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Sentencia CL-208-20 — Registro 13163

Resumen

Demanda ordinaria laboral de primera instancia solicitando el emplazamiento del patrono para que pruebe la justa causa del despido, denominada terminación del Contrato de Trabajo, al no probarlo, se declare el despido injustificado y se condene al patrono demandado al reintegro del trabajador en iguales o mejores condiciones al puesto de trabajo ocupado al momento del despido injustificado, y a título de daños y perjuicios los salarios que habría percibido, pago de daños y perjuicios ocasionado por el arbitrario despido

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible ya que el recurrente realiza extensos alegatos de instancia sin contener claridad, por una parte no cita precepto legal sustantivo violado, asimismo invoca infracción directa y error de hecho, causales diferentes que debió invocar de forma separada por la independencia de los cargos; en fin no cumple con ninguno de los requisitos técnicos establecidos en el artículo 769 numeral del Código de Trabajo lo cual hace un inexistente motivo"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veintidós días del mes de junio del año dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 22 de febrero del 2021, por el Abogado JORGE DAVID MEZA VÁSQUEZ, en su condición de representante procesal de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH) como recurrente; además, es parte recurrida, el señor GUILLERMO VALLE AGUILAR, representado en juicio por el Abogado GUILLERMO EDUARDO MATUTE CERRATO. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral de primera instancia solicitando el emplazamiento del patrono para que pruebe la justa causa del despido, denominada terminación del Contrato de Trabajo, al no probarlo, se declare el despido injustificado y se condene al patrono demandado al reintegro del trabajador en iguales o mejores condiciones al puesto de trabajo ocupado al momento del despido injustificado, y a título de daños y perjuicios los salarios que habría percibido, pago de daños y perjuicios ocasionado por el arbitrario despido, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha 11 de febrero del 2019, por el señor GUILLERMO VALLE AGUILAR, mayor de edad, casado, Ingeniero Agrónomo Zootecnista, con Maestría en Producción y Nutrición Animal y PhD en Nutrición Animal y Desarrollo Agrícola Sostenible, hondureño, y con domicilio en La Ceiba, Departamento de Atlántida, contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), representada legalmente por el RECTOR Doctor FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 18 de septiembre del 2020, dictada por la Corte Primera de Apelaciones del Trabajo de La Ceiba, Departamento de Atlántida que falló REVOCANDO la sentencia de fecha 6 de febrero del 2020, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por el Abogado GUILLERMO EDUARDO MATUTE CERRATO, en su condición de apoderado legal del demandante señor GUILLERMO VALLE AGUILAR, contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH).- SEGUNDO: REVOCA la sentencia apelada de fecha seis de febrero del año dos mil veinte.- TERCERO: DECLARANDO CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral de Primera Instancia, solicitando el emplazamiento del Patrono para pruebe la justa causa del despido, denominada terminación del Contrato de Trabajo al no probarlo, se declare el despido injustificado y se condene al patrono demandado al Reintegro del Trabajador en iguales o mejores condiciones al puesto de trabajo ocupado al momento del despido injustificado, y a título de daños y perjuicios, los salarios que este habría percibido desde la terminación del contrato de Trabajo hasta la fecha en que quede firme la sentencia condenatoria.- CUARTO: CONDENA a la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS UNAH; representada por el Rector FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO, a reintegrar con todos los derechos, en iguales o mejores condiciones al trabajador docente GUILLERMO VALLE AGUILAR, al puesto de trabajo ocupado al momento del despido injustificado; asimismo condena a pagar a título de daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que quede firme esta sentencia condenatoria. QUINTO: ABSUELVE a la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS del pago de L. 3,757,380.00 en concepto de daño emergente reclamados por el demandante, en virtud de estar comprendidos en la condena de pago de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios.- SIN COSTAS EN ESTA INSTANCIA Y CON COSTAS EN LA PRIMERA INSTANCIA”. ANTECEDENTES DE HECHO. 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que inició su relación laboral en fecha 01 de marzo de 1973, desempeñándose como Profesor Auxiliar, el 01 de febrero de 1979, fue reclasificado como Profesor Titular II, continuando sus laborales en el Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (CURLA), en una jornada de trabajo de lunes a viernes con horario de 8 a.m. – 4 p.m., con numero de empleado 1730, teniendo al 30 de septiembre del 2018, un salario mensual de L.60,989.00. El 27 de septiembre del 2018, la Coordinadora de Recursos Humanos del CURLA, le hizo entrega del oficio 1080-SEDP de fecha 13 de septiembre del 2018, mediante el cual la Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal, le informaba que por política de relevo generacional, y previa revisión de la normativa interna, se aplicaría lo pertinente al retiro obligatorio a empleados docentes y administrativos y de servicio que ya cumplieron la edad límite superior de setenta (70) años de edad, a la vez se le informaba que por encontrarse en esa situación, el retiro se haría efectivo a partir del 01 de octubre del 2018, no obstante durante la primera semana del mes de octubre del 2018, continuó laborando como docente y posterior al feriado morazánico se le impidió marcar en el reloj digital, sin embargo, siguió asistiendo a su centro de trabajo impartiendo clases, el 20 de octubre del 2018, fecha en que está reglamentado y obligada la demandada a efectuar el pago del mes de trabajo, no se le acreditó pago alguno, y al investigar se le informó que el Departamento de Planillas se había separado de las mismas, en virtud del oficio 1080-SEDP, el 01 de noviembre del 2018, se le hizo entrega del Acuerdo No.2484-2018 de fecha 27 de octubre del 2018, emitido por la autoridad competente, Rector de la UNAH, quien en atención al oficio número 1201 de la Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal , de fecha 15 de octubre de 2018, acordó lo siguiente: “dar por terminado el contrato de Trabajo del Dr. Guillermo Valle, profesor Titular II del Departamento de Ciencias Agrarias y Económicas, dependiente del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (CURLA), a partir del 01 de Octubre de 2018, con el pago de sus prestaciones laborales, conforme lo establece el contrato colectivo de Condiciones de Trabajo entre la UNAH-SITRAUNAH, en virtud de haber alcanzado la edad obligatoria para acogerse al sistema de Previsión de los empleados de la UNAH( INPREUNAH)”, tal Acuerdo de Terminación de Contrato de fecha 27 de octubre del 2018, originado por un oficio emitido por la Secretaria Ejecutiva de Desarrollo Personal, fue árbitro e improcedente en virtud que los artículos 96 y 321 Constitucionales prohíben la retroactividad de la ley, excepto en materia penal, cuando ésta sea a beneficio del proceso, sin embargo, el patrono acordó la terminación de su contrato de trabajo 26 días después a la fecha en que estableció la efectividad del mismo, sin tener facultades para ello, lo cual es nulo por ley e implica responsabilidad, pues la demandada no puede atribuirse facultades que no tiene, al efectuar un retiro obligatorio, cuando no se han cumplido los requisitos que establece el Reglamento General del INPREUNAH, para que se pueda proceder al retiro obligatorio, y de esa manera hacer uso del derecho a la jubilación, además el acuerdo 2484-2018 cita como fundamento legal el artículo 19 de la Ley Orgánica de la UNAH, que corresponde a las atribuciones del Rector, sin embargo, omite citar la norma legal que le sirve de respaldo, como árbitro acto de despido denominado terminación del contrato de trabajo, que respalde la causal del despido , establecida así: “en atención al oficio #1201 de la Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal de fecha 15 de octubre del año dos mil dieciocho, y en virtud de haber alcanzado la edad obligatoria para acogerse al sistema de previsión de los empleados de la UNAH (INPREUNAH)”, por considerar equivocadamente el patrono, por inducción de la oficina de Desarrollo de Personal, que al haber alcanzado la edad de 70 años, podía obligarle a entrar al sistema de Previsión del INPREUNAH, por retiro obligatorio, la normativa aplicable, lo es el Reglamento General del INPREUNAH, que en su artículos 23, 24, 27 y 30, clasifica los beneficios en prestación de servicios, las prestaciones son los derechos adquiridos por los trabajadores participantes que cumplen las condiciones y llenan los requisitos establecidos para su disfrute, entre estas prestaciones se encuentra la pensión por jubilación, las prestaciones se otorgaran en consideración a la edad, los años de servicio, a los sueldos devengados y al monto de las cotizaciones, el monto o valor y tiempo de sueldos devengados y al momento de las cotizaciones, el monto o valor y tiempo de cotizar al sistema de previsión, deberá ser certificado por la oficina correspondiente del INPREUNAH, el artículo 33 del citado Reglamento regula el otorgamiento de dos diferentes tipos de jubilación, la jubilación por retiro voluntario, que tendrá lugar cuando el participante ejercite su jubilación por retiro voluntario, y la jubilación por retiro obligatorio, que tendrá lugar cuando el participante que cumpla los requisitos, de haber cotizado un mínimo de 25 años al Instituto y presente la documentación probatoria requerida, alcance la edad de setenta (70) años, el procedimiento para la jubilación obligatoria se sustentará en la normativa específica que al respecto aprueba la Junta Directiva, el artículo 36 prescribe que la jubilación por retiro obligatorio se otorgara de oficio por el INPREUNAH, de conformidad con el Reglamento que al efecto aprueba la Junta Directiva, a pesar que efectivamente el 11 de septiembre del 2018, alcanzó la edad de 70 años, el INPREUNAH, no había procedido de oficio a otorgar la jubilación por retiro obligatorio, porque aún no cumplía el requisito de 25 años mínimo de cotización, sin embargo, el patrono, a través de su Departamento de Desarrollo de Personal, no investigó si cumplía el ineludible el requisito de años de cotización, pues al 30 de septiembre del 2018, únicamente había alcanzado 21 años y un mes de cotizar para el instituto, por lo cual, no se cumplía el requisito de ley de los 25 años mínimo de cotizar, tanto para la jubilación voluntaria, con mayor razón para la jubilación por retiro obligatorio, como dolosamente lo pretendió hacer creer la patronal, utilizando como excusa o causal para el despido injustificado denominado la terminación del Contrato de Trabajo, pues de efectuarse una jubilación forzada con solo 21 años un mes de cotizar al Instituto, no solo le ocasionaría daños al no recibir un salario por un periodo de cuatro años, si no que además, se le estaría pagando una pensión mensual de (L. 35,3355.32), en lugar de (L.45,375.00) de pensión mensual, que con los aumentos de ley le corresponderían al cotizar los 25 años, y para lo cual ha estado cotizando al sistema, resultando una reducción de aproximadamente (L.10,019.68) mensuales, que no sufriría si alcanza los 25 años de cotizar, como así lo requiere la ley, y multiplicada esa suma, por 15 meses de salario anual y por 25 años de estimado de vida, se contabiliza la cantidad de (L.3,757,380.00), que sumados a los salarios dejados de percibir durante 3 años y 11 meses que le faltan para el retiro obligatorios, le ocasionaría un perjuicio en su patrimonio aproximado de (L.7,461,780.00), por lo anterior considera que tal acción fue arbitraria y nula de terminación de contrato, sin justificación legal. El Estatuto del Docente Universitario, en su artículo 218 establece las causas para cesar en sus cargos a), b), c), d), el despido injustificado, el artículo 219 establece las causas desde el literal a), hasta el literal r), por las cuales la universidad puede dar por terminada el contrato o relación de trabajo, y en ninguna de ellas se encuentra el retiro obligatorio por jubilación, el artículo 220 regula el derecho de emplazar al patrono para que pruebe la justa causa en que se fundó el despido, y concede los derechos si el mismo no es aprobado, finalmente establece el artículo 222 que si la Universidad prueba su pretensión, el docente deberá pagarle a la Universidad los daños y perjuicios correspondientes más las costas del juicio, a contrario sensu, si el docente prueba que el despido fue injustificado, la universidad deberá pagarle al docente los daños y perjuicios correspondientes, más las costas del juicio, éstas últimas, de conformidad al Arancel del Profesional del Derecho, es notorio que la única causal esgrimida para la cancelación del contrato de Trabajo lo es el retiro obligatorio alegado, sin embargo, queda acreditado que la misma no es causal de despido conforme a Ley, al no cumplirse los requisitos de ley para que el patrono pudiera proceder a efectuar el retiro obligatorio, contraviniendo el principio de estabilidad laboral consignado en el artículo 129 Constitucional y en el 158 del Convenio con la Organización Internacional del Trabajo, por lo anterior el patrono, violentó el debido proceso, como lo prohíbe el artículo 59, 60, 90 y 128 de la Constitución de la Republica, y lo recuerda la circular 1-2014 de la sesión del 13 de mayo del 2014 celebrada por el pleno de la Sala Laboral- Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia. Sobre los daños y perjuicios ocasionados a su patrimonio, explicó que del salario que recibía como docente, cumplía con sus obligaciones económicas de familia y personales, entre ellos los beneficios médicos, un seguro de vida que por planilla se le deducía por la cantidad de (L. 1,375.67), así como el envió mensual de ($ 1,400.00) a su esposa que junto a sus hijos residen en los Estados Unidos de América, los cuales adquiría cada mes mediante compra de divisas en la institución Bac Credomatic, por lo que el despido injustificado del que fue objeto, le colocó en una situación de insolvencia, inseguridad y calamidad personal y familiar. Dando por agotado el trámite administrativo ante la autoridad competente al no haber logrado las partes llegar a un acuerdo conciliatorio. 2. La parte demandada, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), contestó dicha demanda señalando que su representada es una institución respetuosa de las leyes nacionales de carácter laboral que rigen las relaciones obrero-patronal dentro de la institución, como ser el Contrato Colectivo Vigente, Reglamento Interno de Trabajo, Estatuto del Docente Universitario, Contrato Colectivo, en ese sentido nunca realizó acciones que no se encuentren debidamente fundamentadas en ley, o que tengan como propósito perjudicar a una persona en particular, siendo así que durante el transcurso del juicio probaría que la acción de jubilación obligatoria se encuentra dentro del marco legal institucional, y que la misma tiene como objeto garantizar la reforma universitaria y el relevo generacional que resulta tan necesario para lograr los objetivos institucionales, mencionando que sin ánimo de demeritar o menospreciar las capacidades, el demandante es un profesional con más 70 años de edad, que laboró por varias décadas en una de las actividades más desgastantes como lo es la docencia, por lo que resultaba justo y lógico para él, su familia, y los alumnos del Centro Universitario Regional de Litoral Atlántico, que gozara de un merecido descanso como forma de retribución a sus años de servicio, por lo que el retiro tardío podría provocar daños irreparables a su salud, sumando a lo anterior, reconociendo el derecho de todos los empleados de gozar una jubilación digna y sobre todo garantizar el derecho fundamental y humano a una efectiva seguridad social, tiene como política que el tiempo máximo de servicio de todo trabajador es hasta los 70 años de edad, por lo que como patrono cotiza al instituto de Previsión de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (INPREUNAH), al cual está afiliado el demandante, por lo que era acogido a los beneficios de jubilación que otorga el sistema de previsión mencionado, de igual modo arguyó que el derecho a la estabilidad laboral no es un derecho absoluto y encuentra un límite cuando el trabador está en condiciones de obtener una jubilación digna, pues la vida laboral y productiva del trabajador comienza a finalizar, y al separarlo de la actividad laboral, no lo hace en virtud de una causa de separación consignada en el artículo 112 y 114 del Código del Trabajo, sino por la disolución de la relación laboral que produce la jubilación obligatoria, pues el empleado no queda desprotegido pues comienza a percibir la jubilación por vejez que al efecto otorga el Instituto de Previsión de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), concediéndole su derecho a Seguridad Social, también expresó que sin ánimos de aceptar los hechos de la demanda, y solamente bajo el supuesto de que los alegatos del demandante fueran ciertos, considera oportuno pronunciarse respecto a la elevada cuantía de la demanda, pues la misma carece de fundamento lógico y legal, pues se establece como cierta sin establecer el detalle y desglose de los conceptos de cada una de ellas, además hace ver que los conceptos de salarios dejados de percibir y los daños y perjuicios son dos conceptos distintos, cuando la ley ya establece que en materia laboral, los salaros dejas de percibir son pagados a título de daños y perjuicios, tal como lo establece el artículo 129 Constitucional. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha 6 de febrero del 2020, dictó sentencia declarando SIN LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral de Primera Instancia solicitando el emplazamiento del patrono para que pruebe la justa causa del despido, denominada terminación del Contrato de Trabajo, al no probarlo se declare el despido injustificado y se condene al reintegro del trabajador en iguales o mejores condiciones, al puesto de trabajo ocupado al momento del despido injustificado, y a título de daños y perjuicios, los salarios que este habría percibido, y se produzca la reinstalación en el cargo; ABSOLVIÓ a la demandada de reintegrar al demandante en el puesto pretendido, y al pago de salarios dejados de percibir; SIN COSTAS. Bajo el criterio que de acuerdo a la prueba aportada por la parte demandante con el documento consistente en una constancia de fecha 7 de diciembre del 2018, en la que el Gerente de Previsión Social del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH (INPREUNAH), hizo constar que el demandante cotiza a partir de julio de 1989, y que cumple con los requisitos establecidos en el Reglamento vigente para otorgamiento de pensión por vejez, asimismo relacionando con lo anterior con la prueba documental mediante oficio no. 1559 dirigido al Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH (INPREUNAH), informaron que el demandante cotiza a partir del mes de julio de 1989 al mes de septiembre de 2018, lo que conlleva a una suma de 29 años de cotizar a la precitada institución, el artículo 83 párrafo 3 permite el retiro obligatorio cuando el trabajador alcance la edad cronológica de 70 años, retiro obligatorio que puede fundarse en cualquiera de las 2 modalidades que contempla el artículo 82 del Reglamento General del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH, por lo que según el tiempo de cotización le correspondía el retiro obligatorio por la pensión ordinaría, por lo antes expuesto y dado que quedó acreditado en autos que la ruptura de la relación laboral no reviste la figura de un despido injusto ni a una decisión antojadiza del patrono, si no que la causa se encuentra comprendida dentro del Reglamento General del (INPREUNAH) y que el empleador notificó al demandante con la debida antelación, acreditándose en la nota de terminación de contrato de trabajo de fecha 27 de octubre de 2018, ofreciéndole pagarle las prestaciones laborales conforme al Contrato Colectivo de Condiciones de trabajo celebrado entre la UNAH y SITRAUNAH, estimó procedente desestimar lo solicitado en cuanto al reintegro solicitado por el trabajador, por no existir despido injustificado, en cuanto al pago del monto de (L.7,461,780.00) en concepto de pago de lucro cesante, consideró que tampoco le corresponde en vista de haberse acreditado el tipo de cotización. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha 18 de septiembre del 2020, dictó sentencia REVOCANDO la proferida por el a quo, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por el Abogado GUILLERMO EDUARDO MATUTE CERRATO, en su condición de apoderado legal del demandante señor GUILLERMO VALLE AGUILAR, contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH).- SEGUNDO: REVOCA la sentencia apelada de fecha seis de febrero del año dos mil veinte.- TERCERO: DECLARANDO CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral de Primera Instancia, solicitando el emplazamiento del Patrono para pruebe la justa causa del despido, denominada terminación del Contrato de Trabajo al no probarlo, se declare el despido injustificado y se condene al patrono demandado al Reintegro del Trabajador en iguales o mejores condiciones al puesto de trabajo ocupado al momento del despido injustificado, y a título de daños y perjuicios, los salarios que este habría percibido desde la terminación del contrato de Trabajo hasta la fecha en que quede firme la sentencia condenatoria.- CUARTO: CONDENA a la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS UNAH; representada por el Rector FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO, a reintegrar con todos los derechos, en iguales o mejores condiciones al trabajador docente GUILLERMO VALLE AGUILAR, al puesto de trabajo ocupado al momento del despido injustificado; asimismo condena a pagar a título de daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que quede firme esta sentencia condenatoria. QUINTO: ABSUELVE a la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS del pago de L. 3,757,380.00 en concepto de daño emergente reclamados por el demandante, en virtud de estar comprendidos en la condena de pago de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios. - SIN COSTAS EN ESTA INSTANCIA Y CON COSTAS EN LA PRIMERA INSTANCIA”. Bajo el criterio que el Patrono incumplió con el procedimiento establecido para el retiro obligatorio, el cual determina que la comunicación personal deberá efectuarse por lo menos con un mes de anticipación, incurriendo de tal forma, en violación a los procedimientos establecidos en el Estatuto del Docente y en el Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre los empleados y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), asimismo del contenido del oficio 855-2019 DCA, la Dirección de la Carrera Administrativa de la Secretaria Ejecutiva de la UNAH, informó que una vez identificado el personal que cumplió los 70 años de edad, la Secretaría de Desarrollo de Personal, procede a realizar el procedimiento correspondiente, consistente en la revisión del expediente personal del empleado sujeto a retiro obligatorio, a fin de verificar si cumple con todos los requisitos obligatorios, pudiendo observarse que dicha Secretaría no cumplió con el procedimiento establecido para dar por terminado el contrato de trabajo amparada en la causal de retiro obligatorio por jubilación, puesto que no verificó que el demandante no había cumplido el requisito obligatorio de cumplir el mínimo de 25 años de servicio para acogerse al beneficio de la jubilación obligatoria, en ese sentido, quedó debidamente acreditado que al momento de la terminación unilateral del contrato de trabajo, el trabajador solamente había cumplido 21 años 4 meses de cotizar al INPREUNAH, lo cual es equivalente a 256 aportaciones y en atención al artículo 33 del Reglamento vigente hasta el año 2016 del INPREUNAH y al documento de Política de Retiro Obligatorio, si bien es cierto, ya había alcanzado la edad de 70 años, sin embargo no cumplía con el requisito de cotizar como mínimo 25 años, por consiguiente no podía acogerse a la jubilación por retiro obligatorio, ni el patrono utilizar este asunto como causa de despido, por lo que al no haberse observado los lineamientos legales y requisitos indispensables de jubilación, el despido fue injustificado, afectando al trabajador al no contar con la posibilidad de tramitar su jubilación por faltar el requisito de no contar con el tiempo de cotización requerido por la ley, y como requisito sine qua non para optar a una jubilación obligatoria; en relación al reclamo de daños y perjuicios, solicitando el pago de una indemnización de L.3,757,380.00, si bien es cierto el demandante laboraba como docente en el cargo de Profesor Titular II, devengando un salario mensual de L. 58,232.95, tenía suscrita desde el año 2001 una póliza de un seguro de Vida con la empresa MAPFRE, por la suma de un millón de lempiras, como una seguridad para su esposa e hijas, prima que pagaba mediante abonos de L. 1,375.67 mensuales, asimismo mantenía un préstamo personal con el INPREUNAH y cotizaba mensualmente al IHSS mediante deducción por planilla, también hacía envío mensual de $.1,400.00 a su esposa y familia, quienes residen en los Estados Unidos de Norte América, pero a pesar de las múltiples dificultades que le acarreó el despido injustificado, en materia laboral tal como lo dispone el artículo 113 del Código del Trabajo, cuando el patrono no justifique las razones del despido, entre las opciones del trabajador para pedir las prestaciones o bien para el reintegro a su puesto de trabajo, en ambos casos procede el pago de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, por lo que el monto reclamado en concepto de daño emergente, queda comprendido dentro de ese título de daños y perjuicios, por lo que la sentencia dictada por el aquo contraviene las normas y principios que rigen las relaciones laborales entre los trabajadores y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), violentando la Constitución de la República, los Tratados y Convenciones Internacionales aprobados y ratificados por Honduras, el Código del Trabajo, Reglamento Interno de Condiciones de Trabajo, Estatuto del Docente Universitario y el Contrato Colectivo, de tal forma, que desde la normativa jerárquica que consigna el artículo 74 del Reglamento de la Ley Orgánica de la UNAH, donde se regula y garantiza el derecho a la dignidad del ser humano, del trabajador docente, mediante el Principio de Estabilidad en el empleo, las causas justas de terminación y el procedimiento de ley, en el entendido que en ninguno de los estamentos legales antes relacionados, se encuentra prescrito como causa justa de terminación del contrato de trabajo el retiro obligatorio por jubilación, por haber alcanzado la edad de 70 años y haber cumplido el mínimo de 25 años de cotización, en el entendido que el único documento que se refiere al retiro obligatorio para los empleados mayores de 70 años, según la política de retiro obligatorio de empleados mayores de 70 años emitida en enero del 2014 por la Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal de la UNAH, lo cual no constituye una norma legal del orden jerárquico normativo establecido por el Reglamento de la Ley Orgánica de la UNAH, para regular las relaciones laborales entre el personal de la UNAH y la Administración, sin embargo, al tratarse de una política interna de la UNAH, específicamente para el retiro del personal que ha cumplido con la edad de 70 años para el Retiro Obligatorio, dispone que después de acumular 300 aportaciones mínimas, equivalentes a 25 años de cotización, el empleado no recibirá mejores beneficios de jubilación, por lo que aplicar la política de jubilación obligatoria, no constituye una violación a los derechos humanos de sus empleados, además el referido documento, establece como parte del procedimiento, el deber de comunicar personalmente al empleado la decisión de retiro por haber cumplido los 70 años de edad por lo menos con un mes de anticipación, de igual forma lo regula el artículo 85 del actual Reglamento del INPREUNAH, que aplica a los trabajadores sobre todo porque el patrono se amparó en la jubilación obligatoria como causa de la terminación del contrato de trabajo, por lo que los requisitos para optar al beneficio de pensión ordinaria por vejez son en primer término, haber cumplido sesenta y cinco años de edad y acreditar un mínimo de veinticinco años de cotización al INPREUNAH, señalando además que los afiliados que acrediten haber sido trabajadores permanentes de la UNAH antes del mes de julio de 1989, se podrá considerar como cumplido lo contemplado en el inciso 2, que antecede, cuando haya cotizado como mínimo 24 años 6 meses un día, en tal virtud, el patrono puede solicitar al INPREUNAH el retiro obligatorio de su sistema de aportaciones, para acogerse al beneficio de la Pensión Ordinaria por haber alcanzado la edad de 70 años y haber cotizado un mínimo de 25 años, lo cual si fuere el caso, no se cumplió con el segundo requisito, ya que el trabajador solo había cotizado durante 21 años y cuatro meses, en el entendido que estas disposiciones del Reglamento del INPREUNAH, no facultan al patrono para dar por terminado ni para justificar la terminación del contrato de Trabajo entre el empleado y la administración de la UNAH, de igual forma no comparte la resolución del aquo por cuanto existe prueba suficiente en la causa, con las cuales se acreditó el derecho del trabajador y la sentencia impugnada no se encuentra de conformidad a las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso laboral, por lo que no fue correcta la apreciación de las normas legales empleadas para resolver las cuestiones objeto del debate, en atención a la revisión de los hechos dados como probados y la valoración de la prueba en la decisión de la juzgadora de primera instancia, en el entendido que la carga de la prueba de la justa causa del despido le corresponde al demandado, no como lo afirma la aquo que le corresponde al demandante, asimismo quedó a acreditado en el juicio que el trabajador tenía 21 años 4 meses de cotizar al INPREUNAH, y no 29 años como erróneamente lo afirmó el juez de primera instancia, asimismo hizo aplicación de una disposición legal derogada como lo es el artículo 33 del Reglamento del INPREUNAH del año 2006, tampoco es cierto que el demandante se encontraba gozando de su jubilación como lo afirmó, puesto que se comprobó que el trabajador no goza del beneficio de jubilación ni puede acogerse al mismo porque carece de uno de los requisitos necesarios de cotizar 25 años al INPREUNAH, tampoco comparte el fundamento del aquo al afirmar que la relación laboral terminó por retiro obligatorio por causa de jubilación, cuando dicha figura legal no constituye una causa de despido justificado, sin observar que tanto la normativa interna de la UNAH, como lo es el Estatuto del Docente Universitario y el Código del Trabajo, establecen concretamente cuales son las causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo, apreciándose también que la juzgadora afirmó que el patrono le notificó al demandante la terminación del contrato de trabajo con la debida antelación, no obstante consta en los antecedentes que la notificación del retiro obligatorio que se le hizo 4 días antes de ser efectivo el mismo, y el acuerdo de terminación del contrato de trabajo se le hizo 31 días después del retiro del trabajador, con lo cual se incumplió con el plazo que goza el trabajador de ser notificado con un mes de anticipación tal y como se encuentra regulado según la política de retiro obligatorio de la patronal, y que también dicho plazo debe ser de 60 días, según lo estipula el Estatuto del Docente Universitario, en el entendido que todas las irregularidades señaladas en la sentencia impugnada, revelan la inobservancia por parte de la aquo al principio de legalidad, debido proceso y del derecho a la estabilidad en el trabajo, consignados como derechos fundamentales en la Constitución de la República y la normativa laboral aplicable al presente caso, asimismo el juez de primera instancia omitió pronunciarse sobre el pago de los daños y perjuicios reclamados por la parte demandante, los cuales no proceden de la forma en que fueron peticionados, por cuanto quedan comprendidos en la condena a salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios como lo señala el artículo 113 del Código del Trabajo, por lo mencionado y en atención al principio de la primacía de la realidad, y al no haber sido tomadas en cuenta las circunstancias probadas en el proceso que favorecen al trabajador en contra de la decisión arbitraria del patrono, haciendo acopio al principio protectorio que garantizan la estabilidad en el empleo, y que solamente por causa justificada puede ser removido de su puesto de trabajo y por constar en los autos de primera instancia, que el patrono no logró acreditar la causa justa del despido, y que de igual forma, el principio con rango constitucional de la primacía de la realidad, así como lo contempla la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, en la circular 1-2014, pagina 5 de fecha 05 de junio del 2014, donde establece la intrínseca relación de dicho principio, con la prevalencia del derecho sustancial y verdad procesal en el contexto de las relaciones laborales, concediendo la justificación a la protección que el ordenamiento otorga al trabajador, frente a la posición de superioridad que ostenta el patrono en las relaciones laborales, revocó la sentencia dictada en primera instancia. 5. Mediante auto de fecha 7 de diciembre del 2020, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada VILMA LISSETTE OCAMPO SANTOS, en su condición de representante procesal de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de La Ceiba, Departamento de Atlántida de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha 22 de febrero del 2021, compareció ante éste Tribunal el Abogado JORGE DAVID MEZA VÁSQUEZ, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 22 de febrero del 2021, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 24 de marzo del 2021, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por el Abogado GUILLERMO EDUARDO MATUTE CERRATO, en condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALLBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que el Abogado JORGE DAVID MEZA VÁSQUEZ, en el primer motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por violación directa por aplicación indebida ya que el tribunal Ad Quem aplicó la norma pertinente, pero en forma indebida del artículo, 738 y 739 del Código Del Trabajo. Precepto Legal Adjetivo autorizante: Las normas procesales o normas adjetivas a través de las cuales se infringió en forma indirecta las disposiciones sustantivas las constituyen los artículos 738 y 765 del Código del Trabajo. Pruebas Dejadas de Apreciar: Las pruebas que el Tribunal Ad-quem ha apreciado erróneamente en su conjunto al haber incurrido en error de hecho son: Pruebas Propuestas por la Parte Actora: a) Medio de prueba Documental y testifical en todos sus numerales donde se pudo probar todos y cada uno de los extremos relacionados en el escrito de contestación de improcedente demanda así como desvirtuar las pretensiones de las hoy demandantes, pretensiones que dicho sea de paso son contradictorias y discrepantes b) medio de prueba denominado reconocimiento judicial mediante oficios donde se realizó una revisión minuciosa de los expedientes administrativos de las hoy demandantes y de su estatus laboral dentro de la UNAH durante laboraron y donde se desvirtuaron los extremos de la demanda interpuesta de la siguiente manera: PRECEPTO AUTORIZANTE. el motivo la casación está comprendido en el artículo 765 ordinal primero párrafo segundo del Código de trabajo.- CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN del artículo el artículo 738 establece: el juez al proferir su decisión analizará todas las pruebas allegadas en su tiempo.- el artículo 739 establece: El Juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas, y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la pruebas y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes. Sin embargo, cuando la ley exija determinada solemnidad ad-sustancia actus, no se podrá admitir sin prueba por otro medio. En todo caso, en la parte motivada de la sentencia el Juez indicará los hechos y circunstancias que causaron su convencimiento LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA DE LA SIGUIENTE FORMA la corte sentenciadora al revocar la sentencia dictada por el juzgado de primera instancia y que corre agregado a folios 272 al 285 del segundo tomo, incurrió en un error de hecho que aparece de manifiesto en los autos por falta de aireación y valoración de los medios de prueba que se han singularizado en la estructura de este motivo por consiguiente la corte de apelaciones del trabajo tampoco no apreció el contenido los medios de prueba documentales, por ello el juzgador en una evidente aplicación indebida, el juez a quo Al momento de proferir su decisión Está en la obligación de analizar todas las pruebas allegadas en tiempo tal como lo está el artículo 738 del Código de trabajo denotando un evidente aplicación indebida de este artículo por los magistrados de la corte de apelaciones lo que si realizo el juez de primera instancia el tribunal de apelaciones por los señores magistrados al exigir una mala apreciación a una falta de apreciación de la prueba es decir respecto a la prueba considerada en sí misma y no en relación a las normas legales que regulan las pruebas de qué se trata Pues en este último caso se estará frente a un cuestión diferente este error de hecho a considerar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva y el error de hecho expresado debe ser manifiesto sea que aparezca en pugna con evidencia demostrada por la prueba. El tribunal al analizar la sentencia apelada, y después de haber analizado y estudiado supuestamente los antecedentes, así como los supuestos agravios de las partes, centrándose en determinar si fue procedente el retiro obligatorio del trabajador demandante por motivos de haber alcanzado la edad de setenta 70 años y si cumplía con los requisitos legales de cotizar trescientas aportaciones como mínimo, equivalentes a 25 años de cotización para que el patrono le impusiera la jubilación obligatoria y si constituye causa justa establecida en la ley para dar por terminado el contrato de trabajo siguiendo el procedimiento establecido o por el contrario, si el demandante fue despedido injustificadamente de su trabajo y por lo cual debe ser reintegrado a su cargo, con el pago de los salarios correspondientes y los daños y perjuicios, como lo alego le representante procesal demandante, y al emitir su fallo revoca la sentencia recurrida con criterios exiguos mismos que son aplicada un caso de materia laboral, y resta importancia en grado sumo a esta materia y al análisis del conjunto de la normativa que como ente autónomo impone mi representada la UNAH, por lo que nos parece que La Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de la Ciudad de la Ceiba, Departamento de Atlántida emitió una sentencia violando su propia explicación al FALLAR: PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR el recurso de Apelación interpuesto...- SEGUNDO: REVOCA la sentencia apelada de fecha seis de febrero del año dos mil veinte.- TERCERO: DECLARANDO CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral de Primera Instancia... CUARTO: CONDENA a la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS UNAH; representada por el Rector FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO, a reintegrar con todos los derechos, en iguales o mejores condiciones al trabajador docente GUILLERMO VALLE AGUILAR, al puesto de trabajo ocupado al momento del despido injustificado; asimismo condena a pagar a título de daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que quede firme esta sentencia condenatoria… SIN COSTAS EN ESTA INSTANCIA Y CON COSTAS EN LA PRIMERA INSTANCIA. …Lo más asombroso es que la sentencia emitida por esta Corte carece totalmente de fundamentación jurídica, de la materia que se ventila ante ellos y del problema que debía resolver, más pareciera un escrito de posiciones acerca de un caso o un dictamen a favor del demandante que una sentencia de una Corte de Apelaciones, ya que ni siquiera tocan de manera real y jurídica el fondo del juicio, ya que al momento de analizar la única prueba de valor para los magistrados prueba documental como ser Oficio 1080 extendido por la Secretaria Ejecutiva de desarrollo personal, que establece la fecha y la razón utilizada para el retiro obligatorio y Acuerdo número 2484-2018 emitido por el rector de la UNAH, mediante el cual se da por terminado el contrato donde se le ofrecen las prestaciones laborales, y dan por sentado que es un acuerdo de despido, no analizando la prueba en su conjunto dejando el abanico probatorio de lado, si procedieron a valorar la prueba se debió hacer en su conjunto, habrase visto tal posición y peor aún desconocer principios laborales elementales de esta materia al desconocer que a la demandante se le dieron más beneficios que los solicitados y aun peor al condenar en costas, en tal sentido es ilógico Honorables Magistrados, no casar una injusta sentencia tal mal estructurada y planteada y un fallo alejado de la justicia y el derecho, por lo que debe ser DECLARADO HA LUGAR EL PRESENTE RECURSO DE CASACION POR ESTE MOTIVO. Lo anterior debido a que el presente juicio radica en el retiro del cargo del Demandante Guillermo Valle Aguilar mediante la acción de jubilación obligatoria la que se encuentra dentro del marco legal institucional, y que la misma tiene como objeto garantizar la reforma universitaria y el relevo generacional que resulta tan necesario para lograr los objetivos básicos de mi representada la UNAH como máxima casa de estudio, acción que emana de la constitución de la república, su ley orgánica y reglamentación interna, tal como fue acreditado y probado con los elementos de prueba evacuados en el proceso, lo que detallo de la siguiente manera: la corte valora el medio de prueba denominado Documental Publica consistente en acuerdo No. 2484-2018 de fecha 27 de octubre de 2018 y oficio No. 1080-SEDP de fecha 13 de septiembre de 2018 no pronunciándose sobre los oficios oficio No. 1201 -SEDP de fecha 15 de octubre de 2018 a folio 57, donde se establece el procedimiento que se le siguió al hoy demandante para dar por terminada la relación laboral, mediante el oficio No. DC-330-201 6 de fecha 20 de mayo de 2016 a folio 56 donde la dirección del CURLA le comunica que después de haber hecho la valoración de que el demandante señor Guillermo valle alcanzo los requisitos de la jubilación obligatoria y se instruye al mismo que por vía conciliatoria él sea quien solicite tal beneficio, siendo también que en el documento referido se establece un desempeño deficiente en las funciones a él encomendadas y mediante el documento denominado política de retiro obligatorio de empleados las mayores de 70 años, emitido por la SEDP de la UNAH, en enero de 2014 que corre a folio 54 y 55 del expediente judicial donde se acredito que ante la negativa del señor valle de acogerse a los beneficios que otorga la jubilación obligatoria mi representada la UNAH toma la decisión bajo las leyes y reglamentación institucional de jubilar obligatoriamente al demandante. Mediante la prueba denominada documental pública mediante libramiento de oficios que corren a folios 63 en adelante, del expediente judicial se logra establecer por parte del instituto de previsión social de los empleados de la universidad nacional autónoma de honduras más conocido por sus siglas INPREUNAH, los requisitos para la jubilación obligatoria y modalidades de pensión por vejez, y donde acompaña la fundamentación jurídica (reglamento general del inpreunah) que avala tal jubilación obligatoria el cual relacionado con el documento que corre a folio 63 y 64 emitido también por el INPREUNAH, donde informa que el señor GUILLERMO VALLE AGUILAR portador de la tarjeta de identidad número 0101-1948-00613, no se encuentra acogido a los beneficios otorgados por el INPREUNAH, no goza de beneficios, no percibe ningún valor actualmente del INPREUNAH, estatutos actual del demente que es de participante en suspenso que indica que no ha realizado el personalmente el trámite de jubilación y el tiempo aportado a esa institución de previsión, ver folios 66 al 71 donde se acompaña la documentación que soporta tales extremos, documentos que de verse detenidamente son políticas externas de la UNAH y que la solicitud que debe de hacerse es a título personal y no mediante diligencias de oficio generadas por mi representada, no se realizaron por parte del hoy demandante, sumado a lo anterior con el medio de prueba que corre a folio 75 y 76 donde se encuentra el oficio 855-2019 DCA documento emitido la secretaria ejecutiva de desarrollo de personal (SEDP) de la UNAH, donde certifica el procedimiento que se le siguió y acredita cuales son los requisitos y la normativa legal para el retiro obligatorio de empleados mayores de 70 años de edad de la UNAH, así mismo cuales son los parámetros y políticas o institucionales que se toman en cuenta para el relevo docente, detalla y acredite mediante soporte documental el procedimiento que se le siguió al señor GUILLERMO VALLE AGUILAR, con número de empleado 1730, portador de la tarjeta de identidad número 0101-1948-00613, para su retiro por jubilación obligatoria, también establece cuantos empleados de la UNAH se han jubilado por retiro obligatorio, documentación que guarda estrecha relación con el oficio 837-2019 DCA documento emitido a la dirección de carrera administrativa de la secretaria ejecutiva de desarrollo de personal (SEDP) de la UNAH que correa folios 72 y 73 , donde establecen los criterios y marco legal institucional bajo los cuales se desarrolla la reforma universitaria y el relevo generacional, así como indica que objetivos institucionales persigue. No se valoró el medio el medio de prueba denominado testifical rendida por la Msc. Jacinta Ruiz Bonilla, funcionaria de la UNAH que corre a folios 58 al 60 persona idónea para rendir declaración debido a su posicionamiento dentro de los engranajes de mi representada como autoridad universitaria por lo cual dicha declaración deberá ser considerada y valorada en su conjunto por todo los elementos objetivos y subjetivos proporcionados así mismo por tener credibilidad suficiente como ser que el cese la relación laboral fue propiciada por la SEDP, que el criterio para cesar al demandante fue mediante la reglamentación propia de la UNAH como ente autónomo, que constitucionalmente posee al tenor del artículo 160 y 161 de la nuera carta magna, estableciente de una manera práctica el procedimiento que se le sigue al hoy demandante, requisito como ser loa mayoría de 70 años y la diferencia entre la jubilación voluntaria y obligatoria, reconociendo además que la reglamentación de la cual goza la UNAH y el INPREUNAH como instituciones diferentes poseen reglamentaciones propias de estas ver folio 59 parte final pregunta siete y ocho, también declaró que han existido otros procedimientos similares a él implementado al señor valle y en ninguno de los anteriores la UNAH fue demanda debido a que la institución reconoce en su totalidad las prebendas laborales que por ley les corresponden a los empleados. Es importante dejar establecido que este motivo de casación POR INFRACCION DE LEY Por Interpretación Errónea del artículo 32 y 33 del reglamento del INPREUNAH segundo párrafo en relación a los artículos 90, 160, 265 párrafo final de la Constitución de la República, 17 del código civil. LEYES INFRIGIDAS: El artículo 90 de la Constitución de la República, prescribe “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece...” El Artículo 265 de la Constitución determina "Son Funcionarios de confianza del ejecutivo, los que a cualquier Titulo ejerzan las funciones de dirección de los organismos descentralizados, pero las relaciones laborales de los demás servidores de dichas instituciones serán reguladas por el régimen jurídico aplicable a los trabajadores en general. La modalidad, contenido y alcance de dichos regímenes se normarán por las leyes, reglamentos y convenios colectivos pertinentes" lo subrayado es mío. El artículo 160 de la Constitución de la Republica, prescribe "La Universidad Nacional Autónoma de Honduras es una institución Autónoma del Estado, con personalidad jurídica..." El Artículo 17 del Código Civil, prescribe "No podrá atribuirse a la Ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del Legislador". Siendo que El fallo emitido en fecha viernes dieciocho de septiembre del año dos mil veinte, pronunciada por la Corte primera de Apelaciones de la Sección Judicial de la Ciudad de la ceiba, Departamento de Atlántida, y que corresponde al Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la Sentencia emitida en fecha el Juzgado de Letras del trabajo en fecha seis de febrero del año dos mil veinte, en las FUNDAMENTOS DE DERECHO determina entre otros lo siguiente: "TERCERO: Que del análisis de la prueba aportada por la parte demandante, consta el Oficio 1080-SEDP de fecha 13 de septiembre del año 2018, mediante el cual se le notificó al trabajador demandante que el retiro obligatorio se le haría efectivo a partir del primero de octubre del año 2018 y le fue entregado personalmente el 27 de septiembre del 2018, asimismo la copia del acuerdo número 2482-2018 de la Rectoría del 27 de octubre del 2018, donde el Rector como máxima autoridad de la institución demandada, dio por terminado el contrato de trabajo a partir del primero de octubre del año 2018, misma que fue entregada al demandante el 01 de noviembre del 2018; en ese sentido, el Patrono incumplió con el procedimiento establecido para el retiro obligatorio, el cual determina que la comunicación personal deberá efectuarse -por lo menos- con un mes de anticipación, incurriendo de tal forma, en violación a los procedimientos establecidos en el Estatuto del Docente y en el Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre los trabajadores y la Universidad; asimismo del contenido del oficio 855-2019 DCA, correspondiente a la respuesta al oficio 1561 librado por la Aquo, según consta con el medio de prueba documental número 3 propuesto por la parte demandada, la Dirección de la Carrera Administrativa de la Secretaria Ejecutiva de la UNAH, informó que, una vez identificado el personal que cumplió los setenta años de edad, la Secretaria de Desarrollo de personal (SEDP), procede a realizar el procedimiento correspondiente, consistente en la revisión del expediente personal del empleado sujeto a retiro obligatorio, a fin de verificar si cumple con todos los requisitos obligatorios, pudiendo observarse que dicha Secretaria no cumplió con el procedimiento establecido para dar por terminado el contrato de trabajo amparada en la causal de retiro obligatorio por jubilación, puesto que no verificó que el trabajador demandante no había cumplido el requisito obligatorio de cumplir el mínimo de veinticinco años de servicio para acogerse al beneficio de la jubilación obligatoria; en ese sentido, quedó debidamente acreditado por la parte demandante, que al momento de la terminación unilateral del contrato de trabajo, el trabajador solamente había cumplido 21 años de cotizar al INPREUNAH, lo cual es equivalente a 256 aportaciones y en O atención al artículo 33 del Reglamento vigente hasta el año 201 6 del INPREUNAH y al documento de Política de Retiro Obligatorio, el trabajador demandante no cumplía uno de los dos requisitos antes mencionados y necesarios para gozar del derecho a la jubilación obligatoria, si bien es cierto, el trabajador ya había alcanzado la edad de 70 años, sin embargo no cumplía con el requisito de cotizar al INPREUNAH como mínimo 25 años, por consiguiente no podía acogerse a la jubilación por retiro obligatorio, ni el patrono utilizar este asunto como causa de despido, por lo que al no haberse observado los lineamientos legales y requisitos indispensables de jubilación, el despido fue injustificado, afectando al trabajador al no contar con la posibilidad de tramitar su jubilación por faltar el requisito de no contar con el tiempo de cotización requerido por la ley y como requisito sine qua non para optar a una jubilación obligatoria.- Claramente el Tribunal de alzada ha realizado una interpretación errónea en el caso de autos, ya que de todos es sabida la preminencia de las disposiciones Constitucionales, y que estas están por sobre cualquier interpretación que se le quiera dar por parte de los particulares, es así que para el caso de autos es aplicable el criterio que al efecto interpreto y aplico el Juez A-Quo en relación a lo dispuesto en el artículo 265 de la Constitución de la Republica que establece "Son Funcionarios de confianza del ejecutivo, los que a cualquier Titulo ejerzan las funciones de dirección de los organismos descentralizados, pero las relaciones laborales de los demás servidores de dichas instituciones serán reguladas por el régimen jurídico aplicable a los trabajadores en general. La modalidad, contenido y alcance de dichos regímenes se normaran por las leyes, reglamentos y convenios colectivos pertinentes" Efectivamente en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras existen varios regímenes aplicables a sus trabajadores como ser a) El Código del Trabajo; b) Contrato Colectivo; c) El Estatuto del Docente, y otros lo que le es aplicable a los docentes de la UNAH, situación de la cual es consiente el demandante Guillermo valle, ya que como se probó en juicio no ha sido el único que es retirado bajo estas circunstancias y bajo las mismas condiciones. Como podrán observar los Magistrados de la Honorable Corte Suprema de Justicia- Sala Laboral Contencioso Administrativo, se ha interpretado de una manera errónea y en perjuicio de mi representada las normas señaladas y no valorando en su conjunto la prueba producida. INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES QUE IMPLICAN NULIDAD… PRIMER MOTIVO: Por haberse omitido el hecho que la demanda ordinaria fue de emplazamiento y fue dirigida contra un acto administrativo (1. Oficio 1080 extendido por la Secretaria Ejecutiva de desarrollo personal, que establece la fecha y la razón utilizada para el retiro obligatorio. 2. Acuerdo número 24842018 emitido por el rector de la UNAH, mediante el cual con efecto retroactivo se da por terminado el contrato) que supone el despido, fue probado que nunca existió despido y no obstante dichas valoraciones no son consideradas por la corte de apelaciones. LEYES INFRIGIDAS: El Artículo 90 de la Constitución de la Republica que garantiza el principio de legalidad y del debido proceso, ya que del estudio del caso se desprende En la demanda interpuesta en fecha en fecha 11 de febrero del 2019, la parte demandante interpuso la correspondiente demanda ordinaria laboral de emplazamiento al patrono (UNAH), para que pruebe la justa causa del despido, denominada terminación del contrato de trabajo, que, al no probarlo, se declare el despido injustificado y se condene al patrono al reintegro del trabajador, al pago de los salarios caídos, indemnizaciones y costas del juicio, Es así como podemos observar a folio 5 y no realizo corrección a la misma ver folio 45 de la demanda que contiene la petición del demandante es decir su pretensión que fue que se dictara sentencia definitiva en la que se declare la procedencia de la acción. Con todas las Disposiciones Anteriores dejo establecido Ipso Jure Que el Tribunal Ad-quem de haber emitido la aplicación correcta de las normas sustantivas antes relacionadas el fallo sería diferente con sentido de equidad, con imprecisiones y falta de claridad incurre con su sentencia en violaciones a normas sustantivas adjetivas o procesales causando grandes perjuicios a la parte demandada. Con Todo el Análisis de las pruebas dejadas de apreciar al igual que las normas sustantivas y adjetivas se puede concluir que el Tribunal Ad-quem para justificar su criterio tal como lo expresa en el considerando 4 de la Sentencia Recurrida tuvo que analizar el proceso en forma objetiva y veraz para evitar asimismo el infringimiento de las normas adjetivas ejerciendo una excesiva Atribución del Principio de Libre Convencimiento de la apreciación de las pruebas observadas por ella y omitiendo las observaciones de estas allegadas al proceso por la parte demandante, una violación a un término invocado por la parte demandada que es inconsistente”. III. Que el cargo que antecede no resulta admisible ya que el recurrente realiza extensos alegatos de instancia sin contener claridad, por una parte no cita precepto legal sustantivo violado, asimismo invoca infracción directa y error de hecho, causales diferentes que debió invocar de forma separada por la independencia de los cargos; en fin no cumple con ninguno de los requisitos técnicos establecidos en el artículo 769 numeral del Código de Trabajo lo cual hace un inexistente motivo. IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los veintidós días del mes de septiembre del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha veintidós de junio del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número CL208-2020. Firma y sello.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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