Sentencia CL-223-20 — Registro 13725
Resumen
Demanda ordinaria laboral para el cumplimiento de una terminación de la relación laboral por mutuo acuerdo conforme al séptimo contrato colectivo de condiciones de trabajo y demás disposiciones legales que así lo establecen, costas
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente; b) La prueba singularizada si fue apreciada en el fallo impugnado, resultando que se le dio una valoración o alcance diferente al que pretende el Impetrante, por lo que es impropio el ataque al mismo por falta de apreciación; y, c) Formula alegatos propios de instancia.
IV. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo"....
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
TE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los trece días del mes de diciembre del dos mil veintiuno.
VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha veintinueve de julio del dos mil veintiuno, por el Abogado JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES, en su condición de representante procesal de la señora ESTHER MARLENE HERRERA MEZA, como recurrente; además es parte recurrida, el ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por la Abogada GLENDA CARINA RIVAS PANIAGUA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para el cumplimiento de una terminación de la relación laboral por mutuo acuerdo conforme al séptimo contrato colectivo de condiciones de trabajo y demás disposiciones legales que así lo establecen, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce de enero del dos mil quince, por la señora ESTHER MARLENE HERRERA MEZA, mayor de edad, soltera, Licenciada en Trabajo Social, hondureña y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (IHNFA), por medio del Procurador General del Estado, Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintinueve de noviembre del dos mil diecinueve, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha veintiséis de septiembre del dos mil dieciocho, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: I.- Declarar CON LUGAR LA EXCEPCION PERENTORIA DE TRANSACCION Y PAGO opuesta por la representante procesal de la parte demandada. II.- DECLARAR SIN LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE UNA TERMINACIÓN DE LA RELACION LABORAL POR MUTUO ACUERDO CONFORME AL SÉPTIMO CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y DEMAS DISPOCISIONES LEGALES QUE ASI LO ESTABLECEN, promovida por la señora ESTHER MARLENE HERRERA MEZA contra El ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del suprimido INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (IHNFA), representada por la Procuraduría General de la República; a través del Abogado LIDIA ESTELA CARDONA; III.- ABSUELVE: AL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del suprimido INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (IHNFA), representada por la Procuraduría General de la República; a través de la Abogada LIDIA ESTELA CARDONA del pago a la demandante del complemento de prestaciones laborales y derechos adquiridos de conformidad al Séptimo Contrato Colectivo suscrito entre el IHNFA y el SITRAIHNFA. IV.- SIN COSTAS…”
ANTECEDENTES DE HECHO.
La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que comenzó a laborar en el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA) a partir del 06 de agosto de 1998, en el cargo de Trabajadora Social, devengando un salario mensual de L.16,179.39. En fecha 27 de febrero de 2013, fue suscrito el VII contrato colectivo de condiciones de trabajo entre el IHNFA y el SITRAIHNFA cuya vigencia fue retroactiva a partir del 01 de junio de 2012 e inscrito en la Secretaría del Trabajo según mandato legal, quedando de esta manera derogado el anterior contrato colectivo. En el Séptimo (VII) contrato colectivo se pactó las nuevas condiciones laborales para los empleados del IHNFA, entre ellas, la realización del cálculo de las prestaciones e indemnizaciones a todos los empleados sin excepción, que laboran en el IHNFA. Las partes estuvieron de acuerdo en ponerle fin a la relación laboral que les unía mediante arreglo de fecha 11 de septiembre de 2014, redactada y bajo la vigilancia de una Inspectora del Trabajo, en el que se reconocería y pagaría la totalidad de las prestaciones e indemnizaciones laborales a favor de la demandante, esto al tenor de lo que establece la cláusula 67 del VII contrato colectivo de condiciones de trabajo como el artículo 7 del Decreto Ejecutivo PCM-26-2014; artículo 60 penúltimo párrafo del Código del Trabajo; 1546 y 1548 del Código Civil, en cuanto al cumplimiento de convenios o acuerdos. La demandante compareció ante la Oficina de Conciliación y Mediación de la Dirección General del Trabajo, a efecto de llegar a un arreglo conciliatorio con la parte demandada, siendo imposible el mismo.
La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que la relación contractual que tuvo la demandante con el Estado de Honduras a través del IHNFA, pero que en virtud del Decreto Ejecutivo PCM-26-2014, de fecha 04 de junio de 2014, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Número 33,446, donde el artículo 1: ordena suprimir al IHNFA creado mediante Decreto Legislativo No. 199-1997, de fecha 29 de enero de 1998, cancelando todo el personal de acuerdo al Código de Trabajo en sus artículos 111 numeral 2 y 9, en relación al artículo 379, bajo el entendido que dadas las posibilidades financieras del Estado con base a lo establecido en el Decreto Ejecutivo PCM-26-2014, de fecha 04 de junio de 2014, se procedió hacer efectivo el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales, en el término de 6 meses mediante pagos mensuales a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas y en el caso de la demandante aceptó y recibió el pago de sus prestaciones de conformidad a Derecho; que en virtud del principio de buena fe, la parte demandada firmó ante el Inspector del Trabajo el acta de mutuo consentimiento y se ejecutó a cabalidad pagándole las prestaciones a la demandante en base al cálculo de la Comisión Tripartita integrado por un representante de la Secretaría de Trabajo, un representante de la Secretaría de Finanzas y un representante del IHNFA, cálculo que asciende en la cantidad de L.598,142.59; sin embargo, se rechaza lo que arguye la parte actora, ya que en ninguna parte del arreglo (acta de terminación de una relación laboral por mutuo consentimiento) se estableció que sea en base al Séptimo (VII) contrato colectivo de condiciones de trabajo del IHNFA, ya que el único contrato aplicable ha sido y será el Sexto (VI) contrato colectivo por ser el que se encontraba vigente al momento de la liquidación de la institución, pretendiendo confundir al A-quo, con las mismas argucias con que fue inscrito el Séptimo (VII) contrato colectivo en la Dirección General del Trabajo dependencia de la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, por el cual se interpuso ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el Amparo Administrativo SCO-1234-2014, por el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA), para que se restituyan las garantías constitucionales y en fechas 24 de septiembre y 25 de octubre de 2015, la Sala Constitucional otorgó el Amparo a favor del IHNFA anulando de pleno de derecho a lo actuado por la referida instancia gubernativa.
El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de septiembre del dos mil dieciocho, dictó sentencia que, en su parte conducente, dice: “FALLA: I.- Declarar CON LUGAR LA EXCEPCION PERENTORIA DE TRANSACCION Y PAGO opuesta por la representante procesal de la parte demandada. II.- DECLARAR SIN LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE UNA TERMINACIÓN DE LA RELACION LABORAL POR MUTUO ACUERDO CONFORME AL SÉPTIMO CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y DEMAS DISPOCISIONES LEGALES QUE ASI LO ESTABLECEN, promovida por la señora ESTHER MARLENE HERRERA MEZA contra El ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del suprimido INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (IHNFA), representada por la Procuraduría General de la República; a través del Abogado LIDIA ESTELA CARDONA; III.- ABSUELVE: AL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del suprimido INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (IHNFA), representada por la Procuraduría General de la República; a través de la Abogada LIDIA ESTELA CARDONA del pago a la demandante del complemento de prestaciones laborales y derechos adquiridos de conformidad al Séptimo Contrato Colectivo suscrito entre el IHNFA y el SITRAIHNFA. IV.- SIN COSTAS…” Bajo el criterio que si bien es cierto, la parte actora alega en su demanda que las prestaciones laborales derivadas de la terminación laboral no fueron pagadas en forma completa por su empleador de conformidad a lo establecido en el séptimo contrato colectivo de condiciones de trabajo vigente suscrito entre el IHNFA y el SITRAIHNFA; constando en autos el acta de terminación de la relación por mutuo acuerdo de las partes y bajo la vigilancia de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social; acta que fue firmada sin protesto; pero que una vez efectuado el pago aludido la actora consideró que el mismo no se ajusta a dicha contratación colectiva; de lo anterior y después de una revisión aritmética del cálculo de prestaciones e indemnizaciones laborales, así como la información presentada por la comisión liquidadora IHNFA- SEFIN, se concluye que la parte demandada se encuentra exenta de responsabilidad en cuanto al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, derivadas de la terminación del contrato, puesto que la obligación se satisfizo a favor de la demandante con los pagos efectuados a ella; tomando en cuenta la aplicación de las cláusulas 49, 65, 66 y 67 del Sexto Contrato Colectivo suscrito entre el IHNFA y el SITRAIHNFA y que refieren al pago de vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes de salario, pago de preaviso y auxilio de cesantía, por ser éste el Contrato Colectivo Vigente, hecho que quedó acreditado en vista que el Registro número 2312, del Registro de Contratos Colectivos que al efecto lleva la Secretaría de Estado en los despachos de Trabajo y Seguridad Social que contiene la inscripción del Séptimo Contrato Colectivo entre el IHNFA y el SITRAIHNFA, fue anulado mediante la sentencia de amparo SCO-1234-2014 y su aclaración en la cual la Sala de lo Constitucional otorga el recurso de amparo a favor del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA) y dentro de otras cosas “MANDA: . ...a) que como como consecuencia lógica de la nulidad de pleno derecho que ha incurrido se cancele y deje sin ningún valor y efecto la resolución número 194/DGT/NC/2013 de fecha 03 de junio de 2013 y que consta a folio 2312 del folio 77 del tomo VII del Libro de Registro de Contratos Colectivos de Condiciones de Trabajo, emitida por la Dirección General del Trabajo dependiente de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social”. Siendo que la vigencia de los contratos colectivos inicia a partir de su inscripción de conformidad con lo establecido en el artículo 78 del Código de Trabajo que reza: “Todo contrato colectivo deberá ser registrado en la Dirección General del Trabajo... el cumplimiento de todo contrato colectivo queda bajo la vigilancia de la Dirección General del Trabajo”; asimismo, el artículo 82 de la misma normativa que establece: “La inspección General del Trabajo será la autoridad administrativa de aplicación de todo contrato colectivo registrado, y a ella competerá la vigilancia del cumplimiento de los mismos, bajo el régimen de sanciones y los recursos jerárquicos establecidos en los artículos 83 y 84 de este Código”; en consecuencia, es procedente declarar con lugar la excepción perentoria de transacción y pago opuesta por la representante de la parte demandada en cuanto a los conceptos reclamados de pago de décimo tercer y décimo cuarto mes de salario, pago de vacaciones, bonificaciones así como el pago de preaviso y auxilio de cesantía. Que habiéndose interpuesto la Excepción Perentoria de transacción y pago en el momento procesal oportuno y esta prospera, resulta vano hacer alguna pronunciación sobre la cuestión de fondo, ya que la idea fundamental del demandado al oponer excepciones perentorias, es la de absolver al demandado, como ocurre en el caso de autos en que la Excepción Perentoria de Pago interpuesta, ha prosperado y siendo una situación análoga, pues en la presente litis se ha acreditado en forma fehaciente el pago de las prestaciones y derechos adquiridos de conformidad al Sexto Contrato Colectivo Vigente.
La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de noviembre del dos mil diecinueve, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el A-quo, sin costas; bajo el criterio que en la audiencia primera de trámite celebrada en fecha veintidós de noviembre del año dos mil dieciséis, la Representante Procesal de la parte demandada, interpuso los Defectos Procesales de Transacción y Pago, basada en que ambas partes estuvieron de acuerdo que se le pagaran las prestaciones laborales, acordando además que se haría un plan de pago reconociéndole el pago del 100% de sus prestaciones laborales en base al VI Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente en la Institución y de conformidad a lo que establece el artículo 2000 del Código Civil, la transacción es "un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente, o precaven un litigio eventual. No es transacción el acto que sólo consiste en la renuncia de un derecho que no se disputa" y consta en autos que mediante las Actas de Terminación de una Relación Laboral y el Plan de Pago de las Prestaciones e Indemnizaciones Laborales, celebrado ante la presencia del Gerente de Recursos Humanos del IHNFA y la Inspectora de Trabajo delegada a los efectos de Ley por la Inspectoría General del Trabajo, dependiente de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, sin la asistencia del Representante del Sindicato, a pesar de haber sido convocado previamente, la trabajadora demandante firmó un Convenio de Pago del cual estuvieron de acuerdo en los plazos y términos en él establecido (folio 23 frente de la primera pieza del expediente) y también consta en autos que la totalidad de esos valores ya le fueron cancelados a la demandante; en consecuencia, los Defectos Procesales de Transacción y Pago son procedentes por las razones anteriormente expuestas. Que si bien la Constitución de la República no se refiere expresamente al principio de gratuidad en el acceso a la administración de justicia, pero se podría inferir que al establecer en el artículo 304 de la Carta Magna: "Corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado..." se encuentran incorporados los objetivos mismos de la Corte Suprema de Justicia, que persigue la labor de impartir justicia y de la realización del derecho a la igualdad contenida en el artículo 80 de la misma Constitución, en que toda persona tiene el derecho de presentar peticiones a las autoridades ya sea por motivos de interés particular o general y de obtener pronta respuesta en el plazo legal, como uno de los pilares esenciales del Estado Social de Derecho en la prestación responsable y eficiente de la justicia, a través de la cual es posible la materialización de un orden justo, caracterizado por la armonía y la paz, y sobre todo cuando se trata de una materia social, como lo es la laboral, donde quedan sometidas todas las controversias jurídicas que se originen en las relaciones entre patronos y trabajadores, a que se refiere el artículo 134 de la Constitución de la República, no es procedente una condena en costas.
Mediante auto de fecha nueve de diciembre del dos mil veinte, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES, en su condición de representante procesal de la señora ESTHER MARLENE HERRERA MEZA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.
En fecha veintinueve de julio del dos mil veintiuno, compareció ante este Tribunal el Abogado JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES, en su condición de representante procesal de la señora ESTHER MARLENE HERRERA MEZA, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha veintinueve de julio del dos mil veintiuno, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha trece de septiembre del dos mil veintiuno, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte de la Abogada GLENDA CARINA RIVAS PANIAGUA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.
Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.
II. Que el Abogado JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES, en su primer y único motivo de casación alega: “Acuso la Sentencia Recurrida, ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional, por infracción indirecta proveniente de falta de apreciación de la prueba documental propuesta y admitida a la parte demandante, visible de folios 22, 23 y del 79 al 149 al 176, de la primera pieza de autos, en relación con la prueba documental en su conjunto, que hizo incurrir al AD QUEM, en violación indirecta por error de hecho, del articulo 95 numeral 23 en relación con los artículos 60 párrafo primero 78 párrafo tercero y 126 del Código de Trabajo; 1.1 del Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo; 128 numeral 15) de la Constitución de la Republica. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las Normas Procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. SE SINGULARIZA LA PRUEBA NO APRECIADA: Las pruebas no apreciadas es la prueba documental consistente en los documentos visibles a folios 22, 23, y del 149 al 176, de la primera pieza de autos, en relación con la prueba documental en su conjunto. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el artículo 765 numeral 1 párrafo segundo del Código de Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Como puede apreciarse la sentencia de mérito que confirma en todas sus partes la dictada por la juzgadora de primera instancia se basa en declarar con lugar los Defectos Materiales, de Transacción y Pago y por ello no valora las demás pruebas de fondo, siendo errónea su apreciación ya que, en cuanto a la Transacción en la cláusula segundo del documento que obra a folio 23 de la primera pieza de los autos y conlleva a la terminación de la relación laboral por mutuo consentimiento, lo que se equipara a la transacción, literalmente dispone "EL INSTITUTO manifiesta estar de acuerdo para proceder al pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales que de conformidad al contrato colectivo de condiciones de trabajo suscrito entre el IHNFA Y SITRAIHNFA, que obra a folios 150 de los autos, le corresponden al trabajador…”, y siendo que tal como está probado en autos el séptimo Contrato Colectivo que obra de folio del 149 al 176, vigente del mes de enero del 2013, a enero del 2014, que por no haberse suscrito otro contrato colectivo de conformidad a la ley, se prorrogo automáticamente por un año y siendo que, la demanda fue presentada el 14 de enero del 2015, era este instrumento jurídico en aplicación de la cláusula 66 y 67 que obra a folios 166 que debía de observarse, para el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales, de conformidad al acuerdo de transacción que en su ordinal segundo literalmente dispone "El INSTITUTO manifiesta estar de acuerdo para proceder al pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales que de conformidad al contrato colectivo de condiciones de trabajo corresponden al trabajador", y siendo que según el cálculo de acuerdo en lo establecido en las cláusulas 66 y 67 del contrato colectivo le correspondía a mi representada la LPS.1,545,061.19, y lo pagado de conformidad a los cálculos elaborados discrecionalmente por el IHNFA, es por la cantidad de LPS.598,142.59, que deducida de LPS. 1,545,061.19, le quedaron a deber, la cantidad a pagar de LPS.946,918.60 (novecientos cuarenta y seis mil novecientos dieciocho lempiras con 60/100), en tal sentido la transacción es correcta, porque se circunscribe a la terminación de la relación laboral por mutuo consentimiento de las partes, mas no así el defecto Material de Pago, que en todo caso es parcial por haber recibido una cantidad inferior de la debida y como es de vuestro conocimiento se entenderá pagada una deuda cuando completamente se hubiese entregado la cosa o hecho la prestación en que la obligación consistía, por tal motivo y habiendo pagado menos de lo debido, la parte demandada se deviene en la obligación a pagar la diferencia, que es por la cantidad de LPS. 946,918.60 (NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 60/100), porque de lo contrario conllevaría al enriquecimiento sin causa”.
III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente; b) La prueba singularizada si fue apreciada en el fallo impugnado, resultando que se le dio una valoración o alcance diferente al que pretende el Impetrante, por lo que es impropio el ataque al mismo por falta de apreciación; y, c) Formula alegatos propios de instancia.
IV. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo.
POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por mayoría de votos, por disentir el Magistrado Miguel Alberto Pineda Valle, quien emitirá voto particular, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que, no habiendo unanimidad en la presente resolución, se remitan sus antecedentes al Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, para estudio y posterior resolución. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.
9