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Sentencia CL-28-21 — Registro 13359

Resumen

Segunda instancia confirmó sin lugar la excepción de transacción y pago, con lugar la demanda ordinaria laboral para que se le pague el reajuste de prestaciones e indemnizaciones sociales en base a la cláusula 45 del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo, que el convenio suscrito para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales sea declarado sin validez, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 13 de septiembre del 2016

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de que el error de hecho es una creencia o noción equivocada del juez frente a los hechos revelados por la prueba, la demanda o la contestación, que se percibe de forma inmediata y conlleva a la violación indirecta de la ley.  Para que se configure la violación de la ley por error de hecho en la apreciación de las pruebas, son necesarios los siguientes requisitos: a) debe existir una mala o falta de apreciación de la prueba; b) esa mala apreciación debe ser originada por un error de hecho, es decir, respecto de la prueba considerada en si misma y no con relación a las normas legales que reglamentan la prueba; c) ese error de hecho debe generar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva; d) que el error de hecho expresado debe ser manifiesto, o sea que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate, como ocurriría si en la sentencia se admite por probado un hecho que en realidad no está demostrado o al contrario. [1]En el caso que nos ocupa no se ha demostrado ese error y además se incurre en los siguientes defectos técnicos: a) alega la existencia de error de hecho por la apreciación errónea de la prueba documental admitida a la parte demandada, las cuales no señala con precisión, ya que en un apartado indica que se encuentra a folios 8, 9, 10 y 48 de la primera pieza de autos, pero a continuación en el acápite intitulado “PRUEBA APRECIADA ERRÓNEAMENTE. DOCUMENTAL” singulariza las agregadas a folios 16 y 18 del referido expediente; y, b) tampoco se indicó con precisión el precepto autorizante, ya que señala que el mismo se encuentra comprendido en el numeral primero del artículo 765 del referido ordenamiento jurídico, el cual contiene dos párrafos, que hacen referencia a varias causales de este extraordinario recurso y no determinó el que correspondía al concepto de la infracción alegada.-"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., quince de noviembre de dos mil veintiuno.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 22 de junio del 2021, por el Abogado DANIEL ALEXANDER ORTIZ, en su condición de representante procesal del SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), como recurrente; además, es parte recurrida, el señor GERMAN ALLAN ARAGÓN MEJÍA, representado en juicio por el Abogado SERGIO IVAN MURILLO RAMOS. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para que se le pague el reajuste de prestaciones e indemnizaciones sociales en base a la cláusula 45 del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo, que el convenio suscrito para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales sea declarado sin validez, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 13 de septiembre del 2016, por el señor GERMAN ALLAN ARAGÓN MEJÍA, mayor de edad, casado, Periodista, hondureño y de este domicilio, contra el SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), a través del Gerente General señor WALTER ROBERTO PAVÓN VILLARS. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 14 de septiembre del 2020, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia definitiva de fecha 31 de mayo del 2019, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) DECLARAR SIN LUGAR la excepción de transacción y pago opuesta por el representante de la parte demandada; 2) DECLARA CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE SE PAGUE LAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES SOCIALES EN BASE A LA CLAUSULA 45 DEL CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. QUE EL CONVENIO SUSCRITO CON EL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES SEA DECLARADO SIN VALIDEZ. Instaurada por el señor GERMAN ALLAN ARAGÓN MEJÍA contra EL SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (S.A.N.A.A) a través de su Gerente General LUIS RENE EVELINE HERNANDEZ. 3) CONDENAR: AL SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (S.A.N.A.A) a través de su Gerente General LUIS RENE EVELINE HERNANDEZ a lo siguiente: a) A pagar al señor GERMAN ALLAN ARAGÓN MEJÍA la cantidad de DOS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON TRECE CENTAVOS (L.2,044,074.13) en concepto de complemento de prestaciones laborales; 4) SIN COSTAS en esta instancia…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que comenzó a laborar para la institución demandada el 01 de marzo del año 1994 hasta el 09 de mayo del 2016, desempeñándose el cargo de Jefe del Departamento de Relaciones Públicas, devengando un salario mensual de L.49,404.66; que el 28 de abril del 2016, el demandante dirigió a la Presidenta de la Comisión Interventora del SANAA solicitud de cancelación por mutuo consentimiento amparado en la cláusula 45 del contrato colectivo de condiciones de trabajo SANAA-SITRASANAAYS 2012-2013, a raíz de estar enfrentando una grave y delicada situación económica, que estaba produciendo gran inestabilidad emocional y financiera en su vida personal y familiar; que dicha solicitud de cancelación por mutuo consentimiento fue aceptada por la Comisión Interventora, quien giro instrucciones al Gerente General para que procediera a elaborar convenio para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales en fecha 09 de mayo del 2016, fecha en que se suscribió dicho convenio; que el SANAA le canceló en concepto de prestaciones laborales 3 cheques así: 1.- Cheque de caja no negociable número 1537717 de Banco Ficohsa a nombre del demandante, por la cantidad de L.1,317,460.12; 2.- Cheque de caja no negociable número 1537721 de Banco Ficohsa a nombre de INJUPEMP, por la cantidad de L.206,173.42; y 3.- Cheque de caja no negociable número 1537712 de Banco Ficohsa a nombre de Banco Lafise por la cantidad de L.662,908.76, para hacer un gran total de L.2,186,542.30; argumentó que en virtud de que lo pagado por el SANAA en concepto de prestaciones indemnizaciones laborales, le violentó una serie de normas legales establecidas en el Contrato Colectivo, en el Código del Trabajo, en la Constitución de la República, por lo que se vio obligado a acudir a la Secretaría del Trabajo para que elaboraran un cálculo real de lo que le correspondía por prestaciones laborales, resultando la cantidad de L.5,752,185.42; por lo que le correspondía un reajuste o complemento de pago de prestaciones laborales en vista que se violentó el artículo 3 del Código de Trabajo; además manifestó que no estuvo conforme ni satisfecho con lo que le había pagado el SANAA, en virtud de que le había dado más de 22 años de su vida a la empresa y no era posible que en dicho convenio ni tan siquiera se le mencionara el porcentaje de lo que se le estaba pagando, ya que el SANAA en el Departamento de Recursos Humanos, a ningún trabajador le muestran por escrito el cálculo de prestaciones laborales, ni le dan una explicación detallada de lo que le corresponde, eso como una medida de presión, destinada a violentar y menoscabar derechos sagrados del trabajador, creando un ambiente de zozobra e incertidumbre, para obligar a que el trabajador acepte lo que la empresa quiere darle, como una política de la empresa; y que la cláusula 45 claramente establece en que puede darse por terminado el contrato de trabajo por mutuo consentimiento, y en ese caso el SANAA podrá pagar hasta el 100% de prestaciones a que tiene derecho el trabajador, remitiéndose para efectos de cálculos de prestaciones lo estipulado en la cláusula 44 inciso d) del contrato colectivo que reza, que en caso de retiros voluntario, tanto para el cálculo de preaviso, como el auxilio de cesantía se tomaran como base 50 días; al igual forma consideró que el convenio de pago suscrito entre el SANAA y el demandante contenían vicios de nulidad en virtud de que no fue homologado en la Secretaría del Trabajo tal y como lo indica el artículo 379 del Código de Trabajo; asimismo con el ánimo de llegar a un acuerdo conciliatorio, acudió a la Secretaría del Trabajo, siendo imposible el mismo, se dio por agotada la vía Administrativa.- 2.- La parte demandada, el SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), contestó dicha demanda rechazando las pretensiones del demandante, alegando en su defensa que recibió del demandante una solicitud de terminación por mutuo consentimiento, amparada en la cláusula 45 del Contrato Colectivo del 28 de abril de 2016; y que en dicha solicitud no se estableció motivo, razón o circunstancia que motivó la decisión del demandante; que en fecha 04 de mayo de 2016, mediante oficio GG-217-2016, el SANAA dió respuesta a dicha solicitud en donde aceptó la solicitud de terminación de contrato de trabajo al tenor de lo establecido en la cláusula 45 del Contrato Colectivo; señalando como fecha efectiva de terminación de la relación laboral el 09 de mayo del 2016; y se consignó la cantidad que la demandada estaba dispuesta a reconocer en concepto de prestaciones e indemnizaciones laborales, la cual ascendió a L.2,186,542.30; quedando únicamente pendiente de pactar como, cuando y donde se realizaría el pago de la cantidad convenida; alegando para ello que el demandante tuvo tiempo suficiente para realizar las consultas que considerara oportunas a fin de determinar la factibilidad de las condiciones ofertadas por el SANAA y que por tal razón, el reclamo que formuló el demandante ante ese Tribunal resulta extemporáneo; asimismo alegó que el 09 de mayo de 2016, las partes firmaron un Convenio para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, según la cantidad consentida por el demandante, aclarando que la cantidad ofertada por la demandada se ajusta a lo preceptuado en la cláusula 45 del Contrato Colectivo y que en dicho acuerdo se estableció la forma en que se pagaría la cantidad convenida por las partes, la cual le fue entregada al demandante al tenor de lo pactado; extendiendo el demandante a favor de la parte demandada una "Carta de pago y cabal cumplimiento, finiquito de solvencia" en la cual declaró unilateralmente de forma voluntaria y consiente, absolviendo de toda responsabilidad legal pasada, presente y futura al SANAA; alegó que la demandada no puede ni debe ser obligada a pagar los conceptos reclamados, debido a que no fueron acordados en el Convenio para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, el cual se realizó al tenor de lo establecido en la cláusula 45 del Contrato Colectivo vigente en la Institución; y que además el actor no buscó anular como se le pagó, sino el fundamento de derecho mediante el cual se le pagó, de tal forma que este tribunal debe declarar nula ipso jure la cláusula 45 del Contrato Colectivo que no obliga a la demandada a pagar el 100% de las prestaciones, ya que esta le da la potestad de pagar hasta el 100% de prestaciones a que tiene derecho el trabajador. Asimismo, en audiencia primera de trámite interpuso la excepción de TRANSACCIÓN y PAGO.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 31 de mayo del 2019, dictó sentencia que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) DECLARAR SIN LUGAR la excepción de transacción y pago opuesta por el representante de la parte demandada; 2) DECLARA CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE SE PAGUE LAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES SOCIALES EN BASE A LA CLAUSULA 45 DEL CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. QUE EL CONVENIO SUSCRITO CON EL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES SEA DECLARADO SIN VALIDEZ. Instaurada por el señor GERMAN ALLAN ARAGÓN MEJÍA contra EL SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (S.A.N.A.A) a través de su Gerente General LUIS RENE EVELINE HERNANDEZ. 3) CONDENAR: AL SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (S.A.N.A.A) a través de su Gerente General LUIS RENE EVELINE HERNANDEZ a lo siguiente: a) A pagar al señor GERMAN ALLAN ARAGÓN MEJÍA la cantidad de DOS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON TRECE CENTAVOS (L.2,044,074.13) en concepto de complemento de prestaciones laborales; 4) SIN COSTAS en esta instancia…”. Bajo el criterio que, en cuanto a la excepción de transacción y pago opuesta por el representante de la parte demandada; según consta en la carta de pago y cabal cumplimiento, finiquito y solvencia de fecha 21 de junio de 2016; y que si bien es cierto la parte demandada aduce haber satisfecho a favor del demandante, las obligaciones derivadas de la terminación del contrato de trabajo por el mutuo consentimiento de las partes, no es menos cierto que la parte demandada no acreditó el desglose de los valores pagados por preaviso, auxilio de cesantía y derechos adquiridos, previo a la terminación laboral, resultando imposible determinar si dicha cantidad se encuentra ajustada a derecho; por lo anterior y de conformidad con lo que establece el Código Civil en su artículo 1422, que se entenderá pagada una deuda, cuando completamente se hubiese entregado la cosa o hecho la prestación en que la obligación consistía en relación a lo que establece el artículo 379 del Código del Trabajo y en el presente caso se acreditó que dicho convenio no fue realizado bajo la vigilancia de la Secretaria de Trabajo, únicamente se procedió a su registro; y esta Juzgadora es del criterio que al no haberse realizado la transacción ante autoridad competente se encuentra sujeta a revisión, a su vez la parte demandada no acreditó el desglose de los conceptos pagados, por lo cual es procedente declarar SIN LUGAR la excepción perentoria de transacción y pago; y que el hecho controvertido en el caso de autos se circunscribe a que se deje sin validez un convenio de terminación de la relación por mutuo consentimiento; a fin de que se apliquen las disposiciones de la contratación colectiva específicamente lo contenido en la cláusula 44, en el cálculo de prestaciones laborales, por lo anterior y del análisis de los medios de prueba aportados por las partes; la actora acredito en juicio que la suscripción del convenio para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales de fecha 9 de mayo de 2016, se efectuó con violación a los derechos laborales otorgados por la Constitución de la República, el Código del Trabajo y la contratación colectiva, en primer término al no establecer de manera clara las cantidades que corresponden a los conceptos de preaviso, auxilio de cesantía y demás derechos adquiridos por el trabajador, tal desconocimiento genera un estado de indefensión sobre la cantidad pactada en forma unilateral por el patrono, pues se omiten los valores tomados en cuenta para su cálculo, siendo importante mencionar que al adolecer dicha transacción del consentimiento por el trabajador, debe considerarse nula, pues como es sabido en materia laboral el trabajador, carece de autonomía de la voluntad, de tal manera que la obligación de suplir sus necesidades básicas lo obliga a aceptar cualquier acuerdo, así este constituya una violación a sus derechos y por ende al orden público laboral; en segundo término es preciso mencionar que si bien es cierto consta un ejemplar del convenio de transacción en la Secretaria de Trabajo, como ente tutelar de los derechos laborales, no menos es que el mismo no fue suscrito ante la vigilancia de la Secretaria, tal como se puede observar en dicho convenio; por lo que a la luz de lo que establece el artículo 3 del Código del Trabajo que reza: "Son nulos ipso jure todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la constitución, el presente código, sus reglamentos o las demás leyes de trabajo o previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato de trabajo u otro pacto cualquiera". Lo convenido entre las partes debe considerarse nulo de pleno derecho, por disminuir los derechos laborales del trabajador demandante en consecuencia se declara CON LUGAR la demanda que se ha hecho merito en cuanto al complemento de pago de prestaciones e indemnizaciones laborales los cuales deberán ser calculados de conformidad a la contratacion colectiva suscrita entre el SANAA y el SITRASANAAYS por ser la norma vigente y más favorable al trabajador.- Que para la práctica de la liquidación se hará sin tomar el acta N°021-2012-CB pues la misma ha sido anulado su registro según resolución recaído en el recurso de revisión N°179-2015, por ende no se le da validez por considerar que los efectos de los contratos colectivos inician a partir de su registro, por lo que se rechaza el hecho nuevo formulado mediante acta de fecha 28 de febrero de 2018, (ver folios 71 al 75, 239 al 286 de auto); por lo anterior se procede a la práctica del cálculo de prestaciones el pago de prestaciones laborales calculadas hasta la fecha de terminación de la relación laboral tomando en cuenta el salario promedio de los salarios devengados durante los últimas 6.5 meses incluyendo los proporcionales de los derechos adquiridos, treceavo, catorceavo, vacaciones, bonificación y bono de compensación tal como lo establece la cláusula 44 y 45 del contrato colectivo vigente suscrito entre el SANAA y el SITRASANAAYS de la siguiente manera: con antigüedad de 22 años 2 meses 8 días; con un salario mensual de L.49,404.66, un salario base mensual L.53,205.02 salario base promedio de L. 72,799.20 y salario promedio mensual de L. 162,584.87; PREAVISO: L.325,169.75 AUXILIO DE CESANTÍA: L.3,576,867.25 AUXILIO DE CESANTÍA PROPORCIONAL: L.30,710.48; DECIMOTERCER MES PROPORCIONAL L.57,807.96; VACACIONES PROPORCIONALES; L.30,710.48; DECIMOCUARTO MES PROPORCIONAL L. 139,100.39; BONIFICACIÓN VERANO PROPORCIONAL L.659.72; BONIFICACIÓN SOBRE VACACIONES L.69,610.41; para un total de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS (L.4,230,636.43). Debiendo restarse a dicho calculo los valores pagados por la cantidad de L.2,186,562.30 según consta a folios 43 y 44 de autos, logrando un total de L.2,044,074.13 cantidad que deberá ser pagada a favor del demandante.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha 14 de septiembre del 2020, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que consta de autos el Contrato Colectivo de Trabajo año 2012-2013 vigente celebrado entre el SANAA y el SITRASANAAYS folios 78 al 167 de la primera pieza de autos, en su cláusula 45 establece la terminación del contrato de trabajo por mutuo consentimiento, en este caso el SANAA podrá pagar el cien por ciento ( 100%) de las prestaciones que tiene derecho el trabajador, remitiéndose para efecto del cálculo de prestaciones a lo establecido en la cláusula número 44 del Contrato Colectivo, y que establece el pago del auxilio de cesantía, y preaviso tomando en cuenta el salario promedio de los salarios devengados durante los últimos 6.5 meses incluyendo los proporcionales de los derechos adquiridos, decimotercer mes, decimocuarto mes vacaciones, bonificaciones y bono de compensación y que conforme al cálculo de prestaciones laborales elaborado por la Secretaria del Trabajo y Seguridad Social, un total de L.5,752,185.42 ver folio 12 de los autos; no obstante, los derechos cancelados por la demandada fue por la suma de L.2,186,562.30 ver folio 14 al 16, 40 al 46 de los autos sin desglose de cantidades, motivado por el cese de la relación laboral por mutuo consentimiento entre las partes suscrito en fecha 09 de mayo 2016, mediante la suscripción del convenio de pago en base a la Cláusula 45 del Contrato Colectivo de Trabajo SANAA y SITRASANAAYS, visible a folio 40 al 46 de los autos, y sin que el convenio de pago para que tenga validez se haya hecho ante las autoridades del trabajo correspondiente y sin desglose detallado de los derechos cancelados, cuyo desconocimiento provoca indefensión al trabajador en menoscabo de sus derechos, y que la ley laboral castiga, con la nulidad de los actos que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución tutela derivados de todo contrato individual y colectivo de trabajo; habiendo la Juzgadora en su sentencia en su Considerando 12 de la sentencia dictada establecido el monto que le corresponde al trabajador en la suma de L.4,230,636.43 menos el valor pagado de L.2,186,562.30 para un total a pagar al trabajador de L,2,044,074.13.- 5.- Mediante auto de fecha 17 de febrero del 2021, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado DANIEL ALEXANDER ORTIZ, en condición de representante procesal del SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 22 de junio del 2021, compareció ante este Tribunal el Abogado DANIEL ALEXANDER ORTIZ, en su condición de representante procesal del SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 25 de agosto del 2021, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado SERGIO IVAN MURILLO RAMOS, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que el Abogado DANIEL ALEXANDER ORTIZ, en su primer y único motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva nacional de índole laboral por infracción indirecta proveniente de error de hecho debido a la apreciación errónea del medio de prueba documental propuesta por la parte demandada que obra a folio 08,9,10, y 48 de la primera pieza de autos. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. Las normas sustantivas nacionales de índole laboral violada por la sentencia recurrida están contenidas en el artículo 60 párrafo primero del código de trabajo. REGLAS PROCESALES VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo y 206 del Código Procesal Civil. PRUEBA APRECIADA ERRÓNEAMENTE. DOCUMENTAL: corre agregada a folios 16 y 18 de la primera pieza de autos. PRECEPTO AUTORIZANTE CON RESPECTO A ESTE MOTIVO. Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN. El señor GERMAN ALLAN ARAGÓN MEJÍA solicito a mi representada la terminación de la relación laboral por el mutuo consentimiento de las partes, al apego de la cláusula 45 del contrato colectivo de condiciones de trabajo entre el SANAA y SITRASANAAYS, el cual establece "EL SANAA PODRÁ PAGAR HASTA EL CIEN POR CIENTO (100%) DE LAS PRESTACIONES A QUE TIENE DERECHO EL TRABAJADOR" facultando al patrono a ofrecer una cantidad determinada como pago de tales conceptos, sin obligarlo a que estas sean efectuadas en su totalidad, estableciendo un rango para su pago, constituido entre la totalidad de los derechos adquiridos y el 100% de las prestaciones, sin embargo el tribunal de primera y segunda instancia han apreciado la solicitud de terminación de la relación laboral por mutuo consentimiento de forma errónea obligando a mi representada a pagar el 100% de las prestaciones e indemnizaciones laborales cuando el demandante se ha acogido a una cláusula que obliga a las partes quienes de común acuerdo podrán negociar el pago de prestaciones e indemnizaciones. - No implicando ninguna renuncia de derechos del trabajador ya que se ha hecho en base a una contratación colectiva suscrita entre el SANAA Y SITRASANAAYS que obliga a las partes a su fiel cumplimento de conformidad con el artículo 60 del código de trabajo párrafo primero en consecuencia el SANAA mediante oficio GG-217-2016 le hizo saber que la terminación laboral operaba a partir del 09 de mayo del año 2016, ofreciéndole el pago de las prestaciones laborales por la cantidad de DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS QUINIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON TREINTA CENTAVOS (L.2,186,542.30) el cual se hizo efectivo en un solo pago, el cual el demandante recibió a su entera satisfacción.”.- III.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de que el error de hecho es una creencia o noción equivocada del juez frente a los hechos revelados por la prueba, la demanda o la contestación, que se percibe de forma inmediata y conlleva a la violación indirecta de la ley. Para que se configure la violación de la ley por error de hecho en la apreciación de las pruebas, son necesarios los siguientes requisitos: a) debe existir una mala o falta de apreciación de la prueba; b) esa mala apreciación debe ser originada por un error de hecho, es decir, respecto de la prueba considerada en si misma y no con relación a las normas legales que reglamentan la prueba; c) ese error de hecho debe generar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva; d) que el error de hecho expresado debe ser manifiesto, o sea que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate, como ocurriría si en la sentencia se admite por probado un hecho que en realidad no está demostrado o al contrario. [1]En el caso que nos ocupa no se ha demostrado ese error y además se incurre en los siguientes defectos técnicos: a) alega la existencia de error de hecho por la apreciación errónea de la prueba documental admitida a la parte demandada, las cuales no señala con precisión, ya que en un apartado indica que se encuentra a folios 8, 9, 10 y 48 de la primera pieza de autos, pero a continuación en el acápite intitulado “PRUEBA APRECIADA ERRÓNEAMENTE. DOCUMENTAL” singulariza las agregadas a folios 16 y 18 del referido expediente; y, b) tampoco se indicó con precisión el precepto autorizante, ya que señala que el mismo se encuentra comprendido en el numeral primero del artículo 765 del referido ordenamiento jurídico, el cual contiene dos párrafos, que hacen referencia a varias causales de este extraordinario recurso y no determinó el que correspondía al concepto de la infracción alegada.- IV.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 128, 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3, 379, 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE.- FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de diciembre del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha quince de noviembre del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número CL 28-21.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO .

[1] Ver sentencia del 10 de marzo del 2015 dictada en el expediente SL 598-13.