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Sentencia CL-272-19 — Registro 14473

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar el defecto material de prescripción y confirmó sin lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por retiro voluntario, pago de cantidades adeudadas por no otorgar un reajuste salarial de 2014 y 2015 por contratación colectiva, pago de 30 días indemnizatorios por no notificar con previo aviso una suspensión de contrato de trabajo, pago de salarios adeudados por suspensión no autorizada del contrato de trabajo

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...."Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 764 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible por la razón siguiente: que la sentencia impugnada al confirmar el fallo del a-quo, hace suyos los hechos y fundamentos de derecho de la misma, sustentado su decisión en la figura de la prescripción, por ello resulta inútil formular un cargo por el concepto invocado; salvo que el error de hecho por falta de apreciación de prueba formulado, sea en relación a prueba sobre la prescripción, que no es el caso"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo  y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; estudiado el caso en examen, éste Tribunal no se estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria. "...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- Tegucigalpa, M.D.C., a los veintidos días del mes julio del dos mil veintiuno.

La Corte Suprema de Justicia integrada por los Magistrados Propietarios ROLANDO EDGARDO ARGUETA PÉREZ Magistrado Presidente, LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ, JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, RAFAEL BUSTILLO ROMERO, WILFREDO MÉNDEZ ROMERO, RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA, JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA y Magistrados Integrantes GARIN ENOC URQUIA CASTRO, RUBEN RIVERA FLORES, YIMY DANIEL CHIRINOS ORELLANA Y CONAN RAFAEL ARGUETA BOURDETT; dicta la siguiente. RESOLUCIÓN: VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 30 de octubre del 2019, por el Abogado JOSE RAMON MARTINEZ BONILLA, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del señor KEVIN JEFFREY GUITERREZ AYALA, como recurrente; además, es parte recurrida, la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), representada en juicio, por el Abogado FAUSTO NOEL MONCADA MENDEZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por retiro voluntario, pago de cantidades adeudadas por no otorgar un reajuste salarial de 2014 y 2015 por contratación colectiva, pago de 30 días indemnizatorios por no notificar con previo aviso una suspensión de contrato de trabajo, pago de salarios adeudados por suspensión no autorizada del contrato de trabajo, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 18 de enero del 2016, por el señor KEVIN JEFFREY GUITERREZ AYALA, mayor de edad, Bachiller en Computación, soltero, hondureño y de este domicilio, contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), por medio de su Representante Legal de ese entonces, el señor ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 11 de marzo del 2019, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 15 de agosto del 2018, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1. Declarar CON LUGAR EL DEFECTO MATERIAL DE PRESCRIPCION opuesto por la Representante Procesal de la parte demandada; 2. DECLARAR SIN LUGAR LA DEMANDA promovida por KEVIN JEFREY GUTIERREZ AYALA contra EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) a través de su Representante Legal ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH, siendo en la actualidad el señor JESUS ARTURO MEJIA ARITA, el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por retiro voluntario, pago de cantidades adeudadas por no otorgar un reajuste salarial de 2014 y 2015 por contratación colectiva pago de 30 días indemnizatorios por no notificar con previo aviso una suspensión de contrato de trabajo, pago de salarios adeudados por suspensión no autorizada de su contrato de trabajo, por causas imputables al patrono, en consecuencia; 3. ABSULEVE a la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) a través de su Representante Legal ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH, siendo en la actualidad el señor JESUS ARTURO MEJIA ARITAL a pagar prestaciones e indemnizaciones laborales por retiro voluntario, pago de cantidades adeudadas por no otorgar un reajuste salarial de 2014 y 2015 por contratación colectiva pago de 30 días indemnizatorios por no notificar con previo aviso una suspensión de contrato de trabajo, pago de salarios adeudados por suspensión no autorizada de su contrato de trabajo, por causas imputables al patrono; al señor KEVIN JEFREY GUTIERREZ AYALA; 4. Declarar SIN LUGAR las COSTAS”.

ANTECEDENTES DE HECHO.

1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inició su relación laboral con la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), en fecha 5 de junio del 2006, desempeñándose en el puesto de Ayudante de Almacén en la Unidad de Servicios Generales, devengando un salario ordinario mensual de L. 19,205.30 y un salario promedio mensual de L. 22,406.18, menciona que en el tiempo que laboró le correspondía el ajuste salarial equivalente al 5.18% según el índice inflacionario del año 2013, y para enero del 2015 el ajuste salarial del 6.11% en aplicación a la cláusula numero 51 párrafo último del contrato colectivo 2011-2013, por lo que su salario para el año 2014 debió ser de L. 20,200.13; para el año 2015 de L.21,434.36; y su último salario promedio mensual debía ser L. 25,006.75. En fecha 24 de noviembre del 2014, el patrono no permitió su ingreso a las instalaciones de la empresa, en vista que se habían suspendido las labores, sin embargo, no se le notificó personalmente al demandante de dicha suspensión, ni se realizó según el artículo 101 del Código del Trabajo con 30 días de anticipación. Una vez suspendidas las labores, el demandante presentó su retiro voluntario el día 22 de enero del 2015, bajo el fundamento de la cláusula 72 numeral 2) del contrato colectivo 2011-2013 suscrito entre la ENEE y STENEE, y del artículo 127 de la Constitución de la República, por lo que la demandada tenía la obligación de hacer efectivo el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales en el transcurso de un mes, a pesar de ello, en ningún momento le ha hecho efectivo dicho pago al demandante, en virtud que la ENEE pretendía hacer unas deducciones ilegales y no autorizadas, correspondientes a los préstamos solicitados por el demandante con el fondo de prestaciones sociales de la ENEE, además alega no haber autorizado a su patrono para hacer tales deducciones, y en caso de haberlo hecho, sería nulo ipso jure pues contraviene lo estipulado en el artículo 123 literal a) del Código del Trabajo. Agotándose el trámite administrativo respectivo, sin llegar a ningún acuerdo conciliatorio.

2.- La parte demandada, la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), contestó dicha demanda señalando que se deberá probar en juicio lo referente a la naturaleza del vínculo jurídico, salario, puesto, fecha de ingreso y el ajuste salarial que reclama el demandante. Asimismo, se reconoce que en fecha 24 de noviembre del 2015, la demandada suspendió un número determinado de contratos de trabajo. También manifiesta que la demanda fue presentada prematuramente, sin presupuestos jurídicos que la respalden y careciendo de legitimación activa, en virtud que la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social aún no ha resuelto sobre la autorización de la suspensión de labores, según lo estipulado en el artículo 101 y 102 del Código del Trabajo, haciendo hincapié que en caso de pretender impugnar la resolución, el asunto debería ser sometido ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo, por ser un acto administrativo. La parte demandante presentó una solicitud de retiro voluntario, misma que fue admitida y acto seguido se le reconoció el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales, no obstante, el demandante las rechazó, en virtud que se hicieron deducciones (autorizadas expresamente por él), correspondientes a una deuda que tenía pendiente con el Fondo de Prestaciones Sociales de Empleados Permanentes de la ENEE, en consecuencia, manifiesta que la pretensión resulta improcedente, pues la empresa ha estado en la disposición de efectuar el pago de las prestaciones, no obstante, el demandante pretende desconocer su obligación bajo argumentos superfluos con destellos de defraudación y aprovechamiento.

3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 15 de agosto del 2018, dictó sentencia declarando CON LUGAR el defecto material de prescripción opuesto por la parte demandada; SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por el señor Kevin Jeffrey Gutiérrez Ayala, contra la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), sin costas; bajo el criterio que entre la fecha del acta de cierre de las diligencias administrativas gubernativas, el 03 de agosto del 2015, y la fecha en que el demandante acudió a la instancia jurisdiccional a interponer la acción, el 18 de enero del 2016, transcurrieron 5 meses con 15 días, para lo cual la acción para el reclamo de su derecho, ya había prescrito, según el artículo 864 del Código del Trabajo, en consecuencia, es procedente declarar con lugar el defecto material de prescripción propuesto por el representante procesal de la parte demandada. Esta Corte de Apelaciones reiteradamente ha sostenido el criterio que cuando se interpone el defecto material de prescripción en el momento procesal oportuno y este prospera, resulta improductivo pronunciarse sobre el fondo del juicio, puesto que el demandado pretende con ello la absolución del reclamo, consecuentemente se declara sin lugar la demanda de que se ha hecho mérito.

4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha 11 de marzo del 2019 dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que, para obtener el beneficio de un derecho, es un principio universal en materia probatoria, que quien afirma un hecho está obligado a probarlo, en el caso particular, con los medios de prueba presentados se evidenció que el demandante al momento de presentar su demanda, ya le había prescrito su acción.

5.- Mediante auto de fecha 22 de agosto del 2019, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado ALEJANDRO SOTO OVIEDO, en su condición de representante procesal del señor KEVIN JEFFREY GUITERREZ AYALA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.

6.- En fecha 30 de octubre del 2019, compareció ante éste Tribunal el Abogado JOSE RAMON MARTINEZ BONILLA, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de fecha 30 de octubre del 2019, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 25 de noviembre del 2019, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por el Abogado FAUSTO NOEL MONCADA MENDEZ, en condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.

7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.

8.- Que la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo en fecha veintisiete (27) de agosto del año dos mil veinte (2020) en relación al recurso de casación interpuesto y del que se ha hecho mención, dicta sentencia la que puede ser vista de los folios 39 al 50 de la pieza de casación, y que por mayoría de votos de sus miembros declaro: CASAR la sentencia recurrida y en consecuencia la dicta en sede de instancia, siendo disidente el Magistrado Pineda Valle, quien en su voto particular resolvió: DECLARAR NO HA LUGAR el recurso de casación del que se ha hecho merito en sus dos motivos, y SIN LUGAR LA NULIDAD SUBSIDIARIA solicitada, SIN COSTAS, contra la Sentencia Definitiva, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo, del departamento de Francisco Morazán de fecha 11 de marzo del 2019.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- El artículo 316 de la Constitución de la República, establece entre otros argumentos que cuando las sentencias de las salas se pronuncien por unanimidad de votos, se proferirán en nombre de la Corte Suprema de Justicia y tendrán el carácter de definitivas y que cuando no haya unanimidad en la toma de decisión del asunto, los magistrados que hayan participado en la Sala, no deben integrar el Pleno; de lo cual se deduce o infiere que las sentencias que se pronuncien en las distintas salas, por mayoría de votos, deberán someterse al Pleno de la Corte Suprema de Justicia; en el caso subjudice el conocimiento de las diligencias relacionadas, surge como consecuencia de un pronunciamiento derivado por mayoría de votos de los miembros de la Sala de lo Laboral Contencioso Administrativo, por lo que el Honorable Pleno de la Corte Suprema de Justicia en acatamiento irrestricto de la norma constitucional precitada, verifica las valoraciones tanto fácticas y normativas del caso concreto.-

II.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.

III.- Que el Abogado JOSE RAMON MARTINEZ BONILLA, en su primer motivo aduce: “Acuso ser la sentencia violatoria de ley sustantiva de orden nacional, por aplicación indebida del artículo 864 del Código del Trabajo; relacionado con el artículo 2292 del Código Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el artículo 765 numeral primero, parágrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO: En primero lugar, señalo que el hecho indudable, que no se discute, que está debidamente comprobado y es aceptado por las partes es la terminación del contrato por retiro voluntario y en consecuencia el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales y ciertamente es: que a partir de fecha 22 enero de 2015, la relación laboral que unía a las partes en litigio se había dado por terminada por la presentación del retiro voluntario bajo fundamento de la cláusula 72.2 del Contrato colectivo interpuesto por el señor Kevin Jeffrey Gutiérrez Ayala, y que a causa de este se volvió acreedor del pago del 100% de sus prestaciones; en tal sentido apunto que es reconocido por las partes ya que se relaciona en el libelo de demanda en su hecho cuarto, se acepta por la demandada en su contestación de demanda en el hecho tercero de los hechos en que apoya la defensa. En tal sentido, es que observamos la inaplicabilidad del artículo 864 del Código del Trabajo, en virtud de que de la lectura integra de este identificamos que el termino de prescripción de 2 meses relacionado en el mismo, ciertamente es para ejercer las derechos y acciones por parte de los trabajadores para reclamar en contra de los despidos injustificados o en contra de las acción disciplinarias que se les apliquen, y el presente proceso, según se identifica del petitorio del libelo de la demanda, es el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales por RETIRO VOLUNTARIO y no es una demanda de emplazamiento cuyo término de prescripción si es de 2 meses ni en contra de algún despido. De esta manera los sentenciadores de primera y segunda instancia, según observamos en las motivaciones que utilizan para fundamentar su errada decisión, visibles en el considerado noveno del fallo de primera instancia y considerado noveno del de segunda instancia; aplican de manera indebida el artículo 864 del Código del Trabajo, de tal manera que son del parecer que ha prescrito el derecho de mi representado, como si el reclamo objeto del juicio ha sido a causa de un despido o una corrección disciplinaria; sin embargo tal y como se dijo previamente y en el presente caso se ejerce una acción para el pago de prestaciones por haber presentado un retiro voluntario; que al no tener un término de prescripción plasmado en el código del trabajo u otra norma laboral, por tratarse de un derecho que deriva de la contratación colectiva, es que le es aplicable el termino de prescripción de 10 años del artículo 2292 del Código Civil. A lo previamente argumentado; considero oportuno que el mismo es desarrollado en congruencia y mismo sentido del criterio proferido por esta Honorable Sala laboral en el fallo CL-510-15 de fecha 25 de octubre de 2016, la cual cito de la manera siguiente:" ... olvidando que lo reclamado por la demandante no es de que haya sido objeto, ya que no existe planteada en el proceso esa situación, sino que se trata de una acción de pago de complemento o reajuste de prestaciones e indemnizaciones laborales, así como el pago de un incremento salarial, que como tales tienen plazas diferentes de prescripción; ya que el pago de complemento o reajuste de prestaciones e indemnizaciones laborales, al no tener un plazo especial fijado en la normativa laboral, la prescripción general de las acciones personales que regula el Código Civil en su artículo 2292 establece que la misma es de diez (10) años...". Claro está, a diferencia del caso relacionado y el caso que nos ocupa, es que el presente proceso no tiene por objeto el pago de complemento de prestaciones, sino que es el pago total de las prestaciones de mi representado ya que a este en ningún momento se le efectuó algún pago por este concepto. Por todo lo expuesto, apreciamos que los juzgadores han aplicado indebidamente el articulo 864 el Código del Trabajo, puesto que aplica una norma distinta a la que regula el hecho, por lo tanto, debe con total seguridad, casarse la sentencia objeto del presente recurso puesto que el juzgado inobservo las normas jurídicas que está obligado a aplicar para resolver el conflicto jurídico que ha sido sometido a su conocimiento y altero el impero de la ley.”

IV.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las razones siguientes: a) se insta a la revisión de los hechos y por ende al material probatorio (cláusula 72.2 del Contrato colectivo interpuesto), lo cual es incompatible con el concepto de infracción invocado; y, b) se omite la norma sustitutiva del orden laboral que debió aplicarse en forma debida. Además, el juzgador de instancia antes de aplicar la supletoriedad, debe en primer lugar, acudir a la analogía y buscar en el ámbito del derecho laboral (Código de Trabajo) la relación de semejanza entre normas distintas y aplicarlas al caso concreto y, solo en defecto de las mismas aplicara las normas del derecho común. Por ello, en el fallo impugnado, que es confirmatorio del de primera instancia se ha aplicado por analogía y debidamente el artículo 864 del Código del Trabajo (prescripción), todo de conformidad a lo dispuesto en el artículo 858 del mismo ordenamiento legal.

V.- Que en un segundo motivo se esgrime: “Acuso la sentencia recurrida ser violatoria de ley sustantiva nacional, en infracción indirecta proveniente de falta de apreciación de los medios de prueba: documental publico propuesta y admitida a la parte demandante: 1) nota de fecha 23 de febrero de 2015, 2) comprobante de pago de noviembre de 2014, 3) cálculo de prestaciones realizado por la demandada, 4) copia de las cláusulas 51 y 72 del contrato colectivo, 5) informe del Banco Central de Honduras (folios: 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84), documental privada propuesta y admitida a la parte demandante: nota de fecha 22 de enero de 2015 (folio 76), exhibición de documentos propuesta y admitida a la parte demandante con relación a los siguientes extremos: a.- Para efectos de que exhiba ante este tribunal, la nota en donde se al demandante que se le suspende el contrato de trabajo, con el respectivo acuse recibido, b.- comprobantes de salario de los últimos meses laborados previos a la suspensión es decir de julio a noviembre de 2015, incluyendo el pago de 30 días de salario en concepto de indemnización por la suspensión del contrato de trabajo en caso de haberse pagado y c) los comprantes de pago en donde se vea relejado si al demandante se le efectuó un ajuste salarial para el año 2014 en base la cláusula 51 del Contrato colectivo (evacuada a folios 86 y 87); documental publico propuesta y admitida a la parte demandada: 1) copia del cheques de caja no.2634176 y 2) constancia del FPS de la ENEE (folios 31 y 33), que hizo incurrir en un error de hecho que aparece manifestó en los autos y que conllevo en a la violación de las normas sustantivas de orden nacional contentiva del articulo 96 numeral 5 del Código del Trabajo, relacionado con el artículo 123 inciso a del Código del Trabajo, y la norma sustantiva de orden nacional contentiva del articulo 95 numeral 1 del Código el Trabajo. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de la norma sustantiva señalada están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el artículo 765 numeral primero, parágrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO: En primero lugar, señalo que todo el material probatorio relacionado previamente no ha sido apreciado de manera alguna por parte de los sentenciadores de primera y segunda instancia, ya que, mediante todo este as probatorio, se logró acreditar los siguientes hechos: 1) Que mi representado presento su retiro voluntario bajo fundamentos de la cláusula 72.2 del Contrato Colectivo efectivo a partir del 22 de enero de 2015 (folio 76), 2) Que la parte empleadora acepto dicho retiro voluntario y como consecuencia se le reconoció el pago del beneficio contemplado en la cláusula 72.2 del Contrato Colectivo (folio 75), 3) El salario ordinario y promedio de mi representado, su fecha de inicio (folio 77 y 78), 4) El porcentaje el índice inflacionario de los años 2013, 2014 y 2015 (folio 79, 80 y 81), 5) El contenido de las cláusulas 51 y 72 del contrato colectivo, que preceptúa, respectivamente: un aumento salarial para los trabajadores en base al porcentaje de índice inflacionario para los años 2014 y sucesivos y que los trabajadores que presenten su retiro voluntario tendrán derecho al pago del 100% de sus prestaciones e indemnizaciones laborales (folio 82, 83, 84 y 85), 6) Que al demandante no se le concedió el ajuste salarial de las cláusulas 51 del contrato colectivo para los años 2014 y 2015, que no se le notifico personalmente la suspensión de su contrato de salario, (folio 86 y 87), 7) Que la demandada le extendió a mi representado un cheque por la cantidad de L.1.00 en concepto de sus prestaciones e indemnizaciones laborales (folio 31), 8) Que debido a una constancia emitida por el Fondo de Prestaciones Laborales se le solicito a la Gerencia de la ENEE se le dedujera de las prestaciones del demandante la suma de L.478,219.57 (folio 33). Dicho lo anterior ciertamente observamos que de haber sido valorada toda la prueba relacionada, los juzgadores de primera y segunda instancia, hubiesen llegado al convencimiento de que los derechos reclamados en el proceso judicial siendo: pago de prestaciones e indemnizaciones laborales derivados del retiro voluntario y pago de ajuste salarial de los años 2014 y 2015, son adeudados y derecho adquirido al haber aceptado su pago la demandada, ya que la empleadora no acredito que el demandante hubiese autorizado las deducciones realizadas a su pago, y como consecuencia no hubiesen violentado el articulo 96 numeral 5 del Código del Trabajo relacionado con el artículo 123 inciso a) del Código del Trabajo que prohíbe la venta, cesión o compensación de las prestaciones laborales y de la misma manera no se hubiese violentado el artículo 95, numeral 1 del Código del Trabajo que preceptúa la obligación de la parte empleadora de pagar la remuneración pactada, en este caso la contratación colectiva, a los trabajadores. Esto se señala puesto que reiteramos, se acredito que se pactó en contratación colectiva que a mi representado se le debía ajustar el salario para el 2014 y 2015 y que en caso de que este presentara su retiro voluntario, como así fue, tiene derecho al pago al 100% de sus prestaciones e indemnizaciones laborales; pagos que por haber el patrono efectuado deducciones prohibidas a los mismos no se realizaron. Sin embargo a causa de la ausencia total por parte de los sentenciadores, de la valoración alguna de todo este material probatorio mediante el cual se acredito las circunstancias previamente descritas, es que no pudo llegar al convencimiento de que el patrono ha incumplido la obligación que se encuentra en las normas sustantivas laborales que el día de hoy indisputablemente se han violentado; y como consecuencia de tal conclusión lógica, razonable y fundamentada, hubiese condenado al pago de lo reclamado. En tal sentido, observamos que se ha violentado en primer lugar la norma sustantiva consistente en el artículo 96 numeral 5 del Código del Trabajo, relacionada al 123 inciso a) del mismo Código, ya que en esta se le prohíbe expresamente al patrono realizar las deducciones acreditadas en el juicio, y como consecuencia, también se violentó la norma sustantiva consistente artículo 95, numeral 1 del Código del Trabajo, ya que el empleador incumplió con la obligación descrita en esta norma en el sentido que no pago la remuneración pactada, que en nuestro caso es visible en el contrato colectivo.”

VI.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible por la razón siguiente: que la sentencia impugnada al confirmar el fallo del a-quo, hace suyos los hechos y fundamentos de derecho de la misma, sustentado su decisión en la figura de la prescripción, por ello resulta inútil formular un cargo por el concepto invocado; salvo que el error de hecho por falta de apreciación de prueba formulado, sea en relación a prueba sobre la prescripción, que no es el caso.

VII.- Que se solicita nulidad subsidiaria en la forma siguiente: “Padece de vicios de nulidad la sentencia objeto del presente recurso, que provocan, que, en caso de no prosperar los motivos de casación previamente desarrollados, que se anule la misma, por vicios evidentes. Esto pues, se observa que las sentenciadores de primera y segunda instancia, han violento el Principio de Legalidad, puesto que en una abierta contravención a al Principio de Irrenunciabilidad que impera en materia del Derecho del Trabajo visible en los artículos 3 del Código del Trabajo y 128 de la Constitución de la Republica, han absuelto a la demandada incluso al pago de las derechos adquiridos e irrenunciables de mi representado, pese a que esta honorable Sala Laboral, en reiteradas ocasiones ha apuntado que sin importar las resultas de las procesos, las juzgadores en respeto a estos principios que se señalaron debe de verter pronunciamiento con relación al pago de las derechos adquiridos de las empleados, en el sentido que deben ser concedidos. Todo esto, pues claro, recordando que estos derechos adquiridos e irrenunciables, ya le pertenecen al trabajador sin necesidad o que deriven de una situación jurídica como ser la declaratoria de legalidad o no de un despido. Por lo tanto, es que los juzgadores de primera y segunda instancia, al no condenar al pago de los derechos adquiridos, por ya pertenecerle al trabajador, claramente emite una sentencia que contradice el Principia de Legalidad y la Constitución de la Republica en todo su apartado relacionado a los derechos de los trabajadores en el sentido que profiere un fallo que carece del pronunciamiento de estos derechos. Cabe señalar que en el caso que nos ocupa, todos las derechos que fueron reclamados en la demanda oportunamente son derechos adquiridos, esto en virtud de que el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales derivan de la solicitud del retiro voluntario interpuesto por el demandante, y que fue efectivo a partir del 22 de enero de 2015, y al haber sido reconocidos por el empleador el 23 de febrero de 2015 y por encontrarse plasmado en la Contratación colectiva; es que de manera innegablemente, ya le pertenecían a este. Igualmente considero oportuno citar el fallo CL-421-17 de fecha 13 de noviembre de 2018, proferido por la honorable Sala Laboral, ya que en este se observa cual es el criterio relacionado al pago de las derechos adquiridos sin importar la forma en que finalizo la relación laboral; por lo tanto, procedo de la manera siguiente: " ... Resuelto lo anterior, esta Sala estima conveniente, para fines jurisprudenciales, recordar que este Tribunal ha venido sosteniendo que las derechos adquiridos son aquellos que se originan de una situación jurídica indudable y que no es una expectativa, por lo tanto de pertenencia a un titular a quien la Ley laboral le prohíbe su renuncia, razón por la que este derecho debe ser respetado y no vulnerado; las conceptos por derechos adquiridos deben ser contemplados en la decisión judicial independientemente de la forma de la terminación de la relación laboral y de que hayan sido solicitados o no, salvo que éstos se encuentren efectivamente satisfechos y que conste en los autos tal circunstancia o que se determine la inexistencia de relación laboral entre las partes. (Al respecto ver, CL450-11, CL600-15, 576-15).-... " Nuevamente para efectos de una mayor ilustración, cito nuevamente a la Sala Laboral en el fallo CL-73-11 de fecha 6 de noviembre de 2011, en la que de oficio se decreta la nulidad de una sentencia por padecer del mismo defecto que el día de hoy se denuncia, de la manera siguiente: " ... Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de La Ceiba, Atlántida de fecha 16 de noviembre del 2010, de manera ostensible se encuentra en abierta inobservancia de los artículos 200, 206 y 208 del Código Procesal Civil, aplicado supletoriamente de conformidad al artículo 858 del Código del Trabajo, en razón de que la sentencia acusada no reúne los requisitos formales que deben contener de conformidad a los normas procesales antes citadas.- X.- Las leyes que rigen las relaciones entre patronos y trabajadores son de orden público, siendo nulos los actos que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos de los trabajadores, teniendo el pago de los derechos adquiridos un carácter obligatorio para el empleador, independientemente de la forma de la terminación de la relación de trabajo, derecho que tiene relevancia constitucional. - XI.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, hacienda las declaraciones que estas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. - XII. - Que la nulidad absoluta en el recurso de casación procede por defectos procesales de oficio aunque no se hubieren denunciado por el Recurrente.- XIII.- Que por las razones antes expuestas, es procedente ANULAR de OFICIO la sentencia recurrida ....”

VIII.- Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; estudiado el caso en examen, éste Tribunal no se estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.

IX.- Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos e igualmente la nulidad subsidiaria solicitada.

POR TANTO: El Pleno de La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por mayoría de votos, al disentir los Magistrados WILFREDO MÉNDEZ ROMERO Y REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN LUGAR la nulidad subsidiaria solicitada. SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.

Expediente S.L 272-2019