Sentencia CL-320-19 — Registro 12741
Resumen
Segunda instancia confirmo con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, pago de salarios dejados de percibir y a título de daños y perjuicios, costas del juicio
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede ha sido formulado en forma defectuosa y por ello debe ser desestimado, ya que: a) omite indicar los preceptos legales sustantivos de orden nacional infringidos, como lo requiere el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código del Trabajo; b) no es preciso en el señalamiento del concepto de la infracción, ya que alude a todas las causales de la violación directa de la ley; c) el precepto autorizante no corresponde a la violación indirecta e incluye un apartado para prueba erróneamente apreciada, lo cual lo vuelve confuso y contradictorio; y, d) realiza alegatos propios de instancia."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..." Que para fines jurisprudenciales se debe recordar, que en el ámbito laboral existe limitación de la autonomía de la voluntad, ya que las normas de trabajo y seguridad social son de orden público y, por ello, aunque en la práctica las partes pueden pactar lo quieran, lo cierto es que dicho pacto será válido solamente si es respetuoso de la normativa laboral, esto en consonancia con los artículos 128 de la Constitución de la República (preámbulo) y 3 del Código del Trabajo, preceptos que le niegan eficacia a los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos laborales que tiene el trabajador; y que, en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que efectivamente sucede en el terreno de los hechos, ya que dicha divergencia así como puede proceder de un simple error involuntario, puede también estar inspirada intencionalmente para simular o esconder la verdad y eludir el cumplimiento de obligaciones legales u obtener un provecho ilícito. Debe, entonces, quedar claro que la existencia o no de una relación o un contrato de trabajo, su permanencia o temporalidad y demás cualidades dependen, no de lo que las partes previamente hubieren pactado por escrito o en forma verbal, o de si se esté o no en determinada partida presupuestaria, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre prestando sus servicios, pues siempre deben prevalecer los aspectos fáctico-sustanciales por sobre los jurídico-formales. (Ver sentencias de la Sala Laboral del 8 de octubre del 2013, expediente CL 232-12, del 21 de junio del 2016, expediente CL 112-15, del 3 de abril del 2018, expediente CL 102-17 y 4 de junio de 2019, expediente CL 660-17)"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 18 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 36 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 40 (Jerarquía Ordinaria)
- Constitución de la República, art. 128 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que también la Sala Constitucional de este Tribunal ha venido señalando el criterio que se comparte, sustentando en: “Que por disposición constitucional y en amplia jurisprudencia, este Tribunal Supremo ha determinado que independientemente de lo pactado en los llamados contratos de servicios profesionales o los de otra designación, serán nulos los actos, estipulaciones y convenciones que impliquen renuncia, disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos y garantías referentes al trabajo, reconocidas en la Constitución de la República[1]…Que en concordancia con lo anterior, la existencia de una relación de trabajo no depende de lo que las partes hubieren pactado, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre colocado, de modo que la aplicación del derecho del trabajo depende cada vez menos de una relación jurídica subjetiva, cuya existencia es independiente del acto que condiciona su nacimiento; por ello resulta erróneo pretender juzgar la naturaleza de esta relación, de acuerdo a lo que las partes hubieren pactado, ya que si las estipulaciones consignadas en el contrato no corresponden a la realidad, y además implican renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución y el Código del Trabajo le otorgan al trabajador, son nulas de pleno derecho.” (Sentencias dictadas por la Sala de lo Constitucional el 19 de octubre del 2016 en expedientes AL 726-15, AL 777-15 y AL 1134-15)."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 19 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 20 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintidós de abril de dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha once de enero del dos mil veintiuno, por el Abogado MELVIN JAVIER FLORES PINEDA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además es parte recurrida, la señora DINA MARICELA OLIVA MEJIA, representada en juicio por la Abogada DULCE MARIA ZAVALA MEJIA.OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, pago de salarios dejados de percibir y a título de daños y perjuicios, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha quince de diciembre del dos mil catorce, promovida por la señora DINA MARICELA OLIVA MEJIA, mayor de edad, Perito Mercantil y Contador Público, y de este domicilio, contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través de LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION, por actuaciones del INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, por medio de la Procuraduría General de la Republica. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha dos de mayo del dos mil diecinueve, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha veintiséis de septiembre del dos mil dieciocho, proferida por el Juzgado del Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: 1) DECLARA CON LUGAR DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES, DERECHOS ADQUIRIDOS, PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A TÍTULO DE DANOS Y PERJUICIOS, instaurada por la señora DINA MARICELA OLIVA MEJIA contra EL ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION, por actuaciones del INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION representado por la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, a través de la abogada LIDIA ESTELA CARDONA; 2) CONDENA: AL ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION, por actuaciones del INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION representado por la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, a través de la abogada LIDIA ESTELA CARDONA A PAGAR LA CANTIDAD DE SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS (L. 71,844.59); Desglosados en los conceptos de PREAVISO L.18,666.68 AUXILIO DE CESANTIA L.37,333.36 AUXILIO DE CESANTIA PROPORCIONAL L.2,280.44; VACACIONES PROPORCIONALES L.1,521.33; AGUINALDO PROPORCIONAL: L.6,621.42; DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL: L.2,621.37; VACACIONES PENDIENTES L.2,799.99; Más los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios desde la fecha del despido de cada uno de los demandantes hasta que adquiera el carácter de firme la presente sentencia condenatoria, los cuales quedan sujetos a la liquidación que se efectué en su momento oportuno;3) SIN COSTAS ”. ANTECEDENTES DE HECHO. 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que comenzó a laborar para la demandada el 01 de agosto de 2010 desempeñándose al momento del despido en el cargo de oficial de atención al ciudadano, devengando un salario mensual promedio de L.8,000.00; en fecha 28 de octubre de 2014, fue notificada de la terminación de su contrato de trabajo que a partir del 01 de noviembre del 2014 no sería renovado el mismo, causal no tipificada en el Código de Trabajo en su artículo 112; agotándose el trámite administrativo respectivo, sin llegar a ningún acuerdo conciliatorio. 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que nunca ha existido una relación de trabajo con la demandante, sino que se encontraba enmarcada en contratos de servicios profesionales a término, los cuales tenían una fecha de inicio y finalización, en ellos se estableció que para dirimir conflictos derivados de dichos contratos debía hacerse por la vía administrativa, es decir se rigen mediante el derecho administrativo vigente y lo expresamente pactado en los mismos. En consecuencia, de lo antes relacionado podemos afirmar que, llegada la fecha de finalización de los contratos, la obligación contractual finalizó. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de septiembre del dos mil dieciocho, dictó sentencia declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por la señora DINA MARICELA OLIVA MEJIA, contra EL ESTADO DE HONDURAS, sin costas; bajo el criterio que del análisis de los medios de prueba se pudo constatar que el Contrato de Servicios Profesionales, catalogado a tiempo determinado según cláusulas contractuales se desnaturalizó por la renovación de los mismos, lo que propició la continuidad laboral; asimismo tomando en cuenta que los contratos a término tienen carácter de excepción, habiendo la parte actora acreditado que la naturaleza de las funciones que realizaba son permanentes en la Dirección General de Migración ahora Instituto Nacional de Migración, con la renovación de los contratos por aproximadamente 4 años. Que la parte demandada no ha probado la naturaleza temporal de la contratación, pues como se observa al subsistir la causa del contrato, la parte demandada debió garantizar la estabilidad laboral de la demandante, lo que contrario sensun, decidió prescindir de los servicios bajo un fundamento legal que no puede estar por encima de las disposiciones de orden público del Código del Trabajo, en tal sentido al haberse comprobado fehacientemente la simulación contractual, bajo la forma de un contrato administrativo a tiempo determinado, escondiéndose bajo dicha figura una verdadera relación laboral por tiempo indefinido; es por ello que el acto de privar a la demandante de continuar ejerciendo la labor asignada es una terminación unilateral del contrato por el empleador sin causa justificada lo que violenta directamente el derecho a la defensa y a la estabilidad laboral, acarreando la obligación de satisfacer a la demandante los derechos consagrados en el Código de Trabajo y en la Constitución de la República. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha dos de mayo del dos mil diecinueve, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que con las pruebas allegadas al juicio, la demandante acreditó que fue contratada por tiempo determinado en el puesto de Oficial de Atención al Ciudadano, en el Instituto Nacional de Migración, sin embargo la relación laboral se desarrolló de forma continua e ininterrumpidamente mediante la suscripción de varios contratos de prestación de servicios profesionales, lo que acredita que la relación laboral dio inicio el 01 de septiembre del 2010 y concluyo el 31 de octubre 2014; habiéndose interrumpido la contratación de la demandante al vencimiento de la fecha establecida en su último contrato, mediante Memorándum DRH-298-2014 de fecha 28 de octubre del 2014, firmado por la Licenciada Martha Lastenia García, Encargada del Departamento de Recursos Humanos, en el cual se le comunica que a partir del 01 de Noviembre del 2014 su contrato de servicios personales no le será renovado. La relación contractual antes descrita, debe considerarse de trabajo, pues figuran los tres elementos esenciales de todo contrato de trabajo, como ser la actividad personal del trabajador, la continua subordinación del trabajador para con el patrono, en la realización de labores permanentes en la institución demandada, realizadas por la demandante de forma continua e ininterrumpida, y un salario como retribución del servicio prestado; cabe entonces al momento de apreciar los hechos a la luz de las normas laborales, y la prueba aportada al juicio, que tales contratos se consideran como celebrados por tiempo indefinido. 5.- Mediante auto de fecha diecinueve de septiembre del dos mil diecinueve, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada GLORIA YAMILETH MATAMOROS MOLINA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha once de enero del dos mil veintiuno, compareció ante éste Tribunal el Abogado MELVIN JAVIER FLORES PINEDA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha doce de enero del dos mil veintiuno, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha once de marzo del dos mil veintiuno, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte de la Abogada DULCE MARIA ZAVALA MEJIA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I.- El recurso de casación configura una acción de impugnación que a la vez sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del derecho y es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. En materia de trabajo, la censura puede ser dirigida contra un fallo que hace tránsito a cosa juzgada, dictado por un tribunal de apelación, alegándose violación de la ley o invocándose el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica, pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la normativa legal sustancial; por ello, la parte litigante que hace uso de esta vía procesal dispositiva y extraordinaria está obligada a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del debate procesal con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo primero se debe revisar si el libelo casacional llena todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales. II. Que el Abogado MELVIN JAVIER FLORES PINEDA, desarrolla el único motivo de casación de la siguiente forma: “Ser la Sentencia violatoria de la ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea. PRECEPTO AUTORIZANTE CON RESPECTO AL UNICO MOTIVO: Autoriza este motivo de casación el articulo 765 numeral uno párrafo segundo del Código del Trabajo. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN. La Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán Fallo en forma definitiva y unanimidad de votos la sentencia dictada en fecha dos (02) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), visibles a folio (11) al folio al trece (13) de la pieza Separada en su acápite Primero CONFIRMO en Todas y cada una de sus partes la sentencia dictada por cl Juzgado de Letras del Trabajo de este departamento de Francisco Morazán, de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), visibles a folio trecientos noventa y dos (392) al folio trecientos noventa y cinco (395) de la pieza principal de autos, lo cual es objeto de nuestro Recurso de Casación, en virtud Honorables Magistrados que el fallo recurrido de la Corte de Apelaciones del Trabajo contienen una mala aplicación de la ley, es decir, hay error en la aplicación de la norma de derecho, ya que la Relación laboral que existió entre la demandante y mi representado costaba sujeto a un Régimen de contrato de Servicios Profesiones por tiempo transitorio y determinado, por lo que no ameritaba expresar causa alguna pues además de haber concluido su contrato por haber llegado a su fecha de finalización ya establecida en la (Clausula Séptima, hace referencia que dicho contrato podrá rescindirse por Acuerdo entre ambas partes, además en la Sentencia definitiva de fecha, (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018) se denota el total desconocimiento de la Juez de primera instancia, al Ordenarle a la Secretaria de Estado en los Despachos de Gobernación y Descentralización, a través del Instituto Nacional de Migración al cumplimiento de una sentencia cuando esta última es ahora un ente Desconcentrado de dicha Secretaria de Estado. PRUEBA APRECIADA ERRONEAMENTE. La Prueba singularizada apreciada erróneamente por el tribunal de alzada al confirmar el fallo de primera instancia consiste en Documentos públicos. agregados al expediente de mérito. A consecuencia de ello el Juzgador no valorizo la actividad laboral per se, pues como se aprecia en cl Contrato de Servicios Profesionales en las Clausulas Cuarta. Séptima y Novena; en su orden resaltan y claramente dejan en evidencia que la demandante poseía una buena capacidad cognitiva de que no era una empleada permanente por ende no tenía derecho. a prestaciones ni derechos ulteriores a la finalización de los contratos, así mismo la fecha de terminación del contrato era algo ya establecido y aceptado por la hoy demandante y para concluir bajo cl régimen de contratación que estaba sometida y las leyes que regían sus contratos; quedo demostrado que por parte del Instituto se cumplió para con la demandante con todo lo pactado en virtud de una Contratación de Servicios Profesionales y por lo tanto la causa de No renovarle su contrato es legal y debe declararse sin lugar el pago de prestaciones sociales, a título de daños y perjuicios salarios dejados de percibir. Por otra parte, en los Considerando tres. cuatro cinco y seis del Fallo de la Corte de Apelaciones del Trabajo en su orden establece que las labores para las cuales fue contratada son de naturaleza permanente: y que Corresponde al Derecho Laboral conocer esta causa, asimismo que se ha violentado el principio de estabilidad laboral, que el despido sin causa es ilegal e injusto; que se pretendió simular la contratación en base a los principios del Derecho Laboral de esta forma determino declarar con lugar la demanda incoada, condenando a los derechos que le asisten a la demandante por no haberse acreditado que el despido fue injustificado, sin apreciar el A-quo, y el Ad quem, que previo a la fecha de dictar sentencia, estaba ya vigente el DECRETO EJECUTIVO PCM 031-2014 PUBLICADO EN LA GACETA NO.33.,468 DE FECHA 02 DE JULIO DEL 2014 que contiene la ley de creación del INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION; decreto que en su artículo I atribuyen la creación del instituto Nacional de Migración es un ente desconcentrado de la Secretaria de Derechos Humanos, Justicia, Cooperación y Descentralización, con personalidad jurídica propia, independencia administrativa, funcional, limitando entonces el cumplimiento de condena a prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, por tanto, consideramos que hay una falta de estudio por parte del A-quo y del Ad quen, en vista que el reclamante presto sus servicios para la extinta Dirección General de Migración y Extranjería. institución que era parte de la Secretaria de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización. Considerando que con fundamento en el artículo 208 en relación al artículo 205 numeral 2 del Código Procesal Civil la sentencia debe ser congruente con las pretensiones de las partes deducidas y sustanciadas en el proceso, caso contrario nos encontraríamos entonces frente a una situación injusta y con parcialidad, debido a que el sentenciador favorece el derecho subjetivo reclamado por la parte actora sin sustento jurídico, decisión que debió tomar el Juzgador atendiendo a criterios objetivos de justicia que no conlleva la falta de neutralidad de injusticia en el modo de proceder o juzgar con tratos diferenciados por razones inapropiados, sin influencias, ni perjuicios, decisión que debería superar el ejercicio de la facultad, llevarla más allá de donde la ejercito el A quo" y esto no lo está permitiendo, ni tampoco agravaría en vigencia del principio procesal de la no reformatio in pejus, garantía constitucional que hace parte del derecho fundamental al debido proceso. Por lo anteriormente expuesto, CASAR la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial de fecha dos (02) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), que conociendo vía Recurso de apelación confirmó la sentencia definitiva de Primera Instancia dictada en fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018) por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES.- A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR Promovida por la señora, DINA MARICELA OLIVA MEJIA. en contra de mi representado el Estado de Honduras”. III.- Que el cargo que antecede ha sido formulado en forma defectuosa y por ello debe ser desestimado, ya que: a) omite indicar los preceptos legales sustantivos de orden nacional infringidos, como lo requiere el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código del Trabajo; b) no es preciso en el señalamiento del concepto de la infracción, ya que alude a todas las causales de la violación directa de la ley; c) el precepto autorizante no corresponde a la violación indirecta e incluye un apartado para prueba erróneamente apreciada, lo cual lo vuelve confuso y contradictorio; y, d) realiza alegatos propios de instancia. IV.- Que para fines jurisprudenciales se debe recordar, que en el ámbito laboral existe limitación de la autonomía de la voluntad, ya que las normas de trabajo y seguridad social son de orden público y, por ello, aunque en la práctica las partes pueden pactar lo quieran, lo cierto es que dicho pacto será válido solamente si es respetuoso de la normativa laboral, esto en consonancia con los artículos 128 de la Constitución de la República (preámbulo) y 3 del Código del Trabajo, preceptos que le niegan eficacia a los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos laborales que tiene el trabajador; y que, en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que efectivamente sucede en el terreno de los hechos, ya que dicha divergencia así como puede proceder de un simple error involuntario, puede también estar inspirada intencionalmente para simular o esconder la verdad y eludir el cumplimiento de obligaciones legales u obtener un provecho ilícito. Debe, entonces, quedar claro que la existencia o no de una relación o un contrato de trabajo, su permanencia o temporalidad y demás cualidades dependen, no de lo que las partes previamente hubieren pactado por escrito o en forma verbal, o de si se esté o no en determinada partida presupuestaria, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre prestando sus servicios, pues siempre deben prevalecer los aspectos fáctico-sustanciales por sobre los jurídico-formales. (Ver sentencias de la Sala Laboral del 8 de octubre del 2013, expediente CL 232-12, del 21 de junio del 2016, expediente CL 112-15, del 3 de abril del 2018, expediente CL 102-17 y 4 de junio de 2019, expediente CL 660-17). V.- Que también la Sala Constitucional de este Tribunal ha venido señalando el criterio que se comparte, sustentando en: “Que por disposición constitucional y en amplia jurisprudencia, este Tribunal Supremo ha determinado que independientemente de lo pactado en los llamados contratos de servicios profesionales o los de otra designación, serán nulos los actos, estipulaciones y convenciones que impliquen renuncia, disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos y garantías referentes al trabajo, reconocidas en la Constitución de la República[1]…Que en concordancia con lo anterior, la existencia de una relación de trabajo no depende de lo que las partes hubieren pactado, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre colocado, de modo que la aplicación del derecho del trabajo depende cada vez menos de una relación jurídica subjetiva, cuya existencia es independiente del acto que condiciona su nacimiento; por ello resulta erróneo pretender juzgar la aturaleza de esta relación, de acuerdo a lo que las partes hubieren pactado, ya que si las estipulaciones consignadas en el contrato no corresponden a la realidad, y además implican renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución y el Código del Trabajo le otorgan al trabajador, son nulas de pleno derecho.” (Sentencias dictadas por la Sala de lo Constitucional el 19 de octubre del 2016 en expedientes AL 726-15, AL 777-15 y AL 1134-15). VI.- Que por las razones que anteceden, procede desestimar la pretensión que encierra el único motivo de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 127, 128, 129, 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3, 8, 18, 19, 20, 21, 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los veintiocho días del mes de julio del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha veintidós de abril del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número CL320-19. Firma y sello.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
[1] Artículo 128 Constitucional