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Sentencia CL-31-20 — Registro 13721

Resumen

En primera instancia se interpuso demanda ordinaria laboral para que se reconozca la validez y eficacia jurídica del artículo 21 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores Sociales (ETS), en relación al costo de vida y el índice inflacionario anual correspondiente al IPC y en aplicación de dicho artículo se ordene: el pago retroactivo de los salarios devengados en los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014; reajuste del pago de vacaciones, decimotercer y decimocuarto. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones que falló revocando en su parte conducente dice: “declarar con lugar parcialmente el recurso de apelación y revoca en cuanto a lo que declara con lugar la demanda y condena al demandado el estado en cuanto al pago reajuste de acuerdo al índice inflacionario correspondiente a los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 y condena al pago de la cantidad de cuatro millones cuatrocientos veinte y nueve mil novecientos treinta y un lempiras con cincuenta y ocho centavos (l.4.429.931.58) y desglosado en la forma que consta en autos en su parte resolutiva y en los valores que corresponde a cada uno de los demandantes y por los conceptos establecidos por el tribunal de primera instancia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela judicial efectiva de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial"...

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Jerarquía: Reiterativa

..." Que, revisada la sentencia definitiva pronunciada por la Corte de Apelaciones recurrida, se aprecia que en la misma se violenta el debido proceso al no resolver el asunto conforme su deber de congruencia y con base a los principios generales del derecho del trabajo, afectando la tutela judicial efectiva a que toda persona tiene derecho.- IX.- La Corte recurrida revoca el fallo de primera instancia, por lo que declara sin lugar la demanda contra el Estado de Honduras, que es el demandado solidario en el juicio, pero omitiendo pronunciarse con relación al demandado principal, el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA), aduciendo que dicha institución estatal fue intervenida y suprimida mediante el Decreto PCM-026-2014 del 4 de junio de 2014, traspasando sus bienes y presupuesto asignado a la Secretaria de Finanzas.- X.- El Ad quem, por un lado, no resuelve todos los puntos o extremos en litigio sometidos a su decisión, al no indicar si declaraba con o sin lugar la demanda, por ende si absolvía o condenaba al IHNFA, no tomando en consideración que lo reclamado en el proceso se deriva de situaciones jurídicas acaecidas durante la existencia de dicha institución y por reclamos formulados antes de la terminación de los contratos de trabajo que vinculara a los demandantes, por salarios y otros derechos laborales solicitados de los años 2010 al 2014; por otro, que en el referido Decreto PCM-026-2014 del 4 de junio de 2014, visible a folios 110 al 117 de la primera pieza, en los artículos 7 y 8 claramente se dispone que se procederá a la terminación de todos los contratos de trabajo vigentes, con el reconocimiento a favor de los trabajadores de las prestaciones e indemnizaciones laborales a que hubiere lugar en derecho y que la Secretaría de Finanzas garantizará la provisión oportuna de los recursos presupuestarios que se requieren para pagar el pasivo laboral del IHNFA.- "...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."No se debe olvidar que el derecho al trabajo es un derecho humano, tal como lo ha reconocido la Sala de lo Constitucional de este Poder del Estado, en reiteradas sentencias dictadas en amparo, criterio que se acoge y donde se establece: “Que el derecho al trabajo es el derecho fundamental humano por el que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección del mismo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, sin discriminación, con igualdad salarial, remuneración digna, protección social y derecho de sindicalización. El derecho al trabajo se reconoce en las normas fundamentales de derechos humanos como son la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales así como en textos internacionales como la Carta social europea, el Protocolo de San Salvador, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y en textos nacionales como son las Constituciones de numerosos países…Que los principios generales del derecho, constituyen, los principios superiores de justicia radicados fuera del derecho positivo y a los cuales éste trata de darles encarnación en una circunstancia histórica concreta determinada. En el derecho laboral, existen principios que lo diferencian de otras materias, ya que los mismos buscan proteger al más débil económicamente, como es el caso del trabajador. Esta protección se materializa cuando las leyes nacionales se aplican correctamente a cada caso.” (Ver sentencias dictadas por la referida Sala, en los expedientes AL 221-15, AL 447-15, AL 459-15, AL 676-15, AL 663-15 y AL 958-15).- "...

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 23 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código del Trabajo, art. 18 (Jerarquía Ordinaria)
  • Constitución de la República, art. 127 (Rango Constitucional)

Jerarquía: Reiterativa

...".- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.-"...

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION.- El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., trece de diciembre de dos mil veintiuno.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 11 de agosto del 2021, por la Abogada LIANA RODRÍGUEZ VALLADARES, en su condición de representante procesal de los señores JOSÉ JUAN ÁNGEL AGUILAR BANEGAS, FRANCIS MARÍA MENDOZA DÍAZ, ALMA ISABEL SOSA y otros, como recurrente; además, es parte recurrida, el ESTADO DE HONDURAS, a través de la Comisión Liquidadora del INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (IHNFA), representado en juicio por la Abogada BLANCA LIDIA PONCE RAMOS. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para que se reconozca la validez y eficacia jurídica del artículo 21 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores Sociales (ETS), en relación al costo de vida y el índice inflacionario anual correspondiente al IPC y en aplicación de dicho artículo se ordene: el pago retroactivo de los salarios devengados en los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014; reajuste del pago de vacaciones, decimotercer y decimocuarto correspondientes a dichos años, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 05 de enero del 2015, por la Abogada LIANA RODRÍGUEZ VALLADARES, en su condición de representante procesal de los señores 1) JOSÉ JUAN ÁNGEL AGUILAR BANEGAS; 2) FRANCIS MARÍA MENDOZA DÍAZ; 3) ALMA ISABEL SOSA; 4) JACQUELINE IVETTE MIDENCE RODAS; 5) RITA MARÍA ESPINOZA SALINAS; 6) ANA ARACELY ESTRADA REYES; 7) GLORIA MARIA SALINAS ÁVILA; 8) SANDRA MARENA RIVERA MARTÍNEZ; 9) ADRIANA GUEVARA OSORIO; 10) MARÍA EVANGELINA SÁNCHEZ SIERRA; 11) GRISELDA PATRICIA ROQUE ROJAS; 12) NORMA LIZZETTE GUTIÉRREZ FONSECA; 13) ARACELY MALDONADO ESPINOZA; 14) JOSÉ RAMÓN LUNA SALAS; 15) IGNE ESPERANZA VEGA ALVARADO; 16) MARÍA ELIZABETH HERRERA AGUIRRE; 17) CLAUDIA ISABEL GALEAS RODRÍGUEZ; 18) OLGA MARINA URQUÍA DÍAZ; 19) ROSARIO ARAGÓN MARTÍNEZ, y 20) SOMAY JAMILETH PERALTA DÁVILA, todos mayores de edad, Trabajadores Sociales, hondureños y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio del Procurador General de la República, en ese entonces Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA y del INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (IHNFA), ahora DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF). El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 08 de octubre del 2019, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló REVOCANDO la sentencia de fecha 13 de septiembre del 2018, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que en su parte conducente dice: “FALLA: I.- Declarar CON LUGAR PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto por la Abogada BLANCA LIDIA PONCE RAMOS, actuando en su condición de Representante Procesal de la parte demandada-apelante.- II. REVOCAR EN CUANTO a lo que declara con lugar la demanda y condena al demandado el ESTADO DE HONDURAS a través de su Representante Legal Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en cuanto al pago reajuste de acuerdo al índice inflacionario correspondiente a los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 y condena al pago de la cantidad de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS (L.4.429.931.58) y desglosado en la forma que consta en autos en su parte resolutiva y en los valores que corresponde a cada uno de los demandantes y por los conceptos establecidos por el tribunal de primera instancia, III.- DECLARAR SIN LUGAR LA Demanda Ordinaria Laboral promovida por la Abogada LIANA RODRÍGUEZ VALLADARES, en su condición de Apoderada Legal de los señores JOSÉ JUAN ÁNGEL AGUILAR BANEGAS, FRANCIS MARIA MENDOZA DIAZ, ALMA ISABEL SOSA, JACQUELINE IVETTE MIDENCE RODAS, RITA MARIA ESPINOZA SALINAS, ANA ARACELY ESTRADA REYES, GLORIA M MARIA SALINAS ÁVILA, SANDRA MARENA RIVERA MARTÍNEZ, ADRIANA GUEVARA OSORIO, MARIA EVANGELINA SÁNCHEZ SIERRA, GRISELDA PATRICIA ROQUE ROJAS, NORMA LIZZETTE GUTIÉRREZ FONSECA, ARACELY MALDONADO ESPINOZA, JOSÉ RAMON LUNA SALAS, IGNE ESPERANZA VEGA ALVARADO, MARIA ELIZABETH HERRERA AGUIRRE, CLAUDIA ISABEL GALEAS RODRÍGUEZ, OLGA MARINA URQUÍA DIAZ, ROSARIO ARAGÓN MARTÍNEZ y SOMAY JAMILETH PERALTA DÁVILA.- IV.- ABSUELVE al ESTADO DE HONDURAS, a través de su Representante Legal, el Señor Procurador General de la República, ABRAHAM ALVARENGA URBINA, para que se les reconozca la validez y eficacia jurídica del Artículo 21 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores Sociales, etc. En relación al costo de vida y el índice inflacionario anual correspondiente al IPC y en aplicación de dicho Artículo se ordene: A) El pago retroactivo de los salarios devengados en los años, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, B) El reajuste del pago de vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto correspondientes a dichos años, dictados en la sentencia definitiva por el Juzgado de Letras del Trabajo de este departamento de Francisco Morazán, de fecha 13 de Septiembre del año dos mil dieciocho, que corre a folios del 117 al 121 de la primera pieza de autos así: V.- CONFIRMAR el romano III donde se declara SIN LUGAR las Excepción Perentoria de Prescripción opuesta por el apoderado demandado apelante, y el romano IV.- Donde declara SIN COSTAS.- VI.- SIN COSTAS en esta instancia…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Las partes demandantes expresaron en el escrito de su acción que iniciaron su relación laboral con el IHNFA, como Trabajadores Sociales, de la forma siguiente: José Juan Ángel Aguilar Banegas, el 15 de enero del 2001 y finalizó el 04 de diciembre del 2014; Francis Maria Mendoza Diaz, el 03 de febrero de 1997 y finalizó el 15 de octubre del 2014; ALMA ISABEL SOSA, el 02 de octubre de 1998 y finalizó el 30 de noviembre del 2014; Jacqueline Ivette Midence Rodas, el 11 de enero del 2010 y finalizó el 04 de diciembre del 2014; Rita Maria Espinoza Salinas, el 24 de diciembre de 1986 y finalizó su relación laboral el 11 de noviembre del 2014; Ana Aracely Estrada Reyes, el 25 de abril del 2001 y finalizó el 25 de noviembre de 2014; Gloria Maria Salinas Ávila, el 15 de mayo de 1997, y finalizó el 17 de noviembre del 2014; Sandra Marena Rivera Martínez, el 01 de septiembre de 1988y finalizó el 12 de noviembre de 2014; Adriana Guevara Osorio, el 17 de septiembre del 2002y finalizó el 17 de noviembre del 2014; Maria Evangelina Sánchez Sierra, el 01 de agosto de 1990y finalizó el 04 de diciembre del 2014; Griselda Patricia Roque Rojas, el 02 de diciembre del

2002, finalizando su relación laboral el 30 de noviembre de 2014; Norma Lizzette Gutiérrez Fonseca, el 03 de junio de 1991y finalizó el 30 de noviembre de 2014; Aracely Maldonado Espinoza, el 23 de noviembre de 2005y finalizó el 28 de noviembre del 2014; José Ramon Luna Salas, el 13 de septiembre del 2005y finalizó el 26 de noviembre de 2014; Igne Esperanza Vega Alvarado, el 20 de marzo del 2005y finalizó el 04 de diciembre de 2014; Maria Elizabeth Herrera Aguirre, el 13 de septiembre de 1995y finalizó el 30 de noviembre del 2014; Claudia Isabel Gáleas Rodríguez, el 01 de abril de 1993y finalizó el 17 de noviembre del 2014; Olga Marina Urquía Diaz, el 08 de enero de 1996y finalizó el 10 de octubre del 2014; Rosario Aragón Martínez, el 01 de febrero de 1991y finalizó el 16 de octubre de 2014; y Somay Jamileth Peralta Dávila, el 02 de julio de 1990y finalizó el 12 de septiembre de 2014; y que pese a que estaban pendientes sus reclamos de reajuste de salario, todo fueron despedidos en virtud del Decreto Ejecutivo PCM-26-2014 del 06 de junio del 2014 que suprimió al IHNFA; que el artículo 21 de la Ley del Estatuto del Trabajador Social, estipula que: “Cada año las instituciones públicas como privadas, tendrán que evaluar y ajustar los niveles salariales del Trabajador Social, fundamentando en el costo de vida y el índice inflacionario anual. En el caso de la devaluación de la moneda en una relación igual o mayor al diez por ciento (10%), los salarios deberán ser ajustados de inmediato, tomándose como base el índice inflacionario que resulte.”; que este derecho fue reconocido, respetado, se otorgó y pagó hasta el año 2010; en fechas 15 de febrero, 22 de junio y 04 de noviembre todas de 2010, 11 de marzo de 2013, 23 de mayo, 23 y 25 de noviembre de 2012, 20 de febrero y 19 de marzo de 2013; y 19 de marzo, 10 y 13 de junio de 2014 los demandantes enviaron solicitudes para que se les hiciera efectivo el pago del ajuste por costo de vida, pero el mismo no se les hizo efectivo y que enviaron notas para que les realizaran el trámite del ajuste; que mediante nota de fecha 04 de junio de 2012, el Director Ejecutivo del IHNFA envió circular DE-028-2012, a los Licenciados en Trabajo Social donde les informó que no aplicarían al IPC conforme al ETS por no contar con el presupuesto, y sobre todo porque la Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas mediante Circular DGID-002-2012 de 04 de mayo del 2012 instruyo que las Instituciones Descentralizadas no contrajesen compromiso alguno respecto a mejoras salariales, derivados de negociación de contratos colectivos y otro beneficios de naturaleza económica; por lo que alegaron que el ajuste salarial que solicitaron era por ley y no por una negociación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 que continuaba teniendo validez y eficacia jurídica al no haber sido derogado, y por ende subsistía la obligación de que se les pague lo relativo al ajuste salarial de los años 2010 al 2014; igualmente argumentaron que en las notas de fechas 27 de noviembre de 2012 y 12 de junio de 2014, el Gerente de Recursos Humanos del IHNFA respondió a las solicitudes de ajustes por el IPC que por razones presupuestarias no fue posible y que había que esperar el próximo año que les amplíen el presupuesto para cumplirles con todas las obligaciones y les solicitó un compás de espera; manifestaron que con lo expresado el IHNFA reconoció las obligaciones que tenía con los demandantes; por lo que los demandantes con el ánimo de llegar a un arreglo conciliatorio acudieron ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, siendo imposible el mismo se dio por agotada la vía administrativa.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS,contestó dicha demanda aceptando que los demandantes sostuvieron una relación contractual con el Estado de Honduras, a través del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA),y que en virtud del Decreto Ejecutivo PCM-26-2014 de fecha 4 de junio del 2012, emitido por el Señor Presidente de la República en Consejo de Ministros, y publicado en el Diario Oficial "La Gaceta" No. 33,446 de fecha 06 de junio de 2014, finalizó la relación laboral a efecto que el decreto en su artículo 1 establece que: "suprimir el INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (IHNFA), creado mediante Decreto Legislativo No. 199-1997 de fecha 29 de enero de 1998"; también aceptó parcialmente únicamente en la suscripción de la nota de fecha 4 de junio 2012 suscrita por el Director Ejecutivo del IHNFA en ese momento, a efecto de ser de su conocimiento a los Licenciados en Trabajo Social la Circular DE-0028-2012, en la cual se les informó que no se aplicará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) conforme al Estatuto de Trabajadores Sociales (ETS), por no contar con presupuesto sustentando en la circular DGID-002-2012 de fecha 14 de mayo de 2012 girado por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas por lo que instruyó que “las Instituciones Descentralizadas no contrajesen compromiso alguno respecto a mejoras salariales derivadas de negociación de contratos colectivos y otros beneficios de naturaleza económica, si la institución no cuenta con la capacidad financiera, por razones presupuestarias y que no había sido posible, sin embargo que esperaran que el próximo año les ampliaran el presupuesto para cumplir con esa y otras obligaciones y les solicitó hacer un compás de espera, que pase ese proceso de transición de la Institución de su conocimiento..."; pero rechazó en cuanto a lo argumentado por las partes actoras donde aducen: "Pese a encontrarse pendiente sus reclamos de reajuste salarial, todos fueron despedidos", no se refirieron a qué tipo de reclamos y ante que autoridad competente interpusieron sus reclamos y en qué estado se encontraban; la decisión de suprimir esa institución, no se objeta por el simple hecho de estar pendiente un reclamo, y que tales argumentos expresados por los demandantes carecen de validez jurídica, ya que a este momento el reclamo planteado estaría fuera de tiempo; y rechazó lo referente a lo manifestado por los demandantes de que el ajuste salarial solicitado no se derivaba de una negociación sino de una ley, y reiteró que no se objeta la normativa del artículo 21 del ETS ni su validez y eficacia jurídica pero el cumplimiento de esa norma estaba íntimamente ligada a la capacidad financiera y autorización de la Secretaría de Finanzas que regula el Presupuesto de las Instituciones del Estado; y que la exigencia de pagar los ajustes de los años 2010 a 2014 conforme al artículo 867 del Código del Trabajo ha prescrito en virtud que esa norma establecía: "todos los derechos y acciones provenientes de este código reglamentos demás leyes de trabajo o previsión social que no se originen directamente en contratos de trabajo prescriben en el término de 2 meses; plazo que corre para patronos y trabajadores desde el acaecimiento del hecho respectivo, salvo para éstos últimos cuando hubieren estado imposibilitados de reclamar sus derechos o de ejercitar las acciones correspondientes, extremo que debe probarse en juicio", lo que no es el caso de las partes actoras de esta demanda puesto que ellos reclamaron su derecho y ejercitaron acciones ante sede administrativa, y que en ningún momento presentaron reclamo ante autoridad competente; asimismo volvió a recalcar que no se objetaba la normativa del artículo 21 de la Ley Estatuto de los Trabajadores Sociales (ETS), donde establece que "cada año la empresa privada y pública tendrá que evaluar y ajustar los salarios de los trabajadores sociales fundamentado en el costo de vida y el índice inflacionario anual... ", y sin embargo no es el objeto del debate, y que la validez de ese Estatuto para darle cumplimiento a la norma requería también las disposiciones de otras leyes como ser la Ley Orgánica de Presupuesto, disposiciones generales de presupuesto de Ingresos y Egresos de la República para el ejercicio del año fiscal vigente y de otros decretos que racionalizan el gasto público, es decir que no es permitido de manera antojadiza aplicar el texto legal de un artículo que lleve aparejado la asignación presupuestaria para ser aplicada; y que en ese orden de ideas el reclamo de un reajuste salarial en este momento se presumiría de extemporáneo, ya que la institución regida mediante la Ley del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA), creada mediante Decreto Legislativo No. 199-1997, de fecha 29 de enero de 1998 fue derogada mediante Decreto Ejecutivo PCM-26-2014; por lo que el reclamo no es procedente porque ya no existe la Institución a quien se le podría reclamar dichos derechos subjetivos, por lo cual el demandado no estaba obligado a cumplir exigencias, porque las pretensiones carecían de tutela jurídica y pretextos legales para demandar; además los demandantes no especificaron el "derecho que les fue reconocido, respetado, otorgado y pagado hasta el año 2010", información que además de no ser objeto de la demanda carece de los elementos necesarios para instituir un debate, y que la institución durante su funcionamiento, siempre respetó todas las leyes y reglamentos emitidos en el país, así mismo como las disposiciones generales del presupuesto de la República, y que a ese efecto además de no asistirles el derecho que reclaman, la cantidad que exigen, atenta contra las disposiciones presupuestarias establecidas en la Constitución de la República, misma que prohíbe realizar compromisos o efectuar pago alguno fuera de las asignaciones dotadas en el presupuesto o en contravención con las normas presupuestarias en concordancia a lo establecido en el Artículo 321 de la Constitución de la República que dispone: "Los servidores del estado no tienen facultades más que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad"; por ende, no se pueden reconocer derechos que no le corresponden; y que además no procedía llevar a cabo ninguna conciliación a través de la Comisión Liquidadora del Instituto Hondureño de la Niñez y de la Familia (IHNFA), y tampoco estaba obligada para aceptar obligaciones de derechos subjetivos inexistentes; igualmente en audiencia primera de trámite, el demandado interpuso la Excepción Perentoria de Prescripción.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 13 de septiembre del 2018, dictó sentencia que en su parte conducente dice: “FALLA: I) Declarar CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por la Abogado LIANA RODRÍGUEZ VALLADARES, en su condición de Apoderada Legal de JOSÉ JUAN ÁNGEL AGUILAR BANEGAS, FRANCIS MARIA MENDOZA DIAZ, ALMA ISABEL SOSA, JACQUELINE IVETTE MIDENCE RODAS, RITA MARIA ESPINOZA SALINAS, ANA ARACELY ESTRADA REYES, GLORIA MARIA SALINAS ÁVILA, SANDRA MARENA RIVERA MARTÍNEZ, ADRIANA GUEVARA OSORIO, MARIA EVANGELINA SÁNCHEZ SIERRA, GRISELDA PATRICIA ROQUE ROJAS, NORMA LIZZETTE GUTIÉRREZ FONSECA, ARACELY MALDONADO ESPINOZA, JOSÉ RAMON LUNA SALAS, IGNE ESPERANZA VEGA ALVARADO, MARIA ELIZABETH HERRERA AGUIRRE, CLAUDIA ISABEL GÁLEAS RODRÍGUEZ, OLGA MARINA URQUÍA DIAZ, ROSARIO ARAGÓN MARTÍNEZ y SOMAY JAMILETH PERALTA DÁVILA, contra el ESTADO DE HONDURAS a través de su Representante Legal Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en cuanto al pago reajuste de acuerdo al índice inflacionario correspondiente a los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014; en consecuencia, II) CONDENA al DEMANDADO el ESTADO DE HONDURAS a través de su Representante Legal Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, a pagar a la cantidad de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL LEMPIRAS CON CINCUENTA Y COHO CENTAVOS, en concepto de pago de reajuste de acuerdo al índice inflacionario correspondiente a los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 desglosados de la siguiente forma: para 1) JOSÉ JUAN ÁNGEL AGUILAR BANEGAS la cantidad de L.190,907.94 por los conceptos siguientes: para el año 2010 el 5.47 % ajuste de salario L.9.627.00, décimo tercer mes L.802.25, décimo cuarto mes L.401.12 y vacaciones L.989.44, un sub total de L. 11,819.76; para el año 2011 el 4.72% ajuste de salario L. 18,388.44, décimo tercer mes L. 1,532.37, décimo cuarto mes L. 1,167.30 y vacaciones L.1,889.92 un subtotal de L .22,978.06; para el año 2012 el 6.76% ajuste de salario L.31,528.80, décimo tercer mes L.2,627.40, décimo cuarto mes L. 2,079.88 y vacaciones L.3,240.46 un sub total de L.39,476.53; para el año 2013 el 5.19% ajuste de salario L.42,299.40, décimo tercer mes L.3,524.94, décimo cuarto mes L.3,076.17 y vacaciones L.4,347.43, un subtotal de L.53,247.85; para el año 2014 el 5.18% ajuste de salario L.49,735.38, décimo tercer mes L.4,144.67, décimo cuarto mes L.3,996.09 y vacaciones L.5,509.60 para un sub total L.63,385.74; 2) Para FRANCIS MARIA MENDOZA DIAZ, la cantidad de L.217,163.90 por los conceptos siguientes: para el año 2010 el 5.47 % ajuste de salario L. 11,431.92, décimo tercer mes L.952.66, décimo cuarto mes L.476.32 y vacaciones L.1,174.94, un subtotal de L.14,035.84; para el año 2011 el 4.72% ajuste de salario L.21,835.92, décimo tercer mes L.1,819.67, décimo cuarto mes L.1,386.16 y vacaciones L.2,244.25, un subtotal de L.27,286.00; para el año 2012 el 6.76% ajuste de salario L.37,439.88, décimo tercer mes L.3,119.99, décimo cuarto mes L.2,469.82 y vacaciones L.3,847.99, un subtotal de L.46,877.70; para el año 2013 el 5.19% ajuste de salario

L.50,229.72, décimo tercer mes L.4,185.81, décimo cuarto mes L. 3,652.89 y vacaciones L.5,162.50, un subtotal de L.63,230.90; para el año 2014 el 5.18% ajuste de salario L.50,218.59, décimo tercer mes L.4,227.01, décimo cuarto mes L.4,745.29 y vacaciones L.6,542.57, un subtotal de L.65,733.46; 3) para ALMA ISABEL SOSA, la cantidad de L.322,435.80 por los conceptos siguientes: para el año 2010 el 5.47% ajuste de salario L.16,296.60, décimo tercer mes L. 1,358.05, décimo cuarto mes L.679.02 y vacaciones L.1,674.93, un subtotal de L.20,008.60; para el año 2011 el 4.72% ajuste de salario L.31,128.00, décimo tercer mes L.2,594.00, décimo cuarto mes L. 1,976.02 y vacaciones L.3,199.27, un subtotal de L.38,897.29; para el año 2012 el 6.76% ajuste de salario L.53,372.16, décimo tercer mes L.4,447.68, décimo cuarto mes L.3,520.84 y vacaciones L.5,485.47, un subtotal de L.66,826.15; para el año 2013 el 5.19% ajuste de salario L.71,604.60, décimo tercer mes L.5,967.05, décimo cuarto mes L.5,207.36 y vacaciones L.7,359.36, un subtotal de L.90,138.37; para el año 2014 el 5.18% ajuste de salario L.82,932.13, décimo tercer mes L.7,541.93, décimo cuarto mes L.6,764.62 y vacaciones L.9,326.71, un subtotal de L.106,565.39; 4) para JACQUELINE IVETTE MIDENCE RODAS, la cantidad de L. 127,664.28 por los conceptos siguientes: para el año 2010 el 5.47 ajuste de salario L.8,121.26, décimo tercer mes L.676.56, décimo cuarto mes L. 328.62, un subtotal de L.9,126.44; para el año 2011 el 4.72% ajuste de salario L.15,975.72, décimo tercer mes L. 1,331.59, décimo cuarto mes L. 1,014.59 y vacaciones L.621.28, un subtotal de L.18,943.18; para el año 2012 el 6.76% ajuste de salario L.19,260.84, décimo tercer mes L.1,605.07, décimo cuarto mes L. 1,151.48 y vacaciones L.909.54, un subtotal de L.22,926.93; para el año 2013 el 5.19% ajuste de salario L.28,183.68, décimo tercer mes L. 2,348.64, décimo cuarto mes L. 1,976.85 y vacaciones L.1,644.05, un subtotal de L. 34,153.22; para el año 2014 el 5.18% ajuste de salario L.34,839.54, décimo tercer mes L. 2,900.47, décimo cuarto mes L. 2,738.96 y vacaciones L.2,035.54, un subtotal de L.42,514.51; 5) para RITA MARIA ESPINOZA SALINAS, la cantidad de L.248,680.39 por los conceptos siguientes: para el año 2010 el 5.47% ajuste de salario L. 12,799.08, décimo tercer mes L. 1,066.59, décimo cuarto mes L.533,29 y vacaciones L. 1,315.46 para un subtotal L. 15,714,42; para el año 2011 el 4.72% ajuste de salario L.24,447.36, décimo tercer mes L. 2,037.28, décimo cuarto mes L.1,551.93 y vacaciones L. 2,512.64, un subtotal de L.30,549.21 ; para el año 2012 el 6.76% ajuste de salario L.41,917.44, décimo tercer mes L. 3,493.12 décimo cuarto mes L. 2,765.20 y vacaciones L.4,308.19 un subtotal de L.52,483.95; para el año 2013 el 5.19% ajuste de salario L.56,236.80, décimo tercer mes L.4,686.40, décimo cuarto mes L.4,089.76 y vacaciones L.5,779.90, un subtotal de 70,792.56; para el año 2014 el 5.18% ajuste de salario L.61,371.73, décimo tercer mes L.5,130.72, décimo cuarto mes L. 5,312.79 y vacaciones L. 7,325.01, un subtotal de L.79,140.25; 6) ANA ARACELY ESTRADA REYES, la cantidad de L.241,657.97 por los conceptos siguientes: para el año 2010 el 5.47% ajuste de salario L.12,289.08, décimo tercer mes L. 1024.09, décimo cuarto mes L..512.04 y vacaciones L. 1,263.05 un subtotal de L.15090,26; para el año 2011 el 4.72% ajuste de salario L. 23,473.32, décimo tercer mes L.1,956.11, décimo cuarto mes L.1,490.09 y vacaciones L. 2,412.53, un subtotal de L.29,332.05; para el año 2012 el 6.76% ajuste de salario L.40,247.40, décimo tercer mes L.3,353.95, décimo cuarto mes L. 2,655.03 y vacaciones L.4,136.54, un subtotal de L.50,392.92; para el año 2013 el 5.19% ajuste de salario L.53,996.28, décimo tercer mes L.4,499.69, décimo cuarto mes L.3,926.82 y vacaciones L.5,549.62, un subtotal de L.67,972.41; para el año 2014 el 5.18% ajuste de salario L.61,587.76, décimo tercer mes L.5,148.27, décimo cuarto mes L.5,101.13 y vacaciones L. 7,033.17 un subtotal de L.78,870.33; 7) GLORIA MARIA SALINAS ÁVILA, la cantidad de L.223,261.10 por los conceptos siguientes: para el año 2010 el 5.47% ajuste de salario L. 11,431.92, décimo tercer mes L.952.66, décimo cuarto mes L.476.32 y vacaciones L.1,174.94, un subtotal de L.14,035.84; para el año 2011 el 4.72% ajuste de salario L.21,835.92, décimo tercer mes L.1,819.66, décimo cuarto mes L. 1386.16 y vacaciones L. 2,244.25 un subtotal de L.27,285.99; para el año 2012 el 6.76% ajuste de salario L.37,439.88, décimo tercer mes L.3,119.99, décimo cuarto mes L.2,469.82 y vacaciones L.3,847.99, un subtotal de L.46,872.68; para el año 2013 el 5.19% ajuste de salario L.50,229.72, décimo tercer mes L.4,185.81, décimo cuarto mes

L.3,652.89 y vacaciones L.5,162.50 un subtotal de L.63,230.92 para el año 2014 el 5.18% ajuste de salario L.55,876.82 décimo tercer mes L.4,670.99, décimo cuarto mes L.4,745.29 y vacaciones L.6,542.57, un subtotal de L.71,835.67; 8) SANDRA MARENA RIVERA MARTINEZ, la cantidad de L.273,528.82 por los conceptos siguientes: para el año 2010 el 5.47% ajuste de salario L.14,065.80, décimo tercer mes L. 1,172.15, décimo cuarto mes L.586,07 y vacaciones L.1,445.65, un subtotal de L.17,269.67; para el año 2011 el 4.72% ajuste de salario L.26,866.92, décimo tercer mes L.2,238.91, décimo cuarto mes L. 1,705.52 y vacaciones L.2,761.32, un subtotal de L.33,572.67; para el año 2012 el 6.76% ajuste de salario L.46,066.08, décimo tercer mes L.3,838.84, décimo cuarto mes L.3,038.87 y vacaciones L.4,734.57, un subtotal de L.57,678.36; para el año 2013 el 5.19% ajuste de salario L.61,802.64, décimo tercer mes L.5,150.22, décimo cuarto mes L.4,494.53 y vacaciones L.6,351.94, un subtotal de L. 77,799.33; para el año 2014 el 5.18% ajuste de salario L.67,663.34, décimo tercer mes L.5,656.86, décimo cuarto mes L.5,838.61 y vacaciones L.8,049.98, un subtotal de L.87,208.79; 9) ADRIANA GUEVARA OSORIO, la cantidad de L.214,719.33 por los conceptos siguientes: para el año 2010 el 5.47% ajuste de salario L.10,994.64, décimo tercer mes L. L.916.22, décimo cuarto mes L. L.458.11 y vacaciones L.1,130.01 un subtotal de L. 13,498.98; para el año 2011 el 4.72% ajuste de salario L.21,000.72, décimo tercer mes L. 1,750.06, décimo cuarto mes L. 1,333.14 y vacaciones L.2,158.41, un subtotal de L.26,242.23; para el año 2012 el 6.76% ajuste de salario L.36,000.72, décimo tercer mes L.3,000.66, décimo cuarto mes L. 2,375.36 y vacaciones L.3,700.82, un subtotal de L.45,076.96; para el año 2013 el 5.19% ajuste de salario L.48,308.64, décimo tercer mes L.4,025.72, décimo cuarto mes L. 3,513.18 y vacaciones L.4,965.05, un subtotal de L.60,812.59; para el año2014 el 5.18%ajuste de salario L.53,740.01, décimo tercer mes L.4,492.41, décimo cuarto mes L.4,563.81 y vacaciones L.6,292.34, un subtotal de L.69,088.57; 10) MARIA EVANGELINA SANCHEZ SIERRA, la cantidad de L.239,975.41 por los conceptos siguientes: para el año 2010 el 5.47% ajuste de salario L. 12,393.36, décimo tercer mes L. 1,032.78, décimo cuarto mes L. 516.38 y vacaciones L. 1,273.76, un subtotal de L.15,216.28, para el año 2011 el 4.72% ajuste de salario L.23,672.40, décimo tercer mes L. 1,972.70, décimo cuarto mes L. 1,502.73 y vacaciones L.2,432.99, un subtotal de L .29,580.82; para el año 2012 el 6.76% ajuste de salario L.40,588.68, décimo tercer mes L. 3,382.39, décimo cuarto mes L. 2,677.54 y vacaciones L.4,171.62, un subtotal de L.50,820.23; para el año 2013 el 5.19% ajuste de salario L.54,454.20, décimo tercer mes L.4,537.85, décimo cuarto mes L.3,960.11 y vacaciones L.5,596.68, un subtotal de L.68,548.84; para el año 2014 el 5.18% ajuste de salario L.58,266.39, décimo tercer mes L.5,335.64, décimo cuarto mes L.5,114.39 y vacaciones L.7,092.82, un subtotal de L.75,809.24; 11) GRISELDA PATRICIA ROQUE ROJAS, la cantidad de L. 161,171.61 por los conceptos siguientes: para el año 2010 el 5.47% ajuste de salario L.8,155.08, décimo tercer mes L.679.59, décimo cuarto mes L.339.79 y vacaciones L.838.16, un subtotal de L, 10,012.62; para el año 2011 el 4.72% ajuste de salario L.15,576.84, décimo tercer mes L. 1,298.07, décimo cuarto mes L.988.83 y vacaciones L. 1,600.96, un subtotal de L. 19,464.70; para el año 2012 el 6.76% ajuste de salario L. 26,708.04, décimo tercer mes L. 2,225.67, décimo cuarto mes L. 1,761.87 y vacaciones L. 2,745.00, un subtotal de L.33,440.58; para el año 2013 el 5.19% ajuste de salario L. 35,831.76, décimo tercer mes L,2,985.98, décimo cuarto mes L.2,605.82 y vacaciones L.3,682.71, un subtotal de L.45,106.27; la cantidad de L. por los conceptos siguientes: para el año 2014 el 5.18% ajuste de salario L.41,626.31, décimo tercer mes L.3,468.85, décimo cuarto mes L.3,385.09 y vacaciones L.4,667.19, un subtotal de L.53,147.44; 12) NORMA LIZZETTE GUTIÉRREZ FONSECA, la cantidad de L.260,267.97 por los conceptos siguientes: para el año 2010 el 5.47% ajuste de salario L.13,049.76, décimo tercer mes L. 1,087.48, décimo cuarto mes L.543.73 y vacaciones L.1,341.22, un subtotal de L. 16,022.19, para el año 2011 el 4.72% ajuste de salario L.24,926.16, décimo tercer mes L.2,077.18, décimo cuarto mes L. 1,582.33 y vacaciones L.2,561.86, un subtotal de L.31,147.53; para el año 2012 el 6.76% ajuste de salario L.42,738.48, décimo tercer mes L. 3,561.54, décimo cuarto mes L. 2,819.35 y vacaciones L.4,392.56, un subtotal de L.56,073.47; para el año 2013 el 5.19% ajuste de salario L.57,338.40, décimo tercer mes L.4,778.20, décimo cuarto mes L.4,169.86 y vacaciones L.5,893.11, un subtotal de L. 72,179.57; para el año 2014 el 5.18% ajuste de salario L.66,408.98, décimo tercer mes L.5,550.88, décimo cuarto mes L.5,416.86 y vacaciones L.7,468.49, un subtotal de L.84,845.21; 13) ARACELY MALDONADO ESPINOZA, la cantidad de L.171,677.14 por los conceptos siguientes: para el año 2010 el 5.47% ajuste de salario L.8,534.76, décimo tercer mes L. 711.23, décimo cuarto mes L.355.61 y vacaciones L,877.19, un subtotal de L. 10,478.79; para el año 2011 el 4.72% ajuste de salario L.16,302.24, décimo tercer mes L. 1,358.52, décimo cuarto mes L. 1,034.87 y vacaciones L.1,675.50, un subtotal de L.20,371.13; para el año 2012 el 6.76% ajuste de salario L.27,951.84, décimo tercer mes L.2,329.32, décimo cuarto mes L. 1,843.92 y vacaciones L.2,872.83, un subtotal de L.37,997.91; para el año 2013 el 5.19% ajuste de salario L.37,500,48, décimo tercer mes L.3,125.04, décimo cuarto mes L.2,727.17 y vacaciones L.3,854.21, un subtotal de L.47,206.90 para el año 2014 el 5.18% ajuste de salario L.43,564.84, décimo tercer mes L.3,125.04, décimo cuarto mes L3,542.74. y vacaciones L.4,884.55, un subtotal de L.55,622.41; 14) JOSE RAMON LUNA SALAS, la cantidad de L.170962.05 por los conceptos siguientes: para el año 2010 el 5.47 % ajuste de salario L.8,534.76, décimo tercer mes L. 711,23, décimo cuarto mes L. 355.61 y vacaciones L.877.19, un subtotal de L.10,478.78; para el año 2011 el 4.72% ajuste de salario L.16,302.24, décimo tercer mes L. 1,358.52, décimo cuarto mes L.1,034.87 y vacaciones L.1,675.50; un subtotal de L. 20,371.13; para el año 2012 el 6.76% ajuste de salario L.27,951.84, décimo tercer mes L.2,329.32, décimo cuarto mes L. 1,843.92 y vacaciones L.2,872.83, un subtotal de L .37,997.91; para el año 2013 el 5.19% ajuste de salario L.37,500.48, décimo tercer mes L. 3,125.04, décimo cuarto mes L. 2,727.17 y vacaciones L.3,854.21, un subtotal de L.47,206.90; para el año 2014 el 5.18% ajuste de salario L.42,904.77, décimo tercer mes L.3,575.27, décimo cuarto mes L. 3,542.74 y vacaciones L.4,884.55, un subtotal de L.54,907.33; 15) IGNE ESPERANZA VEGA ALVARADO, la cantidad de L.229,072.01 por los conceptos siguientes: para el año 2010 el 5.47% ajuste de salario L. 11,837.76, décimo tercer mes L.986.48, décimo cuarto mes L.493.23 y vacaciones L.1,216.65, un subtotal de L. 14,534.12; para el año 2011 el 4.72% ajuste de salario L.22,611.12, décimo tercer mes L. 1,884.26, décimo cuarto mes L. 1,435.37 y vacaciones L.2,323.92, un subtotal de L.28,254.67; para el año 2012 el 6.76% ajuste de salario L.38,769.12, décimo tercer mes L.3,230.76, décimo cuarto mes L. 2,557.50 y vacaciones L.3,984.60, un subtotal de L.84,845.21; para el año 2013 el 5.19% ajuste de salario L.52,013.04, décimo tercer mes L.4,334.42, décimo cuarto mes L. 3,782.58 y vacaciones L.5,345.78, un subtotal de L.65,475.82; para el año 2014 el 5.18% ajuste de salario L.55,486.51, décimo tercer mes L.5,096.29, décimo cuarto mes L.4,913.77 y vacaciones L.6,774.85, un subtotal de L.72,265.42; 16) MARIA ELIZABETH HERRERA AGUIRRE, la cantidad de L. 123,558.09 por los conceptos siguientes: para el año 2010 el 5.47% ajuste de salario L.6,723.48, décimo tercer mes L.560.29, décimo cuarto mes L. 280.14 y vacaciones L.691.02, un subtotal de L.8,254.93; para el año 2011 el 4.72% ajuste de salario L. 12,842.40, décimo tercer mes L.1,070.20, décimo cuarto mes L.815.24 y vacaciones L.1,319.92, un subtotal de L. 16,047, 76; para el año 2012 el 6.76% ajuste de salario L.22,019.64, décimo tercer mes L. 1,834.97, décimo cuarto mes L. 1,452.58 y vacaciones L.2,253.13, un subtotal de L.27,570.32; para el año 2013 el 5.19% ajuste de salario L.29,541.84, décimo tercer mes L.2,461.82, décimo cuarto mes L.2,148.39 y vacaciones L.3,0136,24, un subtotal de L.37,180.29; para el año 2014 el 5.18% ajuste de salario L.27,066.71, décimo tercer mes L.2,255.55, décimo cuarto mes L. 2,147.78 y vacaciones L.2,034.75, un subtotal de L.34,504.79; 17) CLAUDIA ISABEL GÁLEAS RODRÍGUEZ, la cantidad de L.238,970.33 por los conceptos siguientes: para el año 2010 el 5.47% ajuste de salario L.12,393.36, décimo tercer mes L. 1,032.78, décimo cuarto mes L.516.38 y vacaciones L. 1,273.76, un subtotal de L.15,215.86; para el año 2011 el 4.72% ajuste de salario L. 23,672.40, décimo tercer mes L.1,972.70, décimo cuarto mes L. 1,502.73 y vacaciones L,2,432.99, un subtotal de L.29,580.82, para el año 2012 el 6.76% ajuste de salario L.40,588.68, décimo tercer mes L.3,382.39, décimo cuarto mes L.2,677.54 y vacaciones L.4,171.62; un subtotal de L.50,828.23; para el año 2013 el 5.19% ajuste de salario L.54,454.20, décimo tercer mes L.4,537.85, décimo cuarto mes L. 3,960.11 y vacaciones L.5,596.68, un subtotal de L.68,548.84; para el año 2014 el 5.18% ajuste de salario L.57,509.30, décimo tercer mes L.5,050.07, décimo cuarto mes L.5,144.39 y vacaciones L.7,092.82, un subtotal de L.74,796.58; 18) OLGA MARINA URQUIA DIAZ, la cantidad de L.302,454.91 por los conceptos siguientes: para el año 2010 el 5.47% ajuste de salario L. 16,125.60, décimo tercer mes L.1,343.80, décimo cuarto mes L.671.90 y vacaciones L.1,657.35, un subtotal de L.19,798.65; para el año 2011 el 4.72% ajuste de salario L.30,801.36, décimo tercer mes L.2,566.78, décimo cuarto mes L. 1,955.28 y vacaciones L.3,165.69, un subtotal de L.38,489.61; para el año 2012 el 6.76% ajuste de salario L.52,812.12, décimo tercer mes L.4,401.01, décimo cuarto mes L.3,483.89 y vacaciones L.5,427.91, un subtotal de L.66,124.93; para el año 2013 el 5.19% ajuste de salario L. 70,853.28, décimo tercer mes L.5,904.44, décimo cuarto mes L.5,152.72 y vacaciones L. 7,282.14, un subtotal de L.89,192.58; para el año 2014 el 5.18% ajuste de salario L.69,590.50, décimo tercer mes L.5,799.25, décimo cuarto mes L.6,693.64 y vacaciones L.6,765.75, un subtotal de L.88,849.14; 19) ROSARIO ARAGÓN MARTÍNEZ la cantidad de L.237,094.69 por los conceptos siguientes: para el año 2010 el 5.47%ajuste de salario L.12,408.96, décimo tercer mes L. 1,034.08, décimo cuarto mes L.517.04 y vacaciones L.1,275.34, un subtotal de L.15,235.42; para el año 2011 el 4.72% ajuste de salario L.23,702.28, décimo tercer mes L.1,975.19, décimo cuarto mes L. 1,504.63 y vacaciones L.2,436.07, un subtotal de L.29,618.17; para el año 2012 el 6.76% ajuste de salario L.40,640.04, décimo tercer mes L.3,386.67, décimo cuarto mes L. 2,680.92 y vacaciones L.4,176.82, un subtotal de L.50,884.45; para el año 2013 el 5.19% ajuste de salario L.54,523.08, décimo tercer mes L.4,543.59, décimo cuarto mes L.3,965.13 y vacaciones L.5,603.76, un subtotal de L.68,635.56; para el año 2014 el 5.18% ajuste de salario L.54,702.99, décimo tercer mes L.5,765.42, décimo cuarto mes L. 5,150.89y vacaciones L.7,101.79, un subtotal de L.72,721.09; y 20) SOMAY JAMILETH PERALTA DÁVILA la cantidad de L.234,707.84 por los conceptos siguientes: para el año 2010 el 5.47% ajuste de salario L. 12,945.48, décimo tercer mes L. 1,078.79, décimo cuarto mes L.539.39 y vacaciones L. 1,330.51, un subtotal de L.15,891.17; para el año 2011 el 4.72% ajuste de salario L.24,727.08, décimo tercer mes L.2,060.59, décimo cuarto mes L. 1,569.68 y vacaciones L.2,541.39, un subtotal de L.30,898.72; para el año 2012 el 6.76% ajuste de salario L.42,397.08, décimo tercer mes L.3,533.09, décimo cuarto mes L. 2,796.84 y vacaciones L.4,357.48, un subtotal de L.53,084.09, para el año 2013 el 5.19% ajuste de salario L.56,888.36, décimo tercer mes L.4,740.03, décimo cuarto mes L.4,136.55 y vacaciones L.5,846.04, un subtotal de L.71,602.98; para el año 2014 el 5.18% ajuste de salario L.50,259.91, décimo tercer mes L.4,188.15, décimo cuarto mes L.5,373.59 y vacaciones L.7,408.83, un subtotal de L.63,230.48; III) Declarar SIN LUGAR la EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN alegada por la parte demandada; IV) Declarar SIN COSTAS en esta Instancia….”;bajo el criterio que al hacer la revisión exhaustiva de los argumentos de ambas partes la prueba aportada al proceso y la fundamentación jurídica: es oportuno establecer que la pretensión de los demandantes se desprende de un derecho reconocido en el artículo 21 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores Sociales que a letra dice: "Cada año las instituciones públicas como privadas tendrán que evaluar y ajustar los niveles salariales del Trabajador Social, fundamentando en el costo de vida y el índice Inflacionario anual...",en tal sentido la institución estaba en la obligación de reconocer a los trabajadores sociales el ajuste de salario anualmente de acuerdo a las cifras establecidas por el Banco Central de Honduras, por lo tanto no se ha acreditado que la institución hiciera efectivo el cumplimiento de lo establecido en el artículo precitado; por cuanto les asiste el derecho que reclaman los demandantes; en consecuencia, debe otorgarse el ajuste del índice inflacionario y que corresponde a los porcentajes anuales que certifica el Banco Central de Honduras y que obedecen a los siguientes porcentajes para el año 2010 que corresponde a un porcentaje de 5.47 %, para el 2011 4.72%, para el 2012 6.76%, para el 2013 5.19% y para el 2014 un 5.18%; en consecuencia se declara con lugar la demanda de mérito. Que en relación al Defecto Material de Prescripción alegado por la representante procesal demandada en lo concerniente, a que a los demandantes les prescribió el derecho en vista que el IHNFA ya no existe por haber sido suprimida mediante Decreto Ejecutivo No.PCM-24-2014, es oportuno puntualizar que la parte demandada se limita a expresar argumentos sin establecer qué derecho les ha prescrito y detallar desde donde y hasta donde ellos tenían el tiempo para realizar su

reclamo; en tal sentido, se declara sin lugar la prescripción alegada por la parte demandada.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 08 de octubre del 2019, dictó sentencia que en su parte conducente dice: “FALLA: I.- Declarar CON LUGAR PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto por la Abogada BLANCA LIDIA PONCE RAMOS, actuando en su condición de Representante Procesal de la parte demandada-apelante.- II. REVOCAR EN CUANTO a lo que declara con lugar la demanda y condena al demandado el ESTADO DE HONDURAS a través de su Representante Legal Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en cuanto al pago reajuste de acuerdo al índice inflacionario correspondiente a los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 y condena al pago de la cantidad de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS (L.4.429.931.58) y desglosado en la forma que consta en autos en su parte resolutiva y en los valores que corresponde a cada uno de los demandantes y por los conceptos establecidos por el tribunal de primera instancia, III.- DECLARAR SIN LUGAR LA Demanda Ordinaria Laboral promovida por la Abogada LIANA RODRÍGUEZ VALLADARES, en su condición de Apoderada Legal de los señores JOSÉ JUAN ÁNGEL AGUILAR BANEGAS, FRANCIS MARIA MENDOZA DIAZ, ALMA ISABEL SOSA, JACQUELINE IVETTE MIDENCE RODAS, RITA MARIA ESPINOZA SALINAS, ANA ARACELY ESTRADA REYES, GLORIA M MARIA SALINAS ÁVILA, SANDRA MARENA RIVERA MARTÍNEZ, ADRIANA GUEVARA OSORIO, MARIA EVANGELINA SÁNCHEZ SIERRA, GRISELDA PATRICIA ROQUE ROJAS, NORMA LIZZETTE GUTIÉRREZ FONSECA, ARACELY MALDONADO ESPINOZA, JOSÉ RAMON LUNA SALAS, IGNE ESPERANZA VEGA ALVARADO, MARIA ELIZABETH HERRERA AGUIRRE, CLAUDIA ISABEL GALEAS RODRÍGUEZ, OLGA MARINA URQUÍA DIAZ, ROSARIO ARAGÓN MARTÍNEZ y SOMAY JAMILETH PERALTA DÁVILA.- IV.- ABSUELVE al ESTADO DE HONDURAS, a través de su Representante Legal, el Señor Procurador General de la República, ABRAHAM ALVARENGA URBINA, para que se les reconozca la validez y eficacia jurídica del Artículo 21 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores Sociales, etc. En relación al costo de vida y el índice inflacionario anual correspondiente al IPC y en aplicación de dicho Artículo se ordene: A) El pago retroactivo de los salarios devengados en los años, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, B) El reajuste del pago de vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto correspondientes a dichos años, dictados en la sentencia definitiva por el Juzgado de Letras del Trabajo de este departamento de Francisco Morazán, de fecha 13 de Septiembre del año dos mil dieciocho, que corre a folios del 117 al 121 de la primera pieza de autos así: V.- CONFIRMAR el romano III donde se declara SIN LUGAR las Excepción Perentoria de Prescripción opuesta por el apoderado demandado apelante, y el romano IV.- Donde declara SIN COSTAS.- VI.- SIN COSTAS en esta instancia…”.Bajo el criterio que del estudio de los hechos y derechos así como de los medios de prueba acreditados en este juicio este Tribunal de Alzada ha llegado al convencimiento que la sentencia definitiva dictada por la Juez A-quo y que se revisa en apelación no está apegada a derecho y procede su reformatoria parcial en cuanto a que se declara con lugar la demanda en virtud de que los derechos es un vocablo que se emplea pluralizado cuando se refiere a un conjunto de normas o atribuciones que se concede, reivindica o ejerce colectivamente, así los derechos civiles, los naturales o esenciales de los cuales goza todo individuo jurídicamente capaz y la extinción, desaparición de una persona, cosa, situación o relación y, a veces, de sus efectos y consecuencias, por lo que con el Decreto PCM-026-2014 el 4 de junio del 2014 la institución demandada fue intervenida y que la comisión interventora, después de realizar un análisis de la situación de la Institución y constante deterioro institucional del IHNFA, así como el grave peligro y urgente necesidad de atención a la niñez, adolescencia y familia, se le recomendó al Presidente de la Republica de aquel entonces la aplicación del Artículo 102 de la Ley General de la Administración Pública en el sentido de suprimir la Institución y traspasar todos sus bienes y presupuesto asignado a la Secretaría de Finanzas mediante la Dirección de Bienes Nacionales, garantizando la provisión oportuna de los recursos presupuestarios que se requieran para pagar el pasivo laboral del IHNFA; convencimiento que se fundamentó en los hechos siguientes: 1) Que está probado en la secuela del juicio que la terminación de la relación laboral por parte de la demandada de la decisión de dar por terminada la relación de trabajo se debió al emitir el PCM-026-2014 el 4 de junio del 2014 donde se suprime la Institución y traspasa todos sus bienes y presupuesto asignado a la Secretaría de Finanzas mediante la Dirección de Bienes Nacionales.- 2) Que el pago de lo reclamado por los demandantes se le pago mientras estuvo vigente la relación laboral entre el IHNFA y los demandantes hasta el 2010 y que la demanda fue presentada hasta el 5 de enero del 2015, cuando ya el IHNFA no existía como persona jurídica.- 3) Que es ampliamente observable que la Juez Sentenciadora al declarar con lugar la demanda, toma la decisión equivocada en fundamento que provoca irregularidades en el procedimiento de forma y de fondo, por no existir la persona jurídica de la demandada por haber extinguido en sus funciones y como se ejecutaría la condena.- 4) Tampoco aplica lo de la sustitución de patrono que establece el artículo 28 del Código del Trabajo, en virtud de que todos ellos cesaron en sus funciones con el IHNFA y no fueron recontratados por otra institución del Estado creada al efecto como o es el DINAF.En consecuencia con todo lo antes ilustrado a la luz de las normas sustantivas y procedimentales del Código del Trabajo y supletoriamente el Código Civil, es meritorioy legal reformar parcialmente en cuanto a lo que se declara con lugar la demanda y condena al demandado el ESTADO DE HONDURAS a través de su Representante Legal Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en cuanto al pago reajuste de acuerdo al índice inflacionario correspondiente a los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 y condena al pago de la cantidad de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS (L.4.429.931.58) desglosado en la forma que consta en autos en su parte resolutiva y en los valores que corresponde a cada uno de los demandantes y por los conceptos establecidos por el tribunal de primera instancia y confirmar en lo concerniente a declarar sin lugar la excepciones de prescripción.- 5.- Mediante auto de fecha 10 de marzo del 2020, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada LIANA RODRÍGUEZ VALLADARES, en su condición de representante procesal de los señores JOSÉ JUAN ÁNGEL AGUILAR BANEGAS, FRANCIS MARÍA MENDOZA DÍAZ, ALMA ISABEL SOSA y otros, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 11 de agosto del 2021, compareció ante este Tribunal la Abogada LIANA RODRÍGUEZ VALLADARES, en su condición de representante procesal de los señores JOSÉ JUAN ÁNGEL AGUILAR BANEGAS, FRANCIS MARÍA MENDOZA DÍAZ, ALMA ISABEL SOSA y otros, formalizando su demanda, exponiendo cinco motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 09 de septiembre del 2021, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada BLANCA LIDIA PONCE RAMOS, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II.- Que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela judicial efectiva de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI.- Que toda persona tiene el derecho de poder ejercitar o promover las acciones que estime pertinentes en defensa de sus derechos laborales y derivado de ello también tiene el derecho a recibir una respuesta del órgano jurisdiccional, previo a seguirse el debido proceso, resolución que deberá ser congruente, motivada, imparcial y apegada al ordenamiento jurídico y a los principios generales del derecho del Trabajo.- VII.- Que la Recurrente solicita la nulidad subsidiaria de dicha la sentencia impugnada, bajo los siguientes términos: “SE INTERPONE NULIDAD SUBSIDIARIA CONTRA LA SENTENCIA DE OCHO (08) DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE (2019).La nulidad, en sus diferentes expresiones, está regulada abundantemente en los artículos 9, 1586 numeral 1) y 1589 del Código Civil, 34 literal c), y 35 párrafo primero de la Ley del Procedimiento Administrativo, en los que se sintetiza el mandato del Artículo 321 de la Constitución de la República en cuanto "Los servidores del estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la Ley. Todo acto que ejecuten fuera de la Ley es nulo e implica responsabilidad'. De lo anterior se desprende que: 1. El Artículo 205 numeral 1) de la Constitución de la República establece como atribución exclusiva del Congreso Nacional "crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes"; en uso de ésta el legislador creo el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia, en lo sucesivo IHNFA, mediante Decreto Legislativo No. 199-1997 de 29 de diciembre de 1997 publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 28,476 de 29 de enero de 1998, mismo que no ha sido abrogado o derogado. 2. El Artículo 245 de la Constitución de la República establece las atribuciones del Presidente de la República y, en ninguna ellas se le faculta para derogar las leyes. No obstante, en abierta transgresión de sus atribuciones y de la esencia del Estado de Derecho prevista en los Artículos 1, 2,3 y 4 de la Constitución de la Republica emite el Decreto Ejecutivo PCM026-2014 de fecha 04 de junio de 2014 publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,446 de 06 de junio de 2014 (en lo sucesivo el PCM-026-2014) a través del cual se suprime el IHNFA. 3. La sentencia de la Honorable Cote de Apelaciones de fecha ocho (08) de octubre de dos mil diecinueve (2019) recurrida, en la argumentación y motivación jurídica que le sirve de base, en el Considerando 16, motiva su fallo en que: 1) que la terminación de la relación laboral se efectuó en aplicación del PCM-026-2014, mediante el cual se suprime la Institución, se traspasan los bienes y el presupuesto del IHNFA a la Secretaria de Finanzas; 2) que a los demandantes se les pagaron sus derechos mientras el IHNFA existió como persona jurídica pero que la demanda fue presentada hasta el 05 de enero de 2015 cuando el IHNFA ya no existía como persona jurídica; 3) que la sentencia de primera instancia es equivocada en la forma y en el fondo por no existir la persona jurídica del IHNFA y estar extinguidas sus funciones; y, 4) invoca la aplicación del Artículo 28 del Código del Trabajo señalando que no aplica la sustitución de patrono, por cuanto los trabajadores no fueron recontratados por otra institución, como lo es el DINAF. Y, en base a todas las consideraciones señaladas concluye "Es meritorio y legal reformar parcialmente en cuanto a lo que se declara con lugar la demanda y condena al demandado el Estado de Honduras ... ". Es un asunto de mero derecho constitucional y legal que en la emisión del PCM-026-2014 el Poder Ejecutivo no solamente transgrede las normas constitucionales citadas pues por un Decreto Ejecutivo no se puede derogar un Decreto Legislativo, sino el propio Artículos 16 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que, desde el 26 de agosto de 1789, dejo sentando "Una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes determinada, no tiene Constitución", la Carta de las Naciones Unidas del 26 de junio de 1945, sobre todo en sus Artículos 1 y 2 y la Carta de San José de 1969, violándoles a los demandantes sus más fundamentales derechos, que son inalienables, imprescriptibles, inderogables e irrenunciables, que les confiere el Artículo 21 del Estatuto de los Trabajadores Sociales en relación con los Artículos 128 numeral 4) de la Constitución de la República y 28, 95 párrafo primero numeral 1), 96 párrafo primero numeral 9) y 374 del Código del Trabajo. Por todas las violaciones llevadas a cabo por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán en su fallo, y en aplicación de los Artículos 207 numeral 19 y 208 numeral 1) del Código procesal Civil, procede que la Honorable Corte Suprema de Justicia salve el honor de la República y la misión de ofrecer una tutela judicial efectiva, un debido proceso y el respeto a la dignidad y persona humana del trabajador.”.- VIII.- Que, revisada la sentencia definitiva pronunciada por la Corte de Apelaciones recurrida, se aprecia que en la misma se violenta el debido proceso al no resolver el asunto conforme su deber de congruencia y con base a los principios generales del derecho del trabajo, afectando la tutela judicial efectiva a que toda persona tiene derecho.- IX.- La Corte recurrida revoca el fallo de primera instancia, por lo que declara sin lugar la demanda contra el Estado de Honduras, que es el demandado solidario en el juicio, pero omitiendo pronunciarse con relación al demandado principal, el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA), aduciendo que dicha institución estatal fue intervenida y suprimida mediante el Decreto PCM-026-2014 del 4 de junio de 2014, traspasando sus bienes y presupuesto asignado a la Secretaria de Finanzas.- X.- El Ad quem, por un lado, no resuelve todos los puntos o extremos en litigio sometidos a su decisión, al no indicar si declaraba con o sin lugar la demanda, por ende si absolvía o condenaba al IHNFA, no tomando en consideración que lo reclamado en el proceso se deriva de situaciones jurídicas acaecidas durante la existencia de dicha institución y por reclamos formulados antes de la terminación de los contratos de trabajo que vinculara a los demandantes, por salarios y otros derechos laborales solicitados de los años 2010 al 2014; por otro, que en el referido Decreto PCM-026-2014 del 4 de junio de 2014, visible a folios 110 al 117 de la primera pieza, en los artículos 7 y 8 claramente se dispone que se procederá a la terminación de todos los contratos de trabajo vigentes, con el reconocimiento a favor de los trabajadores de las prestaciones e indemnizaciones laborales a que hubiere lugar en derecho y que la Secretaría de Finanzas garantizará la provisión oportuna de los recursos presupuestarios que se requieren para pagar el pasivo laboral del IHNFA.- XI.- No se debe olvidar que el derecho al trabajo es un derecho humano, tal como lo ha reconocido la Sala de lo Constitucional de este Poder del Estado, en reiteradas sentencias dictadas en amparo, criterio que se acoge y donde se establece: “Que el derecho al trabajo es el derecho fundamental humano por el que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección del mismo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, sin discriminación, con igualdad salarial, remuneración digna, protección social y derecho de sindicalización. El derecho al trabajo se reconoce en las normas fundamentales de derechos humanos como son la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales así como en textos internacionales como la Carta social europea, el Protocolo de San Salvador, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y en textos nacionales como son las Constituciones de numerosos países…Que los principios generales del derecho, constituyen, los principios superiores de justicia radicados fuera del derecho positivo y a los cuales éste trata de darles encarnación en una circunstancia histórica concreta determinada. En el derecho laboral, existen principios que lo diferencian de otras materias, ya que los mismos buscan proteger al más débil económicamente, como es el caso del trabajador. Esta protección se materializa cuando las leyes nacionales se aplican correctamente a cada caso.” (Ver sentencias dictadas por la referida Sala, en los expedientes AL 221-15, AL 447-15, AL 459-15, AL 676-15, AL 663-15 y AL 958-15).- XII.- Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de fondo del 5 de octubre de 2015, dictada en el caso Ruano Torres y otros Vs. El Salvador, Serie C No. 30319 151, estableció sobre el debido proceso: “La Corte ha señalado que el derecho al debido proceso se refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado, adoptado por cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que pueda afectarlos.- El debido proceso se encuentra, a su vez, íntimamente ligado con la noción de justicia, que se refleja en: i) un acceso a la justicia no sólo formal, sino que reconozca y resuelva los factores de desigualdad real de los justiciables, ii) el desarrollo de un juicio justo, y iii) la resolución de las controversias de forma tal que la decisión adoptada se acerque al mayor nivel de corrección del derecho, es decir que se asegure, en la mayor medida posible, su solución justa.”.- XIII.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- XIV.- Que conforme con el artículo 701 numeral 3) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral, dispone que el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieran denunciado por el recurrente.- XV.- Que es deber ineludible de la Corte Suprema de Justicia no solo observar la técnica rigurosa y formalista del recurso de casación, sino que se garantice el debido proceso y el derecho de defensa a las partes, particularmente que las resoluciones deben ser dictadas con la suficiente explicación de los puntos en litigio y los temas debatidos, como que sean congruentes y los resuelvan debidamente.- XVI.- Que, por las razones antes expuestas, es procedente declarar la nulidad de la sentencia recurrida, para que el Ad-quem proceda de conformidad a derecho.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, en aplicación de los artículos 59, 63, 64, 80, 82, 90 párrafo primero, 127, 128, 129, 135, 136, 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados, 320, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24, 25 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8, 18, 28, 113, 868 literal b), 666 letra c), 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 9 y 11 del Código Civil; 22, 200, 206, 207, 208, 211, 212, 701 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia; RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha 8 de octubre del 2019, visible a folios del 16 al 22 de la segunda pieza.-.Y MANDA: Devolver los autos al lugar de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a Derecho. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.-NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los trece días del mes de enero del dos mil veintidos; certificación de la sentencia de fecha trece de diciembre del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número CL 31-20.- Firma y sello.- OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ, RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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