fase en la que necesariamente ha de tenerse en cuenta la motivación, como medio de exteriorizar el juicio mental realizado por el Órgano Jurisdiccional, para llegar a la emisión de la declaración de voluntad que se materializa en el fallo, en el subjudice la sentencia recurrida carece de exhaustividad en base a lo establecido en el artículo 206 del Código procesal Civil. VII.- Por otra parte, conforme nuestro ordenamiento jurídico vigente en materia laboral, el juzgador debe tomar en cuenta los principios generales del derecho del trabajo, entre ellos el principio protectorio, en sus tres reglas, in dubio pro operario, la aplicación de la norma favorable al trabajador y de la condición más beneficiosa a este, como los de primacía de la realidad, pro homine, indemnidad o ajenidad de riesgos e irrenunciabilidad y orden público. VIII.- Que toda persona tiene el derecho de poder ejercitar o promover las acciones que estime pertinentes en defensa de sus derechos y derivado de ello también tiene el derecho a recibir una respuesta del órgano jurisdiccional, previo a seguirse el debido proceso, resolución que deberá ser congruente, motivada, imparcial y apegada al ordenamiento jurídico y a los principios generales del derecho laboral. IX.- Que también se advierte, que dicho fallo carece de exhaustividad, ya que en su fundamentación se indica “el trabajador estaba en la obligación de acreditar la permanencia en el puesto de trabajo, asimismo para probar el despido debió justificar que existió una relación laboral continua, lo cual no logró hacer, ya que solo suscribió un contrato de trabajo efectivo del 14 de mayo del 2014 al 13 de julio del 2014, por consiguiente, al no hacerlo la Juez de Primera Instancia dictó una sentencia declarando sin lugar las pretensiones del actor, de igual modo de la revisión de los medios de prueba allegados al proceso, concluyó que la parte demandada no debe reintegrar al trabajador demandante, en vista que no sostuvo una relación de carácter permanente...” misma que no hace relación a la fecha en que se firmó el contrato (8 de diciembre del 2014) y demás material probatorio como ser la deducción del Instituto Hondureño de Seguridad Social, que le hicieran llegar a su convencimiento de mejor manera a su fallo X.- Que toda persona tiene el derecho de poder ejercitar o promover las acciones que estime pertinentes en defensa de sus derechos y derivado de ello también tiene el derecho a recibir una respuesta del órgano jurisdiccional, previo a seguirse el debido proceso, resolución que deberá ser congruente, motivada, imparcial y apegada al ordenamiento jurídico y a los principios generales del derecho laboral. XI.- Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de fondo del 5 de octubre de 2015, dictada en el caso Ruano Torres y otros Vs. El Salvador, Serie C No. 30319 151, estableció sobre el debido proceso: “La Corte ha señalado que el derecho al debido proceso se refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado, adoptado por cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que pueda afectarlos.- El debido proceso se encuentra, a su vez, íntimamente ligado con la noción de justicia, que se refleja en: i) un acceso a la justicia no sólo formal, sino que reconozca y resuelva los factores de desigualdad real de los justiciables, ii) el desarrollo de un juicio justo, y iii) la resolución de las controversias de forma tal que la decisión adoptada se acerque al mayor nivel de corrección del derecho, es decir que se asegure, en la mayor medida posible, su solución justa.” XII.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. XIII.- Que es deber ineludible de la Corte Suprema de Justicia no solo observar la técnica rigurosa y formalista del recurso de casación, sino que se garantice el debido proceso y el derecho de defensa a las partes, particularmente que las resoluciones deben ser dictadas con la suficiente explicación de los puntos en litigio y los temas debatidos, como que sean congruentes y los resuelvan debidamente. XIV.- Que conforme con el artículo 701 numeral 3) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral, dispone que el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieran denunciado por el recurrente. XV.- Que, por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida, para que el Ad-quem proceda de conformidad a derecho. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 30, 59, 60, 90 párrafo primero, 112, 127, 128, 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1, 8.2. h) 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 666 letra c) 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 39 y 43 de la Ley de Salario Mínimo; 22, 200, 206, 208 del Código Procesal Civil; 9 y 11del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de fecha 14 de mayo del 2019, visible a folios 11 al 14 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los ocho días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha veintidós de marzo del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número CL376-19. Firma y sello.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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