Sentencia CL-369-19 — Registro 12728
Resumen
Demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales en virtud del despido ilegal e injusto, salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, pago de los salarios por el tiempo que duró la suspensión según lo dispone el artículo 110 del Código del Trabajo
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón que: a) en su formulación no señala con precisión y claridad, a que estamento jurídico pertenecen las disposiciones señaladas como infringidas: b) el precepto autorizante no fue señalado con precisión, ya que únicamente lo enuncia comprendido en el artículo 765 numeral primero del Código de Trabajo, cuando el mismo contiene dos párrafos, con distintas causales del extraordinario recurso; y, c) se olvida que el error de hecho implica conclusiones ostensiblemente contrarias a lo establecido en el juicio, ya sea por falta de apreciación de la prueba o por defectuosa apreciación de la misma, es decir, en los casos en que el juzgador incurra en una manifiesta y evidente equivocación; es importante también señalar, que en los juicios del trabajo los juzgadores gozan de autonomía en la apreciación de las pruebas y que no puede acusarse válidamente en casación esa estimación sino por haberse incurrido con ella en un error de hecho que aparezca de modo evidente, manifiesto e incontrovertible de acuerdo con las constancias procesales, en forma que se dé por establecido un hecho que no lo está o, al contrario, se considere como existente uno que sí está suficientemente acreditado en el juicio. Analizado el caso que nos ocupa, el Impetrante no logra demostrar el error de hecho alegado y tampoco se evidencia ninguna situación que pugne contra el material probatorio aportado y practicado en el juicio, ya que el argumento de la terminación laboral por la causa contenida en el artículo 111 numeral 8) del Código de Trabajo, exige que la suspensión de actividades sea por más de 120 días y en el caso de autos no ocurrió así, ya que la misma fue únicamente de 120 días calendario, y las labores siguieron prestándose en la institución demandada; por otro lado, la autorización de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, fue emitida en fecha posterior a la notificación de la terminación de dicho contrato de trabajo."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."También se debe destacar, que si bien se puede establecer cierta contradicción, entre lo dispuesto en el artículo 111 del Código de Trabajo, que enuncia las causas de la terminación del contrato de trabajo, entre las cuales se encuentra el numeral 8) por “La suspensión de actividades por más de ciento (120) días en los casos 1), 3), 4), 5) y 6) del artículo 100.”, en cuyo párrafo tercero dispone que en ese caso no habrá responsabilidad para las partes; pero por otro lado, el artículo 120 reformado del mismo Código, determina que procede el pago del auxilio de cesantía si el contrato de trabajo por tiempo indeterminado concluye por razón de despido injustificado, por alguna de las causas establecidas en el artículo 114 u otra ajena a la voluntad del trabajador o según los casos de retiro voluntario o por fallecimiento del trabajador, como el derecho de estabilidad laboral contenido en el artículo 129 de la Constitución de la República, acorde al principio de indemnidad o ajenidad de riesgos; por lo que en estos casos, resulta aplicable la regla de la aplicación de la norma más favorable al trabajador, la cual forma parte del principio protectorio o protector, en consecuencia, existe se puede advertir en estos casos, la existencia de responsabilidad del patrono. "...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 18 (Jerarquía Ordinaria)
- Constitución de la República, art. 128 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintidós de marzo de dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 12 de febrero del 2020, por el Abogado DANIEL ALEXANDER ORTIZ, mayor de edad, soltero, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), como recurrente; además, es parte recurrida, el señor DAVID FLORES SOSA, representado en juicio por la Abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales en virtud del despido ilegal e injusto, salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, pago de los salarios por el tiempo que duró la suspensión según lo dispone el artículo 110 del Código del Trabajo, costas del juicio; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 13 de agosto del 2015, por el Abogado DARÍO JOSUE GARCÍA VILLALTA, en su condición de representante procesal del señor DAVID FLORES SOSA, mayor de edad, soltero, Perito Mercantil y Contador Público, hondureño y con domicilio en Apacilague, Departamento de Choluteca, contra el SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO (SANAA), por medio de su Gerente General el señor LUIS RENÉ EVELINE HERNANDEZ, mayor de edad, casado, Ingeniero, hondureño y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 15 de mayo del 2019, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 24 de septiembre del 2018, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1.- DECLARAR CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES; SALARIOS ADEUDADOS; SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS. PAGO DE LOS SALARIOS POR EL TIEMPO QUE DURO LA SUSPENSION; instaurada por el ABOGADO DARIO JOSUE GARCIA VILLALTA, en su condición de Representante Procesal del Señor DAVID FLORES SOSA; contra EL SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS y ALCANTARILLADOS (SANAA) a través de su Gerente General el Señor LUIS RENE EVELINE HERNANDEZ; II.- CONDENAR: AL SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS y ALCANTARILLADOS (SANAA) a través de su Gerente General el Señor LUIS RENE EVELINE HERNANDEZ a lo siguiente: A pagar al Señor DAVID FLORES SOSA; la cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS (Lps. 588,294.64); por los siguientes conceptos: Preaviso Lps. 101,133.96; Auxilio de Cesantía Lps. 353,965.85; Auxilio de Cesantía Proporcional Lps. 25,839.73; Vacaciones proporcionales Lps. 7,382.78; Décimo Cuarto me proporcional Lps. 25,570.04; Décimo Tercer mes Proporcional Lps. 286.55; Bonificación Proporcional de Vacaciones Lps. 15,338.68; Otros (bono de compensación) Lps. 5,450.00; Salarios Adeudados Lps. 53,327.05. Mas a título de daños y perjuicios los Salarios Dejados de Percibir desde la fecha del despido hasta la fecha que quede firme esta sentencia definitiva. III.- SIN COSTAS en esta instancia”. ANTECEDENTES DE HECHO. 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que inició a laborar para el demandado, el 30 de noviembre del 2007, como Motorista, devengaba un salario mensual en los últimos 6 meses al despido de L.9,845.00; manifestó además que le suspendieron el contrato individual de trabajo por un término de 120 días consecutivos, con efectividad del 03 de enero de 2015 al 02 de mayo del 2015; y que el 04 de mayo del 2015 fecha en que debía de presentarse a trabajar en su puesto de trabajo le notificaron la terminación del contrato individual de trabajo, alegando en dicha notificación que ya le habían notificado de la suspensión del contrato individual de trabajo por un término de 120 días consecutivos, con efectividad del 03 de enero de 2015 al 02 de mayo de 2015, suspensión que se basó en las causales establecidas en el artículo 100 numeral es 4), 5) y 15) del Código del Trabajo, el cual consigna lo siguiente "Artículo 100, sirviendo también de fundamento los artículos números 101, 102 y demás aplicables del Código del Trabajo; que la medida enunciada en el literal anterior, entre otras razones, fue implementada debido a la grave crisis económica en la que el SANAA se encontraba sumergida ya las serias dificultades presupuestarias y financieras que la empresa venía atravesando, lo que hace necesario adoptar medidas tendientes a la generación de ahorro y reducción de pérdidas, con el objeto de sanear el déficit presupuestario y eliminar el desfase existente entre los ingresos presupuestados y la recaudación vía facturación, no obstante, una vez transcurrido el término de la referida suspensión aún persistían las circunstancias que dieron lugar a la misma, encontrándonos ante escenarios de mayor complejidad en vista de la imposibilidad de revertir la deficitaria recaudación de ingresos por la vía de la facturación y la consecuente falta de los fondos con los cuales proseguir; y que de conformidad con lo descrito en los incisos anteriores, dada la persistencia de las condiciones y causales que dieron lugar a la suspensión de su contrato de individual de trabajo, no es posible reanudar las labores en la forma en que se había previsto y por consiguiente reincorporarle a su puesto de trabajo, en consecuencia, se vieron en la obligación de tomar la determinación de dar por terminado su contrato de trabajo, en vista de lo cual el SANAA está en la disposición de reconocerle el importe de las prestaciones e indemnizaciones laborales que conforme a la ley correspondan, de acuerdo a las posibilidades económicas que la institución una vez que haya presentado la documentación requerida para tal fin; y fundamentaron la notificación de terminación de contrato individual de trabajo se fundamentó en los artículos: 62, 80 y 129 de la Constitución de la República; 100 numerales 4, 5 y 15, 111 numeral 8) y segundo párrafo del Código del Trabajo; y demás legislaciones aplicables; además, que el despido del cual fue objeto es ilegal en vista que la terminación que habla el articulo 111 literal 8 del Código de Trabajo, exige como requisito que la suspensión del contrato sea superior a 120 días, en el presente caso la suspensión nunca fue superior a los 120 días, es más a la fecha ni siquiera se pronunció la Secretaria de Trabajo autorizando o no la suspensión; y que la parte demanda con fraude de ley y una suspensión simulada pretendió legalizar un despido, en vista que, si bien es cierto la suspensión es una figura legal, en el presente caso se hizo con el único propósito de crear una crisis laboral, a tal grado que suspendieron a los trabajadores únicamente para no pagarles salarios por el termino de 4 meses y una vez vencido el término de la suspensión lejos de reintegrarlos, decidieron despedirlos, ya que la causa alegada por la empresa supuestamente existió, subsiste y subsistirá; y si hubiera crisis financiera en la empresa no es producto del pago del salario de los trabajadores sino por otras causas que tiene más que ver con la administración de la misma, en tal sentido la parte demandada se aprovecha de la ley, simulando unos contratos y suspensiones para hacer fraude de ley a los trabajadores en complicidad de la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social y con la única finalidad de poder legalizar los despidos de los cuales fueron objeto los trabajadores; manifestó que el despido es ilegal e injustificado porque estableció "se le garantiza el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales...",y estos conceptos solo se pagaran cuando ha existido un despido injustificado, como lo es el despido y es por eso que el SANAA le reconoce ese derecho y que no siguió ni para la suspensión de los contratos ni para el despido los procedimientos establecidos en el artículo 95 numeral 19 del Código de Trabajo; además no se le pagó los salarios por el tiempo que duro la suspensión; asimismo argumentó que acudió a la Secretaría de Trabajo, a fin de llegar a un acuerdo conciliatorio, pero le fue inútil porque la parte patronal no se presentó a la audiencia. 2.- La parte demandada, el SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO (SANAA),contestó dicha demanda rechazando los hechos de la demanda, apoyando su defensa en que al demandante se le notificó la suspensión de su contrato individual de trabajo con efectividad a partir del 02 de enero de 2015 al 4 de mayo de 2015, mediante una nota misma que dice: "Por este medio se le notifica la decisión del SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), de suspender por un término de CIENTO VEINTE (120) DÍAS el Contrato Individual de Trabajo que sirve de vínculo jurídico entre usted y la institución.- Esta suspensión de labores será efectiva a partir del 03 de enero de 2015 hasta el 02 de mayo de 2015, debiéndose reincorporar a sus labores el día 04 de mayo de 2015.- La anterior decisión se fundamenta en las estipulado en el Artículo 100 numerales 4) 5) y 15) del Código del Trabajo, mismo que literalmente consigna: "Articulo 100: Son causas de suspensión de las contratos de trabajo sin responsabilidad para las partes: ...... 4) La imposibilidad de explotar con un mínima razonable de utilidad; 5) La falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de las trabajos, si se comprueba plenamente par el patrono ... y, 15) Cualquier otra causa justificada no prevista en las ordinal es anteriores, a juicio de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social", sirviendo también de fundamento los artículos No.101, 102, y demás aplicables del Código de Trabajo."; y sirviendo también de fundamento los artículos 101, 102 y demás aplicables del Código del Trabajo; alegó además que las causas invocadas y que sirven de sustento a la suspensión de contratos de trabajo, aún persistían al 04 de mayo de 2015 y fue por ello que la demandada, una vez que fue notificada la Secretaría del Trabajo de tales extremos, decidió recurrir al precepto autorizante contenido en el Articulo 111 numeral 8) y segundo párrafo de dicho Artículo que consigna que: "son causas de terminación de los contratos de trabajo: ...8) La suspensión de actividades por más de ciento veinte días (120) en los casos 1), 3), 4), 5) y 6) del Artículo 100: ... EN LOS CASOS DEL INCISO 8), TAMPOCO HABRÁ RESPONSABILIDAD PARA LAS PARTES, a excepción del que se refiere a la muerte o incapacidad del patrono en que los trabajadores tendrán derecho al pago del preaviso; dando de esa manera por terminado el contrato sin responsabilidad de su parte, por lo que es improcedente el pago de las conceptos reclamados y que la demandada no tiene responsabilidad laboral alguna, y que decidió ofrecer el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales a los demandantes; concluyó que los demandantes carecen de presupuesto jurídico en este momento para incoar la presente demanda y en consecuencia carecen de legitimación pasiva, en virtud de hacer falta el pronunciamiento por parte del órgano competente para emitirlo que es la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social; por lo que no es el tribunal el llamado a censurar la suspensión y en consecuencia a condenar al reintegro y pago de los valores reclamados, sino que para ello, ese tribunal, depende de la resolución que al efecto emita la autoridad administrativa del trabajo ya que dicha resolución quede firme, para posteriormente hacer cualquier pronunciamiento sobre dicho procedimiento y estos conceptos; asimismo el actor confundió dos figuras, la primera la de la suspensión de Contratos de Trabajo y la segunda la de las Causas de Terminación de los Contratos de Trabajo; y que la obligación de esperar el pronunciamiento de la autoridad de trabajo para poder proceder contra cualquier decisión era de los trabajadores y no del empleador, quien en virtud del Artículo 111 numeral 8) segundo párrafo, se encontraba total y absolutamente facultado para dar por terminado el Contrato de Trabajo, sin su responsabilidad. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 24 de septiembre del 2018, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por el señor DAVID FLORES SOSA contra el SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO (SANAA), por medio de su Gerente General el señor LUIS RENÉ EVELINE HERNANDEZ; condenó a la parte demandada a pagar al demandante, la cantidad de L.588,294.64, por concepto de preaviso, auxilio de cesantía; auxilio de cesantía proporcional; vacaciones proporcionales; decimocuarto mes proporcional; decimotercer mes proporcional; bonificación proporcional de vacaciones; Otros (bono de compensación);salarios adeudados; más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha que quede firme la sentencia definitiva; sin costas; bajo el criterio que el señor DAVID FLORES SOSA fue suspendido el 03 de enero al 02 de mayo de 2015, y que la causal invocada el 4 de mayo de 2015, era inexistente a esa fecha puesto que la suspensión de sus labores fue resuelta hasta el 24 de noviembre de 2015; asistiéndole el derecho al pago de las prestaciones e indemnizaciones y al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha que quede firme la sentencia definitiva. Que el demandante también reclama en su demanda el pago de: vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional, decimocuarto mes proporcional, bonificación proporcional de vacaciones, salario adeudado y otros; en cuanto a vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional, decimocuarto mes proporcional, bonificación proporcional de vacaciones, conceptos que procede declarar CON LUGAR en vista de no estar acreditado en autos que la institución demandada haya hecho efectivo estos conceptos al señor Flores Sosa; de igual forma se constató con el oficio librado a la institución demandada que no ha sido satisfecha la bonificación por vacaciones del periodo 2014-2015, bonificación proporcional 2014-2015, en lo que concierne al pago de salario adeudado, procede declarar CON LUGAR dicho concepto en vista de estar acreditado en autos que el demandante estuvo suspendido por el termino de 120 días; que de igual forma con el oficio librado a la institución demandada se acreditó que al señor Flores Sosa se le adeuda el bono de compensación del año 2015. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha 15 de mayo del 2019, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que el acto de cancelación del contrato de trabajo del demandante por parte de la empresa demandada, violentó el procedimiento legal a seguir; pasando de la suspensión del contrato de trabajo, a la cancelación del mismo sin la previa autorización de la autoridad gubernativa; y en consecuencia al despido directo del demandante, de forma arbitraria e ilegal; lo que conlleva al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde que operó la terminación del contrato de trabajo hasta que quede firme la sentencia condenatoria en el presente juicio; que por las razones expuestas es procedente confirmar la resolución apelada, por estar dictada conforme a derecho. 5.- Mediante auto de fecha 30 de octubre del 2019, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado DANIEL ALEXANDER ORTIZ, en su condición de representante procesal del SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 12 de febrero del 2020, compareció ante este Tribunal el Abogado DANIEL ALEXANDER ORTIZ, en su condición de representante procesal del SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 14 de febrero, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 15 de enero del 2021, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I.- Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que el Abogado DANIEL ALEXANDER ORTIZ, en su primer y único motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva nacional de índole laboral por infracción indirecta proveniente de error de hecho debido a la apreciación errónea del medio de prueba documental propuesta por la parte demandada que obra a folios 8, 9, 127, 128, 131 al 156 de la primera pieza de autos. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. Las normas sustantivas nacionales de índole laboral violada por la sentencia recurrida están contenidas en los artículos 99, 100 numerales 4, 5 y 15,101,102,111 numeral 8 párrafo segundo. REGLAS PROCESALES VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo y 206 del Código Procesal Civil. PRUEBA APRECIADA ERRÓNEAMENTE. La prueba apreciada erróneamente en este motivo es: DOCUMENTAL: consistente en: resolución número 154-2015 emitida por la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social en fecha 24 de noviembre del año 2015 que corre agregada del folio 105 al 132, la notificación de suspensión de labores que corre agregada a folio 47 y la notificación de terminación de contrato que corre agregada a folio 42 y 43 todos de la primera pieza de autos. PRECEPTO AUTORIZANTE CON RESPECTO A ESTE MOTIVO. Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACION. En la motivación de la sentencia de fecha 15 de mayo de 2019, se pueden percibir los errores en que incurrió el Tribunal A Quem en la formación de su convencimiento. Tanto al momento de aplicar la norma sustantiva al caso concreto, así como en la apreciación de los medios probatorios los cuales describiré a continuación: Primero: Honorables Magistrados tanto el Tribunal Aquo como el Tribunal Ad Quem han quebrantado el ordenamiento jurídico al inobservar la norma establecida en los artículos 101 y 102 del Código de Trabajo ya que la Secretaria de Trabajo y Seguridad social como órgano administrativo competente para resolver, si se autoriza o no la suspensión de los contratos de trabajo según lo estipulado en los referidos artículos del Código de Trabajo que literalmente exponen lo siguiente: " la suspensión de contratos de trabajo surtirá efecto desde la conclusión del día en que ocurrió el hecho que le dio origen, siempre que la comprobación de la causa en que se funde se inicie ante la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, o ante los representantes de la misma debidamente autorizados, dentro de los tres días posteriores al ya mencionado .... Si la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social no autorizare la suspensión por no existir la causa alegada o por ser injusta, la declara sin lugar, los trabajadores podrán ejercitar los derechos emanados del Contrato de Trabajo." De lo anterior se coligen los siguientes elementos: 1) Que el órgano competente para autorizar en sede administrativa la suspensión de contratos de trabajo, es la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social; 2) Que para que el trabajador suspendido pueda ejercitar los derechos emanados del contrato de Trabajo es Necesario que primero exista un pronunciamiento mediante resolución par parte de dicho órgano competente en sede administrativa; 3) Que previo a recurrir a los tribunales para ejercitar estos derechos la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social deberá declarar sin lugar en virtud de no existir la causa alegada o por ser injusta, es decir tienen que pronunciarse primero antes de que puedan demandar. Ahora bien, señores Magistrados la Resolución 154-2015 la cual se declara CON LUGAR la suspensión por parte de la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, exime a mi representada al pago de cantidades derivadas de la suspensión. Como se expone en el numeral anterior, para que mi representada sea condenada a los pagos reclamados, dicha solicitud, tuvo que declararse SIN LUGAR y por consecuencia que sea procedente el pago de las cantidades que la hoy demandante reclama, y como se demostró en el presente juicio este no fue el caso, por lo tanto, es improcedente que se condene a mi representada al pago de las cantidades que se reclaman durante los cuatro meses que duró la suspensión. En el presente caso señores magistrados los tribunales de primera instancia y segunda instancia han inobservado lo estipulado en el artículo 111 numeral 8 párrafo segundo el cual literalmente establece son causas de terminación de los contratos de trabajo: "La suspensión de actividades por más de ciento (120) días en los casos 1) 2)3) 4) 5) y 6) del artículo 100". Ya que en el caso de autos quedó comprobado que mi representada suspensión por el termino ciento veinte (120 días) amparados en las siguientes causales : 1) la imposibilidad de explotar la empresa con un mínimo razonable de utilidad 2) la falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajos, causales que fueron plenamente acreditadas ante la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social conduciendo a declarar con lugar la solicitud de suspensión de contratos de trabajo por lo anterior nos lleva a una desnaturalización de! despido injustificada que aduce la parte demandante ya que al ampararse en la normativa legal establecida en el Código de Trabajo nos resulta improcedente que se condene a mi representada al pago de salarios de percibir.- otro punto tomar en cuenta que el mismo código de trabajo al terminar la relación laboral conforme al artículo 111 numeral 8 el cual sirve de fundamento para dar por terminada la relación con el demandante, existe un apartado especial mediante el cual libera de responsabilidad a mi representada a excepción de la muerte o incapacidad del patrono, circunstancias que no ha ocurrido en el caso de autos por tal razón no hay lugar a dar el pago de salarios dejados de percibir ya que no se enmarca en la figura de despido injustificado, sino en la terminación de la relación laboral sin responsabilidad para las partes.”. III.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón que: a) en su formulación no señala con precisión y claridad, a que estamento jurídico pertenecen las disposiciones señaladas como infringidas: b) el precepto autorizante no fue señalado con precisión, ya que únicamente lo enuncia comprendido en el artículo 765 numeral primero del Código de Trabajo, cuando el mismo contiene dos párrafos, con distintas causales del extraordinario recurso; y, c) se olvida que el error de hecho implica conclusiones ostensiblemente contrarias a lo establecido en el juicio, ya sea por falta de apreciación de la prueba o por defectuosa apreciación de la misma, es decir, en los casos en que el juzgador incurra en una manifiesta y evidente equivocación; es importante también señalar, que en los juicios del trabajo los juzgadores gozan de autonomía en la apreciación de las pruebas y que no puede acusarse válidamente en casación esa estimación sino por haberse incurrido con ella en un error de hecho que aparezca de modo evidente, manifiesto e incontrovertible de acuerdo con las constancias procesales, en forma que se dé por establecido un hecho que no lo está o, al contrario, se considere como existente uno que sí está suficientemente acreditado en el juicio. Analizado el caso que nos ocupa, el Impetrante no logra demostrar el error de hecho alegado y tampoco se evidencia ninguna situación que pugne contra el material probatorio aportado y practicado en el juicio, ya que el argumento de la terminación laboral por la causa contenida en el artículo 111 numeral 8) del Código de Trabajo, exige que la suspensión de actividades sea por más de 120 días y en el caso de autos no ocurrió así, ya que la misma fue únicamente de 120 días calendario, y las labores siguieron prestándose en la institución demandada; por otro lado, la autorización de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, fue emitida en fecha posterior a la notificación de la terminación de dicho contrato de trabajo. IV.- También se debe destacar, que si bien se puede establecer cierta contradicción, entre lo dispuesto en el artículo 111 del Código de Trabajo, que enuncia las causas de la terminación del contrato de trabajo, entre las cuales se encuentra el numeral 8) por “La suspensión de actividades por más de ciento (120) días en los casos 1), 3), 4), 5) y 6) del artículo 100.”, en cuyo párrafo tercero dispone que en ese caso no habrá responsabilidad para las partes; pero por otro lado, el artículo 120 reformado del mismo Código, determina que procede el pago del auxilio de cesantía si el contrato de trabajo por tiempo indeterminado concluye por razón de despido injustificado, por alguna de las causas establecidas en el artículo 114 u otra ajena a la voluntad del trabajador o según los casos de retiro voluntario o por fallecimiento del trabajador, como el derecho de estabilidad laboral contenido en el artículo 129 de la Constitución de la República, acorde al principio de indemnidad o ajenidad de riesgos; por lo que en estos casos, resulta aplicable la regla de la aplicación de la norma más favorable al trabajador, la cual forma parte del principio protectorio o protector, en consecuencia, existe se puede advertir en estos casos, la existencia de responsabilidad del patrono. V.- Por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierra el primer y único motivo de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1 y 8.2. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 18, 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 770, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS Y MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE.- FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de julio del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha veintidós de marzo del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número CL369-2019. FIRMA Y SELLO.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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