Sentencia CL-238-20 — Registro 13372
Resumen
Segunda instancia declaró con lugar la demanda ordinaria laboral para que se pague reajuste o complemento de prestaciones e indemnizaciones laborales en base a la cláusula 45 del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo, que el convenio suscrito para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales sea declarado sin validez
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo expuesto resulta inadmisible, puesto que el error de hecho solo procede en casación cuando es ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos; sin embargo, al revisarse la situación jurídica planteada, se advierte que el Tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia hizo suyos los argumentos del Juez A-quo, observándose que se realizó el análisis y valoración apropiada de todo el material probatorio allegado al juicio, llegándose a la conclusión de la procedencia de la demanda de mérito. En adición, en cuanto al error de hecho en la apreciación de las pruebas, este Tribunal llama la atención en cuanto a que no es la apreciación de una prueba o la omisión de la misma por parte del juzgador lo que constituye el error de hecho, sino que este vicio es el efecto o resultado que puede presentarse en el criterio del juzgador como consecuencia de haberse dejado de apreciar o de haberse apreciado equivocadamente una prueba, en forma de inducirlo a dar por establecido un hecho que no aparece probado realmente o al contrario, a dar por no probado un hecho que sí está demostrado en el proceso y en el caso sub-judice no aparece ninguna situación que pugne contra el material probatorio aportado y practicado en el juicio.- En adición, el Recurrente incurre en los defectos técnicos cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; ni singulariza la prueba en la formulación del cargo.- IV. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los quince días del mes de noviembre del dos mil veintiuno.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 26 de mayo del 2021, por el Abogado DANIEL ALEXANDER ORTIZ, en su condición de representante procesal del SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), como recurrente; además, es parte recurrida, la señora ANA JULIA BUSTAMANTE OCHOA, representada en juicio por el Abogado SERGIO IVAN MURILLO RAMOS. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para que se pague reajuste o complemento de prestaciones e indemnizaciones laborales en base a la cláusula 45 del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo, que el convenio suscrito para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales sea declarado sin validez, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 17 de octubre del 2016, por la señora ANA JULIA BUSTAMANTE OCHOA, mayor de edad, soltera, Ingeniera Civil y de este domicilio, contra el SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), por medio de su Gerente General el señor WALTER ROBERTO PAVON VILLARS. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 12 de febrero del 2020, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 27 de mayo del 2019, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) DECLARAR SIN LUGAR la excepción de transacción y pago opuesta por el representante de la parte demandada; 2) DECLARA CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE SE PAGUE REAJUSTE O COMPLEMENTO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES EN BASE A CLÁUSULA 45 DEL CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIÓN DE TRABAJO.- QUE EL CONVENIO SUSCRITO PARA EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES SEA DECLARADO SIN VALIDEZ instaurada por la señora ANA JULIA BUSTAMANTE OCHOA contra EL SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (S.A.N.A.A) a través de su Gerente General LUIS RENE EVELINE HERNANDEZ. 3) CONDENAR: AL SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (S.A.N.A.A) a través de su Gerente General LUIS RENE EVELINE HERNANDEZ a lo siguiente: a) A pagar la señora ANA JULIA BUSTAMANTE OCHOA la cantidad de UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUATRO LEMPIRAS EXACTOS L.1,185,904.00 en concepto de complemento de prestaciones laborales; 4) SIN COSTAS...”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que comenzó a laborar para el SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), el 20 de febrero del 2003, hasta el 4 de julio del 2016, desempeñándose en el cargo de Coordinadora Programa JICA-SANAA, devengando un salario mensual de L.154,174.82, según constancia de trabajo que se adjunta. Que en fecha 16 de junio del 2016, dirigió a la Abogada Nívida Hernández, en su condición de Presidenta de la Comisión Interventora del SANAA, solicitud de cancelación por mutuo consentimiento, amparada en la cláusula 45 del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo SANAA-SITRASANAAYS 2012-2013, a raíz de enfrentar una delicada y grave situación de salud. Que dicha solicitud de cancelación por mutuo consentimiento fue aceptada por la Comisión Interventora, girando instrucciones al Gerente General para que procediera elaborar convenio para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales en fecha 4 de julio del 2016, fecha en que suscribió dicho convenio con el señor Walter Roberto Pavón Villars y la demandante; que el SANAA le canceló en concepto de prestaciones laborales la cantidad de L.1,284,724.93, mediante acreditación SIAFI, Banco LAFISE, en fecha 22 de julio del año 2016, a la cuenta número 105504000590; que lo pagado por el SANAA, en concepto de prestaciones e indemnizaciones laborales, violenta una serie de normas legales establecidas en el contrato colectivo, en el Código del Trabajo, en la Constitución de la República y Tratados Internacionales suscritos por Honduras en materia laboral, se vio obligada acudir a la Secretaría del Trabajo para que elaboraran un cálculo real de los que le corresponde por prestaciones laborales, resultado la cantidad de L.2,888,785.84; alegando la demandante que le corresponde un reajuste o complemento de pago de prestaciones laborales, en virtud que se ha violentado el Artículo 3 del Código de Trabajo que dice: “Son nulos ipso jure todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la constitución, el presente Código, sus reglamentos o las demás leyes de presente código, sus reglamentos o las demás leyes de trabajo o previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato de trabajo u otro pacto cualquiera”, por lo que no conforme ni satisfecha con lo que le había pagado el SANAA, por tantos años de servicio prestados a la institución y observando que en dicho convenio ni tan siquiera se mencionaba el porcentaje de lo que se le estaba pagando, ya que actualmente en el SANAA, en el Departamento de Recursos Humanos, a ningún trabajador demuestran por escrito el cálculo de prestaciones laborales, ni le dan una explicación detallada de lo que le corresponde como una medida de presión, destinada a violentar y menoscabar derechos sagrados del trabajador, creando un ambiente de zozobra e incertidumbre, para obligar que el trabajador acepte lo que la empresa quiera darle, como una política de la empresa. La cláusula 45 es muy clara cuando establece en que puede darse por terminado el contrato de trabajo por mutuo consentimiento, en este caso, el SANAA podrá pagar hasta el cien por ciento de prestaciones que tiene derecho el trabajador, remitiéndose para efectos de cálculos de prestaciones a lo estipulado en la cláusula 44, inciso D, del presente contrato colectivo, el cual reza: “INCISO D: En caso de retiro voluntario, tanto para el cálculo de preaviso, como el auxilio de cesantía se tomarán como base 50 días”. De igual forma, se considera que el convenio de pago suscrito entre el SANAA y la demandante contiene vicios de nulidad, en virtud de que no fue homologado en la Secretaría del Trabajo, tal y como lo indica el artículo 379 del Código del Trabajo, por lo que solicitó convocatoria para audiencia de conciliación ante el suscrito Jefe de Servicio de Resolución Alterna de Conflictos Laborales de la Dirección General del Trabajo, para que citara al Ingeniero Walter Pavón Villars, para que compareciera a esa dependencia el día 25 de agosto del 2016, a las 3:00 p.m., según cita recibida en Gerencia Legal del SANAA, en fecha 23 de agosto del 2016, a las 10:30 a.m., la cual no compareció.- 2.- La parte demandada, el SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), contestó dicha demanda señalando que aceptando de forma parcial la demanda en relación a la existencia de un vínculo jurídico con la demandante, en cuanto a la naturaleza del vínculo jurídico, salario, puesto y fecha de ingreso deberá probarlo en juicio el actor, aceptando la demanda en lo referente a que la terminación del contrato de trabajo se dio por iniciativa de la hoy demandante, en fecha 16 de junio de 2016, por medio de una solicitud de terminación de la relación laboral por el mutuo consentimiento de las partes, sin manifestar el motivo que la llevaba a tomar esa determinación, por lo que se ve sorprendida con los hechos narrados por la actora en el escrito de la demanda, afirmando que estos no deben ser considerados como válidos, en aplicación analógica del artículo 117 del Código de Trabajo y que efectivamente cumplió la obligación de pago en los términos convenidos en el Acuerdo de fecha 4 de julio de 2016, que dio respuesta a dicha solicitud mediante oficio GG-303-2016, de fecha 1 de julio de 2016, de cuyo contenido se pueden resaltar la siguiente información: “1) El SANAA acepta la solicitud de terminación de contrato de trabajo al tenor de lo establecido en la cláusula 45 del Contrato Colectivo; 2) Se señala como fecha efectiva de terminación de la relación laboral el 4 de julio del mismo año; y 3) Se consigna la cantidad que mi representada está dispuesta a reconocer en concepto de prestaciones e indemnizaciones laborales, la cual asciende a L.1,415,294.24”. Quedando únicamente pendiente pactar cómo, cuándo y dónde se realizaría el pago de la cantidad convenida, por lo que se puede observar que la demandante tuvo tiempo suficiente para realizar las consultas que ella considerara oportunas a fin de determinar la factibilidad de las condiciones ofertadas por el SANAA y finalmente en fecha 4 de julio de 2016, ambas partes firmaron un Convenio para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, según la cantidad consentida por la hoy demandante, aclarando que la cantidad ofertada se ajusta a lo preceptuado en la cláusula 45 del Contrato Colectivo, extendiendo la demandante a favor de la empresa una “Carta de pago y cabal cumplimiento, finiquito de solvencia”, en la cual declara unilateralmente de forma voluntaria y consciente, absolviendo de toda responsabilidad legal pasada, presente y futura al SANAA. Que no se le puede obligar a pagar los conceptos reclamados, debido a que no fueron acordados en el Convenio para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, el cual se realizó al tenor de lo establecido en la cláusula 45 del Contrato Colectivo vigente en la institución. Es importante aclarar que la cláusula mencionada es facultativa a favor de la empresa, estableciendo un rango de pago de prestaciones y los conceptos que la hoy demandante se deviene a solicitar únicamente es obligación pagarlos en caso de despido injustificado y en el caso que nos ocupa ello no ha ocurrido, sino que por el contrario, la demandante pretende faltar a la buena fe de haber suscrito dicho convenio con el demandado y ahora pretende desconocerlo bajo argumentos totalmente superfluos con destello de aprovechamiento y defraudación; asimismo, alegando que la cláusula 45 del Contrato Colectivo que no obliga a la empresa a pagar el 100% de las prestaciones, ya que esta le da la potestad de pagar hasta el 100% de prestaciones a que tiene derecho el trabajador.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 27 de mayo del 2019, dictó sentencia que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) DECLARAR SIN LUGAR la excepción de transacción y pago opuesta por el representante de la parte demandada; 2) DECLARA CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE SE PAGUE REAJUSTE O COMPLEMENTO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES EN BASE A CLÁUSULA 45 DEL CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIÓN DE TRABAJO.- QUE EL CONVENIO SUSCRITO PARA EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES SEA DECLARADO SIN VALIDEZ instaurada por la señora ANA JULIA BUSTAMANTE OCHOA contra EL SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (S.A.N.A.A) a través de su Gerente General LUIS RENE EVELINE HERNANDEZ. 3) CONDENAR: AL SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (S.A.N.A.A) a través de su Gerente General LUIS RENE EVELINE HERNANDEZ a lo siguiente: a) A pagar la señora ANA JULIA BUSTAMANTE OCHOA la cantidad de UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUATRO LEMPIRAS EXACTOS L.1,185,904.00 en concepto de complemento de prestaciones laborales; 4) SIN COSTAS...”. Bajo el criterio que la actora acreditó en juicio que la suscripción del convenio para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales de fecha 4 de julio de 2016, se efectuó con violación a los derechos laborales otorgados por la Constitución de la República, el Código del Trabajo y la contratación colectiva, en primer término al no establecer de manera clara las cantidades que corresponden a los conceptos de preaviso, auxilio de cesantía y demás derechos adquiridos por la trabajadora, tal desconocimiento genera un estado de indefensión sobre la cantidad pactada en forma unilateral por el patrono, pues se omiten los valores tomados en cuenta para su cálculo, siendo importante mencionar que al adolecer de consentimiento dicha transacción, pues como es sabido en materia laboral, el trabajador carece del principio de autonomía de la voluntad, de tal manera que la obligación de suplir sus necesidades básicas lo obliga a aceptar cualquier acuerdo, así este constituya una violación al orden público laboral; en segundo término, es preciso mencionar, que si bien es cierto, consta un ejemplar del convenio de transacción en la Secretaría de Trabajo, como ente tutelar de los derechos laborales, no menos es que el mismo no fue suscrito ante la vigilancia de la Secretaría, tal como se puede observar en dicho convenio; asimismo, la misma Secretaría de Estado informa que el mismo no fue homologado; lo convenido entre las partes debe considerarse nulo de pleno derecho, por disminuir los derechos laborales de la trabajadora demandante en consecuencia se declara Con Lugar la demanda de que se ha hecho mérito en cuanto al complemento de pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, los cuales deberán ser calculados de conformidad a la contratación colectiva entre el SANAA y el SITRASANAAYS, por ser la norma vigente y más favorable al trabajador.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 12 de febrero del 2020, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el A-quo, sin costas; bajo el criterio que consta en autos el Contrato Colectivo de Trabajo año 2012-2013, vigente, celebrado entre el SANAA y el SITRASANAAYS, en su cláusula 45, establece la terminación del contrato de trabajo por mutuo consentimiento, en este caso el SANAA podrá pagar el cien por ciento (100%) de las prestaciones que tiene derecho el trabajador, remitiéndose para efecto del cálculo de prestaciones a lo establecido en la cláusula número 44 del Contrato Colectivo y que establece el pago del auxilio de cesantía y preaviso tomando en cuenta el salario promedio de los salarios devengados durante los últimos 6.5 meses, incluyendo los proporcionales de los derechos adquiridos, décimo tercer mes, décimo cuarto mes, vacaciones, bonificaciones y bono de compensación y que conforme al cálculo de prestaciones laborales elaborado por la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, un total de L.2,888,785.84; no obstante, los derechos cancelados por la demandada fueron por la suma de L.1,415,294.24, sin desglose de cantidades, motivado por el cese de la relación laboral por mutuo consentimiento entre las partes, a partir de la fecha 04 de julio 2016, mediante la suscripción del convenio de pago en base a la Cláusula 45 del Contrato Colectivo de Trabajo SANAA y SITRASANAAYS y sin que el convenio de pago para que tenga validez se haya hecho ante las autoridades del trabajo correspondiente, sin que el convenio en referencia contenga un desglose detallado de los derechos cancelados, cuyo desconocimiento provoca indefensión al trabajador en menoscabo de sus derechos y que la ley laboral castiga, con la nulidad de los actos que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución tutela derivados de todo contrato individual y colectivo de trabajo.- 5.- Mediante auto de fecha 18 de enero del 2021, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado DANIEL ALEXANDER ORTIZ, en su condición de representante procesal del SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 26 de mayo del 2021, compareció ante este Tribunal el Abogado DANIEL ALEXANDER ORTIZ, en su condición de representante procesal del SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 3 de agosto del 2021, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado SERGIO IVAN MURILLO RAMOS, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que, la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que el Abogado DANIEL ALEXANDER ORTIZ, en su primer y único motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva nacional de índole laboral por infracción indirecta proveniente de error de hecho debido a la apreciación errónea del medio de prueba documental propuesta por la parte demandada que obra a folio 16 y 18 de la primera pieza de autos. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. Las normas sustantivas nacionales de índole laboral violada por la sentencia recurrida están contenidas en el artículo 60 párrafo primero del código de trabajo. REGLAS PROCÉSALES VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. Las normas procésales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo y 206 del Código Procesal Civil. PRUEBA APRECIADA ERRONEAMENTE. DOCUMENTAL: corre agregada a folios 16 y 18 de la primera pieza de autos. PRECEPTO AUTORIZANTE CON RESPECTO A ESTE MOTIVO. Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN. La señora ANA JULIA BUSTAMENTE OCHOA solicito a mi representada la terminación de la relación laboral por el mutuo consentimiento de las partes, al apego de la cláusula 45 del contrato colectivo de condiciones de trabajo entre el SANAA y SITRASANAAYS, el cual establece “EL SANAA PODRA PAGAR HASTA EL CIEN POR CIENTO (100%) DE LAS PRESTACIONES A QUE TIENE DERECHO EL TRABAJADOR” facultando al patrono a ofrecer una cantidad determinada como pago de tales conceptos, sin obligarlo a que estas sean efectuadas en su totalidad, estableciendo un rango para su pago, constituido entre la totalidad de los derechos adquiridos y el 100% de las prestaciones, sin embargo el tribunal de primera y segunda instancia han apreciado la solicitud de terminación de la relación laboral por mutuo consentimiento de forma errónea obligando a mi representada a pagar el 100% de las prestaciones e indemnizaciones laborales cuando el demandante se ha acogido a una cláusula que obliga a las partes quienes de común acuerdo podrán negociar el pago de prestaciones e indemnizaciones.- No implicando ninguna renuncia de derechos del trabajador ya que se ha hecho en base a una contratación colectiva suscrita entre el SANAA Y SITRASANAAYS que obliga a las partes a su fiel cumplimento de conformidad con el artículo 60 del código de trabajo párrafo primero en consecuencia el SANAA mediante oficio GG-303-2016 le hizo saber que la terminación laboral operaba a partir del 04 de julio del año 2016, ofreciéndole el pago de las prestaciones laborales por la cantidad de UN MILLON CUATROCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON VEINTICUATRO CENTAVOS (L1,415,294.24) el cual se hizo efectivo en un solo pago, el cual el demandante recibió a su entera satisfacción”.- III.- Que el cargo expuesto resulta inadmisible, puesto que el error de hecho solo procede en casación cuando es ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos; sin embargo, al revisarse la situación jurídica planteada, se advierte que el Tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia hizo suyos los argumentos del Juez A-quo, observándose que se realizó el análisis y valoración apropiada de todo el material probatorio allegado al juicio, llegándose a la conclusión de la procedencia de la demanda de mérito. En adición, en cuanto al error de hecho en la apreciación de las pruebas, este Tribunal llama la atención en cuanto a que no es la apreciación de una prueba o la omisión de la misma por parte del juzgador lo que constituye el error de hecho, sino que este vicio es el efecto o resultado que puede presentarse en el criterio del juzgador como consecuencia de haberse dejado de apreciar o de haberse apreciado equivocadamente una prueba, en forma de inducirlo a dar por establecido un hecho que no aparece probado realmente o al contrario, a dar por no probado un hecho que sí está demostrado en el proceso y en el caso sub-judice no aparece ninguna situación que pugne contra el material probatorio aportado y practicado en el juicio.- En adición, el Recurrente incurre en los defectos técnicos cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; ni singulariza la prueba en la formulación del cargo.- IV. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE.- FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de diciembre del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha quince de noviembre del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número CL 238-20.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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