Sentencia CL-353-19 — Registro 13164
Resumen
Demanda ordinaria laboral de primera instancia para que se obligue al Estado de Honduras a garantizar la estabilidad laboral a través de la emisión del Acuerdo en el cual se le tenga como servidor público en forma permanente en aplicación de normas sustantivas de orden público contenidas en el Código del Trabajo referente a la permanencia y a pagarle los salarios dejados de percibir
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."El cargo que antecede no resulta ser admisible, ya que el Impetrante incurre en los siguientes defectos técnicos:a) omite indicar las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las sustantivas; b) no es claro ni preciso en el señalamiento del precepto autorizante donde encuentra comprendido el motivo, dado que cita el artículo 765 numeral 1) del Código del Trabajo, pero transcribe los dos párrafos que contiene ese numeral, cuando cada uno de ellos contiene causales diferentes del recurso; y, c) tampoco indica si la infracción indirecta de la ley se deriva de error de hecho o de derecho."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que resulta ser inadmisible en el anterior cargo, ya que se incurre en los siguientes defectos técnicos: a) entre las disposiciones citadas como infringidas, los artículos 19, 21 y 46 inciso b) del Código de Trabajo, no ostentan el carácter de ser normas sustantivas, es decir, no establecen derechos y obligaciones recíprocos para las partes o que los extingan; b) omite indicar las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las sustantivas; c) no es claro ni preciso en el señalamiento del precepto autorizante donde encuentra comprendido el motivo, dado que cita el artículo 765 numeral 1) del Código del Trabajo, pero transcribe los dos párrafos que contiene ese numeral, cuando cada uno de ellos contiene causales diferentes del recurso; y, d) tampoco indica si la infracción indirecta de la ley se deriva de error de hecho o de derecho"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice:
“CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintidós de junio de dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia en los Recursos de Casación Laboral formalizados ante este Tribunal de Justicia, en fecha 06 de diciembre del 2019 y 21 de febrero del 2020, por los Abogados HÉCTOR ALEXIS MARTÍNEZ VALERIANO y ANGELA ROSIBEL MORENO VARELA, como representantes procesales del señor RIGOBERTO AMADO OSEGUERA SOLANO y del ESTADO DE HONDURAS, respectivamente, como recurrentes/recurridos. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral de primera instancia para que se obligue al Estado de Honduras a garantizar la estabilidad laboral a través de la emisión del Acuerdo en el cual se le tenga como servidor público en forma permanente en aplicación de normas sustantivas de orden público contenidas en el Código del Trabajo referente a la permanencia y a pagarle los salarios dejados de percibir, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 27 de enero del 2017,por el señor RIGOBERTO AMADO OSEGUERA SOLANO, mayor de edad, soltero, pasante de la carrera de Ingeniería de Negocio, hondureño y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del PROGRAMA EDUCATODOS, a través de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN, por medio del Procurador General de la República, señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA, mayor de edad, casado, Abogado, hondureño y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 2 de mayo del 2019,dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 6 de noviembre del 2018, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: I) Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida RIGOBERTO AMADO OSEGUERA SOLANO, contra EL ESTADO DE HONDURAS por medio de su Representante Legal el Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en cuanto a: Que se declare la relación de trabajo en forma permanente desde el inicio de la relación de trabajo 01 de septiembre del 2010, II) CONDENA al ESTADO DE HONDURAS por medio de su Representante Legal el Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, 1. Que se declare la relación de trabajo en forma permanente desde el inicio de la relación de trabajo 01 de septiembre del 2010 al señor RIGOBERTO AMADO OSEGUERA SOLANO; III) Declarando SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida RIGOBERTO AMADO OSEGUERA SOLANO, contra EL ESTADO DE HONDURAS por medio de su Representante Legal el Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en cuanto al pago de salarios dejados de percibir, en consecuencia; IV) ABSUELVE al ESTADO DE HONDURAS por medio de su Representante Legal el Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, al pago de salarios dejados de percibir, al señor RIGOBERTO AMADO OSEGUERA SOLANO; V) Declarando SIN COSTAS.” ANTECEDENTES DE HECHO. 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inicio la relación laboral con el Estado de Honduras, el 1 de septiembre del 2010, desempeñándose en la Unidad de Almacén en el puesto de Auxiliar de Inventario y Almacén, firmando el primer contrato desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre del 2010, el segundo contrato desde el 12 de enero al 31 de diciembre del 2011, el tercer contrato del 3 de enero al 30 de junio del 2012, un cuarto contrato desde 01 de julio al 31 de diciembre del 2012, donde fue ascendido a Empacador de Pruebas, el quinto contrato desde 2 de enero al 31 de diciembre del 2013, un sexto contrato desde el 27 de enero al 31 de diciembre del 2014, séptimo contrato desde el 2 de enero al 31 de diciembre del 2015, y un octavo contrato desde el 4 de enero al 31 de diciembre del 2016, devengando un salario mensual de L. 13,000.00, pagadero mediante el sistema de planillas, en la Sub Dirección General de Educación para Jóvenes y Adultos antes denominada Educatodos. El día 2 de enero del 2017, se presentó a trabajar el demandante como de costumbre, pero las autoridades no le dejaron entrar a las instalaciones ya que se había dejado una nota de quienes podían ingresar al trabajo, además el portón de entrada estaba custodiado por militares, por lo cual solicitó la intervención de la Dirección General del Trabajo y el Departamento de Conflictos Individuales, para celebrar la audiencia de conciliación sin que se hubiera logrado la conciliación; el demandante recalcó que la calificación de los contratos como de "naturales no permanente", son propios de fraude a los derechos del trabajador, conforme alos artículos 18, 47 párrafo último y 52 párrafo último del Código del Trabajo, del mismo modo expresó que además de solicitar el acuerdo de permanencia también exige el pago de los salarios dejados de percibir, pues tiene un hijo menor de edad, el cual depende económicamente de él. 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que se acepta en lo que se refiere a que se sostuvo una relación de prestación de servicios profesionales con el demandante, pero que la misma se regía bajo la modalidad de contrato profesional a término, con fecha de inicio y terminación, y una vez concluido finalizaba con ello el compromiso contraído por las partes, sin embargo si la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas aprobaba presupuesto para una nueva contratación existía la posibilidad de que se celebrara un nuevo contrato en vista que no existía plaza permanente para las funciones desempeñadas por el demandante, circunstancia por la cual no podía considerarse como empleado por tiempo indefinido, en obediencia al artículo 201 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, y lo que manda la Ley General de la Administración Pública y las Disposiciones Generales de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal del año 2016, artículo 3 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a La Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno de fecha 16 de diciembre de 2013, en el cual se reformó el artículo 124-C de la Ley General De Administración Pública, el artículo 2 de la Ley de Servicio Civil, lo que hace el reclamo improcedente debiendo acreditar en el momento oportuno lo referente al salario que aduce haber devengado en su última solicitud de salarios dejados de percibir, también señaló que el demandante pretende que se le otorgue un derecho subjetivo de forma irregular, omitiendo el procedimiento administrativo enmarcado en ley, quebrantando así los requisitos de ley establecidos para obtener la permanencia en la Administración Pública como ser artículo 2 y 11 de la Ley de Servicio Civil, ya que lo solicitado son beneficios que solamente son para el personal que ha cumplimentado los requisitos exigidos por las leyes administrativas, en cuanto a la solicitud de salarios dejados de percibir, indicó haberle cancelado la cantidad establecida en el contrato y con la cual se mostró satisfecho al momento de suscribir el mismo, no existiendo por lo tanto ninguna obligación ulterior de pago, el cual finalizó el 31 de diciembre del 2016, ya que le fue cancelada en su totalidad la cantidad establecida contractualmente, modalidad comprendida en la Normativa de la Ley General de la Administración Pública y las Disposiciones Generales para la Ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y de las Instituciones Descentralizadas y demás leyes administrativas atinentes, de igual forma expresó que no estaba facultado para comparecer a ningún tipo de conciliación por la naturaleza del Contrato a Término, en el que se acordó por las partes las condiciones bajo las cuales se regiría el mismo, no siendo por ende competencia de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social conocer dicha materia, equivocando la vía para ejercer su reclamo, debiéndose interponer ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo según la Cláusula décima quinta del contrato suscrito, el cual se aprobó en legal y debida forma, sin objeción alguna, por estar comprendido bajo el régimen de la Ley de Servicio Civil como ley especial en que están comprendidos este tipo de contrataciones, igual que en las Disposiciones Generales del Presupuesto de Egresos e Ingresos de la República. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 6 de noviembre del 2018, dictó sentencia declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por el señor Rigoberto Amado Oseguera Solano, contra el Estado de Honduras; CONDENÓ al demandado para que declare la relación de trabajo en forma permanente desde el inicio de la relación de trabajo el 01 de septiembre del 2010 al demandante; SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral en cuanto al pago de salarios dejados de percibir; ABOLVIÓ al demandado del pago de dicho concepto, SIN COSTAS. Bajo el criterio, que de las pruebas allegadas al juicio y los argumentos de ambas partes efectivamente se trataba de una relación laboral, en vista que en los contratos de trabajo se encuentran establecidos los 3 elementos del Contrato de Trabajo, aunado a que las labores realizadas en la institución son de naturaleza permanente, de igual forma el demandante firmó varios contratos de trabajo por tiempo determinado para realizar las mismas funciones de forma continua e ininterrumpida según con lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo, por lo que consideró que la relación de trabajo era de forma permanente, reconociéndole la permanencia desde el inicio de la relación de trabajo el 01 de septiembre del 2010; en cuanto al pago de salarios dejados de percibir, al tenor de lo que establece el artículo 129 de la Constitución de la República, se reconocen a título de indemnización de daños y perjuicios ya sea por el reclamo al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales o al reintegro al puesto de trabajo y en la presente demanda no consta que la pretensión esté orientada al reclamo de pago de prestaciones o al reintegro, por cuanto fue del convencimiento que no procede el reclamo de salarios dejados de percibir. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 2 de mayo del 2019, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas. Bajo el criterio que la relación laboral cumplía con los elementos necesarios para considerarla como tal, conforme a las disposiciones legales contenidas en los artículos 20, 47 y 52 párrafo segundo del Código del Trabajo, por lo que el Juzgador de primera instancia tuvo por bien hecho declarar la relación de trabajo en forma permanente desde el 1 de septiembre del 2010. Sobre la decisión unilateral de la demandada en dar por finalizada la relación laboral, en fecha 31 de diciembre del 2016, basándose en que había llegado la fecha de vencimiento del último contrato suscrito, sin que por tal motivo haya lugar a la terminación de la relación laboral, sin embargo, la parte demandante no hizo uso del derecho que le conceden los artículos 113 y 117 del Código del Trabajo, sobre emplazar a su patrono ante los Tribunales del Trabajo para que le pruebe la justa causa en que fundó el despido, caso contrario, el patrono deviene obligado a pagar las indemnizaciones laborales que le puedan corresponder al trabajador, o el reintegro a su puesto de trabajo, solamente así el trabajador tiene derecho a solicitar a título de daños y perjuicios los salarios que el trabajador habría percibido desde la terminación del contrato, hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva, restringiéndose el demandante a peticionar únicamente por esto último, cuando la condena de pago de los salarios dejados de percibir es a consecuencia del despido ilegal de que ha sido objeto el trabajador, sin que haya accionado ante la decisión unilateral de su empleador de poner fin a la relación contractual del trabajador. 5. Mediante auto de fecha 23 de octubre del 2019, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir los recursos de casación interpuestos por los Abogados HECTOR ALEXIS MARTÍNEZ VALERIANO, en su condición de representante procesal del señor RIGOBERTO AMADO OSEGUERA SOLANO y, ANGELA ROSIBEL MORENO VARELA, en condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a cada uno de los recurrentes por el plazo de veinte días para que formularan por escrito sus demandas de casación de la siguiente forma: a) a la apoderada demandante dicho termino le comenzará a contar a partir del día siguiente de la notificación de esta resolución y, b) al representante procesal de la parte demandada, a partir del día siguiente de la notificación de la resolución en que se tenga por devuelto el traslado anterior. 6. En fecha 6 de diciembre del 2019, el Abogado HECTOR ALEXIS MARTÍNEZ VALERIANO, compareció ante éste Tribunal, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 6 de enero del 2020, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, y en fecha 21 de febrero del 2020 la Abogada ANGELA ROSIBEL MORENO VARELA, compareció ante éste Tribunal formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 21 de febrero del 2020, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, omitiéndose el traslado, ordenándose dar copia a la parte contraria para la contestación en forma común, por el término de diez días, el cual surtirá efecto en la Secretaría, donde se mandarán los autos a su disposición; quienes hicieron uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 28 de abril del 2021,se tuvo por contestado el recurso de casación por parte del Abogado HECTOR ALEXIS MARTÍNEZ VALERIANO y en proveído de fecha 29 de abril del 2021, se tuvo por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada ANGELA ROSIBEL MORENO VARELA, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que el Abogado HECTOR ALEXIS MARTÍNEZ VALERIANO, en su condición de representante procesal del señor RIGOBERTO AMADO OSEGUERA SOLANO, en su primer y único motivo de casación expresa: “Acuso la Sentencia recurrida de ser violatoria de sustantiva y de orden pública por infracción indirecta a los artículos 129 párrafo dos de la Constitución de la República y 113 Código del Trabajo inciso b) ya que la Corte de Apelaciones del Trabajo no valoro los medios de pruebas documental público correspondiente al Acta de Cierre de las Diligencias Administrativas Gubernativas Conciliatorias por Decisión de las Partes que corre a folio 11 del expediente de mérito y la nota No. 1768-SE-2016, por la Abogada: Jenny Eunice Maldonado, corre agregado a folio 69 del expediente de mérito en ese momento Secretaria General por ley de la Secretaría de Educación, notificándole a mi representado la finalización laboral de su contrato que terminaba el 31 de diciembre del año 2016, sin invocar causal de lo establecido en el artículo 112 del Código del Trabajo; quedando acreditado su despido ilegal e injusto, violentándole todo los derecho de la estabilidad laboral. Tampoco el Tribunal Ad Quem no hizo la valoración jurídica correspondiente de estos medios de prueba mencionados, dando así una Sentencia Parcialmente a mi representado solo queriendo reconocerle la permanencia y no reconociéndole los sueldos dejados de percibir a título de daños y perjuicios y a las indemnizaciones legales convencionalmente que tiene derecho mi representado por ser un despido como vuelvo a repetir ilegal e injusto. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral 1 del Código del Trabajo el cual dice textualmente son causales de casación 1: ser la sentencia violatoria de ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea. Si la violación de la ley proviene de apreciación errónea o falta de apreciación de determinada prueba, es necesario que se alegue por el recurrente sobre este punto, demostrando haberse incurrido por el sentenciador de error de hecho o de derecho que aparezca de manifiesto en los autos. Solo habrá lugar a error de derecho en la casación de trabajo cuando haya dado por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la ley. Por exigir esta al efecto una determinada solemnidad para la validez del acto, pues por este caso no se debe admitir su prueba por otro y también cuando deja de apreciarse una prueba de esta naturaleza siendo el caso de hacerlo porque así mismo no se concibe como juzgar a mi representado dando una Sentencia Parcialmente, cuando las pruebas están en el expediente de mérito que existe un despido ilegal e injusto. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN LO EXPLICO ASÍ: EL Tribunal Ad Quem, no aplico el debido proceso en el presente caso dando a mi representado el señor: RIGOBERTO AMADO OSEGUERA SOLANO una sentencia parcialmente desfavorable. Si la ley es clara y precisa que cuando el patrono no demuestra la causal de lo establecido en el artículo 112 del Código del Trabajo y exista un despido injustificado este será condenado a pagar los salarios dejados de percibir a título de daño y perjuicios y a las indemnizaciones legales y convencionalmente prevista; o a que se le reintegre al trabajo con el reconocimiento de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, artículo 129 de la Constitución de la República de Honduras. Ya que en toda la pretensión de la demanda se solicita el reintegro con permanencia y los sueldos dejados de percibir a título de daños y perjuicios por ser un despido injustificado. La violación de la ley por la Corte de Apelaciones del Trabajo Proviene de la falta de apreciación de las pruebas mencionadas articulo 765 numeral 1 del Código del Trabajo.” III.- El cargo que antecede no resulta ser admisible, ya que el Impetrante incurre en los siguientes defectos técnicos:a) omite indicar las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las sustantivas; b) no es claro ni preciso en el señalamiento del precepto autorizante donde encuentra comprendido el motivo, dado que cita el artículo 765 numeral 1) del Código del Trabajo, pero transcribe los dos párrafos que contiene ese numeral, cuando cada uno de ellos contiene causales diferentes del recurso; y, c) tampoco indica si la infracción indirecta de la ley se deriva de error de hecho o de derecho. IV.- Que la Abogada ANGELA ROSIBEL MORENO VARELA, en condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, en su único motivo de casación sostiene: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de la Ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta de los artículos 19, 21, 26 y 46 inciso b) del Código de Trabajo, ya que la Corte de Apelaciones del Trabajo violentó la ley por falta de apreciación de lo expuesto en el medio de prueba documental público correspondientes a los Contratos de Servicios Profesionales que se encuentran en los Folios 86 al 147, de la pieza principal donde consta que la relación laboral del demandante es por tiempo determinado, pues en cada uno de los contratos se establece la fecha de inicio y la fecha de finalización.- Tampoco Honorables Magistrados, el Tribunal Ad Quem no hizo una valoración jurídica del Artículo 19 del Código de Trabajo en cual establece "Contrato individual de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a ejecutar una obra o a prestar sus servicios personales a otra persona natural o jurídica, bajo la continua dependencia o subordinación de esta y mediante una remuneración" que dicha definición está subordinada a lo establecido en el artículo 21 en que establece "se presume que toda relación de todo trabajo personal está regida por un contrato" el cual es violentado por el Tribunal Ad-Quen en virtud de darle una connotación diferente al concederle reintegro y permanencia así como salarios dejados de percibir a títulos de daños y perjuicios desde que se produjo el despido hasta que se haga efectivo el reintegro a su puesto de trabajo, así mismo la norma anterior se entrelaza con lo establecido en el artículo 26 el que establece "Que el contrato de trabajo obliga a lo expresamente pactado.....", artículo 46 inciso b) el que literalmente dice: "Contrato por tiempo limitado, cuando se especifica fecha para su terminación..." PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral 1° del Código del Trabajo: el cual textualmente dice: son causales de casación: 1°. Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea. Si la violación de la ley proviene de apreciación errónea o falta de apreciación de determinada prueba, es necesario que se alegue por el recurrente sobre este punto, demostrando haberse incurrido por el sentenciador en error de hecho o de derecho que aparezca de manifiesto en los autos. Solo habrá lugar a error de derecho en la casación de trabajo cuando se haya dado por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la ley. Por exigir esta al efecto una determinada solemnidad para la validez del acto, pues en este caso no se debe admitir su prueba por otro medio y también cuando deja de apreciarse una prueba de esta naturaleza, siendo el caso de hacerlo, porque así mismo no se concibe como juzgar a mi representada por contratar bajo una de las modalidades contempladas en la Ley nacional vigente. EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN LO EXPLICO ASÍ: El objeto de pedir concurre en lo que reclama, el reclamo lo constituye la permanencia es decir que se declare por tiempo indefinido la relación laboral originada por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos, por lo cual existe la identidad del objeto de pedir y la causa de pedir corresponde al hecho jurídico o material que sirve de fundamento al derecho reclamado y que en segunda instancia el acto jurídico y material que motiva el reclamo lo constituye la terminación contractual laboral con mi representada y siendo que en dichas relaciones contractuales mi representada no tiene obligación alguna de dar permanencia ya que su contratación están bajo lo que establece el artículo 46 inciso b) el que literalmente dice: "Contrato por tiempo limitado, cuando se especifica fecha para su terminación..." en el caso que nos ocupa no hay tal despido, en tal sentido el tribunal de segunda instancia no consideró que el Código de Trabajo señala los contratos a término como una de sus modalidades y establece que los mismos obliga a lo expresamente pactado. Además, el Código de Trabajo solo regula el capital-trabajo, no cuestiones de permanencia eso le corresponde al Juzgado de lo Contencioso Administrativo. La violación de la ley por la Corte de Apelaciones del Trabajo, proviene de la falta de apreciación de las pruebas antes mencionadas (Artículos 765 numeral 1° del Código del Trabajo).” V.- Que resulta ser inadmisible en el anterior cargo, ya que se incurre en los siguientes defectos técnicos: a) entre las disposiciones citadas como infringidas, los artículos 19, 21 y 46 inciso b) del Código de Trabajo, no ostentan el carácter de ser normas sustantivas, es decir, no establecen derechos y obligaciones recíprocos para las partes o que los extingan; b) omite indicar las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las sustantivas; c) no es claro ni preciso en el señalamiento del precepto autorizante donde encuentra comprendido el motivo, dado que cita el artículo 765 numeral 1) del Código del Trabajo, pero transcribe los dos párrafos que contiene ese numeral, cuando cada uno de ellos contiene causales diferentes del recurso; y, d) tampoco indica si la infracción indirecta de la ley se deriva de error de hecho o de derecho. VI.- Por las razones expuestas anteriormente, no procede la admisión de los recursos de casación formalizados por los Abogados HECTOR ALEXIS MARTÍNEZ VALERIANO, en su condición de representante procesal del señor RIGOBERTO AMADO OSEGUERA SOLANO, en su primer y único motivo y ANGELA ROSIBEL MORENO VARELA, en condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, en su único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación formalizado por el Abogado HECTOR ALEXIS MARTÍNEZ VALERIANO, en su condición de representante procesal del señor RIGOBERTO AMADO OSEGUERA SOLANO, en su primer y único motivo. 2) DECLARANDO NO HABER LUGAR al recurso formulado por la Abogada ANGELA ROSIBEL MORENO VARELA, en condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, en su único motivo. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los nueve días del mes de septiembre del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha veintidós de junio del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número CL353-19. Firma y sello.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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