Sentencia CL-244-19 — Registro 12362
Resumen
Demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones sociales, derechos e indemnizaciones legales por despido indirecto e injustificado, que comprenden auxilio de cesantía proporcional, reajustes de salario mínimo desde el año 2014, vacaciones proporcionales, décimo tercer mes adeudado, décimo tercer mes proporcional, décimo cuarto mes adeudado, décimo cuarto mes proporcional, pago de horas extras adeudadas y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha en que se produjo el despido hasta el día en que conforme a las reglas procesales quede firme la sentencia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Olvida el Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba, ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley; y b) Formula alegatos propios de instancias."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) La prueba singularizada si fue apreciada en el fallo impugnado, resultando que se le dio una valoración o alcance diferente al que pretende el Impetrante, por lo que es impropio el ataque al mismo por apreciación errónea; b) Que el Recurrente olvida que para que se configure el error de hecho alegado, por un lado, no basta señalar un medio de prueba determinado, sino que es necesario relacionar el mismo con la prueba en su conjunto, para así poder determinar que el Tribunal recurrido haya incurrido o no en una violación a la Ley, y por otro, que debe ser ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos, pero en circunstancias dudosas, los Tribunales quedan en libertad de decidirse en caso tal por el extremo que, a su juicio, consideren mejor demostrado; en este caso, al revisarse la situación jurídica planteada se advierte que el Tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia, hizo suyos los argumentos del Juez A-quo, observándose que se realizó el análisis y valoración de todo el material probatorio allegado al juicio y donde se concluyera entre otros puntos, que el despido de la demandante y el vínculo laboral fueron objetos de la discusión y probanzas demostradas en juicio por el trabajador; y, c) Formula alegatos propios de instancia."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que este Tribunal deba enmendar; en el presente caso, donde la situación planteada ya ha sido resuelta en el momento procesal oportuno por el A-quo y confirmado por el Tribunal de apelación lo constituye en un objeto de litigio ya dirimido y agotadas sus instancias, sin embargo estudiado el caso en examen, este Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria. VIII. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación. Y sin lugar la nulidad solicitada de forma subsidiaria."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veinticuatro de febrero del dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 16 de octubre del 2019, por el Abogado VICTOR GUILLERMO PERELLO PARANKY, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil MEDIRED, S. DE R. L., como recurrente; además, es parte recurrida la señora ANDREA ROXANA RODRIGUEZ FLORES, representada en juicio por la Abogada CERES JUDITH MARRIAGA BONILLA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones sociales, derechos e indemnizaciones legales por despido indirecto e injustificado, que comprenden auxilio de cesantía proporcional, reajustes de salario mínimo desde el año 2014, vacaciones proporcionales, décimo tercer mes adeudado, décimo tercer mes proporcional, décimo cuarto mes adeudado, décimo cuarto mes proporcional, pago de horas extras adeudadas y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha en que se produjo el despido hasta el día en que conforme a las reglas procesales quede firme la sentencia, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 9 de noviembre del 2017, por la señora ANDREA ROXANA RODRIGUEZ FLORES, mayor de edad, hondureña y con domicilio en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, contra la sociedad mercantil MEDIRED, S. DE R. L., representada mediante su Gerente General el señor OMAR FUENTES MEJÍA, representada en juicio por el Abogado VICTOR GUILLERMO PERELLO PARANKY. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 25 de abril del 2019, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 31 de enero del 2019, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, misma que en su parte conducente dice “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR la demanda para el pago de preaviso, auxilio de cesantía, derechos adquiridos, ajuste de salario y salarios dejados de percibir exigidos por la señora ANDREA ROXANA RODRIGUEZ FLORES, de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia, contra la empresa mercantil denominada MEDIRED S. DE R.L. a través de su representante señor OMAR FUENTES MEJIA, también de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; consecuentemente: CONDENA a la demandada MEDIRED S. DE R.L. a través de su representante señor OMAR FUENTES MEJIA, a pagar a la señora ANDREA ROXANA RODRIGUEZ FLORES, la cantidad de UN MILLON CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS (L.111,186,529.81), distribuidos así: Preaviso: 286,955.14, Auxilio de Cesantía I. 130,432.72, auxilio de cesantía Proporcional L. 6,038.55, vacaciones proporcionales L. 3,450.60, décimo tercer mes proporcional L. 25,672.47, décimo cuarto mes proporcional L. 7,039.23; pago de décimo tercer mes correspondiente año 2015 la cantidad L. 34,506.01, décimo cuarto mes y décimo tercer mes del año 2016, la cantidad L. 74,532.98; décimo cuarto mes año 2017 la cantidad de L. 37,266.49; mas vacaciones periodo 2015-2016 segundo año de servicio L. 17,391.00; vacaciones año periodo 2016-2017,que corresponde tercer año de servicio L. 21,738.78, REAJUSTE DE SALARIO CONFORME LEY DEL ESTATUTO DEL MEDICO EMPLEADO así: reajuste de salario de septiembre a diciembre del año 2015, resultan 4 meses a razón de la cantidad de L. 29,256.01 mensual, resulta la cantidad de L. 117,024.04, más reajuste salario de enero a diciembre del año 2016 resulta un reajuste por la cantidad de L. 384,197.88, Mas el reajuste del mes de enero a septiembre del año 2017, resulta una cantidad de L. 240,283.92; Más los salarios dejados de percibir desde la fecha en que se produjo el cese laboral hasta que quede firme la presente Sentencia Condenatoria.-SEGUNDO: DECLARA CON LUGAR PARCIALMENTE la excepción perentoria de prescripción de acción para reclamar reajuste de salario mínimo conforme Ley del Estatuto del Medico Empleado.- TERCERO: SIN COSTAS”. ANTECEDENTES DE HECHO. 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inició a laborar con la demandada el 18 de julio del 2014, de lunes a viernes en un horario de 7:00 a.m-1:00 p.m., y de 3:00 p.m.-7:00 p.m., devengando un salario mensual de (L.7,321.00), también señaló que la demandada con la intención de disfrazar su trabajo continuo y subordinado reguló su relación laboral como un contrato de arrendamiento de servicios, mismo que conforme al artículo 3 del Código del Trabajo es nulo. El 31 de junio del 2017, la demandada dio por finalizada la relación laboral, sin embargo el 1 de julio del 2017, renovó el contrato nuevamente pero con fecha de finalización el 31 de diciembre del 2017, no obstante el 8 de septiembre del 2017, le comunicó a la demandante mediante una nota que se daba por rescindido su contrato, mencionando únicamente que fue por motivo de incumplimiento, por lo que consideró fue un despido injustificado, ya que dice siempre haber cumplido con todas sus obligaciones y la normativa de la empresa. Asimismo, mencionó que es Médico Titulada y se encuentra al día con sus cotizaciones en el Colegio Médico de Honduras, por lo que le era aplicable la Ley del Estatuto del Médico Empleado y su reglamento, el cual reconoce que el salario mínimo de los médicos en aquel entonces ascendía a (L.37,445.92), pero no le fue pagada dicha cantidad, razón por la cual también reclama su reajuste salarial. 2. La parte demandada, MEDIRED, S. DE R. L., contestó dicha demanda puntualizando que es una empresa responsable que cumple con los requisitos legales en sus relaciones laborales, lo cual dice estar evidenciado en el hecho que desde el año 2014, la empresa con la que tuvo una relación mercantil, nunca presentó algún reclamo de incumplimiento, de igual forma negó la existencia de un contrato laboral celebrado con la señora Andrea Roxana Rodríguez Flores en su condición personal, por lo que no existe un patrono y trabajador, ni la concurrencia de los elementos esenciales de un contrato de trabajo, no obstante aceptó haber celebrado contratos con la demandante en su carácter de Gerente y Propietaria de la empresa mercantil denominada Servicios Médicos ARRF, en dichos contratos acordaron que la empresa ARRF prestaría el servicio de un médico investido de título profesional, como en varias ocasiones lo hizo sin individualizar a un médico determinado, por lo que dice que el servicio pudo haber sido prestado por cualquier persona que cumpliera con los requisitos establecidos en el contrato, tal como consta en los registros de la empresa que distintos médicos cubrían los horarios y espacios asignados a la empresa ARRF, sin que la demandante requiriera autorización para que dichos médicos cumplieran con el horario de atención médica pactado. También expresó que el motivo por el cual dio por finalizada la relación de servicios fue en virtud que la demandante incumplió con proveer el personal médico sin dar justificación ni aviso. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 31 de enero del 2019, dictó sentencia declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por la señora Andrea Roxana Rodríguez Flores, contra la Empresa MEDIRED, S. DE R.L., a través de su representante señor Omar Fuentes Mejía, CONDENÓ a la demandada a pagar a favor de la demandante la cantidad de (L.1,186,529.81), distribuidos así: Preaviso (L. 286,955.14), Auxilio de Cesantía (L. 130,432.72), Auxilio de Cesantía Proporcional (L. 6,038.55), Vacaciones Proporcionales (L. 3,450.60), décimo tercer mes proporcional (L. 25,672.4)7, Décimo Cuarto mes proporcional (L. 7,039.23), Décimo Tercer mes correspondiente al año 2015 (L. 34,506.01), Décimo Cuarto mes y Décimo Tercer mes del año 2016 (L. 74,532.98), Décimo Cuarto mes año 2017 (L. 37,266.49), más Vacaciones periodo 2015-2016 segundo año de servicio (L. 17,391.00), Vacaciones año periodo 2016-2017, que corresponde al tercer año de servicio (L. 21,738.78), reajuste de salario conforme a la Ley del Estatuto del Médico Empleado de la siguiente forma: septiembre a diciembre del año 2015, resultan 4 meses a razón de la cantidad de (L. 29,256.01) mensual, resulta la cantidad de (L. 117,024.04), mas reajuste salario de enero a diciembre del año 2016 resulta un reajuste por la cantidad de (L. 384,197.88), más el reajuste del mes de enero a septiembre del año 2017 resulta una cantidad de (L. 240,283.92), más los salarios dejados de percibir, CON LUGAR PARCIALMENTE la excepción perentoria de prescripción de acción para reclamar reajuste de salario mínimo conforme la Ley del Estatuto del Médico Empleado, SIN COSTAS. Bajo el criterio que del estudio y análisis de las pruebas practicadas en el juicio, la llevaron al convencimiento que el contrato de arrendamiento de servicios celebrado entre las partes, no era más que una prolongación de la relación laboral que ambas venían sosteniendo, ya que el objeto del mismo era que la demandante suministrara atención médica personalmente, con lo que se configura uno de los requisitos del artículo 20 del Código del Trabajo, si bien es cierto la demandante se constituyó como una comerciante individual bajo la denominación de SERVICIOS MEDICOS ARRF, figurando bajo esa condición en el contrato de arrendamiento de servicios y que a pesar de que hacía su declaración jurada de ventas, y pagaba el impuesto sobre la renta y de venta, no tenía permiso de operación ni establecimiento abierto al público, siendo la dirección del negocio una casa de habitación, pero se probó que la demandante desempeñaba sus funciones dentro de las instalaciones de la empresa demandada, y era ahí donde tenía su oficina, mobiliario, personal a su cargo, uniforme y equipo médico brindado por la empresa, además la comunicación interna era personalizada vía correo electrónico y las órdenes eran recibidas personalmente, con lo cual concurre el segundo requisito de continua subordinación y dependencia, siendo indudable por todo lo antes expuesto que los pagos que realizaba la demandada era por los servicios que a título personal prestaba la demandante, y el mismo constituye un salario. En cuanto al argumento que cuando la demandante no podía asistir a su trabajo eran otros profesionales médicos quienes la cubrían, dicha situación no determinó que quienes lo hacían eran empleados de la demandante, sino al contrario eran médicos que prestaban servicios a la empresa demandada, por lo anterior se cumplen a cabalidad los elementos esenciales para que exista una relación o contrato de trabajo a pesar de cualquier acto, estipulación o convención entre las partes. De igual forma mencionó que debido a que la desvinculación se produjo por actos del empleador procede el pago de las prestaciones laborales, pues el cese laboral no se enmarca en las causas establecidas en la ley como eximentes de dicho pago, además condenó el pago de derechos adquiridos durante los dos últimos años, por haber interpuesto la demandada la excepción perentoria de prescripción la cual considera que prescribió dentro de los dos años en aplicación de forma análoga a lo que dispone el artículo 43 de la Ley del Salario Mínimo vigente, y que conforme a la Ley del Estatuto del Médico Empleado de Honduras, el sueldo o salario mínimo es aplicable a todos las instituciones del Estado, así como a la empresa privada, además según el informe dado por el Colegio Médico de Honduras para el año 2015, el sueldo base inicial de un médico general era de L.34,506.01 y en el año 2016 y 2017 incrementó a L.37,266.49, en ese sentido y siendo que el nexo jurídico laboral inició el 18 de julio del año 2014 y durante duró la relación laboral la demandante devengó en el año 2016, la cantidad de (L.5,250.00) mensuales, en el año 2017 devengó la cantidad de (L.7,231.00) mensuales, cantidades inferiores al salario base que debió haber devengado, razón por la cual procedió condenar el reajuste de salario correspondiente a los dos últimos años de la relación laboral, es decir, desde el mes de septiembre del año 2015, hasta el 08 de septiembre del año 2017, resultando la cantidad de (L. 741,505.84) en concepto de reajuste de salario, más pago de décimo tercer mes correspondiente al año 2015, décimo cuarto mes y décimo tercer mes del año 2016, décimo cuarto mes año 2017, más vacaciones del periodo 2015-2016, segundo año de servicio, vacaciones periodo 2016-2017, que corresponde al tercer año de servicio, los cuales no fueron cancelados por considerar que la demandante no era empleada, condenando el pago únicamente de los dos últimos años, en vista de la excepción perentoria de prescripción del derecho interpuesta y declarada con lugar parcialmente, tomando en consideración lo que dispone el artículo 43 de la Ley del Salario Mínimo. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha 25 de abril del 2019, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el A-quo, sin costas. Bajo el criterio que estimó que en la valoración de las pruebas se incurrió en una debida apreciación, pues de las probanzas resultó acreditada la existencia del vínculo laboral, y por ende la evaluación del conjunto probatorio es correcta, ya que se indicaron los hechos y circunstancias que causaron el convencimiento de la iudex a quo, en cuanto a la existencia de la escritura de comerciante individual, la retención de impuestos y la emisión de recibos por servicios médicos, resultó probado que la actividad ejecutada por la demandante era subordinada, y estaba sujeta al cumplimiento de horarios, además se le convocaba a reuniones de trabajo y se le indicaba como efectuar sus labores. Siendo que se reclamó el reajuste del pago de salarios de conformidad a lo establecido en el Estatuto del Médico Empleado, indicó que su prescripción tiene efectos en el término de dos años de conformidad a lo establecido en el artículo 43 de la Ley del Salario Mínimo, de ahí que la excepción perentoria de prescripción resultó parcialmente atendible tal y como lo consideró el A-quo, ya que "La prescripción de acciones y derechos nacidos del contrato de trabajo es extintiva, esto es, que por su efecto, se pierde para el titular de unas y otros el derecho correspondiente”, por lo que estimó correctos los motivos de hechos y consideraciones de derecho valorados por el Juzgado de primera instancia, confirmando la sentencia por dictada. 5. Mediante auto de fecha 29 de julio del 2019, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado VICTOR GUILLERMO PERELLO PARANKY, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil MEDIRED, S. DE R. L., contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha 16 de octubre del 2019, compareció ante este Tribunal el Abogado VICTOR GUILLERMO PERELLO PARANKY, formalizando su demanda, exponiendo 2 motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de fecha 18 de octubre del 2019, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 15 de noviembre del 2019, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por la Abogada CERES JUDITH MARRIAGA BONILLA, en condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I. Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que el Abogado VICTOR GUILLERMO PERELLO PARANKY, en su primer motivo de casación aduce: “Infracción directa de la ley sustantiva contenida en el artículo 120 reformado del C6digo de Trabajo por aplicación indebida, en relación con los artículos 19, 20 del mismo cuerpo legal. PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo de casación está comprendido en el numeral primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo.- DOCTRINA Reiteradamente a mantenido esta corte el sólido criterio de que la infracción directa de la Ley, parte de la base que la sentencia le otorgue a una norma sustantiva un sentido y un alcance que no tiene, cuando el texto de la norma es absolutamente claro y la sentencia contiene disposiciones en abierta pugna con la ley.- CONCEPTO DE LA INFRACCION El artículo 120 del Código de Trabajo establece: "Si el contrato de trabajo por tiempo indeterminado concluye por razón de despido injustificado, o por alguna de las causas previstas en el artículo 114 u otra ajena a la voluntad del trabajador, el patrono deberá pagarle a este un auxilio de cesantía de acuerdo con las siguientes reglas: a) .... ;b) .... ;c) ..... ; d) .... ;e) ..... ;f)".- En el caso de la presente demanda la actora ANDREA ROXANA RODRIGUEZ FLORES consta en autos prestaba servicios profesionales de manera independiente a la empresa MEDIRED S. DE R.L., servicios que podía prestar de manera personal o por intermedio de otras personas con igual condición académica de la actora, es decir que las labores no necesariamente eran prestadas por la actora, lo cual evidentemente desnaturaliza lo que establecen los artículos 19 y 20 del código de trabajo en relación a lo que constituye una relación laboral, extremos que fueron acreditados en autos con la probanza respectiva, por tanto, en el caso de la presente litis probado esta que no existió relación laboral entre las partes, sino más bien una relación mercantil, en consecuencia, no pudo haber existido despido ni justificado, ni mucho menos injustificado para la actora, de tal suerte que al no existir relación laboral tampoco puede haber condena para el patrono de pagos de cesantía y otros derechos. No obstante, la Corte sentenciadora al confirmar el fallo proferido por el iudex-Aquo hace suya los razonamientos de este, condenando a la patronal indebidamente a la condena de los conceptos establecidos en el artículo 120 reformado del código del trabajo, lo cual es improcedente y además incongruente de conformidad con el tipo de relación que existió entre las partes y que se encuentra acreditada en el as probatorio, en consecuencia, la aplicación indebida de la referida norma sustantiva laboral como reguladora del caso está abierta pugna con lo acreditado y probado en autos, disposición sustantiva de orden nacional infringida por el sentenciador al aplicarla indebidamente como reguladora del caso debatido recurrida contiene disposiciones en abierta pugna con la ley. En esta forma queda demostrada la infracción alegada en este motivo”. III.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Olvida el Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba, ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley; y b) Formula alegatos propios de instancias. IV.- Que el Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Infracción indirecta de la ley sustantiva contenida en el artículo 120 reformado en relación con los artículos 19 y 20, a través de los artículos 738 y 739 todos del Código del Trabajo vigente, por error de hecho manifiesto resultante de la apreciación errónea por parte del sentenciador de los medios de prueba en su conjunto que corren agregados a la primera pieza de autos y consistentes en interrogatorio de parte que corre agregado a folios 276 al 278; 168al 175 escritura de constitución mercantil; 184 al 201 contratos de servicios profesionales; 203 recibos por pago de servicios profesionales; 229 al 242 turnos cubiertos por el personal de la empresa de la actora.- PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo de casación está comprendido en el numeral primero, párrafo segundo del artículo 765 del Código del Trabajo.- DOCTRINA El error de hecho procede en casación cuando es ostensible la equivocación en que incurre el fallador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta contraria a la realidad de los hechos.- El error de hecho debe ser manifiesto o sea que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate, como ocurriría con la sentencia que admite por probado un hecho que en realidad no está demostrado, o por el contrario se da por no probado un hecho que si está demostrado plenamente en juicio.- CONCEPTO DE LA INFRACCION El artículo 120 del Código de Trabajo establece: ““ Si el contrato de trabajo por tiempo indeterminado concluye por razón de despido injustificado, o por alguna de las causas previstas en el artículo 114 u otra ajena a la voluntad del trabajador, el patrono deberá pagarle a este un auxilio de cesantía de acuerdo con las siguientes reglas: a)….;b)….;c)….;d)….;e)….;f)”.- El artículo 20 del mismo código de trabajo establece: “Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran éstos (3) elementos esenciales: a) La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo; b) La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrono, que faculta a este para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento en cuanto el modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse Por todo el tiempo de duración del contrato; y, c) Un salario como retribución del servicio. Una vez reunidos los tres (3) elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen”.- En el presente caso, el ad quem ha arribado a conclusiones ostentiblemente contrarias a lo establecido en el juicio producto de una errónea apreciación de las pruebas allegadas al proceso. Es decir, el tribunal de alzada no ha dado por probado un hecho que efectivamente lo está, mismo que se contrae a que la relación entre las partes era de tipo mercantil, tal y como se puede apreciar efectivamente en la prueba de interrogatorio de parte rendido por la actora donde como se puede apreciar solamente dio respuesta evasivas e irresponsables y por tanto es confesa, inclusive manifestó desconocer la existencia de la escritura pública de su constitución mercantil, interrogatorio que se aprecia en los autos a folios 276 al 278 y la escritura de constitución social de la actora a folios 168 al 175, además consta en los autos a folios 184 al 201 los contratos de prestación de servicios médicos entre la empresa de la actora y patronal demanda, así como los recibos por servicios profesionales debidamente legalizados emitidos por la hoy actora, as probatorio que en su conjunto que acredita fehacientemente que la actora no era empleada de la patronal, sino que constituida mercantilmente a través de uno o varios agentes prestaba servicios profesionales a la demandada, extremos que enervan la existencia de la relación laboral alegada por la actora, pues la prestación de los servicios no era personalmente como lo exige la normativa laboral estipulada en el artículo 20 del código de trabajo, por tanto, no puede considerarse la existencia de una relación laboral cuando uno de los requisitos esenciales del mismo no se encuentra acreditado en autos, por lo que resulta claro que no deviene la imposición de responsabilidad alguna para el patrono, de los anterior se colige que hay incidencia decisiva del error de hecho reprochado en el fallo impugnado, ya que al no haber valorado correctamente la prueba descrita, se ha violentado indirectamente las normas sustantivas antes transcritas, vaciando de contenido y eficacia a las mismas, perjudicando a la parte demandada al condenar el pago de derechos e indemnizaciones laborales no procedentes. Es por esta razón que este motivo es de recibo, debiendo ser estimado y prosperar este motivo, ya que el error de hecho descrito es manifiesto y transcendente en el fallo”. V.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) La prueba singularizada si fue apreciada en el fallo impugnado, resultando que se le dio una valoración o alcance diferente al que pretende el Impetrante, por lo que es impropio el ataque al mismo por apreciación errónea; b) Que el Recurrente olvida que para que se configure el error de hecho alegado, por un lado, no basta señalar un medio de prueba determinado, sino que es necesario relacionar el mismo con la prueba en su conjunto, para así poder determinar que el Tribunal recurrido haya incurrido o no en una violación a la Ley, y por otro, que debe ser ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos, pero en circunstancias dudosas, los Tribunales quedan en libertad de decidirse en caso tal por el extremo que, a su juicio, consideren mejor demostrado; en este caso, al revisarse la situación jurídica planteada se advierte que el Tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia, hizo suyos los argumentos del Juez A-quo, observándose que se realizó el análisis y valoración de todo el material probatorio allegado al juicio y donde se concluyera entre otros puntos, que el despido de la demandante y el vínculo laboral fueron objetos de la discusión y probanzas demostradas en juicio por el trabajador; y, c) Formula alegatos propios de instancia. VI.- El impetrante alega nulidad subsidiaria la cual aduce que: “Con fundamento en la facultad que tienen los Tribunales al conocer por vía de Apelación o de Casación para invalidar de oficio las sentencias que se impugnan cuando aparezcan de manifiesto en ellas algunas de las causas que dan origen a la casación en la forma, y que en materia laboral es admisible como casual EL ERROR IMPROCEDENDO, cuando por quebrantamiento de normas de procedimiento se llegue a infringir normas sustanciales de índole laboral, se alega en forma subsidiaria LA NULIDAD DE LA SENTENCIA RECURRIDA por los motivos siguientes: De conformidad con lo establecido en el artículo 207 del Código de Procesal Civil, supletorio en materia laboral conforme a lo dispuesto en el artículo 858 del Código de Trabajo: 1 "Las sentencias se motivaran expresando los razonamientos facticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. 2) La motivación deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. - En relación directa con esta disposición legal, el artículo 208 del cuerpo legal establece que las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. Igualmente el artículo 245 del mismo Código Procesal Civil establece en relación a la valoración de la prueba: “ 1. La valoración de la prueba en el proceso civil por el tribunal exluirá en todo caso la arbitrariedad, siendo motivada de manera precisa y razonada la sentencia, bajo sanción de nulidad de la resolución”.- La sentencia que hoy se recurre por una parte contiene incongruencias evidentes, ya que en la relación de los hechos probados de la misma la corte sentenciadora le da valor absoluto a los contratos por servicios profesionales suscritos por la actora coma gerente general de la empresa SERVICIOS MEDICOS ARRF, pero contrariamente a ello falla en contra de la patronal demandada.- Por otra parte omite el ad que valorar la prueba de interrogatorio de parte y la documental pública y privada que obran a folios 276 al 278; 168 al 175, 184 al 201, 203 y 229 al 242 de la primera pieza, prueba que analizada en su conjunto establece con absoluta claridad y precisión que la relación laboral entre la actora y la demandada se regía por un contrato mercantil, lo cual eximia a la hoy actora de prestar servicios personales y que desnaturalizaba cualesquier relación laboral, graves omisiones que no permiten darle el verdadero valor procesal a la prueba aportada y que NO fue debidamente apreciada por el Ad que, en tal sentido y siendo congruente con resoluciones ya emitidas por esta honorable corte suprema en nulidades anteriores y que constan a manera de ilustración en el expediente SL428-09, es procedente se declare con lugar la nulidad planteada”. VII. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que este Tribunal deba enmendar; en el presente caso, donde la situación planteada ya ha sido resuelta en el momento procesal oportuno por el A-quo y confirmado por el Tribunal de apelación lo constituye en un objeto de litigio ya dirimido y agotadas sus instancias, sin embargo estudiado el caso en examen, este Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria. VIII. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación. Y sin lugar la nulidad solicitada de forma subsidiaria. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN LUGAR la nulidad solicitada de forma subsidiaria. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los veintidós días del mes de abril del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha veinticuatro de febrero del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número CL244-2019. Firma y sello.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.