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Sentencia CL-242-20 — Registro 13148

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral contraída a pedir el reintegro a su puesto de trabajo de igual o mejor posición por incumplimiento de sentencia y permanencia, salarios dejados de percibir, antigüedad de trabajo por despido directo, injustificado e ilegal, costas

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que no resulta procedente la admisión del anterior cargo, ya que la infracción directa o falta de aplicación de la ley, tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio; en el presente caso, la cuestión debatida tiene relación con la naturaleza temporal o permanente de la relación laboral y con la forma de terminación de la misma y ello fue objeto del material probatorio, por ende, no resulta viable el ataque al fallo por esa vía; en adición, entre las normas que señala como infringidas, el artículo 112 literal j del Código el Trabajo fue aplicado por el Juzgador, por lo que no cabía atacar la sentencia bajo ese concepto de infracción, cita de manera incorrecta precepto autorizante y del señalamiento que dirige su ataque por vía directa por falta de aplicación, pero incluye un acápite intitulado “REGLAS PROCESALES VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de la norma sustantiva señalada están contenidas en los artículos112 literal j), relacionado con el 97, numeral 1) y 13), 664 y 665 del Código del Trabajo.” Lo cual es incongruente con ese tipo de infracción o violación, ya que la inclusión de normas procesales es propio de una violación indirecta, donde se aducen los errores de hecho y de derecho provenientes de la apreciación probatoria y en su explicación realiza alegatos propios de instancia.-"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los treinta días del mes de septiembre del dos mil veintiuno.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha trece de mayo del dos mil veintiuno, por la Abogada JENNY ELIZABETH PAREDES BAIDE, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), como recurrente; además es parte recurrida, el señor JAVIER ANTONIO VALLADARES TERCERO, representado en juicio por la Abogada JULIA EVA VASQUEZ ZAVALA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral contraída a pedir el reintegro a su puesto de trabajo de igual o mejor posición por incumplimiento de sentencia y permanencia, salarios dejados de percibir, antigüedad de trabajo por despido directo, injustificado e ilegal, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha quince de abril del dos mil dieciséis, por el señor JAVIER ANTONIO VALLADARES TERCERO, mayor de edad, casado, Técnico Universitario en Microfinanzas, hondureño y de este domicilio, contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), por medio de su Directora Ejecutiva y Representante Legal señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha nueve de diciembre del dos mil diecinueve, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha doce de octubre del dos mil dieciocho, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL interpuesta por el señor JAVIER ANTONIO VALLADARES TERCERO en contra del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), por intermedio de su Directora Ejecutiva y Representante Legal señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA.- 2) CONDENA al INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), por intermedio de su Directora Ejecutiva y Representante Legal señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA, a REINTEGRAR en propiedad al puesto de trabajo que desempeñaba nominalmente el demandante JAVIER ANTONIO VALLADARES TERCERO como Jefe de Afiliación y Registro dependiente de la Dirección de Beneficios del Instituto Nacional de Pensiones y Jubilaciones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) en iguales o mejores condiciones, más los salarios dejados de percibir desde la fecha de la ilegal terminación del contrato de trabajo hasta que el demandante sea debidamente reinstalado, debiendo otorgársele al demandante JAVIER ANTONIO VALLADARES TERCERO, todos los beneficios otorgados a los demás trabajadores permanentes en ausencia del trabajador provenientes de la contratación colectiva.- TERCERO: SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inició a laborar para el INJUPEMP desempeñándose como Jefe de Afiliación y Registro dependiente de la Dirección de Beneficios, a partir del 16 de junio del año 2010, hasta el 29 de junio del 2012, haciendo un total de 2 años consecutivos, con un horario de trabajo de 8:00 am. a 4:00 pm., devengando un salario mensual de L. 22,000.00 a la fecha del despido, argumenta a su vez la parte actora, que fue despedido verbalmente por la Abogada Edith Andino, Jefe de la División de Beneficios y Otros de INJUPEMP, por lo que la parte demandante, emprendió un proceso laboral contra la demandada, dicha demanda se encuentra registrada con el expediente número 789-12, donde tuvo sentencia a su favor el 14 de marzo del año 2013, después de ejecutar la sentencia se practicó el reintegro en fecha 21 de mayo del año 2014, pero solo fue presencia física sin asignarle funciones, ni puesto, ni oficina, tal como lo estableció la resolución emitida por el Juzgado del Trabajo. El demandante adujo que el reintegro nunca se cumplió, solo fue instalado físicamente en la institución pero nunca lo reinstalaron en su totalidad, le mandaron tres meses consecutivos de vacaciones, sin ningún salario ni haberlo liquidado, fue hasta en fecha 12 de septiembre del año 2014, que le cancelaron sus salarios dejados de percibir y las respectivas vacaciones y otros, en el expediente 789-2012, reclamó el puesto u otro de igual categoría con su permanencia o sea el acuerdo, pero esto nunca se dio. Según la parte actora, lo tenían de un lado para otro pero sin asignarle funciones ni puesto fijo, manifestándole el Jefe de Recurso Humanos Jesenia Marisol Aguilar que dicha documentación se encontraba en trámite en la Secretaría de Finanzas, así lo tuvieron hasta el 17 de noviembre del año 2015, pues en dicha fecha le manifestó que ya no ocupaba de sus servicios, es decir, la demandada incumplió con la sentencia emitida, en vista de que ya iba a hacer un año de estar haciendo presencia física en la institución demandada, solo recibiendo un salario sin tener ningún puesto asignado, engañándole con la fecha en que le darían su acuerdo, pagándole sueldo, haciéndole deducciones como si tuviera acuerdo, además de lo anterior, señaló que nunca firmó contrato de trabajo ni el acuerdo donde le asignaban sus funciones y puesto ni llenó documentación para entrar al sistema de INJUPEMP porque nunca tuvo acuerdo definitivo que es requisito para entrar al sistema y solicitó una inspección al Juzgado en fecha 16 de noviembre del año 2015, a efecto de constatar lo antes mencionado y fue cuando la Jefa de Recursos Humanos de INJUPEMP, Jesenia Marisol Aguilar, en fecha 17 de noviembre del año 2015, le llamó a su oficina y le dijo que rescindía de sus servicios, tal como consta en la nota de despido. La demandante a la fecha de despido devengaba L. 28,970.00, sin pagarle el sueldo a partir de noviembre del año 2015, ni el aguinaldo y las vacaciones respectivas ni el bono por desempeño según el artículo 95 párrafo 2 relacionado con el 376 del Código del Trabajo, se requirió por medio del Receptor del Juzgado a la señora Directora de la demandada Martha Vicenta Doblado Andara, el 3 de diciembre del año 2015, cumpliéndose la misma el 17 de diciembre del 2015, donde la juez le ponía en conocimiento la resolución de fecha 16 de noviembre del 2015, dándole un plazo de 10 días para que cumpliera dicha sentencia y sino tendría que pagar la cantidad de L. 15,000.00 diarios de multa, sin embargo, posteriormente en fecha 5 de enero del 2016, la Juez emitió un auto en donde sin ningún valor y efecto el requerimiento y dice que se haga otra nueva acción o sea otra demanda, razón por la cual se vio en la obligación de entablar la presente demanda. En fecha 15 de enero del año 2016, solicitó los servicios de un Inspector del Trabajo para que constate el despido directo de que había sido objeto el día 17 de noviembre del año 2015, sin haber cumplido la sentencia emitida y se constata con una nota la terminación de la relación laboral, aduciendo la institución demandada, que procede a la misma en vista de que el demandante no cumplió con sus funciones, dándose por agotado el trámite administrativo gubernamental.- 2. La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contestó dicha demanda señalando que el demandante estaba asignado a la División de Beneficios, en fecha 6 de noviembre del 2015, el Departamento de Recursos Humanos mediante Memorando No. 709-2015-DRH, de fecha 9 de noviembre del 2015, remitió a la oficina de relaciones laborales los memorandos DB2609-2015, de fecha 6 de noviembre del 2015 y DB2613-2015, de fecha 9 de noviembre de ese mismo año, ambos de la División de Beneficios y memorando 705-2015-DRH, también del Departamento de Recursos Humanos, todos los anteriores en relación al reporte que hizo el Jefe de División de Beneficios, en su carácter de jefe inmediato del demandante, en cuanto a que dicho trabajador no atendía debidamente las funciones encomendadas, inobservado con ello el realizar personalmente la labor en los términos estipulados: Observar los preceptos del reglamento y acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de modo particular le impartía el patrono o su representante, según el orden jerárquico establecido, denotando con su actitud la inhabilidad e ineficiencia manifiesta de su parte, debido a que su promedio de trabajo era menor a un expediente por día, cuando el promedio de otros analistas como lo son particularmente los empleados Sandra Santos y Salem Mena, es de cuatro expedientes diarios, en lo relativo a revisión y análisis de expedientes por retiro de sistema, considerando también que los expedientes no iban firmados por el demandante, lo que implicaba que tenía que ser revisados nuevamente por otro Analista, generando con ello una evidente dilación de los procesos anteriormente indicados, particularmente en los expedientes de los participantes: Essie Janeth Pino Vásquez, Ramon Cecilio Funez Zelaya, Gloria Mercedes Guillen Maradiaga, Elvis Yadira Torres Chávez, José Francisco Ramírez, Carlos Humberto Guillen Zelaya, Francisco Pacheco Guifarro, Ian Armando Martínez Flores, Guido Ramon Dubijn Fajardo, Lidia Nohemí Girón Montoya, Jenni Evelyn Henríquez Robles, Edwin Geovany Araujo Navarro, Iliana Rosible García Alvarado, Dilcia Karina Meza Ponce, Allan Enrique Zavala Armijo, Geydi Arali Vásquez Salgado, Julia Victoria Ortiz Santos, Gustavo Adolfo Zúñiga, Delmy Suyapa Flores Alvarado, Rony Adalid Méndez Osorto, Jorge Alberto Argueta Romero, Carlos Javier Orellana Gonzales, Maria Aracely Hernandez, Ayiza Lizeth Sorto Zelaya, Yuri Mariela Ordoñez Barahona, Gerardo Venancio Espinal Urbina, Elmer Adan Rivera, Judith Yamileth Matamoros, Vanesa Merlo Rodríguez, Emilia Tercero Cuarto Ouinto Maria Arias Lagos, Gracia Maria Rodríguez Mercadal, Rene Burgos, Elena Maria Calix Tejeda, Sandra Consuelo Sandoval, Aniceto Hernandez Hernandez; así mismo, manifiesta el demandado que el demandante generaba distracciones a nivel de sus compañeros de trabajo que estaban ubicados en la misma área utilizando la jornada de trabajo para hacer conversaciones ajenas al interés del Instituto, las que frecuentemente se volvían prolongadas, además de continuas y prolongadas ausencias de su puesto de trabajo durante la jornada laboral, sin ninguna justificación a su jefe inmediato, ante lo expuesto fue citado a audiencia de descargos celebrándose la misma en fecha 13 de noviembre del año 2015, no logrando el demandante desvanecer los hechos que se le imputaban de no realizar personalmente la labor en los términos estipulados, observar los preceptos del reglamento y acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de modo particular le imparta el patrono o su representante según el orden jerárquico establecido, lo que hace imposible el cumplimiento del contrato, se hace ver que tenía llamados de atención y otros procesos disciplinarios como lo es la suspensión de labores sin goce de salario, previa audiencia de descargos correspondiente, por lo que existe una conducta reincidente de irrespeto por parte del demandante, por lo que en vista de ello se dio por terminado su contrato de trabajo efectivo a la fecha correspondiente, sin responsabilidad económica indemnizatoria para la institución.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha doce de octubre del dos mil dieciocho, dictó sentencia que en su parte conducente, dice: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL interpuesta por el señor JAVIER ANTONIO VALLADARES TERCERO en contra del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), por intermedio de su Directora Ejecutiva y Representante Legal señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA.- 2) CONDENA al INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), por intermedio de su Directora Ejecutiva y Representante Legal señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA, a REINTEGRAR en propiedad al puesto de trabajo que desempeñaba nominalmente el demandante JAVIER ANTONIO VALLADARES TERCERO como Jefe de Afiliación y Registro dependiente de la Dirección de Beneficios del Instituto Nacional de Pensiones y Jubilaciones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) en iguales o mejores condiciones, más los salarios dejados de percibir desde la fecha de la ilegal terminación del contrato de trabajo hasta que el demandante sea debidamente reinstalado, debiendo otorgársele al demandante JAVIER ANTONIO VALLADARES TERCERO, todos los beneficios otorgados a los demás trabajadores permanentes en ausencia del trabajador provenientes de la contratación colectiva.- TERCERO: SIN COSTAS…” Bajo el criterio que al demandante se le está imputando la comisión de faltas graves que provocan un despido directo y sin responsabilidad para el patrono, debe de existir, en un reglamento, pacto, convención, fallo o en el mismo contrato individual de trabajo, la categorización de las faltas, la falta propiamente dicha, el procedimiento y su sanción, independientemente de los preceptos del Código del Trabajo señalados en la nota de despido, que es de resaltar que los fundamentos jurídicos del despido directo lo constituyen además de los preceptos del Código del Trabajo, disposiciones del Reglamento Interno de Trabajo de la institución demandada y de igual forma de cláusulas del contrato colectivo de dicha institución, mismos que no se aportaron como elemento probatorio. Además de lo anterior es de hacer ver, que al demandante en la nota de despido se le atribuye una actitud e inhabilidad e ineficiencia manifiesta debido a que su promedio de trabajo es menor a un expediente por día, cuando el promedio de los otros analistas como son los empleados Sandra Santos y Salem Mena es de cuatro expedientes diarios, en lo relativo a revisión y análisis de expedientes por retiro del sistema, considerando también que los expedientes no eran firmados por este, lo que implicaba que tenían que ser revisados nuevamente por otro Analista, generando con ello una evidente dilación en los procesos de varias personas, ante lo expuesto, si bien es cierto, los testigos en sus deposiciones corroboran los extremos referidos, y se han acompañado de igual forma medio de prueba documental, en los cuales se plasman los informes rendidos por Otto Dario Galvez y el medio de prueba documental por oficio, que plasman lo relacionado en la nota de despido, no es menos cierto que al hacer un análisis exhaustivo de toda la prueba aportada no se acredita fehacientemente las faltas imputadas al actor, ya que las declaraciones de los testigos y los documentos antes aludidos se limitan a afirmar estas; sin embargo, no se ha tenido a la vista los expedientes asignados, los dejados de revisar y los expedientes revisados por el señor demandante y los señores Sandra Santos y Salem Mena, así como también no se ha acreditado en el proceso con los controles de la División de Beneficios, cuantos expedientes diarios debía de revisar cada uno de los analistas asignados de manera nominal y funcional a dicha dependencia, adoleciendo con ello evaluaciones de desempeño, para así tener una valoración del bajo promedio argumentado por el empleador en la nota de despido. Que la audiencia de descargo llevada a cabo el 13 de noviembre del año 2015, además se le atribuyen al demandante hechos relacionados en el sentido de que este abandonaba sus labores diarias e interrumpía con sus conversaciones a sus compañeros de trabajo, esto ha sido relacionado con los informes acompañados como medio de prueba documental y la declaración del testigo Otto Darío Galvez Pineda; sin embargo, nunca se le realizó llamado de atención por estos extremos referidos, tanto en la audiencia de descargo como en la nota de despido y tampoco se ha acreditado con controles internos de la institución el supuesto abandono de sus labores argumentada por el demandado. Por otra parte, la nota de despido relaciona el artículo 97 numerales 1) y 13) dichos incisos estipulan que son obligaciones de los trabajadores: 1) Realizar personalmente la labor en los términos estipulados; observando los preceptos del reglamento y acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de modo particular les impartan el patrono o su representante, según el orden jerárquico establecido... 13) Cumplir las demás obligaciones que les impongan este Código, las leyes y reglamentos de trabajo. Como se reitera ese reglamento ha sido fundamento para el despido del demandante y se adolece en el proceso como medio de prueba para su análisis. Que el procedimiento del despido directo debe, por constituir una sanción, llevarse a cabo de forma conforme con los lineamientos establecidos en la ley y en el caso bajo estudio, se le ha calificado al demandante la comisión de faltas graves contenidas en el Código del Trabajo y un reglamento interno de trabajo (no se ha presentado tal documento en juicio), en consecuencia, por el extremo antes mencionado y lo relacionado anteriormente, no se ha justificado por el demandado el despido de que fue objeto el demandante, lo que hace ilegal el despido directo, siendo procedente declarar con lugar la demanda de reintegro.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de diciembre del dos mil diecinueve, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el A-quo, sin costas; bajo el criterio que como derecho fundamental inseparable del derecho de defensa lo constituyó la prueba del despido, el que se encuentra demostrado con la aceptación expresa del Representante Procesal de la parte demandada en el escrito de contestación de la demanda, con el Acta de Constatación suscrita por la Inspectora del Trabajo y con la nota de fecha 17 de noviembre del 2015, suscrita por la señora Martha Vicenta Doblado Andara. En la nota de despido se consigna que el demandante generaba un bajo promedio de trabajo menor a un expediente por día, sin embargo, el Representante Procesal de la parte demandada omitió por completo acreditar cuales son las faltas que la institución califica como graves que ameriten la ruptura de la relación laboral, sin responsabilidad de su parte. El Código del Trabajo claramente establece que sus disposiciones son de orden público, normativa que en el ámbito jurídico-legal, se entiende como el conjunto de normas positivas absolutamente obligatorias, donde no cabe ni transigencia ni tolerancia, por afectar a los principios fundamentales de una sociedad o a las garantías precisas de su existencia y para tener por justificado el despido de un trabajador, dicho texto legal específicamente en sus artículos 112, 116 y 120 se refiere a casos de despidos injustificados y especialmente en el artículo 112 es donde se regula bajo un listado "numerus clausus" que expresamente contiene las causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo sin responsabilidad alguna de su parte, por lo que el demandado deviene obligado a acreditar la justa causa que le motivó a dar por terminada la relación laboral, lo que no aconteció en el caso de autos, lo que conlleva se declare el despido como un acto: Ilegal e injustificado. Ilegal: porque no se aportó prueba sobre las faltas que se le imputan al trabajador que lo motivó a tomar tal determinación por haberse violentado alguna norma; e Injusto: porque no se ha aportado prueba con la cual se acredite que existió causa justa para una terminación unilateral.- 5. Mediante auto de fecha veinte de enero del dos mil veintiuno, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada JENNY ELIZABETH PAREDES BAIDE, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha trece de mayo del dos mil veintiuno, compareció ante este Tribunal la Abogada JENNY ELIZABETH PAREDES BAIDE, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha trece de mayo del dos mil veintiuno, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha cuatro de junio del dos mil veintiuno, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte de la Abogada JULIA EVA VASQUEZ ZAVALA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.-7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.. II. Que la Abogada JENNY ELIZABETH PAREDES BAIDE, en su primer y único motivo de casación alega: “Acuso la Sentencia recurrida de ser violatoria de la Ley sustantiva de orden Nacional proveniente de falta de aplicación de lo dispuesto en el artículo 112 literal j) relacionado con el articulo 97 numeral 1) y 13) del Código de Trabajo. NORMA SUSTANTIVA VIOLADA EN ESE MOTIVO. La norma Sustantiva de orden nacional violada está contenida en el artículo 112 literal j) relacionado con el articulo 97 numeral 1) y 13) del Código de Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de Casación está comprendido en el artículo 112 literal j) relacionado con el articulo 97 numeral 1) y 13) del Código de Trabajo, que establece como causal de Casación "ser la sentencia violatoria de la Ley sustantiva por infracción directa", ya que se dejó valorar que el demandante incumplió sus obligaciones como empleado de mi representado, lo cual facultaba al INJUPEMP, de dar por terminado el Contrato de Trabajo con el Señor Javier Antonio Valladares Tercero. REGLAS PROCESALES VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de la norma sustantiva señalada están contenidas en los artículos112 literal j), relacionado con el 97, numeral 1) y 13), 664 y 665 del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN. El artículo 112 Del Código del Trabajo regula las causas justas que facultan al patrono para dar por terminado un contrato de trabajo. “ NORMA SUSTANTIVA VIOLADA EN ESE MOTIVO. La norma Sustantiva de orden nacional violada, está contenida en el artículo 112 literal j) relacionado con el articulo 97 numeral 1) y 13), 664, 665, del Código de Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de Casación está comprendido en el artículo 112 literal j) relacionado con el articulo 97 numeral 1) y 13) del Código de Trabajo, que establece como causal de Casación "ser la sentencia violatoria de la Ley sustantiva por infracción directa", ya que se dejó valorar que el demandante Incumplió sus obligaciones como empleado de mi representado, lo cual facultaba al INJUPEMP, de dar por terminado el Contrato de Trabajo con el Señor Javier Antonio Valladares Tercero. REGLAS PROCESALES VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de la norma sustantiva señalada están contenidas en los artículos artículo 112 literal j) relacionado con el articulo 97 numeral 1) y 13), 664 y 665 del Código del Trabajo. PRUEBA DEJADA DE APRECIAR. La prueba dejada de apreciar por el Tribunal Ad-Quem, consiste en los siguientes medios probatorios: Medio de Prueba Documental Público y Privado, reconocimiento Judicial, mediante los cuales se constató, que el demandante incumplió sus obligaciones como empleado de mi representado, lo cual facultaba al INJUPEMP, de dar por terminado el Contrato de Trabajo con el Señor Javier Antonio Valladares Tercero. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN. PRIMER MOTIVO: El artículo 112 del Código del Trabajo regula las causas justas que facultan al patrono para dar por terminado un contrato de trabajo sin responsabilidad de su parte, que el demandante incumplió sus obligaciones como empleado de mi representado, lo cual facultaba al INJUPEMP, de dar por terminado el Contrato de Trabajo con el Señor Javier Antonio Valladares Tercero. SEGUNDO MOTIVO: Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva de orden nacional por infracción directa proveniente de Aplicación indebida de lo dispuesto en el artículo 113 Del Código del Trabajo”.- III. Que no resulta procedente la admisión del anterior cargo, ya que la infracción directa o falta de aplicación de la ley, tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio; en el presente caso, la cuestión debatida tiene relación con la naturaleza temporal o permanente de la relación laboral y con la forma de terminación de la misma y ello fue objeto del material probatorio, por ende, no resulta viable el ataque al fallo por esa vía; en adición, entre las normas que señala como infringidas, el artículo 112 literal j del Código el Trabajo fue aplicado por el Juzgador, por lo que no cabía atacar la sentencia bajo ese concepto de infracción, cita de manera incorrecta precepto autorizante y del señalamiento que dirige su ataque por vía directa por falta de aplicación, pero incluye un acápite intitulado “REGLAS PROCESALES VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de la norma sustantiva señalada están contenidas en los artículos112 literal j), relacionado con el 97, numeral 1) y 13), 664 y 665 del Código del Trabajo.” Lo cual es incongruente con ese tipo de infracción o violación, ya que la inclusión de normas procesales es propio de una violación indirecta, donde se aducen los errores de hecho y de derecho provenientes de la apreciación probatoria y en su explicación realiza alegatos propios de instancia.- IV. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dos días del mes de noviembre del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha treinta de septiembre del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número 242-20.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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